La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del Comité de Evaluación y Garantías de la eutanasia en Catalunya que autorizaron la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejia que tras más de un año y medio de trabas pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a los dos expertos a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La causa forma parte de la ofensiva judicial que la asociación ultra ha levantado contra la eutanasia de la joven, autorizada en julio de 2024 pero que no se pudo materializar hasta el pasado jueves debido a la oposición de Abogados Cristianos.

Además de retrasar la eutanasia a la que Noelia tenía derecho, los ultracatólicos emprendieron la vía penal contra el médico y la jurista que la autorizaron. Ante un caso complejo como el de la joven (además de la paraplejia fruto de un intento de suicidio, sufría trastorno límite de personalidad), ambos quisieron dar más seguridad jurídica a la decisión y la trasladaron al pleno de la Comisión de Evaluación, formado por 19 profesionales. Todos ellos respaldaron la eutanasia.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por “simular” un desacuerdo que era “ficticio”, provocando que se elevase el expediente al pleno de la Comisión de Evaluación y Garantías. Ambos profesionales ya contaron en sede judicial que el desacuerdo era la única vía para que la Comisión en pleno pudiera evaluar el caso.

La jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución confirmada por el TSJ catalán y el Supremo- rechazó los postulados de Abogados Cristianos y no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación ultracatólica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que “carecía de potestad” para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado “las decisiones oportunas”.

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella de Abogados Cristianos. Sin embargo, no citó a los expertos como imputados, como pretendían los ultracatólicos, sino que se limitó a solicitar al juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia el expediente del caso.

Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. El Ministerio Público ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito, y sin necesidad de que tengan que comparecer como investigados.

La primera noticia del caso Noelia se publicó en elDiario.es: el 1 agosto de 2024, una jueza de Barcelona suspendió la eutanasia de la joven a petición de su padre, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. Tras 20 meses de agonía judicial, que ha incrementado el padecimiento físico y psicológico de la solicitante, Noelia ha podido materializar su derecho a morir este jueves.

En las últimas horas de vida de la joven, sin embargo, parte de los medios han virado su enfoque: de contextualizar e informar sobre las resoluciones judiciales del caso se ha pasado a priorizar la situación familiar y personal de Noelia.

La espectacularización de una causa de indudable interés informativo ha tenido como guinda la convocatoria, a la que la mayoría de medios han acudido, de Abogados Cristianos frente a las puertas del centro sanitario donde se ha practicado la eutanasia a la joven.

El abogado especialista en derecho sanitario Alejandro Gámez incluye esta última convocatoria de la entidad ultra en su “agenda performativa” y el “encarnizamiento jurídico y mediático” que ha sufrido la joven. “Nunca han aceptado el derecho a la eutanasia y, en vez de respetar la decisión y el derecho de Noelia, lo han convertido en un circo”, dice.

“Abogados Cristianos ha hecho un uso abusivo de la Justicia”, ahonda Gámez, que pone también el foco en los tribunales: “Los juzgados son los que tienen que poner la barrera a estos intentos de forma más contundente y rápida”. El Tribunal Supremo sentenciará en las próximas semanas sobre el derecho de un familiar a recurrir una eutanasia a raíz de otro caso en Catalunya.

El letrado destaca que la entidad ultra ha pretendido trasladar un debate moral a los tribunales “retorciendo las posibilidades que le da la ley cuando es evidente que el padre no está legitimado para recurrir la eutanasia” de Noelia.

La joven concedió una entrevista este miércoles a Y ahora Sonsoles de Antena 3. Según los responsables del programa, fue Noelia quien tomó la iniciativa de hablar. Los fragmentos de declaraciones de la solicitante de eutanasia y de su madre se combinaron con el debate en el plató con tertulianos. Se repasaron las vivencias de la infancia de Noelia, la ropa que quería ponerse el día de su muerte y los motivos que la llevaron a solicitar la muerte asistida, aunque apenas se mencionaron los razonamientos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya para avalar su eutanasia en julio de 2024.

La actuación de los profesionales médicos y jurídicos que han revisado el caso de Noelia ha sido especialmente cuidadosa: tras su primera petición de eutanasia, decidieron aplazarla un año para recabar la evolución de la paciente, que ya entonces había quedado parapléjica y tenía un trastorno límite de la personalidad.

El informe médico-forense constató los padecimientos graves, crónicos, constantes e imposibilitantes de Noelia, los requisitos que marca la ley para acogerse a la eutanasia. Los expertos que evaluaron el caso destacaron además que no existía “posibilidad de mejora”, otro de los aspectos de la norma.

El profesor de deontología periodística de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marcel Mauri recuerda que los medios deberían “extremar las precauciones” a la hora de tratar “testimonios de vulnerabilidad extrema” como el de la joven. “Hay momentos en los que las cámaras tienen que irse”, agrega.

La entrevista a Noelia, lamenta el profesor, no ha servido para narrar un proceso judicial “excepcional”, sino que tan solo ha mediatizado “uno de los momentos más íntimos de una persona, como es su muerte”. Y echa de menos más reflexión en el gremio. “Por mucho que ella quiera hablar, cuando el caso ya se ha cerrado no hay una situación que responda a unos parámetros de interés informativo”, asevera.

“El periodismo y los medios tienen una responsabilidad editorial y también tienen que saber cuándo es el momento de dejar espacio y apartarse”, agrega Mauri.

“Las cuatro fotos que Noelia quiere tener en su eutanasia” o “la reacción de la 'yaya' de Noelia ante su eutanasia” fueron dos de los rótulos que acompañaron la entrevista. El tratamiento que el programa hizo del testimonio de la joven ha alarmado a periodistas especializados en televisión.

Mònica Planas, en el diario ARA, ha tildado de “despropósito” el programa porque “enfocó la historia desde el drama emocional”, a través de primeros planos y música triste de piano, sin “explicar el caso desde una perspectiva profesional y médica”. “La cocina televisiva arruinó la emisión de un relato excepcional”, ha valorado el crítico televisivo de El País, Tomàs Delclós. Ambos profesionales han contrastado el tratamiento televisivo del programa de Antena 3 con el testimonio “sin aditivos” emitido por TV3 de otro enfermo solicitante que ha recibido la eutanasia esta semana.

“No quiero ser ejemplo de nadie. Es mi vida y ya está”, dijo Noelia en su primera y última entrevista. También era solo suyo el derecho para ponerle fin, que este jueves ha conseguido pese a los obstáculos que han puesto su padre y Abogados Cristianos.

Noelia ha muerto, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana ha podido materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ha ganado.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, han sido las brechas que han hallado los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, ha comportado alargar el sufrimiento de la joven, que sufre una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desveló elDiario.es. Noelia ha estado muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos ha intentado usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado ha sido el mismo que en todas las instancias: la magistrada ha rechazado la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales han rechazado todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos ha empleado argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no ha tenido representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, ha sido, en la práctica, quien ha velado por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público ha avalado siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial ha marcado el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

Una jueza de instrucción de Barcelona ha rechazado por tercera vez la petición de los ultracatólicos Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven Noelia, prevista para este jueves.

En un auto, la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona deniega la petición del padre de la joven, defendido por los ultras, que solicitaba que Noelia se sometiera a un tratamiento psiquiátrico en vez de a la muerte digna a la que tiene derecho y que ha sido avalada por todas las instancias judiciales de España.

Se trata de un último intento del colectivo ultracatólico y del padre de la joven tras 20 meses de batalla legal contra la eutanasia. Lo ha formulado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona contra el médico y la jurista que avalaron la eutanasia de Noelia tras otra querella de Abogados Cristianos.

“No cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico”, resuelve la jueza, ya que la cuestión ya quedó resuelta en el procedimiento contencioso administrativo que corroboró el derecho de Noelia a recibir la eutanasia.

Este mismo martes, tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Ninguna instancia judicial ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven, cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso Noelia se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de la joven, de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

El juicio contra los nueve jóvenes para los que la asociación HazteOír pide penas de cárcel por el bloqueo de su autobús en marzo de 2017 ha vuelto a sufrir un revés procesal. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una diligencia de ordenación, con fecha de este miércoles, por la que suspende las sesiones de juicio oral que estaban señaladas para los próximos días 23, 24 y 25 de marzo.  

La suspensión, comunicada a las partes este mismo jueves, se produce según el escrito, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, apenas una semana después de entrara en funcionamiento la Nueva Oficina Judicial (Servicio Común de Tramitación), una reforma impulsada por la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que busca, sobre el papel, agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales.

Sin embargo, el estreno de esta estructura ha tenido un efecto bumerán en esta ocasión. Al traspasarse los expedientes al nuevo “Equipo de macrocausas” del Servicio Común, los funcionarios advirtieron que el juicio —señalado para los días 23, 24 y 25 de marzo— carecía del trámite más elemental: las citaciones de los acusados, testigos y peritos. Ante la “inminente fecha” del señalamiento y la imposibilidad material de realizar las notificaciones con garantías legales, la Letrada de la Administración de Justicia ha decretado la suspensión de los autos, que ahora quedan pendientes de un nuevo señalamiento que podría tardar meses en llegar.

Una dilación “indebida”

Este aplazamiento supone un nuevo golpe para un proceso que ya camina hacia su décimo aniversario. Los hechos que se juzgan se remontan a marzo de 2017, cuando el autobús de HazteOír, rotulado con mensajes contra la transexualidad infantil, fue interceptado en las inmediaciones del Prado de San Sebastián. Aquella protesta terminó con la identificación de nueve jóvenes para quienes la asociación ultraconservadora pide penas de prisión por presuntos delitos de odio, coacciones y amenazas.

Las defensas de los acusados han venido denunciando durante años la “pena de banquillo” que supone este proceso, dilatado sistemáticamente por cuestiones formales y recursos, y que ahora se ve frenado por un error de la propia Audiencia en el recuento de sus macrocausas. La vista oral llegó a estar señalada para su celebración en octubre de 2023.

Máxima colaboración a los procuradores

Dada la complejidad del caso, que involucra a casi una decena de encausados y múltiples representaciones legales, la Audiencia ha instado a los procuradores a prestar la “máxima colaboración” para comunicar la noticia a sus clientes. El objetivo es evitar que los acusados —muchos de los cuales residen fuera de la capital o tienen compromisos laborales ineludibles— se presenten el próximo lunes en la sede de la Avenida de Carlos V para un juicio que no se va a celebrar.

Esta nueva suspensión no solo afecta a la agenda de la Sección Primera, sino que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los derechos de los encausados ante los fallos del sistema. En el horizonte jurídico, esta nueva demora podría ser utilizada por las defensas para solicitar la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el Estado ha sido incapaz de celebrar una vista por hechos ocurridos hace nueve años debido, esta vez, a un descuido en el envío de las citaciones.

Menos de un mes ha durado el último intento de Abogados Cristianos de intentar impedir la eutanasia de la joven N.,  que desde hace casi año y medio sufre las impugnaciones de su padre, representado por los ultras, para revertir en los tribunales el criterio médico que la avaló.

Según ha informado el Tribunal Constitucional en un comunicado, su Sala Segunda, en sesión extraordinaria convocada para este viernes y por unanimidad, ha inadmitido “por manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo” el recurso de amparo del padre de la joven N. La Sala está formada por cuatro magistrados progresistas —Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Saez y Laura Díez— y dos conservadores —Enrique Arnaldo y César Tolosa.

El Tribunal Supremo tumbó el pasado mes de enero el recurso del padre. Una vez agotada las instancias judiciales, Abogados Cristianos anunció que proseguiría su estrategia dilatoria primero ante el Constitucional e incluso ante la Justicia europea. Las puertas en España ya se han cerrado.

La decisión recae ahora sobre el juzgado de lo contencioso de Barcelona que avaló en primera instancia la eutanasia, que debe decidir si sigue permitiendo que Abogados Cristianos frene la materialización del derecho a la muerte digna de N.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hizo decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El caso del hombre de 54 años también está en el Supremo, que sí ha considerado que la duda planteada por la Generalitat sobre si un familiar está legitimado para recurrir una eutanasia tiene interés para sentar jurisprudencia, y estudiará el fondo del recurso (al contrario de lo que ha ocurrido con el de Abogados Cristianos).

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que aprobó la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven. En esta causa, pese a no ser el objeto del pleito, los ultras han pedido la suspensión de la eutanasia de N. hasta que se someta a tratamiento psiquiátrico.

Nueva ofensiva in extremis de los ultracatólicos Abogados Cristianos en contra de la eutanasia de la joven N. Pese al aval que el Tribunal Supremo dio a la muerte digna de la solicitante, su padre, representado por la entidad ultra, ha reclamado en dos instancias distintas que la paralice de nuevo. Ya son 18 meses los que lleva esperando N. a poder ejercer su derecho a morir.

Pese a no ser el juzgado de lo contencioso que decidió sobre la muerte de la joven y carecer de competencias, Abogados Cristianos ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga (por una querella de la entidad ultra) al médico y a la juristas que la autorizaron a que suspenda la eutanasia de la joven N. y la obligue a someterse a un “tratamiento psiquiátrico”.

La organización también ha pedido al Tribunal Constitucional que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven mientras estudia el recurso que ha interpuesto contra el aval del Supremo a la medida.

La entidad sostiene que, según los informes incorporados a las actuaciones, la joven presenta diagnósticos como trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo e ideación suicida, extremos que ya fueron constatados por todo el equipo médico que evaluó su caso y decidió avalar la eutanasia en julio de 2024. Desde entonces, el padre y la entidad ultra han emprendido una batalla legal para impedirla que ya se alarga año y medio.

