Este sábado, en el centro de Vitoria, bajo el Ayuntamiento, han confluido dos manifestaciones. Por un lado, decenas de personas clamaban contra el centro de refugiados que el Estado planea en el barrio de Arana. Por el otro, un grupo gritaba contra el genocidio de Israel en Palestina. Otro sábado, pero el de mediados de junio de 2015, también confluyeron dos movilizaciones en ese mismo punto. En la plaza de España, frente a frente, estaban los simpatizantes y detractores del hasta entonces alcalde de la capital vasca, Javier Maroto, del PP, que había ganado con claridad las elecciones con un discurso que asociaba el fraude y la delincuencia a la migración pero que, por el mismo motivo, propició que todas las demás fuerzas políticas de la ciudad se unieran contra él y que brotara una plataforma cívica llamada Gora Gasteiz. Se celebró la investidura, no sin movimientos políticos de última hora, y acabó con la 'makila' de alcalde Gorka Urtaran, del PNV, el tercero en las urnas y que tuvo que arrancar con un Gobierno apoyado en solamente cinco de 27 escaños. De aquello han pasado ya diez años.

Para entender la Vitoria de junio de 2015 hay que entender la de un año atrás. En 2014, en una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde Maroto, tres años después de llegar al cargo con un discurso aperturista e incluso pactando con Bildu y que no había tenido problemas en fotografiarse con la estrella de la NBA fichada por el Baskonia Lamar Odom, inició una campaña con ideas como que el fraude en las prestaciones sociales era “escandaloso” y culpó de ello abiertamente a “argelinos y marroquíes”, que no mostraban “ningún interés en trabajar”. Ya antes, el PP y Maroto habían usado su influencia sobre el Gobierno vasco de Patxi López y la consejera socialista Gemma Zabaleta para lograr un recorte en la renta de garantía de ingresos, el salario social de quienes no tienen recursos en Euskadi o el complemento de las nóminas y pensiones bajas.

El argumentario lo asumieron pronto otros dirigentes del PP, como el diputado general de Álava, Javier de Andrés, ahora líder del PP vasco, y se organizó una recogida de firmas bajo los eslóganes “ayudas más justas” o “ayudas sí, abusos no” para darle otra vuelta de tuerca a la protección social. En aquellos años, se instrumentalizó a otros grupos de extranjeros, como el colectivo de dominicanos, liderado por un militante del PP, para apoyar al alcalde y sus medidas. Otro afiliado, Patxi Gómez, tuvo que dejar la portavocía de la plataforma contra el fraude de los extranjeros en las prestaciones sociales al destaparse que él mismo había cometido fraude a la Seguridad Social.

Llegaron las elecciones municipales de mayo de 2015. En España gobernaba el PP, Mariano Rajoy. En Euskadi el PNV, Iñigo Urkullu. Había nacido Podemos, pero iba con una marca blanca a las urnas locales, Sumando. De hecho, había otra oferta de la nueva izquierda, Irabazi, la suma de IU y Equo. El PSE-EE vitoriano estaba destrozado, con un candidato de última hora, Peio López de Munain, tras la salida abrupta de la elegida en primarias, Maite Berrocal, de uno de los dos sectores críticos de la formación y que ya había lanzado su campaña llenando de su imagen todas las marquesinas. El PNV acababa de recibir, en marzo, las conclusiones de la investigación de su mayor trama de corrupción, el 'caso De Miguel'. Bildu había pasado ya a ser EH Bildu y había encontrado una candidata con tirón, la independiente Miren Larrion.

El PP de Maroto obtuvo en Vitoria un excelente resultado. Mantuvo sus nueve concejales de 27 y ganó 3.000 apoyos. Para interpretar correctamente el dato hay que recordar que ninguno de los candidatos conservadores en las 50 capitales de provincia de España mejoró los números de 2011. Solamente en otra ciudad grande ocurrió algo similar, en Badalona. Xavier García Albiol ofreció una campaña similar a la de Maroto.

En segunda posición irrumpió la EH Bildu de Larrion, con seis ediles. El PNV de Urtaran fue tercero, con solamente cinco representantes. El candidato quiso dimitir por el mal dato. El PSE-EE salvó únicamente cuatro asientos en el pleno. La izquierda dividida sacó tres concejales, dos para Sumando (Podemos) y uno para Irabazi (IU y Equo).

Casi desde el momento mismo del escrutinio, Larrion abogó por una pinza 'antiMaroto' capitaneada por la izquierda abertzale. Sin embargo, los socialistas nunca aceptaron ese planteamiento. Aquellos comicios alumbraron precisamente un matrimonio que se mantiene hasta hoy, el bipartito del PNV y PSE-EE. Empezaron ya a funcionar como bloque y el ya fallecido presidente nacionalista en Álava, Xabier Agirre, esgrimió a Larrion que la primera fuerza eran los nueve ediles que tenían ambas formaciones.

“La candidata nos trasladó que quería ser alcaldesa, pero nosotros teníamos el pacto con los socialistas. Poníamos nueve concejales encima de la mesa, los mismos que el PP, y ellos seis. La segunda fuerza eran ellos, sí, pero dijeron que estaban dispuestos a que gobernara la tercera con tal de que no lo hiciera Maroto”, recuerda un colaborador de Agirre, que reconoce que Urtaran les había pedido dejarlo. Se llegó a un acuerdo. El Araba Buru Batzar celebró una reunión extraordinaria para darle el visto bueno. Participó en ella Andoni Ortuzar, presidente nacional del partido.

Maroto también había hecho su ronda de reuniones. El PP recibió incluso a Larrion en el Ayuntamiento, a la izquierda abertzale. Normalidad institucional. Estuvo con el PNV igualmente. Esa cita no estuvo exenta de tensión. “Agirre les dijo: lo mismo que te ha dado el triunfo va a ser lo que no te permita gobernar”, explica un testigo. “Lo único que unió a PNV, Bildu, PSOE y Podemos fue echar al alcalde, que había ganado con contundencia y muchísimo apoyo”, replica Iñaki García Calvo, actual portavoz local del PP y colaborador de Maroto en aquellos años.

Llegó la investidura y mientras el PP y sus seguidores en la calle clamaban por el respeto a la lista más votada, todo estaba previsto para que el tercero en las urnas, un Urtaran que ya llegó a la política municipal cuatro años antes por otra carambola, fuese uno más de los 'alcaldes del cambio' de aquella primavera en la que Manuela Carmena tomó el mando en Madrid o Ada Colau en Barcelona.

En España, todos los ayuntamientos se constituyen el mismo día. Siempre es un sábado de mediados de junio. Sin embargo, en Vitoria se dejó el pleno para última hora de la mañana. Mucho antes estaba convocada la sesión en Andoain, en Gipuzkoa. Y aquello estuvo a punto de cambiarlo todo. Allí, el PNV tenía comprometido apoyar a los socialistas para desalojar a EH Bildu. Pero a última hora un edil nacionalista se negó y se truncó la operación. Como acto reflejo, el partido dio la orden a sus ediles en Vitoria de no votar a favor de Urtaran. Llegaron a publicarse titulares en prensa digital dando por hecho que Maroto, 'in extremis', iba a salvar la alcaldía.

Pero había otra opción. Incluso sin el PSE-EE era posible una mayoría alternativa. Implicaba que las nuevas izquierdas votaran a un alcalde de la derecha vasca. Primero fue Podemos quien dio el visto bueno. Así que solamente quedaba el edil Óscar Fernández, procedente de Equo y sin experiencia alguna en política. Era periodista deportivo en medios locales y trabajaba para una ONG. De repente, todas las miradas se posaron sobre él.

“No teníamos ni despacho aún. Como se retrasó la investidura, estábamos con compañeros de IU y de Equo tomando algo en un bar de la plaza. Se formó un poco de barullo, la verdad. Tuvimos que atravesar la plaza. Los seguidores de Maroto me increpaban y me insultaban. Del otro lado, me preguntaban qué iba a hacer. Fui de despacho en despacho. Primero estuve en el PSE-EE. Me encontré a Peio [López de Munain] llorando, devastado. Los socialistas me echaron la responsabilidad sobre mis hombros. Y yo no tenía experiencia alguna”, relata Fernández, que sigue siendo concejal en 2025. De hecho, salvo García Calvo del PP y otro compañero, nadie más de aquel momento continúa en el Ayuntamiento sin que haya pasado tanto tiempo.

“No era tanto apoyar a Urtaran como que Maroto no continuara”, abunda Fernández. Cristina Macazaga, dirigente de aquel primer Podemos en Vitoria, explica que ellos tampoco se habían presentado “para hacer alcalde a Urtaran”. “Pero la coyuntura ofrecía la oportunidad de evitar que el racismo y la xenofobia administrara la ciudad. No hubo duda en apoyar otra alternativa para que Maroto y su discurso del odio no fuera alcalde”, explica ya alejada de la política.

“Viví aquel sábado. Aunque a mí me gusta mirar al futuro y no tanto al pasado, no podemos dejar de pasarlo por alto. Era una ciudad que estaba funcionando. Aquí había un alcalde. El único que había mejorado resultados en toda España. Fui testigo de muchísima gente que quiso apoyar a su alcalde, al que puso a Vitoria en el mapa. Hay mucha diferencia con la decadencia que tenemos diez años después”, explica García Calvo sobre su versión de lo ocurrido aquel sábado de 2015.

Se celebró el pleno. El PSE-EE, en efecto, no apoyó al PNV. López de Munain -con el que este periódico no ha podido contactar- lloraba y lloraba. En la calle, la tensión creció. A la izquierda, mirando al Ayuntamiento, los seguidores del PP estaban indignados. A la derecha, Larrion saludaba desde un balcón a los suyos aunque ella no fuera la alcaldesa. Urtaran y su equipo casi pasaban inadvertidos en aquel ambiente. En X (entonces llamada Twitter), De Andrés tiró de ironía sobre lo ocurrido ya que en Oyón, en la Rioja Alavesa, un candidato del PNV, Eduardo Terroba, también relevó a un regidor del PP. Hizo un juego de palabras con los apellidos de Terroba y de Urtaran y un 'robo' político. “Sabemos que este alcalde es legal pero no es legítimo”, añadió Alfonso Alonso, entonces ministro.

El PNV montó un Gobierno en solitario. Eran el alcalde y cuatro concejales nada más. Un par de asesores, Álvaro Iturritxa y Blanca Guinea, apoyaban al Ejecutivo de la capital vasca en el día a día desde la sombra. Una de las ediles multitarea fue Nerea Melgosa, actual consejera en el Gobierno vasco. De hecho, se le asignó liderar una nueva cartera de “Convivencia”. Melgosa recuerda llegar a la investidura después de oficiar una boda esa misma mañana y, además, en inglés. Dice que sigue en contacto con aquella pareja así que recuerda aquel sábado como “doblemente fructífero”.

“Más que tensión, hubo emoción. Hay que dar las gracias a Gorka, por haber dado ese paso”, explica. Asegura ninguno de los integrantes de ese equipo piso su casa en el primer año. Melgosa, por ejemplo, llevaba Convivencia pero también Políticas Sociales o Promoción Económica, “incluidos los polígonos industriales”. “Era mucho, mucho”, afirma. Melgosa, en julio de 2015, acabó descalza en una mezquita mostrando respeto a la comunidad magrebí tras lo ocurrido.

