El relato tras ganar la paz

Hace algunos días, Ramón Jáuregui publicó un texto de opinión sobre el desarrollo del relato sobre lo ocurrido con la violencia terrorista de ETA. Su título puede darnos idea de cuál es la hipótesis principal: 'Ganar la paz y perder el relato'. Desde el respeto más absoluto, sin intención de polemizar, me gustaría puntualizar ciertas cuestiones que entiendo se plantean de forma equivocada.

En primer lugar, el uso de la historia ficción. Comienzo por ella porque para cualquier historiador, lo de usar la ficción para sostener una hipótesis de análisis histórico real no es algo que nos guste demasiado. A mí, al menos, no. La frase en cuestión es: “dudo mucho que el golpe de Tejero de 1981 se habría producido si ETA no hubiera existido, matando a casi cien personas cada uno de aquellos años terribles”.

Es decir, simplifica de manera excesiva las causas del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para poder ajustarlo a su postura. Efectivamente, la violencia de ETA generó un clima de fuerte tensión y malestar en el estamento militar franquista. Nadie puede cuestionar eso. Sin embargo, las causas del 23-F respondían a un entramado complejo de factores. Por un lado, el rechazo instintivo de sectores involucionistas de las Fuerzas Armadas al proceso democratizador. Por otro lado, la legalización del Partido Comunista de España (PCE). Debemos tener en cuenta también la reforma autonómica. Por último, la crisis política interna de UCD y la dimisión de Adolfo Suárez.

Atribuir el origen del golpe casi en exclusiva a la existencia de ETA minimiza la responsabilidad del propio golpismo de matriz franquista e introduce una especulación no demostrada y no demostrable historiográficamente.

En segundo lugar, la visión reduccionista del pasado. La frase en cuestión es: “La voluntad colectiva de pasar página se observa fácilmente en nuestra sociedad de hoy... Nadie quiere hablar de aquel pasado, como ocurrió en otras sociedades después de sus propias tragedias”.

Cuando hablamos de estos escenarios, inevitablemente nos viene a la cabeza el caso alemán. La idea que expone Jáuregui sobre que las sociedades tienden, de forma general, a pasar página u olvidar tras momentos traumáticos choca con ejemplos como el de la Alemania de la posguerra. 

A pesar de todos los reproches que se puedan hacer, como la presencia de exnazis en la Educación, Justicia, Policía de la República Federal Alemana (RFA), bajo una especie de fase inicial de silencio que abarcó los primeros años de la posguerra, desde finales de 1950 la RFA desarrolló un proceso educativo y judicial de confrontación y memoria activa sobre los crímenes del nazismo. Lo llaman 'Vergangenheitsbewältigung' y se traduce como “hacer frente al pasado”, “hacer las paces con el pasado” o “lucha por llegar a un acuerdo con el pasado”.  

Junto a este podemos observar otros como el de Sudáfrica o Irlanda del Norte. 

En el caso sudafricano, por ejemplo, vemos que tras el fin del apartheid crearon la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Fue este el eje central de la política de memoria del país. Su intención era investigar las violaciones a los derechos humanos mediante testimonios públicos de víctimas y victimarios, priorizando la reconciliación nacional sobre los castigos judiciales tradicionales. A pesar de todo, no ha sido perfecta y pueden criticarse muchos de sus aspectos. 

En el caso irlandés, la cosa es más complicada. Las ciudades de Belfast o Derry son espacios urbanos llenos de memoria: los murales callejeros. Sin embargo, cada comunidad mantiene vivos sus propios relatos y que, evidentemente, son contrapuestos. Además, la fragilidad del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 no daba mucha opción a abrir narrativas sobre lo ocurrido al momento de firmarse la paz.

Sin embargo, el silencio social inicial no implica necesariamente un consenso colectivo de olvido. La realidad es que estamos ante dinámicas complejas de asimilación del duelo y normalización política. Asumir de forma simplificada que el deseo social de no hablar del conflicto equivale a una renuncia moral generalizada, como hace Jáuregui, cuando menos es una lectura debatible.

Llama poderosamente la atención que eluda un ejemplo claro de lo que ha sido pasar la página sin leerla: la 'Transición' española. Vendida como un ejemplo, la realidad es que no generó ninguna lectura o revisión del pasado dictatorial anterior. Su propio proceso fue adulterado en positivo para eludir la realidad de lo sucedido. 

