El Gobierno vasco ve próxima la liquidación de Tubos Reunidos y deriva toda la responsabilidad sobre la SEPI

El Gobierno vasco ve próxima la liquidación de Tubos Reunidos y deriva toda la presión sobre la SEPI, con la que la empresa en concurso de acreedores mantiene una deuda de 150 millones de euros, y a la que el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha señalado este martes una vez más como la única que puede tener la llave de la salvación de la empresa vasca. Jauregi ha anunciado que este miércoles habrá una reunión entre el Gobierno vasco, el organismo estatal y los cinco posibles compradores, cuyo objetivo fundamental parece ser que los responsables de la SEPI expliquen de forma directa a los ofertantes lo que llevan defendiendo desde hace meses: que no es posible una quita de la deuda y que sólo cabe un aplazamiento, por un lado, y por otro, que los posibles compradores expliquen que sin quita de la deuda no habrá compra.

Este pasado lunes la SEPI remitió una carta a la administración concursal en la que insistía en su disposición a ofrecer “flexibilidad”, es decir, ampliar los plazos de pago e incluso reducir los intereses, ya que una quita de la deuda es imposible porque sería considerada por Bruselas como una ayuda de Estado. “Eso es como ofrecer una aspirina a un enfermo en la UCI, cuando Tubos Reunidos necesita un tratamiento de choque, no una aspirina”, ha comparado Jauregi. El consejero ha señalado que esperan que la SEPI “haga más”. “La ecuación es muy simple, sin quita de la deuda de SEPI, nos quedamos sin inversores y sin inversores se cierra Tubos Reunidos”, ha advertido.

La SEPI ha remitido como aval de que no puede hacer una quita la respuesta a una consulta a la Comisión Europea que tanto desde el Gobierno vasco como desde la administración concursal consideran que no es definitiva. Al parecer, la administración concursal ha manejado otros informes que dan por buena la posibilidad de que la deuda que la empresa mantiene con la SEPI sea subordinada, y que, por lo tanto, se coloque a la cola del cobro, y no tenga que ser asumida por los posibles compradores. Esta es la posibilidad, que se barajó ya en el momento de la declaración del concurso de acreedores y con la que los cinco ofertantes realizaron sus propuestas de compra, dando por sentado que la deuda con la SEPI, 150 millones de dinero público, desaparecían de la ecuación. De hecho, lo poco que ha trascendido de esas ofertas se refería a los centros de producción que asumían y que todos contemplan reducción de plantilla, aún por determinar, pero ninguna referencia a la deuda.

Por eso, los ofertantes han acogido con sorpresa que la SEPI se ratifique en lo que siempre había defendido, que no es posible una quita, pese a que el procedimiento concursal parecía abrir otras vías. Y de hecho, los cinco ofertantes, entre los que está el grupo indio Welspun, Sidenor y Tubacex, han cancelado las reuniones que iban a mantener con los representantes de los sindicatos hasta que no se clarifique el tema de la deuda.

“Ya estamos en los minutos de descuento y la jueza concursal va a pitar el final del partido en cualquier momento y, con el resultado actual, Tubos Reunidos se va irremediablemente a la liquidación. Aquí no vamos a perder la esperanza, vamos a seguir hasta el último segundo, pero tiene que haber un cambio radical de la posición de SEPI”, ha manifestado el consejero de Industria, en el enésimo mensaje del PNV en la misma dirección.

En este sentido, ha confiado en que se produzca ese cambio “cuando vea que los inversores se van a marchar si no hay, como antes se pedía, un tratamiento de choque”. Lo cierto que es que las ofertas por Tubos Reunidos van desde un euro a 27 millones de máximo, así que parece muy complicado que ninguna quiera asumir 150 millones de deuda, y que seguirá creciendo. “Sería terrible que lo que en origen fue un salvavidas para rescatar a Tubo Reunidos ahora se convierta en un ancla que le está llevando la compañía al fondo del mar”, ha señalado Jauregi en referencia a los orígenes de la deuda, que parte de un crédito de 112, 8 millones de euros con el que se rescató a la empresa en 2021, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar con dinero público a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19.

Ahora supera ya los 150 millones por los intereses. Este tipo de crédito se otorgó a otras empresas, que bien lo han pagado o lo están haciendo, por lo que el organismo público siempre ha defendido que no puede dar un trato diferente a Tubos Reunidos. Hasta el momento, SEPI no ha accedido más que aplazamientos de los pagos en el caso de empresas en dificultades, nunca a una quita.

A lo que no ha hecho referencia en ningún momento Jauregi es que la concesión de este crédito e incluso una primera flexibilización está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que el expresidente de SEPI, el socialista Vicente Fernández Guerrero, que luego fue asesor de Tubos Reunidos un tiempo, mediara a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo. La investigación que sigue su curso pero está en este momento en pausa, ya que comparte causa con todo lo relacionado con las denominadas 'cloacas' del PSOE y es eso lo que está avanzando en estos momentos, pero están imputados varios exdirigentes de Tubos Reunidos, así como los socios de Fernández Guerrero, el empresario Antxon Alonso y la también socialista Leire Díez.

El consejero se aferra a que en la respuesta de Bruselas a la consulta de la SEPI sobre si es posible la quita de la deuda se deja abierta la posibilidad de concretar la consulta. En concreto se señala que la negativa a la quita “no es la posición definitiva de la propia Comisión Europea, sino una mera opinión preliminar formulada por los servicios de la Dirección General de la competencia sobre la base de la información disponible en la actualidad”. En este sentido, señalan que quedan “a disposición de las autoridades administrativas o judiciales competentes en función del seguimiento que entiendan dar a su consulta, especialmente si procede la notificación previa de la supresión de obligación de reembolso en nominal e intereses de ayudas concedidas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas Estratégicas al Grupo Tubos Reunidos”.

No obstante, ya se abre el camino a una necesaria consulta a Bruselas para cualquier cuestión de modificación de esta deuda, que podría llevar muchos meses de tramitación. Un tiempo que no parece que le sobre a Tubos Reunidos, con liquidez sólo garantizada para pagar las nóminas de sus más de 1.000 trabajadores para este mes. El propio consejero ha considerado que “esta carta a Europa pidiendo 'ayúdanos' parece que es ponerse la venda antes de la herida y tiene unas consecuencias desastrosas porque ha ahuyentado a los inversores”. Jauregi ha señalado que se debe tener en cuenta el “bien común” que es “salvar” a Tubos Reunidos y ese “tiene que ser el objetivo” de todos.

El concurso de acreedores que arrancó en el mes de junio, ha entrado en su fase más delicada a las puertas de la campaña electoral y los mensajes que se lanzan hacen cada vez más evidente que nadie quiere aparecer como el que haya dejado caer la empresa. Desde el PNV señalan a la SEPI, y desde el PSE-EE insisten en que la SEPI está limitada por Bruselas y que no se puede hacer una quita. Frente a las presiones del PNV y del consejero de Industria, el portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Patxi López, ha afirmado este martes que sería “ilegal” una quita de la deuda de Tubos Reunidos con SEPI y ha negado “inflexibilidad” en este organismo que está “dispuesto a sentarse con quien haga falta para ver cuáles son las mejores fórmulas”. “Si uno se quiere mantener dentro de la ley, de la legalidad, la Unión Europea impide hacer quitas. Se puede flexibilizar las condiciones de la devolución del dinero, pero no puedes hacer quitas”, ha insistido.