Sin embargo, todas las instancias judiciales que han evaluado el caso han concluido que los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte digna.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hace decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. suponía, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

La extrema derecha internacional se prepara para hacer desembarcar en el Parlamento Europeo uno de sus puntos de encuentro de mayor nivel. Rostros conocidos de la agenda ultra de una veintena de países se darán cita en Bruselas este martes convocados por la Red Política de Valores (PNfV, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones clave de este universo de actores ultras. Tras pasar por el Senado español hace un año, la séptima edición de su Cumbre Transatlántica contará con representantes españoles como el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Abogados Cristianos Polonia Castellanos.

Bajo el lema “Libertad de expresión VS expresión regulada: fortaleciendo los pilares la de democracia”, el foro servirá para que las figuras más destacadas de la ultraderecha conviertan Bruselas en epicentro del discurso reaccionario y compartan sus estrategias para intentar imponer su agenda. Son líderes políticos, religiosos y de organizaciones civiles que abogan por ilegalizar el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual y enarbolan teorías como la del Gran Reemplazo, un discurso popularizado en los últimos años por la ultraderecha según el cual se estaría intentando sustituir a la población blanca en Occidente por inmigrantes.

Todo ello va revestido en esta edición de “derecho a la libertad de expresión”. Se presentan como víctimas de la censura y la “cultura de la cancelación” frente a la “expresión pacífica” de sus convicciones, que aseguran que “cada vez más” se está viendo “estigmatizada como 'discurso de odio' o 'extremismo'”. Este enfoque “no es casual”, dice Wendy Vía, directora de la organización Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE), que lleva años monitorizando a estos grupos. Porque en el fondo sus apelaciones a la libertad de expresión “funcionan como herramienta política” para ocultar y legitimar “agendas reaccionarias” y “justificar ataques a los derechos humanos” casi siempre en nombre de la religión.

Dos familias políticas del Parlamento Europeo patrocinan la cumbre: los Patriotas por Europa y los Reformistas y Conservadores (ECR). A este último grupo pertenece el actual presidente de la Red Política de Valores, el eurodiputado croata de Movimiento por la Patria Stephen Bartulica, que sustituyó en el cargo al actual presidente electo de Chile José Antonio Kast. La red integra nombres de diferentes países y habitualmente fundadores o miembros de otras organizaciones locales: su presidente de honor es el exministro con José María Aznar Jaime Mayor Oreja y en su Consejo Asesor figura el exsenador del PP y alto cargo del Gobierno de Cantabria Javier Puente, pero ninguno de los dos aparecen en el programa de esta edición.

El plantel político europeo de los Reformistas y Conservadores estará integrado por asistentes como el exprimer ministro polaco Mateusz Morawiecki, del partido Ley y Justicia (PiS), dos eurodiputados de los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni y una de Identité-Libertés, el partido de Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen. De la mano de los Patriotas por Europa intervendrán Santiago Abascal y la eurodiputada Margarita de la Pisa de Vox y dos miembros de Fidesz, la formación del ultra húngaro Viktor Orban.

La presencia de líderes políticos no se limita al ámbito europeo. Repite tras pasar por la cumbre organizada por el Senado la miembro del Parlamento ugandés Lucy Akello, que según GPAHE contribuyó a la aprobación de una ley anti-LGBTI que establece la cadena perpetua para la homosexualidad en Uganda. El Parlamento Europeo recibirá además figuras relevantes de Latinoamérica como el exministro de Exteriores de Jair Bolsonaro, el brasileño Erenesto Araujo, que a la vez es uno de los asesores de la Fundación Disenso de Vox. Desde la Argentina de Javier Milei llegarán los diputados de La Libertad Avanza Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, que impulsa el proyecto del Gobierno de bajar la imputabilidad penal a los 13 años. También habrá políticos cercanos al presidente chileno electo, José Antonio Kast y legisladores de Paraguay, donde la extrema derecha está creciendo fuertemente en los últimos años.

“Para ellos esta batalla es clave, es cultural pero también legislativa, porque estos discursos para los que reclaman espacio y legitimidad no se quedan en discurso, sino que tienen voluntad de ser implementados, y por eso escenarios como el Congreso de los Diputados o el Parlamento Europeo son tan importantes”, reflexiona el historiador y experto en extremas derechas Steven Forti. “El objetivo es ocupar los espacios democráticos, tener visibilidad mediática y meter sus temas en la agenda política”, subraya.

“Los think tanks y estas redes y foros son la expresión de cómo se puede implementar y fortalecer esta agenda”, explica Forti, que hace hincapié en el tema del encuentro: “El concepto de libertad fue secuestrado por el neoliberalismo al mundo progresista, y ahora por la extrema derecha, que enarbola la libertad de expresión frente a la 'censura de lo políticamente correcto', el 'wokismo' y la 'agenda globalista' que están –según ellos– destruyendo los valores y los pilares de Occidente”.

Lobbies y cruzada judicial

La pata de las organizaciones de la sociedad civil está encabezada por The Heritage Foundation, considerado el mayor lobby ultra del mundo e inspirador de la hoja de ruta de Donald Trump. La fundación es autora del Proyecto 2025, un plan ultraconservador para “salvar Estados Unidos” del que el presidente intentó desvincularse. Sin embargo, la CNN reveló que hasta 140 personas que habían trabajado para él estaban detrás del plan. La influencia de The Heritage Foundation en la presidencia estadounidense llega hasta el punto de que el economista jefe del think thank ha sido elegido por el republicano como director de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Las jornadas vuelven a poner sobre la mesa la relación entre los grupos de ultraderecha en la Unión Europea y la Administración Trump, que ya celebró en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre “la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos” como “motivo de gran optimismo”. El Gobierno estadounidense sigue en su cruzada para tratar que las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses no tengan que responder a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE. La norma protege la privacidad de los ciudadanos y obliga a los gigantes tecnológicos a controlar discursos de odio, por lo que ha sido criticada por el propietario de X Elon Musk haciendo referencia a que las reglas de moderación constituyen un “ataque” a la “libertad de expresión”.

Esta narrativa es la que reproducen los organizadores de la Cumbre Transatlántica, en la que también tendrá un papel clave la Alliance Defending Freedom International. Esta es la rama global de la ADF con sede en Estados Unidos, una organización que el GPAHE califica de “poderosa” y a la que atribuye un “papel fundamental” en la campaña que condujo a que el Supremo tumbara la sentencia que garantizaba el aborto en el país. Su filial internacional, que participará en el foro de este 3 de febrero, ya organizó en el Parlamento Europeo el pasado mayo un evento en el que tildaba de “censura online” la DSA.

“En general cuando la extrema derecha habla de libertad de expresión, lo que reclama es una vía libre para discriminar, promover el odio xenófobo y a todo aquello que consideran distinto a su modelo de familia y de sociedad. Pasa con el trumpismo, o con la derecha de AFD cuando quiere seguir recuperando el legado nazi en su discurso, o el presidente Kast cuando niega el terrorismo de Estado de Pinochet”, sostiene Federico Finchelstein, historiador y catedrático en The New School (Nueva York).

“En concreto, la libertad de expresión que reinvindican estos extremistas con vocación fascista es la de odiar, discriminar y hacer que la democracia sea menos pluralista y tolerante de la diferencia”, remata Finchelstein, autor de varios libros sobre fascismos y populismos.

Se suman a las organizaciones norteamericanas varias que tienen en el litigio estratégico para tumbar derechos su principal actividad. Es el caso de la española Polonia Castellanos, la presidenta de Abogados Cristianos, una organización que utiliza los tribunales para intentar recortar derechos y que actualmente está inmersa en la batalla judicial para evitar que una mujer de Barcelona acceda a la eutanasia. Castellanos es parte del Consejo de Expertos de la Red Política de Valores (PNfV), en el que también está el asistente Jay Richards, de The Herritage Foundation. Ambos hablarán en una de las mesas redondas sobre medios de comunicación y cultura.

Que las organizaciones ultra a nivel global compartan rostros no es una excepción: los nombres van reproduciéndose en unas y otras hasta tejer un tupido mapa que no para de extenderse. A Bruselas viajará también Sharon Slater, cofundadora de Family Watch y férrea opositora al matrimonio igualitario, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o el aborto, como ya defendió en el Senado en la anterior cumbre. Y también Nedy Casillas, del Centro de Derechos Fundamentales, cuyo lema es “Dios, Patria, Familia”. Ambas son miembros de la Junta Directiva de la PNfV.

La fundación del partido húngaro Fidesz, que también contará con un representante, y el Centro de Derechos Fundamentales son dos de los actores húngaros señalados habitualmente como ideólogos de Víktor Orban. Se suma a ellos el Centro Europeo para la Ley y la Justicia, que centra su actividad en la ofensiva judicial y en el lobby en el Parlamento Europeo contra los derechos sexuales y reproductivos. Gregor Puppnick, su director general y una de las figuras más activas del movimiento anti matrimonio homosexual en Francia, será uno de los ponentes.

Wendy Vía, de GPAHE, apunta a cómo este tipo de cumbres “desempeñan un papel clave” en la coordinación internacional y el aumento de influencia de estos grupos. Los foros suelen servir para compartir ideas y prácticas e intercambiar estrategias a modo de “centro de contactos” que les permita establecer alianzas y a los actores “más pequeños” aprender, adaptar y replicar estrategias legales desarrolladas por grupos más influyentes, apunta Vía en referencia a Abogados Cristianos.

Los progresistas se movilizan

El encuentro ha causado estupor entre los parlamentarios progresistas de la Cámara europea. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha impulsado el envío de una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que señala que “la concentración de la internacional fascista no debería ser financiada con fondos europeos ni celebrarse en las instalaciones del Parlamento Europeo”. La misiva, firmada por unos 30 diputados de los grupos políticos de la izquierda, verdes, liberales y socialdemócratas, denuncia que el Parlamento Europeo permita en sus instalaciones la celebración de un foro “a activistas que están en contra de la democracia”.

Entre los españoles firmantes de la carta se encuentran Estrella Galán, Jaume Asens, Pernando Barrena, Vicent Marzà, Isa Serra e Irene Montero. “Esas jornadas deberían estar prohibidas en una institución que se dice democrática. Una institución europea como el Parlamento no puede ponerle un altavoz al odio y a la violencia. Si se realizan, en ellas se cometerán delitos de odio contra las mujeres, contra las personas LGTBI. Por eso la Presidencia del Parlamento debería impedir su realización. Basta ya de normalizar el fascismo”, ha afirmado la eurodiputada de Podemos Isa Serra.

En la misma línea se ha expresado Iratxe García, presidenta del grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que se posiciona “rotundamente en contra” de la cesión del espacio a organizaciones “que tienen como fina atacar los principios y valores en los que se fundamenta la UE” y que son “absolutamente incompatibles con los objetivos de este lobby ultraconservador”. La líder de los socialistas europeos ha calificado de “lamentable” que el foro se organice con la ayuda de dos grupos de la Eurocámara y partidos como Vox, ante lo que ha hecho un llamamiento al PP “para que deje de dar cobertura a la extrema derecha” con sus pactos.

La misiva reclama “prohibir el evento de discurso de odio” en base a la Resolución sobre “el aumento de la violencia neofascista en Europa” y pide a la presidenta de la Eurocámara que “se respete” la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Código de Conduta del Parlamento, ya que el foro “ataca la dignidad e integridad” de mujeres y personas LGTBI. Sin embargo, la realidad es que la Cámara europea no recoge en sus estatutos la posibilidad de prohibir este tipo de encuentros.

A preguntas de este medio sobre la posibilidad exigida en la carta, el Parlamento Europeo se limita a especificar que “los eurodiputados, los grupos políticos y la secretaría del Parlamento organizan y acogen eventos regularmente” y que los participantes, si son representantes de determinados intereses, “deben estar previamente registrados en el Registro de Transparencia para poder acceder a las instalaciones del Parlamento”, como recoge en el reglamento.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la entidad ultracatólica Abogados Cristianos y ha avalado la eutanasia de N., la joven de Barcelona que desde hace casi año y medio sufre las impugnaciones de su padre, representado por los ultras, para impedirla en contra del criterio médico.

En su auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo rechaza todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideran los magistrados que la entidad ultra “no fundamenta suficiente” que concurran alguno de los requisitos legales que permitiría al Supremo abordar el fondo del caso. Es decir, que se trata de un recurso formalmente mal planteado.

Los ultras no se dan por vencidos y ya han anunciado que llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se produce “una grave vulneración del derecho fundamental a la vida y una falta de tutela judicial efectiva”.

La decisión recae ahora sobre el juzgado de lo contencioso de Barcelona que avaló en primera instancia la eutanasia, que debe decidir si sigue permitiendo la estrategia dilatoria de Abogados Cristianos para impedir la materialización del derecho a la muerte digna de N.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hace decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. suponía, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El caso del hombre de 54 años también está en el Supremo, que sí ha considerado que la duda planteada por la Generalitat sobre si un familiar está legitimido para recurrir una eutanasia tiene interés para sentar jurisprudencia, y estudiará el fondo del recurso (al contrario de lo que ha ocurrido con el de Abogados Cristianos).

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que aprobó la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven.

Al margen de que, como tantas otras, la querella de Abogados Cristianos quede en nada, la insistencia de la entidad en recurrir, primero ante el TSJC y el Supremo ahora ante el Constitucional, la batalla judicial contra la eutanasia de la joven ha logrado su principal objetivo: que N. no pueda morir mientras el sufrimiento físico y psicológico que padece crece cada día.

