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Elkarrekin Podemos registra una ley para proteger a los denunciantes de corrupción en Euskadi

Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez, denuciantes de las irregularidades en la OPE de Osakidetza

Iker Rioja Andueza

La coalición Elkarrekin Podemos registrará este martes en el Parlamento Vasco una proposición de ley para promover las denuncias de corrupción e irregularidades y para “proteger” a esos “alertadores”. “Se hace imprescindible establecer mecanismos de protección a las personas que realicen dichas denuncias, a las que hemos denominado personas alertadoras”, explican fuentes de la formación, que escenificarán la presentación de esta iniciativa con una comparecencia en la que estarán presentes los anestesistas de Osakidetza que denunciaron el pasado año el fraude en las oposiciones médicas y que ahora temen por su puesto de trabajo.

Estas fuentes explican que el texto sigue el modelo propuesto por el 'lobby' XNET. Se trata de una asociación anticorrupción creada hace una década y que ha articulado un buzón para recoger denuncias por Internet. En su 'web' destaca que su trabajo ha permitido destapar casos en toda España como los papeles de Miguel Blesa o las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Una iniciativa política similar se está tramitando ya en el Parlament catalán merced al apoyo de Junts per Catalunya, ERC, PSC, Catalunya en Comú-Podem y la CUP. 

Elkarrekin Podemos desea blindar por ley “una serie de derechos de las personas alertadoras como son el derecho a la seguridad, a la indemnidad económica y laboral, el derecho al anonimato, el derecho a ser parte en el proceso o el derecho a la asistencia efectiva y asesoramiento jurídico”. “Básicamente, que no pierdan trabajos o contratos”, indican desde esta formación citando el caso de los anestesistas de Osakidetza. También otros denunciantes como los de Pinosolo o el 'caso De Miguel', Diego Garteiz y Ainhoa Alberdi, han lamentado el precio que han tenido que pagar tras dar el paso de sacar a la luz aspectos oscuros de la política y la contratación pública.

Entre las instituciones afectadas por esta normativa estarían “la Universidad y el Parlamento Vasco”, además de la estructura del Gobierno y sus sociedades públicas. La propuesta abre el abanico, asimismo, para investigar prácticas irregulares en el ámbito “privado”, es decir, en partidos políticos, sindicatos o, en general, organismos y empresas que reciban financiación pública. 

Ya hay una iniciativa de EH Bildu en trámite

Se da la circunstancia de que el Parlamento Vasco, a instancias de EH Bildu, tramita ya otra ley para la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción siguiendo el modelo de Navarra. Una parte de su articulado se centra también en la creación de un buzón anónimo para recibir información sensible. 

Tras su admisión a trámite en el último pleno de 2018 (sólo el PP se abstuvo), la Mesa de la Cámara abrió la pasada semana el plazo de enmiendas, que se acabará el 22 de febrero. Teniendo en cuenta que ambas iniciativas tocan un tema similar, no sería descartable que la Mesa frenara por “reiterativa” la proposición de ley de Elkarrekin Podemos, aunque nada impide que esas propuestas puedan ser incorporadas vía modificaciones del texto de EH Bildu ahora en debate. Es más, ambas formaciones necesitan apoyos de otros partidos para lograr la aprobación de estas medidas anticorrupción.

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