El Tribunal Supremo ha confirmado que la cadena de supermercados Eroski tendrá que pagar 30.000 euros a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la filtración de un vídeo de sus cámaras de seguridad en 2011 en las que la política era registrada por el supuesto robo de unas cremas. Los jueces de la sala de lo civil entienden que la cadena debe indemnizar a Cifuentes por los perjuicios y la vulneración de su derecho a la intimidad que provocó la publicación del vídeo años después, lo que precipitó su dimisión en pleno escándalo por el 'caso Máster' desvelado por elDiario.es.

El vídeo fue grabado por las cámaras de seguridad de un supermercado cercano a la Asamblea de Madrid en mayo de 2011, en un momento en el que Cifuentes era diputada del PP en la cámara de Vallecas, un año antes de dar el salto a la política nacional como Delegada del Gobierno en la capital. En el vídeo podía verse a la política siendo interrogada por trabajadores de seguridad de Eroski por la sustracción de unas cremas.

Esas imágenes precipitaron la caída de Cifuentes cuando en abril de 2018 el digital OkDiario publicó el vídeo. Para entonces, la presidenta regional madrileña llevaba un mes envuelta en el 'caso Máster', la investigación de elDiario.es que reveló que Cifuentes había obtenido un título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos sin ir a clase, sin examinarse y sin entregar trabajos.

Las irregularidades de su máster terminaron en absolución para ella y en condenas firmes de hasta dos años de cárcel para las implicadas en las irregularidades: la exasesora de la Comunidad, Teresa Feito, que promovió la falsificación de las actas, y la profesora Cecilia Rosado, que perpetró la falsificación. En paralelo, Cifuentes intentó sin éxito perseguir por lo penal a los periodistas de elDiario.es que desvelaron la exclusiva y promovió un pleito por la vía civil para ser indemnizada por la filtración del vídeo de las cremas.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar lo que estableció la Audiencia Provincial de Madrid en esta última ramificación judicial del caso: la cadena Eroski debe indemnizar a Cifuentes con 30.000 euros. La sala primera del alto tribunal avala la cantidad que debe cobrar la expresidenta madrileña por los errores del supermercado en la custodia de unas imágenes que, siete años después, acabaron publicadas por un medio de comunicación: “No se ha justificado que la sentencia de la Audiencia Provincial haya infringido los criterios legales de fijación del importe de la indemnización, ni que el importe haya sido fijado arbitrariamente o sea desproporcionado”, dicen los jueces.

El 21 de marzo de 2018 la ola feminista del 8M más multitudinario, el que marcó para siempre el movimiento en España, todavía no había decaído. Faltaban dos años para que toda la población estuviese confinada en los días más duros de la pandemia, y algo más de dos meses para que una moción de censura (y la corrupción del PP) tumbasen el Gobierno de Mariano Rajoy y auparan a Pedro Sánchez a la Moncloa. Pablo Iglesias y Albert Rivera aún lideraban los partidos que habían cuestionado los cimientos del bipartidismo. En un tiempo en el que Isabel Díaz Ayuso todavía no copaba titulares, el futuro político de una de sus predecesoras al frente de la Comunidad de Madrid comenzaba a resquebrajarse. Y con él se torcía también, o al menos sufría algún bache, el de miles de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Cuando elDiario.es comenzó a publicar las informaciones sobre las notas falsificadas en el máster de Cristina Cifuentes, el alumnado se vio sumido en una mezcla de vergüenza, indignación, resignación y en algunos casos hasta reafirmación personal de aquello que ya intuían sobre su propio centro de estudios. Porque aunque estudiantes que conversan con Somos Madrid reconocen el “injusto estigma” que les acarreó, hay quienes no consideran que se trate de un caso aislado, aunque sí “excepcionalmente grave, mediático y dantesco”.

Así lo define Álvaro (26 años), que por aquel entonces cursaba tercero de Periodismo y Comunicación Audiovisual en el campus de Vicálvaro. El centro del escándalo, ya que en él se ubicaba el polémico y ya desaparecido Instituto de Derecho Público. Ahora prepara unas oposiciones al cuerpo de funcionarios del estado, alejado del ámbito en el que se formó.

Es una de las personas que comparten para este medio su visión sobre lo ocurrido hace un lustro y un balance sobre cómo les ha influido en estos cinco años. Álvaro recuerda que, pocos días antes de que saltaran las primeras noticias, entrevistó junto a un amigo al rector, Javier Ramos, para un trabajo de la carrera. El contraste entre las loas a la gestión universitaria del dirigente y el día a día que ellos experimentaban ya le resultó “chocante” de entrada, pero le resultó particularmente evidente cuando se conoció el máster con notas falsificadas de Cifuentes.

Alumnos “vilipendiados” con la eterna “coña del café”

Álvaro creía por entonces, y no ha cambiado de opinión con la perspectiva del tiempo, que el caso Máster “no es más que el síntoma de toda una institución podrida”. Y añade: “Probablemente lo estén muchas universidades de nuestro país y del mundo, pero eso no le quita importancia y gravedad, no es ninguna excusa. Además, creo que la nuestra lo está con especial énfasis. Nos hacemos un flaco favor si usamos eso para restarle peso a las diversas corruptelas que la URJC en particular hizo (y hace). En el resto de mi experiencia universitaria, tanto en la Universidad de Cádiz como en la Universidad Carlos III, el panorama era muy distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado”.

Menciona otras controversias previas en la Rey Juan Carlos, como la concesión del título honoris causa a Rodrigo Rato (y las reticencias para retirárselo) o los plagios académicos que provocaron la dimisión del anterior rector. Pero nunca hubo tantos focos sobre los campus de la URJC como aquel marzo de 2018. La frase “esta tarde salgo en la tele” dejó se ser excepcional en las aulas. Se convirtió en habitual ver a periodistas alrededor de las instalaciones, microfonando estudiantes que respondían preguntas con rabia, aunque sin dejar de tomárselo con humor: “Nos llegan memes, pero el verdadero meme somos nosotros”, es una de las grandes frases que dejó aquello. Que todavía perdura.

Habla de ello Guillem (27), que por entonces cursaba cuarto de Matemáticas e Informática (grados de los que era representante estudiantil) en Móstoles, otro foco de atención ya que en ese campus se encuentra rectorado: “Con los compañeros de trabajo siempre está la coña cuando tomamos el café”. A nivel puramente profesional dice “tener suerte”, ya que supone que “en muchos sitios donde se preocupan por la imagen pública te descartan más fácilmente”.

En el resto de mi experiencia universitaria el panorama era distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado

Guillem trabaja como científico de datos mientras prepara su tesis (en la Universidad Carlos III). Cree que al buen discurrir de su trayectoria profesional que ha contribuido su máster de inteligencia artificial (en la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid). “No quise repetir en la Rey Juan Carlos para prevenir”, reconoce. Es, al igual que Álvaro, una encarnación de la sangrante pérdida de alumnado de másteres en la URJC, que alcanza el 40% desde el Caso Cifuentes.

El lugar donde cuecen “todavía más habas”

Con la perspectiva que le otorga haber pasado por otras dos universidades, Guillem sostiene que “en todos los sitios cuecen habas”, aunque en la Rey Juan Carlos “todavía más”. En su memoria lo ocurrido “fue bastante más gordo de lo que se ve en otras partes”, pero coincide con Álvaro en que “llegado un momento no te sorprende nada” porque “había muchas movidas muy turbias en la universidad”.

Asegura que “no le extrañó a nadie que dieran ese paso más de directamente regalar másteres”, en referencia también al caso de Pablo Casado. Lamenta que la gente empezara a conocer el nombre de la universidad, algo diluido entre la oferta formativa de la Comunidad de Madrid, a raíz de estas maniobras. La URJC quedó ligada para siempre, o al menos para un tiempo que alcanza ya los cinco años, a la corrupción y la falta de esfuerzo.

Álvaro no quiere olvidarse de todo el profesorado y el personal “que intenta hacer su trabajo lo mejor posible”, pero considera que es una universidad “oscura” ya desde su origen. Surgió por iniciativa del entonces dirigente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón, que se materializó en 1996. Por aquel entonces era consejero de Educación Gustavo Villapalos, exrector de la Complutense y precisamente un amigo personal de Cristina Cifuentes.

Entre 2002 y 2013, el rector de la URJC fue nada menos que Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional hasta el pasado diciembre, durante su etapa más polémica y turbulenta entre acusaciones de injerencia del poder judicial en el legislativo. “Nombres propios surgidos de nuestra universidad como el de González-Trevijano han llegado incluso a denigrar, aún más si cabe, instituciones como el Tribunal Constitucional, y con ello la Rey Juan Carlos”, explica Álvaro.

La URJC después de la tormenta

Javier Ramos revalidó su cargo como rector en marzo de 2021, tres años después de vivir sus días más complicados al frente del puesto. Aunque en un principio respondió con tibieza en una controvertida rueda de prensa donde defendió la integridad de la expresidenta de la CAM y los responsables de la falsificación, pronto inició una investigación interna y acabó confirmando el fraude.

Pese a ello, en su mandato la URJC ha atravesado turbulencias, comenzando con una huelga de estudiantes contra las “prácticas mafiosas de la universidad” en el curso 2018-19, en la que el alumnado llegó a ocupar el edificio de rectorado. Destacan además un caso de acoso sexual en el que no se aplicaron los protocolos oportunos, el enfrentamiento legal con el Instituto de Danza Alicia Alonso o las críticas a la gestión de las clases durante la pandemia, con una importante supresión de la docencia presencial en el curso siguiente al confinamiento también para los estudiantes de primero. Esto dificultó enormemente su introducción en la vida universitaria.

Precisamente en otoño de 2020 Clara (20) comenzó sus estudios en el doble grado de Ciencia Política y Gestión Pública con Periodismo. Su día a día transcurre en la Facultad de Políticas y Jurídicas de Vicálvaro, esa misma que era un auténtico hervidero hace ya cinco años en torno la estatua del Cervantes (ideal para una situación tan quijotesca).

Cuenta que eligió estudiar aquí porque le pilla bien desde su casa y porque le interesaba compaginar esas dos carreras (lo de la URJC con los dobles grados es una historia de amor que empieza a torcerse). Sin embargo, no niega que una tormenta mediática como la del caso Cifuentes “te hace pensar y replantearte cosas”. Afirma estar satisfecha de momento, “especialmente con los compañeros”, aunque “todo se puede mejorar”. Que así sea, siempre que no haya falsificaciones mediante.

Cristina Cifuentes logró salir indemne judicialmente en su batalla por el caso máster, pero la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) aún sigue pagando los platos rotos por el desprestigio que provocó el amaño de las notas de la exmandataria popular. Cuatro años después de que se destapara cómo la expresidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo de forma fraudulenta su título en Derecho Autonómico por la URJC, las cifras de alumnos matriculados se han resentido, especialmente en los másteres.

Según datos del Portal de Transparencia de la propia universidad, desde el año académico 2017-2018, cuando estalló el caso, las cifras de alumnos matriculados en estos posgrados descendieron notablemente. La Universidad tenía 5.885 alumnos matriculados en másteres en marzo de 2018, cuando elDiario.es reveló el caso Cifuentes; hoy son 3.525, según los datos provisionales del curso 2021-2022. La caída es de 2.360 estudiantes. Dicho de otra forma, la URJC ha perdido el 40% de su alumnado de esta etapa en cuatro años.

La caída se registra principalmente en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (precisamente a la que pertenecía el máster de la expresidenta), que perdió la mitad de su alumnado (de 4.639 a 2.315 estudiantes) desde el curso en que estalló el escándalo. El resto de ramas se mantuvieron constantes o sufrieron leves cambios en el número de matriculados.

Desde la URJC atribuyen esa caída de alumnos a la desadscripción de centros que ofertaban algunos másteres, como el EAE o ESIC. Sin embargo, la universidad no ofrece datos que respalden que una caída de casi la mitad del alumnado se deba a la pérdida de estos dos centros. Fuentes del centro también explican que la pandemia de COVID-19 ralentizó muchos de los acuerdos con alumnos extranjeros –que suponen se irán retomando poco a poco– aunque esto sucedió dos años después del caso Cifuentes y la caída de alumnado ya se había producido. En cualquier caso, justifican que todo se enmarca en un proceso de racionalización voluntario del centro. “Se mantienen las ratios que se quieren mantener. No es que los alumnos no vengan, sino que ya nos va bien como estamos”, aseguran.

Pero tras las primeras explicaciones sobreviene la crisis de imagen que ha supuesto el máster regalado a la expresidenta, de la que el centro es consciente, y la posterior gestión del escándalo: “No nos engañemos. La universidad tiene un historial y para subir su reputación solo sirven los hechos. Puedes contar muchas historias pero lo que vale es lo que haces”, reconocen fuentes de la universidad.

El caso Cifuentes dañó la imagen de la Universidad, como admite el propio centro. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, hoy tertuliana, acabó dimitiendo tras acreditarse que sin ir a clase y sin presentarse a los exámenes, la Universidad expidió de forma irregular su titulación y que incluso se modificaron algunas de sus notas académicas. Después, para corroborar el relato de que la exdirigente del PP había defendido correctamente su trabajo final, se elaboró un acta de TFM falsa. El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para condenar a Cifuentes, que dejó la política en 2018 tras estallar el escándalo. El fallo de la sentencia concluía que no se podía probar ninguna intervención de la expresidenta en la fabricación del acta. Según los magistrados, no se acreditaba que Cifuentes “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación”, pero en cambio sí condenaron a dos años de cárcel a una profesora y a la exasesora de Educación del Gobierno regional.