Así lo trasladó a los jueces la joven en una carta en la que denunció las presiones para que renunciara a la eutanasia de colectivos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó parte de su infancia. El recurso al Constitucional anunciado por los ultras alargará más su padecimiento.

Cinco, diez o quince personas se sitúan frente a la clínica. En algunos sitios, en la misma acera, en otros, enfrente, un poco más alejados. Portan carteles con frases como “no estás sola, podemos ayudarte” o “rezo por tu bebé y por ti” y tienen rosarios en las manos mientras pasan horas orando “por el fin del aborto” frente a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. La escena, repetida durante años a las puertas de las clínicas, acaba de llegar por primera vez a los tribunales a la luz de la reforma del Código Penal que en 2022 creó un delito específico para intentar frenar el acoso.

Ha ocurrido en Vitoria y Donosti, donde, cansada de soportar la presión y el hostigamiento que sufre “desde 2014”, la clínica Askabide ha llevado a juicio a una veintena de activistas antiabortistas que en septiembre, octubre y noviembre de 2022 se concentraron frente al centro en ambas ciudades. Las dos sentencias, emitidas en las últimas semanas por el Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria y el 2 de Donosti, absuelven a los acusados y no consideran que cometieran el delito de acoso con el objetivo de obstaculizar el derecho al aborto: en el primer caso, se trataba de un grupo de 21 antiabortistas y en el segundo, una mujer.

Es la primera vez que un juzgado evalúa la aplicación del nuevo delito introducido en la reforma de 2022 pese al rechazo de PP y Vox. La norma prevé penas de entre tres meses y un año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes acosen a las mujeres con actos “molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que menoscaben la libertad de quienes acuden a abortar. Pero las resoluciones judiciales apuntan tres años más tarde a lo que algunas voces advirtieron entonces: que el delito podía volverse ineficaz para conductas en las que los antiabortistas no utilizan una violencia explícita.

“Es difícil que vayamos a ver condenas”, apunta José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que lleva años denunciando la actividad de estos grupos. Entre sus acciones, está la de rezar a escasos metros de los centros, pero también exponer pancartas, intentar convencer a las mujeres de que no aborten o darles fetos de juguete y folletos con información falsa en los que les prometen “ayuda” si siguen con su embarazo. El hostigamiento de este tipo se ha reducido en los últimos años, según las clínicas, pero sigue existiendo y convive con el mayor peso que le dan actualmente a las campañas orquestadas de rezos.

Rezos “exquisitamente pacíficos”

Las presiones frente a Askabide en Vitoria fueron organizadas por la iniciativa 40 días por la vida, cuyo lema es “el principio del fin del aborto” y que reúne frente a las clínicas a grupos que rezan “para que pare el crimen del aborto”, contra el que la plataforma se posiciona incluso en caso de violación. Trabajadores de la clínica contaron en el juicio el ambiente de “hostigamiento” que sufrían, con pacientes “alteradas y sometidas a presión”. Una empleada que estaba embarazada sostuvo que se sentía “juzgada” y “mirada mal” por los antiabortistas y que llegó a cambiar sus rutinas para evitarlos. Otra paciente –que no iba a abortar– aseguró que el grupo se le acercó y llegó a escuchar palabras como “madre” y “perdónale”, sintiéndose “intimidada”.

Aunque la jueza no da credibilidad en todos los casos a los testimonios, va más allá y considera que los acusados, que se concentraban en grupos de cinco que iban turnándose para estar durante horas frente al centro, “no hicieron otra cosa que ejercer su libre derecho de reunión”. Y para ello, escogieron una clínica de abortos “al entender que expresar sus reivindicaciones ahí era la vía más apropiada” para que su mensaje –“rezar por la vida y ofrecer su ayuda”– “llegara directamente a los destinatarios”, lo cual se hizo “de forma exquisitamente pacífica”, concluye la magistrada.

En el caso de Donosti, se trató de una mujer que estuvo durante una hora rezando frente a la clínica “mirando fijamente al interior” a través de la cristalera y a las personas que entraban y salían mientras “elevaba el tono ante” ellas, según los hechos probados de la sentencia. Varios trabajadores explicaron que una paciente acudió para hacerse una revisión tras un aborto, pero decidió irse por este motivo y a pesar de que contactaron con ella al día siguiente, nunca volvió. “No es la primera vez que ocurre”, apuntaron las empleadas.

Pero el fallo absuelve a la acusada porque considera que para acreditar que hubo “obstaculización al aborto” es necesario contar con el testimonio de la propia paciente a pesar de que considera probado que “el fin pretendido por la acusada excedía de la mera oración”. El delito puede ser también aplicado por impedir el trabajo de los empleados de las clínicas, algo que la jueza de Donosti sí avala poniendo el foco en que la mujer decidió rezar frente a la clínica y no, por ejemplo, en la iglesia que está justo al lado. Pero descarta finalmente condenarla debido a que el acoso “sugiere una pluralidad de actos” y ella estuvo un día durante una hora.

Un delito ya existente

La reiteración de la conducta y la declaración de mujeres que se hayan visto afectadas son dos de los requisitos que cree José Antonio Bosch que más aplicarán los jueces. “El tipo penal no va a garantizar que las mujeres ejerzan su derecho con intimidad y libertad”, afirma el abogado, que considera “muy complicado” la prueba y que recuerda que, al iniciarse el trámite de la iniciativa a propuesta del PSOE, ya advirtió de que “quedaría en agua de borrajas”. “La jurisdicción penal es la última ratio que tiene un Estado para sancionar conductas y eso quiere decir que debe ser muy garantista y exigir mayor certeza a la hora de castigar a un ciudadano porque contempla penas de privación de derechos”.

La Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miriam Cugat, reconoce que hay “obstáculos aplicativos”, entre ellos, la suma del carácter reiterativo del acoso y la exigencia de que vaya dirigido contra una mujer en concreto. “Debe descartarse cuando un día se molesta a una y otro día a otra sin que lleguen a reiterarse los actos sobre ninguna, como suele suceder”, explica la experta, que cree que existe una “indeterminación” en la redacción del delito que lo dificulta aún más porque “se corre el riesgo” de que los jueces y juezas “exijan la gravedad” propia de otros delitos como las injurias, amenazas y coacciones.

En la práctica, esto es lo que hace la jueza de Donosti, que concluye que los antiabortistas no increparon, insultaron, amenazaron o coaccionaron a las mujeres, no les mostraron fotografías ni les entregaron fetos de juguete mientras lanzaban proclamas contra el aborto y que por eso sus conductas “no revestían de gravedad” suficiente.

Sin embargo, estas conductas, si entran en el terreno del acoso o las coacciones, “ya estaban recogidas en el Código Penal antes de la reforma”, esgrime la abogada de Askabide Beatriz Ilardia, que argumenta que la medida se introdujo para frenar “el acoso ambiental” que hasta ese momento estaba siendo muy difícil de atajar. “Las concentraciones todos los días frente a la clínica rezando no encajaban en esos tipos y para ello se supone que se impulsó la reforma, pero es muy subjetiva y está demasiado abierta a interpretación”, asegura la abogada.

Aun así, está convencida de que ambas juezas podrían haber condenado a los acusados por lo sucedido en las dos ciudades vascas porque considera que las sentencias “suman requisitos” al delito que el Código Penal “no pide”. “Es un delito de actividad, no de resultado. Es decir no debería hacer falta tener a una mujer que ha decidido no abortar por ello, sino que debe probarse la intención de obstaculizar el aborto de estos grupos”. En el caso de Vitoria, en el que se acusaba a 21 personas, era incluso “más viable” porque se les juzgaba a todas de una vez “como parte de una campaña organizada y por turnos”.

Zonas de seguridad frente a las clínicas

Clínicas de abortos de toda España siguen enfrentando la presencia de antiabortistas en diferentes intensidades: en la clínica Dator de Madrid HazteOir ha instalado incluso un “Refugio Provida” en la acera de enfrente. El acoso continúa y genera “malestar, intimidación, sensación de acecho y control permanente” en las mujeres y los trabajadores, afirma Ilardia. “A mí un día que iba con mis hijos a recoger una cosa a la clínica me llegaron a decir 'ah, tú tienes hijos pero matas a los de los demás”, recuerda Naroa Iturri, gerente de las clínicas Askabide. En Albacete, otra de las trabajadoras de una clínica fue increpada por una de las antiabortistas al reconocerla en el supermercado, cuenta Bosch.

Los ejemplos de hostigamiento son innumerables y todos tienen un mismo objetivo: lograr que las mujeres cambien de decisión y presionar para que las clínicas cierren. La plataforma '40 días por la vida' ya anuncia que el febrero que viene iniciará una nueva campaña y anima a los ultras a apuntarse al calendario en el que, por ciudades, buscan cubrir todos los turnos de rezo para permanecer frente a los centros desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde todos los días. Junto al número de “voluntarios” que hay para cada clínica, recuerdan en su web el “número de vidas salvadas” en cada centro, es decir, las mujeres que han decidido finalmente no abortar: en Dator aseguran que son 16.

Ante esta situación permanente que dura varias décadas, clínicas, asociaciones y expertas creen que, más eficaz que el delito, es crear las llamadas “zonas de seguridad”, algo que en su momento propuso el PNV incorporar a la norma y que fue rechazado. Se trata de evitar por ley que en un “perímetro” de 100 o 200 metros alrededor de las clínicas puedan llevarse a cabo este tipo de actividades. “Me parece una solución mucho más interesante y que está implantada en otros países como Reino Unido o algunos estados de Estados Unidos”, apunta Gema Fernández, abogada de Women's Link, que lamenta que hasta ahora las soluciones hayan sido ineficaces mientras los antiabortistas “se victimizan” presentándose como “cristianos perseguidos”.

Bosch califica los rezos de “anormalidad democrática” y, frente a quienes enarbolan el derecho a la reunión o a la libertad religiosa para defenderlos, asegura que “hay muchos derechos restringidos en beneficio de los demás”. “Aquí lo que está pasando es que unos ejercen el suyo al 100% y a otras, las mujeres que abortan, no se les garantiza ejercerlo con libertad”, resume el abogado, que cree que “la única explicación” de que lleven a cabo sus acciones frente a los centros “es incordiar, molestar y hacer que las mujeres cambien de criterio”, algo que “no es delito, pero sí una obstaculización a un derecho”. Y compara: “Si yo durante dos domingos seguidos me coloco frente a la catedral de la Almudena de Madrid con otros nueve compañeros rezando a La Meca, te garantizo que no puedo ir un tercer domingo”.

En los últimos cuatro años, España ha visto cómo los movimientos juveniles ultracatólicos crecen en número, visibilidad e influencia digital. La proliferación de grupos como AUTE, fundado en 2021 por el influencer católico Quique Mira, coincide con la expansión de tendencias conservadoras globales en redes sociales: desde el ideal de la tradwife (“esposa tradicional”), promocionado por jóvenes estrellas de Instagram, hasta la estética del “catolicismo aspiracional”, donde crucifijos, escapularios y velas votivas encendidas como promesas conviven con reels de TikTok perfectamente editados.

Una mezcla entre espiritualidad y un conservadurismo militante y reivindicativo, que ha encontrado un inesperado —y posiblemente malinterpretado— impulso con el lanzamiento de LUX, el último y exitoso proyecto artístico de Rosalía, que ha reabierto el debate cultural en torno a una religiosidad que funde el pop con la iconografía católica.

No en vano, algunos sectores de la Iglesia han celebrado el lenguaje místico de la cantante catalana, mientras jóvenes ultracatólicos aprovechan su impacto para reforzar el papel de la religión y, de paso, reclamar una vuelta a modelos de feminidad “clásicos” que, según diversos colectivos feministas, suponen un retroceso en la lucha por la igualdad.

Vuelta al conservadurismo

Elena (nombre cambiado), una murciana de 24 años educada en el catolicismo, que dejó su ciudad natal para instalarse en Sevilla tras casarse con Paco (nombre ficticio), de su misma edad, es una de esas jóvenes que defiende que mujeres y hombres “no somos iguales”. No se refiere a una cuestión biológica; habla desde un punto de vista antropológico y teológico. Este tipo de mensajes se apoyan en las catequesis de Juan Pablo II y, sobre todo, en su carta apostólica Mulieris Dignitatem que versa sobre la dignidad y la vocación de la mujer.

Según esta visión, la mujer y el varón son iguales en derechos, pero “diferentes y complementarios en su ser y en su misión”. Y la de las mujeres, según las tesis de Karol Wojtyła, a quienes atribuye una “especial sensibilidad para el amor, el cuidado y el servicio”, se expresa “de modo eminente en la maternidad”. Una idea que Elena abraza desde el convencimiento de que “el regalo más grande es dar vida” y que le lleva a no comprender que haya mujeres que “trabajan y congelan óvulos para tener hijos a los 40”.

Su marido, que pide estar presente en la entrevista, se hace enseguida con el protagonismo en la conversación. “Vivimos en la sociedad del no parar, de la sobreestimulación, de no pensar mucho ni dedicar tiempo para hacernos preguntas sobre la vida…”, explica. Y culpa a las ideologías modernas de “engañar” a las personas: “Te dicen que puedes ser lo que quieras y alcanzar la felicidad por ti mismo, pero al final te das cuenta de que este ritmo de vida no nos hace felices y tampoco ofrece respuestas”, argumenta. “Por eso, nosotros decidimos parar y ver qué nos decía el corazón”.

