El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia llevará al próximo pleno de abril la petición de cancelar un concierto previsto para el mes de mayo en 'Las Noches del Malecón' cuyo cartel protagoniza Evaristo Páramo, de La Polla. “Otro concierto de proetarras”, han denunciado desde la ultraderecha, que ya presionó el pasado agosto para que se cancelase una actuación de Soziedad Alkohólika en el festival Pirata Murcia.

La moción que llevará al próximo pleno “denuncia que la Concejalía de Cultura del Gobierno del PP ha vuelto a financiar, con dinero de todos los murcianos, un concierto de músicos punk que denigran a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y alientan la violencia proetarra”, han argumentado desde Vox en un comunicado.

El partido de ultraderecha ha criticado que el concierto vaya a tener lugar “bajo el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Murcia”, como se indica en el cartel que anuncia el ciclo de actuaciones. “En campañas electorales, Evaristo pide expresamente el voto para Bildu; para los herederos de ETA”, han apuntado desde Vox: “Es decir, el Partido Popular de Murcia está patrocinando, otra vez, el entorno cultural de la violencia terrorista abertzale, cuando el concejal de Cultura hablaba hace siete meses de que su partido se comprometía a que esto no ocurriese jamás en nuestro municipio”.

El juzgado de Instrucción de Molina de Segura ha abierto diligencias previas contra dos concejalas de Vox del municipio murciano de Las Torres de Cotillas por prevaricación administrativa. En concreto, se les va a investigar por la presunta contratación irregular de más de 274.000 euros en las fiestas patronales de 2023.

La jueza aprecia en la contratación de estas fiestas “características que permiten presumir la posible existencia de delito”. De acuerdo con la denuncia interpuesta por el PSOE de la localidad, a la que ha tenido acceso este diario, los contratos, presuntamente, fueron hechos de palabra, sin dinero reservado para pagarlos y dividiéndolos para evitar la celebración de un concurso público y, así, adjudicarlos a dedo.

Para esquivar este posible escrutinio, los contratos fueron presuntamente fragmentados. De acuerdo con la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un contrato menor de servicios, presupuestado por menos de 15.000 euros, se puede adjudicar por invitación, no es necesario que se licite. “A un mismo proveedor, por ejemplo, se le pagó presuntamente más de 150.000 a través de once contratos menores”, detalla el PSOE de las Torres de Cotillas. “Esos trabajos deberían haberse contratado juntos, pero se partieron en varios contratos pequeños, posiblemente para evitar controles y no tener que sacar el servicio a concurso público”.

Otra posible fórmula para no someter las contrataciones a concurso se hizo mediante contratos de exclusividad. Según la ley de Contratos del Sector Público, este tipo de procedimiento negociado sin publicidad solo puede cerrarse bajo tres supuestos: “Que el contrato tenga por objeto una (...) actuación artística única; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial”, detalla la norma. “Ese mismo año el ayuntamiento cerró un concierto con Bertín Osborne, tiene sentido que sea con exclusividad. Lo que no es normal es que la contratación de un escenario también sea con exclusividad”, explica el PSOE torreño.

“Nulidad absoluta de las contrataciones”

“[Las concejalas] materializan este tipo de contratación fraudulenta con el perjuicio que este hecho ocasiona a otras empresas del sector que, de haber actuado por el procedimiento adecuado, podrían haber sido adjudicatarios de la contratación, dándose por ello y por la absoluta falta del procedimiento adecuado el supuesto de nulidad absoluta de las contrataciones”, se detalla en la denuncia.

Fueron las primeras fiestas que celebró el gobierno de PP y Vox, constituido después de cerrar un acuerdo de gobierno tras las elecciones municipales de ese año. En total, costaron al erario público casi 700.000 euros, siendo Las Torres un municipio que cuenta con un presupuesto total de casi 20 millones de euros. Según los socialistas, lo contratado de forma presuntamente irregular tuvo que pagarse con remanentes de superávit de años anteriores.

Exconcejalas del PP

Isabel María Zapata asumió la cartera de Hacienda en Las Torres de Cotillas en 2023, al tiempo que fue nombrada primera teniente de alcalde de este municipio murciano. Por su parte, Amalia Pérez Baño se hizo con la cartera de festejos. Tras interponer la denuncia, los socialistas pidieron la reprobación y dimisión de ambas concejalas en enero de 2024, aunque Pérez Baño no abandonaría la concejalía hasta abril. A causa de una reordenación de competencias del consistorio, esta concejala fue trasladada a la concejalía de Barrios y Pedanías, Edificios Públicos y Transparencia.

Antes de integrarse en las filas de Vox, ambas concejalas habían presentado su dimisión como edilas del PP en Las Torres de Cotillas. Paradójicamente, abandonaron sus cargos como protesta por el hecho de que Yolanda Muñoz, expresidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, encabezara la gestora local del partido mientras estaba siendo investigada por una presunta trama de corrupción en el Puerto.

Este medio ha intentado ponerse en contacto sin éxito con la concejala Isabel María Zapata. Por su parte, Pérez Baño se ha negado a responder las preguntas realizadas por este periódico.

A 24 horas de la última dimisión en el grupo de Vox en el Parlamento murciano, la de la diputada Virginia Martínez, el expresidente de la ultraderecha en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha dejado abierta la posibilidad de que haya “nuevas fugas” en la formación, “tanto de concejales como de diputados”. Tras la incorporación de Virginia Martínez al Grupo Mixto, que comparten con los diputados de Podemos Izquierda Unida-Verdes, los ex de Vox suman dos miembros.

“Ahora mismo”, ha apuntado Antelo en declaraciones a los medios de comunicación, las fuerzas en el Grupo Mixto están equilibradas, “hay un empate, y tendrá que dirimir la Mesa de la Asamblea” cómo actuar a partir de ahora. “Voy a velar por mis intereses y los de Virginia, para tener la máxima posibilidad de dirigirme a los ciudadanos”. Sin embargo, ha esbozado, “aunque ahora somos cuatro, pero puede que en el futuro seamos más”, ha insistido.

Sobre su compañera Virginia Martínez, ha presumido Antelo, “es una de las mejores parlamentarias de la Asamblea, de las más duras con la inmigración irregular; yo mismo fui a buscarla a Londres, donde trabajaba en el sector finaciero con un jugoso salario, que dejó atrás para entrar en política porque creía que se podían cambiar las cosas y veía una alternativa en Vox”. Un partido, ha defendido, “cuya cúpula está absolutamente denostada”. Martínez, ha recalcado, “ha sido de las personas más contundentes contra el problema de la inmigración irregular en nuestras calles”.

Vox, “una S.L. más que un partido”

En opinión de Antelo, que ha comparecido ante los medios a las puertas de la Asamblea esta mañana, Vox “parece más un S.L. que actúa en beneficio propio que un partido con interés en cambiar las cosas y es urgente que se convoque un congreso, no se puede dejar al partido en la deriva en la que se encuentra en la Región de Murcia”. Vox, ha continuado, “se presentó a las elecciones enarbolando la bandera de la meritocracia y vemos que en el Ayuntamiento de Murcia se colocan a novias, en Águilas a nueras o al portavoz de Águilas en el Ayuntamiento de Cartagena como asesor”, aludiendo a las recientes polémicas por las contrataciones o nombramientos de personal de confianza del partido tras la salida de Antelo de la formación.

“Si sigue sin haber autocrítica y rectificación por parte de Vox, entiendo que puede haber personas que quieran impulsar otro proyecto”, ha esbozado, aunque “eso no quiere decir que yo vaya a estar en él”.

“Parece que la cúpula quiera a personas sumisas y dependientes, con un perfil bajo”, ha dicho el expresidente de Vox, quien ha asegurado que en el Grupo Mixto seguirá velando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el PP a cambio de su apoyo a los presupuestos.

“El PP lo tendrá más fácil con Vox que con nosotros”

En cuanto a la nueva configuración de la Asamblea, ha considerado Antelo, el PP va a tener más fácil negociar con Vox “que con nosotros, y me remito a los hechos porque Vox acaba de firmar que los centros de menores extranjeros no se desplacen a las afueras o que a los tres años reciban pagas”. Y ha rematado que “las pagas son para los nacionales y los menas (menores extranjeros) tienen que ir a Marraquech; no hemos venido a engañar a nadie y vamos a defender nuestro proyecto”.

Aun así, ha concedido, “yo estoy suspendido cautelarmente y votaré siempre a favor de los intereses de la Región de Murcia, si las iniciativas son correctas, las apoyaré”. Antelo ha exigido que se lleve ya a la Asamblea la reforma del Mar Menor, registrada hace meses, y se ha preguntado “por qué no se lleva a debate si es parte del acuerdo presupuestario”.

Por último, ha lamentado que en la Región de Murcia se haya “desmantelado” el partido, “el único lugar de España donde Vox podía ganar las elecciones, al menos hace un par de meses”.

Vivimos en el imperio del bulo y las mentiras calculadas. No hay día en que no nos intenten colar algún bulo, sobre todo proveniente de la extrema derecha, aunque el Partido Popular se ha abonado a esta manera de hacer política, conscientes de que tiene más impacto en su electorado y entre las personas indecisas cuanto mayor es la barbaridad que sueltan y cuanto mayor número de mentiras dicen en una misma frase.

En la era de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales ya nada es lo que parece. Pululan por las redes videos hechos con IA, los llamados deepfakes, en los que aparecen escenas violentas, bombardeos y asaltos ficticios o suplantaciones de identidad de los rivales políticos, videos que calan en las mentes deseosas de usar esas imágenes para atacar al rival político o para tumbar al gobierno. En Francia, hace unos meses, se viralizó un video falso hecho con IA en el que se veía a un numeroso grupo de inmigrantes saltando entre las bancadas de la Asamblea Nacional, gritando e insultando, como si del asalto al Capitolio (ese sí real) se tratara. La extrema derecha no tardó en utilizarlo para, una vez más, criminalizar al colectivo inmigrante, aunque no se tardó en desmentir el bulo, pero ya había conseguido su objetivo, soliviantar al sector más radical de la sociedad francesa.

