El acto de lanzamiento de la nueva coalición de izquierda tendrá como invitados a algunos de los rostros de relevancia durante el pasado ciclo político: la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el exministro de Consumo Alberto Garzón y el ex secretario de Derechos Sociales y exdirigente de Podemos, Nacho Álvarez serán algunos de los perfiles que acudirán a 'Un paso al frente'.

Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns y Movimiento Sumar presentarán este sábado el germen de lo que será la nueva coalición de la izquierda, el proyecto con el que esos partidos quieren superar a Sumar como elemento aglutinador del espacio político. Por ello, todas las fuerzas lanzaron una llamada a toda la “izquierda plurinacional y transformadora”, una invitación al acto y al proceso político que también busca incorporar a la sociedad civil.

Como respuesta a esa llamada también estarán en el acto una delegación de Esquerra Republicana y otra de EH Bildu, una presencia de valor político después del acto que organizaron el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, con una propuesta unitaria de la izquierda independentista que no refrendan las direcciones de ERC ni de los independentistas vascos.

Los partidos de la nueva alianza también contarán con el apoyo de diferentes movimientos sociales y de los sindicatos. Acudirá Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez, de UGT.

En el acto intervendrán representantes de los cuatro partidos, aunque no estará la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha preferido dar el protagonismo a los partidos y no asistirá. Hablarán por parte de Izquierda Unida, su coordinador general, Izquierda Unida; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por los Comuns; Lara Hernández, la líder de Movimiento Sumar; y Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid. También acudirán representantes del mundo de la cultura, como el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Nacho Álvarez ha decidido dimitir de todos su cargos en Podemos y volver a su actividad como profesor en la universidad. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, había enviado este viernes al partido de Ione Belarra una propuesta para que entraran en el nuevo Gobierno con Álvarez como ministro. El hasta ahora secretario de Estado de Derechos Sociales ha anunciado su dimisión después de la negativa de su partido a aceptar esa oferta. “Es evidente que la dirección del partido ha perdido la confianza que depositó en mí cuando me nombró miembro de la Ejecutiva del partido”, escribe en una carta a la militancia difundida en sus redes sociales.

“Considero que lo más honesto es dar un paso al lado y dimitir de mis cargos en el partido, dejando tanto la Secretaría de Economía como el Consejo Ciudadano Estatal y la Ejecutiva”, escribe en una nota en el que afirma que durante los últimos años ha tenido diferencias con la dirección en diversas ocasiones pero en el que considera que la auténtica lealtad pasa por “buscar puntos en común”. “Bajo esa premisa he entendido siempre mi compromiso político, tanto en Podemos como en Sumar, la coalición en la que nos hemos integrado”, dice.

Este viernes, los equipos negociadores de Yolanda Díaz habían trasladado a la dirección de Podemos una propuesta de acuerdo para que los de Belarra entraran en el Gobierno. Ese acuerdo pasaba por que el ministro de la cuota de Sumar fuese Álvarez y también comprometía a Podemos a cesar en los “insultos y ataques” a miembros de la coalición, así como a ir juntos en coalición en las próximas citas del ciclo electoral, como las europeas. Ione Belarra envió pocos minutos después una respuesta, a través de las redes sociales, en la que insistía en que la opción del partido para entrar en el Gobierno seguía siendo Irene Montero.

Tras la negativa de Podemos, Álvarez entiende que el partido ha perdido la confianza en su figura. El hasta ahora secretario de Estado de Derechos Sociales en el ministerio que dirige Belarra había mantenido que solo aceptaría ser ministro en caso de que su partido así lo defendiese. Tras los últimos movimientos de este viernes, anuncia que renuncia a dirigir una cartera en el próximo gobierno y que termina su etapa como parte de la dirección del partido al que pertenece desde su nacimiento.

Podemos pierde así a un técnico de gran prestigio, que se ganó durante la última legislatura el reconocimiento de sus interlocutores en el Partido Socialista y la total confianza de Yolanda Díaz, que lo propuso como portavoz económico en la campaña electoral, como negociador del acuerdo del Gobierno con los de Pedro Sánchez y ahora como ministro. Ese acercamiento a Díaz provocó sin embargo recelos en la dirección de su partido, que vio en ese movimiento una suerte de traición. Los recelos se mantenían hasta la fecha.

“Agradezco mucho la confianza que Yolanda Díaz ha puesto en mí pero yo no voy a aceptar ser ministro del próximo gobierno si la dirección de mi partido no lo comparte ni lo aprueba. En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo institucional al margen de la organización de la que uno forma parte”, dice en la carta a la militancia.

Álvarez hace balance de su etapa en Podemos, formación que califica como una “herramienta crucial”. No obstante, cierra su misiva con un mensaje a favor de la unidad. “La principal fortaleza de las fuerzas de izquierda y progresistas pasa por la unidad, y, sobre todo, por la fraternidad entre los diversos proyectos. No lo olvidemos, los partidos no se deben a sus responsables o a sus militantes, sino fundamentalmente a los ciudadanos a los que aspiran representar”, concluye.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado también en X a la noticia. “Me produce una enorme tristeza esta noticia. Gracias @nachoalvarez_ por todos estos años en los que he tenido la oportunidad de comprobar tu valía profesional y personal. Podemos no se merece estas estratagemas que ponen a nuestra gente a los pies de los caballos”, ha dicho.

El ahora exdirigente de Podemos abandona el partido después de casi una década. Álvarez ha estado siempre dentro de la ejecutiva de Podemos salvo en uno de los momentos más convulsos del partido, Vistalegre II, la asamblea que enfrentó a Pablo Iglesias con Íñigo Errejón en 2017. Entonces, Álvarez dimitió de su puesto en la dirección de la formación, junto a Carolina Bescansa, con quien impulsó una suerte de tercera vía para resolver la pugna interna que desangraba al partido.

Poco después, Iglesias “recuperó” al economista con un puesto de “invitado permanente” en la dirección. “Ha hecho un trabajo fundamental en la Secretaría de Economía, queremos que siga trabajando en esa área y él está de acuerdo”, dijo entonces Iglesias, ahora fuera de la política. Dentro del Gobierno de coalición, Álvarez negoció para Unidas Podemos todos los presupuestos generales de la legislatura y fue la cabeza detrás de algunas de las principales medidas económicas más importantes del Gobierno.

En su carta, asegura que ahora volverá a su trabajo como profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. “Seguiré trabajando por impulsar la igualdad, la libertad y una sociedad más justa y equitativa. Ese es el camino que sólo podemos recorrer de la mano de otros y con la voluntad de trazar un sendero común. Estoy seguro de que en ese camino seguiremos encontrándonos”, se despide.

El Ministerio de Derechos Sociales ha vuelto a reclamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que detenga el procedimiento de devolución de menores a Marruecos iniciado el pasado viernes, después de que un juzgado de Ceuta haya ordenado suspender la deportación de nueve de los niños tutelados por el Estado porque se está incumpliendo la normativa española. Además, reclama “información detallada de las actuaciones hasta ahora realizadas” y sobre el destino de los niños en Marruecos.

“Solicitamos que se detenga la operación de repatriación a Marruecos de personas menores de edad extranjeras que están a cargo de la Entidad Pública de protección española de la ciudad de Ceuta”, asegura una carta firmada por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la directora general de Derechos de la Infancia, Violeta Assiego. En la misiva, remitida a Interior este mismo lunes y a la que ha tenido acceso elDiario.es, se señala que el auto de la jueza “comparte las dudas” que ha mostrado Unidas Podemos en los últimos días con el proceso de repatriación puesto en marcha el viernes por la tarde por el Ministerio del Interior.

El mismo viernes, Derechos Sociales ya envió una carta al departamento que dirige Marlaska en la que advertía de un posible incumplimiento de la ley ya que el proceso “debe contar con un protocolo con entrevistas individualizadas a los niños” y el “conocimiento por parte de la Fiscalía”.

En la carta fechada este lunes, Álvarez y Assiego aseguran que sus dudas sobre el procedimiento también las han expresado “el Defensor del Pueblo, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organización de Naciones Unidas y numerosas organizaciones de infancia”. Y citan el auto judicial dictado esta mañana, que asegura que “ni se ha tramitado, cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo, ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación”.

La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ya reclamó durante el fin de semana al presidente, Pedro Sánchez, que interviniera para detener el proceso de repatriación ante las dudas legales que les generaba el operativo.

Fuentes del ministerio que dirige Ione Belarra aseguran a elDiario.es que vuelven “a ponerse a disposición del Ministerio del Interior, como ya hizo la semana pasada y meses atrás, para definir un protocolo que respete la ley y tenga todas las garantías”. De hecho, en la carta se afirma que Derechos Sociales “en ningún caso se opone a la reagrupación familiar de los menores” pero que primer hay que “definir aquellos protocolos de actuación que sean necesarios para que los niños y niñas que desean regresar con sus familias puedan hacerlo con seguridad, y sobre aquellos que no quieran retornar, y lo aconseje su interés superior que permanezcan en España, se adopte la medida de protección oportuna de forma individualizada”.

Unidas Podemos viene a reclamar que los niños y niñas que no deseen regresar, se queden en España “en condiciones dignas”. Y que los que deseen volver con sus familias puedan hacerlo en condiciones de seguridad. En este sentido, la carta también pide a Interior “información detallada de las actuaciones hasta ahora realizadas, así como conocer cuál es la entidad de protección en Marruecos que se ha hecho cargo de los menores ya repatriados y el protocolo de seguimiento establecido con esta para garantizar su retorno seguro”.

El Ministerio de Hacienda ha comenzado ya a trabajar en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, los segundos del Gobierno de Pedro Sánchez. Superado el cansancio que supuso la ardua negociación de los anteriores, que se prolongó desde enero de 2020 hasta que el Gobierno decidió ir directamente a por los de 2021, la coalición se prepara ya para una nueva batalla interna que luego se trasladará al resto de grupos del Congreso, donde los apoyos sí parecen más claros que los de hace un año.

El departamento que pilota María Jesús Montero activó esta semana el proceso al publicar la orden ministerial con las normas de elaboración de los presupuestos. El siguiente hito es el techo de gasto, que establece el límite de inversión pública y que supone la antesala de la aprobación de las cuentas públicas. El año pasado batió un récord gracias a la inyección de los fondos europeos, y en Hacienda esperan que la senda sea similar para el próximo ejercicio. 

La idea del Gobierno es presentar esas cifras en este mes de julio para que las cuentas públicas estén “en tiempo y forma”, que es lo que defendió este jueves Pedro Sánchez en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta). La Constitución marca que el proyecto del Gobierno debe comunicarse a las Cámaras el 30 de septiembre, como tarde. Un precepto que raramente se ha cumplido en la última década.

En la parte socialista del Gabinete no quieren profundizar en los detalles –argumentan que esos trabajos aún no han comenzado– más allá de cuestiones genéricas como la transición ecológica, la transformación digital, la modernización del tejido productivo, la igualdad de género o el impulso de la economía de los cuidados “abordando un plan específico que sitúe a las personas en el centro de la economía”. 

Con todo, el PSOE sí ha dejado algunos mensajes sobre qué quiere, y qué no quiere, en las cuentas de 2021. Sánchez envió el mensaje claro de que no será este ejercicio el que aborde la ambiciosa reforma fiscal que prometió en su investidura y que figura en el acuerdo de coalición firmado con Unidas Podemos. “No vamos a abrir en los Presupuestos de 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año”, sentenció en una rueda de prensa en Moncloa este viernes. El presidente explicó que la prioridad del Gobierno es la recuperación económica y la superación de la crisis de la pandemia.

Es el mismo argumento que esgrime para ralentizar el incremento del SMI, a pesar de que celebra la mejora de los datos económicos, especialmente los de creación de empleo. En junio, se ha registrado un dato histórico en reducción del paro.

En este caso, como en el de la reforma fiscal, el PSOE se encontrará con la oposición de Unidas Podemos a sus planes. Pero no solo. La aritmética parlamentaria llevará al Ejecutivo a tener que volver a armar el pacto presupuestario de finales de 2020. Y los posibles socios también tendrán sus posiciones en ambos temas.

La ministra de Hacienda encargó la elaboración de un informe sobre la reforma fiscal a una comisión de expertos que tiene de plazo para presentar sus conclusiones hasta 2022. Hasta entonces no se acometerán los cambios con los que la coalición pretende disminuir la brecha impositiva que separa a España de la media europea, de unos siete puntos. Fuentes gubernamentales no descartan que haya “pequeños retoques” en algunos tipos impositivos, pero no el grueso del planteamiento. 

En la negociación de las cuentas de 2021 esa fue una de las batallas que libraron PSOE y Unidas Podemos. El socio minoritario abogaba por establecer ya algunas de las promesas que figuran en el acuerdo de coalición, como el impuesto a las grandes fortunas o el incremento de la tributación de las grandes empresas. También presionó para que se subiera el IRPF a las rentas más altas. El acuerdo fue un camino intermedio en el que se incrementó en dos puntos el tipo del IRPF para rentas de trabajo superiores a 300.000 euros y en tres puntos para rentas del capital superiores a 200.000 euros, por debajo aún de lo que marca el acuerdo sellado por Sánchez y Pablo Iglesias. Además, se revisó el Impuesto de Sociedades, en el que se limitó la exención de tributación de dividendos y plusvalías de filiales al 95%.

Aquella negociación –al igual que la de las cuentas de 2019, que finalmente fue fallida por el rechazo de ERC– incluyó también asuntos eminentemente políticos. Iglesias presionó, sin éxito, para que se establecieran precios máximos a los alquileres. A cambio, el PSOE se comprometió a tener lista la ley estatal de vivienda en el primer trimestre del año. En aquel documento se incluyó una frase, “eventualmente bajada de los precios”, que esgrimen en Unidas Podemos para exigir unas medidas que José Luis Ábalos rechaza. De hecho, propone limitar las subidas al 10%, por lo que la ley sigue estancada.

También se pactaron entonces mejoras para el Ingreso Mínimo Vital que tampoco se han acabado de concretar. La tramitación parlamentaria de la nueva prestación, congelada durante un año, ha evidenciado las diferencias entre los socios de Gobierno.

En Unidas Podemos saben que la negociación presupuestaria equilibra un poco las fuerzas que los dos socios tienen en la coalición. Es el momento en el que, pese a que denuncian que tienen menos representación de la que les corresponde por peso electoral, se pueden abrir ciertos debates en el seno del Ejecutivo. Lo hicieron en 2020 y lo volverán a hacer, siempre basándose en el acuerdo de gobierno.

La negociación técnica con Hacienda la conducirá el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos desde 2014, Nacho Álvarez. El caballo de batalla será la reforma fiscal. En Unidas Podemos intentarán arrancar lo máximo posible, como ya ocurrió con las anteriores cuentas. En materia fiscal, como es habitual, pondrán el foco no tanto en subir o bajar impuestos, sino en a quién se les incrementa. Además, intentarán reducir la llamada tasa rosa, el IVA que pagan los productos de higiene femenina, pero con la intención de ampliarlo a otros productos relacionados con los cuidados, como los pañales. 

Una negociación con aliados claros

La pelea que esta vez no parece que se vaya a producir es la de los aliados parlamentarios, después de que Ciudadanos haya roto prácticamente todos los puentes con el Gobierno.

El bloque de la investidura salió reforzado de la anterior negociación presupuestaria tras el portazo que dio Inés Arrimadas a Moncloa tras semanas negociando. La intención de Sánchez era tirar de la “geometría variable” de la que se sirvió para aprobar las prórrogas del estado de alarma durante el confinamiento más severo pactando algunas políticas, como los presupuestos, por el centro-derecha, y otras con la izquierda.

Unidas Podemos presionó para priorizar a los socios de la investidura. Pablo Iglesias dijo entonces que si Sánchez optaba por los de Inés Arrimadas, sus votos se irían al no. El por entonces vicepresidente finalmente se llevó el gato al agua y zanjó para toda la legislatura el intento del líder socialista de buscar apoyos a uno y otro lado del Hemiciclo.

Esos aliados parlamentarios apremiaron a Sánchez durante el debate de los indultos a gobernar con determinación lo que queda de legislatura apoyándose en esas fuerzas. Para lograrlo, el Gobierno también tendrá que arremangarse para conjugar los intereses de un partido conservador como el PNV con fuerzas a su izquierda, como ERC y EH Bildu. Algo que ya ocurrió en el anterior debate presupuestario, en el que el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás, por ejemplo, en el impuesto al diésel. Los republicanos catalanes se presentarán a la negociación conscientes de que son más imprescindibles que en la anterior.

“Ustedes antes podían no hacer política y hacían matemáticas. De hecho, tenía un nombre: geometría variable. En definitiva, era la pulsión por pactar con Ciudadanos, porque sale más barato, porque son más banderas para todos y ya está”, expresó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que recordó que Ciudadanos “está hoy en la más absoluta inopia” y recordó al exvicepresidente Pablo Iglesias como uno de los “hacedores del actual escenario político”: “La única verdad es que hoy la estabilidad del Gobierno, la pervivencia del Gobierno, depende de las diferentes izquierdas con diferentes banderas que nos juntamos cada semana”. 

“Señor presidente, olvídese de ese ruido, olvídese del ruido y gestione. Dejemos de gesticular tanto ante la opinión pública. Hay una mayoría que apoyó la investidura, con la que se puede trabajar”, le dijo el portavoz del PNV, Aitor Esteban. “No nos importa lo que diga u opine el señor [Antonio] Garamendi, no nos importa lo que opine o diga el IBEX. Usted se comprometió con la ciudadanía a tomar políticas de izquierda que dignificasen la vida de la gente y eso es lo que debe importarle. Tiene la mayoría social y política para hacerlo”, dijo su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que se refirió a cuestiones como la reforma laboral, el crecimiento del SMI o la reforma de las pensiones, entre otras. 

Se rompe el idilio del Gobierno y la patronal

Esa advertencia llegaba, además, cuando el Gobierno había recibido el espaldarazo del presidente de CEOE por sus palabras favorables a los indultos. Sin embargo, el idilio del Ejecutivo con la patronal da ya síntomas de agotamiento ante la negociación de la derogación de la reforma laboral que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, pretende acometer antes de que acabe el año, y de los dos tramos de la reforma de las pensiones pendientes de cerrar.