A finales de 2015, el PNV eligió nuevo presidente en Álava, José Antonio Suso. Su primera misión fue llamar al PSE-EE para retomar el acuerdo. En pocos meses, a mediados de 2016, se cerró una coalición y la ciudad pasó a tener un Gobierno de nueve miembros. Urtaran, el tercero en discordia, acabó ganando las elecciones de 2019. Pero, en 2023, el PNV prescindió de él. Ahora es diputado foral en Álava. Llegó a encabezar una candidatura crítica para liderar su partido, aunque fue derrotado.

Larrion, de su lado, tuvo que dimitir de forma repentina al ser arrestada por la Ertzaintza. Acabó condenada por el robo de una cartera a una asesora y por la suplantación de su identidad. Su pena quedó atenuada por su salud mental y la saldó con trabajos en beneficio de la comunidad, sin llegar a entrar en prisión. En 2023, Rocío Vitero fue la nueva candidata y ganó las elecciones. Pero, como Maroto, no pudo gobernar porque hubo un acuerdo en su contra. En este caso fue el PP el que apoyó al bipartito de PSE-EE y PNV para evitarlo, a modo de venganza diferida ocho años después.

Vitero no estaba en el Ayuntamiento en 2015 pero, según explica, fue Gora Gasteiz lo que le hizo dar el salto a la vida política institucional. “Participé en los movimientos sociales frente a la situación de racismo, xenofobia y crispación”, cuenta al otro lado del teléfono. Y añade: “Para mí, fue un detonante cuando EH Bildu cedió su puesto, sin interés político, porque el Ayuntamiento no podía tener un líder que rompiera la convivencia y con un discurso racista. Se demostró capacidad de escuchar y de materializar lo que pedía la gente de Gasteiz. Se trabajó con total discreción”.

A juicio de Vitero, desde entonces EH Bildu sigue “creciendo”. “Tenemos otra manera de hacer política”, afirma. Preguntada por la investidura fallida de 2023, acusa a PNV y PSE-EE de “ir de la mano del PP”. Sin embargo, pone en valor que, después de aquello, quien ofrece “estabilidad” a la ciudad es su grupo, con acuerdos presupuestarios y de otro tipo.

¿Y Maroto? Muchas voces califican como “exilio” sus siguientes años. A pesar de repetir que llevaba “Vitoria en el corazón”, en 2016 decidió dejar el Ayuntamiento y convertirse en diputado en el Congreso en sustitución del otro alcalde que ha tenido el PP, Alfonso Alonso. En las generales de 2019 intentó revalidar el escaño, pero se lo ganó EH Bildu, que lo celebró como un segundo desalojo. Finalmente, el partido lo recolocó como senador electo por Castilla y León, para lo que tuvo que empadronarse en el minúsculo pueblo segoviano de Sotosalbos.

En estos años, ha sido dirigente de Génova con Pablo Casado y ahora es vicepresidente del Senado. Ya no hace vida política en Vitoria y nunca se le ha visto apoyar a los compañeros que dejó aquí, a diferencia de Alonso. “Yo no cambiaría la política local por nada del mundo. Es la más exigente, pero es la más gratificante”, señala preguntado por este 'exilio' García Calvo, que previsiblemente será el candidato del PP en 2027.

Este sábado, una de las protestas en Vitoria era contra el centro de refugiados de Arana. Es cierto que la oposición a este proyecto es mucho más amplia que la del PP y que encierra matices diferentes, pero los 'populares' acaban de iniciar otra recogida de firmas. El presidente 'popular' alavés, Iñaki Oyarzábal, ha asociado ese recurso con un supuesto incremento de la delincuencia. Hace unas semanas, en el Senado, el PNV preguntó por esta infraestructura al Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, se ausentó y terminó moderando el debate sobre Vitoria y la migración el senador segoviano Javier Maroto.

Es un mantra de la campaña electoral que la acción de la Unión Europea afecta de modo directo a la vida pública local. Pero, ¿en qué se ha traducido eso en los últimos años? Un ejemplo concreto: Euskadi no tiene ley de Transparencia. Es la única comunidad autónoma en esa situación. Sin embargo, en abril de 2023 el Gobierno de Iñigo Urkullu tuvo que activar de forma urgente la tramitación de un decreto para crear un canal que permitiera recoger denuncias de funcionarios y otro personal de la Administración ante posibles casos de corrupción. Se aprobó en tiempo récord, en dos meses. Muy poco antes, en febrero de ese año, era algo que ni se contemplaba. Llevaba rechazándose en votaciones parlamentarias desde que en 2019 la entonces parlamentaria Cristina Macazaga lo propuso por vez primera. ¿Qué cambió? Esta regulación viene marcada por una directiva de la Unión Europea y había urgido a España para que la incorporase a su derecho interno.

Según admitió el propio Gobierno vasco en un documento, la secuencia temporal es muy elocuente. Europa aprobó en 2019 la directiva 1937. Fue visada por el Parlamento y por la Comisión Europea. Ordenaba que los Estados miembros activarían las medidas contempladas “a más tardar el 17 de diciembre de 2021”. Pero el 15 de febrero de 2023 el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen requirió judicialmente a varios países porque no estaba en marcha ese “sistema interno de información y de protección de las personas denunciantes”. España realizó lo que jurídicamente se llama “transposición” ese mismo mes, el 20 de febrero.

Y en abril la consejera vasca Olatz Garamendi ya inició el procedimiento para hacer lo propio en Euskadi. En junio estuvo listo y se designó a Maite Basabe, procedente del Ararteko, para liderar esa oficina, de la que no se ha tenido ninguna noticia desde entonces. Eso sí, esta regulación solamente establece un “canal interno” de denuncias. El “canal externo” estaba previsto en los borradores de la ley de Transparencia pero es uno de los grandes debes del Gobierno de Urkullu. En tres legislaturas se ha prometido y en tres legislaturas no ha salido adelante, incluso teniendo mayoría absoluta en la última de ellas.

“En 2019, hace cinco años, Euskadi perdió la oportunidad de tener una ley propia que protegiese a las personas que en diferentes ámbitos denunciaran corrupción. En Euskadi teníamos casos de acoso como el que sufrió Ainhoa Alberdi (denunciante del 'caso De Miguel') o los tres profesionales de Osakidetza que denunciaron las irregularidades de las OPE de Osakidetza”, cuenta Macazaga sobre su propuesta de hace un lustro. Y sigue: “PNV, PSE-EE y PP rechazaron la ley. En aquel año, el Eurobarómetro sobre corrupción señalaba que, el 81% de los europeos no informaban de casos de corrupción por miedo a represalias y La Comisión Europea contemplaba la implantación de esta norma. Años después la directiva que protegía a las y los alertadores de corrupción obligaba a Euskadi a adaptarla”. Según Macazaga, ya alejada de la primera línea política, “casos como estos demuestran la importancia de votar a las elecciones al Parlamento Europeo”. Permite “lograr avances en políticas de derechos y de protección a la ciudadanía que desde las instituciones propias sufren resistencias”, entiende.

“Ha puesto en marcha el Gobierno un canal interno de denuncias, sí, pero nosotros planteábamos una oficina que iba más allá, como la de Navarra. Una oficina abierta a cualquier otra persona que vea un hecho irregular y que pueda acudir a una ventanilla con todas las garantías y recursos a su alcance. Ése es el siguiente paso que hay que dar. Hay mucho margen de mejora”, apunta el senador de EH Bildu Josu Estarrona, antes parlamentario vasco y que vio decaer numerosas iniciativas en ese sentido. “La directiva obliga a que los Estados miembros, a nivel nacional o autonómico, adopte las medidas para implementar unos objetivos. Euskadi no tenía por qué haber esperado al Gobierno nacional. Tenía competencias de sobra para aplicarlo antes”, señala Luis Gordillo, que fue parlamentario de la coalición PP+CS en la anterior legislatura vasca y que en noviembre de 2021 instó al Gobierno vasco a aplicar ya la normativa europea sobre denunciantes de corrupción.

Se da la circunstancia de que la gestión de los fondos comunitarios Next Generation EU que han reportado o comprometido ya a Euskadi unos 2.000 millones de euros tienen también su propio sistema impuesto por Europa de seguimiento y control de posibles irregularidades. Se trata de mecanismo con indicadores en forma de banderitas de color rojo. Confirma Juan Alberdi, director de fondos europeos del Gobierno vasco y miembro del equipo del consejero del PNV Pedro Azpiazu, que, aquí también, “todos los mecanismos de control vienen de la normativa europea”. La gestión de los fondos tiene controles “ex ante” -previos a la concesión de una subvención o contrato- y controles “ex post”. No es que antes no existieran auditorías con los fondos FEDER o FSE, pero Alberdi concede que el programa Next Generation EU “ha puesto más foco y desarrollado más los mecanismos de control”.

La antigua dirección de Podemos en Euskadi hasta 2020, que en su día fue catalogada de 'errejonista' y crítica con Pablo Iglesias, copará la campaña de Sumar en las próximas elecciones generales. El exsecretario general, Lander Martínez, que es uno de los colaboradores más estrechos de Yolanda Díaz en el nuevo proyecto, se perfila como el candidato de referencia de la confluencia de izquierdas en Euskadi para las próximas elecciones generales por la circunscripción de Bizkaia. Y los responsables de campaña serán Cristina Macazaga y Andeka Larrea, ambos de aquel equipo de Martínez. A salvo de posibles cambios y negociaciones a lo largo de esta semana, el actual Podemos situará a Pilar Garrido, su actual responsable en Euskadi, como candidata por Gipuzkoa y ha pedido que otro exsecretario general, Roberto Uriarte, sea el cabeza de lista por Álava, aunque es algo que todas las fuentes recalcan expresamente que no está cerrado.

Sumar aglutina en Euskadi a su propia estructura, en la que hay otros antiguos cargos del Podemos de Martínez, a Podemos, a IU y a Berdeak Equo. Alianza Verde, la pequeña formación ecologista de Juantxo López de Uralde, no tendrá puestos de salida aunque Uralde ha sido cuatro veces candidato por Álava en las generales. Las fuentes consultadas indican que no habrá tampoco otra ubicación posible para él. Ahora Podemos ha pedido ese puesto en Álava para mover a un cargo de Bizkaia, aunque ya sin garantías de éxito ya que hay cuatro partidos teóricamente por delante, PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP. Tanto Garrido como Uriarte han sido diputados en la última legislatura.

Desde el inicio del movimiento de Sumar, Martínez se situó como una persona del círculo más próximo a la vicepresidenta. De hecho, es una de las tres personas que ha actuado como representante legal para la presentación de la coalición electoral. Martínez se alejó de Podemos en Euskadi cuando el sector encabezado por Garrido, con el que las relaciones personales son de absoluto distanciamiento, venció unas primarias para las autonómicas de 2020. Miren Gorrotxategi, del ala 'pablista', fue elegida candidata por delante de Rosa Martínez, del ala 'errejonista'. Aquello originó un cisma que causó la salida de todo el equipo interior casi sin excepciones. En el grupo del Parlamento Vasco solamente repitieron los representantes de IU.

