La consejera de la Región de Murcia Carmen Conesa, dará el salto a la política nacional en las elecciones generales del 29N. Tal y como ha adelantado el diario local La Verdad, la titular de la cartera de Turismo, Cultura y Deportes, será la número tres en la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la circunscripción de la Región de Murcia. El primer puesto lo ocupa la actual portavoz del PP en la Comisión de Industria y Turismo en el Congreso y portavoz adjunta del Grupo Popular, Miriam Guardiola.

López Miras deberá buscarle un sustituto a Conesa para antes del próximo 26 de octubre. La consejera deberá abandonar su puesto en el Ejecutivo regional en los próximos días, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La norma establece como una incompatibilidad el hecho de compaginar un cargo en una administración regional con el trabajo parlamentario en la Cámara Baja.

Un nuevo movimiento en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia tan solo cinco meses después de que López Miras nombrase Joaquín Buendía como nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y a Isabel Ayala como nueva titular de la cartera de Salud, unos cambios que coincidieron con la crisis producida por la conocida como 'trama de las prótesis' en el seno del Sistema Murciano de Salud.

No es el único nombre que da el salto a la política nacional, el concejal de cultura y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, será el número dos en esta lista. A diferencia de en el caso de Conesa, Avilés podrá compaginar ambas responsabilidades.

En las anteriores elecciones generales del 2023, los populares obtuvieron en la Región de Murcia un total de cuatro parlamentarios en el Congreso de los Diputados, mientras que el PSOE se quedó con tres, Vox obtuvo dos y Podemos solo uno.

La Junta Electoral Provincial de Murcia ha archivado de forma unánime la denuncia del PSOE contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por criticar a Pedro Sánchez durante una declaración institucional en el Palacio de San Esteban posterior al anuncio de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los socialistas solicitaron la apertura de un expediente sancionador contra el jefe del Ejecutivo regional por una posible vulneración de la Ley Electoral, al tiempo que exigieron la retirada del vídeo de la comparecencia de la página web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de todas las redes sociales.

En su resolución, aunque la Junta Electoral no considera que los mensajes del presidente de la Región de Murcia fueran políticamente neutrales, ha recordado que se pronunciaron antes de que comenzase legalmente el periodo electoral. Y es que, las declaraciones se produjeron el 5 de octubre, mientras que la convocatoria electoral no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el día 6.

Es por ello que la Junta Electoral va a permitir que continúen en línea el vídeo de la declaración institucional, además de las publicaciones en redes sociales: “No existe norma ni criterio interpretativo que establezca que, iniciado el periodo electoral, todas las noticias publicadas referidas a actos anteriores, por tanto, válidos, deban retirarse”, ha detallado la resolución.

“López Miras no puede utilizar la Presidencia de la Comunidad y el Palacio de San Esteban para hacer campaña contra el Gobierno de España. Una cosa es que hable como presidente del PP en un recinto privado y otra muy distinta que utilice una institución que pertenece a todos los murcianos para lanzar un mitin contra un partido político”, señaló la portavoz del Partido Socialista en la Región de Murcia, Isabel Gadea.

“¡Gentuza, cabrones!”, han sido algunas de las lindezas que ha proferido la concejala de Participación Ciudadana de Torre Pacheco, Ginesa Conesa (PP), a los manifestantes acampados por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid.

Las imágenes, publicadas por la propia concejala en sus redes sociales, la muestran grabándose en la plaza, junto a la Real Casa de Correos y a pocos metros de las tiendas del campamento.

“Sindicalistas, coméis del pesebre del sindicato”, ha vociferado directamente a los manifestantes. Mientras tanto, un grupo numeroso de personas encapuchadas y con el rostro tapado se colocaba frente al campamento. En la concentración se exhibieron banderas preconstitucionales y simbología de la ultraderecha y se realizó el saludo fascista.

La edila no solo ha dedicado insultos a los manifestantes de Sol, también cargó contra el presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez, a la mierda”. La concejala ha alternado los improperios con alabanzas al rey: “¡Viva España y viva el Rey!”.

Tras lo ocurrido, el PSOE ha exigido a Ginesa Conesa su dimisión inmediata y ha pedido al alcalde que la cese de forma “fulminante” y le retire las delegaciones de Pedanías y Participación Ciudadana. “Si el alcalde la mantiene en el gobierno, estará avalando que una concejala suya se codee con la ultraderecha más violenta. El silencio del PP también será una respuesta”, ha advertido la portavoz.

En la movilización ultra contra los acampados de Sol, se vieron banderas y saludos franquistas. Cinco personas han sido detenidas y un policía ha resultado heridos por los incidentes que provocaron.

López Miras tilda la acampada de Sol de “insalubre”

Tras los ataques que sufrieron los acampados en la Puerta del Sol por grupos de extrema derecha, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha rechazado desde Bruselas “cualquier actitud violenta” y “agresiva” como las que se sufrieron en el centro de Madrid.

En el mismo aliento, llamó a reflexionar contra la naturaleza de la acampada: “No es normal que una manifestación esporádica, que una acampada coyuntural, se esté convirtiendo en un asentamiento estructural y permanente”.

Según el jefe del Ejecutivo regional, la acampada, “sin agua corriente, sin electricidad, sin energía y sin unas condiciones mínimas de higiene y sanidad”, muestra unas condiciones “insalubres”.

El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) ha denunciado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ante la Junta Electoral Central por la utilización del Palacio de San Esteban para realizar “un acto de marcado carácter partidista” inmediatamente después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

El PSRM ha solicitado la apertura de un expediente sancionador a Fernando López Miras “por vulnerar la Ley Electoral”, así como la retirada del vídeo de la web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de todas las redes sociales.

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, considera que López Miras ha vuelto a utilizar una institución pública “como si fuera la sede del Partido Popular” y reclama que la Junta Electoral determine si su actuación vulnera el principio de neutralidad institucional y las limitaciones establecidas por la legislación electoral.

“López Miras no puede utilizar la Presidencia de la Comunidad y el Palacio de San Esteban para hacer campaña contra el Gobierno de España. Una cosa es que hable como presidente del PP en un recinto privado y otra muy distinta que utilice una institución que pertenece a todos los murcianos para lanzar un mitin contra un partido político”, ha señalado.

La portavoz socialista ha recordado que el propio López Miras ya tiene un precedente en esta materia. En mayo de 2023, durante la campaña electoral de las autonómicas, el entonces candidato del PP presentó en el Palacio de San Esteban el Torneo Carlos Alcaraz. La Junta Electoral Provincial concluyó que la nota de prensa, las intervenciones de López Miras y la elección de la fecha del acto tenían “connotación electoralista” y suponían una “infracción electoral”.

“Es especialmente grave que tengamos que volver a denunciar al presidente por utilizar San Esteban con fines políticos cuando ya existe una resolución de la Junta Electoral que le advirtió precisamente por un acto de estas características en el mismo lugar”, ha afirmado Gadea.

La portavoz del PSRM también ha recordado que en aquella campaña electoral la Junta Electoral Central llegó a incoar un expediente a López Miras por utilizar su correo oficial como presidente de la Comunidad para enviar a los funcionarios una comunicación sobre la jornada laboral de 35 horas.

“Los antecedentes son claros. Los recursos y los espacios de la Administración no pertenecen al Partido Popular. Son de todos los ciudadanos y deben utilizarse con absoluta neutralidad, especialmente cuando estamos ante un proceso electoral”, ha subrayado.

“Lo que hizo López Miras en San Esteban este lunes no fue una comparecencia institucional para informar a los ciudadanos. Fue una intervención partidista en la que atacó al Gobierno de España y presentó las urnas como una oportunidad para cambiarlo. Y todo ello desde la sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, ha añadido Gadea.

En este sentido, Gadea ha reclamado a López Miras que “deje de confundir sus responsabilidades como presidente de la Comunidad con sus intereses como presidente del Partido Popular de la Región de Murcia”.

“San Esteban no es la sede del PP ni la Presidencia de la Comunidad el cortijo electoral de López Miras. Los medios y las instituciones públicas no están para hacer campaña ni para servir a los intereses de un partido, son patrimonio de toda la ciudadanía y no vamos a consentir que se usen con fines partidistas”, ha concluido la portavoz del PSRM-PSOE.

Dos decretos fracasados y acampadas repartidas por todo el país. En tan solo una semana, el tablero de juego de la vivienda ha dado un vuelco dos veces, volviendo al punto de partida después del ‘no’ de PP, Vox y Junts a apoyar las medidas. Mientras las fichas continúan moviéndose, se siguen firmando desahucios. Una realidad que Dani, Aurora y sus tres hijos tienen muy presente, después de conseguir parar por segunda vez su 'lanzamiento'. “Estamos más tranquilos que en verano. Por lo menos, tenemos una puerta abierta a negociar con el fondo, que es lo que nosotros queríamos”, celebra Dani. Hace medio año, la pareja recibió “por sorpresa” una carta de desalojo para ellos y sus tres hijos de 10, 17 y 23 años, este último con un 45% de discapacidad. “Vino un representante del fondo con un cerrajero a cambiar la cerradura. Menos mal que mi mujer estaba ese día en casa”.

“Nos llamaron okupas y nos dijeron que nos teníamos que marchar”, recuerda Dani. La familia, que lleva 19 años viviendo en el piso, nunca ha dejado de pagar el alquiler, tampoco las facturas de luz, comunidad y agua. Les desahuciaban, explica Dani, porque el juez no admitió la validez de su contrato de alquiler: “No hicieron valer ni el contrato, ni los pagos, ni nada”. La primera orden de lanzamiento llegó el pasado 30 de julio. En ese momento, gracias a la acción de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la presión social, se logró aplazar hasta el 28 de septiembre.

De acuerdo con el afectado, el anterior propietario dejó de pagar el piso, que acabó en manos de una entidad bancaria y, finalmente, de un fondo de inversión: “En ningún momento nos notificaron que esta vivienda se dejó de pagar, ni que se había subastado, ni que había pasado a ser propiedad de un fondo”.

“Vino un perito a echar fotos”

En otras palabras, entidades bancarias y fondos de inversión tuvieron conocimiento de la venta del piso mucho antes que los propios habitantes de la vivienda, que descubrieron lo ocurrido cuando ya era demasiado tarde: “El banco nunca nos informó de la subasta, ni nos ofreció la posibilidad de comprar. Ellos sabían que el piso estaba en alquiler. Hace tiempo, no sé si porque el propietario intentó revisar la hipoteca o algo así, vino un perito del banco a echar fotos y a ver el piso”.

Como muchos otros, la familia vivió este proceso a ciegas: “No teníamos ninguna forma de contactar directamente con el fondo. Simplemente, nos vinieron del juzgado que teníamos que abandonar la vivienda”.

Ahora, con la posibilidad de un acuerdo sobre la mesa, Dani se muestra “esperanzado”: “Esperamos llegar a un acuerdo. Desde un principio trasladamos nuestro deseo de adquirir la propiedad”.

Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, se han producido 45 desahucios al día en España y dos diarios en la Región de Murcia en los primeros tres meses de 2026.

“Solo a finales de este mes de septiembre teníamos diez desahucios, hemos conseguido parar al menos ocho. No paran de llegar”, describe José Antonio Vives, portavoz de la PAH en Murcia. La repercusión que tiene el caso de Maricarmen ha sido fundamental, ha sido la gota que ha culminado el vaso, pero detrás hay muchos casos“.