Consecuencias también en los grados

Los grados también han sufrido el golpe. Las preinscripciones para grado como primera opción para estudiar en la URJC se vieron afectadas desde el curso académico 2018-2019, aunque no sufrieron tantas bajas como los que luego se matricularon efectivamente como primera opción, que desde el curso 2017-2018 hasta 2021-2022, cayeron casi un 18%.

Los matriculados como primera opción son aquellos que, tras terminar la prueba de Selectividad, desean acceder a la URJC como opción preferente, por lo que se puede intuir que la universidad pagó también en este nivel las consecuencias del escándalo. Sin embargo, los datos del total de alumnos matriculados en grado apenas varían en comparación a la abismal caída de los matriculados en máster.

En paralelo se ha producido, a tenor de los datos, el movimiento contrario con el profesorado contratado: la suma de personal docente ha aumentado desde el curso 2017-2018 a la vez que descendía el número de estudiantes. Así, a diciembre de 2021, había un total de 788 contratados de personal PAS (personal de administración y servicios) y 2.615 de PDI (personal docente e investigador). Tres años antes en pleno escándalo Cifuentes, había 671 empleados PAS y 2.126 PDI. Esto supone que hay 606 profesores más ahora.

Ante el incremento de profesorado, la URJC informa que el rector manifestó en el plan estratégico 2020-2025, su voluntad de mejorar la calidad de la enseñanza incrementando la relación profesores/estudiantes entre otras medidas. Desde la URJC dicen estar asumiendo mayormente el control de lo que se hace desde la propia universidad y segmentando las áreas de conocimiento para “esforzarse en la transparencia y la calidad de la universidad”.

Amalia Calonge, la funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que modificó en 2014 las notas de dos asignaturas en el expediente académico de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha conseguido que la Justicia le revoque la sanción impuesta por el rector del centro al considerar que estos hechos estaban prescritos cuando se inició el expediente, aunque sí mantiene el castigo impuesto por un cambio de calificaciones realizado en 2016 a otro alumno.

Al considerar prescrita la infracción relacionada con el expediente de la ex política del PP, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reducido en ocho meses –pasando de un año a cuatro meses– la suspensión de funciones impuesta por la Universidad a Calonge.

Hace cuatro años, elDiario.es desveló que Cristina Cifuentes, por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, obtuvo un máster en la URJC con notas falsas. Ya en esa primera noticia que destapó el Caso Máster, y que terminó salpicando también al popular Pablo Casado y a la socialista Carmen Montón, se mencionaba a Calonge.

La exlideresa madrileña se matriculó en un posgrado de Derecho Autonómico en el curso 2011/2012. En su expediente figuraba que en ese mismo año académico había aprobado todos los créditos. Sin embargo, tal y como informó elDiario.es, en 2014, dos años después de haberse titulado, el usuario de la intranet universitaria asociado a Calonge entró en el sistema informático y cambió la nota de dos asignaturas, entre ellas el Trabajo Final de Máster (TFM), modificando un 'no presentado' por un notable, dejando rastro en el sistema. 

Calonge cambió la nota de dos asignaturas de Cifuentes

A pesar de que la inspección de la URC llegó a proponer una suspensión de empleo y sueldo de seis años a la funcionaria, el rector, Javier Ramos, optó por enmarcar estos hechos en una falta muy grave y reducir a un año la sanción por haber cambiado “de forma irregular las calificaciones” de dos alumnos, “sin autorización ni comunicación al jefe de Servicio correspondiente”, según recoge la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado cinco de julio. 

Los hechos investigados por la Justicia se enmarcan en la entrada “de forma continua y reiterada en la aplicación para la modificación de actas, modificando actas de al menos” tres asignaturas. “Son, por tanto, dos hechos cometidos en octubre de 2014 en relación a una determinada alumna [Cristina Cifuentes], y otro hecho cometido un año y medio después, en abril de 2016, respecto de un alumno diferente”, exponen los magistrados.

La defensa de Calonge recurrió la sanción impuesta por el rector y los tribunales han estimado en parte su demanda, reduciendo a un tercio el periodo impuesto de suspensión de funciones al entender que la única infracción que no está prescrita es la que tiene relación con el cambio de notas en 2016. Por lo tanto, los magistrados han reducido de doce a cuatro meses la suspensión de funciones impuesta a Calonge.

Desde la URJC aseguran que este segundo estudiante también fue alumno del Instituto de Derecho Público, epicentro del Caso Máster. Asimismo, confirman que la sentencia ya es firme y aseguran que en este fallo “se confirman los elementos esenciales del expediente sancionador”. Por su parte, ni la funcionaria ni su letrado han atendido la petición de información realizada por esta redacción. “No tengo nada que decir”, se ha limitado a responder Calonge. 

En enero de 2021 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid admitió el recurso de la funcionaria y anuló la sanción impuesta por el Rectorado “al apreciar la caducidad del expediente”. La URJC pleiteó esta decisión. El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia, que revocó la sentencia inicial y estimó en parte las argumentaciones de los abogados de la funcionaria. 

En la última sentencia, dictada en julio, los magistrados defienden que “los hechos sancionados no cumplen los presupuestos exigidos para calificar la infracción como continuada”. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM sostiene que “no existe proximidad en el tiempo” entre las modificaciones del expediente académico de Cifuentes en 2014 y el realizado en 2016 en las calificaciones de otro alumno. “Transcurre un año y medio” entre estas dos actuaciones, insisten los jueces, que también defienden que no “se aprecia un dolo continuado, dada la falta de relación entre los hechos de 2014 y el posterior de 2016, siendo hechos aislados, aunque el modus operandi sea el mismo y la conducta infractora coincidan y procediera calificar los hechos conforme al mismo tipo infractor”. 

La defensa de la funcionaria recurrió la sanción

Ante esta argumentación, desde el tribunal apuestan por anular las infracciones relacionadas con el expediente de Cifuentes al considerar que “habrían prescrito”. Los hechos se produjeron el 23 de octubre de 2014 y el expediente sancionador se incoó el 13 de abril de 2018, después de que elDiario.es desvelase esta actuación. El Estatuto Básico del Empleado Público determina que el plazo de prescripción para las infracciones muy graves es de tres años y se comienza a tener en cuenta desde la fecha en la que se ha cometido. Basándose en esta normativa, el TSJM estima en parte el recurso presentado por la defensa de Calonge al entender que en este caso “el plazo de tres años había transcurrido en exceso”.

No sucede lo mismo con “la modificación del acta del expediente” realizada “en abril de 2016”. En este caso, los magistrados defienden que esta actuación “no habría prescrito” y sostienen que “los hechos tienen perfecto acomodo en la infracción señalada” por la URJC. Ante el recurso presentado por la defensa de la funcionaria, los magistrados aseguran que “la alegación de que alguien suplantó su identidad no ha sido acreditada y es contradicha por los informes y testificales obrantes en el expediente”. Por lo tanto, defienden que “la recurrente fue la autora material” del cambio de notas en 2016 a un alumno. 

“La conducta no puede calificarse más que como dolosa, en el sentido de voluntariamente querida por el sujeto que la comete, consciente de su proceder antijurídico”, añaden los magistrados, sobre la actuación de Calonge. Para concluir: “No queda acreditado que la funcionaria –en cuanto a los hechos cometidos en abril de 2016, que son lo que estamos analizando– actuara en cumplimiento de órdenes del catedrático correspondiente, con su consentimiento o conocimiento expreso o tácito –y sin que lo dicho suponga que, de haber actuado obedeciendo órdenes expresas, quedara exonerada de responsabilidad–”. 

La Justicia confirmó la absolución de Cifuentes

En relación al Caso Máster, a nivel judicial el TSJM confirmó la condena de la profesora Cecilia Rosado y la asesora del Gobierno regional, que presionó para conseguir una coartada para Cifuentes, María Teresa Feito. A la primera de ellas, la docente de la URJC que falsificó las firmas del acta de defensa del TFM de la expresidenta, el tribunal le rebajó la condena como autora de un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de un año de prisión, frente al año y seis meses de cárcel al que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid. Por su parte, Feito vio reducida su condena de los tres años de prisión iniciales a los dos años de prisión como inductora de un delito de falsedad documental. 

Los magistrados también confirmaron la absolución de Cifuentes, al considerar que la expresidenta madrileña no tuvo ningún protagonismo en la elaboración del acta de TFM. “Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento”, decía la sentencia de la Audiencia Provincial, ratificada posteriormente por el TSJM, que añadía que las “sospechas legítimas” que pudieran existir sobre la actuación de la expresidenta no se habían convertido en “prueba suficiente” para justificar su responsabilidad. El Caso Máster puso fin a la carrera política de la entonces presidenta regional, que se vio forzada a dimitir.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la absolución de Cristina Cifuentes por el caso Máster. La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía, que alegó que la sentencia de la Audiencia de Madrid —que consideró que la expresidenta madrileña no jugó ningún papel en la elaboración del acta falsa sobre su trabajo de fin de máster con la que trató de justificar que sí había realizado ese posgrado tras la exclusiva de elDiario.es— omitía de manera “irracional” e “incongruente” los “múltiples indicios” que afloraron contra ella en la vista oral y pidió la repetición del juicio. Por otro lado, el TSJM ha rebajado las condenas a una profesora del máster y a la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada que librase a Cifuentes del escándalo.

A diferencia de la Fiscalía, que solicitó tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, la Sala entiende que el tribunal sentenciador “no incurrió en un déficit de motivación ni su discurso es irracional ni omite razonamiento sobre alguna prueba relevante” y sostiene que la sentencia en la que rechazó condenarla explica “sucintamente” las razones de su absolución.

Según la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid —ahora ratificada en lo que respecta a Cifuentes— la expresidenta madrileña no tuvo ningún protagonismo en la elaboración del acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM). “Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento”, decía esa sentencia, que añadía que las “sospechas legítimas” que pudieran existir sobre la actuación de Cifuentes no se habían convertido en “prueba suficiente” para justificar su responsabilidad. Este caso acabó con la carrera política de la entonces presidenta, que se vio forzada a dimitir.

La sentencia hecha pública este lunes, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo y de la que ha sido ponente la magistrada María José Rodríguez Duplá, mantiene que aunque la resolución de la Audiencia de Madrid “orilló algunos pormenores y su discurso absolutorio no comprende ni excluye la construcción propuesta por el Ministerio Fiscal”, no por ello “incumple el deber de motivación ni lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva” invocado por la Fiscalía.

En su recurso, la fiscal Pilar Santos Echevarría reconocía la “ausencia de prueba directa” sobre la culpabilidad de Cifuentes, pero insistía en que, ante esa laguna, la Audiencia de Madrid debería haber analizado “de manera exhaustiva” el material indiciario de cargo para descartar su participación en los hechos, máxime cuando la propia sentencia reconocía la existencia de las citadas “sospechas”. A su juicio, los indicios a valorar en este caso no eran “evidentes, ni burdos, sino velados y encubiertos” porque Cifuentes ocupaba un puesto de gran importancia, y, por lo tanto, su forma de proceder debía ser correcta de cara a los medios y a la ciudadanía.

El TSJM, sin embargo, cree que la Fiscalía asienta su recurso sobre “meras hipótesis”, que son “insuficientes” para determinar la “certeza” que requiere una sentencia condenatoria. Así, el tribunal afirma que la Audiencia Provincial basó su fallo no sólo en prueba documental, sino también en la declaración de las acusadas y en el testimonio de numerosas personas —entre las que destaca al rector, Javier Ramos; o al entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken— y que “ante la duda, siendo sostenible y verosímil la tesis de la Defensa, opta por la absolución” en el caso de Cifuentes.  

Así, el TSJM recuerda que  ninguna de las otras dos condenadas —la profesora y la asesora— señalaron haber tenido contacto con Cifuentes o con personas de su oficina y gabinete el día que estalló el escándalo y que tampoco la señaló ninguno de los intervinientes en la reunión de parte de la cúpula de la URJC que tuvo lugar esa jornada en el Rectorado.

El tribunal se muestra por momentos contundente con el escrito de la Fiscalía y dice que su recurso incluye una “suma de conjeturas o suposiciones” sobre la culpabilidad de Cifuentes que no son convincentes y critica que alegue como indicios hechos que “no están plenamente acreditados, o son meras elucubraciones (...), o no conducen de forma natural y directa a la pretendida conclusión inculpatoria”.

Rebaja condenas

Por otro lado, el TSJM ha estimado parcialmente los recursos presentados por Cecilia Rosado, la profesora que falsificó las firmas del acta de la expresidenta; y por María Teresa Feito, la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada para Cifuentes. A la primera de ellas, le ha rebajado la condena como autora de un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de un año de prisión, frente al año y seis meses de cárcel al que le condenó la Audiencia Provincial de Madrid. Por su parte, María Teresa Feito ve rebajada su condena de los tres años de prisión iniciales a los dos años de prisión como inductora de un delito de falsedad documental.

La Fiscalía ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a Cristina Cifuentes del delito de falsedad en documento oficial por el caso Máster y pide repetir el juicio en un escrito que cuestiona la valoración de las pruebas que hizo el tribunal. El Ministerio Público, que solicitó tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, solicita que se anule esa resolución al entender que omite de manera “irracional” e “incongruente” los “múltiples indicios” que afloraron en las cinco sesiones del juicio. E insta a la celebración de una nueva vista oral ante la falta de “racionalidad y lógica” en la motivación que hace la sentencia sobre el papel que jugó la expresidenta regional en la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster. 

El escrito en el que la fiscal Pilar Santos Echevarría anuncia el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumenta que la valoración de las pruebas plasmada en la sentencia es “irracional, ilógica, arbitraria, incoherente e insuficiente” y reitera que hay un “déficit patente” en su motivación. Según el Ministerio Público, la “consistencia” de “múltiples indicios” acredita que Cifuentes “impulsó”, “sugirió” y “presionó” de una manera “eficaz e intencionada” para la falsificación del acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo tras la revelación de elDiario.es sobre su posgrado irregular. 