El campeón de los bulos es, de nuevo, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha usado la IA para mostrar a Obama siendo detenido por la policía en el despacho oval, a Kamala Harris en un decorado digno de la URSS o a la cantante Taylor Swift, demócrata confesa, apoyando a Trump. El colmo se alcanzó en 2023 cuando el equipo de Trump manipuló un video en el que un presentador de la CNN contrario al presidente declaraba (falsamente) su apoyo.

Las mentiras y los bulos son un modus operandi cada vez más frecuente en la política nacional, todos ellos desde la derecha y la ultraderecha. Desde el bulo de que “se están destruyendo las presas en España”, pasando porque “los inmigrantes irregulares reciben ayudas en cuanto pisan el país”, por la teoría del “gran reemplazo” (usado también en Francia), o la vinculación entre inmigración y delincuencia, entre otros muchos, usan la estrategia de “miente que algo queda”, impregnando las mentes desinformadas y ávidas de utilizar cualquier cosa que les sirva para atacar al gobierno.

Capítulo aparte lo constituye la sarta de mentiras vertidas sobre la Agenda 2030 de la UE, un catálogo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la sostenibilidad y combatir la pobreza. Así, es falso que la Agenda 2030 prohíba el consumo de carne o lácteos, o que imponga comer insectos, como no es cierto que se limitarán los viajes o se prohibirá la propiedad privada (coche, vivienda). Y, por supuesto, la Agenda 2030 no es un plan para que una élite global gobierne el mundo o elimine las soberanías nacionales, tal y como repiten incesantemente desde Vox.

El Gobierno regional, con el presidente López Miras a la cabeza, no es ajeno a la utilización de bulos que les son muy rentables electoralmente, empezando por el bulo del “cierre del trasvase Tajo-Segura”, argumento usado repetidamente desde la llegada al poder del Partido Popular en la Región de Murcia, allá por 1996, con Ramón Luis Valcárcel como presidente. López Miras echa mano del manido mantra cada cierto tiempo, sobre todo cuando se dirige al lobby de los regantes, para asegurar la fidelidad del colectivo de agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que nunca ha dejado de venir agua desde el Tajo, a pesar de la oposición de los miembros de su propio partido de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El mayor escándalo por la difusión de bulos en nuestra región provino a raíz de la agresión a una persona de 68 años en Torre Pacheco. La difusión de un video falso, por parte de los medios de la ultraderecha, de otra agresión, provocó la reacción violenta de una parte de la población contra toda persona de origen magrebí, cuando nunca ha habido problemas de convivencia.

Pero, en mi opinión, lo que más está degradando la democracia en nuestro país es el uso de bulos y mentiras en sede parlamentaria, algo cada vez más habitual. Sus señorías, en virtud del artículo 71 de la Constitución, según el cual “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, abusan en sus intervenciones en las sesiones de control al gobierno de las mentiras, las exageraciones y los bulos, a sabiendas de que sus soflamas no tendrán consecuencias penales o políticas. Pero esto desanima a la ciudadanía y nos aleja del respeto que hay que tenerle a las instituciones cuando ni siquiera la bancada de la oposición, sobre todo, respeta la verdad.

A pesar de la constante labor pedagógica de páginas web especializadas en desmentir bulos y de especialistas que confrontan con datos los intentos de desinformación, parece que se está perdiendo la batalla contra la mentira institucionalizada, que solo favorece al auge de la ultraderecha. Es necesario no cejar en el empeño e ir desmintiendo esos bulos y mentiras, aunque sea una ardua tarea. La democracia lo merece.

El hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Alberto Garre, ha anunciado este viernes su baja en el partido de la ultraderecha tras denunciar “comportamientos casi mafiosos en la cúpula” en unas declaraciones a la agencia Europa Press. Lo hace, además, pocas horas después de formalizar un acuerdo de gobierno municipal con el PP. Tras el pleno celebrado este jueves a última hora de la tarde, tres de los cuatro concejales de Vox en el Consistorio han entrado a formar parte del equipo de gobierno.

Abogado de profesión, Garre ha solicitado la baja del partido esta medianoche y ha explicado a Europa Press que mantendrá su acta en el Ayuntamiento, así como la portavocía del grupo, aunque ejercerá su actividad de manera independiente “como están, por ejemplo, Hermann Tertsch en Europa y también Juan Carlos Girauta”.

Según el político, afín al entorno del expresidente de Vox regional José Ángel Antelo, ha tomado esta decisión después de quince días “brutales” de “intentos de amedrentamiento”, tras la expulsión del gallego como líder de la formación el pasado 26 de febrero. “Es un error tras otro”, ha considerado Garre en referencia a la toma de decisiones de la cúpula nacional, y se ha preguntado por qué se le propuso a Antelo en un primer momento la portavocía nacional de Deporte o ser candidato para las elecciones en 2027 “si sospechaban de él”.

Garre también ha anunciado que se desvinculará de la vicepresidencia del Comité nacional de Garantías de Vox, órgano cuya misión es velar para que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados.

“Yo creo que nunca se puede despreciar a nadie y mucho menos a compañeros que hemos estado aquí trabajando en muchos casos de forma altruista durante muchos años porque lo hacen por el proyecto y por España”, ha declarado a Europa Press en referencia a las manifestaciones de Santiago Abascal en las que afirmó que “los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer”.

Pacto de gobierno municipal en Torre Pacheco

A última hora de este jueves se confirmaba la entrada de Vox en el gobierno municipal de Torre Pacheco, “para dotarle de estabilidad”.  Lo que queda de legislatura, José Alberto Garre tendrá la responsabilidad de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías; mientras que las concejalas de Vox Ana Belén Martínez López y Josefa Guillén, se harán cargo respectivamente de Política Social y Transparencia, y de Sanidad y Medio Ambiente. Garre no ha aclarado, sin embargo, si seguirán sus pasos y abandonarán la formación.

Una cuarta concejala, Mercedes Meroño, se desvinculó de la decisión de sus hasta ahora compañeros y abandonó el pleno tras el anuncio del pacto, que se hizo al margen del conocimiento de la dirección nacional.

La ultraderecha gobernará en Torre Pacheco de la mano del PP tras una moción de urgencia aprobada esta noche en el pleno celebrado en el Ayuntamiento, uno de los principales bastiones de Vox en la Región de Murcia. Una decisión que según fuentes cercanas a la formación se ha tomado de “manera unilateral”, y “sin el conocimiento de la ejecutiva nacional”, y que argumentan en la “necesidad de dotar de estabilidad política al Ayuntamiento de Torre Pacheco”.

El grupo municipal de Vox, defienden en la moción, “ofrece su apoyo para aprobar los presupuestos (el último en vigor es de 2024) y otras iniciativas si se conforma un gobierno municipal” con el PP. Según el texto, en una reunión mantenida este miércoles entre los portavoces de ambos partidos formalizaron un acuerdo donde se suscribe “que apoyarán el presupuesto para 2026 y 2027”, y “ambas formaciones apoyarán los contratos de servicios públicos que requieran, por su magnitud, ser debatidos y aprobados en el pleno de la Corporación municipal”. Según ha podido confirmar este periódico, Vox entraría al gobierno municipal con tres ediles, que se sumarán a los ocho con los que el PP ha estado gobernando en minoría.

La decisión se ha tomado al margen de la dirección nacional del partido. “Pedimos permiso en reiteradas ocasiones para firmar los presupuestos y siempre nos han dado largas. Nos hemos cansado de que unos tengan trato de favor y otros no”, ha declarado a La Opinión José Francisco Garre, portavoz municipal de Vox en Torre Pacheco. Garre, afín a Antelo, se hará cargo de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías;  Ana Belén Martínez López, de Política Social y Transparencia, y Josefa Guillén, de Sanidad y Medio Ambiente.

Mercedes Meroño, la cuarta edil de Vox en el municipio, no ha votado y ha abandonado el pleno. “Meroño, que sí que guarda lealtad al partido, no tenía conocimiento de la maniobra”, han asegurado fuentes presenciales. “Garre ha defendido en su intervención que desde el partido su formación le quieren imponer una serie de formas de actuar sin conocer la problemática del municipio”, han comentado las mismas fuentes, que han apuntado “que con toda probabilidad estos tres concejales sigan los pasos de Antelo y sean expulsados de Vox”.

Los movimientos en Torre Pacheco se unen a la fuerte crisis de Vox en la Región de Murcia, después de que el pasado 26 de febrero la dirección regional dimitiese en bloque para forzar la salida del partido de su presidente, José Ángel Antelo. Una ruptura que terminó de materializarse el pasado 5 de marzo con la expulsión del gallego del grupo parlamentario.

Torre Pacheco ha sido históricamente uno de los bastiones de Vox, donde en las elecciones nacionales de 2019 llegó a ser la fuerza más votada.

En julio de 2025 la localidad saltó a todas las portadas de la prensa nacional tras protagonizar una cacería de migrantes en el municipio alentada por organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Deport Them Now tras la brutal agresión perpetrada contra Domingo, un vecino de 68 años de la localidad, por parte de tres jóvenes de origen magrebí.

En aquel momento, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, del PP, vinculó inmigración y delincuencia tras varios días de disturbios originados por el llamamiento de la ultraderecha a responder con violencia a aquella agresión.

Una ausencia médica ha evidenciado la fragilidad numérica del pleno cartagenero. Antes, los diez concejales del Partido Popular y los cuatro de Vox le otorgaban al gobierno de Noelia Arroyo una mayoría de 14 escaños de los 27 que componen la corporación municipal. Después de que el ex teniente de alcalde de la localidad, Diego Salinas, abandonase Vox, las cuentas no están tan claras.

El ex teniente de alcalde no se ha presentado hoy al pleno, dejando al Ejecutivo con los mismos 13 concejales que tiene la oposición. En el supuesto de que todos los grupos contrarios al gobierno local votaran lo mismo, habría empate. Si se diera lugar este supuesto, el Ejecutivo solo podrá inclinar la balanza a su favor con el voto de calidad de la regidora municipal.