La Paz, en el punto de mira

La familia de Aurora y Dani reside en el humilde barrio de La Paz, una zona que, por su proximidad al centro de Murcia, ha atraído la atención de fondos de inversión: “Sabemos que le ha pasado a más gente. Ha habido más desahucios en la zona, aunque desconozco sus circunstancias”, explica Dani.

De acuerdo con los datos del INE, la renta media anual de la zona apenas supera los 8.000 euros anuales, un 43% menos que la media del municipio. “En el barrio viven muchas familias vulnerables allí que se estaban acogiendo al escudo social. Ahora los fondos están reactivando las ejecuciones”, resume Vives. El pasado febrero, PP, Vox y Junts tumbaron por segunda vez el decreto que incluía la renovación del escudo social: “Han pasado seis meses, hemos visto una explosión de casos”.

Ahora que los nuevos decretos de la vivienda han caído tras el voto en contra de las derechas, Vives afea el rechazo del Gobierno regional a poner en marcha los controles del precio de la vivienda y el alquiler vigentes en la Ley Estatal de Vivienda: “No se ha hecho nada. En Barcelona con los mecanismos aplicados la han bajado un 7%. Puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si no las aplicas no sirven de nada”. Pese a que en 12 municipios hay barrios que cumplen los requisitos para declararse zonas de mercado tensionado, el Gobierno regional se ha negado a ello. En noviembre del año pasado el Ejecutivo regional sorprendió, además, al denegar ayudas directas al alquiler ya concedidas a miles de jóvenes desde 2023, alegando falta de presupuesto: “Se ha dispuesto denegar la ayuda al no haber crédito suficiente para la concesión y pago a dichos expedientes”, justificaron.

La Consejería no especificó ni el número de personas que se habían beneficiado de esa subvención ni cuántas se quedaron fuera del proceso, pero insistió en que el importe aportado bajo el marco del Plan Estatal de Vivienda resultó “escaso” para sufragarlas: “El crédito restante [destinado a la ayuda] son 6141,45 euros (3853,25 euros en 2025 y 2288,20 euros en 2026)”, defendió Fomento en una carta enviada a los solicitantes, indicando que la cantidad del siguiente expediente para conceder (12.420,00 euros) “superaría la cantidad del crédito restante”.

Ahora, en plena crisis de la vivienda, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado “la mayor convocatoria de ayudas al alquiler de los últimos años” con 16 millones para llegar a 2.300 jóvenes.

La Región de Murcia ha experimentado uno de los mayores encarecimientos en los precios de la vivienda libre en los últimos meses. Según el INE, el incremento fue de un 15,6% en el primer trimestre de este 2026. El precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3%. Unos porcentajes que superaron con creces a la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Más de medio año después de la crisis interna de Vox, con implosiones en Madrid, la Región de Murcia y Castilla y León, Santiago Abascal aún no ha conseguido recoger todos los escombros. Después de que Vox expulsase del partido a su antiguo presidente provincial y portavoz del grupo en el Parlamento murciano, José Ángel Antelo, el diputado no ha abandonado su escaño en la Asamblea Regional. Permanece en el Grupo Mixto junto a otra desencantada de la formación de extrema derecha, Virginia Martínez.

Frente a otros residuos que los de Abascal han logrado depurar del resto de parlamentos regionales, Antelo y Martínez representan en Murcia la fragmentación de la extrema derecha y tienen el potencial de cambiar el tablero político de la Comunidad. El PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, podría desembarazarse de la dependencia que hasta ahora ha mantenido con Vox. “Con la implosión de Vox, se abren las posibilidades de negociación a Fernando López Miras. El PP es el principal beneficiario en el corto plazo de esta escisión del partido de Vox”, apunta el director técnico del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) de la Universidad de Murcia (UMU), Alberto Mora.

“Vamos a un modelo de final de legislatura más transaccional, con una negociación casi iniciativa por iniciativa. Tanto a Vox como a Antelo se les plantea un reto porque, por un lado, tienen que diferenciarse entre ellos, y por otro tienen que conseguir ser visualizados por parte de la opinión pública como partidos posibilistas, de gestión”, abunda.

De esta forma, podríamos estar ante unas negociaciones presupuestarias muy diferentes a las del pasado ejercicio. Entonces el proceso fue agónico, sellado en junio, y los populares tuvieron que ceder, concesión tras concesión, para contentar a los de Abascal, siendo las más polémicas el cierre de un centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz y la eliminación de subvenciones a sindicatos y patronal.

“Tanto Antelo como Vox tienen que sacar rédito en este proceso de negociación, ya sea con una modificación de la Ley del Mar Menor o con cuestiones vinculadas a la seguridad y la migración. Tienen que sacar partido, pero no pueden ser especialmente incisivos o duros en el proceso de negociación con el Gobierno regional porque tienen que competir entre ellos”.

Por su parte, el codirector del CEMOP, Ismael Crespo, duda de que López Miras se arriesgue a negociar con Antelo: “Sacar los presupuestos adelante con Antelo tendría un coste político muy bajo. El problema es que al año siguiente, el PP gobierna con Vox. No le conviene enfadarlos [a los de Abascal]”. “Tampoco creo que vaya a haber presupuestos, no le veo sentido. Sería una negociación que se comería prácticamente todo el primer cuatrimestre del año próximo, le darían el dominio de la actualidad a Vox. El PP se quedaría recibiendo golpes y desgaste parlamentario”.

¿Cuánto le queda a Antelo en el Parlamento murciano?

Posiblemente, el principal factor que disuade a López Miras de negociar con Antelo es que duda de su supervivencia. “Habrá que ver si Antelo logra finalmente cristalizarse en un nuevo partido político o en una agrupación de electores, y presentarse a las elecciones”, señala Mora.

“Pero no es solamente crear un partido político y crear estructuras, es tener las élites suficientes para poder conformar una candidatura y tener cierta vertebración territorial. Y eso es difícil”, describe el politólogo. “Para tener una plataforma tiene que haber una coalición detrás, tanto económica como social. Y no veo incentivos en los sectores que están apoyando a la extrema derecha en la Región de Murcia para cambiar los huevos de cesta”, observa Crespo.

Incluso si Antelo consiguiera crear una formación política solvente, debería enfrentarse a la aritmética electoral. “De crear un partido, se abre otro de análisis político porque tendría que alcanzar el 3% de los votos en la Región de Murcia. No es sencillo, tendría que conseguir en torno a unos 20.000 votos aproximadamente”, cuantifica Mora. “Es verdad que Antelo parte de una posición, digamos, ciertamente ventajosa, al haber liderado Vox durante un tiempo y tener niveles de conocimiento razonablemente altos”.

El último barómetro del CEMOP, con muestras que se tomaron hasta el 6 de febrero, tan solo unas semanas antes de que Antelo fuera expulsado de Vox, el político quedó en segundo puesto en los índices de conocimiento del candidato y valoración, con casi un 62% de conocimiento y una nota de 3,5 sobre 10. Respecto a la evaluación que realizaban sus propios votantes, empató con López Miras con un 6,6: “[Antelo] está en una posición favorable para empezar a competir, porque el nuevo liderazgo de Vox todavía está por configurarse”, analiza Mora.

Por su parte, el codirector del CEMOP no observa estos datos con tanto optimismo. “El PSOE había cambiado de líder. Entonces [Francisco Lucas Ayala] era una persona un poco más desconocida. Antelo llevaba muchos años bregando y María Marín [Podemos] suele mantener esos índices”, recuerda, concluyendo que no ve signos de que Antelo vaya a consolidar una posición si no tiene ayuda externa.

Mientras, conviene recordar que Antelo no se ha pronunciado sobre su voluntad de constituir un partido político. “Espinosa de los Monteros ya comentó que se estaba planteando hacer una plataforma entre algo de lo que quedaba por ahí de Ciudadanos y Vox. Una opción para ellos sería que utilicen Murcia como experimento, lanzando una plataforma aquí”, teoriza Crespo. Pero el tiempo, recuerda el politólogo, “se les va agotando”.

Alvise, ¿competencia de Vox en Murcia?

Mientras que Antelo —por el momento— no tiene plataforma ni apoyos, hay una formación que ya ha obtenido resultados. “No descarto que Alvise vaya a rozar la entrada en la Asamblea Regional”, apunta Crespo.

Tal y como recuerda el politólogo, el partido de Alvise, Se Acabó La Fiesta (SALF), obtuvo buenos resultados en ecosistemas políticos similares al de Murcia. “Almería es un referente para nosotros porque se comporta de forma muy parecida a Murcia. En esta provincia Alvise ha conseguido el 2,9% de voto en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía”, señala. “En Aragón obtuvo 17.000 votos. Si tenemos en cuenta que Murcia tiene una mayor concentración de territorio urbano, Aragón tiene la misma población electoral que Murcia [poco más de un millón]. Alvise sacó 17.000 votos, que fue el 2,7%”.

Mientras que, tal y como recuerda Crespo, Antelo necesitaría de los apoyos tradicionales para prosperar como partido, la formación se mueve por unos códigos novedosos que podrían garantizarle votos también en la Región de Murcia: “Alvise vive en un ecosistema diferente, de Telegram y redes sociales. No necesita el apoyo de, por ejemplo, un empresario. Le veo con más posibilidades”.

¿Qué papel asume el PP?

El pasado 27 de agosto, López Miras abrió el curso político murciano con un duro discurso antimigratorio llegando a pedir la intervención militar: “Pido al presidente del Gobierno, ante su pasividad e inacción y comprobando que la situación está lejos de estar controlada, que active los medios necesarios, incluso los militares”.

“Da la sensación de que, digamos, el PP ha recuperado cierta iniciativa en esos espacios o esos temas de discusión en la agenda política. También es verdad que la agenda mediática y la agenda pública en general están condicionadas por estas cuestiones y ha dejado de estar a la expectativa de por dónde va Vox”, observa Mora.

Referirse a una embarcación con migrantes a bordo como una “narcolancha” o describir a sus ocupantes como “encapuchados” son términos que se estrenaron en esa comparecencia del presidente murciano. Pero la estrategia detrás de este vocabulario, tal y como indica Crespo, viene de Madrid: “El Partido Popular de la Región de Murcia vive sobre la base de los argumentarios del PP nacional de Génova. No creo que tenga un discurso propio y menos en temas nacionales como la inmigración”.

“Quizá nos puede sorprender un poco más porque López Miras suele ser más cauto en este tipo de cuestiones. Pero creo que está repitiendo una estrategia del Partido Popular: endurecer su discurso para asemejarse a Vox en los puntos de anclaje que tiene con el voto, los de inmigración y seguridad”, abunda. Para el codirector del CEMOP, esta estrategia de los populares viene tarde: “La batalla por el tema de la inmigración y la seguridad ya está perdida. El votante de centro moderado, con este tipo de discursos, se aleja del voto al PP”.

El 22 de mayo no cabía un alfiler en la sala de plenos del Ayuntamiento de Murcia. Más de 200 personas arroparon la toma de posesión de Rebeca Pérez como nueva alcaldesa, en un acto que sirvió también para escenificar el respaldo del Partido Popular a la sucesora del fallecido José Ballesta. Entre los asistentes estaban el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, una representación de peso que llegaba después de que, apenas diez días antes, Alberto Núñez Feijóo hubiera viajado a Murcia tras el fallecimiento de Ballesta y coincidido con Pérez, entonces alcaldesa en funciones, y con López Miras.

La fotografía de aquel día y la presencia de Tellado en la investidura dibujaron el cierre de filas de las direcciones regional y nacional del PP en torno a la nueva alcaldesa.