Sumar lleva las dos semanas desde que se convocaron las elecciones trabajando ya en un programa propio para Euskadi. Está pendiente de concretar si la imagen de marca tendrá algún guiño local y cómo se articulará una campaña con los dos sectores del antiguo Podemos teniendo que volver a cohabitar. El espacio parte con un resultado negativo en las recientes municipales y forales. De hecho, con esos números no obtendría ninguno de los 18 escaños al Congreso ni de los 12 al Senado en juego ahora, cuando en 2015 y 2016 fue la primera fuerza en Euskadi por delante del PNV. Los cálculos internos confían en que ahora se vote en otra clave y dan por altamente probable el asiento en el Congreso por Bizkaia (se reparten ocho), seguido del de Gipuzkoa (seis en juego) y del de Álava (cuatro únicamente). En las últimas elecciones, Podemos copó las listas y de 42 cargos electos seis son de IU y uno de Berdeak Equo. El resto o son independientes o fueron propuestos por Podemos.

Mientras en el Congreso de los Diputados prosperaba la primera moción de censura de la historia de España y Pedro Sánchez se convertía en presidente del Gobierno, el 1 de junio de 2018 dos medios de comunicación publicaron las primeras denuncias de que se habían producido filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y el sindicato LAB envió un escrito en el mismo sentido. elDiario.es/Euskadi recogió las posibles irregularidades en los exámenes de Anestesia –denunciados por los médicos Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez– y la Cadena Ser las quejas de un miembro del tribunal de Angiología, José María de Egaña. Desde entonces, la bola de nieve empezó a hacerse más y más grande, con hasta una veintena de categorías bajo sospecha, y hoy es el día, cuatro años después, en que el asunto sigue siendo investigado en un juzgado de Vitoria. Pero semanas antes de esas denuncias públicas hubo una primera alerta de un miembro del tribunal de Cardiología, el doctor Ángel Loma-Osorio, que avisó antes del examen de que iba a producirse un pucherazo y lo constató después al ver exámenes perfectos en tantos aspirantes como plazas en juego mientras el resto tenía una media de suspenso ante una prueba muy difícil. Nadie le hizo caso ni se adoptó medida alguna. “Hay todo tipo de apaños y conspiraciones. En los hospitales se habla de esto con toda naturalidad. En mis 40 años de carrera esto ha sido el uso habitual y general. Lamentablemente, también en otros sitios de España. Son claramente minoría las personas que obtienen su plaza legalmente”, explica ahora en conversación con este periódico.

Loma-Osorio, jubilado desde 2019, ha contado ya todo esto en el juzgado, ante la Fiscalía e incluso en el Parlamento Vasco, que trabajó en una ponencia medidas para mejorar las garantías de futuras oposiciones. Explica que tuvo la “impresión” de que sus colegas en el tribunal de Cardiología tenían un “propósito” de beneficiar a determinados aspirantes “con una filtración” y que eso lo vio “desde las primeras reuniones”. Lo comunicó sin éxito a la presidenta del tribunal, Luisa María Díez Azurmendi. La prueba tenía dos partes. Él fue el comisionado para elaborar la primera y sus compañeros pusieron la segunda. Afirma con rotundidad que “había intención de pasar la información” a los elegidos.

Y salieron las notas. “Cuando se conocieron los resultados, se ve que el primero tenía una curva de distribución de las notas adecuada. Pero, en el segundo, se veía un grupo concreto con un pleno de aciertos, en medio una gran brecha si nadie y el resto suspendidos”, explica. Para él, fue la constatación de que se había producido la filtración que temía. “Informé a la directora general de Osakidetza [María Jesús Múgica] y le propuse no ratificar los resultados”, señala. Tampoco se actuó entonces, aunque recabó el apoyo de otra doctora del tribunal, Izaskun Obieta. Para Loma–Osorio la OPE de 2018 fue la culminación de décadas de sistema “clientelar” por el cual los jefes de servicio de los hospitales lograban adeptos al ir repartiendo las plazas. No duda en calificar el modelo de “corrupto”.

Tres días después de que se hicieran públicas las primeras sospechas, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga y el sindicato ESK hicieron pública un acta notarial con una lista de opositores de Anestesia. Habían adivinado antes del examen quiénes iban a sacar la plaza y lo consideraron una prueba más de la existencia de filtraciones. Además, el análisis de las notas de más de una docena de exámenes mostraba un patrón común: mucha concentración de notas altas y casi perfectas en pruebas difíciles y luego mucha diferente con el resto. Luego se conoció que, además, esos aspirantes con elevada calificación solían ser colegas de hospital de los miembros del tribunal autores de las preguntas. Y años después los pocos exámenes que se han podido revisar muestran que los presuntos beneficiarios de las filtraciones respondieron al cuestionario siguiendo un mismo orden de preguntas –cuando se pueden hacer de manera aleatoria–, con estructuras escritas muy similares y hasta con errores básicos comunes en los mismos conceptos o las mismas palabras clave subrayadas y en mayúscula.

Cuando el Gobierno no entregó las grabaciones que hablaban de “tongo”

El entonces consejero de Salud, Jon Darpón, y Múgica ofrecieron una rueda de prensa en la sede central de Osakidetza, en Vitoria. En ella, Múgica llegó a agarrar del brazo a Darpón para calmarlo ante las preguntas de los periodistas, algo que también le ocurrió semanas después en el Parlamento Vasco, cuando la oposición empezó a cercarle. Salud recalcó que actuó de manera diligente y desde que conoció las primeras denuncias, esto es, desde el 1 de junio. Omitió siempre las quejas previas de Loma-Osorio, que incluyeron una reunión con Múgica. De hecho, Cardiología no se empezó a revisar hasta que salió también en prensa la sospecha.

Lo que hizo Osakidetza fue encargar una investigación interna, que sería elaborada por funcionarios. Una de ellas era Belén Greaves, exsecretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, y dijo expresamente en una de las sesiones de trabajo que confiaba en que el asunto no saliera del ámbito “interno”. Una de las claves fue que aquellas comparecencias se grabaron íntegramente en audio. Terminada la revisión de Anestesia, Angiología, Cardiología y otras muchas especialidades, la conclusión fue que no había “elementos objetivos” que probaran la existencia de filtraciones. Se encargó una informe externo a la Universidad de Oviedo que llegó a la misma conclusión aunque no pudo negar las anomalías estadísticas de las notas. Y ahí quedó la cosa.

Sin embargo, ESK o LAB acudieron a la Fiscalía. La fiscal superior, Carmen Adán, realizó una primera investigación y sí vio indicios de delito a pesar de contar con los informes de Osakidetza que estimaban que no se habían producido anomalías en la OPE. Remitió el caso al juzgado de Instrucción 2 de Vitoria. En el verano de 2019, este periódico comprobó que el Gobierno había enviado al ministerio fiscal solamente el resumen de sus funcionarios y que le había ocultado las decenas de horas de grabaciones con todas las comparecencias. En ellas, varios miembros de tribunales hablan de “tongo” e incluso un vocal de Traumatología apuntó que los exámenes que corrigió eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección.

En medio, dimitieron Darpón –aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, siempre ha defendido su gestión y de hecho frenó su dimisión cuando estalló el caso–, Múgica y el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros. A Darpón –que dio el salto con algunos de sus colaboradores a la aseguradora privada Keralty– le relevó la doctora Nekane Murga, cardióloga. La doctora Obieta, colega de Loma-Osorio, había declarado lo siguiente en la investigación interna: “En la segunda OPE, que es la que pasé, –supongo que no le importara a la doctora Murga que lo mencione– yo estaba en Mallorca. Había hecho el examen, había vuelto, y coincidimos allí antes de que saliera el resultado del segundo examen. Coincidimos en una charla que ella había ido a dar. [...] Como la conocía, cuando acabó fui a hablar con ella. Y entonces ella me comentó: 'Para no tener el examen, lo has hecho muy bien'. [Silencio] Con comentarios como ésos, con lo que ven mis ojitos, con comentarios de ese estilo… Pero vamos, ya le digo, no es una persona en concreto. Es 'vox populi'”.

Cuatro juezas en cuatro años

En el juzgado, el caso ha caminado a trompicones. Para empezar, han sido cuatro las magistradas responsables de la investigación. Empezó Yolanda Varona, siguió Ana Jesús Zulueta, continuó Cristina Rodríguez Ruiz y ahora, recientemente, se ha incorporado Blanca Ester Díaz. Todos los funcionarios de ese juzgado salvo una persona también han cambiado en este tiempo. La causa ha sufrido largos parones y ha visto la necesidad de dos prórrogas. La investigación como tal se acabará a finales de julio si no media una nueva ampliación. La tercera de las instructoras, Rodríguez Ruiz, decidió no citar como imputados a Darpón y al resto de altos cargos al entender que no planificaron el fraude de la OPE. Múgica sí compareció como testigo y gozó de la ayuda de un comisario y de dos ertzainas para burlar a la prensa a su salida del Palacio de Justicia, lo que motivó una investigación.

Rodríguez Ruiz también sostuvo que la revisión de los exámenes un caso de irregularidades en exámenes no aportaba nada. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, escribió. Hasta la fecha, solamente han llegado al juzgado una decena de pruebas de Anestesia y todas las de Traumatología.

Ahora mismo, hay veinte personas imputadas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Finalizada la investigación se debe determinar si hay pruebas para llevar a todos ellos o a una parte a juicio o si, por el contrario, se sobreseen las actuaciones.

Puedes leer toda la cobertura de la investigación por las filtraciones en la OPE de Osakidetza de 2018 en nuestro especial

La Democracia Representativa, aquella mediante la cual la ciudadanía delega en los partidos políticos su participación en las decisiones políticas, está en crisis. De hecho, lleva ya tiempo en crisis. Una crisis basada en la desconfianza y el descrédito que nuestra clase política y nuestros gobernantes han generado en la sociedad y acentuada por una constante falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas.

La ciudadanía se siente cada vez menos representada viendo que sus políticas y políticos, a quienes votaron, piensan más en ellos mismos que en quienes están fuera de las instituciones. Esta creciente desconfianza cala en una sociedad desgastada y que sufre una fatiga pandémica tras casi un año en que cada mañana se levanta escuchando la adopción de nuevas medidas entre un alud informativo de desavenencias políticas entre los diferentes gobiernos y partidos.

Los muros de las instituciones parecen ser cada vez más gruesos acrecentando la distancia existente entre gobernantes y gobernados. Regidores municipales insisten a su ciudadanía en la no celebración de festejos de santos o copas deportivas, al tiempo que reciben a los equipos ganadores o izan banderas a puerta cerrada, pero eso sí, con la presencia de concejales y concejalas de todas las formaciones como si por una vez la democracia representativa si tuviera la función de representar a todos y todas. Y ocurre que hay quien cunde con el ejemplo y se pone a celebrar también. Porque pese a que se insiste en ser solidarios, algunos creen que no hace ningún daño a nadie saliendo a berrear y saltándose todas las medidas como quien coge el coche habiendo bebido.