La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, consideró que la expresidenta madrileña no tuvo ningún protagonismo en la elaboración de ese documento y la absolvió. “Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento”, dice la sentencia, que añade que las “sospechas legítimas” que pudieran existir no se han convertido en “prueba suficiente” para justificar su responsabilidad. Este caso acabó con la carrera política de Cifuentes, que se vio forzada a dimitir.

La fiscal reconoce la “ausencia de prueba directa” sobre la culpabilidad de Cifuentes, pero cree que, ante esta laguna, la Sala debería haber analizado “de manera exhaustiva” el material indiciario de cargo para descartar su participación en los hechos, máxime cuando la propia sentencia reconoce la existencia de las citadas “sospechas”.

“Cifuentes ocupaba un puesto de gran importancia, y, por lo tanto, su forma de proceder debía ser correcta de cara a los medios y a la ciudadanía; por ello, los indicios a valorar no son evidentes, ni burdos, sino velados y encubiertos, pero están ahí y descartarlos exige una motivación del Tribunal, que no se realiza”, sostiene el Ministerio Público, que insiste en la existencia de indicios “de notorio sentido incriminatorio” que fueron obviados, “siquiera para descartarlos” por la Sala y que, además, son “ciertos”. 

“Incompatible”

En este sentido, la fiscal Santos Echevarría considera que la absolución de Cifuentes es “incompatible” con los hechos que el tribunal sí dio por probados en el caso de la condenada María Teresa Feito —la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada que librase a Cifuentes del escándalo— y “rompe con la lógica de su forma de proceder”. La sentencia considera acreditado que la profesora Cecilia Rosado, la otra condenada en este juicio, falsificó el documento tras ser “requerida” por esta asesora, funcionaria en excedencia de la URJC, que fue quien le indicó debía hacer constar que Cifuentes “había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012”. 

La “anómala” conducta de la asesora, condenada a tres años de cárcel, llama la atención de la fiscal, quien afirma que es “difícil” una “explicación alternativa” a su actuación que “no sea que el influjo para actuar de ésta [en alusión a Cifuentes] fue tan intenso que la llevó a cometer un delito”. 

Santos Echevarría también se refiere al “conocimiento exhaustivo” que Feito tenía de los datos docentes de Cifuentes. En concreto, de la fecha del acta del TFM. “Si dicha fecha fue proporcionada por Feito, sería lógico inferir que le fue suministrada bien por la propia Cifuentes o por su secretaria, a petición de aquélla”, dice la fiscal, quien a la vez subraya que no era posible dar cualquier fecha, vista la agenda de la entonces delegada del Gobierno en Madrid. “Si se facilita una fecha concreta, es porque se conocía y se asumía que se estaba confeccionando el documento pertinente para acreditar que hubo defensa del TFM”, recoge el escrito. 

La fiscal también afea al tribunal haber obviado una de las manifestaciones más contundentes que hizo la profesora Rosado en el juicio y que apuntan directamente a la expresidenta. Según la docente, en una de las llamadas con Feito el 21 de marzo de 2018, el día que elDiario.es destapó el escándalo del master falso, ésta le dijo expresamente “si esto no se soluciona Cifuentes os va a cortar la cabeza”. “Tampoco se explica por qué se descarta tal indicio, que implica, además, el dominio del hecho por parte de la acusada Cristina Cifuentes”, dice el recurso. 

Otro de los “indicios incriminatorios” contra Cifuentes, a juicio de la fiscal, es la constatación de que la expresidenta era la “única o principal beneficiada de la falsedad”, pues cuando estalló el escándalo no estaba en cuestión la reputación de la URJC, algo que ocurrió después en la fase de instrucción. A su juicio, el entonces consejero de Educación, Rafael Van Grieken, no se ajustó a la realidad cuando en el juicio manifestó que si efectuó llamadas e intervino activamente fue porque estaba en tela de juicio el prestigio de la Universidad ya que ni él como consejero hizo acto o declaración alguna para apoyar a la Universidad, ni Cifuentes en su video, hizo referencia alguna a la misma. “Todo tenía una única y exclusiva razón de ser: salvar, como fuere, la reputación de la presidenta”, dice Santos Echevarría.

Entre esos indicios “de notorio sentido incriminatorio” no valorados la fiscal se refiere también a la solicitud directa que Cifuentes hizo al rector de la URJC de la documentación acreditativa de haber cursado el máster o al interés de la expresidenta en obtener esa documentación “a sabiendas” de que era irregular. En este sentido la Fiscalía recuerda que no ha responsabilizado ni pedido la condena del “entorno” de Cifuentes. “¿Cómo hacerlo sin poder individualizar cada comportamiento?”, se pregunta. Sin embargo, “el hecho de que las llamadas y requerimientos reiterados se hicieren por la Consejería de Educación y desde el Gabinete de Presidencia, refuerza la relación de causalidad con quien necesitaba de aquello para salvar su carrera política: Cristina Cifuentes”.

La fiscal también critica que la sentencia obvie la “relación” que existía entre Cifuentes, Feito y Amalia Calonge, la funcionaria que en 2014 modificó “de forma irregular” dos notas en el expediente de la expresidenta a pesar de que no tenía competencias para acceder al sistema informático y hacer ese cambio. Santos Echevarría da relevancia a esta actuación y al hecho de que ambas acompañaran a Cifuentes cuando en 2017 fue a la URJC a recoger el título de su máster. “Si las dos funcionarias actuaron fue porque así se lo pidió Cifuentes, siendo esta, una vez más la única beneficiaria de tales irregularidades”, concluye la fiscal.

Como último aspecto no valorado, la fiscal menciona el vídeo que se grabó la expresidenta madrileña y que colgó en su cuenta de Twitter el citado 21 de marzo de 2018 donde exhibía toda la documentación que supuestamente justificaba que había obtenido ese titulo de forma regular. La Fiscalía parte de la idea de que Cifuentes pretendió obtener la documentación “de un hecho que no tuvo lugar” y de que el único cauce posible “era confeccionar aquello que fuere necesario para crear la apariencia de la regularidad, y ello supone falsear”.

En este apartado el recurso recoge que fue la propia Cifuentes quien exhibió un documento como prueba “más que evidente” de que el día 2 de julio de 2012 un tribunal compuesto por tres profesoras —Cecilia Rosado, Alicia López de los Mozos y Clara Suoto— calificaron su defensa pública con un notable. Sin embargo, la Fiscalía replica que tal afirmación “no se correspondía con la realidad” puesto que dicho tribunal nunca se reunió como “así lo manifestaron” en el juicio las tres docentes.

El caso Máster revive en las elecciones al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El rector que gestionó aquella crisis y el responsable de Educación del Gobierno de Cifuentes cuando estalló el escándalo se verán las caras en los comicios que se celebrarán el 3 de marzo. Rafael Van Grieken, exconsejero autonómico de Educación y catedrático de la URJC, anunció su candidatura en redes sociales un día después de que se conociese la sentencia del tribunal que ha absuelto a Cifuentes, la que fue su jefa durante más de dos años. 

Ese mismo fallo —conocido este lunes— ha condenado a tres años de cárcel por un delito de falsificación de documento público a María Teresa Feito, una de sus asesoras en la Consejería de Educación, situada en la calle Alcalá, a escasos metros de la Puerta del Sol. La sentencia reconoce la “participación activa” de esta docente de la URJC en la elaboración de una coartada para Cifuentes —que terminó siendo un acta falsa que acreditase que había presentado su Trabajo Final de Máster— pocas horas después de que elDiario.es publicase el 21 de marzo de 2018 que la expresidenta había obtenido un posgrado de forma irregular. 

“Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, fueron las palabras que Feito trasladó esa mañana a la profesora Cecilia Rosado, según declaró esta última ante el tribunal el pasado 18 de enero. En sede judicial, Feito reconoció que conoce al que fue su jefe desde hace más de 20 años, cuando los dos eran profesores de la recién estrenada Universidad Rey Juan Carlos. Fue Van Grieken quien le propuso incorporarse a su equipo como especialista en asuntos de bilingüismo, ya que ella está formada en Filología Inglesa y también tiene plaza en la Universidad. 

Exasesora condenada a tres años de cárcel

“Esa mujer estaba presente en nuestras reuniones del acuerdo educativo. Era una de sus asesoras más directas”, apuntan fuentes sindicales consultadas por esta redacción sobre la relevancia de Feito en la Consejería de Educación de Van Grieken. El candidato, por su parte, evita pronunciarse sobre la condena a su exasesora. “Mi opinión no es relevante”, indica a elDiario.es, para destacar posteriormente que su antigua subordinada “va a recurrir” la sentencia. 

A pesar de que hace dos semanas que acabó el juicio, que la sentencia se conoció este lunes y que en ella se condena a tres años de cárcel a una de sus asesoras, Van Grieken trata de que la URJC y la sociedad pase página del caso Cifuentes. “Hay que pasar ya capítulo a la gestión de aquellos momentos”, destaca. “Esos meses no fueron fáciles para nadie. Una situación de incredulidad manifiesta. Para mi es impensable muchas de las cosas que sucedían. Creo que la Universidad ha puesto todo lo necesario para que ese tipo de comportamientos no se vuelvan a producir”, recuerda el exconsejero sobre los meses en los que se prolongó el caso Máster, que trata de limitar a un suceso “puntual”.

Van Grieken asegura que es capaz de llevar a cabo un “proyecto ilusionante”, a pesar del papel que tuvo en el Gobierno de Cifuentes cuando estalló el caso. “Llevo en la URJC desde 1998. La gente sabe de mi trabajo, de mi esfuerzo y de mi prestigio. Son capaces de aislar ese asunto con respecto a mi candidatura. Tenemos que hablar de futuro, de proyecto. Sé cómo hacerlo. Tengo una experiencia dilatada en el tablero universitario”, alega.

Este docente universitario llegó a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la mano de Cristina Cifuentes en junio de 2015. Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Rey Juan Carlos, tenía experiencia en la gestión académica ya que había estado al frente de la Aneca (el organismo dependiente del Ministerio de Educación que evalúa al profesorado universitario). Llegó a una Consejería que durante los gobiernos previos, especialmente durante el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, se había situado en el centro de la polémica. 

Su antecesora en el cargo, Lucía Figar, había optado por una abrir una guerra contra los colectivos que defendían la educación pública. Posteriormente se conoció que en 2011 este departamento autonómico llegó a pagar con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entonces protestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Este encargo fue encomendado a uno de los principales imputados en la Operación Púnica, Alejandro de Pedro. En junio de 2015 Figar dimitió por su imputación en esta investigación judicial. 

Las organizaciones educativas destacan su carácter dialogante

La entrada de Van Grieken en la Consejería rebajó las tensiones con los colectivos educativos. Tanto organizaciones que defienden la educación pública como aquellas que abogan por la enseñanza concertada coinciden en señalar el carácter “dialogante” del candidato a rector de la URJC. “De todos los años en los que yo he coincidido con el Gobierno del PP, la época de Van Grieken fue en la que hubo mayor posibilidad de hablar y de interactuar con la Consejería”, recuerda José Luis Pazos, que estuvo durante diez años al frente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos.

Fuentes sindicales añaden que la llegada del catedrático de la URJC a la Consejería no marcó “una diferencia en los elementos esenciales” de la agenda del PP en lo relativo a las políticas educativas, pero destacan que en ese “periodo se firmó el acuerdo sectorial, aunque fue incapaz de generar un consenso en materia de acuerdo educativo”. Por su parte, Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de padres de alumnos (Cofapa), destaca que el exconsejero mantuvo una “colaboración muy estrecha” con ellos “para la implantación de las distintas leyes”. Desde Escuelas Católicas (el brazo educativo de la Iglesia) recalcan “el perfil técnico” y su “carácter sencillo, amable y dialogante”.

A pesar de la interlocución que abrió con las organizaciones educativas, los colectivos más progresistas inciden en que “priorizó la agenda del PP”. “Se ahondó en el trato desigual a la enseñanza pública en comparación con la concertada”, lamentan fuentes sindicales. Durante su mandato se aprobó la creación de tres nuevas universidades privadas: Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), la Universidad Internacional Villanueva y la Escuela de Negocios y Centro Universitario (Esic). Ante las críticas de los rectores de universidades públicas, Van Grieken defendió que las “solicitudes” realizadas por los campus que querían impartir educación privada “cumplían los requisitos”. “Por lo tanto teníamos que darles salida”, destacó en febrero de 2019. 

Ahora que pretende dar el salto al equipo de gestión de una universidad pública, Van Grieken confiesa que “a las universidades públicas les hace falta más financiación para realizar más proyectos y que puedan hacer el papel que tienen en la sociedad”. Y asegura que en el caso particular de la URJC el primer paso para mejorar la inversión pasa por ejecutar entre el 98% y el 99% del presupuesto. “No tiene ningún sentido que 2019 se cerrase con superávit de 25 millones de euros”, apunta. Y destaca que esta es una actuación generalizada ya que en años anteriores se dejaron sin gastar 18 millones por ejercicio. 

Preguntado sobre las motivaciones que le han animado a presentar su candidatura, Van Grieken incide en ese carácter abierto a la conversación destacado por las organizaciones educativas. “A la Universidad le hace falta un nuevo rumbo, otra manera de gobernar, escuchar más a los profesores, a los estudiantes y al personal de administración y servicios. Tener un diálogo que no existe. Una discusión de distintas ideas y de las diferencias que existen en la Universidad”, responde el candidato sobre su proyecto de gestión para la URJC. Hasta que no llegue el 24 de febrero, fecha en la que se inicia la campaña, el exconsejero no puede concretar las medidas de su programa. “Ahora solo puedo dar directrices”, indica.  