“Más allá de su carácter simbólico, ese respaldo conjunto responde a una lógica claramente estratégica”, valora el politólogo Alberto Mora, director técnico del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia (UMU). El objetivo, explica, era cerrar cuanto antes cualquier posible crisis de sucesión, despejar las dudas sobre el liderazgo y evitar que Pérez afronte las elecciones de 2027 bajo la sombra de la provisionalidad. Pero la operación trasciende el ámbito municipal: “Murcia es una plaza central para el PP, no solo en el ámbito regional, sino también en su estrategia nacional”, subraya Mora.

Con el respaldo del partido asegurado, Pérez afronta ahora el reto más complejo: dejar de ser la sucesora de Ballesta para construir un liderazgo propio. Para ello, apunta el analista, tendrá que demostrar capacidad de gestión y establecer un vínculo propio con la ciudadanía, también a través de una comunicación eficaz de esa gestión.

La propia alcaldesa sitúa su mandato en ese equilibrio entre continuidad y cambio. En el balance de sus primeros cien días, asegura que ha tratado de “preservar un legado” y una forma de entender Murcia que compartió durante años con Ballesta, pero también de “imprimir mi propia manera de gobernar”, basada, dice, en la cercanía, la escucha y la presencia en barrios y pedanías.

Pérez asegura que su llegada a la alcaldía ha supuesto una etapa de “aprender, escuchar y, sobre todo, trabajar”, pero evita presentar estos primeros meses como una ruptura con su antecesor. Su objetivo sostiene, es que el Ayuntamiento mantenga en marcha los grandes proyectos mientras ella imprime su propio estilo al Gobierno municipal.

El portavoz socialista del Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, descarta cualquier tipo de ambigüedad en el balance y aprecia en el Gobierno de Pérez “una continuidad en la política del anuncio que se ha hecho ya”. “Desde que está gobernando el PP hace 30 años no se ha hecho nada relevante en Murcia. Hacen grandes promesas, continuos proyectos que suponen cambios 'históricos' y luego publicitan que han cambiado cuatro farolas o que se han construido 20 metros de acera”.

Murcia sale mal parada al ser comparada con la evolución reciente de otras capitales de provincia cercanas como Almería, Granada o Alicante, a ojos de Ruiz Maciá. “Estamos hablando de que para el nuevo plan de ordenación están diciendo como objetivo terminar las costeras, que se tenían que haber finalizado hace 15 o 20 años. ¿Entonces, como el tranvía, como el transporte público? Hay una política de conformismo porque hay una política de anuncio, cartel y espectáculo, como la del árbol de navidad”, apunta el portavoz socialista, al tiempo que señala los problemas de limpieza que experimenta la ciudad y la situación de abandono en la que se encuentran muchos de sus colegios públicos.

Una nueva etapa en el Ayuntamiento

Una de las primeras decisiones que ha marcado esa nueva etapa ha sido el relevo de Mercedes Bernabé por Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad, como portavoz del grupo municipal. Mora considera que el cambio es relevante porque modifica la forma en la que el Ejecutivo municipal fija posición y responde a la oposición y ve en Avilés un perfil coherente con el tono que Pérez quiere imprimir a su mandato.

La alcaldesa confirma esa lectura, aunque evita presentar el relevo como una enmienda a la etapa anterior. Avilés, afirma, representa una “voz joven, preparada y muy vinculada a Murcia”, mientras que el cambio responde a la voluntad de “aprovechar al máximo las capacidades” del equipo en una “nueva etapa”.

Pérez reivindica además un tono de “cercanía, serenidad y diálogo” y asegura que se puede discrepar con firmeza “sin convertir la política municipal en una confrontación permanente”. Avilés, cofrade del Perdón desde su nacimiento hace 34 años, forma parte de la Ejecutiva del partido desde 2022 y ha destacado durante esta legislatura por su buen talante con el mundo de la cultura y el resto de grupos políticos.

La lectura que hace Ruiz Maciá de este movimiento político es que la regidora murciana quiere revitalizar el grupo municipal de cara a las próximas elecciones, darle continuidad a Avilés y “ponerlo más en el escenario”. “Pero más allá de eso, no creo que vaya a cambiar nada”.

En su primera intervención como portavoz del grupo municipal popular el pasado 19 de agosto, Avilés hizo una declaración de apoyo a los vecinos de Ceuta “ante la grave crisis migratoria y de seguridad que se ha generado en nuestro país”, mientras que la semana pasada hizo lo propio con la llegada en los últimos días de “centenares de inmigrantes ilegales” a las costas murcianas, hecho que llevó a López Miras a pedir la intervención del Ejército el pasado jueves.

La primera crisis importante de su Gobierno ha llegado, precisamente, en el terreno de la gestión interna, con el conflicto protagonizado por su primer teniente de alcalde, José Guillén, quien habría ordenado a trabajadores de la contrata de Parques y Jardines a acudir, en horario laboral, como público a una conferencia suya en las jornadas del Tour del Talento celebradas el 27 de mayo en el Auditorio Víctor Villegas. Para Mora, el episodio supone uno de los primeros focos de desgaste y una prueba de la capacidad de Pérez para gestionar los conflictos dentro de su propio equipo.

Su impacto electoral, sin embargo, todavía resulta difícil de medir. “A esta distancia de las elecciones, el caso Guillén difícilmente condicionará por sí solo el voto”, apunta el politólogo Alberto Mora. El riesgo aparecería si deja de percibirse como un episodio aislado y la oposición consigue integrarlo en un relato más amplio sobre el funcionamiento del Gobierno municipal.

Para el portavoz socialista municipal, la alcaldesa de Murcia se puso de perfil en aquel momento: “Sabe perfectamente de las irregularidades que se cometieron y que era algo totalmente reprochable”. “Seguimos teniendo una forma de gestionar lo público al servicio de lo privado. Nadie del equipo de gobierno ha intentado corregir lo ocurrido y, en cambio, se me ha reprobado a mí, pero ahí están los vídeos y los audios”.

Pérez, preguntada por si la gestión de su primer teniente de alcalde estuvo a la altura, evita entrar en una valoración política del conflicto. Asegura que se dieron “las explicaciones oportunas” y que su obligación como alcaldesa es conocer los hechos, escuchar las distintas versiones y actuar sobre esa base, “no según titulares ni exigencias políticas”.

Proyectos frente a la acusación de inmovilismo

El portavoz socialista, quien abandonó Podemos en febrero de 2023 y ha sido comparado con Zohran Mamdani por su estilo de comunicación en las redes sociales, también reivindica de forma contundente que Murcia necesita una adaptación a la nueva situación del clima. “El que no quiera ver que no se puede vivir durante casi cuatro meses al año, pues tenemos un problema muy serio”.

Más allá de las polémicas, Pérez quiere que su primer año quede asociado a la gestión. Frente a la acusación de “inmovilismo” que le atribuye el PSOE, la alcaldesa reivindica una Murcia “más preparada, más abierta y más conectada” y otra dimensión vinculada a la conservación del patrimonio y la identidad del municipio.

Entre las actuaciones que destaca están el nuevo modelo de transporte público, el protocolo para abordar los problemas de inundaciones, el Plan de Acción Integral para las pedanías, la recuperación del yacimiento de San Esteban y distintos proyectos de infraestructura verde. También sitúa como uno de los hitos de estos primeros meses la llegada a Murcia del nuevo centro tecnológico de Quantix.

Pérez cifra en 731,5 millones de euros la licitación del nuevo modelo de transporte público y en 40 millones la inversión prevista por Quantix, con 250 empleos altamente cualificados.

Ese será precisamente uno de los terrenos sobre los que se medirá su liderazgo en los próximos meses. Mora considera que el margen de error todavía existe, aunque se irá reduciendo a medida que avance el mandato. “Un gobierno puede salir airoso de varias polémicas si no afectan a cuestiones centrales para los ciudadanos o si logra corregirlas con rapidez”, señala.

El examen de 2027

La batalla electoral de 2027 se jugará, según Mora, en dos terrenos. Por un lado, el PP tendrá incentivos para nacionalizar la competencia y aprovechar la lógica de bloques y la confrontación con el Gobierno central, un terreno que moviliza con eficacia al electorado de la derecha. Pero esa estrategia puede convivir con otra operación en clave municipal: asociar a Pérez con “la cercanía, la capacidad de gestión y la estabilidad”.

El riesgo para los populares es que la nacionalización del debate termine reforzando también a Vox e intensificando la competencia dentro del espacio de la derecha.

La alcaldesa, mientras tanto, insiste en desmarcar su discurso de la cuenta atrás electoral. El respaldo público de Feijóo y López Miras a su candidatura para 2027 fue, reconoce, recibido con “emoción, humildad y una enorme responsabilidad”, pero considera que el verdadero respaldo tendrá que llegar de los ciudadanos: “Ese respaldo hay que ganárselo cada día en la calle y serán los murcianos quienes finalmente juzguen nuestro trabajo”.

La oposición parte de una situación más complicada, según Mora, por su menor visibilidad. Su reto no será únicamente conseguir que los electores conozcan a sus candidatos, sino asociarlos con un proyecto reconocible y con una expectativa creíble de gobierno.

Para el PSOE, además, existe el desafío de movilizar a un electorado que “viene mostrando más dificultades de activación”. Si la elección queda absorbida por la política nacional, los socialistas competirán “en un terreno menos favorable”. Si, por el contrario, consiguen municipalizarla y convertirla en una evaluación de la gestión y del futuro de la ciudad, tendrán “más margen para hacer competitiva la elección”.

Ahí quedará una de las principales incógnitas de estos primeros cien días: si Rebeca Pérez conseguirá convertir la sucesión de Ballesta en un proyecto político propio o si su mandato acabará siendo leído como una continuidad de la etapa anterior.

“Hablamos mucho de que somos el séptimo municipio de España, pero no tenemos los servicios ni la calidad de vida que le corresponden”, valora Ruiz Maciá.

La intervención del ejército como medio disuasorio. El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido a Pedro Sánchez que despliegue a los militares para vigilar las costas de la Comunidad de la migración ilegal: “Pido al presidente del Gobierno, ante su pasividad e inacción y comprobando que la situación está lejos de estar controlada, que active los medios necesarios, incluso los militares”, ha declarado tras el Consejo de Gobierno.

En las últimas dos semanas han llegado a la Región tres lanchas con unas 150 personas en total, lo que le ha parecido suficiente como para calificar la situación de las costas murcianas de “inquietante” y de pedir la asistencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex): “Es evidente que necesitamos un mayor control de fronteras y el Gobierno o no puede o no quiere realizarlo”

López Miras ha inaugurado el curso político elevando el discurso antiinmigración, y se ha referido como “narcolanchas” a las embarcaciones con migrantes que llegan a la Región de Murcia: “[Necesitamos] medios que puedan desempeñar la labor de vigilancia con un efecto disuasorio contra estas narcolanchas”, ha demandado.

“Insisto, cuando hablamos de pateras, las personas que no hayan visto estos vídeos [de las llegadas de estas dos semanas] pueden pensar que estamos hablando de cayucos que llevan días a la deriva con personas en un estado de salud muy delicado, en un drama humanitario. Estamos hablando de embarcaciones rápidas con en torno a los 1.400 caballos de potencia, tripuladas por encapuchados que llegan con total impunidad a las costas de la Región de Murcia. Dejan en Cartagena a las personas que traen en perfecto estado de salud”.

Tras el Consejo de Gobierno, López Miras y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se han reunido con representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil: “No podemos aceptar que tras denunciar que la única patrullera de la Guardia Civil para vigilar nuestras costas estaba fuera de servicio, nos envíen otra embarcación que no reúne el mínimo de condiciones para ser efectiva”, ha trasladado.