La patronal tildó de “marxista” la propuesta del Ministerio de Trabajo que, entre otras cosas, plantea reducir la jornada como alternativa preferente a los despidos. En la firma en Moncloa del que ha sido el décimo acuerdo en el marco del diálogo social a propósito, en esta ocasión, de las pensiones, Garamendi ya advirtió de que la negociación sobre las fuentes de ingresos del sistema público de pensiones “será más complicada”. “Vamos a seguir hablando de flexibilidad y de que las empresas tengan libertad de gestión para conseguir empleo mejor y más digno en empresas más competitivas aprovechando los fondos [europeos] que van a llegar”, avisó a Díaz en ese mismo acto sobre la negociación en materia laboral.

Unos 200 menores no acompañados que ya están asentados en centros de acogida de Ceuta serán distribuidos en los próximos días por las comunidades autónomas para hacer hueco en dichos centros a los muchos niños solos que han llegado a la ciudad norteafricana en los últimos días como parte de la oleada de migrantes que han entrado en España a través de la frontera con Marruecos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha reunido este miércoles con los consejeros de los gobiernos autonómicos para analizar la situación y definir los criterios del reparto. Fuentes del departamento aseguran a elDiario.es que “la predisposición ha sido buena” y que ninguno ha rechazado formar parte del plan, pero de momento no se ha acordado el método que determinará cuántos niños van a cada sitio, aunque debería pactarse en los próximos días ante la situación de desborde que vive Ceuta.

“Las comunidades han mostrado su apoyo a la propuesta del ministerio para que las distintas regiones ofrezcan alrededor de 200 plazas de acogida para menores que ya estaban en centros de protección de Ceuta y cuya situación legal, escolar y sanitaria está atendida y regularizada por la Ciudad Autónoma”, asegura Derechos Sociales en un comunicado.

El traslado se podría hacer “de forma inmediata”, lo que permitiría liberar espacio para atender a los nuevos migrantes menores llegados. Tal y como ha asegurado esta misma mañana Belarra, el Gobierno “no se esperaba” la llegada masiva de personas porque “no responde a los flujos migratorios” habituales. D hecho, han cruzado la frontera muchos niños pequeños solos, “de 7, 8 y 9 años”, según ha desvelado la ministra, quien ha calificado su situación de “dramática”. “Muchos no sabían las consecuencias de cruzar la frontera y quieren volver. Estamos intentando que esos niños vuelvan a sus casas”, ha señalado en una entrevista en TVE.

Para estos casos, Belarra ha solicitado que se refuercen los servicios consulares para favorecer así el reagrupamiento de estos menores con sus familias, que se quedaron al otro lado de la frontera. “Estamos trabajando con el resto de ministerios para articular todos los mecanismos que hagan posible que estos niños tan pequeños puedan volver con sus familias en condiciones de seguridad y con todas las garantías jurídicas”, ha dicho la ministra.

Quejas de las comunidades del PP por los criterios

Pero estos son una parte de los cientos de niños, niñas y adolescentes que han cruzado a Ceuta desde el pasado lunes. La reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que ha durado unas tres horas, ha analizado cómo ayudar a que Ceuta pueda absorber en sus centros a los que viajan sin familia o la han perdido durante el viaje.

El secretario de Estado de Servicios Sociales, Nacho Álvarez, ha hecho una propuesta in voce que ahora deberán analizar y aceptar, o no, las diferentes comunidades autónomas, siempre partiendo de la base de que todas han mostrado “una buena predisposición”. La distribución de las plazas se hará siguiendo diferentes criterios: población, situación económica y por el impacto en acogida de los menores migrantes no acompañados de cada comunidad.

Pese a que todas han aceptado la premisa general, han sido varias las regiones que han protestado por estos criterios. Especialmente Andalucía que, según relatan fuentes del ministerio a este medio, se ha quejado de que Canarias, Melilla y la propia Ceuta queden fuera del reparto por la presión migratoria que sufren, y sin embargo no se aplique ese mismo criterio para dicha comunidad. De hecho, la Junta que dirige Juan Manuel Moreno ha cambiado en menos de 24 horas su posicionamiento. Del  “nosotros vamos a estar aquí esperándolos, porque son menores vulnerables que están llegando a nuestras costas” a “Andalucía no puede acoger a más niños”.

Otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, Murcia, Castilla y León o Madrid, también han expresado diferencias. Por eso en las próximas horas el Ministerio de Derechos Sociales y los consejeros perfilarán el número exacto de menores que pueden y quieren acoger, hasta alcanzar la cifra que el departamento de Belarra considera necesaria para paliar los efectos de esta crisis migratoria, devenida en crisis humanitaria, que afecta a Ceuta.

Devoluciones en caliente

La presión migratoria sobre Ceuta se ha reducido notablemente tras las miles de personas que llegaron a nado entre la tarde del lunes y la mañana del martes por el restablecimiento de los controles por parte de las autoridades marroquíes, pero también por las devoluciones en caliente que está ejecutando España. Muchos de los migrantes están regresando de manera voluntaria y actualmente el mayor tránsito se produce precisamente hacia Marruecos.

Esas “devoluciones en caliente” son uno de los principales puntos de fricción dentro del Gobierno de coalición. La ministra de Derechos Sociales ha recordado esta mañana que la ley establece que “se tienen que hacer con supervisión judicial y cumpliendo con los Derechos Humanos”, algo incompatible con devolver a miles de personas de forma inmediata al otro lado de la frontera. Con esta fórmula, es inviable por ejemplo determinar si hay menores no acompañados entre los devueltos a Marruecos, lo que incumpliría la ley.

“Tenemos la orden de llevarlos a todos de vuelta. Da igual que sean menores y el punto al que lleguen de la playa. Si son niños muy claros, a veces se les separa en grupos y los entregamos a la Guardia Civil, pero tampoco sabemos muy bien cuál es el protocolo a seguir”, explica un soldado a elDiario.es en las mismas calles de Ceuta. Interior defiende que estas devoluciones tienen cobertura legal porque son “rechazos en frontera”. Sin embargo, las devoluciones inmediatas han sido seriamente cuestionadas por la falta de garantías.

Aunque el Tribunal Constitucional avaló el pasado noviembre la normativa en la que se apoya el Ejecutivo para ordenar estas prácticas, exigía su aplicación en “entradas individualizadas” con “pleno control judicial” y en “cumplimiento de las obligaciones internacionales”, algo que no se cumple en la actualidad.

Una década después de que el sistema de ayuda a la Dependencia comenzara a sufrir una batería de recortes que lo dejó con una financiación que hacía imposible ofrecer un servicio de calidad, los Presupuestos Generales para 2021 recogen una inyección de 600 millones de euros. Pero el compromiso del Gobierno de coalición va más allá. Según el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 diseñado por la Vicepresidencia segunda, al que ha tenido acceso elDiario.es, esta inversión se replicará en las siguientes cuentas públicas de la legislatura de forma acumulativa, lo que supondrá unos 3.600 millones. Además, otros 2.500 millones del fondo europeo para la recuperación tras la pandemia irán destinados al sistema, aunque dependerán de los proyectos presentados por las comunidades autónomas. El montante en toda la legislatura rondará los 6.000 millones.

El plan ha sido debatido y finalmente aprobado por las comunidades autónomas este mismo viernes por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que reúne al Gobierno con los consejeros. De hecho, son los gobiernos autonómicos los responsables de ejecutar la mayor parte del presupuesto destinado a Dependencia. La reunión la presidirá el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

“El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se compromete a incluir en sus propuestas para los presupuestos de 2022 y 2023 nuevos aumentos, acumulativos, de una magnitud similar” a los de las cuentas 2021, recoge el documento. Es decir, 1.200 millones para 2022 y 1.800 para 2023. Este dinero, según el acuerdo, irá dedicado a “reducir sustancialmente la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes”, a “asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el sistema de Dependencia son adecuadas, como garantía de la calidad de la atención que reciben las personas beneficiarias del sistema” y a introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad“.

A este acuerdo se han sumado los agentes sociales. La secretaría de Estado de Derechos Sociales que dirige Nacho Álvarez ha cerrado con sindicatos y patronal su participación en el plan para intentar garantizar su cumplimiento. De hecho, en una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, Álvarez asegura que pese a abordar “un incremento muy ambicioso” en los Presupuestos de este año, “es necesario seguir planteando aumentos similares los años siguientes para, al final de la legislatura, habernos acercado a ese objetivo del 50% [de financiación] entre Estado y comunidades del que estábamos muy lejos cuando entramos en el Gobierno”. Actualmente, ese reparto es del 20% por parte del Gobierno y del 80% por parte de las comunidades.

El plan recoge también un calendario de implantación de las medidas que contempla, lo que permitirá trazar los cumplimientos tanto de la Administración Central como de las autonómicas y locales, cada una en función de su competencia. La idea, según el documento, es “priorizar aquellas que son más urgentes y que pueden aplicarse de forma más inmediata”. También se acompaña de “una estimación adecuada” del coste de cada una de ellas.

Teleasistencia en cada hogar en 2022

Así, por ejemplo, en febrero de este mismo 2021 debería estar lista una propuesta de mejora del procedimiento administrativo que permita reducir las listas de espera. En el primer semestre de 2021 también se revisará el sistema de copagos del servicio.

Uno de los puntos más esperados por las familias se refiere a la teleasistencia en el hogar. El plan recoge que en el segundo semestre del año deberá estar listo un acuerdo sobre teleasistencia que defina “condiciones del servicio, definición de la teleasistencia avanzada y su papel en el sistema”. Según el documento, “a lo largo de 2022” se deberá garantizar “el acceso al servicio de teleasistencia de todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio”.

Para permitir esta inversión el Gobierno recuperará las dos vías de financiación que eliminó Mariano Rajoy. Hasta 2013, el Ejecutivo aportaba a las comunidades autónomas una cantidad fijada en los Presupuestos llamado “nivel acordado”. Además, otra vía era el “nivel mínimo”, que se aportaba a cada región en función de diferentes indicadores, como el número de dependientes efectivamente reconocidos y atendidos.

2.500 millones de los fondos europeos

El impacto de la pandemia provocada por el coronavirus empujó a Europa a aprobar el llamado Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España recibirá unos 140.000 millones de diferentes formas y en distintas anualidades.

De ese dinero, unos 2.500 millones irán destinados al sistema de Dependencia, según fuentes gubernamentales. El destino de estos fondos serán las residencias, la teleasistencia, los centros de día o la formación de los trabajadores, entre otros. Solo para residencias, donde impactó de forma más brutal la pandemia en la primera oleada de 2020, están previstos 2.100 millones en tres años con cargo a Europa.

Estos fondos, con todo, dependen de los proyectos que presente cada comunidad autónomas. El Consejo Territorial de este viernes ha aprobado los criterios para el reparto del dinero proveniente de Europa, pero no todavía el montante que irá a cada administración.

El Gobierno y los agentes sociales, patronal y sindicatos, han anunciado este jueves un acuerdo para el desarrollo del Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El plan desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, y que será aprobado este viernes con las comunidades autónomas para su puesta en marcha, contempla una inyección de 600 millones de euros en un sistema cuya financiación se ha visto recortada en la última década, contará así con el respaldo de las principales organizaciones de trabajadores y de empresarios.

El acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, cuyos trabajos comenzaron en julio del año pasado, establece “reducir de forma sustancial la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes”; “asegurar que las condiciones laborales” de los trabajadores del sistema “son adecuadas”; e “introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad”, según una nota de prensa firmada por las diferentes partes.

En los trabajos han participado la CEOE, la CEPYME, CCOO y UGT, junto con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que dirige Nacho Álvarez. Según la nota, todos “han mostrado una clara voluntad de alcanzar un acuerdo en torno a una cuestión tan importante como la mejora del Sistema de Atención a la Dependencia”.

El acuerdo recoge también la regulación de la figura profesional del Asistente Personal este mismo 2021. Además, se fija el compromiso de que “al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un 'derecho subjetivo' ligado a la condición de dependencia”.

A su vez, continúa la nota, Gobierno, sindicatos y patronal se emplazan a cerrar nuevas propuestas “para la revisión del Acuerdo de acreditación de centros y servicios” para la Dependencia. “Esta revisión incluirá mejoras que refuercen la calidad de los servicios; las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos; así como la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de estándares de calidad, incluyendo el posible incremento de los precios de concierto vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo”, concluye la información.

Con el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 aún caliente, presentado hace unos días por el Gobierno de coalición, el secretario de Estado de Derecho Sociales, Nacho Álvarez, destaca en esta entrevista por igual los elevados incrementos de inversión social de las cuentas públicas y el enorme reto que ha supuesto la pandemia para un sistema de protección social debilitado por una década de recortes. Los Presupuestos son fundamentales para responder a la emergencia de la COVID-19, defiende, pero llama a no caer en celebraciones precipitadas: “Vivimos una situación muy preocupante, tenemos que estar alerta de los efectos sociales que pueda tener la crisis económica”.

Aunque los servicios sociales y la dependencia se gestionan desde las Comunidades Autónomas, el Estado también tiene poder para impulsar, coordinar y financiar estas políticas. Esta responsabilidad está sobre la mesa de Nacho Álvarez, que destaca medidas que ya ha tomado la Vicepresidencia, como la subida histórica del 5% del IPREM, un indicador clave para la cuantía y el acceso a ayudas sociales, plasmada en los Presupuestos para 2021 y que pondría fin a una década de congelación. 

El Gobierno ha presentado su proyecto de Presupuestos, que usted destacaba por “enterrar la austeridad” y por su carácter progresista. Aunque suben impuestos para rentas muy altas, ¿el incremento de los impuestos indirectos no amenaza la capacidad redistributiva de las cuentas públicas?

En absoluto. Estos Presupuestos son muy ambiciosos y claramente progresistas. Fundamentalmente, por las partidas que incorporan a la inversión, que van a fortalecer el Estado del Bienestar: 3.000 millones de euros para reforzar la sanidad, más de 2.000 millones para robustecer la educación pública, 1.300 millones de euros para mejorar el sistema de dependencia y de atención a las residencias. También se incorporan inversiones importantes en transición ecológica o en cohesión social. Son nítida y claramente unos Presupuestos progresistas y expansivos.

¿Cuándo cree que debería llevarse a cabo una reforma más en profundidad de la fiscalidad, para afianzar ese carácter redistributivo por el que los que más tienen aporten más y que acerque a España a niveles de presión fiscal del entorno europeo?

Estos Presupuestos tienen lugar en un contexto de fuerte crisis y de pandemia, por lo que no pueden ser ajenos a dicha realidad. En materia de tributación gradúan en parte el acuerdo de coalición al que habíamos llegado el Partido Socialista y Unidas Podemos. 

Aun así, se da un primer paso importante. Se avanza en la necesidad de reorientar la carga fiscal de las familias de forma que las que más patrimonio y más renta tienen soporten una mayor carga. Por ejemplo, con un aumento de un punto en el Impuesto de Patrimonio para los superiores a los 10 millones de euros y subiendo tres puntos el impuesto sobre el IRPF sobre las rentas del capital de más de 200.000 euros... Se dan pasos hacia una mayor justicia fiscal.

¿Y cuándo se podrá abordar esa reforma fiscal más en profundidad que reclaman desde Unidas Podemos? ¿Hay que esperar a un contexto de recuperación?

El Gobierno va a nombrar ya una comisión de expertos para abordar una reforma fiscal en profundidad, que creo que empezaremos a ver en los Presupuestos Generales del año que viene. 

Los Presupuestos contemplan un incremento del 5% del IPREM, un indicador clave para muchas ayudas sociales y subsidios. ¿Por qué es tan relevante la subida de este indicador? ¿A quién va a repercutir?

Es muy importante por dos motivos. El primero, porque como consecuencia de las políticas de austeridad el IPREM llevaba una década completamente estancado, lo que significa una pérdida de capacidad adquisitiva superior al 15%. Y, en segundo lugar, porque afecta a más de dos millones de personas que en este momento tienen prestaciones sociales o ayudas vinculadas a este indicador. 

Que de una sola tacada se suba a un 5% es relevante para estas más de dos millones de personas, pero también para otras que se podrán beneficiar de prestaciones como consecuencia del incremento de este índice, que también es la puerta de entrada a las ayudas sociales en nuestro país.

La inyección presupuestaria recorta algo la diferencia entre lo que aporta el Estado al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y lo que aportan las comunidades, pero no lo suficiente. Actualmente está sobre el 16%, y con los 600 millones que se contemplan se pasaría, según sus previsiones, al 26%. Pero la Ley de Dependencia dicta que debería ser el 50%. ¿Cómo piensan llegar a ese 50% y revertir la década de recortes en dependencia que llevamos?

Efectivamente, con este incremento de 600 millones de euros en el sistema de dependencia revertimos en un solo año toda una década de recortes. La financiación que la Administración General del Estado aporta al sistema viene siendo muy mermada desde hace 10 años. Y, aunque abordamos un incremento muy ambicioso en este primer ejercicio, es necesario seguir planteando aumentos similares los años siguientes para, al final de la legislatura, habernos acercado a ese objetivo del 50% entre Estado y Comunidades del que estábamos muy lejos cuando entramos en el Gobierno.

¿Por qué se ha optado por financiar el sistema vía Presupuestos y no por real decreto por vía de urgencia? 45.000 personas han muerto en lista de espera en lo que va de año.

Se opta por un plan de choque en materia de dependencia que tiene dos grandes mecanismos de financiación y de implementación. En primer lugar, los 600 millones de euros que servirán para reducir listas de espera, mejorar prestaciones y aumentar las ayudas a las familias y los servicios. Y, en segundo lugar, unos 700 millones de euros adicionales de los fondos europeos, para reforzar el sistema de cuidados de larga duración y el sistema residencial, que también afecta lógicamente a las personas dependientes. La primera de las inyecciones debe tener un efecto inmediato en el muy corto plazo. El segundo permitirá ir transformando poco a poco nuestro modelo de cuidados de larga duración.

Se verán los efectos de esos 700 millones extra de los fondos europeos más a largo plazo entonces, no tanto en las listas de espera.

Son de implementación y ejecución en 2021, incorporados en los Presupuestos de 2021. Pero los efectos los veremos un poco más adelante, seguramente a lo largo de la legislatura.

