Una grabación de audio de más de una hora de duración contiene el primer indicio de la participación del último presidente del Gobierno del Partido Popular en las maniobras parapoliciales contra Podemos. En el audio, según se publicó en 2019, un mando de la brigada política le dice a un exministro de Hugo Chávez que su oferta para que colabore tiene el aval del jefe del Ejecutivo entonces, Mariano Rajoy. Otro de los comisarios que estaban presentes en esa reunión, José Manuel García Catalán, declaró en diciembre de 2024 como testigo en la Audiencia Nacional y aseguró, según el vídeo de la declaración que hoy reproduce elDiario.es, que él no oyó esa relevante afirmación de su compañero porque había ido “al servicio” en ese momento.

El viaje de los tres mandos a Nueva York es objeto de la investigación que se sigue en el Juzgado de Santiago Pedraz contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos integrantes de la brigada política del PP. Uno de los participantes en la reunión, José Ángel Fuentes Gago, ya está imputado en la causa. De los otros dos, el entonces jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, y una subinspectora que les acompaña, Podemos acaba de solicitar su imputación, antes de que prescriban los presuntos delitos que cometieron. 

El juzgado de Pedraz trata de esclarecer las maniobras policiales contra Podemos, principalmente en el primer semestre de 2016, cuando el partido tenía posibilidades de llegar al Gobierno y las investigaciones prospectivas y presuntamente ilegales contra la formación política se dispararon desde el Ministerio del Interior. La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

Aquella reunión dejó una pista de relevancia que provocaron los propios policías al grabar subrepticiamente el encuentro. En 2019, moncloa.com reprodujo un extracto en el que Fuentes Gago trata de convencer a Isea de que haga una declaración formal, a la que en principio se había opuesto, y para ello asegura que él acude a la reunión con “un mandato” de Rajoy para que Podemos no llegue al Gobierno. Sus palabras están reflejadas en el audio completo que se ha incorporado a la causa de la guerra sucia contra el partido, pero aun así, el entonces jefe interino de la UDEF, García Catalán, declaró ante el juez que él no había oído eso y que la tercera de la Policía en la reunión, una agente a sus órdenes, le explicó después que esa afirmación se había hecho cuando él estaba en el baño.

García Catalán se enfrenta ahora a la posibilidad de cambiar su condición de testigo a investigado. En su declaración de testigo, con obligación de decir verdad, el ex jefe de la UDEF pronunció más de veinte veces la expresión “no lo recuerdo”. Alegaba que han pasado diez años de la reunión, pero al tiempo afirmó que podía recordar “con precisión” que el exministro Isea confirmó que la firma que aparecía en “una fotocopia” que le mostraron de una supuesta orden de pago de Hugo Chávez a una fundación de politólogos que años después fundarían Podemos era la suya.

En ese momento, el abogado de Podemos empieza a preguntarle por matices que cambian mucho esa afirmación de Isea. El exministro venezolano, según recoge la grabación, advierte que él no pudo estamparla porque no estaba físicamente en Caracas en ese momento, que sería un sello. También dijo que le extrañaba mucho que apareciera el segundo apellido de Hugo Chávez Frías cuando nunca se recogía en los “puntos de cuenta” ni en ningún otro documento oficial.

Isea expresó sus dudas de que se autorizara un pago en 2008 para años siguientes, práctica que no solía producirse y, finalmente, dejó claro a los policías que no tenía ningún conocimiento de que esos pagos hubieran llegado a realizarse. A todas estas afirmaciones de Isea, por las que pregunta durante su declaración el abogado de Podemos, el ex jefe de la UDEF contesta de la misma manera: “No lo recuerdo”.

García Catalán reconoció durante su declaración como testigo que hubo dos reuniones con Isea en días consecutivos y que finalmente, el exministro venezolano se avino a prestar declaración, siempre con la promesa de que las autoridades españolas le conferirían la condición de testigo protegido y que acogerían a su familia en España, principal preocupación de Isea.

La reunión de los policías españoles con Isea tuvo lugar en el Consulado español el 12 de abril de 2016. El encuentro en el Consulado se produjo después de que el diario Abc publicara el presunto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Caracas a CEPS. El informe que elabora García Catalán y su subordinada, a partir de la entrevista con Isea, es reproducido por ABC en portada el 13 de mayo siguiente, un mes después. Isea, que aspiraba a vivir con su familia en España, se consideró traicionado. No volvió a saber nada de los policías que le visitaron. Solo un cargo del Ministerio del Interior se puso en contacto posteriormente con él, pero no cumplió sus promesas para con él y su familia.

Durante el encuentro, Isea y su abogado están preocupados por las consecuencias de su colaboración con la Policía española. Isea explica que su madre y otros familiares siguen viviendo en Venezuela y que el régimen les acosa. Los policías españoles se afanan en convencer a Isea de que no tiene de qué preocuparse y de que la filtración del documento sobre los pagos a CEPS no ha procedido del Ministerio del Interior español. Los hechos les desmentirán poco después. 

Los policías españoles han fijado un supuesto delito fiscal cometido al menos ocho años antes porque sus posibles autores son una amenaza para el Partido Popular. Pero durante la conversación con Isea intentan hacer creer que están conjurados contra la corrupción y que investigan a todos los partidos por igual. El informe PISA se había encallado en los tribunales cuando se produce la reunión y alguna otra operación secreta, como el montaje de la cocaína a Miguel Urbán, no termina de dar resultados. Así que la opción es atribuir delitos fiscales a los líderes de Podemos. 

“A nosotros todo eso nos da igual: si el documento es bueno, si es malo, si es que la gente, mis compañeros que están aquí, ellos trabajan sobre otras realidades (…) Si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado y han cometido unos delitos es lo único que nos vale a nosotros… Si el documento es bueno o malo… ¡Si es que ellos no lo han negado!”, afirma Fuentes Gago. 

12 de abril de 2016. Nueva York, consulado español. Tres personas mantienen una conversación relevante que nos ayuda a entender cómo funcionó la guerra sucia policial, las cloacas, durante el último gobierno del PP. Allí se encuentran el jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Se llama José Manuel García Catalán. Está el inspector jefe Ángel Fuentes Gago. Y están con un exministro de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, Rafael Isea.

El objetivo de esta reunión es que el exministro les dé el visto bueno a un papel que tiene la Policía. Que reconozca como suya una firma en un papel, aparentemente oficial, que acredita una transferencia millonaria a líderes de Podemos por parte del Gobierno de Venezuela. Y no, no puede asegurar que esa sea su firma, que ese documento sea válido.

La verdad no interesaba mucho. Lo que interesaba era el impacto mediático. El 13 de mayo de 2016, unas semanas después de esta reunión, ABC publicó en portada: “El ministro de Finanzas de Chávez confirma a la Policía los pagos para crear a Podemos”. Hacemos un recorrido a este caso, que explica muy bien cómo se procedía desde la llamada policía patriótica del primer gobierno de Rajoy contra sus rivales políticos, con el periodista de elDiario.es que lleva más de diez años contando este caso, Pedro Águeda.

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El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago ha desarrollado funciones de representación de la Policía después de ser señalado como uno de los máximos responsables de la brigada política y haber sido cesado en su anterior destino. Fuentes Gago participó el pasado febrero en la reunión de la Jefatura Superior de Madrid con Ernst & Young para explicar a la consultora la realidad de la estructura policial en la comunidad autónoma. El Ministerio había encargado a la firma un informe para determinar si la dotación para la subida salarial de las Fuerzas de Seguridad es correcta y el reparto entre funcionarios es el adecuado.

eldiario.es reveló el 21 de febrero pasado que el juez del caso Villarejo había imputado a Fuentes Gago y al resto de miembros de la primera línea de la policía política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Todos ellos son investigados en la pieza secreta que indaga en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados en beneficio de dirigentes de la formación, según apunta el instructor.

Una de las primeras medidas del departamento de Grande-Marlaska había sido cesar a Fuentes Gago y otros miembros de la brigada política de los destinos en embajadas, altamente remunerados, y enviarlos a puestos burocráticos, según informó. Tras la imputación, el Ministerio del Interior decidió no suspender por completo a Fuentes Gago -enviarlo a su casa- alegando que jurisprudencia del Tribunal Supremo lo impedía.

Según esa argumentación, las medidas cautelares dictadas por el juez contra Fuentes Gago no eran de la entidad suficiente para aplicar una medida tan gravosa a uno de los responsables del espionaje a la oposición democrática. Fuentes Gago evitaba perder una parte sustancial del sueldo que sigue percibiendo en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Dos días antes de que se conociera su imputación, Fuentes Gago había integrado la comisión policial que se reunió con la auditora, según el informe de 443 páginas presentado a Interior y al que ha tenido acceso esta redacción. Hasta ahora no había trascendido qué hacía exactamente Fuentes Gago en la Jefatura Superior de Madrid. Llama la atención que el documento señala el destino de los otros cuatro mandos policiales que se reúnen con los consultores, pero no el de Fuentes Gago, de quien solo se indica que es inspector jefe.

Tan solo un mes después de la imputación, Fuentes Gago volvió al centro de la polémica. En marzo trascendió que el juez Manuel García Castellón había abierto otra pieza del caso Villarejo para investigar la aparición de una copia del teléfono de una colaboradora de Pablo Iglesias entre la documentación incautada al comisario. Información procedente de ese teléfono había sido publicada por varios medios de comunicación.

Por aquellos días, moncloa.com publicó la grabación de una reunión en Nueva York entre Fuentes Gago y un exministro chavista ofreciéndole residencia y protección en España a él y a su familia si le suministraba información que pudiera evitar que Podemos llegara al Gobierno. Corría el verano de 2016 y Fuentes Gago trasladaba a su interlocutor que actuaba con un “mandato” del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La información que suministró el antiguo cargo chavista fue incorporada a un informe policial, en el que no aparece la firma de Fuentes Gago y que inmediatamente fue filtrado al diario ABC.

El secretario general de Podemos aprovechó aquello para asegurar que la brigada política continuaba activa y criticar al Ministerio del Interior por mantener destinado a Fuentes Gago en servicios centrales de la Policía. En realidad, la brigada política había dejado de actuar entre jubilaciones, peleas internas e imputaciones.

El inspector jefe Fuentes Gago y los otros cuatro mandos policiales explicaron el 19 de febrero, durante dos horas, a tres responsables de la multinacional consultora el número de funcionarios que tiene asignada la Jefatura Superior en Madrid, en qué especialidades se reparten y cuáles son sus principales problemas: la carga de trabajo y la falta de personal.

Cinco agentes en activo y uno en segunda actividad han sido expedientados después de que la Audiencia Nacional comunicara a la Dirección General de la Policía su imputación en el caso Villarejo. De esos cinco mandos, solo uno ha visto cómo la apertura del expediente ha derivado en la suspensión inmediata de sus funciones. Los otros cuatro continúan acudiendo a trabajar a diario en puestos alejados de aquellos que les permitieron participar en las maniobras contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, entre los años 2012 y 2016.

La referencia que ha utilizado la Dirección General de la Policía para apartar del servicio son el tipo de medidas cautelares impuestas por el juez cuando han declarado como investigados. Aquellos a los que se les ha retirado el pasaporte, prohibido salir del país o impuesto comparecencias mensuales en el juzgado, quedan fuera de la suspensión por no ser medidas “suficientemente gravosas”, aseguran fuentes oficiales del Cuerpo. De acuerdo a esta interpretación de la Ley de Régimen Disciplinario, la imposición de comparecencias quincenales en el juzgado sí es motivo suficiente para que el agente no vuelva a trabajar hasta que se resuelva su expediente.

Esta aplicación del texto legal permite, por ejemplo, que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago acuda todos los días a la Jefatura Superior de Madrid, también después de que haya sido publicada la grabación en la que ofrece en abril de 2016 un acuerdo extrajudicial a un exministro de Hugo Chávez para perjudicar a Podemos. Como el resto de los expedientados no apartados, Fuentes Gago conserva su placa y su pistola. 

Fuentes Gago fue cesado de su puesto anterior de libre designación, el de agregado de Interior en La Haya, por el actual equipo de Interior y enviado a las labores burocráticas que desempeña en la actualidad. El inspector jefe cobraba 10.000 brutos mensuales, una cifra muy similar al sueldo de su esposa, también policía e igualmente destinada en tiempos del PP en esa ciudad europea. Ella fue igualmente cesada. El mes pasado, el juez Manuel García Castellón interrogó a Fuentes Gago como investigado por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. La Dirección de la Policía le abrió expediente al ser informada, lo que no le ha impedido iniciar los trámites para optar al ascenso a comisario.

El artículo 65 de la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía establece, en su punto primero, que la suspensión provisional podrá acordarse por la incoación de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave o “como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal”.

Se trataría de una “medida cautelar” en el plano disciplinario cuya adopción, según el artículo 33 de esa Ley, corresponde acordar al director general de la Policía, Francisco Pardo. Las fuentes de la Dirección de la Policía consultadas alegan, sin embargo, que “jurisprudencia” del Tribunal Supremo obliga a que las medidas cautelares que conlleven la suspensión tengan una gravedad suficiente, como comparecencias quincenales, y que no sirven otras como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse en el juzgado todos los meses. 

Todos los expedientes policiales abiertos raíz de una imputación se paralizan hasta que haya una sentencia firme. En el caso de que los agentes recurran hasta el Tribunal Supremo, el expediente administrativo puede estar detenido años. Los cambios en su situación penal, como ser condenados en primera instancia, pueden provocar que sean apartados del servicio si no lo habían sido antes.

El Régimen Disciplinario de la Policía responde a una Ley Orgánica aprobada en 2010, durante el mandato de Zapatero. Su última reforma, de 2015, es consecuencia de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y no afectó a las suspensiones provisionales. La principal consecuencia de no ser suspendido de funciones es que el policía sigue cobrando su sueldo íntegro. El punto 5 del  artículo 65 establece que el funcionario suspendido “tendrá derecho a percibir el cien por cien de las retribuciones básicas”, en las que no entran los complementos.

El único imputado en el marco del caso Villarejo que ha sido suspendido provisionalmente es el comisario Carlos Salamanca y no está investigado en la pieza del espionaje a Bárcenas, en la que coinciden los principales protagonistas de la brigada política. Salamanca fue detenido el mismo día que José Manuel Villarejo, el 3 de noviembre de 2017, y enviado a prisión provisional por la jueza Carmen Lamela. Arrestado en su despacho de jefe de Seguridad Central de Fronteras, pasó en la cárcel más de diez meses. Una semana después de su detención fue dictada su suspensión de funciones.

Carlos Salamanca está acusado de recibir cohechos a cambio de introducir ilegalmente ciudadanos guineanos en España y de colaborar con Villarejo en el informe King, la pieza principal del caso sobre un dosier para una de las facciones del entorno del dictador guineano Obiang. El juez De Egea le rebajó a mediados de septiembre la fianza a 100.000 euros, lo que facilitó su libertad provisional. Y le impuso comparecencias quincenales en el juzgado, además de la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. Esa imposición de comparecencias quincenales hizo que no se levantara la decisión de retirada provisional del servicio.