“El Gobierno [central] sabía de la situación de debilidad de nuestra costa y también sabía que las mafias estaban operando y se fue de vacaciones consciente de que no había medios para combatirlas”, ha denunciado López Miras, que asegura que Pedro Sánchez aún no le ha respondido a la misiva que le envió el pasado lunes reclamando más medios.

Otra carta, la que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, le envió a López Miras para abordar de forma conjunta la situación de la inmigración irregular, continúa sin respuesta: “Un día se dirige a mí [el delegado del Gobierno] diciendo que soy indigno y al siguiente, como una maniobra de distracción, envía una carta para que la prensa se haga eco. Él, que habla de colaboración, de sensatez y de lealtad… algo está fallando”, ha despachado el jefe del Ejecutivo.

Doble de migración, según datos “no oficiales”

De acuerdo con López Miras, la alarma está motivada porque ha llegado el doble de migrantes que el pasado año, al tiempo que ha reconocido que no tiene datos que sostengan estas afirmaciones: “Este año, en estos ocho primeros meses, la cifra está por encima de los 2.000. Insisto, datos no oficiales, porque a nosotros nadie nos dice nada de la llegada de inmigrantes ilegales a las costas de la Región”. Algo que han desmentido desde la Delegación del Gobierno, que insiste en la transparencia de los datos.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha querido desmontar “algunos bulos” al respecto de la llegada de migrantes a las costas murcianas en los últimos días. Por un parte, ha señalado en un tríptico que ha publicado en la red X, que “la situación no está descontrolada”. Y apuntan que la vigilancia de la Guardia Civil “es permanente”, las embarcaciones “se monitorizan y se activa un dispositivo para localizar a los ocupantes”; además, “todas las personas han sido localizadas y puestas a disposición judicial”.

Frente la difusión del mensaje de “una llegada masiva de migrantes” a través de embarcaciones clandestinas, destacan desde la Delegación que “no estamos ante una situación extraordinaria”. En noviembre de 2017, anotan, “con el gobierno anterior, llegaron hasta 650 personas inmigrantes a las costas de la Región en solo tres días”. Y añaden que “hoy estamos lejos de los picos de llegadas registradas en episodios anteriores”.

Desmienten también “que lleguen con total impunidad”. Y aclaran que en algunos casos “interceptar una embarcación en el mar supone un riesgo para la vida de sus ocupantes y de los agentes, por lo que se despliega un dispositivo para proceder a las detenciones en tierra”.

Y, por último, niegan que las últimas llegadas sean una consecuencia de la situación en Ceuta: “La Región de Murcia -afirman- al igual que Almería, Alicante o Baleares, recibe habitualmente embarcaciones procedentes de la ruta argelina”. Concretan, además, que “las personas que han llegado en las últimas semanas a nuestras costas no han partido de Marruecos, sino de Argelia”.

López Miras “sobreactúa”

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha denunciado que “López Miras está sobreactuando para sacar rédito político de un drama humanitario” y ha lamentado que el presidente de la Región de Murcia “esté utilizando la inmigración para confrontar y generar alarma social”.

“Su intención no es otra que intentar tapar su pésima gestión con ejemplos tan graves como la trama de las prótesis o la falta de medios de los bomberos”, ha añadido.

En este sentido, Gadea ha destacado que el delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, propuso una reunión al presidente regional para abordar la situación “con rigor, responsabilidad y desde la coordinación entre administraciones”, una propuesta que López Miras ha rechazado.

“López Miras no ha aprendido nada y sigue alimentando discursos racistas que ponen en riesgo lo más importante: la convivencia, tal y como vimos hace un año en Torre Pacheco”, ha lamentado la portavoz socialista.

Por su parte, Podemos ha criticado la “nula intención” que tiene el presidente regional, Fernando López Miras, de “trabajar en soluciones para esta crisis migratoria”. “Ni tampoco de ayudar a Ceuta”, ha aseverado el portavoz morado Víctor Egío, “porque si fuera así, lo primero que tendría que haber salido de este Consejo es una decisión para colaborar en el reparto solidario de los menores que ahora mismo están en la Ciudad Autónoma”.

Para la formación morada, López Miras ha decidido este jueves, de nuevo, “anteponer los intereses de su partido y la estrategia xenófoba de sus aliados de Vox a los verdaderos intereses de la Región”. Egío ha recordado que la solución a la actual crisis migratoria pasa por una “cuestión de solidaridad”, pero también de “inteligencia política”. “Ceuta, Melilla, Andalucía, las Islas Baleares y la Región de Murcia somos los territorios que reciben estos flujos migratorios, y somos los primeros interesados en que haya un reparto solidario entre todas las comunidades”, ha proseguido.

El pasado 23 de julio, el termómetro alcanzó los 44,7 grados en Caravaca de la Cruz y 44,5 en Zarcilla de Ramos, en Lorca. No se trata de una previsión ni de una estimación: son datos oficiales de la AEMET que dan muestra de la severidad con la que el calor aprieta en el verano murciano. Ese asfixiante día, el Ayuntamiento de Murcia también activó su Plan de Emergencia Municipal ante el aviso rojo por temperaturas que alcanzaron valores peligrosos para la salud.

El problema no es únicamente superar los 40 grados. Es hacerlo cada vez con mayor frecuencia y durante episodios que pueden prolongarse varios días; con noches tropicales (por encima de los 20 grados), cuando no tórridas (por encima de los 25), en las que el cuerpo apenas tiene oportunidad de recuperarse. Y el calor puede costar vidas. Según el sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), el pasado julio acabó con la vida de 35 personas en la Región de Murcia.

¿Las más vulnerables? Personas mayores, menores, las que padecen enfermedades crónicas, las que no tienen hogar y las que habitan viviendas mal aisladas o no pueden permitirse climatizarlas y, por tanto, soportan una exposición muy distinta a la de quienes disponen de aire acondicionado y recursos para escapar del calor.

Por eso las ciudades han empezado a crear una nueva infraestructura urbana: los refugios climáticos. Y sí, también en los municipios de esta comunidad autónoma las administraciones están habilitando este tipo de espacios para refugiarse del calor extremo. El problema es que la mayoría bajan la persiana precisamente cuando más falta hace. Es la paradoja murciana y revela una contradicción difícil de ignorar.

¿Qué es un refugio climático?

Una persona joven, sana y con una vivienda bien climatizada afronta un episodio de calor extremo de un modo radicalmente distinto que una persona mayor que vive sola, alguien con una enfermedad crónica, un niño pequeño, una persona sin hogar o una familia que no puede asumir el coste de mantener el aire acondicionado encendido durante horas. Cuando no todo el mundo puede convertir su vivienda en un refugio cuando el calor se vuelve insoportable, los refugios climáticos aparecen como una solución pública y gratuita.

La propia red municipal de Murcia —que los presenta como una medida de adaptación al calentamiento global— los define como espacios accesibles con una temperatura confortable, destinados a proporcionar descanso y seguridad durante episodios meteorológicos extremos, especialmente a colectivos vulnerables. Pueden ser interiores —bibliotecas, museos, edificios municipales o centros culturales— o exteriores, como parques y jardines con abundante vegetación, sombra y agua.

La idea es sencilla: si la ciudad se convierte temporalmente en un entorno hostil por el calor, debe existir una red de lugares donde la población pueda protegerse. Una solución que tiene que estar pensada desde la perspectiva de quien necesita utilizarla: ¿Está cerca? ¿Se puede llegar andando? ¿Tiene sombra el trayecto? ¿Está climatizado? ¿Hay agua? ¿Puede acceder una persona con movilidad reducida? ¿Está abierto por la tarde? ¿Y el fin de semana?

Porque, sobre todo, para que esos refugios sean realmente útiles deben cumplir una regla básica: tienen que estar operativos.

30 de 48 refugios, cerrados todo agosto

El Ayuntamiento de Murcia dispone actualmente de 94 refugios climáticos distribuidos por barrios y pedanías. Son bibliotecas, centros culturales, edificios municipales, jardines y otros espacios públicos que ofrecen condiciones más confortables durante los episodios de temperaturas extremas. La localización puede consultarse a través de la aplicación ‘TuMurcia’, habilitada por el consistorio.

La investigación realizada para este reportaje ha puesto el foco en 48 de esos recursos y ha revisado sus horarios y periodos de cierre. El resultado es revelador: 30 de ellos permanecen cerrados durante todo agosto.

Once de estos espacios son bibliotecas. Diez cierran durante todo agosto. Entre ellas figuran las de El Palmar, El Carmen, Santiago el Mayor, San Basilio, El Raal, El Puntal, Guadalupe, Javalí Nuevo, La Ñora y Sangonera la Verde. Solo una de las bibliotecas analizadas, la de Puente Tocinos, permanece abierta de lunes a viernes durante agosto, pero solo de 9 a 14 horas.

La situación se repite, de forma todavía más contundente, en los centros culturales de las pedanías. La base de datos recoge 20 centros culturales. Diecinueve permanecen cerrados durante todo agosto. Es el caso de Javalí Nuevo, Javalí Viejo, Valladolises, Llano de Brujas, El Raal, San Pío X, Guadalupe, La Raya, La Alberca, Zeneta, Los Ramos, Churra, Monteagudo, El Esparragal, La Arboleja, La Albatalía, Puebla de Soto, Zarandona y Santiago y Zaraiche. La excepción, el Centro Cultural de Corvera, también permanece cerrado durante la mayor parte de agosto, pero recupera la actividad el día 29.

De entre los espacios que sí mantienen actividad, los museos presentan mayor continuidad, aunque con limitación de horarios. La Cárcel Vieja abre durante agosto en horario de mañana, aunque permanece cerrada la semana del 12 al 18. El Espacio Molinos del Río funciona de lunes a viernes por la mañana. El Museo de la Ciencia y el Agua mantiene su apertura matinal. El Palacio Almudí abre de lunes a viernes y el Teatro Romea mantiene actividad en algunos días concretos. El Teatro Circo, sin embargo, aparece como cerrado durante agosto.

Los mercados de abastos mantienen, según la investigación, sus horarios habituales de lunes a sábado, lo que convierte a estos espacios en uno de los recursos con mayor continuidad durante el mes.

El problema, por tanto, no es que Murcia carezca de refugios. Es que una parte importante de ellos no está operativa cuando más falta hace.

Murcia y la paradoja del mes más caluroso

Que una biblioteca o un centro cultural cierren en agosto no es extraño. La contradicción aparece cuando esos mismos espacios son presentados como parte de una red de protección frente a temperaturas extremas y permanecen cerrados durante el mes central del verano. La lógica impone que si un edificio cumple una función de protección climática, su calendario responda también al calendario del riesgo climático. Especialmente, cuando agosto es uno de los meses críticos del verano murciano y, precisamente, la población vulnerable no suele marcharse de vacaciones.

Por eso la eficacia de una red de refugios no puede medirse únicamente por el número que aparece en un mapa, si no por cuántos están abiertos y son verdaderamente útiles cuando el termómetro aprieta. elDiario.es Región de Murcia ha pedido al equipo de Gobierno municipal de Rebeca Pérez (PP), una valoración respecto a esta investigación. Aún no ha sido proporcionada.

Pero no todo son malas noticias. La capital regional se ha sumado recientemente a HEATSAFE, un proyecto europeo del programa Interreg Euro-MED cuyo objetivo es mejorar la capacidad de las ciudades mediterráneas para prevenir y gestionar los riesgos del calor extremo. También desarrolla desde 2017 el Plan Sombra, destinado a instalar pérgolas y elementos de sombra en patios escolares y en el que se han invertido ya más de 1,7 millones de euros.