Reprobado por la Asamblea de Madrid por el caso Máster

Al catedrático de Ingeniería Química y expresidente de la Aneca el mayor caso de corrupción universitaria conocido en nuestro país le pilló al frente de la Consejería de Educación de la comunidad autónoma que que se convirtió en epicentro del caso, siendo subordinado de una de las alumnas afectadas y con plaza fija en la universidad en la que se produjeron las irregularidades. 

Por la gestión de este caso, el exconsejero fue reprobado por la Asamblea de Madrid con los votos de Podemos, PSOE y Ciudadanos. “Se dedicó a hacer de abogado defensor de Cristina Cifuentes en lugar de actuar como consejero de Educación, en un momento en el que los medios de comunicación pedían explicaciones por los medios y también lo hacían los estudiantes de la URJC”, recuerda Eduardo Fernández Rubiño, el diputado autonómico que promovió esa moción y que ahora forma parte de Más Madrid. 

Al desvelarse las irregularidades detectadas en el título de Cifuentes, el ahora candidato a rector de la URJC se mostró “absolutamente convencido” de que la expresidenta “asistiría a clase” del máster como cualquier alumna, de que “cumplió con todo”, informó a sus profesores de su “situación especial” como cargo público y no recibió “trato de favor”. Con el paso de los años, el avance de la investigación periodística y la judicialización del asunto, la expresidenta ha tenido que reconocer que no fue a clase, que sólo tenía interlocución con el director del Instituto de Derecho Público y que al resto de sus profesores no les conocía. La sentencia del tribunal del caso Máster constata que “el desarrollo” de la actividad académica de la expresidenta “ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”.

El nombre del consejero de Educación durante el Gobierno de Cifuentes fue pronunciado por varios de los comparecientes que declararon en el juicio. El propio Van Grieken tuvo que declarar como testigo. En su intervención ante el tribunal aseguró que el día que estalló el caso no habló por teléfono ni con la que era su asesora en ese momento ni con la que era su jefa. Sí que estuvo en contacto con “Marisa González”, la que era directora de gabinete de la presidenta en aquel momento, porque “querían asesoramiento de la situación”: “Decían que teníamos que conseguir la documentación en que se habían basado en la URJC para hacer las declaraciones que se hicieron”.

El candidato a la dirección de la URJC expuso ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que el 21 de marzo de 2018 también estuvo en contacto directo con el que ahora es uno de sus rivales en las elecciones del 3 de marzo, con el rector Javier Ramos. “Le llamé en reiteradas ocasiones pidiéndole la documentación a la que había hecho alusión en esa rueda de prensa”, alegó en el juicio, en alusión a la comparecencia que realizó Ramos junto a dos de los profesores de Cifuentes ese 21 de marzo para asegurar que no existían irregularidades en la obtención del máster de Cifuentes. 

Ramos y Van Grieken, viejos conocidos

“La documentación que estaba digitalizada la remitimos a la Secretaria del consejero de Educación según la vamos teniendo”, replicó ante el juez el rector actual, que se presenta a la reelección. Van Grieken justificó su insistencia en localizar los documentos que justificaban el buen hacer académico de Cifuentes porque el asunto “afectaba al Gobierno regional”, la alumna cuestionada “era la presidenta de la Comunidad de Madrid”, “y por supuesto, se ponía en entredicho el comportamiento de las universidades públicas”, apuntó. Reviviendo la actuación de aquellos días, Van Grieken asegura que “nunca” puso en duda que lo que les estaban enviado no tuviese el aval de la Universidad. “Creo que muchas veces estas cosas se analizan con el paso del tiempo sin realmente ponerse en la situación”, destaca. 

Van Grieken y Ramos se vuelven a ver las caras en las elecciones al rectorado de la URJC. Son viejos conocidos. A pesar de que pertenecen a especialidades distintas —Van Grieken es químico y Ramos es Ingeniero de Telecomunicaciones— el primero fue miembro del tribunal que le otorgó la cátedra al segundo. Los dos fueron también compañeros en el equipo Pedro González Trevijano, cuando el actual magistrado del Tribunal Constitucional estuvo al frente de la Universidad pública madrileña. En ese momento, cada uno asumió un vicerrectorado. De hecho, el último año en el que el exconsejero de Educación de Cifuentes estuvo al frente de ese departamento coincidió con el curso en el que la expresidenta obtuvo el título sobre derecho autonómico. Junto al rector y al exconsejero de Educación tres candidatos más concurren en estos comicios: los catedráticos Marta Losa, Enrique Cabello y Joaquín Rams.

Cristina Cifuentes asegura que se encuentra “liberada” y “aliviada” tras conocer el fallo del Caso Máster, que le absuelve del delito de falsedad documental. El tribunal ha determinado que la expresidenta madrileña no participó en la elaboración del acta falsa sobre su trabajo de fin de posgrado, aunque sí ha condenado a Cecilia Rosado, la profesora que falsificó las firmas, y a María Teresa Feito, la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada para Cifuentes

La expresidenta autonómica ha roto su silencio en el programa de Telecinco Ya Es Mediodía, en el que ha celebrado que la sentencia, emitida este lunes, contemple “una absolución con todos los pronunciamientos a favor”. “Significa solo una cosa: inocencia. Algo que yo dije desde el primer momento y que, sin embargo, me ha supuesto vivir durante tres años un calvario con un linchamiento, también mediático, continuado”, ha destacado. “Estoy contenta por mi familia, porque para ellos termina un calvario de mucho sufrimiento”, ha añadido. 

A pesar de que la expresidenta madrileña, asegura que “desde el primer momento” ella defendió su inocencia, las argumentaciones realizadas desde que elDiario.es reveló que había cursado un máster con notas falsificadas han ido variando en los casi tres años que han transcurrido. Por ejemplo, días después de que esta redacción destapase el Caso Máster, Cifuentes aseguró en su primera rueda de prensa — celebrada el 5 de abril de 2018 — que defendió su trabajo fin de máster “de forma presencial en el campus de la Universidad de Vicálvaro”. Sin embargo, es la declaración judicial realizada el pasado 22 de enero la política retirada aseguró que esa defensa no se realizó.  “Expliqué las líneas generales”, aseguró.

No se pronuncia sobre las dos condenadas

La sentencia condena a un año y seis meses de cárcel a la profesora Cecilia Rosado, que ha obtenido una pena reducida por confesar los hechos y colaborar con la justicia. La docente de la Universidad Rey Juan Carlos admitió haber elaborado el acta del TFM de Cifuentes horas después de que elDiario.es revelase las irregularidades del posgrado cursado por la expresidenta de la Comunidad, falsificando para ello la firma de otras dos profesoras. A María Teresa Feito también le han condenado, en este caso a tres años de cárcel, por requerir de forma “insistente y agobiante” a la profesora Rosado que solucionara aquella situación “como fuere”, tras la información publicada por esta redacción. 

Preguntada sobre las penas impuestas a Feito y Rosado por el delito de falsificación documental vinculado a la elaboración del acta de TFM que la propia Cifuentes exhibió en sus redes sociales para desmentir la exclusiva de elDiario.es, la expresidenta ha evitado pronunciarse. “No voy a ser yo quien entre a valorar lo que es una sentencia judicial”, se ha limitado a responder. 

En su primera declaración pública, Cifuentes ha recordado que el tribunal le “absuelve del único delito” por el que se le “estaba juzgando”. “No se estaba cuestionado si yo había hecho el máster o no lo había hecho, a mí no se me estaba juzgado por eso”, ha apuntado sin ahondar más en la cuestión y sin aclarar si lo había cursado o no, después de que la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid reconozca “graves irregularidades” en el posgrado cursado por la expresidenta madrileña. 

Según el tribunal, las “incongruencias” en torno a ese título son “relevantes” e “incompatibles” con la actuación regular de un estudiante de máster. Sin embargo, este martes Cifuentes ha optado por cargar contra la cobertura mediática recibida desde que estalló el Caso Máster, a pesar de que no ha reconocido en ningún momento que existiesen irregularidades en la obtención de ese título. “Yo ya he cumplido una condena de tres años, una condena en la que no se me ha aplicado en ningún momento la presunción de inocencia, si no la de culpabilidad”, ha destacado. Y ha añadido: “Unos tres años, en los cuales no solo he perdido mi vida, que la he perdido, sino que he sufrido la llamada condena del telediario, de manera reiterada y de una forma feroz”.

El caso Máster se cierra con una sentencia difícil de entender. Hay dos condenas, de dos personajes secundarios en todo lo que ocurrió. Un año y medio de cárcel para la profesora Cecilia Rosado, por falsificar el acta que Cristina Cifuentes exhibió para presumir de que había hecho un trabajo de fin de máster que jamás apareció. Tres años para Maite Feito, la asesora del Gobierno de Madrid que presionó a esta profesora para que entregase esta falsificación. Y la absolución para Cristina Cifuentes, la única beneficiada de un acta falsa que ella misma utilizó para intentar desmentir la noticia desvelada ese día por elDiario.es: que había obtenido un máster fraudulento en la URJC.

Dos funcionarias condenadas. Por una falsificación cuyo único sentido, cuyo único objetivo, cuya única beneficiada, era la expresidenta de Madrid, que queda absuelta de cualquier responsabilidad penal.

Cifuentes ha sido declarada inocente por falta de pruebas de que fuese inductora de esa falsificación. Para el tribunal, que Cifuentes exhibiera esa acta falsificada y se beneficiara de ella “no es más que un indicio”. Pero eso no anula ni una coma de todo lo que ya sabíamos sobre ese máster fraudulento que nunca hizo. La sentencia también da por probadas las “graves irregularidades” que, en su momento, destapamos en elDiario.es. No hay nada en esa decisión judicial que desacredite nuestra investigación. Sigue siendo la verdad, y nos reafirmamos en ella, por mucho que Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid defiendan ahora la “honestidad” de una expresidenta de Madrid que recibió un título oficial en una universidad pública sin merecerlo. 

Cifuentes nunca fue a clase, ni a los exámenes. Obtuvo su título –que aún conserva, como Pablo Casado– a través de una vía privilegiada de la que no disfrutaron los alumnos que sí se esforzaron para aprobar. Se matriculó fuera de plazo. No conocía siquiera a los profesores que pusieron las notas, a los que nunca se dirigió. Solo mandaba unos supuestos trabajos a Álvarez Conde, pero nunca por email –tampoco conserva ni uno solo de ellos en papel–. Consiguió el título por medio de dos notas falsificadas por una funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que entró irregularmente en su expediente académico y lo modificó, dos años después. Y cuando en elDiario.es desvelamos lo ocurrido, presentó una querella contra nosotros, utilizando para ello esa acta que hoy queda judicialmente acreditado que fue el fruto de un delito de falsificación.

No me ha sorprendido la absolución de Cifuentes. Ya dije, hace unas semanas, que lo más probable era que el caso terminara así. Tampoco la condena a Cecilia Rosado. La profesora había confesado el delito y era casi imposible su absolución. Pero no esperaba un desenlace así: con Feito condenada y Cifuentes absuelta. 

Maite Feito no era otra simple asesora de entre los cientos con los que cuenta el Gobierno de Madrid. Era amiga de Cristina Cifuentes –así lo admitió ella misma hace tres años a elDiario.es–, y su principal aliada en todo lo que tenía que ver con sus estudios en la URJC. Fue Feito quien, años atrás, preguntó a algunos profesores universitarios si querían dirigir la tesis doctoral de Cristina Cifuentes. Fue Feito quien acompañó a la expresidenta a la Universidad a recoger ese título regalado, después de que otra funcionaria manipulara las notas que faltaban por aprobar.

El 21 de marzo de 2018, cuando publicamos nuestra primera información sobre el máster, fue también Feito quien se presentó en la universidad, se reunió con el rector y habló por teléfono con Cecilia Rosado “hasta en 15 ocasiones”, como recoge la sentencia, “indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere”.

Las preguntas, que la sentencia no responde. ¿Qué llevó a Feito a hacer todo esto? ¿Por qué razón cometió este delito? ¿Qué empujó a esta asesora y amiga de Cristina Cifuentes para que presionase a la Universidad hasta que consiguió un acta falsa cuyo único objetivo era salvar la cara de la expresidenta de Madrid?

Dice la sentencia que Maite Feito asegura “no haber mantenido contacto alguno con la señora Cifuentes, tampoco con su oficina y gabinete”. Y es cierto que eso es lo que dijo Feito en el juicio. Pero es falso que fuera así. 

El 20 de marzo de 2018, el día antes de publicar nuestra primera información, nuestra compañera Raquel Ejerique telefoneó a la jefa del gabinete de Cristina Cifuentes, Marisa González –la mano derecha de la presidenta de Madrid– para recabar una respuesta oficial. Y ante sus preguntas sobre este máster, con Ejerique al otro lado de la línea, Marisa González llamó a Feito para que fuera ella quien aclarase nuestras dudas. En aquella conversación telefónica, la jefa de gabinete de Cifuentes nos trasladó su primera versión de los hechos: que Cifuentes se había dejado para otro curso esas asignaturas y las había aprobado después. Era falso, como casi todo lo que contaron sobre el máster la presidenta de Madrid y su equipo.

En el juicio, Feito mantuvo una versión atribulada y desordenada donde básicamente aseguró que no hizo nada, que no pidió nada y que simplemente se fue hasta allí y habló 15 veces por teléfono con Cecilia Rosado por simple curiosidad personal. Feito también negó cualquier relación profesional o personal con Cifuentes, y en eso también mintió. 

Tres años de condena para Maite Feito. Año y medio para Cecilia Rosado, que no entrará en prisión al no tener antecedentes penales y ser una pena inferior a los dos años.

Salvo que posteriores recursos anulen su condena, Feito será la única de todos los protagonistas de esta historia que terminará en prisión. Una absoluta injusticia, en mi opinión. 