El individualismo es algo que llevamos tiempo consumiendo y ahora, apelando al sentimiento colectivo, nos quieren hacer pensar que “nadie quedará atrás” cuando lo que impera es un “sálvese quien pueda” que choca frontalmente con la responsabilidad social y el bien común que para algunos no es más que un eslogan. Y en ese “sálvese quien pueda” hay dos gerentes de hospitales vascos, concejales en el ayuntamiento de Bilbao en el pasado, y que, acostumbrados a tener pase vip y no tener que esperar nunca una oportunidad, se han puesto los primeros a la cola.

Y si fueran buenos gestores sabrían que el capitán es el último en abandonar el barco hasta no poner a salvo al resto de la tripulación. Pero están faltos de compromiso con la ciudadanía y de ética y gente así contribuye a que el buque insignia de la salud pública vasca haya chocado con el iceberg en el que se ha convertido la gestión de esta pandemia en general y el plan de vacunación en concreto. Y estos dos capitanes de barco, los gerentes de los hospitales de Santa Marina y Basurto, lejos de cumplir con su responsabilidad, han optado por el “ande yo caliente, ríase la gente” y abandonar el barco con una torpeza digna de dos focas cuando salen del agua.

El individualismo es algo que llevamos tiempo consumiendo y ahora, apelando al sentimiento colectivo, nos quieren hacer pensar que 'nadie quedará atrás' cuando lo que impera es un 'sálvese quien pueda' que choca frontalmente con la responsabilidad social

La gente tiene ahora más claro que nunca que quienes realizan un esfuerzo titánico diario son el personal que trabaja en Osakidetza y que, gracias a esas personas extenuadas, que trabajan al límite y sin los recursos necesarios, se consigue mantener la calidad del servicio. Sin embargo, es el proceder de los dos gerentes, “personas amigas puestas a dedo”, el que deteriora la credibilidad y la confianza de la sociedad en las instituciones y contribuyen convertirlas en reinos de taifas.

Ahora le toca mover ficha al Departamento de Salud de Gotzone Sagardui, del que se espera que no sólo abra una investigación, sino que se lleve a cabo con el rigor que debe y con unos objetivos que atiendan al principio de transparencia y que concluya en una rendición de cuentas. El Gobierno se lo debe a la ciudadanía, la investigación interna no puede ser de nuevo un instrumento que sirva de excusa para ocultar y acrecentar las suspicacias de la ciudadanía hacia quienes gestionan los servicios públicos, salpicando una vez más a Osakidetza como ya ocurrió con las irregularidades de la OPE.

La sociedad vasca no se merece que nadie se le cuele. Tampoco quienes acostumbrados a ser vips y no esperar colas han pasado por alto que esta vez son los más vulnerables y el personal médico los que van primero.

A pocos días del pleno de constitución de la XII legislatura del Parlamento Vasco, escuchaba de nuevo el mantra de que un Gobierno de izquierdas era aún posible de boca de Miren Gorrotxategi, la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos. Y es que en el primer y casi último capítulo de los Super Trionics ya nos dejaban claro que aquí “si no se preocupan ellos, no se preocupa nadie” y que no sea por no intentarlo, oiga.

Hasta aquí todo normal. O todo a lo que nos tiene habituadas. Pero sorprende que, pocas semanas después del 12J, la propia Gorrotxategi viera “factible llegar a consensos con el PNV en cuestiones de fondo que permitan realmente cambiar la vida de las personas en términos de justicia social”.

Dicho y hecho. Sin comenzar la legislatura, Elkarrekin Podemos firmaba su primer pacto con el PNV. Un acuerdo que le permite ocupar un sillón en la Mesa del Parlamento y dos asesores adscritos al cargo. Con esta alianza da pistoletazo una legislatura en la que se espera que haya más acuerdos, aunque no como este de mera índole partidista, sino de los llamados grandes pactos que sirvan de verdad para poner a las personas en el centro de las políticas públicas.

Sin embargo, se ha levantado un relativo revuelo con este pacto impensable hasta la fecha. Pero, ¿acaso no iba de esto la política? Cuando Elkarrekin Podemos consultó a sus bases en la legislatura pasada acerca de la aprobación de unos presupuestos que mejoraran, por ejemplo, la cuantía a percibir de la RGI por quienes ahora peor lo están pasando, o la reducción de las tarifas en las Haurreskolak como ayuda a las familias, era eso: un pacto con el Gobierno para cambiar la vida de las personas en términos de justicia social. Y casi el 90% de la militancia de Podemos Euskadi así lo entendió y lo respaldó.

El primer acuerdo de Elkarrekin Podemos-IU no es con el Gobierno vasco. El primer acuerdo que firma Gorrotxategi es con el Partido Nacionalista Vasco y con su socio en el Gobierno, el de uno y el del otro. El primer acuerdo de Elkarrekin Podemos-IU con el PNV no es un acuerdo representativo ni atiende a la pluralidad de la Cámara. No es representativo porque EH Bildu consigue un representante en la mesa siendo la segunda fuerza con 21 escaños al igual que los morados, que consiguen otro siendo cuarta fuerza con 6 parlamentarios. Y no es plural porque deja fuera al grupo del Partido Popular y Ciudadanos.

La verdad es que no encuentro razón para no llegar a un acuerdo que posibilite a un grupo tener representación en la mesa. Lo malo viene cuando se quiere disfrazar el pacto como una defensa de la representatividad y la pluralidad, cuando en realidad se trata de un acuerdo político puro y duro. Lo difícil es luchar contra la incoherencia, cuando siempre ha sido más elegante asumir que una puede tener contrariedades, antes que ser hipócrita. Y es que hemos escuchado durante meses la machacona expresión de que no había que pactar con PNV y que era esto precisamente, el acuerdo del anterior grupo parlamentario Elkarrekin Podemos con el Gobierno Vasco, lo que había hecho que sus integrantes perdieran las primarias… O la cantinela de que todavía se pudiera gobernar con la fórmula del tripartito de izquierdas. Un Gobierno, por cierto, que si tenía alguna “posibilidad galáctica” ya no la tiene. No sólo porque esté más que cantado que se reeditará un gobierno de coalición de PNV y PSE, sino porque casi con toda seguridad, Elkarrekin Podemos-IU haya perdido, al menos de momento, la confianza de su socio preferente, EH Bildu.

Así que, de un plumazo, el verde pistacho del tercer Super Trionics se convierte en verde 'jeltzale'. Y ante la inarticulada expresión de los personajes será fácil poner ahora en boca del Power Ranger verde que “con poco que haga, me sale todo bien”. 

El secretario general de Podemos, Lander Martínez, ha presentado este jueves su dimisión tras dos años y medio en el cargo. El fracaso de la candidatura de Rosa Martínez en las primarias a candidata a lehendakari dentro de Podemos en Euskadi -ha ganado por sorpresa la crítica Miren Gorrotxategi- ha sumido en una profunda crisis al partido, ya que era la apuesta del equipo de dirección. 

Lander Martínez (Vitoria, 1989) había hecho una apuesta personal por Rosa Martínez, una candidatura que se había calificado de “tándem”. Las bases, sin embargo, han premiado la alternativa de Gorrotxategi, representante del sector crítico y que había abanderado el apoyo de Pablo Iglesias. Martínez y su antecesora, Nagua Alba, formaron parte en su día de la corriente 'errejonista'.

Con Martínez han dimitido en bloque otros dirigentes del partido y ninguno de ellos concurrirá a las elecciones, tampoco Cristina Macazaga, que se había impuesto en las primarias de Álava. Una gestora tomará las riendas del partido. Las fuentes consultadas indican que Madrid marcará las directrices y se da por hecho que elegirá a una persona del nuevo sector mayoritario. La dimisión ha sido confirmado por el propio exlíder en una rueda de prensa convocada en Bilbao. Martínez ha explicado que Gorrotxategi dirigirá también la campaña.

“Hicimos una apuesta sólida para la próxima legislatura. Basada en reivindicar el trabajo hecho en estos cuatro años y dar continuidad a unos perfiles que habían llevado a Elkarrekin Podemos a un lugar central. Pero es cierto que ese proyecto no ha sido ratificado por la militancia”, ha argumentado un Martínez que ha ocupado también el puesto de portavoz parlamentario en la última legislatura. “Estamos muy orgullosos del trabajo hecho. Hemos construido esta organización de la nada, prácticamente con nuestras manos”, ha añadido dando las gracias a sus colaboradores.

Podemos ha presentado en sociedad este martes en un céntrico hotel de Vitoria a la que desea que sea la candidata a lehendakari de la coalición Elkarrekin Podemos en las autonómicas sin fecha de 2020, la exdirigente de Equo Rosa Martínez (León, 1975), hasta ahora asesora del grupo parlamentario. Martínez, que asegura formar un “tándem” con el otro Martínez, Lander, secretario general de Podemos, deberá ser ratificada ahora en el proceso de primarias que inicia la formación morada y al que seguirán los acuerdos con los otros dos partidos socios, IU y Equo, una alianza que se da por segura en Euskadi “al 98%” a pesar de los avatares en otros lugares de España.

Martínez, en un discurso sin papeles y sólo en castellano -“aún no me siento preparada para un debate en euskara”-, ha recibido con “ilusión” y “responsabilidad” la papeleta de liderar la plancha de Elkarrekin Podemos, aunque ha preferido ser cauta y esperar al final de las primarias para ofrecer más concreciones sobre su oferta política. No obstante, ha adelantado que buscará sacar a Euskadi del “estancamiento” con medidas a favor de la igualdad y contra el cambio climático o incidiendo en la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Elkarrekin Podemos se ha felicitado por haber denunciado las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza.

El otro Martínez del tándem ha dicho que “la política vasca no es la misma” que en 2016 porque su partido ha sido capaz de colar en la “agenda” temas de referencia y ha destacado como una “innovación” los “liderazgos compartidos” aunque en Euskadi es una tradición en el PNV y ahora también en EH Bildu el diferenciar el partido de la candidatura a Ajuria Enea. Según Martínez, su compañera tiene “visión y experiencia” fruto de su paso por el Congreso y de su papel como coordinadora de Elkarrekin Podemos, donde ha jugado un papel destacado en las recientes negociaciones presupuestarias con el Gobierno. “Es la mejor aspirante”, ha remachado Martínez con el recuerdo del fiasco del fichaje de Pili Zabala hace cuatro años todavía fresco.

Los contratos del Gobierno vasco, de sus áreas de Presidencia o Juventud y, especialmente, los del Instituto de la Memoria (Gogora), con el grupo de empresas Montai, cuyo administrador es el cargo del PNV Aitor Elorza, han motivado una dura reacción por parte de la oposición en pleno en esta vuelta de las vacaciones de Navidad y a pesar de que enero sea un mes inhábil en la Cámara. Elkarrekin Podemos, PP y EH Bildu han ido desgranando iniciativas para que den explicaciones tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, y, en el caso de la coalición de Podemos, IU y Equo, considera necesario que el propio Elorza acuda también a sede parlamentaria. La mayoría de ellas se retrasarán a febrero al no haber actividad ordinaria este mes.