Salinas, pese a que ha abandonado Vox y ahora es un concejal no adscrito, mantiene sus competencias en Desarrollo Económico, Empresa e Industria. Sí que ha dejado ejercer como teniente de alcalde, un puesto que ahora ostenta el portavoz de Vox en el municipio, Gonzalo López Pretel. Una maniobra en la que Arroyo confía en sortear esta crisis originada en el seno de sus socios de gobierno y un intento de espantar al fantasma de la moción de censura que comienza a atormentar al pleno.

Esta sacudida dentro de Vox se ha escenificado este miércoles en el Palacio Consistorial de Cartagena. El sitio que ahora corresponde a Salinas se encuentra junto a la concejala popular Belén Romero. Mientras, López Petrel ocupa el lugar designado al teniente de alcalde y la portavoz Suplente de Vox, Sánchez del Álamo, ocupa su asiento.

De acuerdo con Arroyo, Salinas no ha podido acudir a su cita con el resto de ediles en el Palacio Consistorial de Cartagena por motivos médicos, aunque el edil ha insistido en que no lo volverá a repetir.

Primer político en abandonar Vox tras el cese de Antelo

Salinas fue el primer político de Vox en la Región de Murcia que abandonó el partido tras el cese de su del expresidente provincial de Vox, José Ángel Antelo: “La deriva del partido y el trato dado a Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido”, publicó el ya ex teniente de alcalde en sus redes sociales. Salinas llegó a Vox de la mano de Antelo, cuando lo fichó en el año 2022, llegando a encabezar las listas de Vox en las elecciones municipales de 2023.

Un parking disuasorio junto a la piscina municipal. Este ha sido el espacio al que los musulmanes de Jumilla han sido relegados para celebrar este viernes el fin del Ramadán. En este municipio murciano se aprobó el pasado agosto un acuerdo entre PP y Vox, que prohibió la celebración de actividades religiosas en el polideportivo local. En la moción original, presentada por los de Abascal, se especificaba el veto al Ramadán o de la Fiesta del Cordero en espacios públicos.

Tras la aprobación de la medida, Jumilla se convirtió en el primer consistorio en aprobar el veto de actividades del culto islámico. Se trata de municipio con una población -según datos del INE- de unas 1.500 personas procedentes de países donde se profesa el Islam.

Técnicamente, la prohibición no llegó a aplicarse. La Abogacía del Estado recurrió el acuerdo el pasado mes de octubre y exigió la suspensión cautelar de la moción. Pero el Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia rechazó el recurso de la Abogacía del Estado, alegando que “lo acordado no pasa de ser una petición de inicio de unos trámites”.

En efecto, la moción no llegó a rubricarse, pero representantes de la comunidad islámica en Jumilla y del Ayuntamiento acordaron el traslado del rezo a un lugar distinto al polideportivo municipal, que es donde se había hecho otros años.

Es por ello que, por primera vez, el rezo ha tenido que ser trasladado al aparcamiento, donde se han colocado vallas para delimitar el perímetro. Unos 2.000 fieles han concurrido en este encuentro, que se ha desarrollado con “normalidad”. En otras ciudades de la Región, como Cartagena, el rezo ha sido multitudinario, con unos 4.500 fieles acudiendo a esta cita.

Al rezo en Jumilla han acudido también representantes de la oposición, en concreto la portavoz del PSOE en el municipio, Juana Guardiola; y la edil de IU-Podemos, Ana López. En declaraciones a medios, la portavoz socialista ha expresado su agradecimiento a la comunidad musulmana, “por su comportamiento ejemplar, humilde, sencillo, discreto, su generosidad y aceptando las condiciones impuestas por el Gobierno local”. “Me ha emocionado, pero he sentido vergüenza de que no hayan podido realizar este rezo en mejores condiciones, porque no hay ningún motivo para no hacerlo, somos un pueblo acogedor, que llamamos a la convivencia y se les ha negado”.

El pasado 20 de febrero el Barça ganó al UCAM Murcia de baloncesto, por 91-85. El equipo murciano peleó con uñas y dientes en la cancha para intentar ganar a los blaugranas por tercera vez consecutiva, pero no fue suficiente. Los catalanes vinieron con la lección aprendida tras las dos derrotas anteriores y se alzaron con la victoria. Ninguno de los dos oponentes jugaba en casa -el partido se disputó en el Roig Arena de Valencia- pero la grada estaba a rebosar de hinchas murcianos. Dos de ellos eran el por aquel entonces líder de Vox en la Región de Murcia y portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo; y su portavoz adjunto en el parlamento, Rubén Martínez Alpañez. Así lo atestigua una publicación en redes sociales de Antelo, en el que ambos posan con la bufanda del equipo, Alpañez con el pulgar hacia arriba: “Hoy toca dejarlo todo en el Roig Arena”, rezaba el post. Una semana después la dirección nacional cesó a Antelo, y ahora Alpañez ocupa su puesto como representante del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara regional.

“No me extraña que dos días antes sean tan amigos y al día siguiente se traicionen, esa gente es así”, ha desdeñado un exmiembro de Vox. “Me lo estoy pasando en grande viendo esta película, están recibiendo todos de su propia medicina”, ha añadido.

El tratamiento se administró en apenas dos semanas. Días después de ese partido de baloncesto la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, se reunió con Antelo para pedirle que dimitiera a cambio de una portavocía en la comisión de Deporte y que continuase como candidato para las elecciones autonómicas de 2027. Ante la negativa de Antelo, al día siguiente dimitió de golpe todo el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la formación, forzando su salida. Este lunes se le retiró la portavocía del grupo en la Asamblea Regional, un proceso agónico que debería haber terminado la pasada semana. Pero Vox presentó la petición de su expulsión a la Mesa del Parlamento con el propio certificado digital de Antelo y las firmas manuscritas de sus diputados, por lo que este órgano tuvo que rechazar la solicitud. “Está claro que le ha hecho la cama a Antelo”, han señalado desde el entorno de Alpañez.

De las canteras del PP a las filas de Vox

La andadura política de Alpañez comenzó mucho antes de que se fundase Vox: “Es un chico inteligente y con ambición política, estuvo metido en el PP desde Nuevas Generaciones”, ha destacado su entorno. Pronto ascendió tras su paso en la cantera popular, llegando a ser candidato al Congreso por la Región de Murcia en 2008. Ese año se presentó junto a su compañero en la Asamblea y expresidente de la Región con el PP, Alberto Garre; y con la actual diputada de Vox en la Cámara Baja por la Región, Lourdes Méndez-Monasterio. 

Más tarde sería uno de los fichajes estrella de Vox para sellar su matrimonio con la UCAM. En 2020 trabajó como gestor de equipos en la vicesecretaría de organización de Vox. Su reclutamiento fue extremadamente estratégico: no solo era yerno del difunto presidente de la Fundación San Antonio, dueña de la Universidad Católica de la Región de Murcia (UCAM), sino que además contaba con un perfil técnico. Doctorado en Economía y Derecho, en 2010 comenzó a trabajar como jefe del departamento de Inversiones en el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF). Cinco años más tarde, en 2015, compaginó este cargo con el de profesor asociado a tiempo parcial en la UMU, impartiendo Economía Aplicada. En la actualidad mantiene una excedencia de ambos empleos, que cogió cuando pasó a ser diputado del Grupo Parlamentario Vox en el año 2023.

“Ve a las personas como una escalera para avanzar posiciones. Y tiene a su favor la llave de la UCAM. Es cierto que Antelo también tenía el apoyo de la Universidad, pero Alpañez está muy reforzado en ese entorno”, ha señalado una exdiputada de la Asamblea Regional.

Precisamente en 2023 su destino parecía que apuntaba a la candidatura a las elecciones municipales de Murcia. En aquel entonces ya era vicesecretario de Organización de Vox en la Región, y la dirección nacional lo barajaba para que diera un paso al frente municipal. Finalmente Vox se decantó por Luis Gestoso para la alcaldía; y tras las elecciones regionales de 2023 Alpañez se convirtió en diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional. 

Meses después, comenzaría a familiarizarse con el cargo que le ha arrebatado a Antelo esta semana. Tras unas eternas negociaciones, en septiembre de 2023 los de Abascal entraron en el Gobierno de la Región de Murcia junto al PP. Antelo se convirtió en vicepresidente de la Comunidad Autónoma, y Alpañez, en portavoz de la formación política. Un cargo que ostentó hasta julio de 2024, cuando Abascal rompió en bloque los cinco gobiernos regionales que tenía coaligados con el PP por el reparto de menores migrantes. El acuerdo de gobernabilidad murciano apenas sobrevivió diez meses, y Alpañez volvió a ser portavoz adjunto del partido hasta esta semana, cuando se ha expulsado de forma definitiva a Antelo.

Antelo y Alpañez formaron un auténtico tándem, posicionándose como las caras visibles de Vox en la Región de Murcia: “Antelo era más visceral y Alpañez más cerebral, se complementaban”, han recordado fuentes cercanas al partido.

Una ambición “sin límites”

Tanto fuera como dentro del gobierno, Alpañez ha sido un interlocutor constante entre Vox y el Gobierno regional, firmando los presupuestos regionales junto al portavoz del PP, Joaquín Segado. Más allá del Ejecutivo, su figura en el Parlamento puede considerarse polarizante: “No tiene límites en su ambición, es muy adulador. Sabe muy bien a quién tiene delante, y a quién acercarse para escalar en todos los terrenos, pero, sobre todo, en el del poder”, ha definido una exdiputada.

“Dentro de partido hay sectores en los que no despierta simpatías, no gusta”, ha compartido una fuente cercana a Vox. “A Antelo se le ve venir. Puedes estar de acuerdo o no con él, pero es un hombre de palabra, va de frente. Se nota que no es un político profesional, de carrera”, ha comparado un exconcejal del Ayuntamiento de Murcia.

Sin duda el enfrentamiento más directo lo ha tenido con el exdiputado de Podemos Víctor Egío. El pasado junio Alpañez arremetió contra la baja de paternidad de Egío durante su intervención, haciendo referencia a los “seis meses que ha estado sin aparecer por el Pleno de la Cámara”. El diputado de Podemos solicitó su turno de palabra para responder a esas “infames alusiones”. Ante las protestas de Egío, la presidenta de la Cámara le pidió abandonar el pleno, cosa que, al no ocurrir, la llevó a suspender temporalmente la sesión. Tras suspenderse el pleno, varios diputados de PP y PSOE se acercaron a Egío para tratar de calmar los ánimos. Alpañez, por su parte, se marchó a su despacho junto con sus compañeros de Vox, entre risas contenidas.