Gómez Gordo, imputado y recién ascendido a comisario

La laxa normativa interna para la suspensión de funciones provoca también que otro de los imputados en el caso Villarejo y miembro de la brigada política, Andrés Gómez Gordo, haya estrenado ascenso y destino en las últimas semanas. Gómez Gordo, sospechoso de haber captado al topo de los Bárcenas, se encontraba en excedencia cuando contactó presuntamente con el chófer. Trabajaba como director de Análisis y Documentación de la Junta de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal, para la que actuaba como jefe de escolta, entre otros cometidos. Regresó a la Policía apenas un mes antes de que la exdirigente del PP perdiera el Gobierno autonómico y a los seis meses fue condecorado con una medalla pensionada.

Gómez Gordo volvió a la Policía con su rango de inspector jefe. Intentó ascender a comisario cuando ya había aflorado la actividad de la policía política y fue suspendido. Sin embargo, la inclusión de un miembro de la cúpula del Cuerpo en el tribunal de acceso le despejó el camino al ascenso. Juan Carlos Ortiz, máximo responsable de Información y de la Policía Judicial con el ministro Zoido, había sido jefe de la Policía en Castilla-La Mancha mientras Cospedal era presidenta y Gómez Gordo su asesor.

El cambio de Gobierno sorprendió a Andrés Gómez Gordo realizando ya el curso de comisario y el 20 de diciembre juró el cargo en un acto presidido por el director general. En el discurso central, Francisco Pardo dijo a los nuevos comisarios: “La Policía Nacional es sobre todo Ley. Para los ciudadanos representa la aplicación de la Ley, el cumplimiento de la Ley y el respeto a la Ley. Por tanto, reaccionad frente a los vicios y torpezas de unos cuantos para que sus acciones no empañen el nombre de nuestra institución”. eldiario.es adelantó el 21 de febrero la imputación de Gómez Gordo por participar presuntamente en la operación “parapolicial” de espionaje a Bárcenas para beneficiar a “dirigentes del Partido Popular”, según sospecha el juez.

'Boni': dos expedientes, al borde del banquillo y activo

Otro de los mandos beneficiados ha sido el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, 'Boni', integrante de la primera línea de la brigada política que se sentará en el banquillo junto al jefe de la misma, Eugenio Pino, por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. El juez dictó auto de pase a procedimiento abreviado contra ellos por los delitos de fraude procesal, revelación de secretos y falso testimonio. Ni el expediente que ha motivado ese procesamiento, ni su imputación por el espionaje a Bárcenas han motivado su suspensión cautelar de funciones.

El actual Ministerio del Interior cesó a Díez Sevillano de su puesto en la Embajada de México (11.000 euros brutos mensuales) el pasado diciembre. Sin embargo, el proceso de relevo se ha extendido durante meses y su declaración por el caso Villarejo en la Audiencia Nacional le sorprendió todavía con pasaporte diplomático. El hecho de que anduviera a caballo entre México y España llevó a la Fiscalía a evitar solicitar para él medidas cautelares. Sin medidas cautelares contra él, la Dirección de la Policía le ha mantenido en su nuevo destino en la Jefatura Superior de Madrid a pesar de los dos expedientes abiertos.

Igualmente imputado por el caso Villarejo está Sergio Ríos Esgueva, el exchófer de los Bárcenas que actuó como topo y que fue recompensado con fondos reservados y el ingreso en la Policía. Ríos Esgueva está destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, considerado en el Cuerpo como un destino privilegiado. Y allí sigue después de su imputación el pasado mes de enero por robo, prevaricación y malversación de fondos públicos. El anterior juez del caso Villarejo, Diego de Egea, tan solo le impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país.

El artículo 2 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía excluye a los agentes jubilados de su “ámbito de aplicación”, por lo que el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, el propio Villarejo, Marcelino Martín-Blas y Enrique García Castaño son algunos de los que no han recibido expedientes. Por el momento hay más de una docena de policías, en activo y jubilados, imputados en las distintas piezas del caso Villarejo.

El Régimen Disciplinario afecta, sin embargo, a los que se encuentren en segunda actividad sin destino, motivo por el que hay un sexto expediente, abierto contra el inspector jefe Antonio Bonilla, imputado en el caso Villarejo por la obtención y difusión de datos confidenciales. Bonilla trabaja fuera de la Policía.

En la Policía, en cuanto empiezas a destacar, te colocan un cartel imaginario por el que pasas a “ser de alguien”: “Fulanito es de tal comisario” o “Menganito es muy de tal otro jefe”. Y así se reparten las lealtades que, según su fortaleza, le pueden sostener a uno toda la carrera profesional. O arruinarla. José Ángel Fuentes Gago (Santander, 1971) entregó su suerte al comisario que el PP eligió para dirigir la Policía en 2012, Eugenio Pino, a la sazón artífice de la brigada política. Y a sus órdenes participó en las maniobras contra la oposición que tuvieron lugar hasta 2016. Eso le valió para conseguir un destino de 10.000 euros brutos mensuales (y otros 10.000 para su mujer, también policía) en una embajada y una medalla pensionada. No está mal para una carrera más que discreta, entregada al sindicalismo de los mandos durante los seis años previos.

Pero ser “muy de Pino” empieza a tener ya consecuencias negativas para Fuentes Gago. El actual equipo de Interior lo cesó en su destino dorado en La Haya, al poco del cambio de Gobierno, para enviarlo a una mesa a desempeñar tareas burocráticas. La medalla roja de la etapa de la policía política, a pesar de ello, sigue arrojando su paga mensual. Con todo, el auténtico problema de Fuentes Gago se llama caso Villarejo: el inspector jefe ha sido imputado por su presunta participación en el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. Dos semanas después vuelve al centro de la polémica con una grabación en la que ofrece un pacto a un disidente chavista para perjudicar a Podemos en plena disputa electoral de 2016. Fuentes Gago dice que tiene un “mandato” de Jorge Fernández Díaz y de Mariano Rajoy. La publicación recuerda al policía el hueco que tiene reservado en el archivo de 40 terabytes que Asuntos Internos le intervino al rey de las cloacas.

La combinación de casi dos metros de altura con un rostro neutro, algo aniñado, y la voz ahogada, con un punto eucarístico, sitúan a Fuentes Gago próximo a la popular figura del bonachón. Cuesta imaginarlo en su época en la Brigada Provincial de Información en Vizcaya de los noventa, combatiendo a una ETA especialmente activa. En aquella brigada, Fuentes Gago fue compañero y amigo de Eduardo Puelles, el último policía nacional asesinado por ETA, en 2009. Cuando Puelles falleció, Fuentes Gago andaba en otras ocupaciones muy distintas. Llevaba tres años al frente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), el que representa a los mandos, y se conjuraba para cambiar la “politizada” policía del PSOE en cuanto el PP llegara al poder.

Para conocer cómo Fuentes Gago se situó en el epicentro de la brigada política hay que centrarse en su etapa sindical. El inspector jefe colaboraba activamente con el Partido Popular en materia de seguridad siendo líder del SPP. O lo que es lo mismo, suministraba material para que fuera lanzado contra Rubalcaba. La relación con Ignacio Cosidó era estrechísima, según atestiguan los testimonios recabados de la época. Era su “chico de los recados”, dice alguien destinado en la Dirección General de la Policía entonces. Así que cuando cambió el Gobierno y hubo que nombrar una cúpula policial, el jefe del SPP habló: Eugenio Pino debía ser el director adjunto operativo de la Policía. Para su otro amigo relevante, Enrique Barón, quedaba el segundo puesto más relevante, el de jefe antiterrorista. 

Por aquel entonces, Fuentes Gago era todavía “muy de Barón”. El comisario Enrique Barón había sido el jefe superior en Euskadi, después ocupó ese cargo en Madrid, se fue a trabajar con Francisco Granados a la Consejería de Educación y regresó para que el PP lo hiciera comisario general de Información. Barón fue el único miembro de la Junta de Gobierno que se enfrentó al poder omnímodo de Eugenio Pino. Nuestro protagonista quedó atrapado en la disputa entre ambos. Pero no durante mucho tiempo. En unos meses, el inspector jefe pasó de ser el gran defensor del comisario Barón a ser “muy de Pino”. Una historia de policías (españoles).

Fuentes Gago había abandonado la vida sindical para regresar al servicio activo en el tranquilo destino de Santander, su lugar de origen, cuando Pino lo llamó para que se convirtiera en su mano derecha en Madrid. En comisión de servicio comenzó a cobrar las dietas de tener un puesto a 500 kilómetros de su verdadero cometido. Arrancaba la legislatura de Rajoy y la brigada política se constituía mirando a Catalunya y su proceso soberanista. Eugenio Pino es un hombre de convicciones que sabe tratar a su gente: quien lo había colocado al frente de la Policía debía estar a su lado.

Los suyos, los de Pino, siempre deben ser recompensados, según el ideario del jefe policial. Ya sea cobrando unos sueldos estratosféricos en embajadas o luciendo pechera llena de medallas remuneradas. La excusa con Fuentes Gago es que necesitaba de sus conocimientos jurídicos -es licenciado en Derecho- y de su experiencia en el SPP para lidiar con los sindicatos. Pero el trabajo periodístico primero y ahora la investigación judicial demuestran que Pino tenía reservadas otras ocupaciones para Fuentes Gago.

El “chico de los recados” que llegó a espía ha negado siempre su participación en las misiones extrajudiciales para salvar a España, primero de los separatistas y luego de los “rojos” y antisistema. Pero a cuatro días de las elecciones del 26 de junio, publico.es reprodujo extractos de una grabación en el despacho del ministro del Interior en la que el exdirector de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, le ofrecía toda su colaboración para torpedear el proceso separatista. Ambos hablaban con naturalidad de “José Ángel” al que reconocen muñidor del encuentro en el que los interlocutores conspiraban contra políticos separatistas. “Cuando termine yo de hablar contigo, ministro, se lo diré a José Ángel [Fuentes Gago], que sabe que puede confiar en mí. Joder, si tenéis algo dádmelo. Dámelo. No os queméis vosotros sacándolo en la prensa, que aparezca siempre la UDEF, que os va quemando, que parece un ataque… coño, dámelo y ya lo sacaré yo, ya lo investigaré yo y lo daremos”, afirma De Alfonso.

El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se vio obligado a abrir sendas investigaciones internas cuando El País publicó el patrimonio millonario del comisario Villarejo y la cadena Ser y El Mundo reprodujeron un extracto de la conversación mantenida entre el policía e Ignacio González, a cuenta del origen del lujoso ático de este último. El elegido para dirigir esas pesquisas sobre Villarejo fue Fuentes Gago. Ni Régimen Disciplinario ni Asuntos Internos. Y lo fue a pesar de que ambos trabajaban juntos en la Dirección Adjunta Operativa de Pino y el investigado era de un rango superior al investigador. Fuentes Gago concluyó que no había incompatibilidad alguna entre la actividad empresarial de Villarejo y su puesto de funcionario en la Policía. La Operación Tándem demostraría dos años después que ese entramado era una pieza fundamental de la presunta organización criminal liderada por Villarejo. El inspector jefe tampoco vio nada punible en la filtración del audio que acabó con la carrera política de González.

Así las cosas, la declaración de Fuentes Gago ante la comisión de investigación del Congreso que abordó la policía política se debatió entre la confusión y la mentira. Él se presentó como una especie de asistente de Pino cuya misión era relacionarse con los sindicatos policiales, “asuntos de tipo legal”, acompañar a Pino y “cualquier otra cuestión dentro de las competencias de la DAO”. Y en esas “competencias” cabía todo, según relató con naturalidad. Los diputados le escuchaban con una documentación remitida por Interior que reflejaba un viaje del inspector jefe a Suiza, en un avión del Cuerpo, tres días después de que el banco suizo USB desmintiera la información de El Mundo de que Xavier Trias tenía una cuenta allí y que la Fiscalía archivara su investigación previa. Según Fuentes Gago, su viaje consistió en “acompañar a verificar” la información falsa obtenida con anterioridad.

Cuando Fuentes Gago viajó en secreto a Nueva York a ofrecer un pacto al exministro de Industria de Venezuela Rafael Isea, por orden de Rajoy y Fernández Díaz, ya no estaba destinado en Madrid. Pino lo había enviado de agregado de Interior a La Haya para que se embolsara 10.000 euros brutos mensuales, los mismos que su mujer, a la que el director operativo destinó en la misma ciudad unos meses antes. A pesar de ello, seguía contando con él, vía pago de dietas, para encargos como el viaje a Nueva York en la misión extrajudicial contra Podemos. En el Congreso, Fuentes Gago insistió en que nunca existió “una brigada política”. Sobre su trabajo en la DAO, aseguró: “Yo aquí soy un soldado”. “Usted se parece más a Torrente que a Bond”, le replicó Gabriel Rufián.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Villarejo que imponga medidas cautelares al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del comisario Eugenio Pino, jefe de la brigada política, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. Esas cautelares solicitadas son las prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.

Fuentes Gago ha declarado en calidad de investigado. También lo han hecho esta mañana el antiguo jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, para el que Fiscalía no ha pedido cautelares, aunque sigue imputado. Ambos han contestado a las preguntas de juez y Fiscalía.

Quien se ha acogido a su derecho a declarar ha sido Bonifacio Díaz Sevillano, al igual que Fuentes Gago, antiguo jefe de gabinete del comisario Pino. Anticorrupción solo ha pedido para él comparecencias quincenales porque aún no está claro si su residencia es España o México, a cuya embajada fue enviado por Pino, pasando a engrosar el club de diezmileuristas, un pago a los servicios prestados junto a las condecoraciones pensionadas.

Detrás de esos nombres y cargos se esconde la primera línea de la brigada política que actuó durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, la misma que arrancó centrada en la Operación Catalunya, puso a Podemos en su punto de mira después y llegó a remover en la actuación del Ministerio del Interior en la época del PSOE.

Se da la circunstancia de que los comisarios que protagonizaron aquellos encargos extrajudiciales mantienen un fuerte enfrentamiento entre sí, algunos larvados durante el momento álgido de la brigada política, como el que mantiene como grandes enemigos al principal investigado, José Manuel Villarejo, y al recientemente imputado Martín-Blas.

Los tres investigados que han declarado este jueves lo hacen en el marco de la Pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen. Fuentes próximas al caso vinculan la citación al contenido de la declaración de Eugenio Pino. Éste, a su vez, había sido implicado en el operativo por Villarejo, quien dijo cumplir órdenes del director adjunto operativo y del superior de éste, Ignacio Cosidó. El político del PP no puede ser citado como investigado por el juez de la Audiencia Nacional porque está aforado ante el Tribunal Supremo.

Cinco años después de que el comisario Eugenio Pino pusiera en marcha la estructura secreta con la que la Policía atacó a la oposición política coinciden en la Audiencia Nacional tres de sus principales protagonistas. Todos ellos a las órdenes directas de Pino. Y los tres en calidad de imputados por el espionaje a Luis Bárcenas con dinero de los fondos reservados. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, interroga este jueves al antiguo responsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y los exjefes de gabinete de la Dirección Adjunta Operativa José Ángel Fuentes-Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.