“Tenemos que estar atentas ante prácticas clientelares que colisionan con la igualdad de oportunidades y utilizan recursos públicos para favorecer a amigos y familiares”, ha valorado en un comunicado la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga. “Es necesario aclarar este posible nuevo escándalo de corrupción que puede salpicar de nuevo al PNV y ya no es suficiente con pedir responsabilidades o pedir perdón sino que todas las instituciones tienen que arrimar el hombro para colaborar en denunciar estas prácticas y crear mecanismos que ayuden a controlarlas, denunciarlas e investigarlas”, ha apostillado Macazaga, que ha remarcado que volverán a reclamar tanto la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi como un marco para proteger a los denunciantes de irregularidades. Dentro de Elkarrekin Podemos, también IU emitió un comunicado pidiendo aclaraciones.

Elkarrekin Podemos ha solicitado al Gobierno que entregue al Parlamento una relación completa de las adjudicaciones recibidas por las sociedades de Elorza, Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa. Ya antes reclamó al Tribunal de Cuentas que revisase la relación de estas mercantiles con el Ayuntamiento de Hondarribia, gobernado por el PNV y donde se originaron las primeras informaciones.

También EH Bildu reclama un listado completo y detallado de las adjudicaciones, aunque en sus iniciativas de control se centra especialmente en tres elementos que le parecen más llamativos, la exposición itinerante de Gogora -gestionada en régimen de exclusividad por el grupo Montai-, el homenaje a las víctimas del franquismo de 2016 y el acto de los 100 primeros días de la llegada de Urkullu a Ajuria Enea. Además, buscará esclarecer si la afiliación política de Aitor Elorza era conocida por el Ejecutivo y si ello influyó en los contratos ya que aprecia elementos que invitan a pensar en una “actuación concertada”. “¿Por qué hubo fraccionamiento de los contratos?”, pregunta el representante de la coalición Josu Estarrona, que incide en que un mismo acto o proyecto se ha partido en varias adjudicaciones, algunas del mismo día, y que han recaído a la vez en varias de las firmas de Elorza.

En cuanto al PP, su líder en Euskadi, Alfonso Alonso, ha insistido en que Urkullu ha de dar explicaciones en el Parlamento porque las adjudicaciones “bajo sospecha”, en buena medida, dependen de la Presidencia vasca, dirigida “personalmente” por el lehendakari. “Es el responsable político directo”, ha manifestado en rueda de prensa Alonso, quien ha recordado que Urkullu aún no ha valorado en la Cámara las consecuencias de la sentencia del 'caso De Miguel', que acarreó contundentes penas de cárcel por corrupción a exdirigentes y excargos nacionalistas como Alfredo de Miguel o Xabier Sánchez Robles. “Empiezan a aflorar cosas y no sabemos si el 'caso De Miguel' era la punta del iceberg o un trozo de hielo aislado flotando en el mar”, ha ironizado el presidente 'popular'. Sobre Gogora, ha lamentado que un instituto dedicado a las víctimas se haya convertido en un nicho “para que hagan negocios algunos amiguetes”, informa Europa Press.

Desde el Gobierno, el portavoz Josu Erkoreka ha recalcado en Radio Euskadi que el Ejecutivo está a la espera de un informe de la Oficina de Control Económico, dependiente del área de Hacienda, sobre la legalidad de las adjudicaciones de Gogora y de otros organismos al grupo Montai. No obstante, ha apuntado dos importantes matices. El primero es que una “auditoría interna” realizada por la propia Gogora ya concluyó que no había “irregularidad de ningún tipo”. Y el segundo es que, de haberlas según la OCE, serían hechos “no penalmente relevantes” sino reprochables “desde el punto de vista administrativo”. Erkoreka, asimismo, analizará el escrito elevado por Ezenarro a la Comisión de Ética, ya que él es el presidente de este organismo.

EH Bildu, dentro de sus iniciativas parlamentarias, reclama también que se haga público cuál ha sido el alcance de esa primera revisión de Gogora y que servirá de base para el trabajo de la OCE y de la Comisión de Ética.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno que la Oficina de Control Económico, dependiente del Departamento de Hacienda, revisa desde finales de noviembre los contratos del Instituto de la Memoria (Gogora) con un grupo de empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, adjudicaciones realizadas en su mayoría 'a dedo' y que en el 59% del total han recaído en una mercantil que no tenía trabajadores cuando recibió los primeros encargos, según ha venido publicando este periódico. En total, lo ingresado por el grupo Montai para la gestión de la carpa de la exposición itinerante Plaza de la Memoria de Gogora supera los 700.000 euros. El Instituto de la Memoria depende directamente de la Presidencia vasca.

Erkoreka, preguntado por los periodistas sobre las anomalías en torno a estas adjudicaciones, ha manifestado que la secretaría general de Presidencia ha requerido un dictamen a la Oficina de Control Económico. Será “más serio y riguroso” que “el primer examen” que realizó el propio Gogora y que no detectó irregularidades, aunque fuentes del Ejecutivo insisten en que confían que las conclusiones sean del mismo calado. Además, el portavoz ha informado de que la directora del organismo, Aintzane Ezenarro, ha elevado un escrito a la Comisión de Ética del Gobierno en relación a las contrataciones al grupo Montai, si bien no ha trascendido ni el contenido ni en el sentido de este documento. Ezenarro tiene un acto público a finales de esta semana, un homenaje a mujeres políticas de la II República y de la Guerra Civil en la sede central de Gogora en Bilbao.

Ezenarro ha contactado también con todos los partidos de la oposición en Euskadi, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, a los que ha emplazado a reuniones para valorar más en profundidad el alcance de estas informaciones. No obstante, todos ellos han preparado ya una batería de iniciativas parlamentarias en torno a la relación del Gobierno con el grupo Montai.

Desde la coalición Elkarrekin Podemos se había solicitado ya en 2019 que el Tribunal de Cuentas incluyese en su planificación de 2020 la revisión de las adjudicaciones a Montai y sus filiales en Gogora, pero también en Presidencia y en otros ámbitos como el Ayuntamiento de Hondarribia, que es donde se originaron las primeras alertas. En el Parlamento, han realizado una solicitud de información al Gobierno de Iñigo Urkullu para conocer todas las adjudicaciones desde 2014 y han hecho extensiva esta exigencia en las tres Diputaciones, en las tres capitales y en los principales municipios. La parlamentaria Cristina Macazaga ha pedido en Twitter poner coto a las “redes clientelares” y otra de las formaciones socias de la coalición, IU, emitió también un comunicado pidiendo explicaciones.

EH Bildu también presentará iniciativas parlamentarias aunque las definirá en los próximas horas, según han indicado sus portavoces. Finalmente, el PP ha anunciado en un comunicado que pedirá la comparecencia de Ezenarro en la Cámara “ante la existencia de contratos bajo sospecha” y que el propio lehendakari valore el asunto en un pleno de control, si bien enero es un mes inhábil y no hay sesiones plenarias hasta febrero. “Cuando todavía no han dado explicaciones en el Parlamento Vasco sobre el 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción en el País Vasco, Urkullu tendrá que emplearse en aclarar estas graves actuaciones que ponen en entredicho la limpieza y la transparencia de su gestión”, ha manifestado el 'popular' Carmelo Barrio, que ha denunciado también el “clientelismo sistémico que siempre beneficia a los nacionalistas”.

Después de la polémica en torno a las oposiciones médicas de 2018 en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), que están siendo investigadas por un juzgado de Vitoria por las sospechas de que se produjeron filtraciones, el Departamento de Salud decidió de manera extraordinaria externalizar la confección de las dos pruebas -la teórica y la práctica- de cara a la pequeña convocatoria para diversas especialidades pendientes y que se realizó en noviembre de 2019. Según un informe enviado al Parlamento a instancias de la representante de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga, en este proceso “han colaborado 51 personas” de fuera de Osakidetza y especialistas en cada una de las categorías.

Uno de los patrones que se repitieron en la convocatoria de 2018 es que las mejores notas, en ocasiones rayanas a la perfección, recayeron en variados casos en los colegas de hospital de los autores reales de las preguntas. Es el caso de Digestivo, de Anestesia, de Angiología o de Neurocirugía, entre otras. En puridad, Osakidetza ya externalizó al menos la parte teórica de las categorías médicas al encomendar la confección de las exámenes no a los tribunales médicos sino al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). Pero el IVAP no cuenta con expertos en medicina y acabó encargando el trabajo de nuevo a los profesionales de Osakidetza, como luego se descubrió.

De cara a la pequeña Oferta Pública de Empleo (OPE) en especialidades como Cardiología Hemodinámica, Cirugía Hepatobiliar, Enfermedades Autoinmunes o Neonatología y aunque siempre se ha negado que haya “elementos objetivos” que prueben las irregularidades, Osakidetza acordó con los sindicatos presentes en la comisión de seguimiento de las oposiciones (SATSE, SME y UGT) que, de manera excepcional, el IVAP seleccionaría esta vez a expertos de fuera de la comunidad autónoma y no propuestos por el Servicio Vasco de Salud. Sin embargo, en el nuevo modelo de procesos de selección que se aplicará en las próximas convocatorias nuevamente se encomendará a los tribunales médicos que hagan las preguntas, al menos en la parte práctica.

Según los datos enviados al Parlamento, los 51 expertos 'fichados' procedente del Hospital Clínic y Sant Joan de Déu de Barcelona, del Gregorio Marañón y La Paz de Madrid, del Virgen de la Salud de Toledo, del Marqués de Valdecilla de Santander y del Miguel Servet de Zaragoza. Por protección de datos, no se facilitan sus nombres y apellidos, solamente sus DNI. Por otro lado, Osakidetza informa de que los resultados de esa pequeña OPE de noviembre en la que se aplicaron medidas extraordinarias no son aún definitivos. “No ha finalizado el proceso selectivo”, se excusa la consejera de Salud en el informe enviado a la Cámara.

La dirección de Podemos en Euskadi se ha felicitado este jueves por haber recibido “un aval muy mayoritario, cercano al 90%” en su consulta a las bases en torno al acuerdo alcanzado con el Gobierno de PNV y PSE-EE para facilitar los presupuestos de 2020 y que se traduce en algo más de 200 millones de euros, 89 de los cuales de aplicación el próximo año. Según han informado en euskara y castellano los parlamentarios y dirigentes Cristina Macazaga y Yahcov Ruiz, 2.541 de los 2.896 inscritos que han participado en el referéndum interno han dado su 'sí' al pacto con el Ejecutivo, que constituye una ciaboga a la línea política anterior de la formación morada, a la que dentro de Elkarrekin Podemos ha seguido su socio Equo pero de la que se ha desmarcado IU, que sigue oponiéndose a las cuentas de nacionalistas y socialistas.