Ambos aseguran que encontraron el camino, “que es el Señor”, y después decidieron hacerse voluntarios en AUTE, que definen como “un puente entre los jóvenes y la iglesia”; un “apostolado” desde el que poder “vivir la fe con nuestro grupo”.

Pero, en el modo en que se organiza este movimiento surgen las primeras grandes incongruencias. Como el uso del marketing “adaptado a la iglesia”, que despliegan en redes sociales como Instagram o TikTok, cuyas dinámicas, inequívocamente mundanas, no son precisamente proclives a la introspección, la reflexión sosegada, el cultivo del espíritu o el desarrollo del pensamiento crítico.

También utilizan una aplicación móvil llamada WayUpp —“encontrar un sitio en la casa de Dios será más fácil que nunca”, es su reclamo publicitario— para informarse sobre diferentes movimientos religiosos (Hakuna, Opus Dei, Comunión y Liberación…), retiros espirituales (Effetá, Bartimeo, Seminario de Vida en el Espíritu...) y parroquias con “vida joven” en todas las ciudades de España. Además, la organización les ofrece “formación mensual” a los voluntarios, y dispone de una escuela de liderazgo, 'Kaleo', cuyo objetivo es “un evento católico que pretende despertar el llamado en los jóvenes a ser apóstoles”. Desde ahí, realizan actividades de team building —una técnica de construcción de equipos que utilizan muchas empresas— y, por supuesto, promueve el voluntariado como cuerpo de combate frente a lo que consideran “un constante bombardeo de imágenes vacías que, en definitiva, hacen mella en nuestras almas”.

AUTE: evangelización 2.0 y estética digital

Alentado por jóvenes que querían comunicar la fe con un “lenguaje actual”, AUTE nació en plena postpandemia, en un momento de gran inseguridad vital para la población adolescente, que, según José Antonio Luengo, decano y presidente del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, se mostró “altamente vulnerable” a los estragos psicológicos de la crisis del COVID-19, incluido el confinamiento.

Sus miembros suelen describir el proyecto como un espacio de evangelización multimedia que lo mismo recurre a vídeos verticales que a retos, testimonios, eventos o música. La estrategia funciona: una estética pulida y un mensaje que combina espiritualidad con un discurso moral claro sobre sexualidad, familia y roles de género, que ha conseguido decenas de miles de seguidores en apenas cuatro años.

En el canal oficial de la asociación se multiplican los vídeos que presentan la vida católica como un camino de autenticidad en contraste con “la confusión del mundo moderno”. La narrativa resulta atractiva para algunos adolescentes y jóvenes que buscan certezas en un entorno inestable. Sin embargo, críticos y analistas subrayan que ese mensaje espiritual viene acompañado de posturas ultraconservadoras sobre la mujer, el matrimonio o el aborto, que —aunque no siempre enunciadas explícitamente— se despliegan en la selección de contenidos y en los “testimonios de conversión” y entrevistas a invitados más virales.

Vidas “bonitas, ordenadas, con sentido”

Javier, de 19 años, estudiante de ingeniería y miembro de AUTE, asegura que la asociación le permitió “ordenar ideas” en un momento de crisis personal. “Yo venía de un ambiente donde todo era relativismo. Me agobiaba no saber quién era o qué quería. En AUTE encontré gente joven que hablaba, sin miedo, de valores firmes. Por primera vez sentí que había un proyecto de vida claro, que no estaba solo. Y sí, defendemos que el matrimonio y la familia tradicional funcionan. No entiendo por qué eso molesta tanto”.

Para Javier, la gran fortaleza de AUTE es su capacidad de “usar TikTok mejor que los propios influencers profesionales”. Y no duda en señalar que parte del atractivo radica en mostrar “vidas bonitas, ordenadas, con sentido”.

Aquí, los algoritmos de TikTok, Instagram y YouTube han jugado un papel crucial en la expansión de estos movimientos. Por ejemplo, desde 2022, el contenido etiquetado como #tradwife se ha multiplicado en español: mujeres jóvenes —como Elena— hablando de renunciar a la ambición laboral para dedicarse al hogar, tutoriales de “cómo vestirse de forma recatada” y vídeos que presentan el matrimonio católico como la vía hacia la plenitud femenina.

Aunque muchas de estas creadoras se consideran simplemente “contraculturales”, expertas en igualdad de género alertan de que el fenómeno está siendo instrumentalizado por grupos ultraconservadores para reforzar discursos que cuestionan avances conquistados por el feminismo, como la autonomía económica, el acceso a la educación sexual o los derechos reproductivos.

“Mi mejor amiga descubrió el movimiento tradwife en Instagram. Eso lo cambió todo”

Irene, de 22 años, explica cómo estos contenidos han influido poderosamente en sus relaciones personales: “Mi mejor amiga empezó a ver vídeos de chicas súper monas, todo blanco y beige, hablando de limpiar por amor a Dios y de que la verdadera libertad es obedecer. Al principio me hacía gracia, pero luego dejó la universidad y empezó a vivir a la sombra de su ‘prometido’. A veces temo que haya cambiado su libertad por no se sabe muy bien qué”.

Para esta joven, que reconoce abiertamente que no es creyente, estos discursos funcionan ante personas especialmente sensibles que tienen “la sensación de que el mundo está demasiado loco y que ser tradicional es volver a lo seguro”. Lo que le preocupa ahora es la presión que siente su amiga por “ser pura, perfecta y sumisa”, algo que ella observa “cada vez más habitual en redes”.

Organizaciones feministas consultadas por elDiario.es Región de Murcia alertan de que la presión social ejercida por estos contenidos puede afectar a chicas muy jóvenes, especialmente si carecen de referentes alternativos o si viven en entornos donde el discurso religioso es el dominante.

Los límites de la fe convertida en militancia

Aunque el auge de estos movimientos es innegable, también se observan tensiones internas. No todos los jóvenes católicos se sienten representados por los discursos más radicalizados. Muchos valoran la espiritualidad, pero rechazan la carga moralizante o el activismo contra derechos consolidados como el matrimonio igualitario o el aborto.

Es el caso de Luis [nombre ficticio], de 20 años, que pide mantener el anonimato, y que estuvo próximo a AUTE durante casi un año: “Me gustaba la música, los encuentros, las charlas… Pero cuando conté que era gay, todo cambió. No me insultaron, pero me empezaron a tratar como a alguien que necesitaba ser corregido. Cada conversación era sobre castidad, sacrificio y la renuncia a mi identidad. Me fui porque ser yo mismo me convertía en ‘problema’”.

Luis explica que, tras su salida, recibió mensajes privados de otros chicos que sentían lo mismo. “Hay mucha gente atrapada entre la fe y el miedo. Y eso no lo cuentan en los vídeos”, concluye.

Su experiencia se reafirma en las palabras expresadas por Paco, el marido de Elena, que manifiesta una posición muy marcada ante las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. “Nosotros defendemos un amor concreto, que es el que nos ha revelado Jesucristo en los Evangelios”. Y sentencia: “Dios no bendice todos los amores”. Para él, el que surge de la infidelidad o el que implica sexo antes del matrimonio.

Otra joven que también decidió distanciarse de AUTE después de participar en varios encuentros de evangelización es Ana, de 23 años. “Yo soy creyente, pero tengo una visión distinta. Me impactó escuchar a chicas muy jóvenes decir que el aborto es siempre asesinato, incluso en casos de violación o de peligro para la vida de la madre. Cuando pregunté si había excepciones, me dijeron que no, que Dios nunca quiere el mal. Ahí entendí que ese espacio no era seguro para mí”, cuenta.

Ana, estudiante de Filología en Granada, asegura que muchas jóvenes se sienten atraídas primero por la estética, “limpia, ordenada, casi aspiracional”, pero descubren más tarde un trasfondo que no encaja con su visión de la igualdad. “Te venden pureza espiritual, pero lo que hay detrás es puro control: de cómo vistes, de con quién sales, de lo que haces con tu cuerpo. Y eso choca con los derechos por los que mujeres como mi madre han luchado tanto”.

¿Retroceso o búsqueda de sentido?

El impacto del auge ultracatólico juvenil y del ideal tradwife plantea un debate complejo. Para muchos jóvenes, se trata de un refugio espiritual en tiempos de incertidumbre, crisis y conflicto. Para organizaciones feministas y colectivos LGTBIQ+, representa un riesgo real: el renacimiento de discursos que promueven modelos de sumisión femenina, familia jerárquica y rechazo a la diversidad.

El análisis político coincide en que estos fenómenos no son aislados: están conectados con un auge internacional de movimientos conservadores digitales, presentes desde Estados Unidos hasta América Latina. Y España, con una tradición católica arraigada, ofrece un terreno especialmente fértil para que estas narrativas encuentren eco.

La clave, según los expertos, no es solo el mensaje, sino el medio. Las redes permiten que un discurso minoritario —tal y como publicó recientemente este medio, los datos sostienen que seis de cada diez jóvenes se declaran “sin religión” y que la vuelta a la espiritualidad tiene más adeptos en el yoga o la meditación que en las iglesias— parezca mayoritario gracias al efecto de la viralidad. Los formatos breves favorecen simplificaciones: vídeos de 15 segundos donde una joven con estética angelical afirma que “la verdadera libertad consiste en obedecer a Dios”, o un chico hablando de “cómo la castidad salvó su vida”.

Estos contenidos comparten estética, banda sonora y narrativa emocional. En un entorno saturado de mensajes, lo que triunfa es lo que emociona; y estos movimientos lo saben.

El peligro de la espiritualidad como herramienta para limitar derechos

Llegados a este punto, la pregunta capital es cómo este auge afectará a la lucha por la igualdad de derechos en España. Porque no se trata de un movimiento masivo, pero sí influyente. Y, al circular entre adolescentes y jóvenes, sus mensajes pueden crear una percepción distorsionada de lo que significa “ser mujer” o “formar una familia”, presentando la sumisión como una forma de plenitud, la renuncia profesional como una vocación divina o la homosexualidad nuevamente como un pecado.

El reto, coinciden especialistas, no es negar la espiritualidad, sino garantizar que no se utilice como herramienta para limitar derechos ya reconocidos. España ha demostrado en las últimas décadas que es posible combinar la libertad religiosa con el avance feminista. Lo que está en juego ahora es evitar que el creciente poder narrativo de las redes sociales incline la balanza hacia modelos de desigualdad revestidos de estética devocional.

Mientras tanto, los jóvenes siguen buscando respuestas a una realidad marcada por la precariedad laboral o la dificultad para acceder a la vivienda y la emancipación. Algunos las encuentran en la firmeza moral de movimientos como AUTE. Otros, en un espiritualismo cultural como el de Rosalía. Y muchos, en la duda, ese territorio intermedio donde se libra hoy la angustiosa batalla por su futuro.

La batalla contra el aborto nunca se fue, pero de vez en cuando quienes la lideran se ven impulsados a intensificarla con su mismo objetivo de siempre: acabar con él. A veces lo que les empuja es una noticia que les refuerza, como el fallo que en Estados Unidos acabó con la sentencia que lo garantizaba, y otras veces se rearman para oponerse a un avance. Este octubre se han puesto manos a la obra ante el nuevo capítulo en el debate sobre el aborto, que empezó con el falso 'síndrome posaborto' y siguió con la propuesta del Gobierno de incluirlo en la Constitución y la rebeldía de Isabel Díaz Ayuso ante el registro de objetores de conciencia.

Es precisamente frente a esta medida obligatoria desde 2023 ante la que los antiabortistas han iniciado su última ofensiva. La organización Abogados Cristianos, conocida por llevar a los tribunales casos de “ofensa” a la religión, acaba de pedir a la Audiencia Nacional la suspensión del registro, concebido para que los abortos puedan realizarse en la sanidad pública. El recuso se dirige contra la resolución y el protocolo que el Ministerio de Sanidad acordó hace casi un año con las comunidades, con todas ellas, incluida Madrid a pesar de que ahora su presidenta haya reabierto el debate.

Defiende la fundación, presidida por la abogada Polonia Castellanos, que el registro “vulnera varios derechos fundamentales” –a pesar de que uno similar fue ya avalado por el Tribunal Constitucional– y denuncia que el Gobierno busca “convertir a los médicos en enemigos del Estado por defender la vida”. Abogados Cristianos actúa en esta ocasión en representación de una plataforma recién creada llamada Ginecólogos por la objeción, que considera el registro una “vulneración” de sus derechos y promete “asistencia legal gratuita” a los médicos que sean “señalados, coaccionados o discriminados”.

La plataforma está integrada por ginecólogos “de distintas partes de España” y la lideran Luis Chiva, Director de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra, y Rodrigo Orozco, jefe de servicio del hospital Quirónsalud de Málaga. Chiva, miembro del Opus Dei, es conocido por sus posiciones antiaborto: en varias entrevistas, ha defendido que “la vida empieza” en el momento “de la fecundación” y asegura “albergar la esperanza” de que “el feto vuelva a ser protegido porque ”es discriminatorio acabar con la vida de un ser que tiene un futuro prometedor“. En su momento, llegó a afirmar incluso que se declararía objetor ante la píldora del día después por ser ”abortiva“.

Durante estas últimas semanas, se ha posicionado en varios medios de comunicación contra el registro de objetores que Ayuso ha boicoteado afirmando que se trata de una “lista negra” de médicos. Preguntado sobre ello y sobre cuántos profesionales forman a día de hoy parte de Ginecólogos por la objeción, Chiva no ha respondido de momento.