Detrás de esos nombres y cargos se esconde la primera línea de la brigada política que actuó durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, la misma que arrancó centrada en la Operación Catalunya, puso a Podemos en su punto de mira después y llegó a remover en la actuación del Ministerio del Interior en la época del PSOE.

Se da la circunstancia de que los comisarios que protagonizaron aquellos encargos extrajudiciales mantienen un fuerte enfrentamiento entre sí, algunos larvados durante el momento álgido de la brigada política, como el que mantiene como grandes enemigos al principal investigado, José Manuel Villarejo, y al recientemente imputado Martín-Blas.

Los tres investigados que declaran este jueves lo hacen en el marco de la Pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen. Fuentes próximas al caso vinculan la citación al contenido de la declaración de Eugenio Pino. Éste, a su vez, había sido implicado en el operativo por Villarejo, quien dijo cumplir órdenes del director adjunto operativo y del superior de éste, Ignacio Cosidó. El político del PP no puede ser citado como investigado por el juez de la Audiencia Nacional porque está aforado ante el Tribunal Supremo.

La investigación ha acreditado que miembros de la brigada política captaron en 2013 al chófer de la familia Bárcenas, al que estuvieron pagando 2.000 euros mensuales de los fondos reservados durante dos años, a raíz de que el extesorero del PP entrara en prisión y decidiera tirar de la manta sobre el método de financiación irregular del partido durante al menos dos décadas. Se trataba de que informara de todos los movimientos del entorno de Bárcenas y robara documentación perjudicial para la formación en el Gobierno. Al finalizar su misión, el topo fue recompensado con el ingreso en la Policía y un destino privilegiado. El juez cree que detrás de los policías había dirigentes del PP. 

Este jueves están citados dos mandos de la absoluta confianza de Pino, a los que éste recompensó tras su paso por la Dirección Adjunta Operativa con destinos diezmileuristas, Fuentes Gago y Díaz Sevillano. En el pasillo coincidirán con Martín-Blas, defenestrado por Pino debido a su enfrentamiento con Villarejo. Fuentes Gago, Pino, Martín-Blas… todos coinciden en ser policías cercanos ya al Partido Popular cuando éste estaba en la oposición.

Cuando Rajoy ganó las elecciones de diciembre de 2011 Eugenio Pino fue elegido el máximo responsable operativo de la Policía. Martín-Blas fue destinado a la Unidad de Asuntos Internos, para la que Pino tenía reservado un papel especial. Aprovechando su opacidad, necesaria para investigar delitos cometidos por policías, recibió encargos de tinte político. Como reveló eldiario.es en noviembre de 2014, agentes de Asuntos Internos fueron enviados a Catalunya para rastrear información comprometedora de políticos soberanistas y sus entornos, de forma prospectiva y sin control judicial.

Martín-Blas niega rotundamente cualquier participación en la Operación Kitchen y defiende que jamás trabajó codo con codo con el comisario Villarejo, como éste asegura al referirse a la Operación Catalunya. Martín-Blas y Villarejo se enfrentaron cuando el primero investigó a un grupo de policías vinculados presuntamente a la mafia china de la Operación Emperador, entre ellos Carlos Salamanca, y mencionó en uno de los informes a un hijo de Villarejo.

La guerra de comisarios

El enfrentamiento fue a más y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el comisario Pino intentaron frenar la guerra cesando al jefe de Asuntos Internos. Desde entonces, la inquina de Martín-Blas hacia Villarejo se extendió a los responsables de su cese, Pino y la estructura política del Ministerio del Interior.

Con excepción de los patrocinados por el letrado Baltasar Garzón, casi todos los investigados mantienen rencillas entre ellos. El despacho del abogado Garzón comenzó defendiendo a Carlos Salamanca, en el origen de la investigación, pasó a hacer lo propio cuando fue detenido el también comisario Enrique García Castaño y, con motivo de su imputación por la Operación Kitchen, recurrió a él Eugenio Pino, el artífice de la brigada política.

García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, culpa a Villarejo de su imputación y considera que han sido sus mentiras las que le han llevado a estar investigado. Resta Andrés Gómez Gordo, recién ascendido a comisario y el policía asesor de Cospedal, que ha recurrido para su defensa a José Antonio Choclán, abogado defensor de políticos y otros investigados en grandes casos de corrupción, al frente de uno de los despachos más cotizados de Madrid. 

El espionaje policial a Luis Bárcenas para favorecer al Partido Popular, entonces en el Gobierno, ha llevado a los investigadores hasta el corazón de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Después de que fuera imputado su máximo responsable, el comisario Eugenio Pino, ha llegado el turno de sus dos lugartenientes, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. El juez del caso Villarejo ha decidido citar a los tres mandos en calidad de investigados en la pieza secreta de la Operación Kitchen, según han revelado a eldiario.es fuentes del caso.

Las citaciones de Martín-Blas, Fuentes Gago y Díaz Sevillano se han acordado después de las declaraciones como investigados del propio Pino, el comisario Villarejo, Enrique García Castaño y el policía asesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Todos ellos como protagonistas del espionaje a Luis Bárcenas a través del pago de fondos reservados al que fuera chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, también imputado.

La consecuencia de la decisión del juez Manuel García Castellón supone que toda la primera línea de la policía política que actuó en el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 ya está siendo investigada en el caso Villarejo. En la cúspide, el comisario Pino, el policía que el PP eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy llegó a Moncloa. Eugenio Pino era, como el nuevo investigado Martín-Blas, un policía de la confianza de Génova.

Ambos habían colaborado con el Partido Popular en materia de Interior cuando los conservadores estaban en la oposición. Al llegar al poder, uno llegó a lo más alto y al otro, Martín-Blas, se le asignó Asuntos Internos, la unidad dedicada a investigar a otros policías y cuya opacidad decidió a Pino a convertirla en una pieza clave de la policía política y, en especial, de la Operación Catalunya. Sus agentes trabajaron sobre el terreno en las investigaciones prospectivas a líderes del procés y sus entornos personales, según desveló eldiario.es en noviembre de 2014.

Asimismo, Asuntos Internos albergó una nueva Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) dedicada supuestamente a reabrir investigaciones de la Policía que no habían llegado a buen puerto. Con esa excusa, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz repasó la investigación policial del 11-M, una década después de los atentados y con sentencia firme del Tribunal Supremo; o el caso Faisán, que igualmente afectaba a la época del PSOE en el Gobierno. Contra Podemos, la brigada política fabricó el informe PISA.

Los investigadores del caso Villarejo sospechan que, como otros encargos “parapoliciales”, Asuntos Internos pudo participar en la Operación Kitchen. Martín-Blas defiende que él nunca ha trabajado junto a Villarejo. El enfrentamiento entre ambos comisarios acabó con Martín-Blas cesado.

En autos recientes, el juez García Castellón incluye la siguiente afirmación en relación con la Operación Kitchen: “Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones”. Por encima de Pino en Interior solo estaban Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad; y el ministro Fernández Díaz. Como parlamentarios, a día de hoy los tres están aforados ante el Tribunal Supremo.

El juez tomará declaración como testigo este jueves al inspector jefe Manuel Morocho, el principal investigador del caso Gürtel y la caja B del PP a las órdenes de la Audiencia Nacional. García Castellón quiere preguntar al policía si los resultados de la de la Operación Kitchen fueron puestos en su conocimiento, como responsable policial de la investigación en el juzgado.

Los comisarios imputados defienden que el espionaje a Bárcenas tenía por fin descubrir sus testaferros y dinero escondido y que, en parte, lo consiguieron. Fuentes policiales confirman a eldiario.es que el instructor policial de las diligencias, el policía Morocho, nunca participó en la Operación Kitchen ni fue informado de nada referente con la misma. Junto a Morocho declara hoy el excomisario general de Información, Enrique Barón, quien tampoco habría sido informado del uso de funcionarios de su estructura para el espionaje al extesorero.

Fuentes Gago, una coartada para Villarejo

También en un destacado lugar de las maniobras policiales, pero sin unidad que mandar, estuvo José Angel Fuentes Gago. Este inspector jefe hizo las veces de jefe de gabinete en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino durante la mayor parte del mandato del comisario.

Bonifacio Díaz Sevillano, antiguo agregado de Interior en Andorra y quien ya trabajaba en la brigada política, sustituyó a Fuentes Gago cuando éste fue premiado con un destino en el extranjero. Ambos aparentaron actuar como jefes de gabinete de Pino. Su papel en la trama de la policía política tuvo que ser, sin embargo, desvelado por informaciones periodísticas que iban dibujando la verdadera silueta de ambos policías.

El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se vio obligado a abrir sendas investigaciones internas cuando El País publicó el patrimonio millonario del comisario Villarejo y otros dos medios de comunicación reprodujeron un extracto de la conversación mantenida entre el policía e Ignacio González, a cuenta del origen del lujoso ático de éste último. El elegido para dirigir esas pesquisas sobre Villarejo fue Fuentes Gago, a pesar de que trabajaba junto a Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa y de que era un policía de menor rango que el investigado. En ambas , Fuentes Gago concluyó que no había irregularidad alguna en la actuación de Villarejo.

José Ángel Fuentes Gago guardaba en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco suizo. El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso confesó ante la comisión de investigación del Congreso que el inspector jefe le mostró esa información en su terminal telefónico. De Alfonso es el protagonista, con Jorge Fernández Díaz, de las grabaciones en el despacho del ministro, en las que este describe buena parte del funcionamiento de la Operación Catalunya. En esas grabaciones, tanto Fernández Díaz como De Alfonso reconocen a Fuentes Gago como muñidor del encuentro entre ambos. Ante el Congreso, Fuentes Gago dijo no haber pertenecido a ninguna brigada política.

La información por la falsa cuenta de Trias fue portada de El Mundo y su origen está en la Policía, según ha admitido públicamente el director adjunto operativo de la época y artífice de la brigada política, Eugenio Pino. A día de hoy no ha trascendido cuánto dinero de los fondos reservados se utilizó para comprar esa información falsa, ni qué policías se desplazaron a un país extranjero a obtenerla, como fuentes policiales aseguran que ocurrió.

Por su parte, Díaz Sevillano se sentará en el banquillo junto a Pino por intentar introducir información robada en la investigación que se sigue a los Pujol en la Audiencia Nacional. Por eso y por mentir al juez José de la Mata cuando abrió una pieza separada para investigar la maniobra. El juez ha dictado auto de pase a procedimieno abreviado por los delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio. La acusación particular les pide más de dos años de cárcel.

El club de los 'diezmileuristas'

Díaz Sevillano, Fuentes Gago y otro policía compartían un despacho en la calle Rafael Calvo de Madrid, sede de la Dirección General de la Policía, que mandos policiales describen como la auténtica sede de la policía política. Durante su declaración en la Audiencia Nacional por el pendrive de los Pujol, Díaz Sevillano le dijo al juez que allí guardaban un disco duro externo con las informaciones que les llegaban y que lo destruyeron por orden de Pino.

Condecorados en ese periodo con una medalla pensionada, esta no fue la única recompensa para ambos inspectores jefes. Los dos fueron destinados a embajadas españolas con remuneraciones estratosféricas, convirtiéndose así en miembros del club de diezmileuristas que el comisario Pino creó con sus máximos colaboradores. Fuentes Gago marchó a La Haya como agregado de Interior con una remuneración de 10.000 euros brutos mensuales. Cuando llegó, su mujer, también policía, llevaba meses en otro destino de la Policía española en esa misma ciudad, con un sueldo muy parecido. El destino de su esposa también lo había decidido Eugenio Pino.

Díaz Sevillano, por su parte, fue agraciado con la embajada española en México. Su sueldo bruto, más de 11.000 euros mensuales. El actual equipo de Interior cesó a ambos en una de sus primeras medidas tras el cambio de Gobierno y ahora ocupan destinos burocráticos en el Cuerpo Nacional de Policía.

La labor de los 62.539 policías nacionales que hoy están en activo ha quedado ensombrecida en los últimos seis años por la utilización política que los Gobiernos del Partido Popular han hecho de algunas de sus unidades de élite. La persecución sin control judicial del soberanismo, primero; y el intento de vincular a Podemos con una ficticia financiación irregular, después, hicieron que la UDEF, Asuntos Internos o la Dirección Adjunta Operativa irrumpieran en los titulares con funciones muy distintas a las que tienen asignadas.

Con Juan Ignacio Zoido cesó la actividad de la policía política que se creó en el mandato de Jorge Fernández Díaz, pero sus antiguos dirigentes siguieron disfrutando de sus condecoraciones remuneradas, otros siguen en puestos relevantes y un último grupo disfruta en el extranjero de destinos dorados. Mientras eso ocurría, la Guardia Civil abanderaba la lucha contra la corrupción, incluidos políticos y administraciones del Partido Popular.  

El principal y casi único movimiento de Zoido en todo este enjambre fue una reestructuración por sorpresa, el pasado verano, de la estructura de Policía y Guardia Civil. Eso implicó la eliminación de la figura del director adjunto operativo, que en el caso de la Policía tanto daño había causado a la institución. El penúltimo ocupante de ese puesto, Eugenio Pino, es hoy un comisario jubilado, con un perfil ultra al que el PP recompensó su fiel colaboración cuando estaba en la oposición con el mando operativo del Cuerpo. La policía política es obra suya. Su recompensa el día que se jubiló fue la máxima condecoración a un agente en vida con un 15% más de asignación mensual.

Fernando Grande-Marlaska ya tiene encima de la mesa la propuesta de eliminar el sistema implantado por Zoido, de jefes de brigadas centrales dependientes de un director general ‘político’, sin la intermediación de un director operativo (DAO). El nuevo ministro se plantea recuperar la figura de esos directores operativos, uniformados ambos, por debajo de los directores generales, y ejerciendo de líderes de cada uno de los Cuerpos. Se trata simplemente de no caer en el error de repetir en esos cargos una figura como la de Pino. El ministro ya dispone de varios nombres con perfiles opuestos al del comisario jefe de la Policía con el PP.   

Por otra parte, responsables del Ministerio en otras épocas del PSOE le han recomendado que no recupere el modelo socialista del mando único, el de un director ‘político’ para ambos cuerpos, por el sinsabor que dejó la época de Joan Mesquida, según ha podido saber eldiario.es de fuentes del departamento. 

La actuación del PP respecto a la Policía deja un edificio con una fachada por reconstruir. El comisario Pino quiso para sí una suerte de CNI secreto con el que desbordar las tareas de policía judicial que la Ley encomienda al Cuerpo. Para ello se sirvió de la unidad cuya actividad es más secreta, la de Asuntos Internos, la encargda de investigar a policías descarriados. Asuntos Internos, con el comisario Marcelino Martín-Blas a la cabeza, comenzó por acosar a los agentes que avanzaban en la investigación de la corrupción del PP en los casos Gürtel y caja B y siguió investigando a ciudadanos ajenos a la Policía. 

El malestar de la cúpula de Interior con los mandos que no detuvieron investigaciones contra el PP le costó el puesto a dos comisarios generales de Policía Judicial. Con excusas de reestructuraciones internas, el Ministerio del Interior de Fernández Díaz cortaba cabezas a su antojo en función de sus intereses partidistas.