Finalmente, la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento autonómico consideró, por mayoría, que Egío incurrió en infracciones “de gravedad suficiente” para ser constitutivas “de una conducta sancionable”. Con el beneplácito de PP y Vox, se le suspendió al diputado de sus funciones parlamentarias durante un mes, con la consecuente pérdida de su asignación económica.

Pancorbo, de consejero a líder de Vox

Con la salida de Antelo, Vox se ha decantado por deslocalizar el poder que concentraba y asignar los puestos que ocupaba a varios individuos. Así, mientras que la portavocía del Parlamento murciano la ha asumido Alpañez, el liderazgo de Vox en la Región de Murcia ha caído en manos de José Manuel Pancorbo.

De perfil discreto, el nuevo presidente provincial de la formación de extrema derecha fue consejero de Fomento en la etapa de coalición entre PP y Vox, donde hizo uso de su formación como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Afiliado al partido desde 2014, Vox ha vuelto a invocar a la vieja guardia: “Ha sido el experto con el que contamos en nuestro grupo de infraestructuras. Tenemos una grandísima cantera. Estos años nos hemos preparado para gobernar”, apuntó el propio Antelo después de que Pancorbo asumiera la cartera de Fomento.

Quien no se ha movido de su puesto es el portavoz de municipal de Vox en Murcia, Luis Gestoso, pese a que se le considera uno de los arquitectos regionales de la caída de Antelo. Antes de volverse un hombre fuerte de Vox, militó durante 30 años en el PP de la Región. Es un viejo conocido entre los populares, puesto que en su momento apoyó al expresidente Alberto Garre -actual vicepresidente de Vox en la Comunidad- frente a otro antiguo presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (PAS), imputado en diversas causas. Gestoso abandonó su puesto como director general de Emergencias en 2015 después de ocho años y también su militancia en el Partido Popular alegando, justamente, los casos de corrupción del partido.

También tuvo una estadía breve en Ciudadanos. Se hizo militante durante unos pocos meses, pero también dejó el partido naranja al ser imputado por una operación urbanística realizada en su etapa como concejal de Urbanismo en el municipio murciano Molina de Segura, caso en el que resultó absuelto.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ya tiene nuevo primer teniente de alcalde. El portavoz de Vox en el municipio, Gonzalo López Pretel, sustituirá a Diego Salinas, que abandonó la formación de Abascal el pasado miércoles. Lo ha anunciado la propia alcaldesa, en una maniobra con la que espera sortear la crisis con sus socios de coalición. Pese a su cese como primer teniente de alcalde y la pérdida de su posición dentro de la Junta de Gobierno, Salinas conservará la cartera de Desarrollo Económico, Empresa e Industria.

La de Salinas fue la primera salida de Vox a causa del cese del ex presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo: “La deriva del partido y el trato dado a Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido”, publicó el ya ex teniente de alcalde en sus redes sociales. Salinas fue fichado por el propio Antelo en el año 2022, llegando a encabezar las listas de Vox en las elecciones municipales de 2023.

En declaraciones a Cadena SER, Pretel ha calificado la crisis municipal de su partido como una réplica sísmica: “Cuando hay un terremoto después hay réplicas o ondas expansivas y este es el resultado de aquella”, ha definido.

A su salida, Salinas permanecerá en el pleno cartagenero como concejal no adscrito, dejando al gobierno compuesto por diez ediles del Partido Popular, tres de Vox y su propio asiento. Para Petrel, la nueva configuración del pleno no debilita a la coalición: “Nosotros seguimos teniendo el mismo peso dentro del Gobierno que cuando firmamos el pacto con cuatro concejales”.

“Seguimos siendo tres concejales y no tengo ningún indicio de que eso vaya a cambiar”, ha asegurado, descartando una nueva sangría de concejales de Vox.

El nuevo teniente de alcalde ha reprochado a Salinas que quiera mantener su acta como concejal: “Somos concejales porque nos presentamos por una lista con unos valores y unos principios. Cualquier cosa que no sea entregar el acta es secuestrar la voluntad popular y hacer una apropiación indebida de esos votos”, ha valorado, exigiendo “públicamente” que la entregue.

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional ha trasladado a su diputado y expresidente del partido en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, al Grupo Mixto, donde compartirá espacio con los representantes de Podemos e Izquierda Unida.

La decisión fue confirmada este miércoles por Rubén Martínez Alpañez, designado nuevo portavoz del partido en la Cámara, aunque la Mesa de la Asamblea aún no ha tramitado oficialmente el escrito que comunica el cambio de portavocía. Según Alpañez, la expulsión de Antelo se acordó el martes durante una reunión en la sede regional de Vox y fue ratificada este miércoles. Asimismo, indicó que se le ofreció al exlíder la posibilidad de renunciar a su escaño, opción que Antelo rechazó.

“La formación y el grupo parlamentario llevan muchísimo tiempo intentando corregir determinadas situaciones de ineficiencia y mala gestión. Se le han dado muchas oportunidades y no ha querido aceptar ninguna”, ha añadido Alpañez.

El exlíder provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, había denunciado previamente esta mañana que el partido había usado su firma para tramitar su sustitución como portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional: “Es un delito de suplantación y de falsedad documental, delitos muy graves en el Código Penal”. El pasado martes, el grupo parlamentario Vox acordó, por mayoría absoluta de sus diputados, que Rubén Martínez Alpañez relevase a Antelo al frente de la portavocía en el Parlamento murciano. Pero a la hora de formalizar este trámite ante la Mesa utilizaron el certificado digital del grupo Vox, con la firma de su representante legal ante los órganos parlamentarios, que es el propio Antelo.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, Antelo alertó a la Mesa, que ha optado por rechazar el documento y no tramitarlo por defectos de forma en su presentación.

“A nadie se le ocurre utilizar la firma de una persona que no ha dado ningún tipo de autorización para que él mismo solicite su propio cese. Esto no es ni serio ni es razonable”, ha protestado, anunciando que ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos. Por el momento, ni confirma ni desmiente si llevará esta presunta suplantación de su persona ante un juzgado.

Por su parte, desde Vox apuntan a otros motivos para el rechazo del documento de cese por parte de la Mesa: “Se presentó un escrito con el certificado del grupo parlamentario, pero intentando enmarañar la situación se presentaron otros escritos alternativos que obligaron a la Mesa de la Cámara a rehacer el escrito que solicitaba el cambio de portavocía”.

Tal y como insistió desde su cese, Antelo ha expresado su deseo de seguir formando parte del grupo parlamentario Vox, y ha reiterado que no tiene interés en irse al grupo mixto. Ante esta situación, si el partido quiere recuperar sus certificados digitales, deberá expulsarlo del grupo.

Pese a su deseo expreso de no querer abandonar el partido, Antelo ha dedicado duras palabras contra Santiago Abascal. Ha denunciado que, tras el anuncio de su cese el pasado miércoles, el líder nacional de Vox aún no ha contactado con él para darle explicaciones de por qué lo aparta tras siete años de trabajo en el partido: “Si esta es la democracia interna que hay en el partido, ¿qué pasará cuando llegue al Gobierno?”, ha planteado.

Mientras esto ocurre, Antelo ha mantenido una relativa normalidad parlamentaria. Ha asistido al pleno de este miércoles y ha votado a favor de la toma en consideración del proyecto de ley de Bienes de Interés Turísticos (BIT) de la Región de Murcia, en sintonía con el resto de su grupo.

Primera baja

Este miércoles ha tenido lugar la primera baja del partido a consecuencia del cese de Antelo. Se trata del primer teniente de alcalde de Cartagena, Diego Salinas, que abandona la formación por “la deriva del partido y el trato dado a José Ángel Antelo”. Ha asegurado que lo que le ha ocurrido al antiguo líder de Vox en la Región son hechos “incompatibles con los principios y valores que he defendido”.

En Cartagena, el grupo municipal de Vox está formado por cuatro concejales y mantiene un gobierno de coalición con otros diez ediles del PP. Tras abandonar Vox, Salinas podrá permanecer como concejal no adscrito, lo que genera dudas sobre el futuro del gobierno cartagenero.

Salinas fue fichado por el propio Antelo en el año 2022, llegando a encabezar las listas de Vox en las elecciones municipales de 2023. Antelo le ha respondido en redes sociales: “Ánimo amigo, persona trabajadora e íntegra que se puso desde el primer momento a trabajar por Cartagena y por España”.

Mayoría absoluta, pero no unanimidad

El pasado martes el grupo parlamentario Vox acordó, por mayoría absoluta de sus diputados, que Rubén Martínez Alpañez relevase a José Ángel Antelo como portavoz del grupo. La decisión tuvo lugar en la sede regional del partido, en la céntrica Plaza Circular de la capital murciana, con representación de la dirección nacional del partido. De acuerdo con el diario local La Opinión, acudió al encuentro la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis. La semana pasada, fue ella la que viajó hasta Murcia para tratar de convencer a Antelo de dimitir como presidente provincial a cambio de mantener su candidatura electoral y asumir una portavocía nacional en el área de Deportes, sin éxito.

La votación para cambiar a Antelo por Alpañez se saldó con mayoría absoluta, pero sin unanimidad entre los nueve parlamentarios de Vox. El voto discordante fue el de la diputada Virginia Martínez, quien prefirió abstenerse.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este lunes su “respeto” a los procesos internos de los partidos políticos y ha dicho que tiene “una buena impresión” del expresidente provincial de Vox y diputado regional de esa formación, José Ángel Antelo. A preguntas de los medios de comunicación en un acto público en Santomera, López Miras ha eludido valorar los últimos cambios en el seno de Vox en Murcia: “Yo soy muy respetuoso con los procesos internos de otros partidos políticos y, por lo tanto, no voy a hacer ninguna valoración”, ha señalado.