P. D. : El caso máster está cerrado. ¿Todo? No. Raquel Ejerique y yo aún estamos pendientes de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, donde Cristina Cifuentes ha recurrido para intentar reabrir la “querella criminal” que presentó contra nosotros por publicar la verdad. La expresidenta de Madrid aún insiste en llevarnos a prisión.

Dos títulos universitarios sin esfuerzo académico alguno. Sin ir a clase, sin presentarse a los exámenes, sin que haya rastro de ningún trabajo. Cristina Cifuentes y Pablo Casado se vieron envueltos en el mismo escándalo en el año 2018, cuando se reveló que ambos habían obtenido el título de posgrado sin pruebas de que hubiesen hecho nada por merecerlo. Atravesaron sendos procesos judiciales que con tiempos diferentes han acabado con los dos libres de castigo judicial. Eso sí, dos tribunales distintos han echado por tierra su coartada política.

En años distintos, Casado y Cifuentes obtuvieron el mismo máster impartido por el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el fallecido Enrique Álvarez Conde. Ambos defendieron haberlo cursado. “El máster es perfectamente legal y real. Ni mi currículo ni mis calificaciones han sido falsificadas ni falseadas”, argumentó Cifuentes. “Tengo toda la documentación que avala mi máster”, aseguró Casado.

Dos resoluciones judiciales separadas por algo más de dos años les han desmentido a ambos. Primero fue el Tribunal Supremo, que en septiembre de 2018 eximió a Casado de cualquier responsabilidad penal, pero concluyó que no había ninguna prueba de que hubiese cursado el posgrado. El caso había llegado al alto tribunal después de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel lo enviase al considerar que al ahora líder del PP le habían regalado el título “a modo de prebenda”.

La sala de lo Penal del Supremo rechazó imputar a Casado por cohecho, pero elaboró un relato sobre cómo había obtenido el máster que mostraba que Casado consiguió aprobar sin hacer nada. Buena parte de los créditos le fueron convalidados de manera “excepcional”, sin que él lo solicitase, algo que los jueces achacaron al “irregular comportamiento de los responsables del máster”. El alto tribunal también dejó claro que Casado no había ido a clase y que “no consta que se cumpliera” con el resto de requisitos académicos. A pesar de ello, había obtenido varios sobresalientes.

Cifuentes aprobó con notas falsificadas

El tribunal vio indicios de que se había dispensado “un trato de favor al aforado”, pero rechazaron que él tuviera responsabilidad: “Al igual que ocurre con la inexistencia de datos que avalen la presentación de trabajos que sustituyeran otros méritos inexistentes, son actuaciones imputables al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor”.

Aquella decisión judicial provocó que la jueza que investigaba el máster de Cifuentes redujese el caso a la falsificación del acta, excluyendo a todos los responsables de la Universidad a excepción de la profesora Cecilia Rosado, que ha acabado condenada a un año y seis meses de cárcel. Eso no ha impedido que los jueces que este lunes han absuelto a la expresidenta madrileña hayan dejado constancia de las numerosas irregularidades que han detectado.

La propia Cifuentes ya se vio obligada a rebajar la defensa pública que había hecho sobre su máster, al que acabó renunciando en un último intento de huir del escándalo. Tuvo que reducir lo que en un principio había sido una defensa pública de su TFM frente a un tribunal a un acto informal, sin precisar delante de quien. Los testimonios de responsables de la URCJ fueron poniendo en tela de juicio la versión de la expresidenta, que ha quedado finalmente desmontada por la sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid no ha encontrado pruebas de que indujese la falsificación del acta sobre su TFM, pero ha llenado su resolución con las numerosas irregularidades del posgrado. Así, el tribunal confirma en su sentencia la información que elDiario.es publicó el 21 de marzo de 2018 y que dio origen al escándalo: Cifuentes había aprobado con notas falsificadas porque alguien había cambiado dos “no presentado” a “notable” en la Intranet de la URJC.

El tribunal lo define como una modificación “irregular”, instigada por el profesor Pablo Chico de la Cámara y que llevó a cabo la funcionaria Amalia Calonge, que “accedió al sistema informático, y a pesar de que no tenía competencias para hacerlo”, cambió las notas de Cifuentes. Las dos que le faltaban para obtener el máster.

Un castigo político diferenciado

Los jueces hacen hincapié en que “no consta” que Cifuentes realizase “examen, ni trabajo, ni ninguna otra actuación merecedora de calificación”. Es decir, que obtuvo dos notables sin hacer nada. O como resume en la sentencia: “El desarrollo de su actividad como alumna ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”.

Porque a los aprobados sin mérito académico que los justifique los jueces añaden que “nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor”. Califican de “inexplicable” que sostenga que presentó un TFM cuando consta como “no presentado” y concluyen que “el desarrollo de este curso estuvo plagado de irregularidades, lo cual está acreditado documentalmente”.

Esa trama de títulos universitarios que se otorgaban a alumnos VIP que no había realizado ningún esfuerzo ha quedado ya patente en dos resoluciones de dos tribunales, pero no habrá consecuencias penales. Ni para quienes se beneficiaron de ese sistema ni para quien lo urdió. El catedrático de la URJC Enrique Álvarez Conde, al que todos durante el juicio han puesto en el centro de la diana, falleció en abril de 2019.

Las consecuencias judiciales han sido las mismas, pero el castigo político ha distado mucho en ambos casos. Cifuentes tuvo que dimitir ante la posibilidad de que Ciudadanos, que le había dado sus votos en la investidura, forzase una moción de censura que diese el Gobierno de la Comunidad de Madrid al PSOE. La presión interna del PP y la filtración de un vídeo en el que aparecía robando unas cremas forzaron su retirada de la política.

La filtración se produjo después de que Cifuentes hubiera perdido el apoyo de Ciudadanos y que fuera inevitable que perdiera el gobierno de Madrid si no dimitía. El vídeo abortó el plan previsto por Cifuentes y que muchos el PP no compartían: pasar a la oposición e intentar recuperar el poder desde allí.

Casado, por su parte, afrontó ese escándalo en plena batalla contra María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría por liderar el PP. Aguantó sin asumir responsabilidades que el caso pasara de un juzgado ordinario al Tribunal Supremo. Cuando este lo archivó, Casado ya había alcanzado la presidencia del partido tras aliarse con Cospedal.

El tribunal del caso Máster ha decidido absolver a Cristina Cifuentes del delito de falsificación documental, por el que la Fiscalía pedía que fuese condenada a tres años y tres meses de cárcel. Los jueces han considerado que la expresidenta madrileña no jugó ningún papel en la elaboración del acta falsa sobre su trabajo de fin de máster, con el que trató de justificar que sí había realizado ese posgrado tras la exclusiva de elDiario.es, según ha avanzado la agencia Efe y ha confirmado este medio. Los jueces sí han condenado a una profesora del máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y a la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada que librase a Cifuentes del escándalo.

“Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión”, sostiene la sentencia sobre Cifuentes. Los jueces entienden que el hecho de que la expresidenta exhibiera “públicamente” la copia del documento que recibió del rector “no es más que un indicio, no corroborado por otros” y defienden que las “sospechas legítimas” que pudieran existir “no se han convertido en prueba suficiente” para justificar su responsabilidad.

En este sentido, recuerdan que ninguna de las otras dos condenadas —la profesora y la asesora— señalaron haber tenido contacto con Cifuentes o con personas de su oficina y gabinete el día que estalló el escándalo y que tampoco la señaló ninguno de los intervinientes en la reunión de parte de la cúpula de la URJC que tuvo lugar esa jornada en el Rectorado. Durante su declaración en el juicio, la expresidenta afirmó que no pidió a ninguno de sus colaboradores y tampoco a nadie de la URJC que falsificaran el acta: “Nunca, jamás, a nadie”.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público consideraba que Cifuentes indujo esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que “jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.  “La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones”, lanzó en la sala la fiscal, que aludió al “entorno” de la expresidenta como origen de esas presiones.

La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, ha considerado que Cifuentes no indujo esa falsificación porque su “interés” en tener “toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster” no fue suficiente como para llevar a otros a delinquir. A juicio del tribunal, “no consta la presión inductora” ni el “dominio del hecho”, por lo que no se le puede imputar el delito de falsificación que le atribuían las acusaciones.

La teoría del “dominio del hecho” fue expuesta por la acusación particular, ejercida por la URJC, que defendió la presunta culpabilidad de Cifuentes como beneficiaria de la falsificación porque “se quiso beneficiar de su elaboración y de la falsedad de su contenido” a sabiendas de que el acta estaba adulterada, según expuso su abogado durante la vista. 

La sentencia sin embargo, establece que no basta con que se beneficiara de esa falsificación a sabiendas de que lo era para que pueda haber culpabilidad. Y recuerda que el Tribunal Supremo ya ha establecido qué requisitos son necesarios para condenar por este supuesto: “Que conste la intervención del acusado en el previo concierto para llevar la misma o haya dispuesto del 'dominio funcional del hecho', bastando el concierto y reparto previo de papeles para la realización, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente como quien se aprovecha de la acción, con tal que ostente o tenga el condominio del hecho”. Es decir, con tal de que haya participación en el plan, algo que según la resolución no queda acreditado en el caso de la expresidenta.

La Fiscalía está analizando el contenido del fallo dictado este lunes para decidir si finalmente impugna la resolución, una posibilidad que ya ha descartado la URJC. Fuentes de la institución universitaria muestran su respeto a una sentencia que ven como el “punto final” de un “caso aislado” y afirman que el final del juicio les permite centrarse en su “proyecto de futuro”.

Condenas

Los jueces sí que han condenado a un año y seis meses de cárcel a la profesora Cecilia Rosado, que admitió haber elaborado el acta desde cero, falsificando la firma de otras dos profesoras. El tribunal da credibilidad al relato de la docente, que declaró que había falsificado el acta por las presiones de Enrique Álvarez Conde, director del máster ya fallecido, y de María Teresa Feito, que en el momento de los hechos era asesora del consejero de Educación Rafael Van Grieken, y condenada también a tres años de cárcel.

La resolución afirma que Rosado elaboró ese documento dada la “fuerte jerarquía” existente entre ella y el catedrático y ante el “temor de las posibles consecuencias negativas” para su trabajo. Lo hizo tras ser “requerida” por Feito, que fue quien le indicó que en ese documento debía hacer constar que Cifuentes “había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012”.

Los jueces han reducido la pena de Rosado porque confesó y colaboró con la justicia. No aprecian, sin embargo, el atenuante de “miedo insuperable” que solicitó la Fiscalía al entender que aunque temía por el desarrollo de su carrera profesional, cuando ocurrieron los hechos ya tenía un contrato fijo en la URJC. “Las circunstancias de enfriar o dificultar sus relaciones con el catedrático [Enrique Álvarez Conde] no son suficientes para justificar el temor suficiente para la aplicación de esta atenuante”, dice la resolución.

Respecto a Feito, el tribunal considera probado que el día que estalló el escándalo pidió de forma “insistente y agobiante” a la profesora Rosado que solucionara aquella situación “como fuere”. También confirma que participó de “forma activa” en la reunión en la que, ese día, la plana mayor de la URJC veía cómo hacer frente a la información de elDiario.es sobre las notas falsificadas de la entonces presidenta. Durante su declaración, Feito afirmó que solo había entrado “dos minutos” en esa reunión.

Para el tribunal, la actuación de Feito queda probada por su “actuación relevante” tanto en “la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que esta no existía”, como en la “presión” ejercida sobre Rosado. Esa “presión” se justifica, según la sentencia, por la declaración de la propia Rosado y por las 15 llamadas efectuadas durante ese día —que cesaron una vez enviada el acta— y que “sin duda tenían como finalidad la creación del documento mendaz”, pues no se pueden atribuir a una relación previa entre ambas que no existía.

“Graves irregularidades”

Aunque no era objeto de este procedimiento, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid pone de manifiesto las “graves irregularidades” que tuvieron lugar en el desarrollo del máster que supuestamente cursó la expresidenta. Según el tribunal, las “incongruencias” en torno a ese título son “relevantes” e “incompatibles” con la actuación regular de un estudiante de posgrado.

Cifuentes afirmó durante su declaración que lo cursó sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que sí que había alegado inicialmente. Desde que elDiario.es reveló el escándalo sobre su falso máster en marzo de 2018, Cifuentes no ha logrado encontrar ese trabajo.

El tribunal no entra a valorar si se produjo o no esa defensa del TFM, aunque dice que habría sido “inexplicable” que se hubiera producido porque en 2012 figuraba como “no presentada” en una asignatura de ese posgrado y para poder exponer un TFM es necesario tener todas las materias aprobadas. De hecho, el tribunal recuerda que la calificación de esa asignatura fue corregida “de forma irregular” en 2014 por la funcionaria Amalia Calonge a pesar de que no competencias para acceder al sistema informático y hacer ese cambio.

Durante el juicio, que se alargó durante cinco sesiones, no apareció ni un solo indicio de que la expresidenta hiciera el máster o acudiera el citado 2 de julio de 2012 a defender las “líneas generales” de su TFM en un despacho del campus de Vicálvaro como ella misma aseguró ante el tribunal.

Cristina Cifuentes aguarda ya la sentencia que resolverá si indujo la falsificación del acta de defensa de un supuesto Trabajo de Fin de Máster (TFM) que no aparece, simplemente se benefició siendo consciente de la adulteración o es absuelta porque no hay pruebas de lo primero ni de lo segundo. En los dos primeros casos sería condenada con hasta cuatro años de prisión; si se diera la absolución resolvería sus problemas con la justicia, a la espera de un posible recurso de las acusaciones, aunque no haya un solo indicio de que cursara aquel máster.

