Del aborto a la eutanasia: 20 años de acción judicial ultracatólica contra la ampliación de derechos

Los juzgados de Barcelona se han convertido en el principal campo de batalla de Abogados Cristianos contra la eutanasia. Además de los recursos contenciosos contra la muerte digna, la entidad ultracatólica ha emprendido ahora la vía penal contra dos de los profesionales que avalaron la eutanasia de la joven N., quien desde hace casi un año y medio espera, mientras su sufrimiento crece a diario, la respuesta de los tribunales para poder materializar su derecho a morir.

“Las acciones judiciales contra la eutanasia solo buscan atemorizar a los profesionales que evalúan las solicitudes, pero no lo conseguirán”, afirma el abogado y miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Catalunya Ramon Riu, que anticipa un archivo del caso penal y un aval del Supremo a la eutanasia de N., pero con un perjuicio: “Se prolonga el tema solo para hacer ruido y alargar el sufrimiento de los pacientes”.

Acudir a los tribunales para extender a la Justicia una batalla política que no se gana en la calle o el Parlamento no es algo inédito entre los colectivos ultracatólicos: hace 20 años, el caballo de batalla fue el aborto, con la causa penal del doctor Morín (fallecido en 2022) como exponente. En aquella ocasión, fue la entidad E-Cristians, con un amplio historial de campañas y pronunciamientos antiabortistas en Catalunya, quien acudió a los tribunales contra el médico y empresario de dos clínicas privadas de interrupción del embarazo. 

A caballo de reportajes sensacionalistas en la prensa británica y danesa sobre los abortos que se practicaban en las clínicas y de testigos protegidos que se retractaron en el juicio, E-Cristians presentó una denuncia en 2007 contra Morín, los psiquiatras y anestesistas que colaboraban con sus centros. Y hasta pidió imputar a 21 mujeres, que llegaron a tener que comparecer como investigadas. La causa se terminó archivando para ellas, pero luego tuvieron que testificar y rememorar su traumática experiencia en la vista oral.

En 2013 la Audiencia de Barcelona absolvió a Morín y al resto de acusados, aunque el juicio tuvo que repetirse tres años después ya que el Supremo anuló la primera sentencia al considerar que no se habían valorado a los periodistas de la televisión danesa que habían hecho un reportaje con cámara oculta en sus clínicas. 

Tras un nuevo juicio, Morín fue condenado por tres abortos ilegales al considerar “defectuosa o insuficiente” la elaboración del dictamen psiquiátrico que debía acompañarles, pero lejos de los relatos de terror planteados por las acusaciones, a quien la primera sentencia llegó a reprochar su “insistencia casi obsesiva” en la presencia de un triturador en la clínica, algo evidente en un centro médico.

Junto a Morín, la otra diana de los colectivos antiabortistas fue la clínica Isidora de Madrid. Tras una denuncia de la plataforma antiabortista La Vida Sí Importa, un juez abrió un caso en el que 25 mujeres, usuarias del centro, fueron llamadas a declarar como testigos, y tres médicos fueron imputados. El caso se terminó archivando por ausencia “del más mínimo indicio de delito”, según el auto del juez.

Las acciones judiciales ultracatólicas terminaron empujando al histórico cambio legal de 2010, actualmente en vigor y que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. Así se abandonó la anterior ley de 1985, que despenalizó el abortó en solo tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación el feto.

Las recientes acciones judiciales de Abogados Cristianos contra la eutanasia provocan que, desde hace 16 meses, tanto la joven N. como un hombre de Barcelona de 54 años no puedan ver materializado su derecho a morir dignamente. Ello incrementa a diario sus padecimientos físicos y psicológicos, tal y como trasladó a los jueces la joven en una carta en la que denunció las presiones para que renunciara a la eutanasia de colectivos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó parte de su infancia.

Desde Derecho a Morir Dignamente en Catalunya, Ramon Riu ha planteado a los partidos una reforma en la ley de la jurisdicción contenciosa para que los recursos contra la eutanasia (ya sean de familiares en contra o de pacientes a los que la Comisión de Garantía ha rechazado su solicitud) se solventen con mucha más celeridad y evitar así que se repitan casos como el de N.

“Los recursos por la ley electoral u otros derechos como el de reunión y manifestación se sustancian en 20 días y después solo se pueden recurrir ante el Constitucional. ¿Por qué no hacerlo en contextos de sufrimiento como el eutanásico?”, reflexiona Riu. Acortar los plazos para resolver los recursos permitiría, argumenta el abogado, achicar la grieta hallada por Abogados Cristianos a la ley de eutanasia.

Además de los plazos, la otra disputa jurídica que se resolverá en 2026 es la de la legitimación de los familiares para recurrir eutanasias: el Supremo determinará si un padre u otro familiar puede impugnar judicialmente el reconocimiento de la prestación de eutanasia realizada por el comité científico y jurídico “a un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida”. La ley estaba pensada para que los recursos los interpusieran los pacientes con solicitudes denegadas, y no los familiares que se oponen a la eutanasia (el derecho es del paciente, no del familiar).

En paralelo al Supremo, un juzgado de Barcelona tendrá que decidir si imputa a un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que Abogados Cristianos acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

Antes de resolver si investiga formalmente por primera vez en España a dos profesionales que evalúan las eutanasias, la magistrada ha pedido el expediente completo de la causa en el juzgado contencioso del caso de N. En el juicio, los profesionales explicaron que, como la de N. era una petición compleja, tuvieron que manifestar un desacuerdo entre ellos para que el caso fuera elevado al pleno de 19 profesionales de la Comisión.

La magistrada de lo contencioso avaló por completo la actuación de los profesionales, pero aun así Abogados Cristianos se ha querellado contra ellos. “No se aprecia ningún indicio de delito en la actuación de los profesionales de la dupla. En el informe se hace constar que la jurista considera que el caso genera dudas, lo que concuerda con el carácter complejo del caso que, según han manifestado en juicio, les llevó a elevar la decisión al pleno de la comisión”, resolvió la magistrada en la sentencia que avaló la eutanasia a la joven.

Para Riu, esta querella “quedará en nada”, aunque destaca el “tiempo y dinero perdido” que ocasionará la acción legal de Abogados Cristianos. La preocupación del abogado está en los dos pacientes que esperan al Supremo para poder morir en paz: “Están sufriendo cada día, llevan casi un año y medio, y van a peor”.