La Ley de amnistía de 1977, dentro del marco de esa 'Transición', supuso hasta la Ley de Memoria Histórica de 2007 un silencio atroz para las miles de familias que hoy en día aún siguen buscando a su familiar desaparecido en cientos de fosas surgidas durante los años posteriores a la Guerra Civil. Si bien a nivel académico universitario existía debate, a nivel más bajo, a nivel escolar obligatorio el silencio sobre la dictadura y la ‘Transición’ fue evidente hasta 2007. No porque no se impartiese en los colegios, sino como Jáuregui plantea: cómo se daba, en qué se incidía.

La propia demostración de que aquella ley, la de 2007, con todas sus imperfecciones supuso un golpe de realidad colectiva fue porque planteaba, por primera vez desde la muerte de Francisco Franco, cuestiones necesarias: reparación moral de las víctimas; una condena oficial del franquismo; declarar a los tribunales franquistas como ilegítimos; la exhumación de las fosas comunes; la obligatoriedad de la retirada de símbolos y monumentos públicos franquistas; la nacionalidad para los hijos y nietos de los exiliados políticos.

Estamos hablando de 2007, un silencio institucional de 32 años. El golpe de realidad es equiparable al que tuvo que afrontar la sociedad alemana en 1957 con la lucha del fiscal general alemán Fritz Bauer para llevar ante la justicia a los criminales de guerra nazis que la propia sociedad y las instituciones de la Alemania de la posguerra intentaban encubrir u olvidar. 

En el caso vasco, al contrario que en el caso español con respecto al franquismo, existen herramientas como el programa de víctimas educadoras llamado 'Adi-Adian' y gestionado por el Gobierno Vasco. Alguien podría decir que es insuficiente, sin duda. Pero tengamos en cuenta que este programa echó a andar en 2014, apenas tres años después de la declaración unilateral de cese armado definitivo de ETA en 2011. Antes le precedió el Plan para la Convivencia Democrática y la Deslegitimación del Terrorismo, del Gobierno socialista de Patxi López, en el que se incluía un proyecto de materiales didácticos para deslegitimar el terrorismo y llevará a las aulas testimonios directos de víctimas del terrorismo. Sin duda, mucho más avanzado que lo realizado con el franquismo.

A pesar de todo, una de las primeras propuestas que hice a la consejera de Justicia, llegado al cargo de director de DDHH y Atención de Víctimas, en la primera reunión del Departamento al inicio de la legislatura, fue que la mejora y el impulso de 'Adi-Adian' pasaba inevitablemente por la introducción de este en el programa lectivo escolar. Hoy en día, sigo siendo un firme defensor de esta propuesta para que de manera obligatoria todos los estudiantes puedan tener acceso a los testimonios de todas las violencias ocurridas (ETA, GAL, BVE, policial, etc.). Lamentablemente, es competencia del Departamento de Educación.

En tercer lugar, la contradicción sobre la victoria de la democracia vs. la pasividad social del pasado: afirma que el fin de ETA fue una “victoria clara de la democracia”; por otro, sostiene que la sociedad vasca “quería eludir las preguntas incómodas” y que “premió su decisión de poner fin a su violencia” en las urnas.

Me surge una pregunta: si el fin del terrorismo fue una derrota policial, judicial y política del terrorismo mediante las instituciones democráticas, ¿no resulta contradictorio achacar el resultado electoral de la izquierda abertzale a un “premio” de una sociedad pasiva?

Sumemos que, en la evolución del voto en Euskadi, como en cualquier otro lugar, Jáuregui obvia que intervienen múltiples factores sociopolíticos, socioeconómicos y de gestión pública, y no únicamente el juicio ético retrospectivo sobre la violencia terrorista.

En cuarto lugar, la exigencia de relato oficial y la imposición de “peticiones de perdón institucionales” como en la siguiente frase: “ahora que se habla de nuevo estatus para Euskadi y se pretende la incorporación de la izquierda abertzale al nuevo marco jurídico-político, cosa que personalmente considero necesaria, no estaría que les exigiéramos dejar esto muy claro en el preámbulo del nuevo estatuto”. 

A nivel historiográfico y en ciencia política existe un amplio debate sobre si los preámbulos legislativos o la ley deben imponer un relato oficial o una verdad histórica única dictada desde el Estado. De no ser complicado este debate la Constitución de 1978 habría tenido un preámbulo similar al que Jáuregui solicita. 

Pretender crear un relato definitivo mediante normas administrativas o estatutarias entra en conflicto con la libertad de análisis historiográfico y la diversidad de memorias políticas en sociedades plurales, por deseable o ético que resulte el rechazo absoluto de la violencia. Insisto, de no ser así la Constitución española tendría un abultado preámbulo de condena expresa de la dictadura franquista. Sin embargo, no lo tiene.