El censo total de personas inscritas en Podemos en Euskadi es de 19.577, de los cuales la organización considera a 5.577 como afiliados “verificados”, es decir, que han dado su DNI y que participan habitualmente en las consultas internas, aunque todos tienen derecho a voto. De los militantes activos, ha participado en la votación -que ha sido telemática y que se ha desarrollado entre el martes y el jueves- sobre los presupuestos un 52%, 2.896 personas. Los 'síes' han sido 2.541 (88% de papeletas, 45% de los verificados y 13% del censo total) y los 'noes' 319 (11% de papeletas, 5% de los verificados y el 1% del total), a lo que se suma 36 sufragios en blanco. El matiz es que las respuestas no eran tan simples como el 'sí' y el 'no': Podemos planteó como opción primera el apoyo a facilitar unas cuentas que incluyen “mejoras” en políticas de igualdad o cambio climático y la alternativa era rechazarlas y que continuaran vigentes unos presupuestos que el Gobierno pactó con el PP en 2017.

Macazaga y Ruiz han indicado que la participación “entra de la horquilla de 2.000-3.000 votos” de otros procesos y se sienten muy contentos del “aval muy mayoritario” a su decisión política. Esta consulta sigue a la de Equo-Berdeak, cuyas bases refrendaron el acuerdo en un 98% con una pregunta más simple. El censo del partido verde en Euskadi ronda las 300 personas y votaron un centenar. Sólo hubo dos papeletas negativas.

Así las casos, el Gobierno de PNV y PSE-EE y representantes de Podemos y Equo firmarán este viernes el acuerdo presupuestario definitivo. El próximo lunes, ello se traducirá en que el pleno dará luz verde a la tramitación de las cuentas al rechazar las enmiendas de totalidad de EH Bildu y PP apoyadas por el tercer socio de Elkarrekin Podemos, IU, con dos parlamentarios de un total de 11 de la coalición (ocho son morados y uno verde). La aprobación definitiva llegará el 27 de diciembre para la entrada en vigor de la nueva ley económica el 1 de enero.

Además de las discrepancias con IU, también se ha conocido el malestar del sector anticapitalista de Podemos por el giro político “gobernista y posibilista”. Entienden que el partido es corresponsable de unas propuestas “antisociales, patriarcales y ecocidas”. Según ha dado a conocer Europa Press, cargos anticapitalistas habrían dimitido de sus cargos orgánicos y lo habrían hecho ya antes de las elecciones generales. Ahora, en puertas de la firma del pacto con PNV y PSE-EE se sentían en la “obligación” de hacerlo público.

Macazaga y Ruiz, preguntados por ello en la presentación de los resultados de la consulta, han minimizado el efecto de este pronunciamiento. “La consulta ha sido abierta y todos han podido votar. Respetamos todas las divergencias”, han indicado. Podemos confirman que ha habido algunas dimisiones de ámbito local y autonómico en las últimas fechas pero en ningún caso ha sido un movimiento en bloque de un sector, indican. Además, remarcan que personas significadas de la corriente anticapitalista continúan regentando cargos públicos, como es el caso del Ayuntamiento de Durango, donde Podemos gobierna en coalición con EH Bildu y donde son ediles las dos cabezas más visibles del sector, Neskutz Rodríguez y Julián Ríos.

El sindicato ESK llevó al juzgado de Vitoria que investiga las irregularidades en hasta el momento 11 de las oposiciones médicas del pasado año en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) datos relativos a dos especialidades diferentes. Eran Neurocirugía, que ya había sido puesto bajo sospecha el pasado año pero en la que la Fiscalía no halló indicios suficientes, y Neurofisiología. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha manifestado que el Gobierno no ha recibido “ningún otro auto o requerimiento por parte del juzgado” que dé por ampliada la investigación, por lo que no ampliará la lista de 11 especialidades suspendidas cautelarmente.

Lea aquí toda la información sobre 'Los papeles de Osakidetza'

“Entre las categorías incluidas por el auto del juzgado no está contemplada la categoría de Neurocirugía [ni Neurofisiología]. En consecuencia, Osakidetza no la suspende cautelarmente”, ha respondido escuetamente Murga a la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga, quien le ha interpelado por estas nuevas denuncias en la sesión de control al Gobierno que ha celebrado este viernes el Parlamento Vasco. Ha añadido Murga que si no hay directrices de los tribunales, sólo queda preservar los “derechos” de los opositores de esas especialidades y seguir adelante con la asignación de plazas. Y eso que en Neurocirugía, por ejemplo, los patrones estadísticos son muy similares a los de otras categorías paralizadas e investigadas: notas muy altas para unos pocos candidatos y coincidentes con los colegas de hospital del autor del examen.

De las palabras de Murga se puede interpretar un cambio de política respecto a la investigación judicial, ya que ha dado a entender que si la magistrada que instruye la causa, Ana Jesús Zulueta, opta por ampliar la lista de 11 oposiciones bajo su lupa se adoptará automáticamente la decisión de suspender automáticamente nuevas especialidades. Sin embargo, aunque voces como ESK y LAB lo habían demandado, en las primeras 11 categorías se tomó esa medida cautelar elemental en octubre, muchos meses después de que la Fiscalía presentará una denuncia y la juez abriera diligencias.

“El director general de Osakidetza remarcó que se había adoptado esta decisión por la preeminencia de la jurisdicción penal, que obliga a suspender el resto de actuaciones administrativas. ¿Y en mayo? ¿Y en junio? ¿Y en julio? ¿Y en agosto? ¿Y en septiembre?”, ha valorado Macazaga, que ha advertido de que los indicios de irregularidades pesan sobre una veintena de especialidades mientras únicamente 11 están en 'stand by'. “En esas ocho adicionales Osakidetza no veía motivos para adoptar medidas y se procedió a la asignación de las plazas con toda normalidad. En realidad, ya nos tienen acostumbradas a llegar tarde”, ha apostillado la representante de Elkarrekin Podemos.

Partidos de la oposición en Euskadi y sindicatos han denunciado la “puerta giratoria” y el “destino dorado” del exconsejero de Salud, Jon Darpón. Como ha revelado este periódico, a los dos meses de dimitir del cargo por la crisis de las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Darpón fichó por una empresa privada del mundo sanitario, el grupo Keralty (antes Sanitas Internacional), implantado en todo el mundo y que factura anualmente cerca de 2.000 millones de dólares estadounidenses. En el organigrama figura como responsable para Eurasia de la compañía de Joseba Grajales y Jon Azua. En el Parlamento, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han adelantado ya que “vigilarán” las relaciones comerciales de Keralty y sus empresas relacionadas con Osakidetza.

La portavoz de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha mostrado en rueda de prensa su preocupación por esta “puerta giratoria” y por la “tendencia a la privatización” de los gestores de la Sanidad pública. “No queda claro cuáles son los intereses que defienden quienes han sido cargos del Gobierno vasco”, ha señalado Ubera, quien precisamente ha presentado una propuesta para reformular el modelo de OPE para evitar las irregularidades que estallaron en la anterior y que suponen, a su juicio, toda una “cultura” de enchufismo en Osakidetza.

Desde Elkarrekin Podemos, Cristina Macazaga ha dicho que “llama la atención con qué facilidad el PNV coloca a sus protegidos sin rendir cuentas”. “Siempre hemos denunciado las puertas giratorias entre política y grandes empresas. [...] El salto a la empresa privada habla por sí mismo del escaso compromiso con la salud pública y vigilaremos de cerca la posible relación de Keralty con Osakidetza. Hemos preguntado a la consejera sobre los servicios privatizados y qué empresas los gestionan”, abunda Macazaga, quien muestra su “preocupación” por que este hecho no sea “algo ocasional”. 

En el plano sindical, los dos sindicatos personados como acusación en la investigación penal abierta en torno a las oposiciones de 2018 han emitido sendos comunicados críticos con la nueva posición laboral del exconsejero. ESK ha ironizado que Darpón cumplirá “satisfactoriamente con su nueva tarea” en un “destino dorado” porque “durante su mandato ya se encargó de intentar entregar a manos privadas los servicios mal llamados no sanitarios del Hospital de Urduliz”. “El que durante tantos años dirigió la Sanidad pública conoce muy bien cuáles son los nichos de mercado. Él mismo se encargó de fomentar la 'colaboración publico-privada' y estamos seguros de que sabrá aprovechar esta oportunidad para conseguir la mejor posición para la empresa que le ha contratado”, añade ESK, que se pregunta por cuál será el “suculento jornal” de Darpón en Keralty. 

LAB, de su lado, sostiene que es “un caso de puertas giratorias al más puro estilo del PNV que no hace más que evidenciar la naturaleza y el proyecto de Darpón en Osakidetza”. “Nos hace pensar que Darpón en ningún momento dejó la empresa privada”, abunda la central, quien con todo afirma que “la sociedad vasca en general y Osakidetza en particular” se han quitado “un peso de encima” con “la huida” del exconsejero desde 2012 hasta marzo de 2019 al sector privado. 

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, se verá obligada a dar explicaciones en el Parlamento Vasco por el trato de favor que un comisario de la Ertzaintza y dos agentes dispensaron a la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), María Jesús Múgica, que pudo acceder al Palacio de Justicia de Vitoria esquivando a la prensa el día en que fue citada a declarar como testigo en la investigación abierta por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018, un privilegio que no han tenido ninguno de los otros protagonistas, ni acusados ni testigos. Los grupos parlamentarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos han adelantado que registrarán una batería de preguntas por escrito para conocer la versión de Beltrán de Heredia. Entretanto, fuentes oficiales indican que Seguridad da por resuelto el incidente con un “apercibimiento” a los funcionarios a su cargo, a los que se les ha recordado la necesidad de cumplir los protocolos.

Como ha adelantado este periódico, la investigación interna llevada a cabo por el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, ha revelado que Múgica telefoneó a un comisario el día en que fue llamada a declarar, en mayo. Este trasladó a un agente de la Policía Judicial destinado en los juzgados el deseo de la exalto cargo -había dimitido por este caso seis meses atrás- y el funcionario informó a su superior, la coordinadora de seguridad. Múgica y otra persona pudieron entrar en coche por el garaje, ubicado en la trasera del edificio. La explicación ofrecida es que Múgica llegaba tarde y no iba a encontrar aparcamiento.

El portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, Julen Arzuaga, ha registrado diez preguntas para su respuesta escrita sobre el incidente de Múgica. Entre ellas, se interesa por las medidas disciplinarias adoptadas por la Ertzaintza contra las tres personas señaladas en la investigación del decanato. El asunto fue elevado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pero se limitó a instar al Gobierno vasco a que adoptara las medidas “oportunas” ya que no tiene capacidad disciplinaria contra funcionarios no judiciales que son. También plantea EH Bildu si se darán instrucciones para que no se repita un episodio similar.

“Lo más preocupante es que ya no cause sorpresa ver cómo altos cargos del Gobierno utilizan las instituciones como si fuesen suyas. Vamos a realizar una serie de preguntas a la consejera para que pueda dar explicaciones acerca de esta forma de proceder de alguien que ni siquiera es en ese momento alto cargo”, señala, por su parte, Cristina Macazaga, la representante de Elkarrekin Podemos que ha hecho seguimiento a este caso. Uno de los puntos que quiere aclarar Macazaga es si “tuvo algo que ver el Departamento de Salud” en lo ocurrido.