Cartagena: tres fuentes para un cuarto de millón de personas

En el caso de Cartagena, su ayuntamiento también ha optado por unirse a las estrategias de adaptación en las que trabaja el proyecto europeo HEATSAFE. El consistorio de la ciudad portuaria trabaja en la identificación de zonas especialmente vulnerables en los barrios más expuestos y recuerda a vecinos y visitantes que “cualquier edificio municipal abierto al público puede utilizarse para resguardarse temporalmente de las altas temperaturas, descansar unos minutos o solicitar ayuda en caso necesario”.

Las mismas fuentes municipales también aseguran que Cartagena “dispone de fuentes de agua fría” para facilitar la hidratación de la población. Sin embargo, este recurso básico para prevenir la deshidratación y los golpes de calor no parece demasiado ajustado a las características de la ciudad: con 222.559 habitantes y una previsión de llegada de 32.004 cruceristas este agosto —sin contar con los turistas que llegarán por otros medios—, esas “fuentes de agua fría” se limitan a tres. Son las ubicadas en la Plaza Juan XXIII, en la calle Alfonso XII, junto a la Oficina de Turismo, y en las llamadas Puertas de Madrid, al lado de la parada de taxis.

Desde la oposición al Gobierno municipal de Noelia Arroyo (PP), la concejala del partido local Movimiento Ciudadano de Cartagena, Mercedes Graña, califica de “incomprensible” que el ayuntamiento “no garantice algo tan elemental como el acceso a agua potable refrigerada en los espacios escolares”. Esta redacción está a la espera de respuesta de si el ejecutivo local tiene previsto ampliar el número de fuentes públicas en la ciudad e incluirlas en las escuelas.

El factor político: negacionismo que limita la adaptación al calor

La adaptación de las ciudades también tiene una dimensión política. La Región de Murcia no iba a ser una excepción, y aquí Vox también mantiene una posición abiertamente crítica respecto al calentamiento global y sus efectos. En 2020, cuando el Gobierno de López Miras declaró la emergencia climática y ambiental, Vox Murcia anunció que no apoyaría la medida, que calificó de “trampa ideológica”, y exigió dejarla sin efecto.

Cabe recordar que el Partido Popular, que no cuenta con mayoría suficiente, necesita a Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos. Precisamente, el acuerdo para aprobar los de 2025, actualmente prorrogados, incluyó puntos de condena al Pacto Verde Europeo. Y muchas de las mociones impulsadas por Vox y apoyadas por el PP en la Asamblea Regional de Murcia suponen recortes o limitación de fondos destinados a planes de transición ecológica y cambio climático.

Así que parece legítimo preguntarse sobre las consecuencias de que una formación imprescindible para la mayoría parlamentaria regional cuestione el marco de políticas climáticas en el que se apoyan los programas de adaptación de las ciudades al calor, que requieren inversión: la necesaria para plantar árboles, crear sombras, renaturalizar plazas, rehabilitar viviendas, mejorar el aislamiento, climatizar edificios públicos, instalar fuentes, adaptar colegios y crear sistemas de atención para las personas más vulnerables. Medidas de adaptación climática que, quizás, hubieran podido salvar alguna de esas 35 vidas que el calor extremo segó hace solo unas semanas en la Región.

La Enza Negra nació como un grupo terrorista. Ficticio, eso sí: lo dibujó el ilustrador murciano Magius hace una década, pero este 2026 se ha materializado en una entidad real, aunque, conviene decirlo pronto, sin los atentados ni los sacrificios humanos. Y es que ser murciano nunca ha sido del todo una identidad: como mucho un acento, una denominación de origen o un estigma. En la Región gobierna el Partido Popular sin respiro desde 1995 y el murcianismo político rara vez ha pasado de rareza de peña de amigos o de bar universitario, y aquí, lo ha dicho el propio Magius, vive “la región menos independentista de España”.

A principios de diciembre de 2025, el dibujante hizo un llamamiento en redes sociales convocando un “foro político para hablar de la cultura y la identidad murciana” en el café Ficciones de la calle Fuensanta de Murcia. Se reunieron algo más de una treintena de personas: un número modesto para fundar una patria, pero nada desdeñable para un acto sin más reclamo que la palabra identidad. De aquella reunión salió algo más que una sobremesa. Semanas después, ya en 2026, la Enza Negra tenía documento fundacional, camiseta y página web. A la broma le habían salido estatutos.

Donde el chiste deja de serlo y la Enza Negra se presenta al mundo es en su documento R.O.S.E.N, su carta fundacional. La portada, diseñada en caracteres rúnicos y, en el centro, un sol de seis puntas naciendo de una media luna; el propio texto aclara que el símbolo está tomado de una estela del rey sumerio Ur-Nammu, de cuatro mil años de antigüedad, la gente que abrió las primeras acequias. Debajo, nueve rulas, reglas, un Consejo de Personas Buenas con zabacequieros y licero calcado del medieval Consejo de Hombres Buenos, y una república federal que ha de levantarse de abajo arriba, barrio a barrio y parroquia a cantón, hasta rematar en un supra-cantón: el Cantón Murciano, como el de 1873.

Lo llamativo más que el envoltorio arqueológico, es la tesis que lo sostiene. La segunda rula declara a los murcianos fruto de argares, iberos, romanos, sirios, árabes, catalanes y castellanos amontonados en la misma raíz; la sexta le declara la guerra al “españolismo cerrado y excluyente”. Es decir: una identidad murciana cuyo cimiento es, exactamente, la mezcla.

“Un querer, algo que tienes dentro”

Cinco meses antes de aquel foro del mes de diciembre, en julio de 2025, la Región de Murcia había ocupado titulares internacionales por el motivo contrario al de la mezcla, la inclusión y la multiculturalidad. Entre el 10 y el 15 de aquel mes, tras la agresión a un vecino de 68 años, por la que se detuvo a tres jóvenes de origen magrebí, Torre-Pacheco vivió varios días de violencia contra personas y negocios migrantes, en un municipio donde cerca de un tercio de los habitantes son extranjeros y buena parte sostiene, con su trabajo, la agricultura intensiva de la comarca. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó los altercados a grupos de extrema derecha, Vox incluido; la Fiscalía llegó a investigar al líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, por endosar la culpa a PSOE y PP. Nada permite trazar una línea recta entre una cosa y otra, y la Enza Negra tampoco la traza. Pero el contraste cuesta de ignorar: en la misma región y el mismo año, una parte de Murcia salió a excluir y otra, se juntó en un café para decidir que ser murciano consistía, sobre todo, en ser de muchos sitios a la vez.

Bajo el envoltorio arqueológico hay una posición política nítida, y de izquierdas. La Enza Negra se reclama heredera de Antonete Gálvez y del cantonalismo murcianista de 1873, republicano y federal, y aspira, en palabras de Magius, a “un republicanismo de izquierdas y un federalismo de una república construida de abajo hacia arriba”. El nombre apunta hacia esa misma tierra: enza no tiene traducción exacta al castellano; “un querer, algo que tienes dentro”, dice, y negra remite al color del suelo fértil, el que se esconde bajo el surco.

Magius tiene su propia explicación de por qué en Murcia lo propio pesa tan poco. Habla de que “hay vergüenza de ser murciano” y de desidia: “La huerta se la han cargado fácilmente y la gente no lo aprecia; no hay un sentimiento de colectividad”. Y remonta el desapego a la posguerra: Murcia fue zona republicana, hubo una fortísima represión, se fusiló y se purgó a maestros y a cargos públicos, y para cubrir los huecos se trajo a gente de fuera que, dice, acabó copando la universidad y los altos puestos de la cultura. De ahí viene, dice, un desprecio institucional por lo autóctono que todavía colea: el panocho degradado, de dialecto a una mera “mala forma de hablar castellano”; al Cantón olvidado pese a que Murcia “fue precursora” de lo que hoy son las autonomías.

Lo revelador es contra quién se define. No solo contra Madrid, también contra el otro “cantonalismo”. Según Magius, el “falso cantonalismo al que refiere el cartagenerismo”, al que acusa de haberse quedado con el nombre y nada más. “El cantonalismo de 1873 era murcianista; el de Cartagena de hoy es anti-murcianista, es todo lo contrario”, resume. Recuerda que el Partido Cantonal de Cartagena lo fundaron gentes de Falange y que, de los 44 municipios de la Región, solo reivindica el suyo.

Y se define, también, contra el “centralismo disfrazado de igualdad”. La idea de que un país deba ser centralista “para que todo el mundo sea igual” confunde, explica Magius, la igualdad entre territorios con la única que de verdad importa: la que hay, o no hay, entre clases sociales. De poco sirve invocar la igualdad de los españoles, viene a decir Enza Negra, cuando Murcia arrastra un transporte público pésimo, una inversión mínima en sus ciudadanos y, entre otros cuerpos funcionariales, unos bomberos mal pagados. Su veredicto sobre la gestión es lapidario: “A lo mejor sí es la mejor tierra del mundo, pero los que la administran son los peores administradores del mundo”.

Cultura murciana “del siglo XXI”

No es, con todo, un nacionalismo nostálgico. Frente a los colectivos que, dice, “se han quedado anclados en el siglo XIX y no avanzan”, la Enza Negra reclama un folclore “súper activo” y una cultura murciana “del siglo XXI, que es donde tiene que estar”: la huerta, la acequia, la historia, la lengua, pero con un lavado de cara. El panocho ocupa aquí un lugar central, una mezcla medieval de catalán, aragonés, castellano, mozárabe y árabe que nunca ha sido oficial ni siquiera dialecto reconocido, y su reivindicación, insiste, es cultural, no impositiva: libros, canciones, estudio universitario.

Magius no es el único que ha decidido, en estos últimos tiempos, que la murcianidad podía significar otra cosa. Casi en paralelo, sin sol sumerio ni consejo de acequieros, otro colectivo mete la mano en el mismo cofre (la huerta, el panocho, el traje, las jotas) y lo abre por una costura distinta: la del género. Se llama Achocuir y se presenta como un colectivo interseccional LGTBIQA+ que reivindica a la vez la diversidad sexual y el folclore de la Región. Su tesis, temeraria en uno de los territorios más conservadores de España, es que la disidencia no solo cabe en el folclore: es absolutamente imprescindible.

En noviembre de 2025 celebraron su primer festival, con talleres, música y baile en plena Huerta de Murcia bajo un emblema que lo dice todo: el “Huertane”, collage cuir de un huertano y una huertana decimonónicos. Ahí se condensa el traje regional, rígidamente partido entre los zaragüelles del hombre y el refajo de la mujer, descosido y vuelto a montar. Y no van solos: forman parte de una ola de “orgullo rural” con parientes en Galicia, el País Valenciano, Extremadura o La Rioja, que en los últimos años reclama el campo, y no solo la ciudad, como territorio de la diferencia.

Enza Negra y Achocuir tiran de los mismos hilos hacia la izquierda, pero a lugares distintos. Uno construye hacia arriba: una nación, un consejo, una república, un mito. El otro desmonta hacia dentro: los cuerpos, los roles, los cuidados; ni patria ni institución, sino una tradición liberada de sus corsés. Donde Enza Negra quiere una murcianidad del siglo XXI, Achocuir pregunta de quién ha sido esa murcianidad hasta ahora.