El proyecto estrella con el que llegaron al Ministerio es la Ley de Infancia. Ya está en proceso de tramitación parlamentaria, pero ¿cuándo calculan que esté lista? ¿Qué es lo que destaca de la ley?

Es una ley que nuestro país llevaba años esperando y que debe servir para tener un marco integral de defensa y de protección de los menores frente a la violencia. Este Gobierno ha tratado de acelerar todo lo posible, la tramitación se está haciendo por vía de urgencia. Ahora la llegada de los Presupuestos al hemiciclo puede ralentizar un poco el resto de proyectos legislativos pendientes, pero esperamos que en los próximos meses vea la luz, a la mayor brevedad.

El Ministerio de Igualdad ha dado el primer paso en los PGE en el proceso de establecer un Sistema Estatal de Cuidados. ¿Cómo será este sistema? ¿De qué manera el Estado puede favorecer la conciliación? 

El programa Corresponsables trata de facilitar una de las asignaturas pendientes en esta pandemia que es la conciliación de la vida personal y la vida laboral y, en particular, el cuidado de las criaturas menores de 14 años. Está específicamente orientado a esta finalidad. Estoy pensando, por ejemplo, especialmente en familias monoparentales. Lo impulsará el Ministerio de Igualdad, está dotado con 200 millones de euros y, lógicamente, tendrá que desarrollarse en colaboración con las Comunidades.

Desde la Vicepresidencia de Derechos sociales se ha insistido mucho en la necesidad de aprobar una prestación ya para los padres que tengan que cuidar a sus hijos durante cuarentenas preventivas, que no se ha llegado a aprobar pese a los anuncios. ¿Esto queda aparcado y el Gobierno se va a centrar en el mencionado Plan para el próximo año?

Esta prestación en este momento queda puntualmente aparcada y por eso hemos planteado la necesidad de avanzar en este Plan Corresponsables para facilitar a lo largo de la legislatura una conciliación efectiva.

Hablemos del ingreso mínimo vital. Usted y el vicepresidente Iglesias están siendo muy críticos públicamente con la gestión de la ayuda, mientras el ministro Escrivá argumenta que los tiempos de tramitación son los esperables en este tipo de prestación y que son inferiores a los de las rentas mínimas regionales cuando arrancaron en muchas Comunidades. ¿Qué esperaban ustedes de la tramitación de la ayuda? ¿Cree que se generaron demasiadas expectativas sobre una inmediatez en el cobro que no podía darse?  

Vaya por delante que me consta que la Seguridad Social está haciendo un esfuerzo muy ambicioso para el desarrollo de esta prestación, pero es normal que un Gobierno de coalición tenga debates. Aquí hay uno de fondo, sobre la propia concepción del ingreso mínimo vital y que tuvimos desde el primer momento. Mientras que ha habido quien defendía que el ingreso mínimo vital tenía que ser una renta destinada fundamentalmente a proteger a las personas que se encuentran en una situación de pobreza estructural y que se encontraban en ella ya antes de la pandemia, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales hemos defendido que además debe de ser capaz de captar a la población que entra en una situación de pobreza sobrevenida a consecuencia de la pandemia y que carece de otras prestaciones contributivas.

Es en este segundo objetivo donde estamos encontrando, diría, algunas deficiencias mayores y algunas inconsistencias que el trámite de enmiendas al ingreso mínimo vital tiene la oportunidad de solucionar.

El ministro Escrivá ha mostrado sorpresa ante las críticas públicas que tachan de “inaceptable” la gestión del ingreso mínimo desde la  Vicepresidencia. ¿Consideran leal llevar estas críticas al terreno público? ¿Lo hablan en privado para que estos cambios que reclaman salgan adelante? 

Llevamos meses trabajando con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en esta materia. Insisto en que un gobierno de coalición tiene debates y son legítimos. La mayor lealtad es la lealtad con las propias personas que han de beneficiarse de la prestación. Aquí es donde deben ponerse todos los esfuerzos. Este Gobierno es un gobierno unido, que ha demostrado por todas sus partes una fuerte lealtad.

La protección social de las personas en situación de gran vulnerabilidad ante una emergencia de este calado va más allá del ingreso mínimo vital. ¿Cómo valora la respuesta de los servicios sociales en la pandemia, que nos ha mostrado las llamadas “colas del hambre” de ciudadanos para recoger alimentos? En muchos casos han sido satisfechas por la solidaridad vecinal y no por el Estado. ¿Qué se está haciendo para mejorarla en un futuro?

Si algo ha evidenciado esta pandemia, es la fragilidad que tenía nuestro sistema de servicios sociales. Cuando entramos en el Gobierno, el llamado Plan Concertado –que financia los servicios sociales en España– estaba dotado este ejercicio con 40 millones de euros. En su momento tuvo una financiación de 100 millones de euros. Los recortes del pasado se han notado y, en particular, cuando ha llegado la pandemia. 

Estos Presupuestos consagran un incremento de 60 millones de euros en el Plan Concertado para revertir toda una década de recortes que han lastrado mucho su capacidad. Además, el Consejo de Ministros del martes aprobó un fondo extraordinario para entidades del Tercer Sector de Acción Social con 26 millones de euros adicionales.

Vivimos una situación muy preocupante, tenemos que estar alerta de los efectos sociales de esta crisis. Si los Presupuestos no son suficientes, tendrán que desarrollarse nuevas prestaciones e inyecciones de renta para garantizar el escudo social

¿Será suficiente? Hay cálculos que dicen que en febrero había seis millones de personas que necesitaban servicios sociales y que cuando entremos en 2021 se alcanzarán los diez millones. ¿Cómo va a hacer frente el Estado a todo lo que se viene?

Estos Presupuestos consagran una financiación muy importante para tratar de garantizar la cohesión social e impulsar la recuperación económica. También para que, una vez que ésta se produzca, llegue al conjunto de la sociedad. Contemplan 13.000 millones de euros de financiación a las Comunidades, que son las que tienen las competencias junto con los ayuntamientos en materia social.

Pero creo que hay que huir de los discursos triunfalistas y de una falsa percepción de que, como estamos inyectando una importante cantidad de dinero en los Presupuestos, se solucionan las cosas. No. Vivimos una situación muy preocupante, tenemos que estar alerta de los efectos sociales que pueda tener la crisis económica. Y, si los Presupuestos no llegan para alcanzar al conjunto de la sociedad y sobre todo a los grupos vulnerables, tendrán que desarrollarse nuevas prestaciones y legislarse nuevas inyecciones de renta para garantizar un verdadero escudo social.

Las cuentas públicas necesitan ahora los apoyos del Parlamento, que la ministra María Jesús Montero da por hechos. ¿Está tan avanzada esa mayoría parlamentaria? ¿Hay posibilidades de incorporar a Ciudadanos?

Soy optimista. Creo que los Presupuestos Generales del Estado efectivamente serán aprobados. Lo importante es que son unos Presupuestos fuertemente ambiciosos, nítidamente progresistas, y van a seguir siéndolo en su tramitación. Por eso hemos insistido en que de manera prioritaria han de negociarse con aquellas fuerzas políticas que sostuvieron a este gobierno en su investidura y que garantizan que estos presupuestos sigan manteniendo ese carácter progresista. 

Hablemos ahora de residencias. En primer lugar: ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué falló en marzo para que la COVID-19 nos golpease de esa manera en los centros de ancianos?

La primera ola de la pandemia mostró la fuerte fragilidad del sistema residencial de nuestro país y, en general, del sistema de cuidados de larga duración. Evidenció la desconexión entre las unidades sociales y las sanitarias y las dificultades que tienen las residencias para la sectorialización y el drenaje. A lo largo de los últimos meses, en particular en verano, el Consejo Interterritorial abordó un trabajo de prevención muy relevante que está evidenciando que en esta segunda oleada las residencias están más protegidas y en mejores condiciones para afrontar los rebrotes que ya estamos viviendo.

Comenta que en esta segunda ola todo está funcionando mejor y la Vicepresidencia ha elaborado protocolos con las Comunidades. Pero ya se registran brotes en residencias, Castilla-La Mancha tiene ahora mismo más de cien, por ejemplo. ¿Les preocupa? ¿Cuál está siendo el papel de la Vicepresidencia?

Nos preocupa mucho, y lógicamente les preocupa a todas las consejeras y consejeros. Que hoy estemos mejor de lo que estábamos en la primera ola en parte ha sido posible por los trabajos desarrollados, pero eso no quiere decir que seamos inmunes a lo que pueda pasar. Cuando empieza a haber transmisión comunitaria en una ciudad o pueblo es difícil que no afecte a los centros residenciales, porque hay personas que entran y salen diariamente y que, en ocasiones, inevitablemente pueden incorporar el virus. Toda precaución es necesaria, me consta que se ha reforzado enormemente desde las Comunidades, pero tenemos que estar vigilantes.

Sí hablan, al presentar estos Presupuestos, de un cambio de modelo del sistema residencial en España. ¿Cómo lo buscan? ¿Piensan en las privatizaciones, en la falta de medicalización? ¿Será posible en todas las residencias o solo en las de nueva creación?

La necesidad de un cambio de modelo residencial es evidente. La pandemia lo ha hecho más evidente, pero ya lo era hace un año, y por eso se va a dotar con una importante financiación. Lo tienen que ejecutar y protagonizar las Comunidades Autónomas, pero han de hacerlo en coordinación con esta Vicepresidencia e incorporando nuevos elementos de orientación de las políticas públicas. Para garantizar que vamos hacia un modelo más moderno, más centrado en la atención a la persona, con el que tengamos centros más pequeños y con una capacidad de sectorialización más fuerte. Con el que al mismo tiempo reforcemos también los cuidados de proximidad, como los centros de día, la teleasistencia avanzada, la atención domiciliaria. 

Los expertos vienen planteando desde hace años la necesidad de un modelo que respete más la voluntad de las personas mayores de vivir en los entornos donde han desarrollado toda su vida y de pasar a las residencias solo cuando sea estrictamente necesario. Y además hacerlo en residencias más pequeñas y más centradas en la atención a la persona. Creo que ha llegado el momento, es urgente avanzar en esa dirección. Para las unidades de nueva creación, pero también para la reconversión de las existentes. La financiación que este Ministerio negociará con las Comunidades va a ir precisamente en esa doble línea.

Uno de los motivos por los que no sabemos las cifras reales de fallecidos COVID-19 es porque no se pudo diagnosticar bien en residencias. Tampoco todas las Comunidades enviaron del todo correctamente sus datos. ¿Tendremos alguna vez datos fieles sobre los fallecimientos en residencias? ¿Se va a corregir el sistema de alguna manera?

Tenemos distintos mecanismos y formas de contabilidad. En el propio sector público, además de la información de las Comunidades Autónomas, el sistema MoMo también facilita una información sobre la evolución que ha tenido la pandemia, en particular en el sistema de dependencia y en las residencias. Y hoy sabemos que casi la mitad de las personas fallecidas durante la primera oleada lo hicieron en residencias. Esto es crucial. Son las Comunidades Autónomas las que ya han mejorado y han fortalecido su sistema de información y, en el marco del Consejo Territorial, se sigue coordinando este sistema entre comunidades y con la propia Administración General del Estado. También corrigiéndolo.

¿Qué pasó concretamente en la Comunidad de Madrid, cuál es su valoración? Si la COVID-19 vuelve a golpear a este sector, ¿van a poder evitar una orden como la que indicaba que no se trasladara a ancianos a residencias?

Eso ha de evitarse. Ya tenemos un protocolo de coordinación sociosanitaria aprobado por todas las Comunidades Autónomas que garantiza que todas las personas, sea cual sea su edad y su situación, van a ser atendidas en igualdad de condiciones por la sanidad pública.

La primera ola no solo revela una gestión claramente deficitaria de las residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid, no tanto de las autoridades sociales sino de las autoridades médicas. Sino que revela también, y aún en mayor medida, un modelo fracasado, un modelo que nos dejó Esperanza Aguirre, basado en la privatización y la precarización fuerte de las condiciones de trabajo que se ha evidenciado en Madrid aun más frágil que en otras Comunidades Autónomas.

Hablamos de protocolos, y de infraestructuras, pero lo que tenemos en realidad es también a miles de ancianos que llevan desde marzo prácticamente aislados, en residencias con visitas a cuentagotas. ¿Les preocupa el impacto emocional de todo esto? 

Nos preocupa mucho y es un tema que hemos hablado y trabajado en varias ocasiones en el Consejo Territorial. No se nos puede olvidar que en las residencias viven cientos de miles de personas. Es su lugar de residencia. Se han puesto en marcha protocolos que tratan de mantener un delicado, pero necesario, equilibrio entre la protección de la salud de estas personas y el respeto a su derecho a poder seguir teniendo una vida social lo más protegida posible, que mantenga el contacto fundamental con los familiares.

Los grandes propietarios y una persona que tenga un piso en alquiler son actores sociales y económicos nítidamente distintos y, por lo tanto, seguramente merezcan un trato diferente de la ley de regulación de los alquileres

Vamos a pasar ahora a la regulación de alquileres. Hasta ahora, todo lo que sabíamos es que se habilitará a las Comunidades Autónomas para establecer topes en base a un índice y en zonas tensionadas. Sin embargo, Ione Belarra afirmó en una entrevista el pasado fin de semana que se establecerán diferencias según el propietario sea grande (8-10 viviendas) o pequeño. ¿Se van a crear dos mercados diferentes, uno regulado y el otro no según sea el propietario? ¿No provocará esto un aumento de precios en pisos no regulados? ¿Podría aclarar esta cuestión? 

Estos detalles se irán viendo poco a poco en el proceso de elaboración de la ley, de la que va a ser proponente esta Vicepresidencia de Derechos Sociales junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pero a nadie se le escapa que en el propio desarrollo de las medidas vinculadas al escudo social, por ejemplo las moratorias de alquileres, no hemos tratado igual a los grandes tenedores que a una persona que tenga un piso en alquiler. Son actores sociales y económicos nítidamente distintos y, por lo tanto, seguramente merezcan un trato diferente de la ley. 

Hay grandes propietarios, pero también muchos pequeños. ¿Simplemente incidiendo en ese colectivo de grandes tenedores se puede realmente intervenir con fuerza en el mercado de alquiler para que no se disparen los precios?

La ley va a plantear básicamente un marco regulatorio que garantice que no haya subidas abusivas en zonas tensionadas y esto, lógicamente, afectará al conjunto de las viviendas en esas zonas. Pero las medidas seguramente tendrán que estar más focalizadas en el caso de grandes tenedores, igual que ha sucedido con las del escudo social.

La regulación de los alquileres genera muchas tensiones entre miembros del Ejecutivo de Unidas Podemos y del PSOE. ¿Qué tal van las negociaciones? ¿Es tan complicado, como a veces parece, llegar a acuerdos en esta materia?

El acuerdo al que se ha llegado en los últimos días sobre alquileres es público. Es bastante satisfactorio para poner en marcha una ley que debe de servir para garantizar la función social de la vivienda. Un Gobierno como éste no funciona con piloto automático, tiene debates, pero los acuerdos alcanzados son sólidos y evidencian la voluntad de permanecer unidos y de legislar en materias tan relevantes como el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Para terminar vamos a mirar el mercado de trabajo. ¿Cuál es su valoración de la evolución del empleo desde el batacazo registrado en marzo por la pandemia? La Seguridad Social ha destacado que es mejor de lo esperado. 

En esta crisis hemos visto una forma de gestionar los ajustes muy distinta de la que vimos en la década anterior. Entonces, se optó por reducir salarios para evitar los despidos y, al final, no evitamos los despidos y vimos una fuerte devaluación salarial. En esta ocasión hemos utilizado un mecanismo alternativo, los ERTE, ante una economía congelada. 

Su funcionamiento ha sido mucho más eficiente para proteger el empleo. Hemos llegado a sostener a 3,5 millones de trabajadores en ERTE y, buena parte de ellos, más del 80%, ya ha vuelto al empleo. El PIB se ha hundido mucho más que hace una década y la erosión del empleo ha sido mucho menor, así que destacaría que hemos desarrollado un mecanismo que, frente a la reforma laboral del 2012, ha permitido un ajuste mucho más eficiente, protegiendo el empleo, la renta de los trabajadores y la liquidez de las empresas.

¿Hasta dónde podemos soportar los ERTE en el tiempo?

Evidentemente va a haber que sostener este mecanismo en algunos sectores, los más afectados por la pandemia, para garantizar la liquidez de las empresas y la protección a los trabajadores. La llamada economía de proximidad se está viendo más afectada, como la hostelería, la restauración, el comercio minorista... 

Los jóvenes han sido uno de los colectivos más afectados por la pérdida de empleo. ¿Qué medidas se pueden aplicar para su inserción laboral? 

Estos Presupuestos van a financiar con más de 7.000 millones de euros políticas activas de empleo destinadas a la cualificación y a la inserción de la población desempleada y, en particular, también de los jóvenes. En todo caso, la situación en estos momentos revela la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco laboral en nuestro país. Derogar la reforma laboral del 2012 y dar lugar a un nuevo Estatuto del Trabajo, en el marco del diálogo social, que ponga fin a la injustificada y extendida precariedad, y en particular al abuso de la contratación temporal. Es un reto ineludible y ha de producirse en los próximos meses.

Los sindicatos han mandado una carta a Pedro Sánchez exigiendo que se cumpla este compromiso de desmontar ya la reforma laboral. ¿Cuándo debería empezar el Gobierno este desmontaje? ¿Hay discusiones sobre este tema? ¿Se desdibujan estos cambios como temen los sindicatos?

El Plan normativo del Gobierno de 2020 incorpora el avanzar hacia este nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI, que desmonte aquellos elementos fuertemente lesivos de la reforma laboral del 2012. Hay que dejar que sea la ministra de Trabajo la que pilote el desarrollo de este plan normativo en el marco del diálogo social. Yolanda Díaz ha demostrado una enorme capacidad para avanzar en esta materia y es la hoja de ruta que debemos seguir.

¿Le consta que en el Consejo de Ministros haya diferencias en este aspecto? 

Insisto: está en el plan normativo del Gobierno. Podrá haber más o menos diferencias, unos acentos u otros, pero está en el plan del Gobierno y así ha de producirse.

Nacho Álvarez sigue trabajando durante el estado de alarma en su despacho de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, donde es secretario de Estado con Pablo Iglesias. En los últimos días, la mayoría de los titulares que han protagonizado se han enfocado en el ingreso mínimo vital y en el pulso con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el momento de poner en marcha esta medida.