Sobre Antelo, ha dicho que “siempre ha cumplido su palabra en todas las negociaciones, en los acuerdos” y ha reconocido que, aunque les diferencian “muchas cosas” al pertenecer a partidos diferentes, “es un hombre de palabra y siempre ha cumplido los acuerdos con el Ejecutivo de la Región de Murcia, con el PP, el tiempo que estuvimos juntos en el Gobierno y ahora en la oposición”.

López Miras ha dicho desconocer si la crisis de Vox puede pasar factura a los acuerdos parlamentarios en la Región y ha hecho de nuevo un “llamamiento a la responsabilidad” para sacar adelante las cuentas de la Comunidad Autónoma correspondientes a 2026 y otros acuerdos de calado.

“Que haya presupuestos, que haya una ley de vivienda, son cuestiones que son mucho más importantes que las situaciones internas de los partidos políticos. Y, por tanto, creo que es más importante el interés general de los murcianos, de la Región de Murcia, que la situación de cada partido”, ha enfatizado.

Preguntado sobre con quién tendrá que negociar en representación del grupo parlamentario Vox a partir de ahora, el máximo dirigente regional ha insistido en que conoce “muy poco” la situación de ese partido tras los últimos cambios, más allá de lo que ha podido leer en los medios de comunicación. “Hasta donde sé el portavoz es el señor Antelo”, ha afirmado.

“No hay tutelaje” de Génova

Respecto a la presencia del PP nacional en negociaciones con Vox para la formación de gobiernos autonómicos, López Miras ha dicho que “no es cierto exista tutelaje” por parte de Génova. “Lo digo por experiencia propia”, ha remarcado.

“Si hay un líder nacional que conoce perfectamente lo que es ser presidente de una comunidad autónoma es Núñez Feijóo porque ha sido 14 años presidente con mayoría absoluta en Galicia”, ha sostenido el jefe del Ejecutivo regional.

“Tiene que haber una dirección nacional y criterios comunes en toda España porque somos un partido nacional”, ha aseverado López Miras, quien ha recordado que, por ejemplo, en el caso de Vox, “quien marca las negociaciones y las decisiones en los territorios es su dirección nacional”.

El Barómetro de Invierno elaborado por el grupo de investigación Cemop (Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública) de la Universidad de Murcia refleja una ciudadanía que percibe estabilidad política y económica en la Región, aunque sin entusiasmo, y sitúa la inmigración, la vivienda y la política como principales focos de tensión estructural.

Casi el 44% de los encuestados califica la situación política regional como regular, mientras que un 22% la considera buena o muy buena y un 31% la valora negativamente. La percepción cambia notablemente al compararla con el ámbito nacional: solo un 8% valora positivamente la situación política española frente a un 65% que la califica como mala o muy mala, evidenciando una diferencia clara entre la valoración autonómica y estatal.

Además, el 63% de la ciudadanía cree que dentro de un año la situación política regional seguirá igual, frente al 20% que anticipa un empeoramiento y un 11% que espera una mejora.

En cuanto a la intención de voto, según el Cemop el PP ganaría las elecciones si se celebrasen a día de hoy. El reparto de los diputados les aleja, sin embargo, de la mayoría absoluta. Los resultados de la encuesta apuntan a que obtendrían 19 escaños de los 21 actuales (un 37,7 por ciento de los votos), seguidos de Vox, con 12 diputados y un 25,7 por ciento de los votos, igualando en número de escaños al PSOE, que en las últimas tres décadas ha sido la segunda fuerza más votada en la Región. Con un 25,1 por ciento de los votos, perderían un escaño respecto a las pasadas elecciones. Mientras que Podemos e Izquierda Unida se quedarían igual con dos diputados. El estudio se realizó entre los días 20 de enero y 6 de febrero de 2026 mediante entrevistas telefónicas a 820 individuos de más de 18 años empadronados en la Región de Murcia, por lo que precede al cese del líder de Vox en la Comunidad, José Ángel Antelo.

Economía regional mejor valorada que la nacional

El barómetro confirma una tendencia ya observada en ediciones anteriores: la economía regional recibe una valoración más favorable que la española. Un 28% de los murcianos considera que la situación económica de la Región es buena o muy buena, mientras que el 48% la define como regular y cerca del 22% como negativa. En contraste, más de la mitad de la población (53’3%) cree que la economía nacional es mala o muy mala.

Respecto al futuro, casi el 62% prevé estabilidad económica durante el próximo año, frente al 23% que cree que empeorará y el 11% que espera una mejora. Y en el plano personal, la percepción resulta más positiva: el 44% afirma tener una situación económica buena o muy buena, mientras que solo un 13% la considera negativa.

Inmigración y vivienda lideran la lista de problemas

La encuesta sitúa por primera vez a la inmigración como el principal problema regional, mencionado por el 12% de los encuestados. Le siguen la vivienda (10’1%) y los políticos y la política (8’3%). A continuación aparecen el desempleo (7’1%), los problemas económicos (5’5%) y la valoración del Gobierno regional (4’9%).

El informe destaca que la preocupación por la inmigración está fuertemente condicionada por variables ideológicas y demográficas, mientras que la vivienda se percibe como un problema transversal que afecta a distintos grupos sociales.

Gestión del Gobierno regional: predominio del aprobado justo

La gestión del Ejecutivo autonómico obtiene una valoración mayoritariamente intermedia. Cerca del 44% la califica como regular, el 30% como buena o muy buena y el 21’7% como mala o muy mala, lo que refleja una ligera mejora respecto a barómetros anteriores aunque sin alcanzar una valoración claramente positiva.

Los gráficos muestran además una fuerte relación entre valoración política y recuento de voto, con opiniones mucho más favorables entre votantes del Partido Popular (PP) y Vox y más críticas entre electores de partidos de la oposición. Es decir, el apoyo crece de forma muy notable conforme se avanza hacia la derecha ideológica, mientras que es reducido en la izquierda.

Estabilidad como sentimiento dominante

Uno de los rasgos más destacados del barómetro es la ausencia de expectativas de cambio brusco. Tanto en política como en economía predomina la idea de continuidad, con mayorías claras que anticipan escenarios similares a los actuales en el próximo año.

Según los investigadores del Cemopo, este patrón refleja un contexto de estabilidad percibida combinado con preocupaciones estructurales vinculadas a vivienda e inmigración, en un escenario político marcado por la polarización y la competencia entre bloques ideológicos.

El Barómetro de Invierno 2025/2026 ofrece así una imagen de una sociedad que evalúa su situación económica personal de forma relativamente positiva, distingue claramente entre política regional y nacional y sitúa los problemas sociales cotidianos por encima de los debates institucionales.

Una concejala del PP del municipio murciano de Ojós está siendo investigada por presuntamente apropiarse de forma indebida de 76.000 euros de dos ancianos. La investigación trata de esclarecer si la edila, María Encarnación Palazón, que tiene precisamente la cartera de Personas Mayores, sustrajo este importe a dos de sus tíos, a los que cuidaba en Archena. Su hija también está siendo investigada como coautora de los hechos, considerada responsable de la retirada de fondos en las cuentas bancarias de los ancianos, ya fallecidos.

Los hechos están siendo investigados en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Molina de Segura. De acuerdo con el diario local La Verdad, el magistrado encargado del caso, Felipe Luján, ha señalado que “ninguna de las dos investigadas da una explicación lógica sobre el destino de las cantidades de dinero de 60.000 euros y 6.000 euros”. La extracción de fondos tuvo lugar en dos fases, en enero y marzo de 2023, respectivamente.

La edila ha negado las acusaciones vertidas sobre ella y su hija y ha argumentado que cuidaba de los ancianos, sus tíos, “por el cariño” que les profesaba.

En el auto el juez ha detallado que las investigadas han reconocido que la hija de la concejala tenía autorizada para efectuar reintegros en el banco, y argumentan que uno de los fallecidos, le dio indicación “expresa” para retirar los fondos. Aseguran que el fallecido se hizo con el dinero y que desconocen qué pudo hacer con los fondos: “Fueron sus tíos quienes fueron personalmente al banco a sacarlos”, han sostenido.

La edila asegura que su tía “quería hacer una reforma en su vivienda y por ello le pidió a su hija que sacara dinero de la cuenta para este pago”. La otra retirada de efectivo, ha indicado, se efectuó para costear los gastos del entierro de su tío, fallecido en mayo de 2023, y para el pago de las personas designadas más tarde para cuidar de su tía.

Los denunciantes, también familiares de los fallecidos, alertaron de la falta de fondos de sus cuentas tras su muerte: “Solo había 6.000 euros”, ha expuesto el auto. Al pedir explicaciones a la concejala y su hija, estas aseguraron que “un encapuchado entró en la vivienda, le dio una paliza a su tío y se llevó el dinero”, pese a que no hay denuncia de estos hechos.

Este medio ha tratado de contactar con el Ayuntamiento de Ojós sin éxito. Desde el Partido Popular de la Región han declinado pronunciarse.

La oposición pide su dimisión

El partido en la oposición dentro del municipio, Ojós Vive, ha exigido el cese de la concejala: “Ateniendo a lo establecido en los propios Estatutos del PP en referencia a autos judiciales que impliquen a cargos de este partido, consideramos que el alcalde debe proceder, por respeto a la institución a cesar de inmediato de todos sus cargos a la concejal”.

La formación ha exigido al alcalde de este municipio que comparezca y “explique a los vecinos si tenía conocimiento previo de estos presuntos hechos”.

Por su parte, el Partido Socialista de la Región de Murcia ha exigido a la concejala que dimita de todos sus cargos y entregue su acta de concejal. En caso de no hacerlo, el PSOE reclama al alcalde de Ojós, José Emilio Palazón, su cese inmediato o, de lo contrario, será directamente responsable de esta situación.

“Dada la gravedad de los hechos que se están investigando, la edil no puede continuar al frente de sus responsabilidades. Resulta especialmente grave que quien tiene la responsabilidad de velar por las personas mayores del municipio esté siendo investigada por un presunto delito de apropiación indebida, cuyas presuntas víctimas serían dos ancianos”, han denunciado.