Puede que Enza Negra no pase de nota a pie de página en la bibliografía de Magius: una treintena de personas y nueve reglas no fundan una nación, pero ha puesto en el centro una pregunta que en Murcia casi nadie se hacía (qué significa ser de aquí), y ha dejado muy claro que las preguntas que la izquierda se deja sin contestar, ya lo vimos el verano pasado, las acaba contestando otro.

La Fiscalía de Cartagena ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 un dictamen en el que solicita el sobreseimiento provisional de la causa abierta por calumnias contra el responsable de Las Noticias RM, el portal que la investigación de ciberdelincuencia de la Guardia Civil terminó vinculando con Jesús Cobos, exsecretario de Comunicación del PSRM, y con su empresa Sistemas Informáticos Carthago S.L. El escrito, fechado el 22 de junio, responde a un Auto del pasado 1 de abril que consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de calumnia con publicidad.

Todo el caso arrancaba con la querella que Damiana García Soto, concejala de Festejos del PP en La Unión, interpuso el 27 de febrero de 2024 contra la página web Las Noticias RM. Dicho portal había publicado que García había participado, como parte del tribunal calificador, en el proceso selectivo en el que obtuvo su plaza de funcionaria, y que es prima del alcalde del municipio. Fue esa denuncia la que activó a la unidad de ciberdelincuencia de la Guardia Civil para identificar a los autores del portal, firmantes habituales bajo el seudónimo “Señor X”, para saber a quién dirigir en específico la querella.

La Fiscal argumenta ahora que ninguna de esas dos afirmaciones era falsa. La propia querellante, explica el auto, reconoció en su declaración que firmó la aprobación de la lista definitiva de aspirantes, estando su nombre incluido en ella, y que el alcalde de La Unión es, en efecto, familiar suyo (hijo de una prima), aunque la noticia hablara de forma genérica de un “primo” sin precisar el grado. El escrito subraya además que los artículos no imputaban ningún delito, solo señalaban esa participación y ese parentesco. Por eso, concluye la Fiscal, no existen elementos ni prueba suficientes para sostener la acusación.

La petición de archivo golpea la raíz de un caso que, desde que trascendió el informe policial, ha escalado por vía mediática y política. La identificación de Cobos como responsable del portal, por una factura de comunicación de su empresa al PSRM que, en principio, nada tenía que ver con la financiación de la web, derivó en titulares que vinculaban al partido con un “medio fantasma”, y en una información de The Objective que atribuyó antecedentes penales por tráfico de drogas a la mujer de Cobos, Carmen García Giménez, a raíz de una confusión de apellido con otra persona. La Guardia Civil rectificó después oficialmente ese error. La7, la televisión pública murciana, abrió sus informativos con la versión inicial, lo que llevó al PSRM a pedir la dimisión de su director general.

El dictamen de la Fiscalía no cierra el caso por sí solo: corresponde ahora al juzgado dictar el Auto de sobreseimiento, y la parte querellante podrá oponerse y mantener su acusación por su cuenta. Pero el razonamiento del Ministerio Fiscal, el de que la denuncia original carecía de base desde el principio, obliga a repreguntar sobre qué se sostuvo una investigación que terminó salpicando a una persona ajena a la política, y sobre la rapidez con la que esa investigación se convirtió en munición electoral. Cobos ha recibido la noticia con optimismo y ha declarado a elDiario.es Región de Murcia que “la verdad prevalece ante la mentira y nos hará libres”, pero que todavía hay que esperar que la justicia, esta vez de manos de los propios jueces, archiven definitivamente el caso.

Hubo un tiempo en que los presidentes autonómicos viajaban a Moncloa para negociar en nombre de su tierra. Discutían con el Gobierno central, presionaban a sus propios partidos y defendían los intereses de sus ciudadanas y ciudadanos, aunque eso les costara algún disgusto en la dirección nacional. Hoy los barones populares han invertido el orden de prioridades. En nuestra Región, López Miras consulta el argumentario de Ayuso y Feijóo antes de preguntarse por las necesidades de la Comunidad que dice gobernar.

Aunque podría hacerlo de forma más constructiva, el Partido Popular puede permitirse hacer oposición al Gobierno del Estado desde el Congreso. De hecho, es su papel. Lo que resulta más difícil de entender es que esa misma lógica se traslade al Gobierno regional. Una comunidad autónoma se gobierna tomando decisiones, no llevando siempre la contraria a los gobiernos que son de otro signo político. Cuando el “no” se convierte en el único proyecto político, se renuncia a gobernar para la ciudadanía que te ha elegido.

Las últimas polémicas sobre la financiación adicional o de la dependencia son solo un ejemplo más de este desnorte político. La Región lleva años denunciando, con razón, que es una de las comunidades peor financiadas del Estado. Sin embargo, cuando se plantea una medida que supondría casi 1.200 millones de euros adicionales cada año, el Gobierno regional ni siquiera intenta mejorarla. Simplemente la rechaza. Poco importa que hace apenas dos años el propio Ejecutivo regional defendiera un déficit asimétrico para las comunidades infrafinanciadas; hoy no duda en defender exactamente lo contrario. No es que haya cambiado algo en la Región, es que el PP ha decidido que los beneficios que traería esa financiación adicional no compensan todos los titulares que pueden hacer en su contra. Lo que importa es el relato.

Dejarnos sin dinero para financiar las cuentas deficitarias y exiguas de nuestra Región es un problema. Sin embargo, este forma parte de uno más profundo: hace tiempo que nuestra clase política abandonó tener un proyecto de Región. San Esteban ya no es la sede del Gobierno regional, es la sucursal de Génova en la Región. Quizá, por tanto, deberíamos dejar de estar tan preocupados por estar infrafinanciados, y poner sobre la mesa que la ciudadanía de esta Región no tiene quien la represente.

“Quieren invisibilizarnos, pero consiguen lo contrario, nos hacen más fuertes”. Así de contundente se ha mostrado José Sevilla, portavoz del colectivo LGTBIQ+ Feminista Epéntica, que este domingo se unió a la primera marcha del Orgullo celebrada en el municipio de Totana, en la Región de Murcia, como respuesta al “pacto de la vergüenza” firmado entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos municipales a cambio de “vetarnos, a nuestra bandera y a nuestros derechos”.

El acuerdo se alcanzó el pasado 2 de junio. En Totana, el Partido Popular ostenta la alcaldía con Juan Pagán al frente del Ayuntamiento, aunque lo hace sin mayoría absoluta en el pleno municipal (cuentan en total siete concejales). Esta circunstancia obliga al equipo de gobierno a negociar apoyos con otras formaciones, entre ellas Vox, para poder sacar adelante iniciativas clave como las cuentas municipales. El precio fue vetar posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo LGTBIQ+.

Sevilla pone sobre la mesa que Totana “no es una excepción en la Región de Murcia, y aunque nos hemos volcado ahora con este municipio, no podemos olvidar que hay otros 15 pueblos o ciudades donde no se cuelgan las banderas, ni se dota de presupuesto a las políticas LGTBI, ni se celebra nada relacionado con nuestro colectivo”. En su opinión, ciudades como Murcia y Cartagena “se salvan” porque “hay asociaciones muy potentes, pero si no seguro que tampoco se hacía nada; mira lo que pasa en Yecla, Jumilla, Alcantarilla o Molina de Segura”.

Una denuncia que llevan arrastrando desde 2019: “Este pacto de la vergüenza está instalado en muchos consistorios; la bandera LGTBI no muerde ni hace daño a nadie, y nos alegramos de que muchas personas hayan abierto los ojos y se les haya caído la venda”, insiste el portavoz de Epéntica.

José Sevilla, cuyo colectivo es de Beniel pero este domingo ha querido formar parte de la comitiva de apoyo en Totana, se queja de que “tenemos a los fascistas en muchos ayuntamientos de la Región, pero también en el Gobierno regional y van a por nosotros; cuando es vital que nos apoyen las instituciones”. Y pone el acento en que “hay muchas personas del colectivo muy abandonadas en pueblos murcianos, sin ningún acompañamiento; eso sí, con el fútbol, la religión, las romerías o las procesiones toda la sociedad se vuelca y ya está bien de agachar la cabeza, no tenemos miedo”.

“En Totana nos queremos diversxs y libres de odio” o “en los pueblos donde hay memoria y orgullo no cabe la lgtbifobia” fueron algunas de las pancartas que encabezaron la marcha, en la que estuvieron presentes también representantes políticos del PSOE, Podemos y Ganar Totana IU. La marcha estuvo acompañada de cánticos como “Totana ha respondido”, y de mensajes en los que se pedían “terapias de conversión para fascistas” o se recordaba que “amar ya es ilegal en 62 países y en siete, con pena de muerte”.

“Para ser domingo vino mucha gente de toda la Región, cientos de personas”, cuenta a este periódico Isabel Molina, socialista de Totana. “La marcha terminó en una fiesta en la plaza con actuaciones, hasta la medianoche, fue una fiesta”, explica Molina al tiempo que recuerda que en la anterior legislatura, en la que gobernaba Ganar Totana IU, “y también en la de 2015, en la que gobernábamos también nosotros, se hacían concursos y había mucha programación todo el mes”.

La socialista critica, además, que en el último pleno del Ayuntamiento salió adelante con la abstención del PP una moción para leer un manifiesto por el Orgullo antes de que terminase el mes “pero no han cumplido, no lo han hecho; al igual que tampoco han hecho público el acuerdo de los presupuestos, los derroteros no son nada halagüeños”.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este viernes que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un nuevo decreto ley de vivienda asequible, después de que PP y Vox alcanzaran un acuerdo que incorpora el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas para vivienda protegida, pública y de alquiler. El anuncio, realizado a través de su cuenta en X, coincidió en el tiempo con el inicio de la intervención de la portavoz socialista, Carmina Fernández, en la segunda jornada del debate del estado de la Región.

“Estamos decididos a poner soluciones eficaces al problema de la vivienda que ha creado Sánchez. La próxima semana, el Gobierno de la Región de Murcia aprobará un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible. Los jóvenes y las familias no pueden esperar y vamos a facilitarles el acceso a la vivienda”, escribió López Miras.

El acuerdo entre populares y la formación de Santiago Abascal se hizo público durante el propio debate. El portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, planteó al PP que el decreto podría estar aprobado “la semana que viene” si los populares votaban a favor de tres propuestas de resolución de su grupo: el compromiso de no construir viviendas en polígonos industriales rodeados de chimeneas, la salvaguarda de las zonas comerciales de los municipios y, el punto más controvertido, la aplicación de la prioridad nacional en todas las ayudas destinadas a vivienda protegida, pública y de alquiler.

El portavoz popular, Joaquín Segado, respondió con un escueto “las aceptamos”, despejando así el camino para que el decreto ley sea aprobado por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, convalidado en la Asamblea. Para ello será necesario abrir un periodo extraordinario de sesiones, ya que el ordinario concluye el próximo martes.

El concepto de prioridad nacional ya ha sido incorporado por el PP en los acuerdos de gobierno firmados con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero su encaje constitucional genera serias dudas entre los expertos, puesto que el ordenamiento jurídico impide discriminar a las personas por su lugar de nacimiento.

Un decreto que ya cayó una vez

No es la primera vez que el Ejecutivo de López Miras intenta sacar adelante esta norma. El Consejo de Gobierno aprobó a finales de septiembre de 2025 un primer decreto ley de vivienda asequible, pero la Asamblea Regional lo derogó el 31 de octubre con los votos en contra de PSOE, Vox y Podemos-IU.