'Operación Cataluña'

Entre tanto se disparó el proceso soberanista y Asuntos Internos acabó trabajando sobre el terreno, rastreando chismes y pruebas dudosas de corrupción en algunos de sus dirigentes. Allí, en primera línea, el comisario José Manuel Villarejo, al que el PSOE ya había encomendado investigar el ático de Ignacio González cuando en Interior estaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy jubilado, el comisario está en prisión provisional por liderar una organización criminal. En aquella fiebre de informes apócrifos para los medios afines, Villarejo era condecorado por sus supuestos descubrimientos de la corrupción de los Pujol por métodos extrajudiciales.

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fue creada en 2005, en tiempos de Zapatero. Pronto se convirtió en una unidad de élite que destapó los casos Malaya, Astapa, Gürtel… Con la llegada del PP, Pino y Fernández Díaz intuían que la corrupción podía ser el talón de aquiles de los soberanistas, sabían del poder de la UDEF e hicieron y deshicieron en la unidad a su antojo, comenzando por colocar al frente a comisarios afines.

El resultado es una UDEF apartada por Anticorrupción y los jueces de los grandes casos de lucha contra la corrupción. Como ejemplo, la situación del agente 81.067, el inspector Manuel Morocho. De investigar en tiempos del PSOE la Gürtel o la caja B, Eugenio Pino lo trasladó temporalmente a la Dirección Adjunta Operativa para utilizar sus conocimientos económicos en frustrados informes con fines políticos y destino en los medios de comunicación. Hoy Morocho manda un grupo de la UDEF adelgazado hasta la inoperancia, con no más de tres o cuatro subordinados. 

El bochorno final lo protagonizó el penúltimo jefe de la UDEF con el PP, el comisario Manuel Vázquez, cuando llamó al Tribunal Supremo para explicar el contenido del P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un remedo de informe policial que intentaba demostrar la financiación irregular de Podemos, sin firma, ni sello. Cuando llegó al Supremo, a través de Manos Limpias, el jefe de la UDEF telefoneó para ratificar su contenido y ofrecer posibles aclaraciones. Los jueces rechazaron la querella que justificaba el informe y despreciaron su contenido.

Y mientras comisarios con aspiraciones y unidades de élite ocupaban titulares vinculados a la política, continuaba el trabajo más silenciado de la inmensa mayoría de los agentes, cosechando éxitos en incautaciones de droga, ciberseguridad o contra el terrorismo yihadista. Aún así, los números en seguridad ciudadana no son buenos. En todo el territorio nacional, no solo en el que es responsabilidad de la Policía Nacional, la inseguridad ha crecido.

Como reveló eldiario.es el pasado febrero, la cifra de delitos por cada mil habitantes creció siete décimas en 2017, un aumento considerable en parámetros de seguridad. De hecho, se trata del primer ascenso de la criminalidad en una década. Este ascenso coincidió con un cambio en la costumbre de Interior de publicitar cada tres meses los datos de seguridad ciudadana, hasta entonces siempre favorables. 

¿Levantar alfombras?

El mandato de Grande-Marlaska llega con la incógnita de qué voluntad trae este PSOE de levantar las alfombras del Ministerio del Interior. En el pasado reciente está la actitud de los socialistas en la comisión de invetigación de la policía política en el Congreso y su labor de obstrucción para que declararan, entre otros, destacados protagonistas de la misma, como el comisario Villarejo o Martín-Blas. 

Antes de su marcha, Pino dejó colocados a sus colaboradores. Y ahí siguen, sin que Zoido hiciera nada al respecto. La mano derecha de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, continua destinado a La Haya, cobrando 10.000 euros brutos mensuales. Pino había enviado a la mujer de éste, también policía, a la misma ciudad meses antes, con indéntico sueldo. Varios de los protagonistas de la Policía política se reparten en otras embajadas con retribuciones iguales o mayores.

El policía de cabecera de María Dolores de Cospedal regresó a la Policía poco antes de que ella dejara la Presidencia de Castilla-La Mancha, donde él ejercía de jefe de su escolta. Le situaron de jefe de vigilancias en la UDEF, con acceso a todas las investigaciones, y repartieron su tiempo entre esa ocupación y la oficina de la policía política. A los seis meses de su regreso al Cuerporecibió una condecoración pensionada. A día de hoy, Andrés Gómez Gordo, continúa siendo mando de la UDEF.

Tentaciones con la UCO de Guardia Civil 

La reestructuración de Zoido sirvió para irritar a la Guardia Civil por eliminar la figura de DAO y con ese movimiento enviar a la jubilación al general Pablo Martín Alonso, una de las figuras más respetadas en el Cuerpo, al que se le informó por teléfono de que dejaba de ser el jefe operativo del instituto armado de un día para otro.

La Guardia Civil, un cuerpo que por su naturaleza militar estrecha los márgenes políticos para interceder en los nombramientos, ha escapado a estas maniobras. Sin embargo, en los últimos meses, el departamento de Zoido ha tanteado la posibilidad de retirar al coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez-Corbí, de su puesto, sopesando una oferta de relumbrón que decidiera apartarle del mando de la unidad de élite de la Benemérita. La maniobra no ha tenido éxito.

La UCO es la policía que ha impulsado los casos más graves de corrupción del PP que dieron continuidad a Gürtel, como Púnica, Lezo o más recientemente, Erial, con la detención de Eduardo Zaplana. Con Sánchez-Corbí al frente han sido detenidos Francisco Granados, Ignacio González o se han presentado pruebas determinatnes contra el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. La UCO no tembló al poner negro sobre blanco en un informe de Púnica que los investigadores consideraban que había indicios de cohecho y prevaricación en la actuación de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. 

Juan Ignacio Zoido la reestructuración de la cúpula policial para ubicar en puestos claves a comisarios significados por pertenecer a su entorno o al de María Dolores de Cospedal. Al frente una de las grandes estructuras, la responable de Información y Policía Judicial, situó a Juan Carlos Ortiz, un nombramiento de Rubalcaba para la Jefatura de Castilla-La Mancha que supo ganarse el favor de Cospedal en su etapa en la Comunidad Autónoma. La influencia de la exministra de Defensa en Interior durante la etapa de Zoido, adscrito a la corriente que lidera en el PP la secretaria general, fue asumida por la cúpula de Interior desde el primer momento. 

Para la otra gran estructura, la de Seguridad Ciudadana, Zoido no dudó en nombrar a José Antonio de la Rosa, quien había dejado la Policía una temporada para trabajar con él en el Ayuntamiento de Sevilla. Y Zoido lo hizo a sabiendas de que en un año dejaba la Policía al llegarle la edad de jubilación. 

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad con medidas cautelares a cuatro abogados de un mismo despacho detenidos por contratar supuestamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo, líder de una trama dedicada a facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.

Según informan fuentes jurídicas, el magistrado les impone comparecencias mensuales ante el juzgado más cercano, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio para estos cuatro letrados detenidos el pasado lunes por la Policía en su lugar de trabajo.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 les ha tomado declaración después de interrogar al excomisario jefe de Barajas Carlos Salamanca, también imputado en la causa y en libertad provisional desde el pasado 6 de marzo. Las mismas fuentes han explicado que el juez ha suspendido el interrogatorio y le volverá a citar para que responda a las preguntas de las partes tras el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción.

Tanto Salamanca como Villarejo fueron detenidos el pasado 3 de noviembre y dos días más tarde ingresaron en prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada operación 'Tándem', dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. A Salamanca también se le atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la “reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios”.

Según Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, “especialmente sensibles para la seguridad nacional”, con la intención de recibir “elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.

La inquietud cundió entre los policías de Asuntos Internos que se habían desplegado desde primera hora de este viernes alrededor del chalet propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez en Boadilla del Monte (Madrid). Preveían detenerlo cuando abandonara su domicilio, pero ese momento no llegaba y comenzó a extenderse entre los investigadores la sospecha de que un chivatazo hubiera provocado su huida. Finalmente, Villarejo dejó su domicilio cerca del mediodía y fue arrestado. La pendiente por la que viene deslizándose el policía desde hace tres años se agudizaba, al tiempo que se abre la incógnita de si la detención destapará la caja de truenos con la que amenaza el comisario cada vez que se ve rodeado.

Los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano habían convencido al juez Diego de Egea y Torrón, de apoyo en los juzgados 3 y 6 de la Audiencia Nacional, de que firmara las órdenes de registro del lujoso chalet donde reside Villarejo junto a su mujer, Gemma Alcalá, también arrestada en la Operación Tandem, así como de las oficinas de la Torre Picasso de Madrid desde las que el comisario dirige su grupo de empresas.

Cualquier policía que haya tenido cargos de responsabilidad en la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado sabe que debe tener cuidado de lo que habla delante del comisario Villarejo. El agente encubierto, como le gustaba describirse, ha grabado continuamente a sus interlocutores, como un seguro ante posibles adversidades o buscando rentabilidad en el futuro. Y así ha quedado de manifiesto en los últimos años, siempre que el policía se ha visto envuelto en polémicas que le afectaban.

Una de esas grabaciones se llevó por delante la carrera política de Ignacio González cuando aún no había arrancado el caso Lezo. Pero también puso al comisario Villarejo bajo el foco mediático. Acostumbrado al anonimato, con tres identidades falsas facilitadas por el Ministerio del Interior, el nombre del policía comenzó a ocupar titulares. Y ahí comenzó su declive. Villarejo grabó y supuestamente filtró a dos medios de comunicación un extracto interesado de su conversación con González para hacer creer que el político le pedía en una cafetería que tapara la investigación sobre el origen de su ático en Estepona.

“Ni muertos ni heridos”

En el caso del ático sigue imputado entre otros, Enrique Cerezo, el poderoso empresario del cine telefoneó a Villarejo un mes después de que se conociera que González había comprado la vivienda a través de una sociedad offshore que controla un testaferro relacionado con el presidente del Atlético de Madrid. “En esta guerra no tiene que haber muertos ni heridos”, le decía Cerezo al comisario mientras éste le grababa. El presidente del club rojiblanco añadía: “Pepe, que aquí tienes un amigo, que te lo digo yo”. El 9 de marzo de 2015, El Mundo publicaba la conversación.

Villarejo, entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa, había llegado al caso reclamado por la cúpula policial de los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Su currículum atestigua que ha trabajado indistintamente para gobiernos del PSOE y el Partido Popular, de los que habría recibido encargos que bordean si no traspasan la legalidad. Es el caso de la Operación Cataluña, en tiempos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

José Manuel Villarejo ha admitido en sede judicial haber participado en el rastreo de posibles corruptelas de políticos soberanistas y sus entornos sin que hubiera abierto una investigación judicial, lo que él justifica al atribuir a la Policía tareas de “inteligencia” que por ley corresponden en exclusiva al CNI. Su relato siempre ha sido negado por Interior.

El Ministerio siempre arropó al comisario Villarejo cuando, dirigido por Fernández Díaz, arreciaban las informaciones contra el policía. Ocurrió cuando El País desveló un patrimonio de 16 millones de euros y 12 empresas del agente, acumulado durante los diez años que estuvo fuera del Cuerpo (1983-1993), según la versión del policía retirado. Fernández Díaz aprovechó para destacar públicamente los méritos de Villarejo en la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado. Por aquel entonces ya había condecorado a Villarejo con una medalla pensionada por su participación en lo que después se conocería como Operación Cataluña, según desveló eldiario.es.

En la querella de Anticorrupción que ha provocado la detención de Villarejo se le señala como miembro de una “una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios”.

Sin embargo, la investigación interna llevada a cabo por Interior, y efectuada por el inspector jefe y compañero de Villarejo en la DAO José Ángel Fuentes Gago, concluyó que la actividad privada del comisario era compatible con su trabajo de funcionario público. Fuentes Gago fue recompensado después con un destino en la embajada en La Haya por el que aún percibe 10.000 euros brutos mensuales, un salario similar al de su mujer, a la que el director adjunto operativo, Eugenio Pino, había enviado a esa misma ciudad con un sueldo casi idéntico meses antes.

“Organización criminal”

La sospecha en medios policiales y judiciales es que Villarejo ha dirigido una organización que ofrecía un servicio integral que amplía el blanqueo de capitales del que le acusa Anticorrupción. Uno de esos servicios consistiría en reventar causas judiciales a través sus contactos o por medio de una asociación, Transparencia y Justicia, al frente de la cual está Rafael Redondo, mano derecha del comisario en sus actividades privadas. En el caso de la fuga de Esperanza Aguirre, Transparencia y Justicia ejerció la acusación popular, pero salvó del banquillo a la expresidenta madrileña. Más recientemente, Transparencia y Justicia se ha personado en la causa contra los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.

Los funcionarios que han seguido las actividades del polémico comisario confían en encontrar pruebas de esta actividad y otras en los registros. El policía jubilado está imputado por haber pinchado presuntamente a la doctora Elisa Pinto por encargo del empresario Javier López Madrid. La mujer le ha identificado en una rueda de reconocimiento, pero el policía asegura que se limitó a aconsejar al yerno de Villar Mir que denunciara el acoso que, según le relató el empresario, sufría de parte de la doctora, también imputada en otro juzgado. Ese consejo fue gratuito, según el policía.

También en ese caso, la actuación de la cúpula de Interior acabó beneficiando al comisario. Un informe ordenado por la Dirección de la Policía dio un vuelco al caso al señalar a la doctora Pinto como autora de un montaje contra López Madrid y Villarejo. El caso fue entonces archivado por la jueza Belén Sánchez, pero la Audiencia de Madrid ha hecho caso omiso a esas conclusiones policiales -un montaje, según la defensa de la doctora- y ha ordenado reabrir la causa contra López Madrid.

Servicios de información y fondos reservados

Junto al empresario y su mujer ha sido detenido el comisario Carlos Salamanca, quien estuvo imputado en la Operación Emperador contra la mafia china. La causa contra Salamanca fue archivada antes de llegar a juicio. Esta vez, sin embago, los indicios acumulados contra él han motivado una orden judicial de arresto.

Salamanca, amigo de Villarejo, es un policía también cultivado en los servicios de Información, el manejo de fondos reservados y las relaciones con el mundo de la empresa. Fue jefe de Policía en el Aeropuerto de Barajas antes de ocupar su actual destino en la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF).

Según han informado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación, Salamanca está acusado de haber introducido a ciudadanos guineanos de forma irregular en España a cambio de dinero y regalos, entre otras actividades. Para la investigación de Asuntos Internos ha sido fundamental las denuncias de personas relacionadas con la trama contra ambos comisarios.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, el dictamen de la comisión de investigación que señaló al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de ese mismo Cuerpo Eugenio Pino como responsables políticos del uso “partidista” de este departamento.

El citado dictamen acredita que durante el mandato de Fernández Díaz, que ya fue reprobado por el Congreso, se creó en Interior una estructura policial bajo las instrucciones del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, y por orden del exDAO Eugenio Pino, para poner trabas a los escándalos de corrupción que afectan al PP, pero también para investigar y, en su caso, “perseguir” a adversarios políticos.