En una entrevista por videoconferencia el pasado viernes, Álvarez achaca las tensiones a la necesidad de dar respuesta inmediata a quienes se han quedado sin ingresos, conjugada con “aristas que son objetivamente complicadas” como una negociación “a fondo” con las comunidades autónomas (que ya cuentan con algunas rentas similares) que “no se puede hacer en dos días”, reconoce.

Al margen de este tema, confirma que el departamento ya trabaja en un plan para relajar el confinamiento infantil durante la pandemia. Opina que “si algo está dejando esta crisis es que volvemos a constatar la importancia de lo público” y cree que “cuando termine la crisis será la hora de revisar profundamente la elevada elusión de nuestro sistema fiscal”. Entre otras cosas, se muestra a favor de algún tipo de recargo a las grandes fortunas como el que propone la llamada “tasa COVID”.

El ingreso mínimo vital se pondrá en marcha en mayo. ¿Va a llegar entonces a las familias o más tarde? En ese caso ¿será retroactiva desde ese mes? ¿Y a partir de qué umbral se va a recibir la ayuda?

Los detalles concretos los estamos ultimando con el Ministerio de Inclusión. Trabajamos en una propuesta que sea una realidad lo antes posible, en mayo. Y la idea de esta propuesta es que sea una red de seguridad para todas las personas que en esta crisis se están quedando fuera de los ERTE y de los subsidios por desempleo.

Es decir, hay gente que por su situación laboral o por la ausencia de una situación laboral estable, no está en estos momentos cubierta ni por ERTE, ni por subsidios de desempleo. Y es ahí donde pensamos que hay que priorizar el esfuerzo, garantizando que en España no tengamos hogares sin recursos en estos momentos de crisis. Pero los detalles concretos los estamos trabajando ahora mismo con Inclusión. De hecho, según termine esta entrevista, tenemos una reunión con el equipo de Escrivá y ya llevamos semanas trabajando juntos.

La idea en todo caso es garantizar un mínimo de ingresos, completando lo que den las comunidades autónomas. ¿Esto no es un poco premiar a las que menos invierten en este tipo de rentas?

La idea, efectivamente, es que todo ciudadano, viva donde viva, tenga derecho a un mínimo de ingresos. Y este mínimo de ingresos que debe construir el ingreso mínimo vital permitirá que luego cada comunidad autónoma, en función de sus propios criterios y de sus propios programas de rentas, pueda completar este ingreso mínimo.

Ha habido tensiones con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión con el diseño y el calendario de la renta mínima. ¿Qué ha ocurrido?

La discusión sobre la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital yo creo que se mueve en una doble tensión. Por un lado, es evidente que debemos ser muy rápidos para atender una realidad que ya se está produciendo. La crisis ya está dejando muchos hogares en este país sin ingresos y sin recursos. Pero, por otro lado, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital tiene aristas que son objetivamente complicadas. Exige una negociación a fondo con las comunidades autónomas y esta negociación, obviamente, no se puede hacer en dos días, porque hay que hacerlo compatible con los sistemas de rentas mínimas que ya tienen las comunidades autónomas. Es inevitable que en esta doble tensión surjan debates. En todo caso, yo creo que todos hemos entendido ya que debemos priorizar la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital, de tal forma que no comprometa la necesaria negociación con las comunidades autónomas.

¿En el diseño se van a definir mecanismos para que puedan incentivar la vuelta al mercado laboral de las personas que lo cobran?

En nuestro diseño siempre hemos defendido y desde luego planteamos en este momento la necesidad de que una renta garantizada de estas características pueda complementarse con los ingresos laborales, precisamente para evitar las trampas de la pobreza. Creo que la experiencia que han tenido otros países europeos o la experiencia de algunas comunidades, como es el caso vasco o el caso navarro, evidencia que evitar bolsas de la pobreza exige que no haya una pérdida total de la ayuda en el momento en que una persona encuentra un trabajo.

Nuestro sistema de protección social ha demostrado con esta crisis que sigue sin llegar a colectivos muy vulnerables. Por ejemplo, quien trabaja en la economía sumergida o empleadas del hogar. ¿Cree que habría que repensarlo entero?

Desde luego, hay que repensar cuestiones cruciales. Por eso insistimos tanto en la urgencia de un ingreso mínimo vital. Hay millones de personas que carecen de ingresos y que encuentran fórmulas de supervivencia en la economía sumergida. Pero en un momento de confinamiento estos hogares están en casa y, por tanto, carecen absolutamente de ingresos. De ahí la urgencia de poner en marcha una medida que permita actuar a modo de red, una medida que garantice que no hay colectivo social que se vea desprotegido. No sólo en una situación como ésta, sino también en una situación estructural, una vez que pase la pandemia. En España en enero de 2020, antes de que empezase la crisis de la COVID-19, teníamos más de medio millón de hogares que carecían de ingresos y, por lo tanto, el replanteamiento de este sistema de protección social en torno a la medida del ingreso mínimo vital no sólo es urgente para la crisis, sino que debe ser importante y estructural para después de esta crisis.

Muchos de los hogares y de las personas que trabajan en este tipo de economía sumergida son gente que ni siquiera tiene papeles. ¿La renta mínima podría de algún modo llegar a ellos?

Bueno, en este momento lo estamos valorando. Forma parte de los detalles de la propia medida.

¿Preparan alguna medida concreta para familias monoparentales, por las especiales dificultades que pueden estar atravesando ahora mismo?

El ingreso mínimo vital es una medida que debería resultar específica en función del tipo de hogar y por lo tanto contemplará esta situación. Es decir, habrá una escala por la cual los hogares de las familias monoparentales podrán acceder a ayudas incrementadas.

¿Han calculado el coste que supondrá el ingreso mínimo vital?

Nosotros venimos trabajando en esta propuesta desde hace años y por lo tanto tenemos diversos escenarios cuantificados y muy bien perfilados. El debate que en este momento tenemos no es el de los números, por así decirlo, el de cuantificar la propuesta, porque esto ya está hecho [en su programa electoral Podemos lo cifraba en 10.000 millones anuales]. El debate que en este momento estamos teniendo es la amplitud que debe tener y en qué escenario debemos trabajar.

Entiendo que según sus cálculos es un gasto posible, ¿pero debe introducirse, por ejemplo, un impuesto específico? Con los ingresos mermados actualmente, ¿es asumible?

Yo creo que hay que distinguir la situación de crisis actual de la situación estructural de los próximos años. En este momento, nuestro país va a tener, lógicamente, como todos los países de la OCDE, un fuerte déficit y este déficit público se va a financiar con la emisión de deuda pública. En un contexto en donde la autoridad monetaria garantiza la estabilidad de los mercados financieros con la compra en los mercados secundarios de esta deuda, no hay un problema de financiación de las medidas que estamos planteando. Ni de ésta, ni tampoco del resto de medidas que se han ido adoptando, los ERTE, las moratorias en el pago de impuestos, etc.

Después de esta situación de crisis, tendremos que abordar un debate en la fase de recuperación: ¿cómo conseguimos que en España tengamos un sistema fiscal más parecido al de países como Dinamarca, Alemania, Bélgica o Francia? Es decir, que seamos capaces de recaudar en proporción al PIB lo que estos países recaudan. Creo que son dos debates distintos que lógicamente estarán ligados en la fase de recuperación.

En este sentido, ¿habrá que hacer una profunda revisión del sistema fiscal para hacerlo más progresivo y reducir el fraude? ¿Y qué opina de la tasa COVID, es decir, una tasa que gravase a rentas más altas a través de IRPF o Patrimonio, también para compensar el aluvión de gastos inesperados que está habiendo?

Las crisis hacen modificar en ocasiones los consensos económicos. Yo creo que si algo está dejando esta crisis es que volvemos a constatar la importancia de lo público, la importancia del Estado del bienestar, pero también del instrumento de política fiscal para poder salir de la crisis. Tenemos el reto de profundizar en la cuarta pata del Estado del Bienestar, ampliando las coberturas de nuestro sistema de dependencia, de los servicios sociales y del cuidado a los menores.

Y nada de esto va a ser posible si no conseguimos cerrar la brecha estructural que tenemos de recaudación en España con los países de nuestro entorno. Cuando termine la crisis, yo creo que será la hora de revisar profundamente la elevada elusión de nuestro sistema fiscal. En este sentido, pueden ser de utilidad algunas propuestas, como la tasa COVID. Creo que es una propuesta que ya se estaba manejando por muchos economistas en Estados Unidos y en Europa, antes de la crisis.

La posibilidad de implantar impuestos a los grandes patrimonios es una cosa que ha entrado con fuerza en la agenda y que debe ser valorada y discutida y con la que, desde luego, nosotros estamos de acuerdo. Tanto Zucman como Piketty, por ejemplo, han señalado que es una de las mejores vías para reducir drásticamente la desigualdad. Podemos llevó en el último programa electoral un impuesto a las grandes fortunas que básicamente es muy similar a la propuesta de la tasa COVID.

Relajación del confinamiento infantil

Muchas voces critican la ausencia de la infancia en los discursos y en las medidas políticas. Mi pregunta es si es imposible diseñar un confinamiento que permitiera salir esporádicamente a los niños y si se preparan medidas de relajación y cómo y cuándo se podrían ir aplicando. [El presidente del Gobierno anunció finalmente esta medida el sábado]anunció

En este momento nuestra Secretaría de Estado, y en particular la Dirección de Infancia, trabaja ya con Sanidad y con expertos epidemiólogos precisamente para relajar progresivamente el confinamiento a los niños. La situación exige un necesario equilibrio, es evidente que los niños son un vector de contagio muy importante. Pero, al mismo tiempo, una vez que la curva del virus ha conseguido doblegarse, es el momento de empezar a pensar en medidas puntuales que permitan atender también las necesidades de los niños y por lo tanto, en este momento precisamente hay un equipo trabajando en el diseño de estas medidas de relajación.

Lo cual no quiere decir que vayan a entrar en vigor con carácter inmediato. Aquí las indicaciones lógicamente las marcan los expertos sanitarios y a ellos nos atenemos. Pero el trabajo y la previsión está hecho.

¿Me podría explicar qué se está contemplando? Se ha hablado, por ejemplo, de que niños se pudieran juntar con otros puntualmente en determinados espacios. O de horarios de salida para que no coincidieran todos juntos, o de paseos con adultos.

En este momento se barajan distintas ideas, pero yo creo que lo importante es estar a lo que nos vayan permitiendo los expertos sanitarios. En todo caso, hay pasos pequeños que se podrán ir dando seguramente en las próximas semanas, como paseos individualizados con adultos. Medidas de estas características que no entrañan riesgo para la salud.

Hay una inquietud de que el confinamiento esté aumentando la violencia contra los niños en determinados entornos familiares. ¿Se ha tomado alguna medida al respecto?

Efectivamente, esta es una preocupación que todos tenemos. La situación de confinamiento agrava los posibles abusos o malos tratos que algunos niños pueden sufrir en sus hogares. Desde la Dirección General de Infancia me consta que se ha hecho un trabajo de seguimiento en este sentido y de colaboración con algunas fundaciones que tienen proyectos en marcha, precisamente para evitar el maltrato y para tratar de monitorizar esta situación. Y además estaba terminada y lista para ser llevada al Consejo de Ministros la Ley Integral de Protección a la Infancia, cuyo objetivo fundamental es precisamente tratar de erradicar la violencia contra la infancia. Tan pronto como volvamos a dar curso a las nuevas iniciativas legislativas y pase un poco esta situación de crisis epidemiológica, esperemos que pueda ser una realidad.

¿Tienen constancia del recrudecimiento de este problema de violencia contra los niños?

Estamos en contacto con varias fundaciones que hacen seguimiento de estos casos. Es difícil hacer una monitorización y un seguimiento en un momento como éste, donde los críos no acuden a los colegios y donde la situación de confinamiento puede estar invisibilizando parte de los casos que se estén dando.

“El panorama macroeconómico es durísimo”

Las previsiones macroeconómicas para España son bastante catastróficas. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional habla de una caída del 8% del PIB, paro del 20%, deuda del 113% del PIB. Se habla de recuperación en V, en L o en U. ¿Qué tipo de recuperación espera usted?una caída del 8% del PIB, paro del 20%

Efectivamente, el panorama macroeconómico es durísimo, y yo creo que el Gobierno es consciente de ello. En este momento, necesitamos planes que garanticen la renta de los hogares, pero también la solvencia de las empresas y el Gobierno creo que está haciendo un esfuerzo enorme en este sentido: tenemos a 4 millones de personas en ERTE, tenemos subsidios de desempleo, incluso para colectivos que no tenían cotizado lo suficiente, se han habilitado moratorias en materia de alquileres o de impuestos a las empresas y en ninguna otra crisis habíamos visto prestaciones a los autónomos tan generosas como ésta con la renta por el cese de actividad de 660 euros.

Pero una vez avanzada esta fase de garantizar rentas a los hogares y de garantizar la solvencia de las empresas, es necesario ir más allá, recogiendo nuevos consensos que emergen entre los economistas. Hace un año yo tenía discusiones con muchos colegas que pensábamos de forma muy distinta y, sin embargo, hoy entre los economistas emergen consensos muy importantes sobre las medidas que es necesario poner en marcha en la próxima fase.

Es evidente que necesitamos, más allá de sostener rentas en las próximas semanas, un plan basado en inversiones, un plan que impulse la recuperación y el empleo basado en inversiones que impulsen la transición energética o que modifiquen y reorganicen nuestro sistema de cuidados. La recuperación difícilmente va a ser en “V” si no adoptamos estas medidas.

¿Pero cree que hay alguna posibilidad de que sea en V (una recuperación tan rápida y profunda como la caída)?

Yo creo que la dimensión de la crisis está haciéndonos ver que para que sea en V necesitamos medidas de un enorme calado y una gran ambición. La propia política monetaria que están desplegando las autoridades monetarias europeas y estadounidenses así lo demuestran.

¿Cree que España puede mantener sin alteraciones un modelo económico centrado en el turismo y la hostelería con los cambios que se están produciendo y los daños que están sufriendo estos sectores?

Creo que parece inevitable que el modelo económico español sufrirá cambios y adaptaciones en los próximos tiempos, dado que precisamente algunos de los sectores tractores de nuestra economía van a ser los más damnificados por la crisis. En el caso del turismo y de la hostelería, por tanto, habrá que replantear el tipo de especializaciones en las que España se ha basado hasta ahora.

No vamos a dejar de ser una potencia turística, pero seguramente este sector se deba readaptar. Asimismo, yo creo que es el momento de abrir el debate en profundidad de la política industrial y del tipo de impulso estratégico que debemos darle a la industria en nuestro país.

El programa para esta legislatura se ha tenido que ver alterado por toda esta crisis ¿qué planes mantienen y cuáles dan por perdidos respecto a lo que eran las aspiraciones iniciales para la legislatura?aspiraciones iniciales

Si el acuerdo de coalición era para toda la legislatura, la situación de crisis hace que se deban, desde nuestro punto de vista, acelerar algunos de los acuerdos que ahí estaban contemplados precisamente para favorecer la recuperación económica que debemos poner en marcha después de la crisis sanitaria. Es evidente, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital. Era un acuerdo de legislatura que ahora debemos acelerar todo lo posible. Pero también es el caso, por ejemplo, de las inversiones verdes para impulsar la transición ecológica o de los acuerdos para ampliar y reformar nuestro sistema de cuidados, mejorando la financiación para la dependencia o creando un verdadero sistema universal de educación de 0 a 3 años.

¿Y cómo cree que será el sistema económico que salga de esta crisis? ¿Habrá menos desigualdades? ¿Vamos a ser menos consumistas, más ecológicos?

Todas las crisis dejan una huella muy fuerte en las sociedades. Lo vimos con la crisis del 2008 y en esta ocasión no va a ser distinto. Yo creo que esta crisis dejará una huella importante en varios sentidos. En primer lugar, estamos constatando la importancia de tener servicios públicos de calidad en sanidad, pero también en servicios sociales, por ejemplo, o en servicios de cuidados a las personas mayores. Inevitablemente tendremos que replantear, por tanto, estos sistemas de cuidados.

Yo creo que esta crisis de alguna forma pone la defensa de la vida en el centro. También para los economistas. Nos hará más conscientes de la necesidad de la transición ecológica que necesitamos.

¿Tiene la sensación de una creciente crispación en determinados entornos sociales y políticos?

Es una sensación que creo que muchos tenemos y que nos preocupa. Mientras todos los españoles asumen una tarea que es titánica, que es mantenerse en el confinamiento, seguir las pautas que dan los epidemiólogos y el Ministerio de Sanidad, hay fuerzas políticas que han decidido que su tarea es derribar al Gobierno.

Yo creo que es un error aprovechar y forzar la polarización política en este momento, sobre todo porque además contrasta con los nuevos consensos que surgen en la sociedad. En la sociedad surgen nuevos consensos en torno a la solidaridad, la necesidad de defender lo público y lo común, de construir conjuntamente y darnos la mano para salir juntos de esto. Quien en este momento aproveche la situación para impulsar la polarización política, estará haciendo un flaco favor a nuestro país.

Funcionario de carrera, dedicado a los servicios sociales desde hace tres décadas y, hasta ahora, técnico de la dirección general de personas mayores, personas con discapacidad y atención a la dependencia de la gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Así es el perfil del nuevo director general del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), Luis Barriga Martín (Torrelavega, Cantabria, 1966).

El Imserso depende de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, de Nacho Álvarez, integrada en la vicepresidencia de Pablo Iglesias.

Barriga ha trabajado estos años en políticas públicas de bienestar (prevención de drogodependencias, empleo, cooperación internacional para el desarrollo...). Es funcionario de carrera de la administración local (Diputación Provincial de Valladolid) y se encontraba en situación de prestación de servicios en otras administraciones. Hasta ahora se encontraba en la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

Las especialidades de Barriga son el análisis y la evaluación de políticas públicas; los servicios sociales; la implementación y desarrollo de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; y la intervención social.