La fiscal Pilar Santos Echevarría centró su informe de conclusiones en reproducir los indicios de que tras la maniobra de la falsificación del acta estuvo la entonces presidenta madrileña. “Por supuesto que no llamó, pero la beneficiaria era ella y su carrera política”, aseguró la fiscal. “La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones”, lanzó en la sala.

Para apoyarlo, Santos presentó las declaraciones de los testigos dando por hecho que María Teresa Feito, asesora en ese momento de la Consejería de Educación y profesora en excedencia de la universidad, estaba en el epicentro de la resolución de la crisis en representación de Cifuentes. Como hecho destacado, recordó las veinte veces que llamó o escribió a la profesora que falsificó el acta antes de que ésta lo hiciera. “Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, declaró Rosado que le dijo Feito. Por ello, Santos Echevarría solicita tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes como autora por inducción de un delito de falsedad en documento oficial. 

La fiscal también subrayó que tan pronto como tuvo el acta del TFM, Cifuentes la exhibió públicamente sabiendo que “no se correspondía con la realidad”. El abogado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ejerce la acusación particular, dedicó buena parte de su intervención precisamente a la presunta culpabilidad de Cifuentes como beneficiaria de la falsificación a sabiendas de que el acta estaba adulterada. 

A juicio del letrado, durante el juicio ha quedado acreditado que la expresidenta sabía que no había defendido ese trabajo cuando mostró públicamente el acta para desactivar una polémica que trascendía al ámbito político y “se quiso beneficiar de su elaboración y de la falsedad de su contenido”. Según su tesis, este hecho la hace culpable porque la jurisprudencia establece que basta con que se beneficiara de esa falsificación a sabiendas de que lo era para que pueda ser condenada. 

La jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, ya apuntó en este sentido. En su auto de pase a procedimiento abreviado recogió que Cifuentes puede ser condenada por falsificación si se acredita que conocía la adulteración y a pesar de ella obtuvo rédito. El letrado reprodujo aquel “no me voy, me quedo, me voy a quedar”, que lanzó Cifuentes con el acta falsificada en la mano la noche que siguió a la exclusiva de elDiario.es.

Y aquí puede estar la clave del caso: ¿ha quedado acreditado que Cifuentes sabía que manejaba un acta falsa? Durante el juicio no ha aparecido ni un solo indicio de que Cifuentes hiciera el máster o acudiera el 2 de julio de 2012 a defender las “líneas generales” de su TFM en el despacho de Enrique Álvarez Conde, en el campus de Vicálvaro. El fallecimiento del catedrático en 2019 ha estado presente durante toda la vista, ya que él estuvo en el centro del proceso de falsificación. 

Según Cifuentes, Álvarez Conde era su único interlocutor en el máster —nunca interactuó con el resto de profesores ni se interesó por las notas obtenidas en sus asignaturas— y era a él a quien enviaba físicamente a través de personas de su gabinete o mensajeros unos trabajos que supuestamente le permitieron aprobar el posgrado pero que tampoco han aparecido. Su abogado, sin embargo, insistió en que durante la vista tampoco se ha demostrado que no hiciera el máster y aludió a las “irregularidades” detectadas en los posgrados de otros alumnos que afloraron en la parte de la instrucción que se archivó. 

Respecto al día de la supuesta defensa del TFM, Cifuentes aseguró en su declaración ante el tribunal que acudió en vehículo oficial a la URJC. En instrucción había dicho que le habían escuchado tres personas, entre las que se encontraba un hombre. Sin embargo, el 21 de marzo de 2018 mostró un acta firmada por tres mujeres. Su justificación ante esa falta de coincidencia es que ella no sabía si esos profesores que la escucharon, y de los que nada se ha sabido en tres años, eran o no el tribunal que luego evaluaría su trabajo. 

El único indicio de su presencia aquel día en el campus era el apunte escrito 24 horas antes de la supuesta defensa en la agenda digital de quien fue secretaria durante más de una década, incluida la etapa en la que fue delegada del Gobierno en Madrid, de la que una copia, también desaparecida durante tres años, le fue entregada “apenas unos días” antes del juicio por esta antigua subordinada, Cristina Abad.

El abogado José Antonio Choclán retiró en la penúltima sesión del juicio la prueba porque el pendrive incluía otros datos de carácter personal o íntimo que no quería que fueran incorporados. Según él por “la intención no ocultada de dos partes para acceder indiscriminadamente al contenido personal del pendrive”. Si esos otros datos en el pendrive perjudicarían a Cifuentes más de lo que le podía ayudar la supuesta cita para el TFM seguirá siendo un misterio.

Choclán cerró el juicio despreciando la exposición del abogado de la URJC, de cuyo escrito de acusación dijo que ni debería haber sido aceptado por no centrar ni siquiera la hipótesis de culpabilidad de su clienta. Sobre la tesis de la inducción que presentó la fiscal, Choclán se esmeró en rebatir que haya un solo indicio de que Feito, Van Grieken o Álvarez Conde actuaran inducidos por Cifuentes, al no reconocerlo ninguno de los dos que están vivos ni haber constancia documental de ello. Para el abogado de la expresidenta se trató de una operación para “lavar” la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos, de la que responsabilizó en última instancia al rector, Javier Ramos.

Con un documento falsificado en la mano apareció Cristina Cifuentes en un vídeo la noche del 21 de marzo de 2018 desafiando a quienes consideraban que la presidenta de la Comunidad de Madrid no podía seguir en el cargo con un título académico regalado. Aquella fue la primera imagen de una desconcertante estrategia que este viernes vivió un nuevo capítulo: su defensa retiró en la penúltima sesión del juicio la agenda electrónica que presentó sorpresivamente en la primera y que, según defendía, mostraba una cita de Cifuentes para acudir a defender el Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012.

A todas las suspicacias que provocó que Cifuentes presentara una supuesta prueba de descargo casi tres años después de que arrancara el caso se une ahora que la retire alegando razones de privacidad y confidencialidad. La expresidenta madrileña se juega hasta cuatro años de cárcel y esa agenda era el único indicio –el tribunal debería valorar de qué peso– que Cifuentes tenía para intentar convencer de que acudió el citado 2 de julio de 2012, aún siendo delegada del Gobierno, a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en una visita que nadie presenció, a defender un trabajo que no aparece y ante unos profesores sin identificar.

El tribunal había aceptado en el arranque del juicio el 'pendrive' que contiene la agenda y la pericial de parte que adjuntaba, pero rechazó la pretensión de Cifuentes de no dar traslado a las partes personadas. Ella quería que acusaciones y defensas solo vieran lo que su secretaria en la Delegación del Gobierno, Cristina Abad, habría anotado supuestamente el 1 de julio de 2012: que al día siguiente tenía que acudir a la universidad a defender el TFM. El tribunal se negó y Cifuentes renunció a la prueba. Según se desprende la explicación de su abogado, José Antonio Choclán, ha pesado más que las anotaciones de la secretaria sobre la actividad de la entonces presidenta no tengan publicidad que la supuesta prueba de descargo que representa esa anotación.

El letrado, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, daba la sorpresa este viernes al exponer en su inicio que retiraba la prueba al considerar “desproporcionada” la decisión del tribunal, lo que deja abierta la posibilidad de una petición de nulidad por parte de la defensa. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es concluyen que de apreciarse una vulneración de derechos cabría la posibilidad de la repetición del juicio.

El abogado Choclán alegó “la intención no ocultada de dos partes para acceder indiscriminadamente al contenido personal del pendrive”. La agenda, según aseguró Cifuentes precisamente a preguntas de su defensa, estaba alojada en un pendrive que había sido “aportado” hacía “apenas unos días” por quien fue secretaria durante más de una década, incluida la etapa en la que fue delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Abad. La defensa de la expresidenta proponía que, de aceptarse la prueba en los términos que solicitaba, fuera a declarar la secretaria. En el informe pericial, sin embargo, consta que Abad, que también fue secretaria de Cifuentes en la Comunidad de Madrid, le entregó una copia en abril o mayo de 2018, la época de su dimisión. El informe pericial está elaborado el último día laborable antes de que arrancara la vista, el 15 de enero.

Durante la instrucción, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel había requerido a la Delegación del Gobierno que entregara la agenda oficial de Cifuentes, pero el organismo público informó de que ese material se destruía cada dos meses. ¿Quiere eso decir que Cifuentes tenía una copia de la supuesta prueba a su favor y no la aportó a la magistrada? Tampoco eso quedó claro en su declaración.

El abogado de la Universidad Rey Juan Carlos, que ejerce la acusación particular, fue directo. “¿Desde qué fecha tiene a su disposición la copia de seguridad de esa agenda? Pero el juez le interrumpió alegando que el acusado puede presentar la prueba en cualquier momento del proceso, según la ley.

Abogado de la URJC: El informe pericial dice que Cristina Abad le entregó a usted toda la documentación que custodiaba de su trabajo como secretaria en abril o mayo de 2018. ¿Es cierto?

Cristina Cifuentes: Documentación me entregó muchas cosas. Pero el pendrive que se ha aportado en esta Sala es un pendrive que aporta la que era mi secretaria de manera directa.

Abogado de la URJC: ¿Pero en abril o mayo de 2018 como dice el informe pericial o cuándo?

Cristina Cifuentes: Mire, no sé. ¿Qué me está preguntando exactamente? No entiendo bien la pregunta.

Abogado de la URJC: ¿Desde cuándo dispone de esa documentación que le dio Cristina Abad?

Cristina Cifuentes: Le acaba de decir…

Presidente del tribunal: Lo de la fecha es irrelevante. Lo que no puedo hacer es estar dirigiendo el juicio de esta forma. Para no seguir declarando la impertinencia. ¿Le parece muy relevante la fecha de posesión de ese documento por parte de la declarante?

Abogado de la URJC: Absolutamente.

Presidente del tribunal: ¿En qué considera que es relevante la fecha de tenencia de ese pendrive?

Abogado de la URJC: En primer lugar, se ha aportado un informe en el que dice lo que he manifestado. Hay que contrastarlo.

Presidente del tribunal: Para zanjar el tema. ¿Conoce usted la fecha o el origen desde la cual tiene el pendrive?

Cristina Cifuentes: No lo sé.

Presidente del tribunal: No lo sé es elemento suficiente.

Tras un receso llegó el turno de su abogado, que volvió a preguntar por el asunto obteniendo de Cifuentes una versión más clara. “¿El pendrive que se ha aportado se lo facilitó Cristina Abad? Es decir, no es su copia sino la copia de seguridad que guardaba Cristina Abad”, expuso el letrado. “Efectivamente. Cuando yo me voy de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, unos días más tarde Cristina Abad me da una serie de pendrives, varios, y de documentación que yo tengo... Están en casa pero no sé dónde están y no los he utilizado jamás. Y el pendrive que se ha aportado en esta causa es un pendrive aportado hace apenas unos días por la propia Cristina Abad.

La decisión de no aportar la prueba significa no utilizar la pericial elaborada por Enrique Hellín, un perito al que recurrían con frecuencia la Policía y la Guardia Civil para la realización de periciales, según publicó El País en 2013 cuando desveló su anterior identidad, Emilio Hellín Moro, asesino de la estudiante Yolanda González en una de los atentados más brutales de la extrema derecha durante la transición. Fue condenado a 43 años de cárcel de los que cumplió 14.

En el informe pericial consta que la secretaria de Cifuentes apuntó la cita en la Universidad con tan solo 24 horas de antelación. La fiscal, Pilar Santos Echevarría, preguntó por ello a Cifuentes, quien consideró normal reservar la cita para defender su TFM el día antes.

A pesar de los datos que figuran en el pantallazo incorporado al peritaje, la conclusión a la que llega Hellín es que en la agenda de Cristina Cifuentes se reservó un hueco, entre las “13:45:00 hasta las 16:45:00 h” del 2 de julio, con la anotación “Master URJC”. La coherencia sobre la hora y duración concreta de este registro no se alcanza en la redacción del informe, en el que se plantea en un párrafo diferente que este señalamiento supuso una “reserva de 3 horas”, “desde las 15:45 h hasta las 16:45 h”, a pesar de que ese periodo temporal sólo supone una hora.

La fiscal Pilar Santos Echevarría ha mantenido la petición de tres años y tres meses de prisión para Cristina Cifuentes por su falso máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras la declaración de la expresidenta y las otras dos acusadas, los testigos y la ratificación de los informes periciales, la representante del Ministerio Público solo ha introducido una pequeña modificación en la petición de Cecilia Rosado, la profesora que confesó haber falsificado el acta que Cifuentes mostró en un vídeo como prueba de que había obtenido ese título, para que si el tribunal no acepta el atenuante de miedo insuperable aprecie como muy cualificada el de confesión.

La acusación particular, que ejerce la URJC, ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel para la expresidenta madrileña y para la entonces asesora Maite Feito —a la que acusaciones sitúan como quien presionó en la universidad para obtener una coartada con la que acallar el escándalo— y ha rebajado de cuatro años a uno y medio la solicitud para Rosado. El resto de las partes se han ratificado en sus informes, si bien la defensa de Rosado ha solicitado que la pena se reduzca en dos grados y quede en nueve meses. El abogado de Cifuentes, José Antonio Choclán, se ha ratificado en su petición de absolución.

Las partes defenderán sus informes finales en una próxima jornada, no prevista en el calendario final, debido a lo avanzado de la mañana. Será el próximo viernes, 5 de febrero, aunque está abierta la posibilidad de adelantarlo al jueves. La expresidenta se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo supuestamente sin aprobar todas las asignaturas, sin ir a clase y sin entregar el TFM; sino por la falsificación del acta con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo. Es decir, por lo que se le juzga no es por haber recibido el título de un máster sin hacerlo cuando ya era cargo público sino por la coartada que exhibió en varios medios y redes sociales y con la que intentó salvar su carrera política tras la exclusiva de elDiario.es que reveló que sus notas habían sido falsificadas. 