Entre esos adversarios el texto aprobado cita al propio PSOE, como lo demuestran los trabajos realizados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que elaboró en secreto informes sobre el 11-M y el caso Faisán, relativo a un chivatazo a la red de extorsión de ETA.

Operación Cataluña y el informe PISA

También habría sido perseguido el nacionalismo catalán, a tenor de la investigación sobre la supuesta cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias (antigua Convergència); o Podemos, con la fabricación del informe PISA (Pablo Iglesias, S.A.) contra el líder de esa formación, Pablo Iglesias, y la supuesta financiación de su partido con fondos procedentes de Irán o Venezuela.

“Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y el Estado de Derecho”, reza el documento, que se estructuró en cuatro puntos, en uno de los cuales también se eleva una queja por la obstrucción del Gobierno a la hora de facilitar documentación sobre el objeto investigado.

El único apartado del dictamen que se ha votado por separado y que se ha aprobado por unanimidad ha sido el que respalda la actuación de la mayoría de las efectivos de la Policía, un asunto que tanto el PP como Ciudadanos han apoyado.

Además del dictamen, el Pleno ha votado también las conclusiones que cada grupo adjuntó al mismo para elevar el listón de responsables por encima del exministro del Interior o eximirle de toda responsabilidad, como ha sido el caso del PP.

Rechazados todos los votos particulares

Sin embargo, todos ellos han sido rechazadas. Así, PP, PSOE y Ciudadanos han tumbado los votos particulares de Unidos Podemos y las minorías; el PP, una vez con Unidos Podemos y Ciudadanos, ha tumbado los del PSOE, y luego con PSOE y Unidos Podemos ha he cho lo mismo con los de Ciudadanos, mientras que toda la oposición ha tirado por tierra las propuestas del PP.

Durante el debate del dictamen, el portavoz del PP, Carlos Rojas, ha insistido en que la mayoría de las conclusiones de la comisión con “inverosímiles”. “No hay caso porque no hay un solo documento que demuestre un uso político de Interior. Tenían sus conclusiones dictaminadas de antemano y lo que ha habido es un buen Gobierno y un buen ministro”, ha afirmado.

En la encendida defensa que ha hecho de la gestión de Fernández Díaz, Rojas ha recordado que su compañero ya no es ministro, por lo que no hay responsabilidad política que exigirle, y ha acusado a la oposición de haberle impedido presidir una comisión del Congreso, lo que ha definido como “un castigo injusto y partidista para un leal servidor público” al que se ha cuestionado por “unas grabaciones ilegales” que la oposición ha tomado como “verdad suprema”, pese a estar “manipuladas”. En la misma línea se ha manifestado el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador.

De su lado, Ciudadanos, por boca de Miguel Gutiérrez, ha justificado su abstención a las conclusiones en que sólo puede censurar a los exresponsables de Interior por “incompetencia” y “dejación de funciones”, pero no por la existencia de pruebas que puedan llevar a concluir que existiera una “policía política” que persiguiera a los adversarios del PP.

Por contra, el socialista Juan Carlos Campo ha defendido las conclusiones de la que, desde su punto de vista, ha sido una “comisión rara” y ha dedicado duras críticas al PP por el uso que hicieron del Ministerio. “Las democracias sufren tormentas, nubarrones y muchas tentaciones, pero se escriben con renglones rectos y palabras indelebles y en los meses y años analizados por esta comisión sus renglones fueron muy torcidos”, ha resumido.

Podemos: el PP es “un peligro para la democracia”

“Son un peligro para la democracia porque son expertos en vivir fuera de la ley”, ha espetado a los 'populares' la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien ha subrayado que los de Mariano Rajoy deberían sentir “vergüenza democrática” por el uso partidista que hacen de las instituciones.

“Usaron Interior para crear una estructura parapolicial con el único objetivo de fabricar pruebas falsas contra el adversario políticos. Sientan vergüenza democrática y así sentirán lo que sentimos los españoles”, ha afirmado.

Tanto los portavoz del PDeCAT, Sergi Miguel, como el de ERC, Joan Tardà --el comisionado de los independentistas fue Gabriel Rufián, hoy ausente--, han centrado sus intervenciones en denunciar la actuación del Gobierno para tratar de frenar el referéndum secesionista del próximo 1 de octubre, como ha hecho el primero, o en exigir libertad para los 14 detenidos este miércoles en Barcelona, en el caso de Tardà.

Tres nombres de culpables y otros tantos de víctimas en apenas un folio de extensión. En eso han quedado las conclusiones de la comisión del Congreso sobre el uso partidista de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Y en el breve texto, una de las claves de cómo sobrevivió esa estructura paralela en el seno de la cúpula del Cuerpo durante más de cuatro años: el uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo. O lo que es lo mismo, destinar formalmente a los policías a un puesto que no pisaban mientras estaban liberados para espiar a la oposición.

Uno de los ejemplos más claros de ese uso fraudulento aparece en la documentación enviada al Congreso por el actual Ministeiro del Interior. Se trata del caso del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien entre el 13 de enero y el 8 de octubre de 2015 figuró en el catálogo de puestos de trabajo como jefe de sección operativa en Casa Real. Fuentes Gago no pisó jamás Zarzuela, pero en ese periodo de tiempo viajó a Barcelona una decena de veces.

En la nómina de responsables de la “persecución de adversarios políticos” que señala la Comión están el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, al que atribuyen “conocimiento y consentimiento”; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien impartió “instrucciones”; y el número dos de éste, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, responsable de las órdenes para la creación de la policía política.

Los tres comparecieron ante la comisión de Interior. El uso tramposo del catálogo de puestos de trabajo apareció de forma reiterada en el interrogatorio a Pino, quien aseguró que esa práctica entraba dentro de la normalidad más absoluta del funcionamiento de la Administración. Es más, aseguró que destinó a Casa Real a Fuentes Gago porque algunos sindicatos y el PSOE se habían quejado de los 16.000 euros en dietas que costaba tener a Fuentes Gago en Madrid cuando su destino era un puesto anodino en Santander. La portavoz del Grupo Unidos Podemos, Irene Montero, no lograba salir de su asombro.

La presentación de una fachada como algo totalmente regular es un argumento del Ministerio del Interior desde que eldiario.es desvelara en noviembre de 2014 que una estructura secreta se escondía en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino. Su principal función entonces eran las investigaciones prospectivas de casos de corrupción en políticos separatistas.

En aquella información se mencionaba la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), otro ejemplo de pirueta burocrática para esconder su verdadera función. La UPEC es la fusión en tiempos de Pino de dos estructuras ya existentes. Donde antes había una veintena de funcionarios, se pasó a 110 tras la fusión. Las atribuciones de la UPEC, sin embargo, fueron las mismas que antes de la fusión, supuestamente.

Asuntos Internos, la opacidad

Otro ejemplo de fraude fue la manipulación de la unidad más opaca de la Policía, Asuntos Internos, para cometidos distintos del que tenía atribuido en exclusiva: investigar delitos con policías implicados. En su seno se alojó la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), puesta en marcha en 2012, pero que no fue regularizada hasta una instrucción de 2015 que causó estupor en el seno de la Policía. La BARC de Asuntos Internos podía acceder a la información de cualquier caso que considerara conveniente.

La excusa de su existencia era revisar actuaciones policiales erróneas o deficientes. Se da la circunstancia de que el Eugenio Pino consideró rápidamente que dos de ellas podían ser la investigación del 11-M, el atentado ocurrido tres días antes de la victoria electoral de Zapatero, y el caso Faisán, el chivatazo policial a una red de cobro del impuesto revolucionario de ETA en pleno proceso de paz de 2006.

La actuación de la BARC, por tanto, sitúa al PSOE como una de las tres víctimas de la policía política, según las conclusiones de la comisión del Congreso. Los otros dos perjudicados a los que se nombra en el folio de las conclusiones son “el nacionalismo catalán”, y es aquí donde se cita el caso de Xavier Trias por la cuenta falsa en Suiza, y Podemos, por la redacción y difusión en determinados medios del informe PISA sobre la falsa financiación irregular de Podemos, según determinó la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Las citadas conclusiones, según las fuentes que han tenido acceso a su textual, reprocha al Gobierno su falta de colaboración con la comisión de investigación. “Debe señalarse que la información requerida ha sido atendida de forma impuntual e incompleta. No ha estado disponible de manera esencial para las comparecencias del exministro del Interior y del exdirector general de la Policía”, se quejan la mayoría de los partidos que han votado el texto. El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

La alarma que prendió en el equipo de Juan Ignacio Zoido a su llegada al Ministerio del Interior por el caos en la cúpula de la Policía parece haber desaparecido. Los cambios que preveía el nombramiento de Florentino Villabona como número dos del Cuerpo, solo diez meses antes de su jubilación, no se han producido, más allá de un par de gestos. Mientras, los mandos de las maniobras policiales contra la oposición en tiempos de Jorge Fernández Díaz siguen en sus exilios dorados, son rehabilitados o, como en el caso del comisario José Luis Olivera, retoman posiciones para hacerse con el control de la Policía.

El comisario Villabona fue elegido a finales de enero para poner orden en una cúpula policial abonada a los titulares de los medios de comunicación. Responsable del orden público con Fernández Díaz, el ministro Zoido consideró que su situación, próxima al retiro, era la ideal para limpiar y dejar allanado el terreno en noviembre a un nuevo director adjunto operativo. Pero el balance en el ecuador de su mandato, cumplidos los primeros cinco meses, hace concluir que la opción de Villabona ha sido no levantar ampollas y mostrarse conciliador con los responsables de la etapa anterior.

Un hecho significativo de esta postura, acaecido hace aproximadamente un mes, es la rehabilitación de la comisaria Nuria Mazo, quien fue jefa de la disuelta Brigada de Revisión de Casos. La BARC fue un puntal de la policía política que puso en marcha Eugenio Pino, antecesor de Villabona. Como desveló el propio Pino en una entrevista en El Mundo, la BARC se había dedicado a revisar actuaciones policiales en tiempos del PSOE, en casos tan politizados como el 11-M o el Faisán, y a pesar de que ambos cuentan con sentencia firme del Tribunal Supremo.

Las declaraciones de Pino llevaron al actual equipo de Interior a disolver dicha brigada y a repartir a los agentes que la componían por distintos destinos. Con la comisaria Mazo, muy próxima a Pino, se actuó con contundencia, situándola como número dos de la Brigada Provincial de Policía Científica, lo que provocó una respuesta airada de la afectada.

Sin embargo, hace un mes, Mazo fue designada jefa de la comisaría del distrito de Hortaleza, una rehabilitación en toda regla, según fuentes de la cúpula policial en Madrid. El castigo ha durado apenas tres meses.

Entretanto, Villabona decidió desterrar a una comisaría zonal de Madrid al comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Esta unidad es la encargada, entre otros cometidos, de la captación de fuentes y la colocación de micrófonos y dispositivos de seguimiento. El motivo esgrimido por Villabona ante el afectado fue que hablaba “mucho con periodistas”.

La opción de dejar pasar el tiempo puede ser comprometida. El nivel de enfrentamiento entre algunos comisarios no ha descendido y el riesgo de que recurran a los medios según se complique su situación personal sigue latente. El comisario José Manuel Villarejo está imputado en dos causas judiciales. Su reacción a la decisión judicial en el caso de la doctora Elisa Pinto fue comenzar a dar entrevistas disparando, sin pruebas, contra todos sus enemigos. Si bien es cierto que la actual cúpula policial y la del Ministerio del Interior quedaron fuera de esa andanada.

Por otra parte, el Gobierno ha respirado aliviado esta misma semana con la noticia del cierre de la comisión de investigación en el Congreso sobre el uso partidista de la Policía. Un cierre que ha sido posible gracias a que el PSOE ha votado junto al PP y Ciudadanos para no pedir más comparecencias, entre ellas la del comisario Marcelino Martín-Blas, otro de los protagonistas de la policía política, ávido de ajustar cuentas con quienes lo apartaron por su enfrentamiento con Villarejo.

Los exilios dorados

En esa comisión compareció el miércoles el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en dos años pasó de un puesto de segunda fila en Santander a ser condecorado con una medalla pensionada por su trabajo en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la policía política. Antes de jubilarse, Pino le envió a La Haya, la misma ciudad donde antes había destinado a la esposa de Fuentes Gago. Allí ambos siguen cobrando más de 10.000 euros brutos al mes cada uno.

La recompensa llegó después de dos años de ser la mano derecha de Pino. Como explicó el propio Fuentes Gago ante la comisión, lo mismo organizaba la agenda del director adjunto operativo que viajaba a Suiza a investigar la cuenta falsa de Xavier Trias. Su puesto actual es de agregado de Interior en la embajada española, un cargo de libre designación del que puede ser cesado en cualquier momento. Pero el comisario Villabona ha optado por mirar a otro lado.

Situación idéntica sería la de Bonifacio Díaz Sevillano si no fuera porque este inspector jefe, además, está imputado en un juzgado de Plaza de Castilla por tres delitos relacionados con su actividad en la cúpula policial. Díaz Sevillano disfruta de un retiro dorado en la Embajada de México, con un sueldo también de más de 10.000 euros mensuales, que además le permitirá declarar por videoconferencia el próximo 19 de septiembre, fecha en la que ha sido citado como imputado por el juez Juan Javier Pérez.

El magistrado investiga el origen irregular de un pendrive que Díaz Sevillano, sustituto de Fuentes Gago como jefe de gabinete de Pino, introdujo presuntamente en la causa de los Pujol para ampliar las acusaciones. El juez de la Audiencia José de la Mata percibió la maniobra, abrió una pieza separada para que la prueba no contaminara el resto de la investigación e interrogó a los policías.

Su conclusión fue que le mintieron. Al no ser competente para investigar el presunto delito cometido, envió la causa a Plaza de Castilla, no sin antes advertir presunta prevaricación, fraude procesal y falso testimonio. Tampoco Díaz Sevillano ha sido cesado por Villabona del puesto de libre designación donde le ubicó Eugenio Pino, jubilado desde el pasado verano como Villarejo. Pino también está imputado en el caso del pendrive.

En su destino privilegiado de Mauritania sigue Jesús Vicente Galán, mando de Asuntos Internos implicado en las maniobras citadas. Todavía circula por la Policía el chiste que se refiere a los destinos en las embajadas como “el bosque” al estar, bromean los agentes, “lleno de pinos”.

En otros tantos juzgados de Madrid se investiga la grabación ilegal a unos policías y agentes del CNI, por la que está imputado el comisario Villarejo, y la querella por injurias del comisario Pino al insistir en la entrevista a El Mundo en que Trias tuvo una cuenta en Suiza.

Cambio clave en noviembre

Mientras todo esto ocurre, las fichas se empiezan a mover para sustituir a Florentino Villabona cuando se jubile el 23 de noviembre. Uno de los comisarios que multiplica estos días sus contactos con la cúpula del Ministerio del Interior es José Luis Olivera, quien ya optó a director adjunto operativo en enero.

Olivera es director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y protagonizó uno de los episodios más documentados de la Operación Cataluña, mucho antes de que las maniobras policiales contra el soberanismo catalán recibieran ese nombre. Fue en octubre de 2012 cuando viajó a Barcelona en compañía del entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, para convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar la sede de CDC en plena campaña electoral.