En el proceso judicial de la OPE de Osakidetza hay dos sindicatos personados. Uno es ESK, que lamenta que “el PNV sigue utilizando los servicios públicos como si fuesen de su propiedad”. El otro es LAB, y es de la misma opinión: “No nos sorprende la utilización de los recursos públicos para beneficio propio. Todas las actuaciones hechas por Osakidetza en torno a la OPE han ido dirigidas a ocultar información. En este caso, si para ocultar la foto de la exdirectora general de Osakidetza entrando a los juzgados en calidad de testigo se utilizan todos esos recursos públicos de manera irregular, es fácil imaginar los recursos que se han podido malgastar para ocultar las filtraciones de la OPE 2016-17 en especialistas médicos”, explican desde la central. Y añaden: “Por esa razón LAB es acusación popular en este proceso, porque sostenemos que las implicaciones de estas filtraciones van mas allá de las personas que las realizaron”.

Esta información también ha causado hondo malestar en algunos sectores de la Policía vasca. El sindicato Erne, en este sentido, pide a Beltrán de Heredia que “abra una investigación y depure responsabilidades en caso de que haya habido un abuso de poder” y un trato “diferenciado” respecto “al resto de personas de esa causa y al resto de los ciudadanos”. Erne, en todo caso, diferencia entre la actuación del mando y de los subordinados porque “no tienen por qué no obedecer una orden de sus superiores”. 

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves la tramitación de una ley para la protección de denunciantes de irregularidades y corrupción promovida por Elkarrekin Podemos y apoyada por EH Bildu. El texto ha sido rechazado por los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, mientras que el PP se ha abstenido. La oposición suma mayoría en el pleno por un sólo voto, pero aunque los 'populares' hubieran sido partidarios de la admisión a trámite de esta iniciativa legislativa habría decaído igualmente por la baja de una de sus representantes, Juana Bengoechea, que reconfigura los equilibrios en las votaciones.

La representante de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga presentó hace varios meses la propuesta junto a los tres anestesistas que dieron el paso de alertar de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza. También ha mencionado en su intervención ante el pleno de la Cámara a Ainhoa Alberdi -que denunció el 'caso De Miguel'- y a Diego Garteiz -'caso Pinosolo'-. Según sus datos, en Europa un 81% de personas que conoce este tipo de situaciones no las denuncia por “miedo”. Y ha afeado que la iniciativa haya tenido en Euskadi más votos en contra (37 de 75) que en el Parlamento Europeo (29 de 750). Elkarrekin Podemos ha contado con el apoyo de EH Bildu. Su portavoz, Larraitz Ugarte, ha advertido de la “impunidad” imperante en Euskadi y ha ironizado que no es extraño que no se desee dar el paso de denunciar, ya que luego existen “represiones”.

Desde los partidos del Gobierno, David Latxaga (PNV) ha indicado que la “solvencia” del texto de la oposición “brilla por su ausencia”. Ha añadido que sólo persigue “mantener una llama mediática en torno a determinado asunto”, por la OPE de Osakidetza. También Natalia Rojo (PSE-EE) ha diagnosticado que no se busca legislar sino un “titular”. Y ha agregado que “Elkarrekin Podemos está siendo el grupo que más trabas pone a las políticas de transparencia y regeneración” en el Parlamento. “Lecciones ni en esto ni en nada de nadie”, ha protestado la socialista. Al haber intervenido en el turno de explicación de voto, no han dado pie a la réplica de Macazaga.

Ambos portavoces se han referido a que la ley se solapa con otras iniciativas ya en trámite. Han aludido a la propuesta de Ley de Transparencia de PNV y PSE-EE, actualmente avanzada. Han acusado a Elkarrekin Podemos de bloquear los trabajos de la ponencia. La última reunión se celebró en marzo y, según esta formación, ha quedado igual de parada que el resto de la actividad, minimizada por las vacaciones de Semana Santa y la doble cita electoral de abril y mayo.

Hay una tercera normativa de contenido similar en trámite. En este caso es de EH Bildu y busca la creación de oficina anticorrupción. El Gobierno, en este caso, sí dio luz verde a la tramitación, si bien el texto ha quedado bloqueado 'sine die' porque las tres diputaciones, en manos igualmente de PNV y PSE-EE, la recurrieron por invasión de competencias ante la Comisión Arbitral, una suerte de corte constitucional interna.

En cuanto al PP, ha asegurado que comparte el fondo, pero ha indicado que la denuncia de delitos es competencia exclusiva de la Justicia y que es allí donde las investigación tienen plenas garantías. Javier Ruiz de Arbulo ha cuestionado también que una norma autonómica quisiera tener efectos sobre el ámbito foral.

A la dimisión como consejero de Salud de Jon Darpón de finales de la pasada semana, motivada por las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), le ha seguido una batería de mensajes desde todas las portavocías del PNV. Andoni Ortuzar, Joseba Egibar, Luis Javier Tellería, Koldo Mediavilla, Mireia Zarate, María Eugenia Arrizabalaga o Josune Gorospe, con mayor o menor intensidad, con unas palabras o con otras, han coincidido en culpar de ello a la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), a los que les han acusado de haber acabado con la carrera de un gestor “intachable” sólo por intereses partidarios y de desgaste del PNV.

Titular tras titular, así ha transcurrido el puente festivo de San José. A las primeras de cambio, sin embargo, esas tres formaciones no han hecho uso de ese escaño de más con el que cuentan en el Parlamento Vasco frente a los de PNV y PSE-EE, los partidos de Gobierno. En la comisión de Salud de este miércoles, celebrada en medio de la resaca por los últimos acontecimientos, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP no han logrado un acuerdo para sacar adelante una resolución que, entre otros puntos, pedía suspender cautelarmente los resultados de las 11 de categorías médicas de la OPE de Osakidetza señaladas por la Fiscalía y en las que habría indicios de que se produjeron filtraciones a aspirantes muy concretos para beneficiarles. 

Ha sido el PP quien se ha desmarcado porque, en otro de los puntos, se aludía a que si se confirmaban judicialmente las anomalías y se optaba por la repetición de exámenes habría que valorar un cambio en los tribunales. Lo que para EH Bildu y Elkarrekin Podemos es una medida básica -“nuevos tribunales como único modo de preservar la imparcialidad”, en palabras de Cristina Macazaga- para el PP puede suscitar dudas de legalidad. “Nos parece prudente esperar”, ha contraargumentado la 'popular' Laura Garrido.

Esta falta de sintonía entre la oposición se repetirá de nuevo este jueves en el pleno de la Cámara. A pesar de la dimisión de Darpón, continúa en el orden del día una propuesta de EH Bildu para crear una comisión de investigación en torno a lo sucedido en la OPE del pasado año. Como cuando se planteó por vez primera esta posibilidad hace unos meses, EH Bildu y Elkarrekin Podemos no sumarán al PP. Este partido considera suficientes las dimisiones en el organigrama de Salud -además de Darpón han salido la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto- y que haya abierta una investigación judicial en torno a las filtraciones de exámenes. 

“Se ha abierto una importante crisis en el Gobierno. Esto no había pasado mucho. Bueno, no había pasado nunca. Esto no ha pasado antes. La dimisión [de Darpón] tiene que ser claramente un punto de inflexión en la gestión que se haga a partir de ahora. Se tiene que abrir una nueva etapa, un cambio radical”, ha explicado Garrido. Mientras, desde la bancada de EH Bildu Rebeka Ubera lamentaba: “Es una pena que en este tema no vayamos todos de la mano”.

No habrá comisión de investigación -salvo sorpresa mayúscula- pero ya esta en marcha desde este miércoles una ponencia para estudiar cambios en el modelo de oposiciones de Osakidetza. Algunas fuentes parlamentarias, incluso, interpretan que podría funcionar 'de facto' como una comisión de investigación y que podrían llegar a tener que comparecer en ella Darpón, Múgica o Soto. Por el momento, este grupo de trabajo presidido por Julen Bollain (Elkarrekin Podemos) se ha limitado a fijar la metodología de trabajo y a fijar que los partidos disponen hasta el 5 de abril para plantear los comparecientes que acudirán a la ponencia. Posteriormente, el legislativo quedará al ralentí por la doble cita con las urnas de abril y mayo y por la sucesión de puentes.

Sin mención a la OPE en la toma de posesión de Murga

Precisamente el ya exconsejero Darpón activó también una ronda de contactos con la oposición para introducir ajustes en la política de Recursos Humanos. Se da la circunstancia de que la interlocutora del equipo de Darpón era Nekane Murga, ahora promocionada a consejera de Salud. Precisamente este miércoles, a primera hora, se ha hecho oficial el relevo con un acto solemne en el palacio presidencial de Ajuria Enea en el que tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la propia Murga han evitado cualquier referencia a la crisis de la OPE.

Urkullu ha aprovechado la última aparición pública como consejero de Darpón para defender su “legado”, en el que se ha detenido para enumerar hasta diez hitos de su etapa al frente de Salud desde el año 2012. El lehendakari, en su alocución, levantaba por momentos la mirada del papel para observar a Darpón, ubicado a su izquierda. También ha remarcado la palabra “honestidad” para describir a su persona. Roto el protocolo, la primero que ha hecho Urkullu ha sido fundirse en un abrazo con quien ha sido uno de sus colaboradores más estrechos desde el inicio de su mandato. Murga, en su primer discurso como consejera de Salud, mayoritariamente pronunciado en castellano, también ha arrancado con un recuerdo a la “gran labor” de su antecesor. 

Murga ha posado con el resto de gabinete para la tradicional fotografía en las escalinatas de Ajuria Enea. Con ella se mantiene una tradición, la de contar con un facultativo al frente de la Sanidad vasca -ella es cardióloga-, y se rompe otra: por vez primera una mujer asumirá la cartera con más presupuesto de la Administración y hará que este gabinete sea el más femenino de la historia.

La crisis por las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas celebradas el pasado año por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha terminado por llevarse por delante al propio consejero, Jon Darpón, máximo responsable político de la OPE. Antes salieron del Gobierno la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. En todos los casos la marcha se ha disfrazado de dimisión y ha venido acompañada de la tradicional fórmula de agradecimiento a los “servicios prestados”. Darpón deja el Gobierno tras más de seis años en el cargo y con la certeza de que, de lo contrario, la oposición iba a aprobar su reprobación el 21 de marzo en el Parlamento y propinar así un puntapié político al Ejecutivo de PNV y PSE-EE en puertas de una doble cita electoral.

El Departamento de Salud ha hecho oficial su decisión a través de un comunicado a las 12.45 horas de este jueves y el lehendakari Urkullu hará una comparecencia sin preguntas en el Parlamento para valorar la situación y anunciar el nombre de la nueva persona responsable del Departamento, previsiblemente una mujer.

Según la nota oficial, se trata de una “dimisión irrevocable”. Destaca el Ejecutivo que Darpón “ha dedicado desde el primer día todo su esfuerzo personal y profesional a la mejora del servicio público de Salud”. Añade que “durante estos ocho meses ha actuado con determinación y transparencia, colaborando en el cumplimiento de los compromisos del programa de Gobierno [...]. Ahora bien, la actual coyuntura política y la confirmación de la presentación de una proposición no de ley de reprobación el próximo 21 de marzo ha condicionado la decisión de presentar la dimisión”.

