Sanidad admite que la baja calidad de los datos de las comunidades sobre muertes en residencias ha impedido dar cifras

El Ministerio de Sanidad presentó en una reunión telemática celebrada la semana pasada con los representantes de las comunidades autónomas cifras globales de los fallecimientos en residencias de ancianos desde que comenzó la pandemia, pero reconocieron que son de una “calidad” que “dificulta su difusión”. Lo ha denunciado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y se puede leer en el documento que enseñaron, al que ha tenido acceso eldiario.es. Sanidad achaca la baja calidad principalmente a dos motivos: las dificultades del sistema de notificación que impuso el propio Ministerio, “una plataforma poco amigable para el registro”; y la inconsistencia de los datos presentados por los gobiernos regionales, algunos con “fechas incoherentes”, errores en sumas o informes “con ausencia de datos sobre causas de fallecimientos”.

El Ministerio de Sanidad, en una orden del 23 de marzo, estableció un sistema de información por el cual las comunidades tenían que mandarles datos sobre los centros sociosanitarios. Se establecía que debían hacerlo obligatoriamente todos los martes y los viernes antes de las 21:00, con datos agregados y acumulados, y les facilitó una plataforma para ello. Los departamentos de salud regionales tenían que remitir, entre otros números, el de residentes totales en su territorio y el de fallecidos por una causa u otra –COVID-19 confirmado, sintomatología compatible, u otras–, diferenciando también por centros intervenidos o no intervenidos. La Orden estaba implementada hasta el 21 de junio, día que acabó el estado de alarma, y el resumen se hizo hasta el 20 de junio, fecha final que refleja el documento que señala estas carencias.

Sin embargo, desde el 23 de marzo, el Ministerio que capitanea Salvador Illa no ha publicado datos oficiales acerca de cuántas personas han fallecido en estos centros, en general muy golpeados por la COVID-19. Como cuenta la Asociación en una nota y ha podido comprobar eldiario.es, “el informe llega a reconocer que una de las Comunidades Autónomas no ha notificado nunca los datos”. También “que algunas no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo”. Dos comunidades solo han notificado una vez los datos en tres meses. En la reunión no se especificó cuáles eran.

En el documento concretaron que la cifra de fallecimientos era de 27.350 personas en total del 23 de marzo al 20 de junio de 2020, la suma de lo dado por todas las comunidades. El 32,9% de ellas, 9.003 personas, tenían un diagnóstico de COVID-19 confirmado. El 35,9%, 9.830, tenía sintomatología compatible con COVID-19. El resto, el 31,2%, se atribuye a otras causas. Pero Sanidad admite que estas cifras no pueden consolidarse, hay en ellas “ausencia de depuración”

Se extrae además de los datos acumulados que en España hay más de 340.000 usuarios de residencias en 7.756 centros. El 5%, 391, han sido intervenidos por las consejerías en lo que llevamos de pandemia, y en estos han muerto 2.071 personas. El Ministerio también sostiene que en muchos de los informes de las consejerías no se especificaba la causa de la intervención. Los responsables tenían que elegir entre cuatro opciones para justificar el expediente: por incremento de fallecidos (se especificó así en 18), por ausencia de medios (84), por no poder gestionar los cadáveres (solo 1) y “otros motivos” (lo que se alegó en 106).

El Ministerio llega a decir que esa cifra, 27.350 muertes, es de una gran “discrepancia” con la que que han obtenido por otras fuentes, que hablarían de que en residencias han fallecido 32.843 personas. Defienden que las comunidades han hecho un “gran esfuerzo”, a pesar de todo. Para el futuro, se necesitaría un censo de residencias y residentes “actual y preciso”, un sistema de información “fiable” y que responda a las exigencias del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, y una mejor “coordinación intersectorial”.

Entre otros errores, tanto de Gobierno como de comunidades, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que los criterios de la información que había que enviar no estaban lo suficientemente claros: “No es lo mismo los datos de muertes en residencias que los de residentes fallecidos”. “Sirva como ejemplo”, añaden, “que, en algunas comunidades, los residentes que fallecían en hospitales no se registraban como residentes fallecidos”, y en otras sí. Para la Asociación, las residencias han sufrido el “abandono” tanto de las consejerías de salud como del propio Ministerio, al no haber intervenido antes ante la falta de información. José Manuel Ramírez, su presidente, ve el asunto “muy grave” porque implica reconocer “que nadie sabe nada” sobre lo que pasó esta primavera en las residencias y cuánta gente murió en ellas. Anuncia que van a pedir que a las comunidades que no han aportado datos “no se les transfiera el fondo social” reservado para la reconstrucción tras la ola de COVID-19 “hasta que los aporten”. Para él es “incomprensible” que a estas alturas, ya pasada la emergencia, no se haya iniciado aún una recogida de datos “unificada” y certera.