Los fiscales sospecharon que dos mandos ajenos a la investigación del caso Palau les hicieran tal propuesta y con unos indicios tan endebles como los que les mostraron. Su protesta acabó plasmada en una queja formal y pública del Consejo Fiscal.

El exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino ha aludido constantemente este miércoles en el congreso a las dos imputaciones que pesan sobre él en relación con las actividades de la policía política en tiempos de Jorge Fernández Díaz para negarse a contestar las preguntas de la comisión de investigación. Pero en un momento de las preguntas del diputado de ERC Gabriel Rufián, Pino ha dicho: “Lo haría todo por España”.

Pino se negaba sistemáticamente a contestar al diputado catalán cuando éste le ha preguntado si se considera un patriota. “Sin duda”, ha respondido Pino. “¿Qué haría usted por España?”, ha añadido Rufián. Y Pino ha contestado: “Lo haría todo”. “¿Qué es todo?”, ha insistido el portavoz de ERC, y ahí el comisario jubilado se ha negado a contestar.

Los policías implicados en las maniobras contra el soberanismo catalán y Podemos dependían directamente de Pino, como responsable de la Dirección Adjunta Operativa, donde estaban destinados. Sin embargo, a nada de esto ha respondido Pino. Por ejemplo, en el caso del comisario Villarejo, Pino lo ha vinculado a la investigación del “terrorismo árabe” únicamente. Lo ha hecho a pesar de que Villarejo ha reconocido en sede judicial haber participado intensamente en la Operación Cataluña.

Pino ha justificado los viajes del jefe de Asuntos Internos a Cataluña por la investigación de los regalos de caros relojes a algunos agentes del Cuerpo por parte de una firma allí radicada. Están documentados una veintena de viajes, según la información aportada por el propio Ministerio del Interior.

Pino también ha reconocido un manejo directo de los fondos reservados, pero sobre su uso ha remitido a la comisión del Congreso que regula su uso, en la que nunca comparece el ministro del Interior. Pino ha negado la existencia de una “brigada política”.

El comisario Eugenio Pino se ha negado a contestar a todas las preguntas sobre la investigación a Podemos, a pesar de que no está inmerso en causa judicial alguna por ello, la excusa que ha puesto para no responder a las preguntas sobre el pendrive de los Pujol o la cuenta falsa de Trias. El informe PISA salió de la Dirección Adjunta Operativa, como consta en el sello de remisión a la UDEF.

Una suerte de jefe de gabinete que igual organiza la agenda del director adjunto operativo de la Policía que se monta en un avión del Cuerpo y viaja a Suiza a indagar sobre las cuentas de un político soberanista. Así se presentó este miércoles el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago en su comparecencia ante la comisión del Congreso de los Diputados que indaga en la utilización partidista de la Policía con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.

La importancia de la declaración de Fuentes Gago radica en que actuó entre 2014 y 2016 como mano derecha de Eugenio Pino, el comisario jefe de la Policía Nacional hasta su jubilación en el verano de 2016 y máximo responsable de las maniobras contra la oposición. El policía ha admitido que actuaba como una especie de asistente porque el puesto de jefe de gabinete no existe en la Dirección Adjunta Operativa. Su trabajo, ha añadido, era relacionarse con los sindicatos policiales (él mismo había presidido uno), “asuntos de tipo legal”, acompañar a Pino y “cualquier otra cuestión dentro de las competencias de la DAO”.

Y en esas “competencias” cabía todo, según ha relatado con naturalidad Fuentes Gago, aunque las unidades especializadas en combatir la corrupción, por ejemplo, no están enmarcadas en esa estructura de la DAO. Fuentes Gago no ha sabido explicar por qué consta que fue jefe de sección operativa de la Casa del Rey y no prestó un solo día de trabajo allí, según consta en la documentación entregada por Interior a la comisión del Congreso de los Diputados.

En esa documentación también consta un viaje del inspector jefe a Suiza, en un avión del Cuerpo, tres días después de que el banco suizo USB desmintiera la información de El Mundo de que Xavier Trias tenía una cuenta allí y que la Fiscalía archivara su investigación previa. Según Fuentes Gago, su viaje consistió en “acompañar a verificar” la información falsa obtenida con anterioridad, pero que ni es el policía que controlaba al confidente ni el que consiguió el dato.

También negó haberle mostrado a Daniel de Alfonso, el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, el pantallazo de la cuenta falsa, como aquel declaró en la misma comisión. En cualquier caso, el policía ha admitido que conoce desde hace tiempo a Daniel de Alfonso y que organizó sus reuniones con Fernández Díaz, pero por orden del jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas.

Fuentes Gago ha negado que existiera “una brigada política” de forma reiterada. Sobre su trabajo en la Dirección Adjunta Operativa ha dicho: “Yo aquí soy un soldado”.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha preguntado al policía si le parecía normal que la Unidad de Asuntos Internos se viera implicada en investigaciones a políticos soberanistas cuando se trata de “la policía de la policía”. Fuentes Gago no ha sabido responder y ha admitido que él también dependía del jefe de esa Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. “Usted se parece más a Torrente que a Bond”, le ha soltado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. A Fuentes Gago le constan 19 viajes a Barcelona acreditados. Él ha asegurado que no tenían que ver con investigaciones a políticos soberanistas. También ha negado que su destino actual en La Haya, donde también ha sido destinada su mujer, sea una recompensa. Ambos cobran más de 10.000 euros brutos mensuales cada uno.

Unidos Podemos ha insistido en conocer quién manda la Unidad de Inteligencia que firma el informe PISA sobre su supuesta financiación irregular, a lo que Fuentes Gago se ha negado. El inspector jefe ha asegurado no tener nada que ver con el informe PISA.

Desde el PSOE, Juan Carlos Campo le ha preguntado si durante ese viaje a Suiza verificaron que la cuenta de Trias no existía. Fuentes Gago ha contestado que esa información se la trasladó a sus superiores: “No sé en qué estado está, no voy a decirle más”. Ha admitido que realizó ese viaje junto a otras tres personas y que mantuvieron una reunión en Suiza con un quinto implicado, per se ha negado a revelar quién es.

La comparecencia de Gago fue seguida desde la sala por su sustituto en la presidencia del Sindicato Profesional de Policía, José Antonio Calleja, y el secretario general de la Unión Federal de Policía, Víctor Duque. Ambos sindicatos firmaron la querella contra Artur Mas por la celebración del 9-N, acusación que también ejerció el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias.

El PP sólo ha preguntado a Fuentes Gago por qué se hizo policía y si cree que su comparecencia le va a perjudicar en su carrera. El portavoz popular, Carlos Rojas, ha recordado sus condecoraciones y ha asegurado que la oposición ha usado su comparecencia “para intentar sacar rédito político”. “Desde el PP nunca hemos defendido esta citación porque no ha lugar”, ha añadido.

El Congreso de los Diputados tendrá este miércoles enfrente al artífice de la policía política, el comisario principal Eugenio Pino, el policía al que el PP entregó todo el poder en el Cuerpo y organizó una estructura secreta con la que investigó a la oposición durante cuatro años. Primero, y sobre todo, a políticos sospechosos de corrupción porque estaban embarcados en el proceso soberanista catalán. Luego, a Podemos, la fuerza emergente de la izquierda y su nunca demostrada financiación irregular. Por el camino, aunque se conoció en último lugar, al PSOE, el principal partido de la oposición, con informes que revisaban los dos casos más polémicos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: la investigación del 11-M y el caso Faisán.

Antes que él, comparecerá en la comisión sobre la utilización partidista de la Policía su mano derecha, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. De acuerdo al manual con el que se ha manejado toda la policía política, Fuentes Gago aparecía como una cosa, pero ejercía de otra. En teoría era el jefe de Gabinete de Pino, director adjunto operativo. En la práctica, viajaba a Barcelona y Suiza a buscar fuentes dispuestas a declarar contra los políticos del proceso, como Daniel de Alfonso, el director de la Oficina Antifraude que protagoniza la reunión grabada al ministro del Interior por sus subordinados. Fuentes Gago es el policía que mostró a De Alfonso en su móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Trias en Suiza.

Para que Pino y Fuentes Gago comparezcan en la comisión de investigación ha debido producirse un vuelco en el primer partido de la oposición. El nulo interés del PP y Ciudadanos por la investigación de la policía política recibía en el caso de la declaración de los policías un apoyo que las bloqueaba, el de la gestora del PSOE. El aparato socialista esgrimía razones de Estado para no apoyar sus declaraciones cuando son los únicos que pueden aclarar de quién recibían órdenes. Por encima de Pino, solo había políticos.

La victoria interna de Pedro Sánchez ha provocado un giro de 180 grados. Ahora el PSOE solo rechaza que se llame a José Manuel Villarejo, el comisario que trabajó durante varios gobiernos socialistas y que utiliza su nueva estrategia de sobrexposición mediática para atacar sin pruebas a sus enemigos, incluida Margarita Robles, la secretaria de Estado que le despojó de sus atribuciones hace veinte años.

Estas son áreas de sombra del entramado que dirigieron Pino y Fuentes Gago y las principales incógnitas que aún flotan de los cuatro años a las órdenes de Jorge Fernández Díaz.

1. La justificación

La justificaciónEugenio Pino ha reaccionado a los interrogatorios sobre su mandato de dos formas distintas. Como hizo en una entrevista a El Mundo, asumiendo ciertas investigaciones y revelando otras, para presumir: “Hemos hecho un gran servicio al Estado”. Ante los jueces -ya ha declarado en tres ocasiones y tiene pendiente una más en septiembre- se ha mostrado más huidizo, ha salido en defensa de sus subordinados y ha padecido mala memoria.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le acusa de mentir ante él y ha enviado la causa del pendrive de los Pujol a un magistrado de Madrid, quien ha imputado al exdirector adjunto operativo.

Ante los diputados, Pino tendrá la oportunidad de defender su tesis de que el CNP, una policía judicial según la describe la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986, puede desarrollar investigaciones como las desplegadas contra la oposición en su época, sin control judicial y con naturaleza prospectiva.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal pone límites a las investigaciones prospectivas de policía. Esto es, que salga “a pescar”. Su artículo 284 establece que “inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención”. Diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 49/1999, 253/2006 y 197/2009) y del Supremo refuerza esta limitación.

2. Operación Cataluña

Pino asegura que la Policía desplegó una intensa actividad en Cataluña porque a la Dirección Adjunta Operativa que él mandaba, un nombre con poca difusión fuera de ambientes policiales y periodísticos, llegaban de forma voluntaria multitud de informaciones sobre corrupción en esa comunidad autónoma.

Allí envió Pino a la Unidad de Asuntos Internos para que, fuera de cualquiera de sus competencias, investigara sobre el terreno la supuesta corrupción de políticos catalanes, como declaró en sede judicial el comisario Villarejo, también implicado en esas maniobras.

Eugenio Pino ha llegado a presumir de que la Policía poseía información de dónde se iban a poner las urnas del referéndum del 9 de noviembre, a pesar de que esa función en absoluto corresponde a una policía judicial. La estructura secreta elaboró continuamente “informes de inteligencia”, sin firma ni sello, cuyas superlativas afirmaciones sobre corruptelas no llegaban nunca a un juzgado, pero sí eran publicadas coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

Uno de sus subordinados, Bonifacio Díaz Sevillano, reveló ante el juez De la Mata que en la oficina que compartía junto a Fuentes Gago había un disco duro externo donde se almacenaba toda la información que les llegaba y en la que trabajaban. Pino les ordenó destruirlo, añadió. ¿Qué escondía en realidad ese disco duro? ¿Por qué deshacerse de él? ¿Hay alguna copia de su contenido?

3. El dinero

Esas labores de “inteligencia” que realizó la brigada política costaban dinero: la retribución a fuentes de información, viajes al extranjero -como el que sirvió para traer la información falsa de la cuenta de Trias-, dietas… Para ello, la Dirección Adjunta Operativa se dotó de un presupuesto, vía fondos reservados, que nunca antes había tenido.

¿Cuánto dinero recibió la DAO? ¿Cómo se justificó ese dinero? ¿Cuánto costó la información de la falsa cuenta de Trias? ¿Y las de los Pujol en Andorra? ¿Recibió más dinero la DAO en fondos reservados que las estructuras policiales que luchan contra el terrorismo o el crimen organizado?

4. Las órdenes

¿Quién es la X de la Operación Cataluña? ¿De dónde procede la orden de investigar a la oposición política con la Policía e investigaciones prospectivas cuyo resultado debía ser entregado a determinados medios de comunicación?

Fernández Díaz reconoce ese ‘modus operandi’ con la prensa en las grabaciones con De Alfonso, pero ¿fue una idea de Fernández Díaz? Actuaba el ministro del Interior por su cuenta? ¿Lo desconocía Rajoy? ¿Y la vicepresidenta, de la que depende el Centro Nacional de Inteligencia?

5. Podemos

El Ministerio del Interior reeditó con Podemos la estrategia en Cataluña. En plena negociación tras las elecciones de diciembre de 2015, dos diarios digitales publicaron el contenido del P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un pseudoinforme policial, repleto de apreciaciones personales sobre el líder de la formación política y con conclusiones sobre la presunta financiación irregular del partido que fueron rechazadas de plano por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que en sendas resoluciones despreciaron el contenido del informe.

Se conoce que el informe salió de la Dirección Adjunta Operativa con destino a la UDEF. Esta, advertida por las resoluciones de los tribunales, remitió una copia al Tribunal de Cuentas. ¿Quién redactó el informe Podemos? ¿Por qué se decidió investigar al partido de Iglesias? ¿Quién filtró su contenido a esos dos medios en plenas negociaciones entre partidos para formar gobierno?

6. La recompensa

El comisario Pino se jubiló el pasado verano, no sin antes recibir la Medalla de Plata al Mérito Policial, pensionada. Fuentes Gago, por su parte, fue enviado por Pino meses antes de su jubilación a la embajada de España en La Haya, la ciudad a la que el director adjunto operativo ya había destinado a la mujer de éste un tiempo antes. Cada integrante de la pareja gana más de 10.000 euros brutos mensuales destinados en la misma ciudad, un hecho inédito en la Policía.

La recompensa por el trabajo prestado sigue dando frutos a día de hoy para Fuentes Gago, a quien el Estado habrá tenido que sufragar el viaje desde Holanda para comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso. También lo hacía cuando Pino lo envió al destino en La Haya, pero seguía desplazándose continuamente a Madrid para cumplir con los encargos delicados de su jefe.

Fuentes Gago fue presidente del Sindicato Profesional de Policía y se reincorporó a un puesto en la policía judicial de Santander, del que rápidamente fue reclamado por Pino tras su nombramiento. El inspector jefe había contribuido con fuerza a que éste se produjera a través de sus contactos en el Partido Popular.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez (El Carpio, 1951) acaba de anunciar el inicio de una nueva etapa en su vida como “periodista de investigación”. Su utilización del término habla de cómo ha entendido el policía su profesión y la de los informadores, con los que ha tratado desde que ingresara en el Cuerpo en 1973. En los ámbitos policiales que ha trabajado Villarejo, la información es considerada el elemento clave para la prevención y persecución del delito. Y también un arma poderosa si se utiliza para fines distintos a los de una investigación bajo control judicial.  