Miles de firmas contra el aborto

También HazteOír, una de las entidades de agitación y movilización ultra más activas, ha reactivado la ofensiva y ha abierto una recogida de firmas que acumula más de 32.000. La petición busca presionar al Partido Popular para que no tumbe la medida de Vox en el Ayuntamiento de Madrid para que las mujeres sean informadas del síndrome posaborto, que no tiene evidencia científica. “Una vez más, al PP le tiemblan las piernas cuando la izquierda proabortista habla del aborto, pero esta vez no vamos a permitir que traicionen a los no nacidos”, esgrimen en su web.

Aunque el alcalde, José Luis Martínez Almeida, reculó definitivamente y ha reconocido que cometió un error al apoyar la iniciativa de la ultraderecha porque este síndrome “no existe” como categoría científica, HazteOír sigue manteniendo abierta su petición. Además, el pasado viernes una mujer de la organización acudió a protestar al pleno en el que el regidor defendió su rectificación. “Si no hacemos nada, el PSOE presionará al PP y estos, por no ser llamados ”fachas“ o ”extrema derecha“, votarán para meter el aborto en nuestra Constitución”, advierte HazteOír, una de las entidades responsables de que España sea un nodo clave del contagio ultra a nivel global, según una nueva investigación.

Otra de las figuras clave de la ofensiva es el exministro del Interior con Aznar, Jaime Mayor Oreja, que ahora capitanea varias organizaciones antiderechos. Entre ellas está la Fundación NEOS, que ha hecho públicos varios comunicados en los que asegura que “no existe un derecho a matar”, carga contra lo que considera “la cultura de la muerte” y muestra su apoyo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por “su defensa de la libertad de conciencia frente a las presiones de este Gobierno totalitario”.

La fundación, de la que es vicepresidenta la exdirigente del PP vasco María San Gil, también mantiene activa una recogida de firmas online bajo el título “paremos la promoción del aborto con tu dinero” y una fotografía de la ministra de Sanidad, Mónica García. El texto que acompaña a la petición reza: “No existe el derecho a matar, solo el derecho a vivir. Sin vida, no hay derechos”.

Una web para “decir sí a la vida”

Los perfiles en redes sociales de NEOS han difundido la campaña reclamando que el aborto no se incluya en la Constitución, pero la fundación la lanzó con motivo del anuncio de que el Gobierno va a comenzar financiar la web quieroabortar.org, una iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya que explica los recursos disponibles y los –a veces complejos– circuitos autonómicos para interrumpir el embarazo.

Como reacción a la iniciativa, ha surgido recientemente la web quierosermadre.org, que facilita recursos y herramientas “para decir sí a la vida”. En la práctica, agrupa asociaciones y entidades antiaborto que ofrecen ayuda a mujeres con el objetivo de que no interrumpan su embarazo. “Entendemos tus dudas, sabemos que es un momento difícil: precisamente por eso es importante estar informada y acompañada antes de tomar una decisión. Estamos seguros de que, como tú, conocemos a muchas mujeres que se han arrepentido de abortar. Aún no conocemos a ninguna que se arrepienta de ser madre”, apunta la web como carta de presentación.

Pablo Mariñoso es uno de sus coordinadores y asegura que detrás no hay ninguna organización, sino “un grupo de personas” que están en contra del aborto pero que “sobre todo” son “profamilia, promaternidad y profeminidad”. Apunta el impulsor que el Gobierno “solo publicita el aborto” a pesar de que las instituciones “tienen ayudas” a la maternidad y asegura que “ayudar a una mujer a ser madre es más democrático”. Define la web como una especie de “Wikipedia provida” y define la ley del aborto como una norma “delirante” que “oculta” cuestiones como que “no tiene consecuencias para la salud física y emocional” de las mujeres.

La página, de hecho, incluye un apartado de supuestos “mitos” sobre la interrupción del embarazo que, según los promotores, “se empeña en ocultar la industria del aborto”. Entre ellos, aseguran falsamente que no es gratis a pesar de que es una prestación cubierta por la cartera de servicios, que no es segura y “es violenta” y que las mujeres que abortan “nunca son libres” porque acuden “presionadas por su entorno familiar, laboral o económico”, esgrimen obviando que hasta el Tribunal Constitucional ha sentenciado que el aborto forma parte del derecho a la integridad y la dignidad de las mujeres y lo ha definido como “una manifestación de su derecho a tomar decisiones y hacer elecciones libres y responsables”.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), centro privado y ultrarreligioso cercano a Vox, está reforzando sus tentáculos en la Comunidad de Madrid de la mano del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

La UCAM pertenece a la familia Mendoza, seguidora de los 'Kikos', el ultraconservador movimiento religioso Camino Neocatecumenal, de Kiko Argüello. Acaba de inaugurar la que presentó hace años como la “Universidad del Deporte”, en Torrejón de Ardoz, y participa junto al Gobierno de Ayuso en una entidad sin ánimo de lucro, Fundación Resetea, que busca financiación y ubicaciones para construir en la periferia de la capital, preferentemente en torno a la autopista de circunvalación M-50, un “Campus para la Vida” dedicado a atender a personas con discapacidad.

Según documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, Resetea pidió a principios de 2023 la cesión “gratuita” de un enorme solar en Boadilla del Monte para construir el complejo y cifraba la inversión en 120 millones de euros. El proyecto se ha descartado después de que, según algunas fuentes, técnicos municipales advirtieran del riesgo legal de esa operación. El Ayuntamiento de Boadilla reconoce reuniones y contactos y dice que no llegó a abrir un expediente sobre este asunto.

La UCAM fue, junto a otros grupos de sanidad y educación privada, uno de los grandes clientes de Equipo Económico. El despacho del escándalo de supuesto tráfico de influencias del exministro popular Cristóbal Montoro cobró de la UCAM 395.670 euros hasta 2019, según el sumario del caso. La UCAM ha justificado esos pagos por estar “inmersa desde hace años en un proceso de expansión nacional e internacional y para ello ha contratado servicios de consultoría en diversos ámbitos, que con Equipo Económico fueron de manera previa sobre viabilidad económico-financiera”.

En Madrid, esa expansión está dando frutos, como muestra su recién inaugurado campus especializado en salud, nutrición y deporte en Torrejón (141.047 habitantes), ciudad dormitorio al este de Madrid que el PP gobierna desde 2007. La UCAM llevaba desde 2013 intentando implantarlo en varias ubicaciones (en Madrid, probó en Alcorcón cuando el alcalde era el popular David Pérez), aliada con el Comité Olímpico Español (COE) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) del polémico Ángel María Villar. 

Finalmente, el Gobierno de Ayuso autorizó en julio de 2024 ese centro en Torrejón, en el que la UCAM y el COE están aliados con otro cliente del despacho de Montoro, el grupo de sanidad privada Ribera Salud. Hace unos días la Consejería de Educación madrileña publicó la orden autorizando el inicio de actividades “y la implantación del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos”, especificando que su publicidad “debe recoger la denominación autorizada, esto es «Centro de Educación Superior 'Alma Mater'», no pudiendo utilizar otra denominación para referirse a sí mismo”. Nada de la “Universidad del Deporte” que utilizó la UCAM al presentar el proyecto y que ha promocionado el Ayuntamiento de Torrejón.

A este nuevo campus se une un proyecto filantrópico relacionado con el deporte (actividad en la que la UCAM es puntera hace años) impulsado por Fundación Resetea, en la que son patronos la UCAM, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Acciona Construcción y la Fundación CEOE. La entidad prevé “la construcción, gestión y operación de un complejo de usos múltiples destinado a personas con discapacidad”, como anunció el Gobierno de Ayuso en octubre de 2022.

Bautizado como “Campus para la Vida”, será un gran centro sociosanitario y educativo abierto a personas con discapacidad y al público en general. Preguntada por su participación en el proyecto y el desembolso millonario que supondría, la UCAM no ha respondido a elDiario.es. Tampoco lo ha hecho la Comunidad de Madrid.

Pese a la presencia del Gobierno de Ayuso en su patronato, el proyecto, “pionero” en España, será “100% privado”, recalca al teléfono la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez. Tras él “no hay beneficios”, subraya la exministra de Trabajo. Todavía no se ha realizado “ningún desembolso” para ponerlo en marcha, según la patronal.

“Si hubiera ánimo de lucro detrás, sería el primero en irme”, explica el presidente y principal impulsor de Resetea, el doctor Tomás Fernández, jefe médico del equipo paralímpico español en las últimas cuatro olimpiadas y conocedor de primera mano de la realidad de las personas discapacitadas. Fernández habla con pasión de su idea: “resetear” la vida de estas personas para abrirles nuevas oportunidades y acompañarles (también a sus familias) en una situación que, subraya, afecta al 10% de la población española y en los países desarrollados muchas veces es sobrevenida, por ejemplo, por accidentes de tráfico o siniestros.

Rodeado de retratos con deportistas paralímpicos en su despacho de la clínica privada CEMTRO, de la que es fundador y director médico, Fernández, secretario de la comisión médica de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), atribuye la presencia de la UCAM en este proyecto a su fuerte vinculación con el mundo del deporte.

En ella han sido alumnos campeones olímpicos como Ruth Beitia (atletismo), Carolina Martín (bádminton) o Saúl Craviotto (piragüismo). Y no llegó a debutar con la Selección absoluta, pero un ex empleado de la UCAM y ex jugador del UCAM Murcia de Baloncesto es José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, exvicepresidente regional y uno de los rostros más visibles de los vínculos de la formación ultraderechista con este centro educativo. 

El doctor Fernández explica que empezó a concebir su proyecto en torno a 2018. En 2023 planteó implantarse en Boadilla, municipio del que es vecino hace décadas y sede de la fundación. Esa ubicación ha quedado “descartada” y el proyecto se ha redimensionado y es menos ambicioso.

En esa localidad de 65.839 habitantes, una de las más ricas de España y gobernada hace décadas por el PP, Resetea pidió la cesión “gratuita” de una enorme parcela de 193.451 metros cuadrados por “adjudicación directa”. En un escrito que presentó en enero de 2023 planteó esa “concesión demanial” por plazo indeterminado. Tras él las instalaciones se entregarían “gratuitamente” al ayuntamiento, “lo que evidentemente produciría un efecto muy beneficioso para la colectividad”.

Al ser un bien patrimonial del Ayuntamiento, ese suelo está reservado a dotaciones de uso público que levante el Consistorio, o se puede ceder a un tercero. Lo habitual es hacerlo a cambio de un canon anual por un plazo de entre 50 y 75 años. Y siempre tras el correspondiente concurso público, explican fuentes del Ayuntamiento de Boadilla.

Licitación abortada

La parcela que pidió la fundación de la que forman parte la UCAM, la Comunidad de Madrid, Fundación CEOE y Acciona Construcción es la EQ-1, del sector de suelo urbano no consolidado AH-7 “Viñas Viejas”, muy cerca de la M-50. En ese solar, el Ayuntamiento de Boadilla lanzó a finales de 2021 una licitación para construir una pista de atletismo, un campo exterior de tiro con arco, pistas polivalentes, un parque infantil, un camino de jogging y un Espacio Joven. Las obras estaban presupuestadas en 12,16 millones. 

En noviembre de 2023, diez meses después de que Fundación Resetea pidiera esas 19 hectáreas gratis, el consistorio renunció al contrato para los proyectos de parcelación, ejecución, actividad y dirección de obra. Según fuentes del Ayuntamiento, esa pista de atletismo era inviable por el “desnivel” del terreno.

El doctor Fernández explica que, descartado Boadilla, se plantean un complejo mucho más modesto: de una pista de atletismo olímpica para eventos deportivos de envergadura, a una cubierta, más pequeña. De 19 hectáreas, a “entre 4 y 6 hectáreas”. La inversión, dice, está por determinar, y hay que conseguir financiación.

El proyecto de Resetea en Boadilla estimaba en 119.788.950 euros la inversión para construir las edificaciones y urbanizar los terrenos, que “serán financiados en su totalidad con financiación no reintegrable”. Y “para el mantenimiento y explotación de las instalaciones, se prevé la obtención de una serie de ingresos ordinarios” en concepto de “alquiler de espacios tanto deportivos, como administrativos, explotación de restaurantes, ingresos derivados de la oferta asistencial del complejo abierto tanto a pacientes discapacitados residentes, como a usuarios de las instalaciones y público general, etc.”, así como “de las aportaciones derivadas de los programas de Mecenazgo”.

Añadía que la fundación “no sólo cuenta con su patrimonio para afrontar el Proyecto, sino con una previsión de ingresos o rentas a percibir por la explotación del mismo” que “no tienen otro objeto más que el de seguir contribuyendo a los fines fundacionales o, lo que es lo mismo, a fines que redundan en beneficio del interés general”. Los estatutos de Resetea obligan a destinar el 70% de su resultado contable a esos fines.

Fernández explica que han recibido muestras de interés de autoridades de Ucrania o Brasil. Y desvincula a Resetea de la clínica CEMTRO. Su fundador, el octogenario traumatólogo murciano Pedro Guillén (pionero en introducir la técnica de la artroscopia en España), es decano honorario del Grado en Medicina de la UCAM y director de su Cátedra de Traumatología del Deporte. 

CEMTRO tiene varios acuerdos con otra universidad privada ultrarreligiosa, la Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo, con sede en Pozuelo, donde está una de sus clínicas. Entre los socios de CEMTRO está la aseguradora Mapfre (24%). En su consejo se sienta Alicia Alcocer Koplowitz, hija de la multimillonaria expresidenta de FCC, Esther Koplowitz, que representa a su patrimonial EAC. También Montserrat Fraile, esposa del conocido periodista deportivo José María García.