La jornada de este viernes comenzó con la renuncia por parte de la defensa de Cifuentes a la prueba que aportó en el inicio del juicio y con la que pretendía acreditar que tenía agendado ir a defender su Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012, la fecha en la que se basó su coartada cuando estalló el caso porque es el día que figuraba en el acta aportada en un primer momento por la URJC para asegurar que en esa fecha se había defendido el trabajo. 

La defensa de la expresidenta había aportado un pendrive con una copia de su agenda durante sus años como delegada del Gobierno en Madrid y como presidenta regional y en la que aparece agendado supuestamente que iría a defender su TFM el citado 2 de julio de 2012. El abogado pretendía que las partes únicamente accedieran al informe pericial que supuestamente acreditaba la veracidad de ese documento y no a su contenido completo. Pero el tribunal rechazó esa pretensión, lo que llevó al letrado a pedir la retirada de la prueba alegando que contenía datos personales que no quería que se hicieran públicos. Esta era, hasta el momento, la única prueba aportada por la expresidente para acreditar que había cumplido con ese trámite.

De hecho, era la primera vez desde que se desveló que Cifuentes consiguió un máster con notas falsificadas que aportaba ese documento, a pesar de que tiene en su poder la agenda desde 2018. Las profesoras que firmaron el acta que refrendaría esta versión reconocieron ante el tribunal que falsificaron ese documento y que no se produjo tal defensa. La expresidenta, por su parte, afirmó en su interrogatorio que en realidad no hizo una defensa como tal de ese trabajo, sino que expuso las “líneas generales” a una personas que no sabía siquiera si eran profesores del máster. 

Testigos  

En la sesión de este viernes comparecieron como testigos varios alumnos y profesores relacionados con el posgrado de la expresidenta. Entre ellas, la profesora Esther González Hernández, que desmintió a Cifuentes y aseguró que el responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, sí admitía trabajos por correo electrónico. La expresidenta declaró durante su interrogatorio que le enviaba los trabajos a través de terceros o por mensajero porque al catedrático, fallecido en 2019, no le gustaba utilizar esta vía y prefería recibirlos en papel. 

El de González Hernández fue también el testimonio más contundente sobre el carácter despótico de Álvarez Conde. “Era una persona muy pesada, muy insistente, me resultaba desagradable… Al final todo terminaba en conflicto porque era muy insistente. Te llamaba por teléfono una y otra vez para conseguir las cosas por agotamiento, y entonces se ponía desagradable, pero no pasaba a más porque yo dependía de otro catedrático”, aseguró.

También compareció como testigo la subdirectora del máster, Laura Nuño, que se desvinculó de la falsificación del acta. Entre otras cosas, porque no daba clases en el máster y solo en dos ocasiones, como sustituta, estuvo en un tribunal de TFM. Sí admitió que esas defensas a las que asistió se celebraron en el despacho de Álvarez Conde y que alguno de los alumnos tuvo dispensa para no ir y evitar dicha defensa. Nuño, que dimitió al destaparse el escándalo, confirmó ante el tribunal las irregularidades en las que se desarrolló la titulación de Cifuentes. Relató, por ejemplo, que  “lo más recomendable” es que los tribunales de defensa de TFM lo formen personas que no han sido profesores del curso “para evitar endogamias”.

Por otro lado, dos alumnos del máster negaron la versión sobre los trámites para defender el TFM que Cifuentes relató ante el tribunal. La expresidenta cambió durante la declaración en el juicio su versión sobre la defensa del máster, que pasó a ser una breve exposición de las “líneas generales” de ese trabajo; y confirmó que aprobó el posgrado sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin conocer a sus profesores, únicamente entregando unos trabajos que no había podido localizar como consecuencia de la vida “complicada” que había tenido en los últimos años, con cinco cambios de despacho y dos de domicilio.

Ni Coral del Mar Carvajal ni José Antonio Sanz Cerezuela, que cursaron el posgrado en el mismo curso que la acusada, relataron conocer nada parecido. Ambos reconocieron haber ido a clase de forma más o menos regular y haber hecho el TFM, si bien negaron haberlo expuesto ante un tribunal o en un acto más informal como el que describió la expresidenta a pesar de que en los registros de la URJC sí aparecen actas con estas supuestas defensas. Carvajal afirmó que Álvarez Conde le manifestó que no era necesario realizar ese trámite. “Le dije que quería presentarlo, pero me dijo que no, que era una pesada”, aseguró que le expuso el catedrático. 

El tercer alumno que compareció como testigo, Ricardo Medina, admitió que obtuvo ese título sin haber siquiera cursado el posgrado. “Me matriculé, no lo cursé. Fui a las primeras clases y por problemas personales no pude continuar”, afirmó ante el tribunal, ante el que reconoció que tampoco presentó ni defendió el TFM a pesar de que en el sumario consta un acta de supuesta defensa de ese trabajo calificado con un 9,5.

Cuando dos testigos en un juicio, obligados como están a decir verdad, se refieren a un hecho objetivo de forma opuesta, uno de ellos miente obligatoriamente y se arriesga a que el tribunal lo denuncie. La contradicción entre testigos de referencia en la tercera jornada del juicio por el falso máster de Cifuentes evidenció las mentiras de algunos responsables de la Universidad Rey Juan Carlos en su intención de apartarse de la trama para beneficiar a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esos funcionarios comparecieron como testigos y no como investigados porque la jueza instructora del caso dio carpetazo a la mayor parte de la investigación del máster tras rechazar el Tribunal Supremo su intención de imputar al presidente del PP, Pablo Casado, aforado ante el Alto Tribunal.

Una sala presidida por Manuel Marchena apreció irregularidades en el máster del líder conservador, pero ningún indicio de delito en su persona, y con un informe en el mismo sentido del fiscal Luis Navajas, desestimó su imputación por unanimidad. Tres compañeras del curso de Casado, distinto al de Cifuentes, habían declarado como investigadas ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel en idénticas circunstancias a las del político.

La contradicción más evidente de la vista este lunes fue la que enfrenta al profesor Pablo Chico de la Cámara y a la funcionaria Amalia Calonge. Chico de la Cámara había impartido la asignatura de Cifuentes que constó en el servidor informático de la universidad como no presentada hasta que Calonge se introdujo en el sistema informático en 2014, dos años después de finalizar el curso, y cambió a la nota a 7,5, al igual que hizo con la defensa del Trabajo de Fin de Máster.

Calonge declaró este lunes que recibió una llamada de Chico de la Cámara instándole a realizar ambas rectificaciones. A preguntas del abogado de la Rey Juan Carlos, que ejerce la acusación particular, Calonge dijo que no le extrañó que fuera éste y no quien dirigía el máster el encargado de llamarla. “Los catedráticos normalmente funcionan así”, dijo ante el tribunal. Tampoco le extrañó que se lo pidieran a ella cuando había cambiado de puesto y ya no estaba entre sus funciones la requerida, ni que siguiera teniendo permiso para acceder con sus claves pese al cambio de destino. “Si él me ha dicho que cambie la nota, que se ha producido un problema, no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático”, afirmó Calonge.

Victoria Vilches, jefa del Servicio de Gestión Académica y Alumnos, compareció ante el tribunal y dijo después que es imposible que Calonge conservara en ese momento las claves y que alguien debería haberla habilitado específicamente para realizar esos cambios.

La versión del profesor fue radicalmente opuesta a la de Amalia Calonge. Chico de la Cámara aseguró que fue Calonge, compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien se puso en contacto con él advirtiéndole del error. Fue entonces cuando el profesor revisó su carpeta y se dio cuenta que era verdad, que Cifuentes tenía un 7,5 en su asignatura y que es la nota que debía figurar. Asimismo negó radicalmente que él pidiera el cambio de la nota en la defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) alegando que en ese momento desconocía que ese acto fuera siquiera evaluado.

Amalia Calonge es la funcionaria que se fotografió con Cifuentes el día que ésta fue a recoger el título. Este lunes insistió en que había conocido a la presidenta en el tanatorio, con motivo del fallecimiento del padre de ésta, y que cuando fue a recoger la titulación la sorprendió fumando en el exterior de la secretaría del centro universitario. Sin embargo, Irene Cantalejo Martín, jefa del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas, explicó que Calonge la había llamado para interesarse por cómo se recoge un título, primero de forma genérica y luego especificando que era por Cifuentes. Cantalejo también declaró que Calonge nunca antes había hecho una gestión de ese tipo.

Varias declaraciones después compareció el vicerrector de Planificación y Estrategia, Andrés Martínez Fernández, quien aseguró que el día de la crisis provocada por la exclusiva de elDiario.es no repararon en lo extraño de la explicación de Chico de la Cámara, pero que “a día de hoy”, la explicación del profesor no encaja por el orden al que debían estar las clasificaciones al producirse un error, en orden alfabético y no salteadas. Calonge y Chico de la Cámara estuvieron imputados durante la instrucción, hasta el carpetazo de Rodríguez-Medel, mientras que Andrés Martínez Fernández declaró como testigo.

Sistema de favores

El sistema de favores y clientelismo político que reinaba en la Universidad Rey Juan Carlos quedó en evidencia en otro pasaje del juicio. Este lunes declaró en primer lugar, el responsable de Postgrado y Títulos de la universidad, José Antonio Lobato, quien fijó en 2007, año de la publicación de un Real Decreto, el momento a partir del cual debía ser obligatoria la defensa del Trabajo de Fin de Máster.

Sin embargo, la última testigo de la jornada, la exalumna Susana Ángel Navarro, del mismo curso que Cifuentes, afirmó que ella tampoco hizo defensa alguna y que aunque lo hizo no recuerda de qué versaba su TFM. Susana Ángel Navarro es una de las antiguas alumnas del máster de Cifuentes vinculadas al Partido Popular o sus dirigentes. En su caso fue la número dos de Pedro Núñez Morgades en la Fundación Legálitas. Núñez Morgades es un histórico dirigente de la formación a nivel madrileño de cuya comunidad autónoma fue delegado del Gobierno en tiempos de Aznar.

La jornada originó además dos bloques entre los que dijeron haber visto el acta falsificada en la mesa del rector la mañana de la exclusiva de elDiario.es, el 21 de marzo, y los que lo niegan y ratifican lo expuesto en sesiones anteriores, incluso por la falsificadora confesa, Cecilia Rosado, quien reconoció haber enviado el acta a Enrique Álvarez Conde ya por la tarde.

Amalia Calonge aseguró que vio el acta con la firma de las tres profesoras encima de la mesa del rector durante la reunión de crisis que se celebró en el despacho de Javier Ramos la mañana del 21 de marzo. La declaración produjo sorpresa en la sala por contradecir uno de los datos que parecía contrastados, pero la contradicción se alargó durante toda la jornada. La catedrática Pilar Charro aseguró que el acta del TFM no estaba en poder de los asistentes a esa reunión cuando ésta se produjo, antes de la rueda de prensa de la una de la tarde. Coincidió con ella Andrés Martínez, el vicerrector de Estrategia, quien fue “categórico” en negar que ya estuviese el acta del TFM porque él la requirió y le dijeron que no estaba. Antes de que acabara la jornada, Jorge Urosa, otro de los catedráticos, aseguró que vio el acta en el despacho del rector antes de la rueda de prensa y lo apoyó en que incluso preguntó si estaban facultadas para haber compuesto el tribunal porque creía que eran profesoras muy recientes.

El exconsejero contra el rector

La jornada dio para la exhibición de un último enfrentamiento entre Rafael Van Grieken, que fue consejero de Educación en el Gobierno de Cifuentes, y el rector de la URJC, Javier Ramos. Van Grieken, que tras dejar la política volvió a su puesto de catedrático en esta universidad, defendió ante el tribunal que estaba entre sus funciones recabar la documentación del máster y aprovechó para cargar contra Ramos. 

Afirmó que el máximo responsable del campus tardó “tres horas” en enviarle la documentación acreditativa de que no había irregularidades a la que había hecho alusión en la rueda de prensa que ofreció cuando estalló el escándalo. De hecho, justificó en esa “tardanza” sus “reiteradas llamadas” durante esa jornada. “Era importante como Gobierno hacer acopio de documentación que avalara una postura. Tras esa rueda de prensa yo no tenía dudas de que tenían la documentación. Pero pasaron tres horas. Las llamadas fueron proporcionales a tardanza en enviar documentación que daba por hecho que tenían”, afirmó Van Grieken ante el tribunal. 

El pasado viernes, Ramos, que también compareció como testigo, había afirmado que el consejero le había pedido “reiteradamente” el acta del TFM de Cifuentes el día 21 por la tarde después de que él y Álvarez Conde anunciaran en rueda de prensa que tal documento existía. Van Grieken, sin embargo, aseguró que no le pidió  concretamente el acta, sino la “documentación en general” a la que se había hecho alusión en esa comparecencia. En un comunicado posterior remitido a los medios, el exconsejero afirmó haber sido “engañado” por el rector porque no trasladó a la Consejería de Educación que había abierto una información reservada de forma paralela y calificó de “irresponsabilidad” haber dado una rueda de prensa la mañana del día que estalló todo “con la carencia de información contrastada de la que en ese momento disponía”.

Rafael Van Grieken, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid cuando estalló el caso Máster, ha defendido este lunes en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga a Cristina Cifuentes que era su “competencia” recabar la documentación sobre el posgrado de la entonces presidenta regional. “Era un tema que afectaba al Gobierno regional y ponía en entredicho a las universidades públicas. Era mi competencia indagar”, ha intentado justificar ante las preguntas de la fiscal Pilar Santos. No obstante, Van Grieken se ha desvinculado de su asesora Maite Feito, a quien señala la Fiscalía como quien presionó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para elaborar la coartada con la que tapar el escándalo.