Villarejo concede este domingo a La Sexta su primera entrevista en 36 años. Hasta prácticamente ayer, el comisario ha estado detrás de multitud de informaciones del periodismo que se hace llamar “de investigación”, donde la firma la ponían otros. Con dos imputaciones judiciales, una orden de alejamiento sobre una de sus presuntas víctimas y el foco mediático que le ha expulsado de la zona de sombra en la que reinó, Villarejo promete ahora abandonar los bastidores y comenzar a detonar desde el escenario potentes bombas en forma de documentación y grabaciones. Siempre en una dirección, sus enemigos.

Antes presentará su verdad en la entrevista con Jordi Évole, extracto de una conversación de cinco horas. Este es un repaso por el expediente del personaje, sus animadversiones, los métodos empleados en el pasado y el papel que se arroga en una democracia que nació cuando Villarejo ya portaba una pistola y una placa. Resta por saber si las bombas que adelanta contienen material explosivo o los artificieros descubren que son un conjunto de cables unidos a una botella vacía.

1. Los orígenes

1. Los orígenesEl comisario tiene redactado un currículum que recientemente incorporó, junto a otra documentación, a un juzgado de Andorra. En él asegura haber ingresado en la Escuela de la Policía en 1972 y que en 1975 ya estaba destinado en la comisaría provincial de Guipúzcoa. Entre ese destino y otro en Madrid alcanza el año 1978 con “numerosas detenciones” de miembros de ETA, FRAP y GRAPO, salpicadas de enfrentamientos violentos con riesgo para su vida. El policía cita alias de terroristas detenidos y su implicación en atentados, como los de la cafetería Rolando o el asesinato de Carrero Blanco.

El periodista Álvaro de Cózar es autor del trabajo de investigación más amplio sobre el comisario Villarejo. En V. Las cloacas del Estado, Cózar intentó cotejar ese currículum con otros protagonistas de los hechos descritos. “Hay cosas raras. Para empezar, su redacción es ambigua. Por ejemplo, en las operaciones que va señalando usa mucho el verbo participar. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Estaba ahí pegando tiros?, ¿tenía la misión de recoger información?, ¿o simplemente se enteraba de algo y pone ahora que participó en esos hechos? Intenté comprobar todos los detalles que da del País Vasco. No conseguí nada. Según él, participó en muchas de las operaciones importantes que se dieron en Euskadi, pero no sé, yo he hablado allí con mucha gente, periodistas, miembros de ETA y cargos de la lucha antiterrorista y no lo conocen de nada.”

En 1979, Villarejo da el salto de la lucha antiterrorista a la comisaría del madrileño barrio de Retiro. Allí, dice, resuelve “varios asesinatos y secuestros” y detiene a bandas de atracadores. Sin embargo, un testimonio que aparece en V. Las Cloacas del Estado le sitúa en labores muy diferentes. El histórico periodista Mariano Guindal, hoy jubilado, asegura que Villarejo le llamó a la agencia Colpisa el 24 de febrero de 1981 para explicarle que el rey estaba implicado en el golpe de Estado y que la familia real había sido trasladada a Portugal en helicóptero. Sabino Fernández Campo negó tajantemente esa información y lo achacó a “un intento de desestabilización por parte de los golpistas”. El artículo nunca llegó a publicarse. A petición de su jefe, Guindal envió la nota que había escrito a la Casa Real. Al día siguiente, Villarejo telefoneó al periodista: “Eres un hijo de puta, todo lo que te he contado está en la mesa del rey”.

De esa época consta su única intervención televisiva hasta la fecha, en el programa de Fernando García Tola y como portavoz del Sindicato Profesional de Policía. En su intervención, Villarejo hace una defensa de la nueva democracia, a pesar de que el periodista Jesús de las Heras le insiste en que su sindicato, que todavía hoy representa a la escala de mando de la Policía, tardó un día en condenar el golpe públicamente cuando éste ya había fracasado.

2. Empresas y fortuna

2. Empresas y fortunaEn el Cuerpo Nacional de Policía apuran sus últimos años o meses de servicio un pequeño grupo de policías que han compartido con Villarejo misiones y una peculiar versión del mandato que recibieron como funcionarios. Llegaron a la Policía en los estertores del franquismo o en los primeros años de democracia, procedentes de ambientes ultras. Comparten haber pasado por la lucha antiterrorista, el manejo de importantes cantidades de los fondos reservados, un alto tren de vida, éxitos policiales y encargos ajenos al puesto que desempeñaban de todos los gobiernos de la democracia. Pero si hay algo que diferencia a Villarejo de ellos es la estructura empresarial que el comisario creó durante una década fuera del Cuerpo, de 1983 a 1993.

A su regreso, en 1995, Villarejo participó en la Operación Veritas, que situaba al policía Enrique García Castaño en el centro de una red de corrupción policial y crimen organizado con la que se vinculaba también a Baltasar Garzón, objeto de una de las notas informativas en la que se desacreditaba al juez. Esa nota es la que se conoció después como informe Veritas. 

Como consecuencia de aquello, Villarejo fue desterrado de su puesto como “agente encubierto”, según lo describe él mismo, a otro en la Jefatura Superior de Madrid. El 16 de enero de 1995, el entonces inspector jefe firma una carta a sus superiores exigiendo que se le reponga en su destino, negando acusaciones y destacando sus méritos. En ella, da su versión sobre las empresas que ha mantenido a pesar de haber regresado al servicio activo.

Villarejo explica que, ante la creación de una nueva Brigada Central de Inteligencia, se le planteó la necesidad de contar con “personal de la más absoluta confianza que realizara actividades aparentemente al margen de la Comisaría General de Información y que dispusiera de infraestructura en funcionamiento, empresas o negocios dedicados a las más diversas actividades”. Aseguraba que se le planteó para compensar el hecho de que hubiera puesto esas empresas al servicio del Ministerio del Interior en su etapa en excedencia sin cobrar “por sus servicios”. 

También escribe que se le garantizó poder continuar con esas empresas sin renunciar a sus “cotidianas actividades privadas, manteniendo eso sí, la máxima discreción en actividades de investigación privada”. Veinte años después, el 15 de marzo de 2015, El País publicaba en portada: “El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital”. La información llegaba en plena tormenta por la publicación de la grabación a Ignacio González, que precipitó el final de la carrera política del dirigente del PP, pero que también terminó por sacar del anonimato a Villarejo.

Un despacho de abogados, un parque de recreo, una consultora, detectives y hasta una clínica en Málaga componen el entramado empresarial del policía. Villarejo explicó el origen de su fortuna en la declaración como imputado por la grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI que investigaban al Pequeño Nicolás. Allí, en sede judicial, habló de la recalificación de un terreno familiar en el centro de Córdoba que le supuso unas plusvalías de 16 millones de euros. La alcaldesa, Rosa Aguilar, era de Izquierda Unida, según se encargó de recalcar ante el juez.

La sede de su pequeño emporio está en Torre Picasso, en la zona de negocios de Madrid. Villarejo vive en un chalet en Boadilla del Monte. O vivía, porque en la declaración ante la jueza el verano pasado aseguró cambiar cada noche de residencia por seguridad y también por los desencuentros con su mujer a raíz de las últimas informaciones. El comisario suele conducir un todoterreno que ronda los 100.000 euros. 

3. Los periodistas “infiltrados”

3. Los periodistas “infiltrados”La frase aparece en el documento de 1995. Villarejo se refiere a su encuentro con un superior: “Aprecié que no hizo referencia a mis infiltrados en los medios de comunicación”. Así se refiere a los periodistas con los que trata, como “infiltrados” que trabajan para él.

La confidencialidad de la relación entre periodista y policías se ha visto rota en los últimos tiempos por los sumarios que afectan al comisario Villarejo. Unos han tenido que ir a declarar como testigos por noticias que podrían haber salido del policía, como la grabación del caso del Pequeño Nicolás. Otros son descubiertos por el propio agente. Ocurre en el caso de la doctora Pinto, la mujer que denunció al poderoso empresario Javier López Madrid, amigo de los reyes, por acoso y que fue pinchada en el costado el 10 de abril de 2014 por un hombre que ella ha identificado como Villarejo.

En un escrito presentado al juzgado el verano pasado, el policía asegura que a esa hora estaba reunido con los periodistas de El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. El hoy director de okdiario.com asegura tener un ticket que le sitúa comprando un regalo en la tienda Hermes de Madrid a la hora de la agresión. En un escrito más reciente, Villarejo solo se refiere a Urreiztieta cuando alude a ese encuentro como coartada.  

En los últimos años, Villarejo ha descubierto el poder de difusión de Internet y no se ha reprimido a la hora de utilizarlo, a pesar de que a un policía no le está permitido publicar sin autorización expresa. Su mujer está al frente de una web, informacionsensible.com, que pese a no contar apenas con periodistas y no ofrecer contenidos propios ha tenido exclusivas de casos como el Pequeño Nicolás, en los que se ve implicado el comisario.

Desde esa web se ha atacado a periodistas no afines al policía y se han adelantado textos de querellas presentadas por él que nunca han prosperado. Llama la atención, por otra parte, que las expresiones y la forma de redacción utilizados en algunos editoriales y por un desconocido Anselmo Cifuentes coincidan con las de querellas y escritos internos firmados por Villarejo o sus abogados.

Un joven periodista que trabajó en informacionsensible.com está imputado por haber hecho la llamada que supuestamente sirvió para activar un sistema de grabación instalado previamente en el teléfono móvil de otro comisario. Ese comisario, Marcelino Martín-Blas, estaba reunido con otros agentes y dos miembros del CNI para abordar el caso del Pequeño Nicolás. Por la llamada está imputada también Gemma Gallego, periodista y actual esposa de Villarejo, así como el propio policía.

La grabación acabó en varios medios de comunicación que difundieron la versión de que los policías, enemigos de Villarejo, y los agentes del CNI, el servicio de Inteligencia al que también está abiertamente enfrentado, habrían pinchado el teléfono del investigado de forma ilegal. El juzgado rechaza tal posibilidad.

4. El CNI, su enemigo número 1

4. El CNI, su enemigo número 1Un repaso a la trayectoria expuesta de José Manuel Villarejo Pérez permite constatar cómo ha logrado ser un personaje anónimo durante décadas, a pesar de haber participado en los casos más mediáticos, desde el 23-F a la Gürtel. Pero eso comenzó a cambiar en 2014.

En poco tiempo, aparecieron anotaciones sobre Villarejo en el registro al Pequeño Nicolás, trascendió la grabación a Ignacio González, fue señalado en el apuñalamiento a la doctora Pinto, también en la grabación ilegal a sus compañeros… El comisario cree que se enfrentó a un poderoso enemigo y que éste es el responsable del foco mediático sobre él y la merma del poder que le confería la penumbra.

Ese enemigo al que señala es el CNI, la institución que por ley tiene atribuidas las funciones de Inteligencia que Villarejo y su último jefe, el comisario Eugenio Pino, consideran que también tiene la Policía. De esa convicción sin soporte legal nace la estructura que albergó la policía política de la Operación Cataluña y cuya existencia comenzó a vislumbrarse con el caso del Pequeño Nicolás.

En el Centro Nacional de Inteligencia niegan cualquier actuación contra Villarejo e insisten en que el servicio secreto español tiene amenazas más graves de las que ocuparse, como el terrorismo yihadista o los ciberataques. Sin embargo, la insistencia del comisario en vincular al CNI con operaciones ilegales a través de notas internas, que luego son publicadas en algunos medios, o las querellas en los juzgados están colmando la paciencia del servicio de Inteligencia.

Una de esas notas aseguraba que el CNI negoció con Pujol para que éste no revelara supuestas cuentas del rey en Suiza. El Centro niega rotundamente esas afirmaciones. Cuando fueron publicadas por El Mundo, un portavoz de la Inteligencia española, en un hecho inusual, dijo al periódico: “Cuando el CNI recibe un órdago, dice quiero”.

Agentes del CNI participaron en la investigación al Pequeño Nicolás, toda vez que el joven se hacía pasar por representante de altas instituciones del Estado y que incluso fingía tener un trato personal con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que depende el servicio secreto, e incluso con la propia dirección del Centro.

El comisario Villarejo denunció en los juzgados en mayo de 2015 que existe una organización criminal integrada por agentes del CNI, el comisario Martín-Blas y su segundo, el periodista Javier Ayuso y dos fiscales Anticorrupción que se dedican a fabricar pruebas falsas para destruirle. El motivo, según el policía, es que se ha atrevido a denunciar públicamente el robo por parte de espías españoles de tres millones de euros, parte del rescate destinado a liberar en Siria a los periodistas Javier Espinosa y Ricardo García-Vilanova.

Detrás de esa organización estaría la propia vicepresidenta del Gobierno y su jefa de gabinete, María Pico, aunque Villarejo no las señalaba como querelladas porque no podía “probar fehacientemente su participación”. El comisario presentó la denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla y el Tribunal Supremo por estar algunos de los señalados en condición de aforado. Un juzgado de Plaza de Castilla inadmitió de plano. El Tribunal Supremo derivó la causa al Superior de Justicia de Madrid, que hizo lo propio.

El tribunal califica el relato del comisario de “prolijo, abigarrado y a veces disperso”. Y añade que carece de “indicios mínimamente fundados”. A pesar de ello, el comisario insiste. Jordi Évole ya ha adelantado que el supuesto robo del rescate será una de las denuncias que Villarejo recupera durante la entrevista grabada. Cuarenta y ocho horas antes de su emisión, ha trascendido que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado investigar la última denuncia del policía, en este caso contra Sanz Roldán y un periodista de El País, por la publicación de una foto suya reciente y el supuesto riesgo que para su vida habría entrañado.

5. La guerra de comisarios

5. La guerra de comisariosUno de los ciudadanos chinos implicados en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales denunció presiones de una agente del servicio secreto para que implicara en la trama a un grupo de policías, entre ellos Carlos Salamanca, amigo personal de Villarejo y antiguo miembro del servicio de Información de la Policía. La denuncia fue archivada, no así la investigación a Salamanca y otros policías, aunque el primero nunca llegó a sentarse en el banquillo y los que lo hicieron fueron absueltos.

Pero en el transcurso de la Operación Emperador, Villarejo encontró a otro enemigo de por vida, el también comisario Marcelino Martín-Blas. Este siempre fue uno de los policías de referencia del Partido Popular. Cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones de 2011, Martín-Blas fue nombrado jefe de Asuntos Internos. El comisario Pino, director adjunto operativo, ya tenía reservada unas funciones “alternativas” a esa Unidad, que pasaban por prestar agentes para desplegar sobre el terreno la Operación Cataluña. Así, Martín-Blas y Villarejo trabajaron codo con codo en las investigaciones prospectivas a políticos soberanistas. Hasta que Martín-Blas comenzó a investigar a Carlos Salamanca en la Operación Emperador y se atrevió a señalar a un hijo de Villarejo en uno de los informes al juzgado.