Luis Barriga también ha sido hasta ahora uno de los responsables de análisis de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, una entidad referente en el sector de la dependencia y asuntos sociales. Opera desde hace 25 años y agrupa a más de doscientos profesionales del sector, entre ellos trabajadores sociales, como es el caso de Barriga. Una de los principales objetivos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales es, precisamente, analizar los informes y datos que va sacando el Imserso para detectar las carencias y avances en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Barriga sustituye en la Dirección General del Imserso a Manuel Martínez Domene, que llegó al puesto en enero de 2019. El Imserso pasa en el nuevo organigrama del Gobierno del Ministerio de Sanidad a la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias. Se convierte también en el máximo órgano en materia de dependencia, al desaparecer la Secretaría de Estado de Servicios Sociales de la que antes pendía.

Entre otras funciones de gestión, el Imserso emite los informes periódicos sobre la situación del SAAD: los de 2019 mostraron un retroceso en el sistema, acabando el año como el primero en el que aumentaban las listas de espera desde los recortes, con 269.854 personas en España que aún no habían obtenido la prestación o servicio que tenían reconocido como dependientes.

Nacho Álvarez (Madrid, 1977) es el nuevo secretario de estado de Economía Social. Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor en el Departamento de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e investigador asociado en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Álvarez ha sido hasta ahora el secretario de Economía de Podemos. Ha sido el encargado de la parte económica de los programas electorales de la formación desde 2015, en las primeras generales a las que se presentaron. 

Hubo un paréntesis en esta labor en Vistalegre II. En aquel proceso de primarias que enfrentó a Pablo Iglesias con Íñigo Errejón en 2017, Álvarez dimitió de su puesto en la dirección de la formación, junto a Carolina Bescansa. Poco después, Iglesias “recuperó” al economista con un puesto de “invitado permanente” en la dirección. “Ha hecho un trabajo fundamental en la Secretaría de Economía, queremos que siga trabajando en esa área y él está de acuerdo”, dijo entonces el que ahora será vicepresidente del Gobierno. 

Lo que explican al respecto fuentes cercanas a Álvarez es que “Nacho siempre ha sido y es una persona muy leal a Pablo. En los momentos de división ha preferido mantenerse fuera del conflicto pero implicado al cien por cien con el proyecto” y por eso “tiene la absoluta confianza de la dirección”.

Dialogante, pausado y poco dado a las estridencias de forma y de fondo, tal y como ha mostrado en debates electorales con portavoces de otros partidos del área económica, Álvarez está preocupado por la vertiente pública de su discurso y cuida mucho sus palabras en las entrevistas. Ha compaginado su labor académica con la política, en la que empezó a militar desde joven. En la Universidad es un profesor respetado y cercano, que bromea a menudo con sus alumnos sobre temas políticos, aseguran fuentes cercanas. No se encuadra a sí mismo dentro de ninguna escuela económica.

Padre de dos hijos de 6 y 4 años, Álvarez fue uno de los impulsores de los permisos iguales e intransferibles de padres y madres por la llegada de un hijo. De hecho, participó en una demanda colectiva mucho antes de que se aprobaran. 

Tiene clara su visión sobre la receta ante los retos que plantean el cambio climático y la desaceleración. “La principal prioridad de la política económica para Podemos en este momento es implementar un amplio programa de inversiones que desplace nuestra economía hacia un horizonte verde”, dijo en una reciente entrevista con eldiario.es.

Además, es consciente del enfriamiento macroeconómico y opina que precisamente ahora es urgente aplicar un programa ambicioso de nuevas inversiones verdes y moradas, en materia de transición ecológica y también de rehabilitación inmobiliaria y dependencia. “Estas inversiones eran necesarias hace seis meses en nuestro país, pero yo diría que hoy lo son todavía más. No sólo porque atienden retos de medio y largo plazo que tiene nuestra economía, sino porque además hoy ayudarían a que la desaceleración no se transforme en recesión, a que el mercado de trabajo no se enfríe y a que se puedan seguir creando empleos”.

Su análisis es que precisamente en este momento apostar por la austeridad sería un error. “Cuando en plena Gran Depresión, en los años 20, Alemania apostó por la austeridad fue un enorme error. Cuando en plena recesión europea en 2010, 2011 y 2012, se apostó por la austeridad, fue un error. Sería un error volver a hacerlo por tercera vez. Sería no haber aprendido nada”.

Para su formación “España tiene margen fiscal para acometer estas inversiones en un contexto de tipos de interés negativos. Es difícil no encontrar proyectos de transición energética que no ofrezcan una rentabilidad superior al coste de financiación”. Creen que hay una “enorme capacidad” de financiar en este momento los proyectos necesarios. “Pero además el margen fiscal –añade–se construye”.

Lo que quiere decir con esto último es que a su juicio España necesita una reforma fiscal que recorte la brecha de recaudación con Europa (alrededor de siete puntos) y ofrezca la capacidad de financiar este tipo de proyectos. “La progresividad fiscal en España es muy limitada”, advierte.

Nacho Álvarez es coautor de varios libros entre los que destacan Fracturas y Crisis en Europa, Qué hacemos con el paro, Economía Política de la Crisis o Qué hacemos con la deuda. Ha realizado estancias académicas en las universidades de Vestfold (Noruega, 2014), Lisboa School of Economics and Management (Portugal, 2014), y en París VII–Denis Diderot (Francia, 2005).

Nacho Álvarez (Madrid, 1977) vuelve a recibir a eldiario.es para hablar del programa económico de Podemos solo siete meses después de la última entrevista. Tras el resultado de las elecciones generales de abril no fue posible formar gobierno y ahora se van a repetir. Desde entonces, la coyuntura económica ha empeorado, en buena parte por tormentas exteriores como la guerra comercial entre EEUU y China y, sobre todo, por la posible entrada en recesión de Alemania y Reino Unido. Sin embargo las propuestas económicas de la formación morada no han variado ni un ápice entre ambas convocatorias: para el secretario de Economía de Podemos se están confirmando sus análisis.

Así, asegura que ahora resulta todavía “más urgente” aplicar las medidas de inversión “verde y morada” que proponen en materias como la transición ecológica o dependencia. “Si hace seis meses pensábamos que esto era importante, hoy lo pensamos todavía con mucha mayor convicción, porque si no apostamos por este tipo de inversiones, no seremos capaces de detener esta desaceleración y seguramente veamos cómo torna en recesión en los próximos trimestres”.

Del mes de abril, fecha de las anteriores elecciones, hasta ahora, la economía parece que está desacelerando. Hay quien habla incluso del peligro de recesión. ¿Qué recetas propone Podemos para hacer frente a esta situación? ¿Y qué haría Podemos si estuviera en el Gobierno?

Frente a una eventual crisis económica, la situación ha empeorado en los últimos seis meses. Lo que se decide de hecho en las próximas elecciones es cómo vamos a gestionar esta desaceleración y si vamos de alguna forma a volver a una gestión bipartidista de la crisis como la que tuvimos en 2010, 2011 y 2012, o vamos a intentar algo nuevo.

El riesgo de que la desaceleración se convierta en crisis desde nuestro punto de vista es evidente. Y por eso las propuestas que llevábamos en el programa de abril pensamos que hoy son más urgentes todavía. En lo fundamental, se trata de un programa ambicioso de nuevas inversiones verdes y moradas, en materia de transición ecológica, en materia de rehabilitación inmobiliaria. Hemos propuesto una ley de tejados que sea capaz de rehabilitar 500.000 viviendas al año y un conjunto de inversiones fuertes en movilidad eléctrica también.

También el desarrollo del sistema de dependencia y de la educación de 0 a 3 años. Estas inversiones eran necesarias hace seis meses en nuestro país, pero yo diría que hoy lo son todavía más. No sólo porque atienden retos de medio y largo plazo que tiene nuestra economía, sino porque además hoy ayudarían a que la desaceleración no se transforme en recesión, a que el mercado de trabajo no se enfríe y a que se puedan seguir creando empleos.

Pero parece que el clima económico se ha deteriorado más rápido de lo que se esperaba ¿No se han tenido que plantear de ninguna forma reorientar su análisis?

Es que más bien lo que ha pasado en los últimos seis meses confirma nuestros análisis y la necesidad de plantear este programa de inversiones que el Banco Central Europeo, y en particular Mario Draghi, viene pidiendo desde hace ya año y medio. Viene insistiendo en que la política monetaria ya ha hecho su trabajo y que ahora son los gobiernos, con un cambio en la política fiscal, los que deben hacer el suyo. Si hace seis meses pensábamos que esto era importante, hoy lo pensamos todavía con mucha mayor convicción, porque hoy, si no apostamos por este tipo de inversiones, no seremos capaces de detener esta desaceleración y seguramente veamos cómo torna en recesión en los próximos trimestres.

Hoy ya Alemania está entrando en recesión y el riesgo de la economía española es seguir ese curso. Además, hace falta que no sólo evitemos esta eventual crisis, sino que lo hagamos garantizando un escudo social. Tenemos que hacerlo de forma que no sean las mayorías sociales las que de nuevo vuelvan a pagar los platos rotos y vuelvan a asumir sobre sus espaldas la factura de esta desaceleración.

España necesita una reforma fiscal

El análisis que se hace de las palabras de Draghi es que llama a determinados países con superávit como Alemania a gastar más, pero no a países como España, que tiene el déficit estructural más alto de la Unión Europea. ¿Qué recetas tendría para la reducción de este déficit estructural que nos están reclamando?

Cuando en plena Gran Depresión, en los años 20, Alemania apostó por la austeridad fue un enorme error. Cuando en plena recesión europea en 2010, 2011 y 2012, se apostó por la austeridad, fue un error. Sería un error volver a hacerlo por tercera vez. Sería no haber aprendido nada. Nosotros pensamos, por el contrario, que España tiene margen fiscal para acometer estas inversiones en un contexto de tipos de interés negativos. Es difícil no encontrar proyectos de transición energética que no ofrezcan una rentabilidad superior al coste de financiación. Tenemos una enorme capacidad de financiar en este momento proyectos que necesitamos, pero además el margen fiscal se construye.

España necesita una reforma fiscal que recorte la brecha de recaudación que tenemos con Europa. Y que nos dé capacidad de financiar este tipo de proyectos que necesitamos urgentemente y que mejoren la progresividad de nuestro sistema fiscal, que es que es muy limitada.

Acaban de salir datos de Eurostat, en los que precisamente España sigue apareciendo como uno de los países de los grandes con menos porcentaje de PIB recaudado.

Estamos en torno a 7 puntos de diferencia con Europa. Si recaudamos como nuestro entorno, todos los años el sector público dispondría de más de 80.000 millones de euros para destinar a inversiones que son necesarias para nuestro futuro en I+D+i, en educación, en un sistema de dependencia digno de tal nombre.

¿Qué le ha parecido desde este punto de vista que el PSOE haya decidido prescindir de la propuesta de subir el IRPF de las rentas más altas porque era una propuesta de Podemos y no del PSOE?

Pues evidencia lo que ya sabíamos, que el Partido Socialista tiene un enorme agujero de credibilidad, que es capaz de decir una cosa y hacer la contraria sistemáticamente. Y lo que estamos viendo es que está lanzando continuos mensajes a la derecha española para acordar con ellos una investidura después de las próximas elecciones. Entonces, si el camino que ha emprendido el Partido Socialista es el que parece que es, es decir, lanzar mensajes a Ciudadanos y al Partido Popular para llegar a un acuerdo de investidura después de las elecciones generales, que no cuenten con nosotros. Nosotros vamos a seguir defendiendo las ideas que, por cierto, acordamos con ellos hace hace ahora un año, y que pasaban por una reforma fiscal que evidentemente gravase más a los que más tienen. Estamos hablando de rentas superiores a los 100.000 euros al año.

Pedro Sánchez, en una entrevista que hemos publicado recientemente, dice que donde están de verdad los grandes patrimonios no es en el IRPF sino en otro tipo de figuras impositivas.entrevista que hemos publicado recientemente

Pero es que el Partido Socialista no sólo renunció al acuerdo en las grandes rentas que había alcanzado con nosotros, sino también a los grandes patrimonios. Nosotros llegamos en materia de presupuestos a un acuerdo con una subida de un punto del impuesto de patrimonios superiores a un millón de euros. El Partido Socialista se ha olvidado también de eso. Es decir, que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y el Partido Socialista tiene, insisto, un enorme agujero de credibilidad porque sigue planteando en campaña cosas distintas de las que luego, cuando llegan las instituciones, hace.

Estamos de acuerdo en que el grueso de la recaudación está en los grandes patrimonios, pero por eso nosotros hemos planteado un impuesto sobre las grandes fortunas que el Partido Socialista no quiere ni debatir con nosotros.

¿Tiene la sensación de que el Gobierno en funciones está negando la desaceleración de la que hablábamos antes, como cuando se negaba la crisis antes de las elecciones de 2008?

Lo ha venido haciendo hasta ahora. Lo hizo cuando nosotros decíamos que hacía falta este programa de inversiones para evitar la desaceleración. Nos decía que la desaceleración viene de fuera, y es verdad, Alemania ya está prácticamente entrando en recesión. Pero sería absurdo seguir negándolo, porque debemos de tomar medidas urgentemente.

Volviendo también a Pedro Sánchez, ha dicho que no podría dormir con ministros de Podemos en áreas económicas.

Bueno, yo creo que quien necesita dormir bien es la mayoría social española. Dormir bien no es patrimonio de quien habita La Moncloa. Es una necesidad de millones de españoles en este país que no pueden hacerlo precisamente porque la precariedad se ha generalizado. Hoy tenemos que cuatro de cada diez contratos indefinidos ni siquiera duran un año y tenemos las mismas tasas de temporalidad que teníamos antes de la crisis. Y hoy tenemos un Partido Socialista que sistemáticamente duda sobre si debe o no debe derogar la reforma laboral en España. En campaña dice que derogará los aspectos más lesivos, pero en Nueva York, cuando se reúne con los inversores, dice que no lo hará. Dormir bien es patrimonio de todo el mundo y por lo tanto, lo que necesitamos es que esto no sea simplemente la preocupación de quien está en La Moncloa, sino la garantía de que todos podremos hacerlo.

Mochila austriaca y privatización de las pensiones

También se está hablando de la posibilidad de implantar el modelo de la mochila austriaca (un fondo en el que se iría acumulando la indemnización por eventual despido de un trabajador aunque cambiara de empleo, o que cobraría al jubilarse). ¿Por qué critican este modelo?

A mí me parece que el planteamiento que hace el gobierno del Partido Socialista con la mochila austriaca abre las puertas a una enorme erosión de derechos laborales y también a una enorme erosión de las pensiones futuras. Avanzar hacia un modelo de cuentas nocionales, como en el fondo es el planteamiento de la mochila austriaca, rompería esa solidaridad intergeneracional y acabaría con una de las políticas más redistributivas que tenemos en este país, que es el sistema de pensiones que actualmente tenemos.

En España, por parte sobre todo de los partidos de la derecha, se habla cada vez más abiertamente de los sistemas mixtos de pensiones público–privados. ¿Qué opinión le merecen?

Bueno, a mi me parece que quebraría totalmente la lógica de nuestro sistema de pensiones, que es un sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional. Si la derecha gana en este país y se pone en marcha un gobierno de la derecha apoyado por Vox, lo que tendremos será básicamente el inicio de la privatización del sistema de pensiones, que es lo que Vox lleva en su programa electoral.

Lo que pasa es que para evitar esto necesitamos que el Partido Socialista sea también consciente de que hay que blindar el debate de las pensiones y hay que blindarlo en campaña electoral. No puede ser, como ha hecho Pedro Sánchez en esta ocasión, que la subida de las pensiones sea una dádiva que ofrece por motivos electoralistas. Necesitamos que las pensiones se garanticen por ley y que el crecimiento de las pensiones sea equiparable al del IPC por ley. Los pensionistas de este país merecen que se cumpla la Constitución y que el incremento de las pensiones garantice la capacidad adquisitiva al margen de quien gobierne.

Le quería preguntar también por el caso de los falsos autónomos, particularmente presente a través de las aplicaciones de la economía digital, que por otra parte son un medio de acceso al trabajo para mucha gente en situación irregular, un tema poliédrico. ¿Cómo lo afrontaría?

Es cierto que el tema tiene aristas, pero lo que no puede ser es la situación en la que nos encontramos. Aprovechando las grietas legales que deja el sistema, hemos vuelto a un escenario muy similar al de los jornaleros de principios de siglo. Hay trabajadores que son falsos autónomos que se ven obligados a trabajar en condiciones sumamente precarias. Hay que profundizar la Inspección del Trabajo para que en aquellos casos en donde se detecten falsos autónomos se pongan en marcha sanciones importantes. No puede ser que un trabajador cuya carga de trabajo en un 90% depende de un único empleador tenga una situación laboral en donde se ha individualizado y se ha mercantilizado completamente la relación.

La digitalización supone importantes avances y mejoras que nadie niega y que debemos aprovechar. No tenemos porqué llegar tarde a la revolución industrial que estamos viviendo, como nos pasó hace 200 años. Pero al mismo tiempo tenemos que dar garantías de que la digitalización sucede en beneficio de la mayoría social. No puede ser un instrumento que se utilice como se está utilizando ahora, por ejemplo, en la economía de plataformas para precarizar las condiciones de trabajo.

Proponen una jornada laboral de 34 horas semanales. ¿Cómo la implantarían?

Nosotros planteamos que esta medida se aborde igual que se ha abordado en los últimos 150 años de capitalismo, es decir, sin reducción salarial. Cuando a principios del siglo XX se consigue la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, no se hace reduciendo el salario a los trabajadores. Estamos en una nueva economía donde la productividad aumenta, pero sin embargo, los repartos de esta productividad no se están efectuando. Pensamos que para trabajar todos y para que la productividad se pueda repartir de forma sensata es necesario avanzar en esta reducción de la jornada laboral flexible, poco a poco, pero en todo caso debe de avanzarse hasta las 34 horas semanales.

Pensamos, además, que la prioridad no es un viernes libre, como se ha venido a plantear en algunos casos [la semana laboral de cuatro días es parte del programa de Más País], sino sobre todo una reducción cotidiana diaria, de una de una hora de trabajo al día, porque así seremos capaces de incentivar también la conciliación de la vida laboral y familiar. De lo que se trata es de que a las cinco estemos en el parque con nuestros hijos o yendo al cine y no mantener estas jornadas laborales tan extensas a las que este país nos tiene acostumbrados y que en el fondo son una merma enorme para la productividad de las empresas.