Tras la derogación, López Miras anunció que tramitaría la norma como proyecto de ley exprés, acusando a la oposición de formar una “pinza” que impedía la construcción de miles de viviendas para jóvenes y familias. El PSOE, a través de su diputado Miguel Ortega, defendió entonces que el decreto “solo es bueno para hacer negocio”, al no incluir ninguna medida para abaratar los precios.

Ahora, ocho meses después, es Vox -ya sin Antelo al frente del grupo tras su salida de la formación- quien allana el camino al decreto a cambio de la prioridad nacional. El objetivo declarado por el Gobierno regional es promover la construcción de 25.000 viviendas destinadas a jóvenes y clases medias en los próximos cinco años, mediante primas de edificabilidad a los promotores y la simplificación de trámites administrativos.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha calificado el discurso de este jueves del presidente de la Región, Fernando López Miras, en el debate sobre el estado de la Región, como “un hatajo de mentiras y datos manipulados y un refrito de promesas incumplidas que el PP saca a pasear cada año”. “Hoy no hemos visto a un presidente serio y responsable como merece esta tierra, hoy ha venido a la Asamblea Fernando el del Bombo, el de los anuncios, las promesas electorales. Un presidente en campaña. El rey del bulo”, ha denunciado.

La diputada ha señalado que el Plan Climatiza contra el calor en las aulas anunciado por el jefe del Ejecutivo es “un copia y pega” del Plan de Eficiencia Energética que ya anunció en 2020 “y que no se ha cumplido”. Otro ejemplo, ha explicado Marín, es el Plan Oncológico de la Región, algo que también anunció el año pasado y que tampoco ha llegado. “Y todo mientras crecen las denuncias por irregularidades en el cribado del cáncer de mama o de colon”, ha subrayado.

“Pero más que las mentiras de López Miras, nos preocupan sus silencios”, ha esgrimido Marín. “No ha dicho ni una palabra ni ha dado ninguna explicación sobre la trama de las prótesis y la corrupción que desborda el Servicio Murciano de Salud”. La portavoz morada ha destacado asimismo el silencio sobre las cesiones del PP a la ultraderecha “que ya ha firmado para aprobar los presupuestos de este año: racismo, homofobia y negacionismo climático, que han sido durante esta legislatura los verdaderos ejes de la política de este Gobierno”.

Marín se ha referido en última instancia a la “verdadera Región”, la que está “ahí fuera”: los trabajadores del metal “que hoy se han concentrado a la puerta de la patronal para reclamar un convenio y salarios dignos; cuatro de cada diez trabajadores que en esta Región son pobres”; los niños y niñas “a más de 30 grados en las aulas”; las educadoras infantiles “que cobran 1.000€ y que tienen ratios de más de 20 niños y niñas”; o las “más de mil personas que mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia”. “Estas cuestiones son de su competencia. Esta es la Región a la que López Miras le da la espalda. Es la Región que Podemos-IU va a traer mañana a esta Cámara”.

Un discurso “plagado de anuncios que no pasan de esa fase”

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, se ha referido al discurso de López Miras como “más electoralista que de análisis de la gestión realizada en este año” y “plagado” de anuncios “cuya mayor parte no pasa de esta fase”, algunos de ellos “repetidos de discursos anteriores”. Este es el caso, ha proseguido el parlamentario, de “las infraestructuras del desdoblamiento de la vía de alta capacidad de Mazarrón o la carretera de acceso a Altorreal” y del plan de choque “para reducir las listas de espera sanitarias, que no se reducen y sí engordan la inversión en concertación sanitaria”.

“Otros anuncios no son sencillamente creíbles”, ha proseguido Álvarez-Castellanos. En el contexto del Plan Climatiza, el PP “ha votado en contra” de todas las mociones presentadas en la Asamblea para impulsar la climatización de los centros educativos. “El Gobierno regional ha ejecutado apenas un 6% del presupuesto de 2025 destinado a la climatización cuando contaba con el 95% del mismo cofinanciado por la UE”, ha evidenciado.

Lo más “preocupante”, a juicio del diputado de IU, es que López Miras “no ha dedicado ni una frase a analizar las causas de las tremendas desigualdades derivadas del mal reparto de la riqueza” en la Región. “Nada sobre la pobreza, trabajadores pobres, salarios bajos, pensiones bajas o causas de exclusión en el acceso a la vivienda”. “Y, por supuesto, nada sobre el fraude que afecta al Servicio Murciano de Salud. Podría haber aprovechado para explicar por qué cesó al anterior consejero de Salud, el señor Juan José Pedreño”, ha concluido.

“Increíble el nivel de bajeza al que está llegando López Miras”, ha escrito este jueves en la red social X la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín. “Le pregunto por la gravísima trama destapada en el Servicio Murciano de Salud que ha defraudado casi 7 millones de euros y llegó a implantar prótesis caducadas a pacientes y su respuesta es que yo salivo y me excito pensando en la corrupción del PP”, ha continúado Marín, quien ha reflexionado sobre si el presidente “¿respondería así a un hombre?” y ha considerado que “además de por su gestión corrupta, López Miras tiene que dimitir por misógino y machista”.

Marín ha interpelado este jueves al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, para conocer qué actuaciones ha llevado a cabo “frente al escándalo de presunta corrupción destapado por la UDEF en el Servicio Murciano de Salud (SMS)”. En su pregunta parlamentaria, ha hecho referencia a los “sobreprecios en la adquisición e implantación” de prótesis vasculares, que habrían ocasionado un perjuicio de siete millones de euros a los fondos públicos, así como “al extremo” de que estas prótesis, pese a encontrarse caducadas, fueran utilizadas en intervenciones quirúrgicas derivadas a centros de sanidad privada.

“Señor López Miras, dimita, pida perdón y márchese antes de que la UDEF llame a la puerta de la señora Ayala (titular del departamento regional de Salud) y quién sabe si a la suya propia”, ha dicho la diputada de Podemos, quien ha vuelto a referirse a la recién nombrada consejera como “la señora X de la trama de las prótesis”, y ha acusado a López Miras de intentar “taparlo todo” con su ascenso. “Usted se ha convertido en cómplice. La mierda les llega ya por el cuello y rebosa por todas las ventanas de San Esteban, donde hay que entrar a desinfectar urgentemente”, ha manifestado.

“Los únicos excrementos que hay aquí hoy han salido de su boca”, le ha contestado el presidente, quien ha añadido que en el “presunto” fraude e “irregularidades económicas en las prótesis, la policía, los fiscales y los jueces han señalado a los presuntos responsables y no hay ni un cargo público; usted intenta salivar y se excita pensando que pueda haber algún representante del Partido Popular, pero no lo hay”.

La diputada de la formación morada ha señalado que al perjuicio económico detectado “hay que sumarle un millón de euros pagado indebidamente en concepto de IVA”, y ha establecido una comparación con la comisión vinculada al rescate de Plus Ultra “que ha puesto en la diana al expresidente Zapatero”, cuya cuantía ascendió a 530.000 euros. “Si Pedro Sánchez tiene que dimitir, entonces usted tiene que seguir el mismo camino. Tiene que salir hoy mismo de San Esteban y no volver nunca”, ha afirmado.

“Hoy le hemos preguntado”, ha continuado Marín, “por las medidas que ha tomado usted personalmente frente a esta indecencia, pero la única medida real que ha llevado a cabo es nombrar como consejera de Salud a Isabel Ayala, la directora gerente del SMS que permitió este escándalo”.

Con lágrimas en los ojos. Así ha cerrado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el intento de ser apartada del poder con una moción de censura. Tras un intenso Pleno, la moción no ha salido adelante por 13 'noes' y 12 'síes'. Tras dos horas y media de impasse entre los miembros de la Mesa de Edad, se ha celebrado el debate de esta moción que llegaba muerta al Pleno después de perder el respaldo de dos de sus firmantes, los díscolos de Vox Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

El debate de la moción lo ha abierto el candidato a alcalde, Jesús Giménez Gallo: “Un total de 16 personas han firmado que el gobierno de Cartagena está llevando a cabo una crisis institucional”, ha apuntado, contando los apoyos retirados de los ex de Vox y las solicitudes de continuar el debate de los fieles Abascal. En un principio, la moción contaba con los 14 votos necesarios para ser presentada, la mayoría absoluta del Pleno. Más tarde caería al descolgarse los tránsfugas de Vox, que se espera que vuelvan a incorporarse al gobierno municipal: “Con el trasunto que ha llevado el PP estos días no nos es de extrañar que los ciudadanos quieran dejar de creer en la política”, ha reprochado Gallo.

Un sentimiento que ha compartido el socialista Manuel Torres: “Durante estos diez días no me he preguntado si la moción salía o no, sino qué miedo tiene el PP de perder el poder. Esta moción no es un capricho, nace de la realidad de que este gobierno ha dejado de ser útil”.

“Esta sesión reunirá o no reunirá [las condiciones para que tenga lugar], pero lo que queda es un debate constructivo”, ha concluido Juan Pedro Torralba, portavoz de Sí Cartagena.

Arroyo, por su parte, ha pedido perdón por el “ridículo, bochorno y sinvergonzonería” que ha tenido lugar este martes en el Pleno de Cartagena. Ha querido insistir en la nulidad del Pleno y en el hecho de que se haya incumplido el 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): “[Los tránsfugas de Vox] de manera libre han tomado una decisión y es presentar un requerimiento de desistimiento para no seguir apoyando que se presente, que se debata y que se vote esta moción de censura”, ha recordado.

“Nulidad de pleno derecho”

“Nadie está por encima de la ley, ni el PSOE ni Giménez Gallo. Hoy, por intereses partidistas y personales sin ningún fundamento, se está acometiendo una ilegalidad. Este Pleno está tomado por una nulidad de pleno derecho”, ha reprochado. “Por supuesto que en una democracia puede presentarse una moción de censura, pero debe cumplir sus condiciones, y esta no las cumple”.

En su turno de palabra, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, ha atribuido a esta formación la continuidad del gobierno municipal: “Vamos a votar no a la moción. Vamos a votar no, y ella [Noelia Arroyo] seguirá pudiendo ser alcaldesa porque Vox no cambia principios por sillones”. “Ellos [el PP] se quedan con los tránsfugas que nos han traído hasta aquí, para pasar este bochorno. Se han acercado al cesto de la fruta y se han llevado la podrida para seguir en el poder”.

López Pretel ha aprovechado para reprochar la ausencia del tránsfuga de Vox, Diego Salinas, clave en el fracaso de la moción: “Uno de los firmantes y desfirmantes de la moción no vino al pleno pasado ni a este. Tenemos obligaciones como concejales”.

Al finalizar la votación en el Pleno del consistorio cartagenero, López Pretel ha reclamado ante los medios que “la coherencia de Vox no borra los errores del Partido Popular, que ha decidido expulsar del Gobierno a quienes fueron leales al pacto para conservar a quienes lo rompieron”. Una decisión que, ha anticipado, tendrá “consecuencias políticas, pues la confianza, cuando se rompe, es muy difícil de recuperar”.

El portavoz de Vox en el consistorio de la ciudad portuaria ha explicado que su formación ha votado en contra “porque el PSOE no va a entrar en ningún Gobierno siempre que esté en nuestras manos impedirlo, no porque el PP haya actuado correctamente”.

Rifirrafe en la Mesa de Edad

Todo apuntaba a que la moción nunca llegaría a debatirse, pero los miembros de la Mesa de Edad han entrado a mediodía en un intenso debate interno. Estos han sido Enrique Perez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha recordado que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla, un criterio que compartió la secretaria del Pleno.