“Nos encontramos ante una situación de máxima gravedad que exige una respuesta inmediata. María Encarnación Palazón no puede seguir desempeñando sus funciones ni un minuto más en estas circunstancias. Por respeto a los vecinos y vecinas de Ojós y en defensa de la ejemplaridad institucional, debe dar un paso atrás de manera inmediata”.

Cuando en 2020 Modou decidió participar en una iniciativa del Ayuntamiento de Lorca, en la Región de Murcia, contra el racismo y la xenofobia, no podía imaginar que, apenas cinco años después, sus compatriotas de Senegal, peones agrícolas como él, tendrían que enfrentarse a serios obstáculos para lograr el sueño que él sí pudo ver cumplido: reunirse con su esposa y, juntos, ver crecer a su hija.

Este municipio murciano no puede entenderse sin la presencia de personas y familias migrantes que conforman una parte significativa de su tejido social y laboral. Según datos recientes del padrón municipal, cerca de un 12% del total de su población —98.969 habitantes— nació fuera de España, con flujos procedentes de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Ghana o Senegal. Comunidades que han dinamizado sectores fundamentales como la agricultura, la hostelería o los servicios domésticos, y que contribuyen a frenar el envejecimiento demográfico, a dotar de trabajadores el campo de Lorca y a ocuparse del cuidado de personas ancianas y dependientes.

Sin embargo, las aportaciones de las personas migrantes y sus derechos han vuelto a ser puestos en entredicho con la última decisión política del Ayuntamiento de Lorca. Y es que, el Gobierno municipal, formado por el PP y Vox, con esta última formación —el autodenominado “partido de la familia”— al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, ha anunciado el endurecimiento de las condiciones para emitir informes favorables de inserción social y de idoneidad de la vivienda, indispensables para que las personas extranjeras puedan conseguir la reagrupación familiar.

Esta decisión ha generado alarma entre colectivos sociales, juristas y organizaciones de derechos humanos que interpretan el cambio como un endurecimiento que pone en riesgo el acceso efectivo de las familias migrantes a un derecho legalmente reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Carta Social Europea o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Reagrupación familiar: un derecho reconocido y sus mecanismos legales

La reagrupación familiar no es una concesión discrecional ni una medida de gracia, sino un derecho que también está regulado en la legislación española. Concretamente, en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Tal y como explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas extranjeras que residen legalmente en España pueden solicitar la reunión con familiares cercanos —como cónyuges, hijos menores o ascendientes— siempre que se cumplan ciertos requisitos, básicamente, medios económicos suficientes y vivienda adecuada.

La importancia de este derecho no es sólo legal sino profundamente humana. Para miles de familias migrantes, la reagrupación significa la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana, facilitar la escolarización de los hijos e hijas, acceder conjuntamente a la sanidad, y construir un proyecto vital estable —y muchas veces seguro— en el lugar donde residen.

ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) también reconoce que la reagrupación familiar es una herramienta central para proteger a las personas bajo protección temporal o internacional, permitiéndoles reunirse con cónyuges, hijos o progenitores que dependían de ellos y que están fuera del espacio Schengen.

El relato de Vox: acusaciones y funcionarios en el punto de mira

En Lorca, la concejala de Servicios Sociales, María Castillo (Vox) defiende el nuevo enfoque de su departamento con un mensaje que ha levantado ampollas entre los empleados municipales. Asegura que desde su llegada a este departamento “los informes [de arraigo y de idoneidad de la vivienda] han dejado de emitirse de forma automática” y ahora se realizan “con rigor legal y técnico”, con visitas domiciliarias “reales” y “comprobación exhaustiva de los requisitos”. La edil presume de estadísticas: desde 2024, solo se han emitido un 30% de informes favorables frente a un 70% desfavorables, cuando antes “prácticamente todos eran favorables”.

Lo que no cuenta Castillo es que esos datos encierran una trampa. Esta redacción ha tenido acceso a documentos administrativos oficiales que acreditan que, durante el anterior mandato corporativo, centenares de expedientes de reagrupación fueron archivados al no quedar acreditados los requisitos necesarios para acceder a este derecho. En esos casos, lo que no hacían los funcionarios era entregar dictámenes desfavorables a los interesados, al no resultarles de ninguna utilidad, puesto que los únicos válidos para solicitar la reagrupación familiar son los favorables.

Al no aclarar este aspecto, el subtexto de las declaraciones de Castillo es otro muy distinto: durante años, funcionarios municipales habrían actuado de forma negligente, emitiendo informes “automáticos”, sin visitas ni comprobaciones y, por tanto, incumpliendo la ley. Vox lanza así una sombra de sospecha sobre el trabajo de los profesionales de Servicios Sociales.

Dentro del propio Ayuntamiento el malestar es patente. Varios trabajadores, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, rechazan de plano estas acusaciones. “Es muy duro que la persona que está políticamente al frente de la concejalía nos acuse de hacer nuestro trabajo fuera de la ley”, explica una trabajadora social. “Siempre ha habido visitas, entrevistas y valoración técnica. La diferencia es que antes se entendía que nuestro papel era facilitar derechos, no bloquearlos”.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, su presidente, Juan Carrión Tudela, se ha dirigido por carta al alcalde del municipio, Fulgencio Gil (PP), para expresarle el malestar de este colectivo por unas declaraciones que “trasladan a la ciudadanía un mensaje sesgado y estigmatizante que puede contribuir a la desinformación, la desconfianza hacia los Servicios Sociales y el rechazo hacia colectivos en situación de vulnerabilidad”. Para Carrión, es “preocupante” que se interprete como algo positivo la limitación en el acceso a derechos reconocidos legalmente. Más aún cuando ese mensaje se lanza desde la Concejalía de Derechos y Servicios Sociales, “que tiene entre sus funciones la de garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo colectivos vulnerables y personas extranjeras”.

elDiario.es Región de Murcia también se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores afectados por las afirmaciones de la concejala de Vox. Fuentes de UGT han censurado duramente las acusaciones de Castillo, a quien han acusado de hacer una “instrumentalización política de los Servicios Sociales” y de intentar convertir este servicio público en “una herramienta de control ideológico”. Desde CC.OO. han declinado hacer declaraciones al respecto.

Del enfoque garantista al restrictivo

Más allá de la retórica, lo que describen profesionales y entidades sociales es un cambio de criterio. Donde antes se evaluaba si una vivienda era razonablemente adecuada para una familia concreta, ahora se obliga a realizar interpretaciones mucho más restrictivas de los estándares. Donde antes se valoraba el conjunto de la situación social, ahora se enfatizan los elementos que permiten un informe desfavorable.

Este giro no es exclusivo de Lorca. Forma parte de una tendencia más amplia impulsada por la extrema derecha allí donde gobierna o influye, que consiste en utilizar procedimientos administrativos como barrera indirecta a la inmigración. No se cambia la ley, pero se endurece su aplicación hasta vaciarla de contenido.

La socialista María Dolores Chumillas, edil de Servicios Sociales en Lorca en el anterior mandato corporativo, advierte de las consecuencias de endurecer las condiciones para el reagrupamiento: “Hablamos de familias separadas durante años, de niños y niñas que crecen lejos de sus padres y madres, o de mujeres que quedan atrapadas en situaciones de dependencia económica y emocional”. Por eso, asegura, “hablar así de porcentajes es tremendamente frívolo e inhumano, porque detrás de cada informe desfavorable sabemos que hay una vida que se trunca”.

Historias que importan: humanizar las cifras

Al margen de los términos técnicos y los debates jurídicos y políticos, existen historias personales que ilustran lo que está en juego cuando se trata de reagrupación familiar. Mahdia, una mujer afgana que logró reagrupar a su hermana y a sus tres sobrinas tras años de espera, cuenta que antes de reunirse con su familia en España el estrés constante y la inseguridad eran una carga diaria: “Aquí por fin están a salvo: podrán ir al colegio y vivir tranquilamente sin preocuparse por las bombas o por los talibanes. Allí vivían con depresión, porque no hay ningún futuro para ellas en Afganistán”, relata Mahdia.

También respira aliviada Sandrine, una camerunesa, rescatada en el mar por el barco Open Arms que llegó a España dejando atrás una situación de violencia y migración forzada. Su hijo Dijibril, entonces de 12 años, había cruzado el Mediterráneo antes que ella y permaneció solo en Malta durante varios meses. Las leyes españolas y la coordinación entre organizaciones y autoridades, lograron unirles de nuevo.

Las historias de integración también muestran el impacto positivo de la reagrupación en el largo plazo. Por ejemplo, Chaimae Hainan, originaria de Marruecos, llegó a nuestro país siendo niña gracias a la reagrupación familiar. Hoy, con 27 años, es abogada y asesora jurídica en temas de migración. Se dedica precisamente a ayudar a otras personas que atraviesan procesos similares de regularización y reunión familiar, consciente de lo diferente que hoy sería su vida si ella no hubiera podido reunirse con sus padres, trabajadores legales en España.

Vivencias que muestran que, lejos de ser procesos unidimensionales, los procedimientos de reagrupación familiar pueden actuar como verdaderas palancas de transformación social, integración y estabilidad emocional y económica para las personas y sus comunidades.

¿Qué cambia realmente en Lorca? Entre la acción política y la vida cotidiana

La iniciativa del Ayuntamiento de Lorca —presentada como una medida de “rigor”— tiene repercusiones que van más allá de un ajuste burocrático. El endurecimiento en la emisión de informes sociales y de vivienda, con un brutal aumento de los desfavorables, puede traducirse en familias separadas durante años, menores que no pueden acceder a la escolarización o la atención sanitaria, o trayectorias vitales truncadas por la imposición de requisitos interpretativos más estrictos.

Los críticos argumentan que, si bien es legítimo asegurar el cumplimiento de la ley, no es jurídico ni ético convertir procedimientos técnicos en barreras ideológicas. “Lo que antes se abordaba desde un enfoque de integración ahora parece dominado por un afán de exclusión dirigido por mero interés político y electoral”, afirma Chumillas, quien recuerda que, en una sociedad democrática, “las políticas migratorias deben equilibrar el respeto a la legalidad con el respeto a los derechos humanos y la protección de la vida familiar”.

Por eso, el anuncio de Lorca, enmarcado en un discurso de “cumplimiento estricto”, abre un debate más amplio sobre qué se entiende por derechos, justicia, equidad y convivencia en tiempos de polarización política.

