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"Sabíamos que tarde o temprano iban a intentar vengarse por denunciar la OPE de Osakidetza"

Los anestesistas que denunciaron las irregularidades en las oposiciones secundan una ley de Elkarrekin Podemos para "proteger" a estos "alertadores": "En países del Norte de Europa esto estaría recompensado"

Marta Macho y Roberto Sánchez, con la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga

Marta Macho y Roberto Sánchez, con la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga ELDIARIONORTE.ES

"Nosotros hemos dado la cara porque, si no, no hubiera tenido fuerza esto. Y no tendría que ser necesario ser un kamikaze. Sabíamos que tarde o temprano iban a intentar vengarse y ese momento ha llegado", reflexionan Roberto Sánchez y Marta Macho, en nombre también de Manoel Martínez. Ellos son los tres anestesistas de un pequeño hospital del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), el del Alto Deba, que denunciaron públicamente lo que ahora investiga la Fiscalía y ha motivado ceses en el Gobierno: que las oposiciones médicas de Osakidetza estaban teledirigidas para que las plazas las lograran aspirantes muy concretos.

Sánchez y Macho han comparecido este martes ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco durante la presentación de la proposición de ley de Elkarrekin Podemos para "proteger" a los "alertadores" o denunciantes de casos como éste y otros de corrupción. Los facultativos han descrito su ostracismo y han reiterado, como publicó este periódico, que está en riesgo su posición laboral a pesar de que poco a poco se van confirmando algunas de sus denuncias. "En países del Norte de Europa esto estaría recompensado", han lamentado estos profesionales, que continúan recabando toda la información posible sobre Osakidetza.

Se han sentido como "herejes" al romper una ley no escrita de silencio en el Servicio Vasco de Salud, según relatan. "La primera reacción es que nos dijeron que arriba andaban buscando una soga para ahorcarnos", comentan. Y no son los únicos comentarios de pasillo o quirófano que les han llegado a sus oídos. "Le oí a uno con carné del PNV decir que en Sabin Etxea nos tenían muy vigilados y hemos visto otras actitudes hostiles", desgranan Sánchez y Macho. La normativa que plantea de Elkarrekin Podemos contempla la posibilidad de protección incluso policial en los casos más extremos. ¿Ha sido éste uno de ellos? "No creo que hayan llegado a tanto, pero las expresiones verbales eran agresivas", responde Sánchez. Su compañera apostilla: "Hemos estado a punto de activar alguna vez el protocolo de acoso".

Una tramitación complicada

La parlamentaria morada Cristina Macazaga tiene claro que "las personas no dan el paso de denunciar si no se ven protegidas". Según sus datos, el 36% de los denunciantes sufrieron represalias y la implantación de mecanismos seguros de alerta "puede suponer unos beneficios potenciales en la contratación pública de entre 5.900 y 9.600 millones de euros anuales y de entre 50.000 y 70.000 millones de euros en ingresos fiscales": Evidentemente, los datos no son exclusivamente del ámbito vasco, aunque Macazaga ha indicado que "su microclima no es ajeno al clientelismo y a la corrupción". 

Lo que no escapa a la presentación de esta proposición de ley es que su aprobación no resultará sencilla. Ni siquiera su tramitación está garantizada, al menos formulada como propuesta independiente, dado que la Cámara ya tiene abierto, a instancias de EH Bildu, el debate sobre una ley anticorrupción. Macazaga no ve motivos para que la Mesa frene este texto por "reiterativo" pero concede que "es posible que se tramite conjuntamente", dado que "complementa" y "da contenido" a la oficina anticorrupción propuesta por EH Bildu. 

Resarcimiento económico para denunciantes y protección policial

La propuesta de Elkarrekin Podemos para proteger a los denunciantes de corrupción o 'whistleblowers', en inglés, extiende su ámbito de aplicación no sólo a los casos clásicos de cohecho o soborno, sino también a delitos medioambientales, a problemas de salud públicay a abusos comerciales o financieros. En general, a "cualquier información" que afecte al "bien común". Se abre el abanico a denunciar casos en toda la Administración vasca -en sentido amplio, contando sociedades públicas y organismos satélites-, aunque no se hace mención al sector público estatal. Igualmente, se plantea extender la ley al ámbito privado siempre y cuando se trate de grandes corporaciones o entidades financiadas con dinero público, lo que incluye a partidos políticos y sindicatos. La norma tiene en cuenta las especiales dificultades protección en el caso de denunciantes que no sean funcionarios. En el 'caso Pinosolo', por ejemplo, Diego Garteiz sufrió consecuencias económicas directas en su negocio y la denunciante del 'caso De Miguel', Ainhoa Alberdi, explicó también que le habían sugerido no presentarse a más concursos públicos. Para ello, Elkarrekin Podemos apunta la necesidad de abrir una "línea de ayudas", que se abonarán durante todo un año. En líneas generales, los 'alertadores' podrán contar incluso con protección policial llegado el caso. ¿Y las denuncias falsas? La norma deja claro que el hecho de que una investigación no prospere no es motivo de reproche para el denunciante: ha de haber una intencionalidad manifiesta de mentir. Según Elkarrekin Podemos, ha de ser el Parlamento Vasco, a propuesta de dos grupos y en un procedimiento de doble vuelta, el que elija al responsable de la oficina que gestione estas denuncias, cuyo mandato se extenderá durante seis años y a la que se le quieren otorgar competencias incluso para acceder a cuentas bancarias y practicar interrogatorios. Evidentemente, la existencia de investigaciones judiciales tendrían prioridad y detendría cualquier actuación de este tipo.

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