¿Tienen algún tipo de relación con la CEOE o las patronales?

Justo antes de elecciones generales, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y yo nos vimos con los responsables de la patronal. Tuvimos una reunión pública y cordial con ellos. Debatimos sobre el diagnóstico de la situación del país y las medidas que hacen falta. Hubo puntos en común pero lógicamente hay desacuerdos muy importantes, en particular sobre la reforma laboral del Partido Popular. Nosotros pensamos que debe derogarse para abrir el debate sobre un nuevo marco laboral en el que podamos avanzar hacia una mayor estabilidad en los derechos. Pero en todo caso, las conversaciones son normales y fluidas.

Ustedes defienden aumentar los permisos de maternidad y paternidad. Pero las familias monoparentales han denunciado que esta normativa les discrimina desde el momento en el que solo es uno de los dos, normalmente la madre, quien cuida al niño. ¿Tienen alguna propuesta en este ámbito?

Los permisos de paternidad y maternidad tienen que facilitar condiciones iguales en padres y madres, precisamente para avanzar en el reparto de los cuidados dentro de los hogares y para facilitar una mejor inserción, sobre todo de las mujeres, en el mercado de trabajo. Pero sin duda, hay que estudiar los casos particulares de hogares como los hogares monoparentales, y en particular monomarentales, que son la mayoría. Nosotros pensamos que la ayuda a estos hogares, sobre todo, tiene que venir por el lado de un programa de renta garantizada que evite la pobreza en este tipo de hogares, que es donde se ceba con mayor intensidad.

¿Qué propuestas concretas plantean para resolver el tema de la brecha salarial?

La primera sería, sin duda, avanzar hacia esta equiparación total y el incremento de los permisos de paternidad y maternidad. Es decir, poder repartir las tareas de cuidados dentro de los hogares ayudará a cerrar la brecha de género en el mercado laboral. Pero además, España tiene que ser capaz de avanzar en el desarrollo de infraestructuras que hoy están muy infradesarrolladas. En particular me refiero a un sistema de dependencia digno de tal nombre. Tenemos casi 300.000 personas en el limbo de la dependencia, que tienen reconocida una ayuda que, sin embargo, no les llega. Y en general el peso de estos cuidados recae sobre las mujeres.

Simultáneamente debemos universalizar la educación de 0 a 3 años. Este triángulo de medidas de políticas públicas, un sistema de dependencia, un verdadero sistema universal de educación de 0 a 3 años y permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y que al final de la próxima legislatura se sitúen en las 24 semanas, ayudaría a que las mujeres se integren en el mercado laboral en mayores condiciones de equidad y de igualdad.

Marihuana, para uso medicinal

En un momento dado hablaron de la posibilidad de crear una empresa pública de producción de marihuana, pero esto no llegó a aparecer en su programa electoral ¿lo han descartado?

Que yo sepa no está en el programa electoral, pero en todo caso sí que es importante reconocer una cosa y es que el uso, en particular el uso medicinal de la marihuana, debería de legalizarse inmediatamente. Tenemos que la marihuana hoy tiene aplicaciones médicas y sanitarias reconocidas enormemente por la investigación internacional y que están facilitando el tratamiento de la espasticidad en enfermedades neurodegenerativas y, por lo tanto, la posibilidad de utilizar esto en el avance de la investigación médica debería permitirse inmediatamente.

¿Cree que España se está preparando realmente para la descarbonización de la economía y para una nueva revolución industrial?

No creo que el Gobierno socialista esté haciendo los deberes en materia de transición ecológica, básicamente porque tiene un desajuste intelectual, por cierto, muy similar al de las instituciones de Bruselas y los organismos financieros internacionales. Todos coinciden en señalar que la transición ecológica es un reto ineludible y que va a suponer inversiones muy importantes en los próximos años, pero simultáneamente, con la otra mano, todos señalan una y otra vez la necesidad de la austeridad fiscal, la imposibilidad de acometer estas inversiones, porque no hay espacio económico para hacerlo. Nuestra sociedad tiene un enorme reto y con este desajuste intelectual difícilmente va a poder acometerlo.

A mí lo que me preocupa no es que el déficit público sea dos puntos mayor o dos puntos menor, sino que la temperatura del planeta no se eleve en dos grados centígrados. Y para esto hace falta no solamente palabras, sino también actuaciones que pongan sobre la mesa inversiones en transición hacia las renovables, rehabilitación inmobiliaria, inversiones en movilidad eléctrica, una adaptación al cambio climático de la que hoy carecemos y que no está en los planes presupuestarios que el Gobierno remite a Bruselas.

¿Qué opina de la propuesta del Ministerio de Fomento de ceder suelo público durante un periodo para construir vivienda de alquiler asequible?

Nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho Ábalos. En el fondo es un regalo a las constructoras. España ya tiene más vivienda por habitante que la mayor parte de los países europeos. No necesitamos construir más, no necesitamos más oferta.

Necesitamos ser capaces de atajar los problemas de subida de alquileres allí donde se están produciendo, que fundamentalmente es en el centro de las de algunas capitales de provincia, y esto ya se está haciendo en otros sitios. Berlín, por ejemplo, acaba de tomar medidas para frenar la subida de los alquileres. Y lo ha hecho un gobierno socialdemócrata. Sin embargo, aquí Pedro Sánchez rechaza y renuncia una y otra vez a adoptar medidas que regulen el mercado de los alquileres, dice que esta es una medida que propone Podemos, de la que la que quiere desligarse completamente porque es intervencionista. Que nos explique por qué el SPD en Alemania puede hacerla y ellos aquí les parece inasumible.

Nacho Álvarez (Madrid, 1977) es secretario de Economía de Podemos y profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Es una de las personas que está elaborando el programa electoral de la formación morada de cara a las elecciones generales del 28 de abril, del que se van conociendo detalles. Propone poner el foco en una economía verde que incluya la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica. Defiende el blindaje constitucional de la revalorización de las pensiones por IPC y la jornada de 34 horas semanales: “A las 5 de la tarde donde hay que estar es recogiendo a los críos del cole, en el parque o disfrutando del ocio. No tienen sentido jornadas laborales interminables como las que abundan en nuestra economía”. 

Del lado de los ingresos, además de subir el IRPF a las rentas más altas y crear un impuesto a las grandes fortunas, otra de sus propuestas daría un vuelco a la manera en la que se recauda el impuesto de Sociedades: limitar a cuatro años el plazo con el que cuentan las empresas para poder deducirse los llamados “créditos fiscales”, considerados uno de los principales agujeros recaudatorios en este tributo.

Se trata de una especie de “bolsas de pérdidas” que generan las empresas (sobre todo bancos y eléctricas), y que ascienden a 100.000 euros. Con ellas pueden ir reduciendo el pago de Sociedades a futuro, actualmente “sine die”, por haber tenido pérdidas pasadas, sobre todo durante la crisis. También provienen de provisiones y aportaciones a planes de pensiones de empleados. Según la AIReF, este esquema es uno de los causantes más relevantes de la caída de ingresos en Sociedades, único impuesto que no se ha recuperado desde la burbuja inmobiliaria (los ingresos entre 2007 y 2018 han caído un 44,59%, de 44.823 a 24.838 millones a pesar de que este último año se ha registrado una recaudación récord gracias al resto de impuestos). 

El tema de las pensiones ha entrado en campaña. El agujero de la Seguridad Social es cada vez mayor, ¿cómo solventarían este déficit? ¿Creen que debería haber algún factor de sostenibilidad?

Debemos garantizar la sostenibilidad financiera pero también la sostenibilidad social de nuestro sistema de pensiones. La reformas del 2011 y 2013 hicieron hincapié en lo primero, pero a costa de recortar las prestaciones presentes y futuras. En un país donde dos de cada tres pensionistas cobran pensiones inferiores a los 950 euros no nos podemos permitir eso: las pensiones deben de actualizarse, por ley, con el IPC y debe derogarse el factor de sostenibilidad (que reduce las prestaciones en el momento de jubilarse).

La prioridad es incorporar nuevos ingresos a la caja de la Seguridad Social. Esto exige terminar con la precariedad laboral y garantizar salarios decentes: con salarios basura solo tendremos cotizaciones basura. Con los salarios que teníamos antes de la crisis, al nivel de empleo actual, la caja de la Seguridad Social estaría recaudando 5.000 millones de euros más al año. Además debemos quitar el tope actualmente existente en las cotizaciones de los salarios superiores a los 3.500 euros, y eliminar las deducciones empresariales a la Seguridad Social –salvo para colectivos muy concretos– que todos los años nos cuestan 3.000 millones de euros y que no sirven para crear empleo.

Ustedes proponen rebajar la edad de jubilación ¿a qué edad creen que debería producirse? ¿qué debe pasar con las pensiones de viudedad?

Nuestro sistema de pensiones debe permitir que la gente se jubile después de tener 35 años cotizados, lo que facilitaría que la edad de jubilación no se siga ampliando como está previsto actualmente. Además, el foco debe ponerse en las pensiones más bajas –las pensiones mínimas y las de viudedad–, que deberían elevarse hasta alcanzar el umbral de ingresos que hemos propuesto en nuestra ley de Renta Garantizada (600 euros para hogares unipersonales, y 900 para hogares de dos personas).

¿Qué quieren decir cuando hablan de “blindar” las pensiones en la Constitución?

Que se debe constitucionalizar de forma expresa la garantía de que las pensiones se actualizarán por ley según el IPC.

También proponen contratos mínimos de un mes, pero ¿cómo se resolverían campañas como la de navidad?

La reforma laboral del 2012 no puso freno al fraude asociado a la temporalidad. Al contrario, ha seguido aumentando: en 2018 más de 6 millones de contratos fueron inferiores a siete días. Por eso vamos a plantear la transformación de los contratos temporales en indefinidos, y que se mantenga sólo una figura muy acotada y justificada para la contratación temporal, con al menos un mes de duración y un máximo de seis meses. Aquellas empresas que necesiten contratos inferiores siempre podrán usar los servicios de una Empresa de Trabajo Temporal, que en todo caso deberán mantener a los trabajadores de sus plantillas con contratos indefinidos.

Otra de sus propuestas es la jornada de 34 horas. ¿Evitaría tantas jornadas reducidas? ¿Puede explicar qué quiere decir que no iría acompañada de una bajada en el salario, sino que el Estado aportaría la diferencia “con cargo al derecho de los trabajadores a cobrar el subsidio de desempleo en el futuro”?

Planteamos una reducción general de la jornada laboral a 34 horas para impulsar la racionalización de horarios, la conciliación laboral y la reorganización de los trabajos de cuidados en nuestro país. A las 5 de la tarde donde hay que estar es recogiendo a los críos del cole, en el parque o disfrutando del ocio. No tienen sentido jornadas laborales interminables como las que abundan en nuestra economía.

Y esta reducción de la jornada ha de hacerse sin reducción salarial: debemos retomar una tendencia que se ha dado en las economías desarrolladas en los últimos 150 años, y que se frenó en los años ochenta. Otra cosa distinta son los ajustes en periodos de crisis. Puntualmente, en momentos de reducción de la demanda y para evitar despidos o reducciones salariales, la flexibilidad interna en las empresas debe permitir ajustes en la jornada laboral con cargo al subsidio de desempleo futuro de los trabajadores. Este modelo -que se utiliza en Alemania- se ha demostrado útil para evitar tanto despidos como rebajas salariales en periodos de crisis. Pero se trata en todo caso de un uso puntual en periodos de crisis.

Recientemente ha habido noticias sobre las indemnizaciones que ha pagado Podemos a los trabajadores que ha despedido (20 días en algunos casos, 12 en otros). Esto choca con las propuestas legislativas planteadas por la formación, ¿no supone una cierta incoherencia?

En el equipo económico de Podemos no llevamos estos temas, que tienen que ver con la gestión interna de recursos humanos. En todo caso, Podemos trabaja por cambiar la regulación laboral actualmente existente, pero como cualquier otra entidad u organización Podemos también debe atenerse a lo que marca la ley.

Convergencia de la tributación del trabajo y el capital

Hablan de subir el IRPF a quienes ingresen más de 100.000 euros anuales. ¿Cuál es el tipo máximo que proponen?

Propondremos una subida del tipo al 47% para rentas superiores a los 100.000 euros, y hasta el 55% para rentas superiores a los 300.000 euros. En todo caso, el debate relevante aquí es acercar los tipos nominales de los tipos efectivos. Para ello hay que eliminar ciertos privilegios fiscales –en forma de deducciones– de los que se benefician, fundamentalmente la rentas más altas. 

¿Qué le parece la dualidad entre rentas de capital y trabajo? Proponen elevar las primeras, pero ¿cree que deben equipararse del todo en algún momento?

Es necesario hacer converger progresivamente la tributación de las rentas del trabajo y del capital, puesto que el 80% de la recaudación por IRPF proviene de las primeras. La equiparación total no existe en ningún país europeo en este momento, pero sin duda en España hay margen para una subida de la tributación de las rentas del capital, y para eliminar los mecanismos de elusión fiscal que estas rentas utilizan.

Respecto del Impuesto de Sociedades, ¿cómo abordan, más allá de deducciones, la reducción de bases imponibles partiendo del beneficio de las empresas?

En especial por exención de dividendos por doble imposición internacional. En nuestro programa proponemos establecer un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15%, que sería del 20% para las entidades financieras. Después de la aplicación de deducciones fiscales, las empresas no podrían tener un tipo efectivo inferior a ese umbral. Esto afectará fundamentalmente a las grandes empresas. Para las pymes que facturan menos de 1 millón de euros proponemos reducir el tipo nominal del 25% al 23%.

La exención de dividendos por doble imposición internacional debe regularse, y permitirse sólo en el caso de que las empresas hayan tributado al menos un 15% efectivo en otros países, para desincentivar el uso de paraísos fiscales. Francia y Alemania tienen regímenes de exención por doble imposición más sensatos, y en esa dirección deberíamos movernos.

¿Cree que habría que ajustar los plazos de prescripción y de aplicación de deducciones y bases negativas para no dejar ejercicios fuera de control por Hacienda?

Sin duda, deben regularse los actuales plazos legales de compensación de las bases imponibles negativas: hoy las grandes empresas, en particular el sector financiero, acumulan más de 100.000 millones de créditos fiscales, lo que permitirá que estas empresas difieran de forma indefinida el pago de sus impuestos, salvo que se fije un límite en la utilización de este mecanismo fiscal. Nosotros proponemos un límite de 4 años.

¿Y qué piensan hacer con Sucesiones y Donaciones?

En primer lugar este impuesto ha de ser más progresivo, para ser más justo y fomentar una verdadera igualdad de oportunidades. Además, deben facilitarse cuotas reducidas y el fraccionamiento del pago en los momentos en los que se produce la herencia.

Sorprende en todo caso donde está instalado el debate en nuestro país: mientras los liberales en el Reino Unido piden un impuesto de sucesiones que grave las grandes herencias y garantice la igualdad de oportunidades, Partido Popular y Ciudadanos acuerdan con Vox en Andalucía reducirlo para las herencias superiores a 1 millón de euros. En nuestro país el liberalismo siempre ha estado sometido al pensamiento reaccionario.

Hace poco Pablo Iglesias hablaba de establecer un impuesto que las entidades pagarían en función del dinero del rescate, ¿esto implicaría tipos distintos según entidad? Y ¿pagarían en función de las cajas absorbidas?

Aquí no hay cambios en nuestra propuesta. Seguimos manteniendo un impuesto a la banca, en forma de recargo de 10 puntos en el tipo de Sociedades, para todas las entidades del sector. Todos los bancos se beneficiaron directa o indirectamente del rescate financiero, y por eso todos ellos pensamos que deben de colaborar en la devolución progresiva de este rescate. Las cajas saneadas con dinero público fueron después adquiridas como auténticos chollos de mercado por los bancos privados.

Impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas

En materia impositiva pensamos no obstante que el debate ha de centrarse no tanto en la tributación de la renta, sino en la tributación de la riqueza. Por eso vamos a plantear la creación de un nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas que grave los patrimonios netos por encima del millón de euros, con un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros.

El tipo será del 2% para patrimonios de más de 1 millón, del 2,5% para patrimonios superiores a los 10 millones, 3% para los de más de 50 millones y 3,5% para los patrimonios de más de 100 millones. Recaudaría unos 10.000 millones de euros y la mayor parte de esta recaudación recaería en los 1.000 grandes patrimonios del país. Es un impuesto muy similar al que propone Piketty en la UE, o al que ha propuesto la senadora estadounidense Elizabeth Warren.

Vicepresidencia de Transición Ecológica

Sugieren además una baja de paternidad-maternidad de seis meses. ¿Con qué configuración? ¿Se podría coger durante el primer año? 

Hasta ahora nuestros esfuerzos se han centrado en garantizar la equiparación de los permisos de paternidad y los de maternidad, para impulsar el reparto de cuidados en las familias y evitar la discriminación laboral que sufren las mujeres en el mercado de trabajo. Una vez que esta equiparación ha sido ya aceptada socialmente, pensamos que se debe legislar su inmediata entrada en vigor, y poder avanzar así hacia permisos de paternidad y maternidad de 24 semanas al final de la próxima legislatura.

La obligación de simultanear el permiso debe mantenerse en dos semanas, y debe seguirse utilizando a tiempo completo sin necesidad de acuerdo por parte del empleador. 

Uno de los grandes retos políticos y económicos es el de cómo reducir la contaminación. ¿Cuál es su propuesta para ello?

Efectivamente, la contaminación es un problema de salud pública muy importante: 30.000 personas mueren al año nuestro país de forma anticipada por enfermedades respiratorias derivadas de esta contaminación, la elevación de la temperatura es muy preocupante porque no tenemos un planeta de repuesto. Por ello, la principal prioridad de la política económica para Podemos en este momento es implementar un amplio programa de inversiones que desplace nuestra economía hacia un horizonte verde, que reduzca drásticamente las emisiones. Esto exige un rápido avance hacia las energías renovables, la rehabilitación de 500.000 viviendas al año para mejorar su eficiencia energética y el desarrollo de la movilidad eléctrica.

En consonancia con este objetivo, proponemos crear una Vicepresidencia de Transición Ecológica que impulse este proceso, y un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Ecológica (BITTE) que garantice su financiación e implementación.