Para muchos juristas y organizaciones humanitarias, la respuesta no pasa por cerrar puertas administrativas, sino por hacer que los mecanismos existentes funcionen más rápido, con más claridad y con mayor enfoque en las personas, no en las cifras. Porque si la política migratoria sólo se cuenta en expedientes y denegaciones, se estará olvidando que, en cada caso, hay una historia de vida esperando a ser, por fin, reunida con los suyos.

El juzgado cita a declarar como investigado al primer teniente de alcalde de Vox en Molina de Segura, Antonio Martínez, por la difusión de un vídeo en el que señalaba a mujeres musulmanas de la localidad y a sus hijos menores de edad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero de 2025, cuando el también concejal de Seguridad Ciudadana publicó en sus redes sociales un vídeo con mujeres musulmanas llevando a sus hijos a uno de los colegios de la localidad. “Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez”, fueron las palabras con las que acompañó estas imágenes. Ahora, deberá comparecer este próximo 15 de enero en calidad de investigado.

Lo ocurrido provocó la indignación entre los vecinos, que protestaron a las puertas del ayuntamiento, pidiendo su reprobación. Finalmente, el edil fue respaldado por el alcalde de la localidad, el popular José Ángel Alfonso: “Los políticos tenemos una gran responsabilidad en todo lo que hacemos y decimos. Siempre va a haber un colectivo que se pueda mostrar ofendido con lo que se hace”, señaló en el pleno en el que se votó en contra de la reprobación de Martínez.

No es la primera vez que el político de Vox es denunciado por sus polémicas declaraciones en redes sociales. En noviembre de 2023 los socialistas demandaron al teniente de alcalde por “incitar al odio” en Facebook: “Mientras los socialistas de Molina callan y ponen el cazo. Son cómplices. Son sicarios. Mañana me iba a manifestar en su sede como quieren algunos vecinos, pero me tengo que ir a Murcia porque han dejado pudrir hasta los cimientos de su propia sede. Esto es el socialismo, miseria y ruina”, rezaba la publicación.

El PSRM-PSOE en Molina de Segura, denunciantes de lo ocurrido, han celebrado la incoación de diligencias previas: “El PSOE ha mantenido una postura firme desde el primer día. Lo que hizo Antonio Martínez no fue libertad de expresión, fue un señalamiento público. Este 15 de enero comparecerá, en calidad de investigado, lo que demuestra que no es un mero testigo, es parte central del proceso”, ha explicado Isabel Gadea, portavoz del grupo municipal.

La reforma de la Ley del Mar Menor, propuesta por Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia y que rebaja las sanciones, podría vulnerar el principio de no regresión, fundamental en el derecho medioambiental: “Se está conculcando directamente el derecho de la laguna”, ha advertido Eduardo Salazar, abogado ambientalista e impulsor de la ley de personalidad jurídica del Mar Menor. De aprobarse la propuesta, Salazar ha advertido que la Tutoría del Mar Menor solicitará el recurso de la modificación, y no descarta que el Gobierno de España lo acabe presentando.

La reforma de la Ley del Mar Menor era la última de las exigencias que Vox impuso a los populares para la firma de los presupuestos regionales de 2025, rubricada en junio de este año. Se cumple este punto tarde, ya que el acuerdo de presupuesto indicaba que se iniciase “el procedimiento de revisión y reforma” de la Ley del Mar Menor “antes de octubre de 2025”.

Según la proposición de ley, a la que ha tenido acceso este diario, se extraerá el régimen sancionador de la normativa en materia de contaminación por nitratos para que figure en el futuro programa de actuación para la zona vulnerable del Campo de Cartagena. Mientras, los agricultores y ganaderos estarán sujetos a un régimen sancionador basado en el estatal, previsto en el artículo 27 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en materia de nutrición sostenible en los suelos agrarios.

Con el cambio de marco se produce un descenso considerable de la cuantía económica de las sanciones: las sanciones leves con la actual legislación tenían multas de hasta diez mil euros, y con la modificación pasarían a una horquilla de entre 600 y 1.000 euros. “El Mar Menor está muy enfermo, en la UVI, hay plena justificación para darle mayor penalidad a unas conductas como son las agropecuarias que le están haciendo daño”, ha argumentado Salazar, miembro también de la Tutoría del Mar Menor, organismo designado para representar a la laguna salada tras la aprobación de la personalidad jurídica de este entorno.

La propuesta también modifica el artículo 83.4 relativo a la posibilidad de que las empresas sancionadas reciban subvenciones públicas. En su versión original, la normativa estipula que la comisión de infracciones graves o muy graves “conllevará” la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el plazo de dos años. Ahora, se propone matizar este apartado, por lo que la comisión de infracciones graves “podrá conllevar” la pérdida de ayudas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que la actual Ley del Mar Menor “limita la potestad del instructor de los procedimientos sancionadores” a la hora de decidir sobre la imposición de sanciones accesorias: “El instructor tiene que seguir el procedimiento sancionador, no está limitado en ningún aspecto. Eso que están diciendo es directamente incorrecto”, ha apuntado Salazar.

Los ecologistas podrían emprender acciones legales

En un escrito presentado por Ecologistas en Acción, el grueso de asociaciones en defensa de la laguna salada han mostrado su “indignación” por la proposición de ley de los populares. “Es significativo que precisamente se trate de sacar el régimen sancionador de la Ley, y justamente en un asunto tan primordial como el control del uso de nitratos, eliminando un merecido castigo a los infractores: que quienes incumplen la Ley no tengan derecho a subvenciones públicas por varios años”, han denunciado.

Respecto a los cambios propuestos en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, las organizaciones se han mostrado muy críticas: “Está claro que se trata de favorecer y proteger los intereses empresariales, y precisamente del sector con más responsabilidad en la eutrofización del Mar Menor. Es puro cinismo” ha declarado el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo. Por otro lado, el portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, ha advertido que la asociación está analizando el texto que ha presentado el Partido Popular, con sus consecuencias prácticas: “No descartamos emprender acciones legales y administrativas, que anunciaremos en breve”.

Por último, han afeado la fecha en la que se ha anunciado esta propuesta, “el día 23 de diciembre, a las puertas de la Navidad”: “Es un ”clásico“ que proyectos o normativas polémicos se tramiten en fechas navideñas o en agosto, aprovechando que la gente se encuentra de vacaciones, para reducir la contestación social y las protestas. Ese es el verdadero espíritu del Partido Popular en cuanto a la participación y la transparencia”. Las organizaciones han querido recordar que el próximo 28 de diciembre tenían convocada una protesta en el Palacio de la Justicia en Murcia, y que este asalto a la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor será uno de los temas principales de la misma.

Mientras se abre un nuevo frente entre el PP y Vox en Extremadura, los populares murcianos pueden decir que han cumplido la última de las capitulaciones que les mantenían atados a los de Abascal. Al menos, durante este año. El Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.

De acuerdo con el documento, al que ha tenido acceso este diario, se extraerá el régimen sancionador de la normativa en materia de contaminación por nitratos para que figure en el futuro programa de actuación para la zona vulnerable del Campo de Cartagena: “Una vez que se elabore y entre en vigor el nuevo programa de actuación, nada impedirá que, mediante la oportuna modificación legislativa, se redimensionen los contenidos agrícolas y ganaderos de la ley, pudiendo integrarse su régimen sancionador dentro del previsto en materia de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de origen agrario”, han defendido los populares en su propuesta.

En otras palabras, de salir adelante esta modificación, el régimen sancionador contra ganaderos y agricultores será “único” en toda la Región de Murcia. A la espera de que se apruebe el programa de actuación, los agricultores y ganaderos estarán sujetos a un régimen sancionador basado en el estatal, previsto en el artículo 27 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en materia de nutrición sostenible en los suelos agrarios.

La reforma de la Ley del Mar Menor era la última de las exigencias que Vox impuso a los populares para la firma de los presupuestos regionales de 2025, rubricada en junio de este año. Se cumple este punto tarde, ya que el acuerdo de presupuesto indicaba que se iniciase “el procedimiento de revisión y reforma” de la Ley del Mar Menor “antes de octubre de 2025”.

“No se trata de permitir nada que no estuviera permitido, sino de establecer la misma cuantía de las sanciones que para el resto de España. No tiene sentido que aquí sean distintas cuando hay una norma estatal que las regula. Es como si por una infracción de tráfico se pagara más en la Región de Murcia que en el resto de comunidades autónomas”, defiende el Grupo Parlamentario Popular.

Rebajar las sanciones a los agricultores es una exigencia recurrente de Vox hacia los populares, previa a que los de Abascal rompieran el acuerdo de gobernabilidad y salieran del Gobierno de la Región de Murcia por el reparto de menores no acompañados en julio de 2024. Tres meses antes el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, puso sobre la mesa eliminar algunas sanciones consideradas como graves en la norma vigente, como que una explotación agrícola no esté inscrita en el registro de la Comunidad Autónoma o que ésta no disponga de operador agroambiental; además de una rebaja de la cuantía económica de algunas sanciones agrícolas de un 50%.

Ahora, la modificación del Partido Popular no conlleva rebajas en las sanciones al sector agrícola y ganadero, pero modifica el artículo 83.4 relativo a la posibilidad de que las empresas sancionadas reciban subvenciones públicas. En su version original, la normativa estipula que la comisión de infracciones graves o muy graves “conllevará” la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el plazo de dos años. Ahora, se propone matizar a este apartado, por lo que la comisión de infracciones graves “podrá conllevar” la pérdida de ayudas. En otras palabras, se convierte un punto sancionador de la ley que era una certeza en tan solo una posiblidad.

En la propuesta, los populares justifican esta modificación en que la actual Ley del Mar Menor “limita la potestad del instructor de los procedimientos sancionadores” a la hora de decidir sobre la imposición de sanciones accesorias. Es por ello que añaden este verbo transitivo, devolverle la potestad al instructor de elegir si privar o no al infractor de acceder a ayudas públicas, de la misma forma que se recoge en la normativa estatal.