El exconsejero, que volvió a su plaza de catedrático en la URJC, ha admitido que habló en varias ocasiones con el rector, Javier Ramos, el 21 de marzo de 2018, el día que elDiario.es publicó que Cifuentes había obtenido un máster con notas falsificadas. En concreto, dos veces por la mañana, cuando Ramos le trasladó un mensaje de “tranquilidad” y le dijo que todo estaba “normal” en relación al máster de la expresidenta; y varias por la tarde, después de la rueda de prensa en la que el propio rector habló de la existencia del acta del TFM. Ese documento, que fue falsificado, sustenta la acusación por un delito de falsedad documental por el que Cifuentes se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de cárcel. 

Según el relato de Van Grieken, fue a partir de entonces que solicitó “reiteradamente” al rector la “documentación en general” a la que se había hecho alusión en esa comparecencia. “Era tema importante como Gobierno hacer acopio de documentación que avalara una postura. Tras esa rueda de prensa yo no tenía dudas de que tenían esa documentación. Pero pasaron tres horas. Las llamadas fueron proporcionales a tardanza en enviar documentación que daba por hecho”, ha afirmado ante el tribunal, ante el que ha negado que esa comparecencia fuera instada por el Ejecutivo regional. Sí ha admitido que después de la rueda de prensa habló con Marisa González, jefa de gabinete de Cifuentes, que le pidió “asesoramiento acerca de la situación” y le dijo que había que conseguir la documentación a la que había hecho alusión el rector para utilizarla en sus declaraciones públicas. 

En un comunicado, Van Grieken afirma que en su momento se sintió “engañado” por el rector porque no trasladó a la Consejería de Educación que había abierto una información reservada de forma paralela. El exconsejero también considera que fue una irresponsabilidad “con la carencia de información contrastada de la que en ese momento disponía” y resalta que nunca dudó de “la veracidad de las afirmaciones que en primera persona aseguró el rector”. De ahí, su insistencia en solicitar la citada documentación. 

Van Grieken sí se ha desvinculado de las gestiones que Maite Feito hizo supuestamente en la URJC en relación al falso posgrado de Cifuentes. El propio rector explicó el pasado viernes que la asesora se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana del citado 21 de marzo de 2018. Feito también estuvo en la reunión en la que la plana mayor de la URJC veía cómo hacer frente a la tormenta. Van Grieken, sin embargo, ha negado haber hablado con ella ni ese día ni el anterior, cuando supuestamente la asesora ya estaba haciendo gestiones al respecto. Ella también defiende que actuó por “interés personal” y que no recibió órdenes de sus superiores al respecto. Según Van Grieken, no hablaron hasta el día 22, cuando ella le dijo que había ido a la URJC a un asunto relativo a un congreso que se iba a celebrar en unos meses.

Un profesor señala a la asesora

Sí ha apuntado a la asesora el profesor Pablo Chico de la Cámara, que impartió una de las asignaturas supuestamente cursadas por Cristina Cifuentes. El catedrático la ha situado al frente de la gestión de la crisis del máster falso desde la noche anterior a que elDiario.es revelara el caso. Según Chico de la Cámara, el rector le facilitó el teléfono de Feito la noche anterior a la noticia y, al igual que hizo la profesora Cecilia Rosado, ha dado cuenta de llamadas de Feito exigiendo documentación y evitándole cuando él le trasladó presuntas falsedades en lo que se estaba trasladando a los medios.

Chico de la Cámara estuvo imputado por el falso máster de Cifuentes, pero la causa contra él se archivó cuando la instructora redujo el caso a la falsificación del acta del TFM. Su declaración de este lunes ha confirmado que hay cuestiones que quedaron sin aclarar judicialmente con ese archivo. Antes que él había declarado la funcionaria que cambió las notas, Amalia Calonge, quien ha declarado que fue el profesor quien la llamó para ordenarle modificar la nota de Cifuentes en su asignatura y también la del TFM. Chico de la Cámara le ha acusado de mentir al asegurar que fue ella quien contactó con él y que solo supo que había una nota para la defensa del TFM cuando se desveló el escándalo.

Según el relato del profesor, Calonge le advirtió de que Cifuentes aparecía como no presentada y que él revisó su documentación y que, efectivamente, constaba un notable en sus archivos. Chico de la Cámara, que se ha mostrado nervioso en varios pasajes de su declaración, ha comparecido irreconocible respecto a la rueda de prensa del 21 de marzo de 2018, con el pelo largo y teñido.

El juicio a Cristina Cifuentes sigue sin arrojar una sola prueba consistente de que realizara el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Llegados al ecuador de la vista no hay constancia de que realizara un solo trabajo, no aflora una explicación de por qué pagó la tasa final cuatro meses después de concluir el máster, ni hay rastro de su presencia en la universidad el 2 de julio de 2012 para defender el trabajo final. La falsificación del documento acreditando esa supuesta defensa presencial es la que tiene sentada en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se arriesga a cuatro años de cárcel por esa maniobra para intentar salvar su carrera política.

Además de apuntar a la URJC como responsable de la falsificación, la expresidenta cambió durante la declaración en el juicio su versión sobre la defensa del máster, que pasó a ser una breve exposición de las “líneas generales” de ese trabajo; y confirmó que aprobó el posgrado sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin conocer a sus profesores, únicamente entregando unos trabajos que no ha podido localizar como consecuencia de la vida “complicada” que ha tenido en los últimos años, con cinco cambios de despacho y dos de domicilio.

Estas condiciones tan ventajosas las pactó con el fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el Instituto de Derecho Público que ofertaba su posgrado, y al que todos los miembros de la Universidad, testigos y acusados, han ubicado en el epicentro de la trama. Entre ellas, las tres profesoras que constan en el acta falsificada, que relataron ante el tribunal la relación de “jerarquía muy marcada” que tenían con él, una persona de carácter “difícil” y al que era muy complicado decirle que no. También el rector apuntó al catedrático, que en un primer momento le dijo que Cifuentes había hecho su máster “con normalidad” a pesar de las “inconsistencias” y “errores administrativos graves” que la URJC encontró después.

Álvarez Conde era también el único interlocutor de Cifuentes en el máster, según afirmó la expresidenta. A él le enviaba físicamente los trabajos a través de personas de su gabinete o mensajeros porque no le gustaba comunicarse por email. La profesora Clara Souto, que intervino después de la expresidenta, negó sin embargo que Álvarez Conde tuviera problemas con que los trabajos le fueran enviados a través de correo electrónico.

La manera en que Cifuentes obtuvo el título no era habitual en la URJC, según declararon varias docentes que comparecieron como testigos. Souto también desmintió que la defensa del TFM fuese un acto breve. Según declaró, se reservaba un aula, se conformaba un tribunal y se avisaba con “cierto tiempo” a los alumnos, que tenían unos diez o quince minutos para su exposición inicial y luego se sometían a las preguntas de los profesores. Lo normal es que el trámite se alargase hasta una hora. Nada que ver, por tanto, con la breve exposición de la que habló Cifuentes. 

Souto es una de las profesoras del máster que aparece como componente del supuesto tribunal que estuvo en su defensa de TFM junto a Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado. Esta última, también acusada, afirmó haber falsificado el acta que acreditaría esa defensa por presiones de Álvarez Conde y de Maite Feito, que entonces era asesora en su Gobierno. En su interrogatorio declaró que había fijado el 2 de julio como fecha en la que habría tenido lugar esa lectura por orden del catedrático. Ante el tribunal, las tres profesoras han negado que estuvieran presentes el día que la expresidenta afirma que entregó y defendió brevemente ese trabajo. De hecho, no hay hasta el momento ninguna evidencia de que Cifuentes acudiera con ese propósito a la Universidad el 2 de julio de 2012.

Hasta ahora solo la copia de la agenda electrónica que Cifuentes incorporó en la primera jornada de la vista habla de su presencia ese día allí. La fiscal, Pilar Santos, quiso preguntar a la expresidenta cómo es posible que no incorporara esa prueba antes y lo haga tres años después de que salte el escándalo, pero el presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, no lo permitió alegando que la ley permite al acusado incorporar elementos en su descargo en cualquier momento del proceso y que ya valorará el tribunal su relevancia. La pericial de parte señala además que la cita se introdujo con tan solo 24 horas de antelación, el 1 de julio.

En estos tres años tampoco ha aparecido ninguna de las personas ante las que Cifuentes dice que expuso las “líneas generales” de su trabajo y entre las que se encontraba un hombre, según declaró en fase de instrucción. Cuando se le ha preguntado a la acusada si no le extrañó que ningún hombre firmara el acta de defensa de TFM que esgrimió, Cifuentes ha respondido que pensaba que unas personas la escucharon y que el tribunal que evaluaba era otro.

La expresidenta tampoco supo explicar otras irregularidades, como el pago de las tasas del TFM cuatro meses después de, supuestamente, haberlo entregado y defendido. Arrojó luz sobre esta cuestión la profesora Pilar Trinidad, jefa de Inspección de Servicios de la URJC y responsable de la investigación interna sobre el caso. En su declaración como testigo afirmó que no se exigen tasas universitarias a quien ya ha presentado su TFM. “Para qué se va a demandar el pago de un trabajo que ya está entregado y calificado”, aseveró. 

Previamente, durante su interrogatorio, Cifuentes no había sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando supuestamente ya lo había defendido meses antes, en julio. La expresidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que le llegó el requerimiento para que pagase y así lo hizo, sin preguntarse a qué se debía. Como era una cantidad tan pequeña, afirmó, no le dio más importancia. La profesora Souto también afirmó después que las tasas se pagan siempre antes de presentar el TFM.

El beneficio de la falsificación

La inducción a la falsificación de la que acusa la Fiscalía se ha topado con la declaración de la asesora de la Consejería de Educación en aquel momento, María Teresa Feito, que se defiende asegurando que su interés en los hechos el 21 de marzo en la Universidad era únicamente “personal” y no instruida ni aleccionada por el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ni por la propia Cifuentes.

El testimonio del rector, Javier Ramos, ha abierto otro agujero en la declaración de Feito al explicar que la tesis que defendió el mismo día 21 en rueda de prensa de que no había irregularidades fue inducida por Enrique Álvarez Conde y por la propia Feito, que se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana, según ha contado.

Los indicios de que las presiones con el acta procedían de la Comunidad de Madrid han crecido cuando Ramos dijo que el propio consejero Van Grieken le había pedido “reiteradamente” el acta el día 21 por la tarde, si bien lo hizo después de que él y Álvarez Conde anunciaran en rueda de prensa que tal documento existía.

Cifuentes, sin embargo, había afirmado por la mañana que no había dado instrucciones a ninguno de sus colaboradores de que solicitaran el acta porque ni siquiera sabía que había un documento específico que recogiera la defensa del Trabajo de Fin de Máster y que fueron otros los que solicitaron a sus colaboradores que “recabaran”.

La falta por ahora de pruebas acerca de que Cifuentes diera instrucciones para la falsificación del acta no afecta a que pueda ser condenada por inducción o falsificación de documento. Como recogía la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel, en su auto de pase a procedimiento abreviado, basta con que se beneficiara de esa falsificación para que pueda ser condenada por ella. “Desde el punto de vista de la prueba de acción se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio plan delictivo justifica la inferencia de, al menos la autoría o la inducción para la ejecución de la falsedad”, escribió Rodríguez-Medel de acuerdo a una sentencia de 2008 del Tribunal Supremo.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha afirmado en su declaración como testigo ante el tribunal del caso Máster que Rafael Van Grieken, entonces consejero de Educación, le pidió “reiteradamente” el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes el día que elDiario.es desveló que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido un posgrado de forma irregular. Ese documento, que fue falsificado, sustenta la acusación por un delito de falsedad documental por el que Cifuentes se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de cárcel. 

Por la mañana, la expresidenta se ha presentado como perjudicada de una maniobra perpetrada por la URJC. Cifuentes ha asegurado que recibió el acta falsificada de su defensa del TFM sin haber pedido ese documento porque ni siquiera sabía que existía uno propio para certificar ese acto académico. Según la declaración del rector, ella no pidió el documento pero sí lo hizo insistentemente su consejero de Educación Rafael Van Grieken la tarde del 21 de marzo. Para entonces, el rector y Álvarez Conde ya habían hablado en rueda de prensa de la existencia del acta del TFM. Durante unas dos horas de declaración, Cifuentes ha dicho además que no pidió a ninguno de sus colaboradores y tampoco a nadie de la Rey Juan Carlos que falsificaran el acta. “Nunca, jamás, a nadie”, ha afirmado. 

El rector, que al comparecer como testigo está obligado a decir verdad, ha detallado que durante el citado 21 de marzo de 2018 desde su Secretaría se intercambiaron correos electrónicos con la Secretaría de la Consejería de Educación y que también recibió “reiteradas llamadas” de Van Grieken en la que le solicitaba esa acta. “La documentación que estaba digitalizada la íbamos enviado a la Secretaria del consejero conforme la íbamos teniendo”, ha añadido después. Según su testimonio, todas estas comunicaciones tuvieron lugar tras la comparecencia pública en la que él mismo y otros profesores afirmaron que Cifuentes había aprobado todas las asignaturas y aludieron a un error de transcripción de las notas. 

Además, Ramos ha declarado que antes de esa rueda de prensa estuvo en contacto con Marisa González, entonces jefa de gabinete de Cifuentes. “Hubo una llamada en manos libres”, ha expuesto, en la que González les informó que desde el Gobierno regional no iban a convocar a los medios para dar explicaciones. Ese 21 de marzo Ramos trató de contactar con Cifuentes, aunque la expresidenta de la Comunidad no le cogió el teléfono, según el relato del rector ante el juez.