¿Cuál es su postura en el conflicto entre el taxi y las VTC?

El ministro Ábalos ha actuado de forma irresponsable trasladando una patata caliente a comunidades autónomas y municipios en el conflicto Taxi-VTC. Para avanzar en la resolución de este conflicto es fundamental que se cumpla la regla de proporcionalidad 1/30 fijada por la Ley. En todo caso este conflicto evidencia el futuro que está por venir: la digitalización de la economía entraña enormes oportunidades, pero ha de regularse para garantizar que se produce en beneficio de la mayoría social.

España llegó tarde la revolución industrial. Ahora no puede llegar tarde a la nueva revolución tecnológica. Por eso en nuestro programa proponemos la creación del Centro Nacional de Robótica Aplicada. El sector público debe actuar como vector emprendedor que garantice la innovación, elevando la inversión en I+D+i al 2% del PIB. Asimismo, y de forma paralela, el Estado debe regular un nuevo marco de relaciones laborales que evite que esta digitalización se traduce en precariedad. Los riders del siglo XXI tienen condiciones laborales parecidas a las de los jornaleros del siglo XIX, y esto no es tolerable.

El barman de Sigüenza, Nacho Álvarez, ganador del ‘Mejor Gin Tonic’ en el IV Campeonato de Coctelería de Castilla-La Mancha conversa con eldiarioclm.es sobre la experiencia en el concurso, sus secretos, su trayectoria profesional ligada a la ciudad seguntina y acerca de sus retos personales de futuro.  

Apasionado del mundo del cóctel e innovador. Así es Nacho Álvarez.  El ‘feeling’ de este joven hostelero de 35 años con el gin tonic va ligado a su propia trayectoria profesional como hostelero en la ciudad seguntina. Tras su paso por varios establecimientos de la Ciudad del Doncel, decidió iniciar su andadura hace 15 años como propietario del pub Oboe y, posteriormente del kiosko ‘El Triunfo’.  

Desde entonces, según reconoce, no ha parado de inventar nuevas mezclas, guiado siempre por dos máximas “la calidad de la materia y hacer disfrutar al cliente de una experiencia”: “Este premio es fruto del trabajo constante y resulta gratificante que los vecinos de Sigüenza te lo reconozcan y te feliciten por ello”. Un reconocimiento que,  asegura “ha revertido en el negocio, atrayendo a más clientes que quieren probar el gin tonic”. Y, añade “tienes que dar un buen servicio, porque no es un gin tonic convencional”.

La receta del gin tonic castellano-manchego más laureado ya no es un secreto. De aire mediterráneo y una combinación del ‘dry clásico’ con la frescura del cítrico, los pasos para elaborar esta copa están medidos al milímetro. “Sobre la base de una copa de balón clásica y boca abierta que relleno de hielos, añado 5 centilitros de ginebra Máster, 20 centilitros de tónica Schweppes Premium, un toque de angostura y lo homogeinizo con la cuchara”. El toque final viene con la decoración, uno de los aspectos que confieren “la personalidad al cóctel”: “Agrego dos twists de naranja y de limón superpuestos sobre la copa en forma de estrella, una cereza en almíbar y dos flores comestibles”, detalla el barman.

A cerca de los ingredientes imprescindibles que no deben faltar en un gin tonic, Álvarez apuesta por “el toque de plantas como la lavanda, la albahaca o el romero para potenciar el color y el aroma del gin tonic, según las sensaciones que te produzca la ginebra”, sin olvidarse nunca del “hielo de calidad y de una copa apropiada”.

Unas ideas que el barman seguntino exhibió en el IV Certamen de Cóctelería de Castilla- La Mancha, celebrado en mayo en el municipio toledano de Villanueva de Alcardete en el que Álvarez se impuso frente a otros 15 participantes en la categoría absoluta del ‘Mejor Gin Tonic’. “Es una experiencia positiva, de mucho nivel y competitividad en la que tienes la oportunidad de sumar y compartir ideas nuevas con otros compañeros de la profesión”.

Dentro del cónclave de los ‘cocteleros’, los concursantes compiten en las modalidades de ‘Jefe de Bar’, encargado de elaborar el cóctel, ‘Viraje de cerveza’, en la que un maestro muestra cómo tirar con destreza una cerveza y la de ‘Mejor Gin Tonic’.  La competición arranca con la prueba en la que los candidatos realizan la decoración de su bebida espirituosa durante 15 minutos. Después, un jurado técnico evalúa sobre el escenario la habilidad del barman con los útiles del bar y en la elaboración del gin tonic a lo largo de 7 minutos.

Finalmente, un jurado degustativo, formado por “chefs y sumilleres de acreditado prestigio”, explica Álvarez, determina las propuestas ganadoras en cada categoría. “Los barmans estamos despegando y en Castilla-La Mancha hay profesionales con talento; prueba de ello es que en este certamen han participado campeones de España y de Europa”, afirma Álvarez.

Además de esta competición anual, la Asociación de Barmans de Castilla-La Mancha completa su actividad con varios cursos y ‘master class’ sobre coctelería que organiza el resto del año, a través de las delegaciones presentes en las diferentes provincias. En Guadalajara, la filial, que nació hace tres años en Sigüenza bajo la dirección de Nacho Álvarez, programa  varias iniciativas para dar a conocer al público el mundo de la coctelería y el oficio de barman. En este sentido, Álvarez considera que un buen barman debe tener “imagen, profesionalidad, buena memoria, imaginación y capacidad de improvisación”.

En cuanto a los retos de futuro que afronta el oficio, sostiene que “necesitamos profesionalizar el sector como lo han hecho con éxito los hosteleros en Sigüenza y apostar por la calidad del servicio y del producto”. Asimismo, avanza que “los barmans viviremos nuestro boom en unos años, porque cada vez más gente sabe apreciar y disfrutar de un buen cóctel y de la vivencia que lo rodea”.

Con respecto a sus proyectos personales, Nacho Álvarez se muestra “ilusionado”, confía en prosperar con sus negocios y hacerse un hueco en el universo del coctel, porque, confiesa, “es mi pasión”.

Mientras tanto y a la espera de la próxima edición del campeonato, que se celebrará en Sigüenza, el responsable del ‘Mejor Gin Tonic’ regional 2018 sorprende de nuevo recreando en unos segundos otra combinación refrescante para dar la bienvenida al verano: “Un After River con vermut italiano clásico y gaseosa de la tierra, rematado con un twist de naranja y una aceituna es mi sugerencia para el aperitivo veraniego”, concluye Álvarez.

El artista asturiano Nacho Álvarez llega este lunes 2 de abril, a partir de las 21.00 horas, al ciclo 'Cajas de Música 2018', una iniciativa cultural impulsada por la promotora Los Huesos de Portobello que celebra su tercera edición en los Cines Groucho de Santander con la presencia de grupos nacionales e internacionales de gran prestigio como Matthew McDaid, Carlos Cros, Núria Graham, Joana Serrat o Los Hermanos Cubero.

Según han explicado los promotores del concierto, el protagonista de esta nueva cita musical lleva desde principios de los noventa haciendo música, primero como integrante de Manta Ray, una de las bandas más relevantes dentro del llamado Xixón Sound y donde compartía escenario con Nacho Vegas, y después liderando Nacho Álvarez y el Quarteto Bendición.

Este recorrido vital le ha permitido transitar de los sonidos más eléctricos y distorsionados de la primera época a su versión más acústica e intimista que caracteriza su nueva propuesta, plasmada en un disco bautizado 'Retales de vientos enfurecidos' (Astro Discos, 2018) que presentará en Santander este lunes.

“En directo, Nacho Álvarez es capaz de hacer enmudecer al público sin levantar la voz, narrando las historias que encierran sus canciones con un registro grave que recuerda en ocasiones a Leonard Cohen”, han señalado desde Los Huesos de Portobello.

En esta línea, desde la promotora cántabra han subrayado que “la sensación de tiempo se pierde en sus conciertos porque los temas fluyen sin reparar en el pulso o el compás, y así su música atrapa y sumerge al oyente en un universo en el que conviven la tristeza y el humor”.

Las letras del cantautor asturiano escapan de lo convencional, hablando de un circo muy peculiar en 'Lanza cuchillos', de un imposible taller en 'Crucifixión' o de los avatares de la raza humana en algunas de sus nuevas canciones.

Cantautor de prestigio

Nacho Álvarez, fundador de una de las bandas más icónicas del indie español, llegará a 'Cajas de Música 2018' acompañado por los músicos Manuel Scattini (bajo fretless) y Pablo Álvarez (guitarra).

El artista, al que los críticos emparentan en su faceta como cantautor con nombres de la talla de Javier Krahe, Luis Eduardo Aute, Tom Waits o Jacques Brel, es responsable de “unos textos y un tono arrabalero que le emparentan con el tango y el bolero sin perder nunca de vista el horizonte del rock”.

El concierto tendrá lugar este lunes 2 de abril en la Sala 2 de los Cines Groucho (Calle Cisneros 4, Santander) en la sesión de las 21.00 horas. Las entradas podrán adquirirse en la misma taquilla el día del concierto y el precio para asistir al directo será de 7 euros.

Ciclo consolidado

Según señalan desde Los Huesos de Portobello, 'Cajas de Música 2018' es una apuesta por el directo, por la cultura de la música en vivo, en un ciclo que apuntala la importancia del autor y su obra sin trucos, con propuestas en formato electroacústico de músicos novatos y otros más veteranos.

El ciclo está pensado para el público más inquieto y melómano dispuesto a dejarse sorprender, con actuaciones únicas como la que protagonizará Birds are Indie en un espacio íntimo en pleno centro de la ciudad. Los Huesos de Portobello han realizado una selección marcada por la calidad de cada una de las propuestas, donde la composición musical, la puesta en escena y los textos destacan por igual.

Los promotores apostaron en anteriores ediciones por artistas que en aquel momento eran en su mayoría desconocidos para el gran público y que actualmente son referentes en los grandes festivales, como Neuman o Fuel Fandango. Otros como Random Thinking, Dani Molino o Steven Munar están dando pasos importantes en el panorama nacional con sus últimos trabajos, lo que refuerza las líneas maestras de este ciclo ya consolidado en Santander.

Pedro Sánchez ha reaparecido con la intención de dejar atrás el chasco de los socialistas en las elecciones catalanas y sacar la cabeza con una agenda social con la que pretenden colocarse como alternativa al Gobierno del PP y su socio Ciudadanos y de arrebatar definitivamente el liderazgo de la izquierda a Unidos Podemos. La apuesta estrella es un impuesto a la banca así como una tasa a las transacciones financieras con los que garantizar la sostenibilidad de las pensiones del futuro.

Los de Pablo Iglesias han salido en tromba a reprochar al PSOE que venda como nueva una iniciativa que ya llevaron Podemos y las confluencias en el programa electoral. Los socialistas rechazan haber “copiado” esa propuesta.

Estas son las diferencias y semejanzas de ambas propuestas, que PP y Ciudadanos rechazan, pero que si PSOE y Unidos Podemos cumplen su promesa podrán discutirse en el Congreso.

Pagar pensiones Vs cubrir el rescate bancario

Sánchez ha enmarcado su propuesta de obligar a las entidades financieras a pagar un impuesto en la necesidad de abrir nuevas vías de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. “La banca fue rescatada por todos los españoles; ahora pedimos a la banca que contribuya al rescate del sistema que mejor representa los intereses de todos los españoles: su Sistema de Seguridad Social”, expresa el PSOE.

“No se trata tanto de que se devuelvan las ayudas concedidas como de que un sector crítico realice mayores aportaciones que, de un lado, desincentiven conductas excesivamente arriesgadas y, de otro, permitan socializar recursos que puedan plantear de forma justa los rescates pasados y futuros”, explica Ferraz en un documento difundido tras el anuncio de Sánchez.

La finalidad política del establecimiento de esa tasa es, por tanto, diferente a la de Podemos, aunque la justificación se asemeja. Los de Iglesias pretenden que su “impuesto de solidaridad” sirva para “recuperar de forma progresiva las cantidades que el sector ha recibido directamente en forma de ayudas públicas”, es decir, cubrir el rescate al sector financiero.

Distinto tipo impositivo, pero recaudación similar

Las expectativas de recaudación son similares. El PSOE pretende recaudar entre 800 y 1.000 millones al año a través de “un impuesto paralelo del 8% sobre la base imputable del de sociedades” a los bancos.

Podemos estima que se pueden recaudar en torno a 1.000 y 1.500 millones anuales a través de ese “impuesto de solidaridad” que gravaría con un 10% los beneficios de las entidades financieras, según la propuesta que el grupo confederal llevó al Congreso en forma de proposición no de ley. El cálculo de Podemos es que con las ganancias de cerca de 15.000 millones de los bancos y una tasa del 10% se pueden alcanzar los 1.500 millones anuales de recaudación para las arcas públicas.

Distinta duración, pero vocación de ampliación

La duración de la propuesta también es diferente en ambas propuestas. Las dos formaciones políticas hablan del carácter “extraordinario” de esa medida. Sin embargo, en las expectativas del PSOE está que se prolongue durante un mayor periodo de tiempo.

Así, el cálculo de los socialistas es que ese impuesto debe ser ad hoc en tanto en cuanto siga habiendo déficit de la Seguridad Social. “El déficit actual es por el tipo de desempleo y la contratación precaria, que se puede resolver”, explica el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero, que considera que la tasa a los bancos sería necesaria para los años 2020, 2021 y 2022; pero que debería prorrogarse después para cubrir a la generación del baby boom. Por tanto, Escudero explica a eldiario.es que podría alargarse desde 2023 hasta 2050.

El planteamiento de Podemos es mucho más reducido y se limita a cuatro años: “Este impuesto será extraordinario, se aplicará sobre los beneficios y tendrá un carácter transitorio durante una legislatura”, rezaba el programa electoral.

No obstante, Podemos está abierto a que esa iniciativa que plantearon como “transitoria” pase a tener un carácter permanente, según explica el responsable económico del partido, Nacho Álvarez, que ve positivo que “los bancos contribuyan de forma estable dado que es un sector que no soporta IVA”.

Podemos deja fuera a Bankia

Podemos dejaba fuera de su propuesta a Bankia por su nacionalización. Según explicó Álvarez al ser Bankia un banco público los efectos de pago del rescate a través de un impuesto de solidaridad no tendrían efecto, puesto que entrarían en el erario público, informa EFE.

Por el contrario, el PSOE incluye a Bankia en las entidades que deberían abonar esa tasa: “Como el resto de bancos”, contesta Escudero.

Misma propuesta para gravar los flujos financieros

Frente a esos matices de PSOE y Podemos respecto al impuesto para la banca, Sánchez e Iglesias coinciden en su propuesta de gravar las transacciones financieras. El porcentaje sería de un 0,01% para las “operaciones normales”, según señala Escudero –compra y la venta de acciones y bonos, según especifica Podemos– y de un 0,1% para los productos derivados.

Los socialistas calculan que pueden conseguir una recaudación de entre 800 y 1000 millones anuales (que sumarían en torno a 1.600 o 2.000 millones sumando el impuesto a la banca) a través de esa tasa a la que se comprometieron diez países de la UE, entre ellos España, y que Francia ya ha implantado. El PSOE se inspira precisamente en el modelo francés y pretende que se establezcan “umbrales” para su pago, aunque “aún no está articulado”.

La diferencia con Podemos es que, en su caso, el impuesto para las transacciones financieras afectaría a todas y no dependería de su cuantía. El cálculo recaudatorio de la formación de Iglesias en sus últimos presupuestos alternativos asciende a 550 millones de euros.

La reciente moción de censura presentada por Unidos Podemos ha planteado una alternativa al Gobierno del Partido Popular, no sólo en materia de regeneración democrática, sino también en política económica. ¿Por qué? ¿Acaso no estamos ya, como insiste el Gobierno, en plena “recuperación”?

Determinar en qué medida está saliendo nuestra economía de la crisis, cómo y por qué, es fundamental para identificar qué política económica necesita en este momento el país. El Gobierno sin embargo, en lugar de abordar un debate serio sobre esta cuestión, se limita –como hemos comprobado estos días– a instalar mensajes tergiversados y falsos: “Los recortes y reformas de los años pasados estarían supuestamente dando sus frutos, permitiendo la actual recuperación”.

Este relato no es cierto, e ignora y oculta algunos elementos fundamentales, que abordamos a continuación.

En primer lugar, es de sobra conocido que los recortes fiscales y salariales del pasado no sólo no fueron positivos para el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que prolongaron innecesariamente la crisis al reforzar sus efectos depresivos.

Tal y como puede verse en el gráfico 1, fue precisamente la implementación de estos recortes –a partir de 2010– lo que determinó la segunda fase de la crisis. La insistencia del Gobierno de Rajoy durante los años 2012 y 2013 en una política que reducía el nivel de demanda interna nos ha terminado llevando a una década perdida: España aún no ha alcanzado el nivel de PIB per cápita que tenía antes de la crisis, y sólo ha recuperado el 40% del empleo que se ha destruido durante los últimos diez años.

Gráfico 1: PIB real (2007=100) y ocupados totales

En segundo lugar, es necesario analizar con cuidado los factores que explican el crecimiento económico del periodo 2015-2017. Efectivamente, la economía española está creciendo al 3% en términos anuales, aproximadamente un punto por encima de la zona euro. Ahora bien, ¿acaso este crecimiento responde a haber aplicado más recortes que el resto de economías? ¿O a haber reducido más los salarios? No.

Cuando se analiza con cierto detalle los factores que en este momento empujan el crecimiento económico, se puede comprobar como estos, en buena medida, no responden a la política económica que el Gobierno aplica, o dice aplicar.

El Banco de España analiza en su reciente Informe Anual por qué la economía ha crecido en 2015-2016 notablemente por encima de lo esperado, y atribuye buena parte de este crecimiento a la política monetaria del BCE y a la fuerte reducción de los precios del petróleo. Ambos factores están al margen de la acción del Gobierno. De acuerdo al Banco de España, estos factores llegarían a explicar en torno a la mitad del crecimiento adicional que experimenta hoy nuestra economía (gráfico 2).

Gráfico 2: PIB en España y en el área Euro (tasas de variación anuales)

Fuente: Banco de España, Informe Anual 2016, pag. 56.