“Ciencias del matrimonio”

El escrito de Resetea al Ayuntamiento de Boadilla data del 20 de enero de 2023, dos días después del fallecimiento por cáncer del fundador de la UCAM, el ultraconservador y polémico empresario José Luis Mendoza, uno de los patronos natos de Fundación Resetea. Mendoza se hizo viral en 2020 con sus advertencias sobre un chip [“chís”] para controlar a la población que se iba a implantar con las vacunas del coronavirus, que atribuyó a “fuerzas oscuras del mal”y a una conspiración de Bill Gates y George Soros.

Si el proyecto de Resetea fructifica, la UCAM seguirá extendiendo sus tentáculos en Madrid, tras ese campus en Torrejón y la nueva sección del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, centro de formación para religiosos que inauguró en la capital en octubre de 2019 para “difundir las ciencias del matrimonio y la familia por todo el mundo”.

Con más de 21.000 alumnos matriculados, según su web, la UCAM creció en Murcia al calor de las enormes facilidades de sucesivos gobiernos del PP y en los últimos años ha estrechado lazos con Vox. Su propietaria es una fundación que preside la viuda de Mendoza, Dolores García Mascarell, presidenta de la UCAM, y que tuvo 14 hijos con Mendoza. Uno de sus yernos es el actual portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpáñez, que se graduó en Derecho y realizó un máster en la UCAM.

En 2010, mientras Argentina debatía la ley que convertiría al país en el primero de la región en aprobar el matrimonio homosexual, las calles se llenaban de pancartas con el lema “los chicos tenemos derecho a una mamá y un papa”. Detrás de las consignas resonaban ecos conocidos: los de la cruzada ultraconservadora que cinco años antes había intentado frenar el mismo derecho en España. Entonces, entre sus puntas de lanza estaba el fundador de HazteOír Ignacio Arsuaga, que con la experiencia a sus espaldas viajaría a Buenos Aires para sumarse a la ofensiva. Desde allí llegó a afirmar: “Si nosotros participamos en esta batalla cultural y llegamos a las conciencias y corazones de la gente, la mayoría seguirá posicionándose a favor de la vida, la familia y las libertades”.

La escena no es una excepción. Así lo revela una nueva investigación impulsada por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, que ha analizado el papel de las fuerzas de extrema derecha españolas en la expansión de los discursos antiderechos en la agenda global. La conclusión es que España desempeña un rol clave a través de actores como HazteOír, el Opus Dei o Vox, que han creado redes y articulado “estrategias transnacionales” que han acabado impactando en América Latina o África, señala el estudio, que se presentará al público este jueves en Barcelona.

El informe, elaborado por un equipo de nueve investigadores capitaneado por la brasileña Sonia Corrêa, ilustra a través de los casos de cinco países –Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y Kenia– cómo la influencia española “ha contribuido” en el exterior al crecimiento de la extrema derecha y al bloqueo de los derechos sexuales y reproductivos como el aborto. Los autores definen a España como “un nodo” que “exporta” discursos, ideas y tácticas con el objetivo de “dar la batalla cultural contra determinados consensos”, es decir, “hacer cada vez más aceptable la idea de que no solo algunos derechos son prescindibles, sino que deben ser revertidos”.

Con el tiempo, España se ha convertido “en uno de los centros de origen y gestión” de algunos de los grupos que lideran esta ofensiva: HazteOír y su filial internacional CitizenGo, la Red Política de Valores (PNfV), Vox y el Opus Dei. El estudio analiza la actividad de estos cinco actores fuera de nuestras fronteras y explica que, al mismo tiempo, España se ha posicionado como “un país anfitrión” del movimiento global de ultraderecha, tal y como demuestra la cumbre de PNfv celebrada en el Senado el pasado diciembre o la organizada en Madrid por los Patriotas europeos, con presencia de Santiago Abascal, el húngaro Viktor Orbán o Marine Le Pen.

Agitación y cumbres globales

Tanto HazteOír como CitizenGo, señalados en algunas investigaciones por su cercanía con la sociedad secreta El Yunque, actúan como “motores de movilización y agitación”, con campañas de presión o recogidas de firmas. Por su parte, el Opus Dei acumula una larga trayectoria de expansión territorial desde finales de los años 40, en pleno franquismo, gracias a una estrategia de “reclutamiento de élites” y difusión a través de la fundación de centros educativos y universidades. La PNfV, presentada en 2014 en Nueva York, fue creada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja como una plataforma transnacional, que reúne y convoca a los principales líderes de esta ofensiva.

La última pieza del puzle español vino de la mano de Vox, que desde su irrupción “comenzó a invertir una importante dosis de energía en fortalecer las relaciones” con países de habla hispana. Lo hace fundamentalmente a través de su think tank, Disenso, al que la formación transfiere 2,5 millones de euros al año. En su consejo asesor hay figuras clave de la extrema derecha latinoamericana y en 2020 impulsó el Foro Madrid, una alianza internacional que ha popularizado el concepto de “Iberosfera” y ha celebrado encuentros en Bogotá, Lima, Buenos Aires y Asunción que conectaron a Vox con políticos como el chileno José Antonio Kast o Javier Milei.

En Argentina, tras el desembarco de HazteOír llegaría el de CitizenGo tres años más tarde, que desde un principio “reforzó el campo conservador” a través de alianzas con grupos locales que abonaron el terreno para que en 2018, cuando el país comenzó a debatir la ley del aborto, la oposición ultra estuviera preparada. El estudio identifica este como un momento “catalizador” que “sentó las bases para el surgimiento de la ultraderecha” y señala fenómenos clave como la insistencia de HazteOír en “elevar” a nivel internacional a perfiles como el del politólogo Agustín Laje, que en una gira por España de la mano de Ignacio Arsuaga conoció a Abascal y que después estudiaría en la Universidad de Navarra, del Opus Dei.

Las conexiones se produjeron también en el entorno de la filial argentina de El Club de los Viernes, una plataforma española de extrema derecha que desde 2018 organizó charlas y eventos a los que asistieron figuras como el por entonces conocido como economista Milei, la actual vicepresidenta argentina Victoria Villarruel o el número dos de Vox, Javier Ortega Smith. Así, cuando Disenso pubicó su iniciativa Carta de Madrid, entre sus primeros firmantes figurarían Villarruel y el actual Secretario de Culto del gobierno argentino, Francisco Sánchez, que a su vez es miembro de la PNfV. Milei la firmó en 2021.

De Kast al ultraliberalismo guatemalteco

En Chile, tras un ciclo de avances legislativos y el estallido social de 2019, la investigación identifica una “restauración conservadora” explotada particularmente por José Antonio Kast, abanderado del legado de Augusto Pinochet y candidato a las elecciones de noviembre. También firmante de la Carta de Madrid, Kast logró “reforzar” su perfil como líder ultraderechista desde que llegó a la presidencia de la Red Política de Valores en 2022, apunta el estudio. El cargo lo ocupó hasta 2024, de hecho, su último gran acto público fue precisamente la cumbre del Senado, en la que reunió a líderes como Mayor Oreja, la eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa o Brian Brown y Sharon Slater, puntas de lanza de la cruzada antiaborto en EEUU.

El informe detalla también cómo la puerta de entrada de la extrema derecha española en Guatemala ha sido el ultraliberalismo económico “y sus vínculos con la élite empresarial”. Entre los actores clave destaca la Universidad Francisco Marroquín, un centro privado del que este verano se habló mucho en España después de que la exmiembro del PP Noelia Nuñez falsificara su currículum y afirmara que era una de sus profesoras. La institución, con sede en Madrid, es “un semillero” de ideas ultraliberales y un “punto de convergencia crucial donde la oligarquía empresarial se fusiona con las élites católicas asociadas al Opus Dei”, esgrime el estudio, que apunta a que la fundación Disenso “ha utilizado” la universidad “como punto de apoyo para ampliar su influencia”.

A ello se suman las conexiones del think tank de Vox con el Movimiento Cívico Nacional, una organización clave en el panorama local conservador que en el pasado fue acusado de casos de corrupción, y la presencia de CitizenGO en el país desde 2021, donde lleva a cabo campañas con el aborto o los derechos LGTBI. El informe se detiene también en el caso de la familia Gutiérrez, una de las más ricas de Guatemala: uno de sus miembros, Dionisio Gutiérrez, es fundador de la Fundación Libertad y Desarrollo, que “comparte una postura similar” a la de Disenso y que tiene sede en Guatemala, Miami y Madrid. Además, ha organizado encuentros en la capital y en Oviedo durante seis ediciones, la última en mayo de este año.

Contra el aborto en El Salvador y el auge en África

En El Salvador de Bukele la penalización absoluta del aborto ha marcado el desarollo de las políticas antiderechos, especialmente potenciadas por una Iglesia Católica que designó a un miembro del Opus Dei, Fernando Sáenz, como arzobispo de San Salvador hasta 2009. Además, dos casos emblemáticos de mujeres a las que se les negó un aborto y que fueron llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que acabó condenando a El Salvador– “movilizaron una red ultraconservadora global” en la que participaban actores españoles interviniendo directamente en los litigios.

El juez español Javier Borrego, exmiembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue perito del Estado salvadoreño y el exministro y fundador de la PNfV Mayor Oreja respaldó un escrito de apoyo legal al país en el caso de Beatriz, a la que se le negó un aborto embarazada de un bebé que no tenía posibilidades de sobrevivir. En la disputa legal también intervino directamente CitizenGo mediante campañas que acusaban a los jueces de la Corte de “ceder ante los lobbies abortistas” y una recogida de firmas que llevaba por título “Caso Beatriz: detén la imposición del aborto en Latinoamérica”.

El último país que analiza la investigación es Kenia, un caso que demuestra una “ambición geopolítica” ultraderechista en plena expansión. Según el informe, la extrema derecha española considera el país africano como “un nodo clave” y para ello “aprovecha” las hondas raíces que el Opus Dei echó en él incluso antes de su independencia. Además, CitizenGo utiliza Kenia como “centro de operaciones” en el continente africano desde 2018 y desde allí ha emprendido acciones para oponerse al aborto o la educación sexual. De hecho, junto al Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, cuyo director es miembro del Opus Dei, contribuyó al cierre temporal en el país de la ONG de derechos sexuales y reproductivos Marie Stopes.

Kenia tampoco ha pasado desapercibido para la Red Política de Valores, que lleva a cabo en el país un trabajo “discreto”, lo define la investigación, que busca entre otras cosas integrar a figuras clave del continente en sus cumbres internacionales. Pero su actividad sí fue muy visible en la reciente Conferencia Panafricana sobre Valores Familiares, celebrada en Nairobi el pasado mes de mayo y organizada por el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia. Sin embargo, varios ponentes pertenecían a la red, que el estudio sugiere que quizá esté ya “lo suficientemente envalentonada” para iniciar un nuevo ciclo: el de no depender de portavoces locales y desembarcar directamente.

Hace unos días leía una larga entrevista a Douglas Wilson, un evangelista presbiteriano que defiende la teocracia como esa forma natural de gobierno que EEUU habría abandonado bajo las corruptoras presiones liberales (woke) y a la que tendría que volver ahora para “no enojar a Dios”. Eso implicaría, claro, sustituir la Constitución por la Biblia y los Diez Mandamientos y redactar leyes en contra del aborto (“peor que la esclavitud”), los cambios de sexo, el adulterio y la homosexualidad, tal y como reclamaría, según él, la mayoría entusiasta del pueblo estadounidense. Vale la pena leer el texto entero por tres motivos. El primero porque Wilson argumenta con desenvoltura sus disparates, mucho más elaborados de lo que el caricaturesco resumen anterior puede hacer creer. Los otros dos son aún más decisivos. El interés de la entrevista, en efecto, reside en que se ha publicado en The New York Times, el medio liberal más prestigioso del mundo; y en que su contraparte es Ross Douthat, un conocido columnista que, en este caso, aborda a su interlocutor en su condición de católico. Es decir, The New York Times da visibilidad a un pastor fanático cuya existencia ni siquiera habría nombrado hace diez años, pero al que reconoce ahora una “influencia creciente” en la nueva dirigencia trumpista; y decide, además, enfocar el encuentro en el marco discursivo del invitado, no como un debate entre laicismo y religión, no, sino como un conflicto entre dos versiones diferentes de la doctrina cristiana o, si se prefiere, como una “batalla religiosa”. Estas dos concesiones dicen mucho acerca del nuevo espíritu de la época.

 Es acertado y legítimo definir la Historia como “la historia de la lucha de clases”, a condición de añadir que las clases -y los individuos- nunca se presentan a la batalla completamente desnudos. Es absurdo señalar la “batalla cultural” como la novedad de nuestro tiempo. Todas las batallas han sido siempre “culturales”: no nos matamos por los recursos sino por los nombres que esos recursos reciben. Una de las maldiciones maravillosas de nuestra condición es que los humanos no distinguimos bien entre las palabras y las cosas. Por eso, las palabras no son sólo coberturas o fundas engañosas que nos separarían de la materialidad de la existencia; son, por así decirlo, nuestras cosas y no hay, por tanto, nada abstracto o ilusorio en disputarlas. Las palabras forman parte también de nuestras cosas de comer, de nuestros recursos materiales, de esa tierra nutricia sin la cual no podemos sostenernos en pie. Todas las guerras y revoluciones revelan enseguida esta dimensión simbólica, como lo prueba la obsesión semiótica por renombrar las cosas (o conservar sus nombres) desde el poder o contra el poder. Puede decirse, sí, que todas las batallas materiales son en sí mismas batallas culturales y, en consecuencia, contienen por eso mismo una potencial vertiente religiosa. La novedad hoy es que esa vertiente religiosa ha pasado a dominarlo todo. 