Tras poco más de medio año desde que se constituyó la tutoría del Mar Menor y la Comisión de Representantes comenzase a velar por sus derechos, su presidenta, Teresa Vicente; y su secretario, Alfonso Manzano Ruíz, han dimitido. Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor, ha denunciado que su Comité está “paralizado” por la administración regional y nacional: “Hemos tenido que recordar a la Administración que ellos habían jurado por el Mar Menor, que esa era una ley de los derechos del Mar Menor y que era una ley ciudadana. Que nosotros éramos la voz del Mar Menor”, ha explicado Vicente a este diario.

Aunque Vicente reconoce que la tutoría “va bien”, los comités marchan a dos velocidades: “El Comité Científico y el de Seguimiento funcionan, pero en el nuestro [el de representantes] todo han sido problemas con la administración regional y nacional”, ha resumido a este diario.

Tal y como explica en su carta de dimisión “se ha creado una especie de derecho de veto de las administraciones públicas -la Comunidad Autónoma y el Estado- de muchas de las iniciativas que se han presentado, por cuanto dichos representantes, nombrados por las administraciones, actúan más como defensores de la Administración, que como defensores de los derechos del Mar Menor, que es para lo que fueron nombrados”.

La catedrática apunta directamente al artículo 5.5 del Reglamento, que establece que “los acuerdos del Comité de Representantes serán adoptados por mayoría de sus miembros, con al menos el voto favorable de todas las personas representantes de una de las administraciones y cuatro de las personas representantes de la ciudadanía”. De acuerdo con Vicente, el reglamento ha provocado que representantes de la administración regional y nacional hayan “vetado” propuestas de los representantes de la ciudadanía.

“Nosotros no creíamos que fuera a pasar esto. Si lo hubiéramos sospechado habría recurrido el reglamento”, ha asegurado. Pero ha confesado que temía que la aplicación de la tutoría del Mar Menor se atrasase aún más. “No esperábamos que el gobierno socialista se uniera al otro [el del PP en la Región de Murcia] en contra nuestra. Pero ellos representan a la Administración y piensan como tal”.

Desde la consejería de Medioambiente han asegurado que respetan la decisión de dimitir por parte de Teresa Vicente y Alfonso Manzano Ruíz, pero que no comparten “las razones expuestas”. Han subrayado que “las administraciones públicas han colaborado de manera leal y en un clima de cordialidad en el Comité de Representantes de la ILP del Mar Menor y en defensa de la legalidad jurídica”. Han defendido el papel de los representantes de la Comunidad Autónoma en el Comité, “técnicos de la Consejería que trabajan de forma diaria para y por el Mar Menor”.

Sobre las acusaciones de veto, la consejería ha recordado que “se trata de un órgano que acaba de empezar su andadura, de hecho hoy mismo se ha aprobado el reglamento de funcionamiento de este órgano así como el reglamento de la gerencia”.

En la comunidad autónoma en la que Vox ha sorpasado al PSOE en las encuestas y la migración es la segunda preocupación entre la población, la comunidad musulmana ha decidido decir basta. Tras protagonizar un titular tras otro demonizándolos, acaban de lanzar la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana. 

En menos de seis meses, ciudadanos magrebíes han sido perseguidos por grupos fascistas armados y sin escrúpulos, han intentado prohibir las celebraciones musulmanas en un municipio murciano y han cerrado un centro de menores no acompañados. Y detrás de estos episodios, siempre el discurso de la ultraderecha.

Para abordar estos asuntos nos encontramos en Torre Pacheco con Osama Alalo, politólogo y uno de los impulsores de la Plataforma: “Desde la política se pueden conseguir cambios importantes para el conjunto de la sociedad”, explica convencido y esperanzado. El joven no reside en este municipio, pero sí que se desplaza hasta aquí a diario para cumplir con su horario laboral. El lugar de la entrevista es simbólico: este municipio murciano fue el escenario de una invasión de decenas de ultras organizados a través de las redes sociales y llegados de toda España el pasado julio. Tomaron las calles del pueblo, persiguiendo a la comunidad musulmana y vandalizando sus negocios.

Alalo junto con su mujer Kenza Midoun fueron los responsables de leer los manifiestos antirracistas tanto en la concentración celebrada en Torre Pacheco como en la manifestación que discurrió por el centro de Murcia pocos días después de los disturbios racistas que asolaron esta localidad murciana.

La vida de Alalo ha estado ligada de forma constante al asociacionismo, siendo una de las voces de condena contra los altercados racistas que tuvieron lugar en esta localidad murciana: “Queremos intentar unir a las comunidades musulmanas de los diferentes pueblos. Después de lo ocurrido en Torre Pacheco o en Jumilla, las comunidades musulmanas de estas localidades se han visto solas, por lo que queremos trabajar en esa red de unión”, cuenta. En el municipio del Altiplano, PP y Vox aprobaron una moción el pasado julio para prohibir los rezos islámicos en las instalaciones deportivas.

De padre sirio y madre argelina, el politólogo se ha criado en un entorno que define como “reivindicativo, de lucha contra las injusticias y las desigualdades”. La Plataforma precisamente es fruto de la unión entre amigos: “Tenemos la misma preocupación, sabemos que hay que hacer algo para cambiar la realidad que tenemos y darle voz a aquellas personas que no la tienen”.

¿Cuáles fueron las conclusiones de este primer encuentro de la Plataforma por los Derechos de la Comunidad Musulmana?

Queríamos estudiar cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad. Según el último informe FOESSA, la mayor parte de la desigualdad recae sobre la población migrante. Si segmentamos este dato, vemos que es la población del norte de África la que sufre mayores tasas de pobreza y pobreza severa.

También observamos una descohesión comunitaria como comunidad musulmana y una falta de representación y participación política de nuestra comunidad en la sociedad donde estamos viviendo.

¿Cómo visualiza el futuro de la Plataforma?

Nuestra intención es que la plataforma sea horizontal, participativa, donde exista una cocreación de contenido entre la comunidad y sus impulsores. No queremos jerarquías ni que haya dirigentes dentro de la organización, solo facilitadores del proceso, que la realidad surja de la propia comunidad.

¿Cómo definiría el tejido asociativo de la comunidad musulmana en la Región de Murcia?

Es muy precario. No existe ninguna asociación profesionalizada con una estructura orgánica estable que trabaje durante todo el año. Hay asociaciones impulsadas por el voluntariado, pero ninguna con un programa anual, que reciba subvención y cuotas de socios. 

La única organización estable que tenemos son los centros islámicos, las mezquitas, pero al final estamos viendo que no responden a las necesidades sociales.

¿A qué se debe?

Partimos de la base de que nuestras comunidades en general no tienen una cultura participativa por los países de origen de donde vienen. Llegan aquí y la principal preocupación es el trabajo. Lo único que han podido hacer en colaboración o para la comunidad han sido las mezquitas. Pero las mezquitas están focalizadas dentro de sí mismas, los dirigentes en su mayoría no tienen una visión del conjunto.

En la mayoría de los municipios las mezquitas son propiedad privada y lo máximo que han podido alcanzar ha sido impulsar clases de árabe.

¿Esta falta de organización dentro de la comunidad musulmana ocurre en el resto de España?

Tenemos en Valencia un tejido asociativo importante, al igual que en Madrid y Barcelona. Se puede decir que Murcia es una tierra virgen para el trabajo asociativo de nuestra comunidad.

¿Cómo encajan las mezquitas dentro de la Plataforma?

Hemos decidido tomar otro camino, pero sin olvidarnos de ellas [las mezquitas]. Queremos hablar, participar con ellos, enseñarles que se pueden hacer las cosas de otra manera. Debemos reflexionar sobre el significado que tiene una mezquita en la Región de Murcia, no tiene por qué ser el mismo que en Marruecos o Argelia porque estamos en diáspora. Entendemos que la mezquita debe ir mucho más allá de un espacio de oración.

¿Siente que esta falta de representatividad se extiende a los medios de comunicación?

Estamos viendo que siempre estamos en el foco, y de manera negativa. Día a día se va construyendo más miedo hacia nosotros. Hay una 'valentía cobarde' contra nuestra comunidad, que quiere quitarnos derechos. Hemos visto que lo normal es que sean voces ajenas las que hablan sobre nosotros. Cuando pasa algo, [los medios] llaman al tercer sector que, en su mayoría, no atiende a la comunidad inmigrante musulmana como tal, sino a los recién llegados. 

Tenemos bastante desventaja. El enfoque que se le está dando es un enfoque incorrecto y, además, siempre una visión paternalista.

Entrando en política, una de las condiciones para que PP y Vox firmasen los presupuestos de este año era la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en la Región de Murcia. El consejero de Educación, Víctor Marín, insistió en que esto era “beneficioso para el interés general”. ¿Os sentís moneda de cambio?

Piensan que nosotros podemos ser la moneda de cambio de cualquier cosa porque no estamos organizados para reclamar o para hacer absolutamente nada. [El PP] sabe que Vox siempre va a querer reducir los derechos de nuestra población.

Esta posición que tenemos de debilidad, de falta de cohesión y de organización ya nos está perjudicando directamente sobre nuestros derechos. Ayer fueron las clases de árabe, mañana será otra cosa. Esto es una escalada. Como minoría, nos están aplastando.

Estamos en Torre Pacheco. Han pasado más de cuatro meses desde que ultras de toda España vinieron a lo que denominaron como “la caza al migrante”. ¿Cómo está la población musulmana en el municipio?

No sé qué más le tiene que pasar a la comunidad musulmana para que despierte. Sigue todo igual, no hubo ningún movimiento comunitario. No se sentaron a analizar lo ocurrido, cómo evitar que vuelva a pasar. Sigue la misma atomización: cada uno por su lado y esperando el siguiente golpe.

Tal y como lo describe, parece que llevan la situación con resignación.

Parece que están totalmente resignados. La culpabilidad es multidireccional, también tenemos al Gobierno de España, la Comunidad autónoma y el Ayuntamiento. No estamos viendo movimiento por ninguna de las partes. Ha tenido que venir una asociación de Málaga para montar una jornada de convivencia aquí en Torre Pacheco. Es un poco fuerte, que tengan que venir de 450 kilómetros a organizarte algo en tu pueblo.