Por su parte, Abellán ha defendido que el debate de la moción tenía que seguir adelante: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

Tras dos horas de media de impasse, finalmente se ha impuesto el criterio del edil de MC, mientras la alcaldesa de Cartagena ha advertido de que solicitará la nulidad del Pleno y demandará a Abellán por prevaricación.

De la implosión de Vox a la moción de censura

Aunque la moción de censura se presentó hace dos semanas, su maquinaria lleva moviéndose desde la implosión de Vox en la Región de Murcia. Tras el cese del por aquel entonces líder de los de Abascal en la Comunidad, José Ángel Antelo, Diego Salinas fue el primero en seguir su estela y abandonar la formación. Le seguiría Beatriz Sánchez del Álamo. Hace tres semanas, Salinas abandonó también el gobierno municipal, y una semana más tarde, los tránsfugas de Vox presentaron la moción de censura junto a MC, PSOE y Sí Cartagena.

La convicción de derrocar al gobierno de Arroyo les duró a los tránsfugas una semana. En un intento de evitar que tuviera lugar la moción, la alcaldesa destituyó a los fieles de Vox del gobierno municipal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Horas más tarde, Salinas y Sánchez del Álamo renegaron de la moción de censura: “Creemos que lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura”, justificaron así su cambio de parecer. El pasado lunes fueron más allá registrando sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción y afianzando su fracaso.

Los fieles a Abascal, por su parte, solicitaron formalmente que se mantuviera el debate, recordando que “una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron”.

“Que me has cortado, chico”, estas palabras revelan el tono adoptado entre los miembros de la Mesa de Edad del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, encargada de determinar si se debate y vota la moción de censura presentada contra la popular Noelia Arroyo. Los integrantes de este órgano, Enrique Pérez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP, han mantenido un tenso debate sobre esta cuestión desde el mediodía. Lo que ha empezado como una conversación a micro cerrado se ha convertido en una disputa abierta entre los miembros de la Mesa.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha expuesto que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla. Por su parte, Abellán ha defendido que debe seguir adelante el debate de la moción: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

El concejal no adscrito Diego Salinas no ha acudido este martes al Pleno, así que, en el caso de celebrarse, el PP podría perder la moción.

El clima del Pleno se ha recrudecido aún más al declararse el propio Abellán presidente de la Mesa, al ser el integrante de mayor edad y, de este modo, resolver a favor de la moción con su voto de calidad. Por su parte, el más joven ha defendido que los dos integrantes de la Mesa la copresiden.

La Mesa de Edad le ha cedido la palabra a la secretaria del Pleno, que también ha señalado que se deben mantener los mismos requisitos que se presentaron durante la moción en el momento de su lectura. No se pueden sustituir los proponentes, ya que eso significaría dar paso a otra moción de censura. “Constan en el expediente dos escritos, una de las proponentes retira el apoyo de la moción. Existen dos momentos en los que se deben cumplir los requisitos de la proposición. En la presentación de la moción y en su lectura”, ha argumentado.

Contra el criterio de Jaúdenes, Abellán ha intentado cederle en numerosas ocasiones la palabra a su compañero de partido, el candidato a la moción de censura y líder de MC, Jesús Giménez Gallo: “Esto quedará grabado para siempre. Una votación que debería haber tenido lugar se está convirtiendo en una presión a un concejal libre y electo por parte de los altos funcionarios de este Ayuntamiento”.

Finalmente, Noelia Arroyo ha preguntado si se cumplían las condiciones para celebrar la moción o se levantaba la sesión. “Todo es asesoramiento, nadie puede decirle lo que usted tiene que hacer”, le ha recordado la secretaria del Pleno. Por su parte, Giménez Gallo también ha adelantado que emprenderá acciones legales en caso de que se suspenda.

“Por el bien de la seguridad jurídica del Pleno”, el interviniente ha recomendado a la Mesa de Edad un receso.

La llave de la moción

Los tránsfugas de Vox han sido la llave que ha abierto y cerrado la moción de censura de Cartagena, el cataclismo de este duro encontronazo. Una semana les duró la convicción a los ex de Vox, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, de presentar la moción de censura contra Noelia Arroyo junto a MC, PSOE y Sí Cartagena. Después, la alcaldesa les ofreció un puesto en el gobierno y la destitución de los fieles de Abascal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Tras el nuevo acuerdo, los tránsfugas han hecho todo lo posible para desandar los pasos que caminaron hacia la moción. Lanzaron un comunicado renegando de ella, y el pasado lunes registraron sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción. Los de Vox, por otro lado, solicitaron poco después que se mantuviera el debate en otros escritos.

La Red Regional LGTBIQ+ en la Región de Murcia ha condenado el acuerdo entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Totana que “veta posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo” como condición para la aprobación de los presupuestos.

En Totana, el Partido Popular ostenta la alcaldía con Juan Pagán al frente del Ayuntamiento, aunque lo hace sin mayoría absoluta en el pleno municipal. Esta circunstancia obliga al equipo de gobierno a negociar apoyos con otras formaciones, entre ellas Vox, para poder sacar adelante iniciativas clave como las cuentas municipales.

Según ha denunciado la Red Regional LGTBIQ+, este acuerdo afecta “a vecinos y vecinas que nacen, viven, trabajan o llegan a Totana, y que afrontan las dificultades propias de ser una minoría en una población pequeña”. En este sentido, han criticado que para Vox “la prioridad es que queden resignados al olvido en un mes en el que suelen esperar un pequeño guiño de sus instituciones públicas”. También han apuntado que “el PP ha comprado este discurso discriminatorio a cambio de la aprobación de sus cuentas para la Corporación, o puede que ya lo compartiesen”.

El acuerdo contempla, concretamente, “la ausencia total de actos institucionales LGTBI y de la colocación de la bandera arcoíris en edificios y espacios públicos municipales, así como el resto de simbología ideológica de carácter partidista o activista”. Desde la red han recordado que este punto contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de la bandera LGTBI en espacios públicos y la Ley LGTBI regional, aprobada por unanimidad en la Asamblea regional y respaldada en su momento por el PP. A su juicio, “las vidas LGTBIAQ+ pasan de existencia a mera ideología, invisibilizando así a las personas a las que deberían representar”.

La Red Regional LGTBIQ+ ha hecho además un llamamiento a la ciudadanía de Totana para colgar banderas arcoíris en los balcones y visibilizar el Orgullo y la diversidad. También ha animado a partidos políticos, sindicatos, comercios, asociaciones y centros educativos a impulsar actos de celebración de la diversidad en el municipio, y no descarta organizar nuevas acciones en la localidad.

La moción de censura de Cartagena parece un nudo marinero. Cuando parece que está hecho, alguien tira de la cuerda desde el otro extremo. Por el momento, se desconoce si se podrá votar en el pleno municipal. Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, han registrado este lunes un escrito ante la Secretaría General del Pleno solicitando que se mantenga la celebración del pleno extraordinario de la moción de censura convocado para este martes. La maniobra llega horas después de que los concejales no adscritos Beatriz Sánchez del Álamo y Diego Salinas presentaran sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción a y, con ello, tratar de evitar que el debate y la votación lleguen a producirse, según ha adelantado el diario local La Opinión.

Queda en manos de la secretaria del Pleno determinar si se cumplen los requisitos para que tenga lugar el debate, ateniéndose a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La norma, en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y que cuente con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero. La secretaria del pleno deberá determinar si son válidos los escritos de desistimiento de los tránsfugas de Vox o la solicitud de mantener el debate de los concejales que se han mantenido fieles a Abascal.

Desde Vox consideran que “una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron”. El partido recuerda que durante más de dos semanas Cartagena ha vivido una situación de “máxima inestabilidad institucional” provocada por dos concejales que abandonaron sus siglas, firmaron una moción de censura contra el gobierno del que formaban parte y desencadenaron lo que califican como una crisis sin precedentes en el Ayuntamiento. Ahora, señalan, “pretenden que todo desaparezca sin debate público, sin votación y sin asumir ninguna responsabilidad política ante el Pleno”.

La formación de extrema derecha quiere conocer las razones por las que se firmó una moción de censura alegando un supuesto caos económico y de gestión para, posteriormente, sostener al mismo gobierno al que se pretendía desalojar. “Si hace unos días existía una situación tan grave que justificaba una moción de censura, los ciudadanos merecen saber qué ha cambiado exactamente. Y si nada ha cambiado, también merecen saber por qué se firmó aquella moción”, señala el partido en su nota de prensa.

Por ello, los ediles han manifestado formalmente su disposición a que la moción sea debatida y votada, “garantizando así que el Pleno pueda pronunciarse y que ningún artificio procedimental impida el debate político que Cartagena merece”.

Un voto sin anticipar y una aritmética “delicada”

El partido de Santiago Abascal no ha desvelado el sentido de su voto y lanza así una advertencia velada tanto al PP como a los promotores de la moción. Vox subraya que la situación política actual no es la misma que cuando se presentó la moción: entonces formaba parte del gobierno municipal, mientras que hoy ha sido “expulsado por decisión del Partido Popular para satisfacer las exigencias de quienes habían firmado la propia moción de censura”.

En cuanto a los números, Vox recuerda que los promotores que mantienen su posición suman doce concejales, frente a los diez del PP y los dos no adscritos que han decidido sostener al gobierno. “La aritmética política es, por tanto, mucho más delicada de lo que algunos intentan trasladar a la opinión pública”, advierten, recordando además que en una moción de censura “lo determinante es el resultado final de la votación y la relación entre votos favorables, votos contrarios y eventuales abstenciones”.

Vox desafía a Arroyo y le plantea que, si quiere mantener la Alcaldía, deberá explicar a los ciudadanos por qué ha expulsado del gobierno a quienes fueron leales al pacto de coalición “para satisfacer las exigencias de quienes firmaron una moción de censura contra ese mismo Gobierno”. Y deberá explicar también, añaden, “por qué la estabilidad de Cartagena depende hoy precisamente de quienes hace apenas unos días afirmaban que este Gobierno era incapaz de gestionar la ciudad”.

“La pregunta ya no es qué hará Vox. La pregunta es qué explicaciones están dispuestos a dar quienes provocaron esta crisis política”, concluye el partido, que llama a que cada concejal “dé la cara, se siente en el Pleno y vote públicamente aquello que considere mejor para la ciudad”.

Arroyo desactiva la moción

La alcaldesa del PP en Cartagena, Noelia Arroyo, destituyó el pasado miércoles a los dos concejales de Vox que formaban parte de su gobierno de coalición, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, en una maniobra calculada para frenar la moción de censura que estaba prevista para el 2 de junio. La iniciativa había sido impulsada por el partido cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), el PSOE y Sí Cartagena, y necesitaba los votos de los 14 firmantes para salir adelante, incluidos los de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, dos exconcejales de Vox que habían abandonado el partido en marzo. 

La maniobra de Arroyo funcionó: pocas horas después de los ceses, Salinas y Sánchez del Álamo anunciaron en un comunicado que no votarían a favor de la moción, alegando que lo más responsable era mantener la estabilidad institucional y evitar que el PSOE entrara en el gobierno municipal. Con su retirada, la moción quedó desactivada antes de llegar a votarse, y Arroyo conserva la alcaldía, aunque ahora gobierna con Vox en la oposición.

La división de Vox en la Región de Murcia tras la expulsión a finales de febrero de su antiguo líder José Ángel Antelo ha derivado en la partición de este grupo municipal en Cartagena, ya que existía una tensión palpable entre ellos a lo largo de este mandato que ha acabado provocando una crisis de gobierno.