Hace veinte años, por ejemplo, Charles Taylor podía escribir un libro titulado 'A secular age' ('Una era secular'), en el que se describía una sociedad occidental regida por instituciones y prácticas completamente laicas: “En nuestras sociedades ”seculares“, uno puede participar plenamente en la política sin encontrarse jamás con Dios”, escribe, y ello hasta el punto de que, al contrario de lo que ocurría en siglos anteriores, ese encuentro ni siquiera se produce en “los escasos momentos asociados a los rituales supervivientes”: las fiestas, las bodas, las ceremonias habrían quedado, en efecto, desacralizadas para siempre. Pocos libros, me temo, han envejecido tan deprisa. Porque el desprestigio creciente de la democracia, en la última década, ha sido correlativo a un represtigio de la religión (y, aún peor, de las supercherías complotistas y los negacionismos científicos). 

De este proceso inesperado se ocupa el último, brillante y turbador documental de la cineasta brasileña Petra Costa, 'Apocalipsis en los trópicos', que comienza con el fervor democrático volcado en la fundación de Brasilia en los años 60 del siglo pasado y acaba con la tentativa de golpe de Estado de Bolsonaro en enero de 2023. ¿Qué ha pasado en estos años en Brasil y en el mundo? Algo muy extraño, dice Costa: antes las revoluciones se hacían para que nadie, ni siquiera Dios, gobernase en lugar del pueblo; ahora los pueblos se rebelan para que Dios gobierne en su lugar. En Brasil son los evangelistas, que constituyen el 30% de la población, los que auparon a Bolsonaro a la presidencia; en Israel los judíos supremacistas mesiánicos ,los que sostienen a Netanyahu; en EEUU, una alianza de evangelistas libertarianos y católicos reaccionarios, los que moldean el triunfo de Trump. Los tres (pero también Putin en Rusia o Modi en la India) fundamentan su legitimidad, y la de sus crímenes, en discursos abiertamente religiosos. Creíamos que los islamismos radicales del mundo musulmán de finales del siglo XX eran supervivencias nefastas del pasado; eran, en realidad, la vanguardia de la novísima “batalla cultural”.

Podemos relacionar esta batalla religiosa, sin duda, con la lucha de clases, comprenderla como inseparable de las desigualdades del capitalismo, los terrores apocalípticos del cambio climático y la inseguridad tecnológica, pero eso no nos exime de darla. Es muy triste ese momento de la película de Costa en el que Lula (que ha reprochado al socialismo histórico su desprecio de la religión, pero que no se muestra dispuesto a hacer concesiones) se da cuenta de que está a punto de perder la segunda vuelta de las elecciones y se resigna, contra sus principios, a utilizar un lenguaje religioso, a dirigir una carta a la comunidad evangelista e incluso a acudir a una iglesia pentecostalista en busca del apoyo de los creyentes. “Hace veinte años”, dice Costa, “Lula se dirigió a los banqueros; ahora a los evangelistas”. La única otra alternativa era dejar Brasil en manos de Silas Malafaia y sus secuaces antivacunas, homófobos y neoliberales.

¿Qué podemos hacer los ateos de izquierdas? Dos cosas. Una, tener razón, declarar que ésa no es nuestra batalla y abandonar el mundo que queremos transformar o, al menos, conservar. La otra, aceptar un campo de batalla que ni deseamos ni predijimos y tratar de apoyarnos en -y apoyar a- los que siguen luchando en favor de un poco de democracia y un poco de igualdad, aunque crean en Dios y se casen por la Iglesia. La elección no es hoy entre socialismo o barbarie (el Che Guevara y, digamos, Kissinger) ni tampoco entre revolución o reforma (el Che Guevara y Allende); es, si se me apura, entre supervivencia y fascismo. La elección es entre Douglas Wilson y Ross Douthat, entre Silas Malafaia y Henrique Vieira, entre Carlo María Viganó y el papa Prevost. Si algo retrata el estado del mundo y los estrechos márgenes en los que tenemos que movernos es la paradoja de que el actual Gobierno español sea objetivamente uno de los mejores del planeta y la religión más progresista resida en el Vaticano, donde la herencia de Francisco, según hemos visto estos días, sigue viva, al menos en materia de inmigración, derechos sociales y derechos humanos.

La buena noticia es que en esa batalla cultural también tenemos cómplices y compañeros. La mala es que, del mismo modo que vamos perdiendo la lucha de clases, vamos perdiendo también la guerra de religión.

La joven N. ha superado otro obstáculo para poder materializar su derecho a morir. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el recurso que el padre de N., representado por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos, interpuso contra el aval que una jueza de Barcelona había concedido a su eutanasia, aunque ha admitido que el hombre pueda recurrirla (algo que había negado la primera magistrada que juzgó el caso).

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJC concluye que existe un “innegable interés” del padre de N. en que la joven siga con vida, por lo que el hombre sí está legitimado para recurrir la eutanasia. Pero no para impedirla del todo, agrega el tribunal, que aprecia claramente padecimientos “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y sin pronóstico de mejora en la joven, así como su plena capacidad y conciencia para pedirla, algo que negaban el padre y el colectivo ultracatólico.

Los jueces asumen al 100% que la joven solicitó su eutanasia “sin injerencia ni influencia” derivadas del trastorno límite de la personalidad que padece. “Sus capacidades de saber, discernir y ejecutivas están conservadas”, reza la sentencia de la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.

“Reconocer la posibilidad” de impugnar una eutanasia, enfatiza la sentencia, no implica que se deba estimar el recurso del padre. Los magistrados reconocen que la materialización de la eutanasia en el caso de N. todavía podría “postergarse” y admiten que ello puede generar “insatisfacción” en la joven.

El de N. fue el primer juicio en la historia de España por una eutanasia ya concedida. Su padre y Abogados Cristianos impugnaron ante los juzgados el visto bueno a la muerte digna que habían dado en pleno los juristas y médicos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya.

Previsiblemente, pese a esta sentencia a su favor, N. seguirá sin poder ejercer su derecho a morir (el proceso judicial ha paralizado la eutanasia desde agosto de 2024), ya que Abogados Cristianos y su padre pueden recurrir la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo. La sentencia se puede recurrir en un plazo de 30 días.

La causa es de especial relevancia no solo por estar en juego el derecho a la muerte digna, sino también por otro aspecto esencial: si un familiar de un solicitante de eutanasia puede recurrirla. Los juristas y expertos en eutanasia habían mostrado su alarma ante la posibilidad de que los jueces permitan, tal y como ha sucedido, a un familiar recurrir una eutanasia ya concedida, ya que la ley, en realidad, estaba pensada para que los recursos judiciales fueran para dirimir las denegaciones de la muerte digna, y no los avales.

La lentitud de la Justicia para decidir sobre la muerte digna de N. es otra de las claves del caso. La eutanasia de la joven se autorizó en julio del año pasado. Abogados Cristianos la impugnó y la jueza la suspendió a principios de agosto. Pese a tratarse de un procedimiento prioritario sobre el resto al versar sobre derechos fundamentales, la primera sentencia no llegó hasta marzo de este año.

Sobre este aspecto, los magistrados del TSJC manifiestan que “no está al alcance” de los tribunales “evitar” la tardanza en la resolución de los casos, ya que, argumentan, deriva de la “inexistencia” de una legislación que les permita resolver en primer lugar las causas derivadas de la eutanasia.

Abogados Cristianos recurrió ante el TSJC y los jueces catalanes dejaron su deliberación sobre el caso para septiembre. Ahora los ultracatólicos pueden recurrir ante el Tribunal Supremo e incluso han mostrado su intención de llegar hasta el Constitucional e instancias europeas para impugnar el derecho a morir de N.

Además del caso de N., otro hombre de Barcelona tiene la eutanasia suspendida por un recurso de su padre. Su causa se encuentra pendiente de que el Supremo decida en las próximas semanas. Son los dos únicos casos, por ahora, de eutanasias judicializadas en España.

En ningún momento del procedimiento Abogados Cristianos ha aportado informe pericial alguno para rebatir a los 19 juristas y especialistas médicos de la Generalitat que avalaron la eutanasia de N. Los ultracatólicos sí habían alegado, sin ninguna prueba, deudas económicas de la joven para impedir su eutanasia.

Frente a las afirmaciones sin sustento de Abogados Cristianos, los jueces remarcan que todos los informes médicos del caso sostienen “al unísono” que N. presenta “pleno cumplimiento” de los requisitos para poder morir de forma digna, tal y como la propia solicitante corroboró en el juicio.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla: solo quiere morir dignamente.

Rezo del rosario, izado y arriado de bandera que acaba con un “¡Viva Cristo Rey!” y oración de la mañana y de la noche. Son algunas de las rutinas diarias que realizan los niños, niñas y adolescentes que están hasta este viernes en el campamento que cada verano organiza en plena Sierra de Gredos la asociación Cruz de Borgoña. No es una colonia estival cualquiera: tres son las banderas que coronan el espacio salpicado de tiendas de campaña en una estructura armada en forma de cruz. En uno de sus extremos, la de España, en otro la de Castilla y León y en el tercero, el más alto, la de la Cruz de San Andrés, usada por los carlistas durante la Guerra Civil.

El campamento, que arrancó el pasado 1 de agosto en Hoyo del Espino (Ávila), está organizado por la rama juvenil del carlismo ultraderechista en España y su objetivo es “formar” a los menores en esta ideología que aún pervive en forma de organizaciones minoritarias. Una de ellas es la Cruz de Borgoña, que realiza actividades para niños y jóvenes y tiene vínculos con la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), cuyo lema es “Dios, Patria, Fueros y Rey”. Aunque en sus páginas web no especifican posibles nexos, ambas comparten sede central en Madrid, según el registro de asociaciones del Ministerio del Interior.

CTC es además la organizadora del Encuentro Tradicionalista de Familias, que se celebra el último día del campamento como colofón. Hasta entonces, los niños y niñas pasan 15 días en los que hacen deporte o gymkanas y otras muchas actividades marcadas por la ideología carlista y ultracatólica: todo ello puede verse en imágenes difundidas en redes sociales, en las que se entremezclan los juegos y las excursiones con las ofrendas arrodillados, el llamado “rosario de las antorchas”, canciones a los requetés –los tercios carlistas que lucharon con Franco–, niños y niñas que se cuadran bajo un “¡Firmes!” e incluso talleres de plastilina en los que los asistentes recrean figuras o banderas carlistas, que hoy día suelen verse en manifestaciones franquistas y de extrema derecha.

Los “pelayos” y las “margaritas”

El movimiento monárquico tradicionalista divide el campamento en tres grupos en función de la edad de los asistentes, que van de los ocho años en adelante, y cada uno de ellos llevan por nombre escenarios de batallas de gran peso simbólico durante las guerras carlistas: Alto de Muru, para niños hasta 11 años; Oriamendi, de 12 a 15 años y Montejurra, de 16 en adelante. Esta última, por ejemplo, es una montaña de más de 1.000 metros de altitud escenario de combates durante la Tercera Guerra Carlista y que se ha convertido en el principal punto de peregrinación para los carlistas ultraderechistas.

Con independencia del grupo al que pertenezcan, los asistentes al campamento llevan puestas las clásicas boinas de los requetés, que se movilizaron nada más dar el golpe de Estado de 1936 y tuvieron un papel fundamental como milicia armada durante la Guerra Civil. Para los niños, boinas rojas; para las niñas, boinas blancas. Además, Cruz de Borgoña se dirige a ellos como “pelayos” y a ellas como “margaritas”, que fueron las dos ramas –juvenil y femenina respectivamente– que tuvo el carlismo en los años 30 y durante la dictadura franquista.

Las misas y los rituales religiosos tienen un papel fundamental durante el encuentro. El pasado domingo acudieron al Convento de la Encarnación de Ávila y, según las fotografías difundidas, antes de cada salida a la naturaleza son bendecidos por un cura. En esta y ediciones anteriores se repiten actividades o cánticos como el que entonan en ocasiones mientras despiden a los grupos que parten de ruta. “Se van los requetés, se van se van al frente”, cantan.

“El objetivo es formar para el mañana personas que, conociendo sus raíces, sean católicos coherentes y comprometidos con la vida social”, declara la asociación sobre el campamento que realiza desde 1986. Según explica en el folleto informativo, las colonias cuestan algo más de 300 euros por persona y entre los talleres y jornadas formativas a las que asisten destaca la formación católica, la Historia de España y del carlismo y la formación “en virtudes”.

La “Cruzada” de 1936

Preguntada sobre el enfoque con el que se transmite el pasado, Cruz de Borgoña no ha respondido a la consulta de este medio, pero sus boletines dirigidos a los “pelayos y margaritas” –el último publicado es de 2022– dan una idea de ello. Divididos en diferentes categorías como Historia, Religión o Carlismo, definen la Guerra Civil al estilo golpista como “Cruzada” y hablan de los “caídos por Dios y por España”. Las publicaciones, que son una especie de parte de actividades, pasatiempos católicos y textos teóricos, utilizan el tradicional “Viva Cristo Rey” y la proclama “Nada sin Dios”, que hace referencia a su marcado carácter ultrarreligioso.