Las denuncias de posibles irregularidades de calado en la OPE de Osakidetza fueron adelantadas por este periódico el 1 de junio de 2018, como también por la Cadena Ser. Distintos análisis estadísticos, testimonios de testigos -principalmente tres anestesistas del hospital del Alto Deba- e incluso actas notariales que 'adivinaban' los beneficiarios de las plazas mostraron que el problema afectaba a una pluralidad de categorías de especialidades médicas de las oposiciones. Varios sindicatos llevaron el caso a la Fiscalía, que en febrero determinó que había indicios de delito y señaló hasta 11 exámenes en los que podía haber irregularidades. Esta misma semana la juez de Vitoria Yolanda Varona ha admitido a trámite la denuncia del ministerio público y ha iniciado la investigación citando como imputados a tres facultativos y como testigos a otras diez personas.

La Fiscalía alude también a que hasta tres altos cargos de Darpón, incluido Soto, su 'número dos', Xabier Balerdi, y el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, pudieron ser corresponsables del fraude. La gran novedad de esta OPE es que se 'externalizó' la elaboración de la parte teórica de las pruebas al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), precisamente para lograr más garantías. Pero este organismo no contaba con expertos en medicina y acabó tirando de miembros de la propia Osakidetza para hacer las preguntas. Muchos de los opositores con mejores notas son colegas de trabajo de los autores reales de las pruebas y fueron estos tres cargos los que entregaron al IVAP la lista de facultativos que harían los exámenes.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha resistido hasta el final a esta crisis de Gobierno, más en puertas de una doble cita electoral. Desde que llegó a Ajuria Enea en 2012 Urkullu no ha realizado más cambios en medio de los mandatos que los exigidos por el guion, el relevo de Juan María Aburto por Ángel Toña en 2015 por la salida de éste a la Alcaldía de Bilbao y un movimiento similar hace unas semanas para cubrir la baja de Alfredo Retortillo, candidato del PSE-EE en Barakaldo, con Sonia Pérez. La última dimisión en el Gobierno hay que buscarla en 2012 cuando Rodolfo Ares (PSE-EE) dejó la cartera de Interior oficialmente para volcarse en el partido en puertas de las autonómicas pero presionado también por la muerte de Íñigo Cabacas en una carga policial.

De hecho, desde el entorno presidencial se ha repetido en las últimas semanas -desde que el informe de la Fiscalía hiciese insostenible su continuidad- que Darpón podría continuar mientras tuviera fuerzas, ya que la confianza se mantenía. Es más, el lehendakari en persona ha compartido actos públicos con su consejero de Salud a pesar de la tormenta política desatada por la OPE y que iba a llevar a la oposición en pleno a decidir votar a favor de la reprobación de Darpón el próximo 21 de marzo. El seguimiento de Urkullu de esta crisis ha sido constante y en primera persona. Algunas voces han ironizado que ha aplicado un 155 en Salud, ya que dos de sus asesores han tomado posiciones como director general de Osakidetza y como responsable de comunicación.

La última reunión conocida entre Urkullu y el ya exconsejero se produjo este miércoles en el Parlamento y duró unas dos horas. De ella Darpón salió “jodido”. El rictus serio le había acompañado también en las últimas semanas. Públicamente, había asegurado que valoraría su continuidad si la oposición lograba sacar adelante la reprobación, aunque sea una resolución no vinculante.

Jon Darpón Sierra (Bilbao, 1959), médico de carrera y gestor sanitario de vocación, llegó con Urkullu al Gobierno aquel 2012. Tras haber ocupado cargos intermedios durante los mandatos del PNV, durante la etapa de Patxi López pasó al sector privado (IMQ). La primera reacción cuando se conoció el escándalo en torno a la OPE fue negar que hubiera pruebas o “elementos objetivos” que probaran las informaciones periodísticas y denuncias políticas, sindicales e internas. Para la historia quedará su frase recordando que “esto no es Venezuela” y que en un Estado de Derecho no basta con sospechas. Más tarde se conoció que Osakidetza no sólo conocía las posibles irregularidades de antemano, sino que decidió no investigarlas hasta que el caso estalló públicamente.

En puridad, aunque Darpón nunca ha reconocido públicamente que se hayan producido filtraciones en la OPE -algunas voces aluden a un sistema de enchufismo generalizado- en muchos momentos ha actuado dando por supuesto que sí las ha habido. En estos meses, por ejemplo, se han paralizado temporalmente algunas categorías médicas y se ha planteado cambiar el modelo de oposiciones.

Con Darpón se va un consejero con carácter y un estilo de hacer política. Una parlamentaria del PSE-EE, estando en la oposición, criticó duramente sus “darponazos”, sus clásicos dardos dialécticos. Curiosamente, ahora han sido los socialistas sus únicos apoyos frente a la oposición. Será recordada su 'recomendación' al representante de Elkarrekin Podemos Juan Luis Uria, médico como él, de que hiciera más ejercicio para evitar el sobrepeso.

Darpón ha gestionado el área con más presupuesto de la Administración, con una dotación de más de 3.500 millones anuales. Osakidetza en un servicio bien valorado e incluso tuvo como 'premio' en los últimos días ser recibido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, para aprender del funcionamiento de la Sanidad pública vasca. Sin embargo, Euskadi no es ajena a problemas como el colapso en atención primaria -con movilizaciones en ciernes- o las listas de espera.

“Osakidetza es bastante más que una OPE. ”Estamos operando gente, atendiendo partos, … Decenas de miles de personas están siendo atendidas en este momento. No le quiero quitar valor al tema pero no hay ningún hecho probado“, reflexionó Darpón en una de sus últimas ruedas de prensa.

La suerte está echada para el consejero de Salud, Jon Darpón. El final del plazo reglamentario para la presentación de enmiendas -este miércoles a las 12.00 horas- permite atisbar ya, salvo sorpresas de última hora, que el pleno del Parlamento Vasco del próximo jueves, 21 de marzo, reprobará con los votos de toda la oposición al titular de Salud al considerarlo el máximo responsable político de las irregularidades en la OPE del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) del pasado año, un caso ya investigado por la juez de Vitoria Yolanda Varona.

A la propuesta original de Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos), la más beligerante con una crisis que ella ha bautizado como “las OPE dopadas”, no se oponen ni el PP -que no ha presentado enmiendas- ni EH Bildu, que sólo plantea la adición al texto de una cláusula que, según publica 'Gara', incide en que Darpón quedaría inhabilitado para continuar en el cargo en estas circunstancias. Las tres formaciones suman 38 de los 75 escaños del Parlamento frente a los 37 de PNV y PSE-EE, que defenderán la continuidad del consejero de Salud, según han confirmado fuentes parlamentarias.

Al no ser la reprobación vinculante, EH Bildu pretendió reforzar el pronunciamiento de la Cámara añadiendo una petición expresa de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, destituyese al consejero reprobado. Sin embargo, los servicios jurídicos, de manera informal, advirtieron de que esa enmienda debería ser corregida porque podría ser tumbada al existir un procedimiento específico sobre la censura de miembros del Gobierno cuyos pasos no se han seguido. Así las cosas, la coalición abertzale -con el visto bueno de los letrados- ha registrado a última hora una nueva enmienda más genérica denunciando la inhabilitación del consejero para seguir en el cargo en caso de ser reprobado. Además, de salir adelante la votación como se prevé, elevará la presión política al lehendakari para que destituya a Darpón.

La alternativa de que se presente una moción de censura por los cauces que regula el reglamento parece descartada, de momento, porque no habría tiempo material para hacerlo en los plazos que maneja la oposición, antes de que el 11 de abril se suspendan los plenos por la sucesión de períodos vacacionales y la convocatoria de elecciones. En la oposición, sólo EH Bildu podría activar este mecanismo, ya que se exige la solicitud de un sexto del hemiciclo, 12/13 parlamentarios. 

Al mismo tiempo, ese 21 de marzo el Parlamento valorará otra propuesta de EH Bildu para que se constituya una comisión de investigación como la que existió hace dos décadas en torno al pucherazo en la primera OPE de Osakidetza. En principio, el PP se muestra reacio a dar este paso habiendo una investigación judicial en marcha y podría repetirse la fotografía de hace unos meses, cuando Elkarrekin Podemos y EH Bildu no consiguieron sacar adelante la comisión.

Megáfono en mano y “por la gracia de Dios todopoderoso”, Roberto Sánchez, uno de los tres anestesistas que denunciaron la manipulación de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), se ha autoproclamado este martes “consejero encargado” de Salud de Euskadi. Arropado por Manoel Martínez y Marta Macho, el facultativo ha imitado irónicamente al venezolano Juan Guaidó y ha imaginado una nueva Osakidetza sin Jon Darpón y en la que nadie sea “castigado por decir la verdad” sobre las irregularidades internas. Su 'revolución' ha sido recibida con vítores.

Los tres denunciantes del fraude en la OPE de Osakidetza, ahora en manos de la Fiscalía, han sido arropados por el medio centenar de personas que colmaban desde primera hora la entrada del hospital del Alto Deba, encajonado en Arrasate-Mondragón y donde trabajan estos médicos. En este arranque de 2019 han denunciado estar sufriendo represalias por haber puesto cara y voz a las denuncias de filtraciones de exámenes en las oposiciones de Osakidetza para beneficiar a candidatos muy concretos. Bajo el lema 'Basta de cacicadas', es la primera movilización de estas características y, según Sánchez, esta “lucha” se extenderá desde el pequeño centro comarcal a toda la Sanidad vasca.

Los tres anestesistas eran de los pocos médicos en el lugar. “Estoy buscando, pero no veo a ninguno”, explicaba una mujer con pijama rosado que acompañaba a los denunciantes junto a otros auxiliares y enfermeros. También se apreciaban uniformes de personal de emergencias. En verdad, había en el lugar una cirujana y otros colegas de los denunciantes. Y algún residente que prefería no comentar nada a los medios de comunicación. Pero eran la excepción. Un jefe de servicio, de hecho, ha pasado de largo al ver la nutrida y ruidosa concentración.

Sí se han desplazado hacia la localidad guipuzcoana delegados de los sindicatos ESK -al que están afiliados Sánchez, Macho y Martínez- y LAB, los dos más beligerantes desde que esta cuestión estalló allá por junio del pasado año. Jesús Oñate (LAB) ha recordado que el gerente del centro hospitalario de Arrasate-Mondragón era presidente de un tribunal de la OPE, concretamente del de Cardiología, una de las especialidades más señaladas por las anomalías detectadas. Oñate ha criticado también la desaparición de los servicios de Microbiología y Anatomía Patológica, ya que se han centralizado los laboratorios en Vitoria.

Patxi Nicolau (ESK) se ha referido también a la gerencia del Alto Deba. “Cumple a rajatabla las órdenes dadas por el señor Darpón y por el señor [Juan Luis] Diego, director general de Osakidetza, para que cualquier atisbo de disidencia o de denuncia sea cortado de raíz”, sostiene ESK. También se han acercado las parlamentarias de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga -con otras compañeras- y de EH Bildu Rebeka Ubera, ambas portavoces en la comisión de Salud.