Los ministros del Gobierno repiten insistentemente, a modo de mantra, que estos “vientos de cola” afectan por igual a todas las economías de la zona euro, y que por tanto no se deben buscar ahí los motivos del crecimiento actual. Sin embargo, el informe anual del Banco de España explica por qué esto no es así, y por qué los “vientos de cola” tienen un mayor impacto en nuestra economía.

España es un país con un nivel de endeudamiento de hogares y empresas comparativamente más elevado, y con buena parte de las hipotecas referenciadas al Euribor. Es por tanto comprensible que descensos en los tipos de interés afecten en mayor medida a nuestra economía que a otras de la zona euro. Además, es conocida la tradicional dependencia energética española respecto de los combustibles fósiles, notablemente mayor que la de otros países de nuestro entorno. El precio del petróleo tiene una mayor importancia en la estructura de costes del tejido productivo español, lo que explica que su evolución afecte más a nuestra economía que a los países de nuestro entorno.

Pero ojo, existe un factor de crecimiento adicional fundamental. Durante el bienio 2015-2016 el Gobierno no sólo se ha encontrado con estos favorables vientos de cola. Durante este periodo, el Gobierno ha interrumpido los duros recortes fiscales de los años previos, llegando incluso a impulsar –casualmente en pleno periodo electoral, y con la aquiescencia de las instituciones de Bruselas– una política fiscal tímidamente expansiva. El Banco de España, en el mencionado informe, considera que esta política fiscal ha supuesto un 0,4% de crecimiento anual añadido durante este periodo (ver gráfico 2).

Es decir, el Gobierno de Rajoy, después de haber protagonizado durísimos recortes de la inversión y el gasto público durante 2012-2014, ha utilizado la política fiscal como “motor de arranque” de una economía gripada. En todo caso, no hay lugar para el engaño: tan pronto como pasó el periodo electoral, el Gobierno ha vuelto a la austeridad fiscal, tal y como demuestra el techo de gasto aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (que incluyen un recorte de 5.000 millones de euros respecto a lo que se presupuestó para 2016, y mantienen un límite de gasto no financiero 60.000 millones de euros por debajo de lo presupuestado en 2010).

Finalmente, hay un elemento adicional que hace muy difícil hablar de “recuperación económica”. Las características y el perfil del crecimiento actual dejan al desnudo enormes problemas estructurales. ¿Cómo hablar de recuperación económica cuando más de un tercio de la población queda excluida del crecimiento, y el empleo ya no constituye un pasaporte de ciudadanía para buena parte de los trabajadores? ¿Acaso el crecimiento actual no vuelve a apoyarse sobre pies de barro (fuertes desigualdades, precariedad laboral, bajos salarios, ausencia de transición energética, insostenibilidad medioambiental)?

De los 990.000 empleos netos que se han creado en el bienio 2015-2016, apenas 315.000 eran empleos indefinidos. Los otros 676.000 (casi el 70%), eran empleos temporales. Estos últimos tienen una remuneración media 10.000 euros al año inferior a la de los empleos indefinidos. A pesar de la cacareada reforma laboral, la tasa de temporalidad española se mantiene inalterada: en el 26,5%, muy por encima de la media de la zona euro (14,4%). Mientras que en 2007 la duración media de los contratos era de 79 días, en 2017 se ha reducido a 55 días según el Servicio Público de Empleo Estatal. Hoy sólo uno de cada dos desempleados tiene derecho a un subsidio (cuando antes de que llegase el PP al gobierno era el 70%).

Estos datos indican que hablar de “recuperación” exige ir más allá de los meros niveles de renta y empleo, y fijar nuestra atención en otras dimensiones: calidad del crecimiento, distribución de la riqueza y sostenibilidad.

Del análisis anterior se deriva la necesidad de un cambio profundo en la política económica. Es necesaria una nueva política económica que contribuya a fortalecer el crecimiento actual –excesivamente dependiente de los vientos de cola–, así como la creación de empleo. Pero, simultáneamente, dicha política económica debe tener también como objetivo prioritario la propia transformación del crecimiento, reduciendo las enormes desigualdades socioeconómicas actuales, y propiciando un proceso de transición energética que reduzca nuestra tradicional dependencia del combustible fósil.

Estos retos exigen una política fiscal que abandone definitivamente la austeridad, revierta los recortes de esta funesta década en los servicios públicos fundamentales, y acometa las inversiones necesarias para propiciar el cambio productivo y la disminución de las desigualdades (por ejemplo, un Plan de Renta Garantizada).

Pero estos retos exigen además la puesta en marcha de políticas de pre-distribución, que permitan distribuir los beneficios del crecimiento entre toda la población (una significativa subida del salario mínimo, un plan de choque contra la excesiva temporalidad, la preeminencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los convenios de empresa, o reconectar el crecimiento de las pensiones al crecimiento de los precios).

En ausencia de estos cambios, el modelo de “recuperación” al que nos avoca la política económica del Gobierno ampliará la brecha social, pospondrá la transición energética y reeditará el crecimiento sobre pies de barro de épocas pasadas. Una recuperación que condena a un tercio del país a la exclusión pone en cuestión los propios pilares de nuestra democracia. El cambio de rumbo, también en materia económica y a pesar de la mitología de la recuperación, es urgente.

Jordi Sevilla hace público en su último libro (Vetos, pinzas y errores, Ed. Deusto) un episodio que sucedió durante la conocida reunión que mantuvimos PSOE, Podemos y Ciudadanos el 7 de abril de 2016.

El pasaje en cuestión tiene trascendencia dado que, en el fondo, refleja el tipo de preocupaciones e intereses con los que las distintas fuerzas políticas abordamos aquel proceso de negociación para alumbrar un posible gobierno de cambio. Y tiene relevancia además no sólo para entender el pasado reciente, sino porque se refiere a una cuestión central del debate político actual: ¿cómo garantizamos pensiones de calidad?

La delegación de Podemos expusimos en aquella reunión algunas medidas de política económica que considerábamos fundamentales para empezar a negociar un gobierno de cambio. En materia de pensiones manifestamos nuestra oposición a la reforma de pensiones del PP (también a la del PSOE) y, en particular, planteamos la necesidad de volver a un marco de revalorización de las pensiones vinculado al IPC. Fue llegados a este punto cuando Jordi Sevilla, como él mismo cuenta en su libro, interrumpió crítico: “¿Y qué haremos los años que tengamos IPC negativos?¿Es esa vuestra fórmula de izquierdas?”.

Efectivamente, como relata el exministro, enmudecimos. No dábamos crédito. ¿Realmente la preocupación del equipo económico del PSOE era la fórmula de revalorización de las pensiones en años de deflación? ¿Acaso es un problema macroeconómico que los años con IPC negativo las pensiones se mantengan congeladas (actuando como freno frente a la temible deflación)? ¿Pretendía con ello Jordi salvaguardar la última reforma de pensiones del Partido Popular? ¿O es que estaba pensando en pedirles a los pensionistas reducciones en sus prestaciones durante los años en los que cayesen los precios?

Nos resultó desconcertante que el obstáculo para hablar de cómo “reformar las reformas” del Partido Popular fuese un fenómeno –como la deflación– prácticamente desconocido en nuestro país. Entre 1960 y 2009 España no ha conocido ningún año con inflación negativa (gráfico 1). Más de 190 trimestres seguidos con inflación interanual positiva, hasta la llegada de la crisis. De nuevo, desde el último trimestre de 2016, el crecimiento interanual de los precios vuelve a ser positivo, acelerándose hasta el actual 2,3%.

La reforma de las pensiones que acometió el Gobierno de Rajoy en 2013 desindexó el crecimiento de las prestaciones del crecimiento de los precios. Desde entonces, las pensiones cuentan con un índice de revalorización que establece una subida mínima anual del 0,25%, y máxima del IPC más 0,5%. Además, mientras la caja de la Seguridad Social tenga déficit, este índice establece que una parte de lo recaudado se destinará a reducir dicho déficit a una tasa anual del 25%.

Con este sistema de indexación, como cabía prever, las pensiones han crecido en los últimos 4 años el mínimo posible, un 0,25% al año. Esto no ha sido particularmente traumático mientras la inflación se ha mantenido en el entorno del 0%. No obstante, en cuanto hemos vuelto al patrón tradicional de la economía española, la pérdida de capacidad adquisitiva de los jubilados (que ya fue de un -5% en 2010-2012), ha empezado a instalarse. En el año 2016 la actuación del índice de revalorización se ha traducido en una pérdida de capacidad adquisitiva de un 1,4% (gráfico 2). Y para 2017 la pérdida de capacidad adquisitiva esperada es muy similar.

(*) Dato para 2017 estimado, para una inflación prevista del 1,5%.

Fuente: García Díaz, M.A. y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.García Díaz, M.A.

El episodio que revela Jordi Sevilla en su libro no es anecdótico. El ritmo de revalorización de las pensiones es una variable económica y social esencial. Los pensionistas son actores que difícilmente pueden protegerse de subidas de la inflación dado que, una vez fuera del mercado de trabajo, carecen de mecanismos efectivos que les permita evitar dicho riesgo.

Un reciente informe de FEDEA –uno de los think tanks que impulsó las reformas de 2011 y 2013– es meridianamente claro en este sentido: “La normativa actual exigiría con toda probabilidad la cuasi-congelación de las pensiones ya existentes durante varias décadas [….] lo que supondría una gradual pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista que, con la esperanza de vida actual, podría superar el 30 por ciento con tasas de inflación moderadas”.

En este contexto de erosión de las pensiones, ¿acaso lo relevante para establecer la orientación de un gobierno de cambio pasaba por discutir qué hacer en tiempos de inflación negativa? No sólo fue poco relevante, sino que resultó abiertamente contraproducente, dificultando que se abordase el verdadero problema que hoy presenta nuestro sistema de pensiones: cómo incrementar sus ingresos para garantizar simultáneamente su sostenibilidad financiera y la mejora de las prestaciones. La referencia de Jordi Sevilla a la deflación en aquella reunión, teniendo en cuenta la experiencia histórica española, sonó a excusa.

Ligar las pensiones al IPC significa establecer un “suelo” que asegure, como mínimo, mantener la capacidad adquisitiva. Pero esto no significa que la referencia a la inflación deba ser también un techo, y que por tanto deban de reducirse las pensiones en términos nominales si hay deflación. De hecho, si la productividad crece, lo razonable sería que los pensionistas se beneficien también de esta mejora de la economía (de forma que no tengan siempre una capacidad de compra constante cuando sin embargo la renta per capita del país no deja de crecer). Esto justificaría que la pensión en términos nominales crezca por encima del IPC, de forma que no sólo se mantenga la capacidad adquisitiva, sino que esta pueda incrementarse (particularmente para las pensiones de menor cuantía), tal y como sucede con los salarios.

El pasaje al que Jordi Sevilla hace referencia en su libro revela igualmente –para muestra un botón– el orden de prioridades de quienes hasta el momento han ocupado responsabilidades económicas en el PSOE. La crisis de la socialdemocracia, atrapada aún en el bucle del neoliberalismo, debería invitar a repensar el camino de quien se dice parte de dicha corriente ideológica. Los próximos equipos económicos socialistas, ¿profundizarán la tendencia social-liberal de los equipos anteriores, o centrarán su preocupación en la defensa de los derechos colectivos y el bienestar de la mayoría social?

En concreto, y en materia de pensiones, esto debe de traducirse en la apuesta honesta por “reformar las reformas” de 2011 y 2013, evitando toda erosión futura de las prestaciones, y garantizando el aumento significativo de las pensiones de menor cuantía. En ese camino resultará seguramente más fácil que nos podamos encontrar sin “vetos, ni pinzas, ni errores”.

Unidos Podemos quiere visibilizar la soledad del PP y de Ciudadanos en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que presentará en el Congreso este martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El grupo que lidera Pablo Iglesias ha remitido una carta a la oposición parlamentaria al Gobierno de Mariano Rajoy para negociar una enmienda a la totalidad conjunta con la intención de demostrar que existe “una mayoría social alternativa”. El PSOE, fundamental para que la iniciativa salga adelante, ha rechazado de plano el ofrecimiento minutos después de hacerse público.

El responsable de la Secretaría de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha asegurado que las cuentas que aprobó el Consejo de Ministros del pasado viernes “van a consolidar los recortes” y “la frustración” de la ciudadanía. “En lo fundamental supondrán la petrificación de la austeridad”, ha apuntado Álvarez, quien ha recordado que el techo de gasto “mantiene unos recortes de 10.000 millones en acuerdos de no disponibilidad”.

Podemos cree que los PGE “priorizan un ritmo de reducción del déficit que no se hace cargo de las necesidades de nuestra economía ni de los servicios sociales tras una década perdida y años de recortes”.

Para visibilizar una “mayoría alternativa” a la que suman PP y Ciudadanos, que han negociado las cuentas de 2017, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha remitido una carta al resto de grupos y partidos con representación en el Congreso. Desde el PSOE al PNV y a los diputados del Grupo Mixto que no han anunciado ya su voto positivo a la toma en consideración de los PGE.

Álvarez ha mostrado su “preocupación” sobre el destino de los cinco votos del PNV en el debate de totalidad. “Asistimos a una suerte de intercambio de recortes entre Madrid y Vitoria”, ha explicado el responsable económico de Podemos, quien ha puesto como ejemplo el “recorte del 15%” a la Renta Garantizada de Inserción del País Vasco, una de las prestaciones más próximas a la renta universal promovida por Podemos desde su nacimiento.

“Nos preocupa que el Gobierno ya dé por hecho” el apoyo del PNV, ha asegurado Álvarez. Y ha añadido: “nos preocupa que el PSOE ceda un diputado”, en referencia al representante de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, quien concurrió a las elecciones generales en coalición con el PSOE y que ahora está en el Grupo Mixto.

Unidos Podemos ha dejado fuera de las negociaciones a Ciudadanos. Nacho Álvarez ha explicado que el partido de Albert Rivera “han hecho suyos” los PGE.

La propuesta de Unidos Podemos parece haber caído en saco roto nada más lanzarse. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha rechazado la oferta. En una comparecencia en el Congreso, Hernando ha explicado que ha respondido por carta a Irene Montero “agradeciendo el ofrecimiento”, pero le ha informado de que “el Grupo Socialista presentará, como ya ha anunciado, su propia enmienda a la totalidad cómo ha hecho en los cinco años del Gobierno de Rajoy”.

Hernando ha recordado que tras el debate de aceptación de los PGE “se producirá una votación conjunta de todas las enmiendas a la totalidad que se presenten” y que, por lo tanto, ahí se podrá visibilizar esa mayoría alternativa.

Las comunicaciones entre los grupos no han pasado del intercambio epistolar. “No ha habido conversaciones con el resto de partidos”, ha explicado Álvarez. El responsable económico de Podemos cree que hay tiempo para la negociación y que seguirán intentando negociar con el PSOE.

Compañeras, compañeros:

Ayer se cumplieron dos años de la Marcha del Cambio. Han pasado muchas cosas desde aquel invierno. La situación política del país ha cambiado y sin embargo la situación social sigue atravesada por las mismas dificultades y penurias que entonces. Podemos también se ha transformado. Se ha hecho más grande y más fuerte, aunque no lo suficiente como para garantizar el cambio que seguimos soñando para nuestro país. Hoy sabemos que Podemos es algo que ya no pertenece a las personas que lo fundamos. Podemos está por encima de todas nosotras, de todos nosotros. Con sus aciertos y sus errores, Podemos es hoy la única herramienta que tienen las grandes mayorías de nuestro país para defenderse de las injusticias de la crisis y los abusos de los poderosos. Cuidar Podemos es una obligación ética y política de todas las personas que lo dirigimos y lo integramos.

La convocatoria de esta segunda Asamblea Ciudadana era para muchas de nosotras una necesidad inaplazable. Queríamos volver a abrir las mesas de trabajo, debatir y reformar la herramienta para asegurarnos de que la próxima vez no nos quedaríamos a las puertas del cambio. Sin embargo, Podemos ha llegado al dintel de esta Asamblea atrapado en un eje de confrontación entre dos compañeros. Este eje ha dificultado el desarrollo de los debates que alumbraron e hicieron florecer a nuestra organización, los debates sobre los derechos, el trabajo, la dignidad, la soberanía y la democracia. La intensificación y la extensión territorial del enfrentamiento ha provocado una maraña de ruido que nos dificulta comunicarnos con quienes nos han ofrecido su apoyo, muchas veces con enorme sacrificio, y que esperan de nosotros que sigamos defendiendo sus derechos.

Hace un mes constituimos el Colectivo Mayo-2011 y creamos el espacio Pensando Vistalegre. Propusimos a los principales equipos un acuerdo de mínimos destinado a desactivar el enfrentamiento,evitar el choque de trenes y permitir al conjunto de la organización debatir sobre proyectos políticos y propuestas organizativas. Hoy debemos admitir que, por ahora, no hemos logrado nuestros objetivos. Sin embargo, seguimos creyendo en lo acertado de una posición que, estamos seguros, es mayoritaria en la organización.

Pensamos que son los equipos más fuertes los que están actuando de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo, voluntad que es compartida por la gran mayoría de las personas inscritas en Podemos. Por eso no podemos integrarnos en ninguna de las listas que competirán por la dirección política de la organización. No queremos retroceder ni eludir nuestra responsabilidad. Sencillamente creemos que seremos más útiles trabajando para la recuperación de los grandes debates políticos que fundaron Podemos, y para impulsar los acuerdos que tendrán que producirse después de Vistalegre. En estos momentos, eso sólo lo podremos conseguir dando un paso hacia el margen en esta escena.

Ha sido un honor formar parte del Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos. Ha sido igualmente un honor poder dirigir, respectivamente, la Secretaría de Análisis Político y Programa, y la Secretaría de Economía. Nos hemos esforzado por aportar lo mejor de nosotros mismos en ambas tareas, pero ahora mismo creemos ser más útiles ayudando, desde una posición distinta, a que nuestra organización afronte en las mejores condiciones posibles los retos que tendrá que superar a partir del 13 de Febrero.

Seguimos y seguiremos defendiendo el Podemos bonito y útil por el que siempre hemos apostado, y trabajando todos los días para ser más y ser mejores. Con fraternal gratitud,

Carolina Bescansa y Nacho Álvarez

Texto publicado en Plaza Podemos