Uno de los boletines, el de marzo de 2022, da cuenta de la jornada de “ejercicios espirituales” para adolescentes y adultos que la asociación llevó a cabo en el Valle de los Caídos. El resumen de la actividad define al monumento franquista como un “mausoleo erigido para la concordia de los españoles tras la Cruzada de 1936” a pesar de que fue construido para conmemorar la victoria franquista en la contienda. Asegura además que “su tesoro” son “sus guardianes, sus monjes”, específicamente el exprior Santiago Cantera, que ha sido expulsado de Cuelgamuros por su marcado perfil anti-memoria democrática de cara a la resignificación del espacio.

Tampoco detalla Cruz de Borgoña qué tipo de “virtudes” transmite durante las colonias estivales. En dos de los boletines dirigidos a los niños y jóvenes, describen quiénes son o fueron los “pelayos” y las “margaritas”: ellos “son la esencia que sostiene la Tradición”, a quienes se les lega el conocimiento que deben “transmitir más adelante a sus propios hijos”. Mientras que las margaritas son las mujeres carlistas, que reciben su nombre de la reina Margarita, la esposa de Carlos VII, y que “fueron primordiales” en la retaguardia durante la Guerra Civil. “La mujer en el carlismo es fiel guardiana de las tradiciones familiares, valedora de la integridad familiar y soporte de la verdadera religión, el catolicismo en el seno familiar”, añade.

Bajo el lema “la semilla de la tradición se siembra en familia”, los carlistas están reunidos para poner punto final al campamento este 14 y 15 de agosto. Dos días en los que asisten también los adultos de Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), muy activa durante todo el año y que organiza desde “rosarios por la derogación del aborto y la eutanasia” a homenajes a los “mártires de la Santa Cruzada” y difunde posicionamientos públicos en los que asegura que España vive una “dictadura partitocrática” o habla del “genocidio por el aborto provocado”.

Son solo dos casos en toda España dentro de una aplicación general de la ley, pero han generado preocupación en las asociaciones en favor del derecho a morir dignamente. Una mujer y un hombre de Barcelona llevan más de un año sin poder ver materializada su eutanasia debido a la impugnación judicial que realizaron familiares suyos, uno de ellos representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos. Pese a tratarse de procedimientos preferentes, los jueces todavía no han resuelto una batalla legal que está lejos de concluir.

“Cuantitativamente estos dos casos no son un problema sistémico, porque el resto de eutanasias se van aprobando, pero suponen una actitud muy poco ética: por defender una posición ideológica, pasan por encima de la voluntad de los solicitantes de eutanasia”, expone Cristina Vallès, presidenta de la asociación Dret a Morir Dignament.

La jurista especialista en bioética Núria Terribas, vocal de la comisión de garantía y evaluación de la eutanasia en Catalunya (el órgano administrativo formado por juristas y médicos que se encarga de valorar las solicitudes), remarca las consecuencias para los pacientes de la suspensión de su derecho a morir: “Se está alargando el sufrimiento de dos personas de forma injustificada”.

Como otros juristas, Terribas incide en que la ley no contempla que un familiar pueda recurrir la eutanasia de un pariente, sino que la tutela judicial está pensada para el caso contrario, esto es, cuando el paciente que quiere morir impugna ante el juez la negativa de la comisión a su solicitud. Terribas solo tiene constancia de esos dos recursos a la eutanasia. Durante este año, se han seguido aprobando y denegando solicitudes con normalidad pese al intento de presión de Abogados Cristianos a los profesionales médicos y legales encargados de evaluarlas.

La comisión de garantías aprobó la eutanasia de N., una joven catalana, el 15 de julio. Su padre, de la mano de los ultras Abogados Cristianos, la recurrió y desde principios de agosto permanece paralizada. Durante todo este tiempo, miembros de una comunidad católica vinculada a una parroquia de Sabadell (Barcelona) han irrumpido en la habitación de hospital donde vive N. y la han presionado a través de mensajes a su teléfono, tal y como ha desvelado elDiario.es.

El de N. fue el primer juicio en la historia de España por una eutanasia ya concedida. “Me robaron mi día”, fue la clarificadora frase que N. pronunció en la vista al lamentar el sufrimiento que arrastraba por ver en suspenso su derecho a morir. La magistrada debía decidir no solo sobre si tenía derecho a recibir la eutanasia, sino sobre si su padre estaba legitimado para recurrir.

La respuesta fue un varapalo contundente al padre y a Abogados Cristianos. La jueza dio la razón por completo a la Generalitat, que defiende a la comisión de garantías y rechazó que el padre pudiera impugnar su eutanasia. El caso ahora está a la espera, desde el pasado mes de mayo, de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se pronuncie sobre el recurso de los ultracatólicos.

En ningún momento del procedimiento Abogados Cristianos ha aportado informe pericial alguno para rebatir a los 19 juristas y especialistas médicos de la Generalitat que avalaron la eutanasia de N. De querer proseguir la batalla legal, Abogados Cristianos puede llegar al Supremo o incluso al Constitucional. Además, los ultracatólicos han alegado, sin ninguna prueba, deudas económicas de la joven para impedir su eutanasia.

También en julio del año pasado la Comisión de Garantías concedió su eutanasia al hombre de 53 años cuya familia recurrió. Su caso ha seguido un camino algo distinto al de N.: la magistrada que vio el recurso resolvió directamente, sin celebrar un juicio, que la familia no podía impugnar su eutanasia. Pero el TSJC revocó su decisión y consideró que el padre sí estaba legitimado para recurrir el derecho a morir de su hijo. La Generalitat recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión del TSJC. El Alto Tribunal todavía no se ha pronunciado.

Terribas destaca que, pese a lo inesperado de los recursos, los médicos y juristas han seguido evaluando los casos de eutanasia con normalidad. “Los profesionales que intervienen en cada paciente están tranquilos, todo el mundo trabaja con rigor. Lo que me preocupa es que a las personas solicitantes con la eutanasia que han visto su petición paralizada se las ha dejado en una situación de indefensión total”, asevera.

“En teoría son procedimientos que tendrían que ser prioritarios en el juzgado, pero llevamos meses sin que se haya movido nada”, agrega la jurista. Tanto Terribas como Vallès abogarían por una reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa-administrativa (donde se resuelven los recursos judiciales contra eutanasias ya concedidas) para que este tipo de impugnaciones tengan prioridad absoluta sobre el resto de asuntos, para evitar así la espera de los solicitantes catalanes.

La presidenta de Dret a Morir Dignament señala que Abogados Cristianos “está haciendo un mal uso de la ley y alarga el sufrimiento de una joven”. “Hay dos personas con sus derechos restringidos”, agrega Vallès, para quien las impugnaciones judiciales solo buscan, además de ir contra el solicitante de eutanasia, “poner en entredicho a la Comisión de Garantías de Catalunya, que es de la que mejor funciona en España”.

“El fondo del recurso saben que no lo pueden ganar, eso es lo más perverso, no les importan las personas”, apostilla Vallès, que también quiere destacar el resto de casos que sí se pueden llevar a cabo: “Salvo estas dos excepciones, las eutanasias se llevan a cabo con tranquilidad, con los solicitantes al lado de su familia y bien acogidos. Es un momento de final, pero tierno”.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra la humorista Ane Lindane, por “subirse al altar mayor de una iglesia, simular que se masturbaba con un crucifijo y difundir los vídeos en sus redes sociales” durante el festival Euskal Herria Zuzenean (EHZ) celebrado en Iparralde, en la localidad francesa de Arbérats-Sillègue (en euskera Arberatze-Zilhekoa). Abogados Cristianos acusa a Lindane de incurrir en un delito de escarnio (art. 525 del Código Penal) aunque la misma fundación reconoce que no se trata de un delito recogido en el código penal francés. “La actríz fue a hacerlo a Francia porque es de los pocos países europeos donde este delito no está recogido en su código penal. Esto es un claro ejemplo de lo que va a ocurrir en España si se despenaliza el delito contra los sentimientos religiosos”, critica la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

Por su parte, Lindane se ha tomado la denuncia con sorpresa, aunque reconoce que al mismo tiempo “estaba esperando” alguna reacción por parte de los sectores ultracatólicos ante sus espectáculos. “Era cuestión de tiempo que me llegara una denuncia de Abogados Cristianos. Estoy tranquila y contenta. Me ofrecieron hacer un monólogo en euskera el festival y me hacía ilusión porque nunca he actuado en Iparralde. Cuando llegué me dijeron que iba a actuar en una iglesia. Era una iglesia convencional, no desacralizada que el propio párroco les dejó porque está casi en desuso. Me flipó porque era muy bonita, di una vuelta por la sacristía y vi que había mucha ropa de curas, crucifijos y decidí improvisar”, reconoce la humorista a este periódico.

De esta manera, Lindane improvisó su entrada e inicio de su actuación tomando un crucifico y escenificando una masturbación. “Fue algo que no estaba planeado, siempre entro de forma rompedora y lo hice sin pensar. No pensaba que tendría esta repercusión. En mis monólogos hago ese tipo de cosas, aunque es cierto que nunca lo había hecho en una iglesia de verdad. Hablo de euskera, de feminismo, de política y también denuncio abusos sexuales en la Iglesia católica. Fue un honor hacer reír con esos temas dentro de una iglesia católica”, confiesa la cómica, que realizó la actuación frente a 200 personas.

Según asegura, no tiene pensado acudir a ningún abogado por la denuncia y confía que el caso quedará archivado. “Conozco el funcionamiento de Abogados Cristianos, un gran porcentaje de las denuncias que ponen al año son archivadas. Saben que son causas perdidas y en este caso ellos mismos reconocen que las leyes del Estado francés no reconocen como delito lo que yo hice. Soy cómica y esto es libertad de expresión. Lo que están haciendo con este tipo de denuncias que no llegan a ningún lado es saturar el sistema judicial que está para cosas mucho más importantes como las denuncias de malos tratos, por violación o por delitos de agresiones sexuales dentro de la Iglesia. Aunque esto parece que no les preocupa tanto a Abogados Cristianos”, argumenta.

Aunque sí que reconoce que este tipo de denuncias buscan “desgastar” a los cómicos y artistas. “Juegan al desgaste. Ellos tienen recursos económicos y mucho tiempo que perder. En mi caso no tengo problemas porque si necesitase un abogado conozco a muchos que me prestarían sus servicios por militancia, como ya lo han hecho en otras ocasiones, pero entiendo que hay a quien esto le desgasta y al final se apliquen la autocensura. Puede que me estén utilizando de cabeza de turco para que otras aprendan. En ese caso, a esas personas yo les diría que no se corten, que digan y hagan lo que quieran decir y hacer, porque para eso existe la libertad de expresión. Somos cómicas, somos artistas y tenemos no solo el derecho, sino la obligación de burlarnos y denunciar todas esas realidades horrorosas que vemos y vivimos, como son las agresiones sexuales a menores en la Iglesia Católica”, concluye Lindane.

“¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tu solo el día de Navidad”. Esta polémica frase se puede leer estos días en varias paradas del Metro de Madrid y es una campaña de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid (AFNM) que ha permitido el Gobierno de Ayuso. Según informa la asociación, pretende “cuestionar los estilos de vida actuales basados en relaciones sin compromiso, promovidos desde las redes sociales y aplicaciones de citas, que esconden un futuro marcado por la soledad”.

Lo cuentan en una nota de prensa en la que defienden un concepto de familia atrasado que se funda en el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Una de las paradas en las que se puede ver la campaña es en Chueca, donde se pueden leer otras frases como “ojalá no te confundan, puedes formar una familia que sea numerosa”. La asociación opina que estos nuevos estilos de vida “pueden parecer muy atractivas al principio, pero esconden un futuro marcado por la soledad e inestabilidad emocional”.

“Se trata de denunciar una nueva forma de esclavitud emocional, donde se normaliza el uso continuo de aplicaciones de ligue que incentivan la rotación constante de parejas”, han expresado desde la asociación. La de este año será la tercera campaña de la AFNM, tras otras dos en la misma línea y que tenía como lema 'Ten más hijos, salva el planeta' y 'Se te está pasando el arroz'.

Críticas a Ayuso por permitir la campaña

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Lorena Morales ha censurado que Metro “permite” estas campañas al tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “niega” la educación afectivo sexual. “¿Por tener varias parejas te vas a quedar solo/a en la vida? ¿Mejor lo aguantas aunque no te trate bien? ¿Este es el mensaje para la juventud?”, ha cuestionado en redes sociales.

En declaraciones a Europa Press ha recordado que esta asociación ya lanzó una campaña que advertía de que se podía “pasar el arroz” y ha vuelto a censurar la ausencia de “publicidad responsable” en el suburbano.

Por su parte, desde Metro han esgrimido que la campaña no es suya. “JCDecaux tiene actualmente la concesión publicitaria de las instalaciones de la compañía madrileña, tras haber ganado el concurso público”, han aclarado.

Y el PP lo relaciona con Ábalos

Por su parte, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha expresado que la campaña le suena “más a Ábalos que a familias”, en referencia al exsecretario de Organización del PSOE. “Así 'a priori', cuando he visto lo de 'ir de flor en flor', me suena más a Ábalos que a familias”, ha mencionado Dávila en declaraciones a los medios tras su visita a un centro de rehabilitación psicosocial.

Más allá de esto, Dávila ha preferido no entrar a valorar “una campaña en la que libremente se puede expresar una entidad”. “Es algo que libremente pueden expresar entidades privadas a través de campañas publicitarias”, ha remarcado.