La guerra que se desató fue total. Villarejo logró que Martín-Blas, a pesar de su cercanía al partido en el poder, fuera cesado. Las especulaciones sobre lo que sabía Villarejo de Jorge Fernández Díaz y el resto de la cúpula de Interior se multiplicaron. El juez del caso Nicolás recuperó a Martín-Blas para investigar a sus órdenes la pieza separada de la grabación ilegal. En junio de 2016 el policía presentó un informe al juzgado solicitando una serie de detenciones e imputaciones, incluidos Pino, Villarejo y una serie de periodistas. Su informe, de más de 500 páginas, concluía que una red en la cúpula del Ministerio del Interior protegía al comisario Villarejo.

Ese juez, Arturo Zamarriego, imputó a Villarejo, a su mujer y al periodista de informacionsensible.com, y evitó hacer lo propio con el resto. Sin embargo, abrió un número indeterminado de piezas separadas que a día de hoy permanecen secretas. Zamarriego ascendió a la Audiencia de Madrid y dejó el caso en manos de otra magistrada.

Más de un policía ha escuchado a Villarejo jurar que no descansará hasta que la cárcel acoja a Martín-Blas, al que considera un peón del CNI. Martín-Blas, jubilado el pasado abril, ha dejado a su segundo, el inspector Rubén Eladio López, continuar con la investigación a Villarejo por la grabación ilegal.

6. La Operación Cataluña

6.La Operación CataluñaEl año 1993 aparece en el currículum de Villarejo como el de su regreso oficial a la Policía. A partir de ese momento se refiere a su actividad en bloques, según los servicios prestados a la lucha antiterrorista, contra ETA y el yihadismo, o en materia de crimen organizado.

En otras ocasiones alude a trabajos que le deberían ser ajenos a la Policía, como cuando menciona un “viaje a Irak, antes y después de la guerra de 2003, para apoyo de inteligencia a servicios amigos (especialmente EEUU) con ayuda de Monzer Al Kassar”, el traficante de armas que hoy cumple condena en una cárcel estadounidense, colaborador de Villarejo que facilitó la captura del narcotraficante Laureano Oubiña en Grecia en 2000.

Cuando Mariano Rajoy se convierte en presidente del Gobierno, José Manuel Villarejo Pérez está destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. El comisario había vuelto como “agente liberado” con José Luis Corcuera en el Ministerio del Interior y así continuó durante los gobiernos de José María Aznar. El último encargo conocido que le hizo la cúpula policial de Rubalcaba fue meterse en la investigación del ático de Ignacio González, una pieza política de caza mayor.

Con su historial, Villarejo parecía abocado a participar en las maniobras policiales orquestadas en el ministerio de Jorge Fernández Díaz contra el soberanismo en Cataluña. eldiario.es publicó que en marzo de 2015 fue condecorado con una medalla pensionada por ello. 

Pero la medalla no parece el mayor tesoro obtenido por el comisario en Cataluña. Con su férrea dedicación a grabar cada encuentro que mantiene, los rumores se desatan sobre qué instrucciones de los responsables políticos del Ministerio puede tener registradas. Fernández Díaz ha dicho después que apenas le conoce, pero su número dos, Francisco Martínez, tenía trato directo con él, y el fin de semana que se detiene al Pequeño Nicolás intercambian dos llamadas.  

Mientras los investigadores registran la casa del presunto estafador, donde aparecen notas sobre Villarejo, el secretario de Estado de Seguridad y el comisario hablan por sus teléfonos móviles 14 minutos. Ambos aseguran que de terrorismo yihadista. En el informe del caso que Martín-Blas confecciona para el juez se tratan esas llamadas con “especial atención”. Cabe recordar que la conclusión de ese informe es que la cúpula de Interior está tapando las presuntas ilegalidades cometidas por Villarejo.

La Operación Cataluña ha servido a Villarejo para dar avisos. Lo hizo cuando declaró como imputado en el caso de la grabación ilegal, testimonio del que nace el término ‘Operación Cataluña’. Aunque él nunca llegó a pronunciar la palabra “operación”, explicó sus viajes en compañía de Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, para buscar información de políticos catalanes. Villarejo comenzaba a dar detalles de las maniobras que Interior negaba. Y lo hacía sabiendo que la declaración estaba siendo grabada.

Villarejo había sido imputado y de nada servían las declaraciones que hizo el ministro cuando se conoció su patrimonio millonario. “Ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento”, dijo entonces Fernández Díaz. 

A nivel interno se ordenó una suerte de investigación sobre el patrimonio y la filtración de la grabación a Ignacio González que concluyó que no había nada que reprochar al comisario. El encargado de la misma fue un inspector jefe, por debajo en el escalafón de Villarejo y que trabajaba junto a él en la Dirección Operativa. Las grabaciones a Fernández Díaz en su despacho y varios sumarios hacen concluir que ese inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago, era entonces el número dos de la policía política.

7. Una mano negra en la Justicia

7. Una mano negra en la Justicia¿Qué hace una asociación dirigida por la mano derecha de Villarejo personada en los casos Lezo, Campeón (donde estuvo imputado José Blanco) o la fuga de Esperanza Aguirre? En todos ellos, obtener de primera mano la información incorporada al sumario. En el caso de la expresidenta madrileña, resultar determinante para que no se sentara en el banquillo.

Transparencia y Justicia, que así se llama la asociación, ejerció la acción popular durante el proceso, pero se retiró en el momento clave. En cuestión de días, Villarejo había contribuido a la caída de Ignacio González, con la publicación de la nota sobre su encuentro grabado, y había salvado a Esperanza Aguirre. Villarejo es amigo personal del empresario Ignacio López del Hierro desde antes de que éste se casara con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Al frente de Transparencia y Justicia está el abogado Rafael Redondo, socio del conglomerado empresarial de Villarejo y el hombre que fue a buscar a la amante de Pujol Ferrusola a la estación de Atocha para conducirla a la UDEF y que denunciara lo que decía saber del hijo mayor del expresident. Así consta en el sumario del caso.

Rafael Redondo es, a su vez, socio de Ángel Benseny, un forense de los juzgados de Plaza de Castilla que detenta Schola Iuris, escuela jurídica que hace diez años ofrecía un master de especialización penal en el que impartieron clase, cobrando, desde el exjefe de Anticorrupción, Manuel Moix, pasando por el poderoso presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y hasta el mismo fiscal general del Estado, José Manuel Maza.  

Josep Pujol declaró en la Audiencia Nacional que Villarejo le citó en el despacho de otro abogado, Javier Iglesias, para ofrecerle tumbar el caso judicial contra la familia del expresident si éste hacía una declaración pública contra el proceso soberanista. Fuentes de los servicios de Información reconocen que aún está pendiente una investigación sobre la actuación de Villarejo y sus colaboradores en distintos casos judiciales con la intención de reventarlos.

En la actualidad hay una investigación en un juzgado de Andorra por la denuncia de los dueños de la banca BPA por extorsión contra Martín-Blas y otro policía. Los Cierco denuncian que les amenazaron con la intervención del banco si nos les facilitaban las cuentas de los Pujol. Si prospera, la causa contra los Pujol por corrupción se puede ver comprometida. Villarejo ha salido en auxilio de los Cierco y contra Martín-Blas y ha aportado notas informativas realizadas por él que supuestamente acreditarían esas maniobras en las que él, dice, no ha participado.

8. La agresión a la doctora Pinto

8. La agresión a la doctora PintoJavier López Madrid es amigo del rey de España desde la infancia y, más recientemente, de la reina Letizia, como acreditan los mensajes de ánimo que la pareja envió al empresario en pleno escándalo de las tarjetas black. En 2013, una prestigiosa dermatóloga madrileña denunció al poderoso empresario por acoso. Fue imputado, se dictó una orden de alejamiento y él también denunció a la doctora, que a día de hoy sigue imputada en otro juzgado. En pleno conflicto, el yerno de Juan Miguel Villar Mir recurrió a un grupo de comisarios con los que mantiene “una estrecha relación”, según concluyó la Guardia Civil al analizar el teléfono del consejero de Ferroglobe.

Entre esos policías figura Villarejo, al que el empresario dijo en sede judicial no conocer. De esa declaración debió retractarse después ante las evidencias de decenas de llamadas entre ellos. El comisario asegura que se lo presentaron y que se limitó a invitarle a denunciar. A López Madrid y Villarejo los presentó Francisco Granados, según fuentes policiales. Granados dice conocer a los dos pero niega que fuera quien los pusiera en contacto. La doctora asegura que Villarejo es el hombre que el 10 de abril de 2014 se abalanzó sobre ella en plena calle y la pinchó en el costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”.

Otra vez, el Ministerio del Interior salió al rescate de Villarejo. En mayo de 2015, después de trece denuncias ignoradas ante la Policía, el comisario de Chamartín recibió el soplo de que Villarejo podía ser el agresor. Organizó un reconocimiento con fotografías y la doctora le reconoció “sin ningún género de dudas”.

A partir de ahí comenzó un calvario para el comisario Jaime Barrado. Una encerrona en su despacho con dos abogados empleados de Villarejo sirvió para que Interior le abriera un expediente y, primero, lo desterrara a una comisaría conflictiva, para después apartarlo del servicio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó reintegrarlo en el Cuerpo. A día de hoy, ya jubilado, sigue imputado por el suceso con los abogados de Villarejo en un juzgado que mantiene estancada la causa.

La jueza del caso de acoso, por su parte, citó en 2015 a Villarejo para una rueda de reconocimiento en dos ocasiones, pero desde el Ministerio del Interior se le excusó por viajes profesionales en el extranjero. Después, llegaron unos informes policiales que señalaban a la doctora como la auténtica responsable del acoso. El caso se archivó y Villarejo pudo olvidarse de la acusación. Hasta que la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado el caso y ha ordenado reabrirlo. Quedaban diligencias pendientes, entre ellas la rueda de reconocimiento al comisario. La doctora le ha señalado sin dudar y la jueza lo ha imputado. La defensa de la mujer denuncia un “montaje policial” para exculpar a Villarejo y, de paso, al amigo de los reyes.

9. La Iglesia de la Cienciología, el expediente

9.La Iglesia de la Cienciología, el expedienteEn los archivos de la Policía consta el expediente 31.315 abierto a Villarejo a raíz de la investigación judicial al policía por su implicación en un turbio caso con la Iglesia de la Cienciología, ejerciendo en ese caso de detective privado.

El 18 de noviembre de 1990, el diario ABC titula: “La secta de la Cienciología utilizó a policías para encarcelar a un inocente”. Villarejo fue condenado por haber utilizado a un toxicómano para que mintiera e implicara en un robo a un pintor que había puesto en marcha un centro de rehabilitación que la Cienciología consideraba que le hacía la competencia. Villarejo estuvo condenado, y eso hubiera supuesto su expulsión de la Policía, pero el caso llegó hasta el Constitucional, que revirtió el sentido del veredicto.  

También consta en su expediente el atropello a un peatón en 1983 y otro accidente de tráfico tres años después, sobre el que no aparecen más datos. Todos estos hechos tuvieron lugar durante su etapa de excedencia, en la que ejercía como detective privado, entre otras actividades. El pasado año, la Policía abrió otro expediente a Villarejo por los mensajes amenazantes enviados al comisario Barrado, el policía que le investigó, y a otro mando al que está enfrentado. En los mismos les retaba a verse las caras mientras les llamaba “mierda” o “basura”.

El PSOE se ha avenido tras meses de negativas a que Eugenio Pino, antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, y su jefe de gabinete José Ángel Fuentes Gago comparezcan el próximo 29 de junio en la comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior en los tiempos del ministro Jorge Fernández Díaz. Los socialistas junto a Unidos Podemos, PNV, ERC y PdeCat han conseguido aprobar las comparecencias frente al voto contrario del PP y Ciudadanos.

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha denunciado “el chantaje” por parte del PSOE por el que si se olvidaban de la comparecencias de los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas y del exministro socialista de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba permitirían la citación de Pino y Fuentes Gago y no vetarían las conclusiones del partido independentista. “Es muy grave. Nos hemos negado, no entramos en chantajes de ningún tipo”, ha señalado Rufián.

Antonio Trevín, diputado del PSOE, ha apuntado que se han opuesto a que los comisarios Villarejo y Martín Blas acudan a la Cámara Baja porque ambos agentes mantienen “duelos mediáticos y judiciales y sus problemas personales no son del interés general”. En el caso de Rubalcaba, el parlamentario socialista ha explicado que se han opuesto porque no es el objeto de esta comisión, que tiene como ámbito de investigación el ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz.

Ante la negativa del PSOE a que acuda el comisario Villarejo al Congreso el parlamentario de ERC ha anunciado que le pedirán al comisario Villarejo que acuda como invitado al Parlamento en una sesión informativa para que explique lo que quiera. Rufián también ha señalado que el PSOE junto al PP y Ciudadanos ha votado en contra de que se emita en la Cámara el documental 'las cloacas del Estado'. Trevín ha defendido que han pedido que dicho documental sea trasladado a los grupos parlamentarios para que lo puedan ver.

“Se ha dado el primer paso. Las comparecencias del comisario Pino y su jefe de gabinete Fuentes Gago eran imprescindibles para entender qué es la policía política. Esperamos que sea el inicio de la normalización del trabajo de esta comisión”, ha comentado la diputada de Unidos Podemos Gloria Elizo.

El PSOE ha trabado los trabajos de la comisión junto al PP y Ciudadanos hasta el cambio en la secretaria general con la victoria de Pedro Sánchez en primarias. Aunque la comisión lleva meses funcionando, solo han comparecido hasta ahora el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Oficina Antifraude Catalana (OAC) Daniel de Alfonso y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, aunque sus intervenciones no han logrado aclarar si hubo utilización de agentes para atacar a otras fuerzas políticas.

El diputado del PP José Alberto Martín-Toledano ha señalado que su negativa a que los agentes asistan es para evitar “un juicio general a la profesionalidad de la Policiía Nacional. Se lanzan sospechas al trabajo de unos policías cuando la documentación que se ha aportado en la comisión no ofrece ninguna razón que justifique que tengan que comparecer”.

El Partido Popular ha dejado caer la amenaza de llamar al exministro socialista de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba si se confirma el cambio de opinión del PSOE alrededor de las comparecencias de la cúpula de la policía política en la comisión de investigación de la utilización partidista del ministerio del Interior del Congreso.

Hasta el momento los socialistas habían votado en contra, junto al PP y a Ciudadanos, de que vayan a declarar al Parlamento los ex comisarios José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, y su jefe de gabinete José Ángel Fuentes Gago.

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha admitido el cambio de criterio en el grupo socialista para inclinarse en apoyar la comparecencia de Pino y Fuentes Gago. Ábalos lo ha justificado de la siguiente manera: “Es importante que vaya el director adjunto operativo y que vaya el jefe de Gabinete, porque han salido en las declaraciones. El hilo de la investigación tiene que tener una dinámica que vaya enlazando con las diversas manifestaciones. En esa lógica, si surge otra cuestión que se pronuncie por parte de los comparecientes y convenga revisar pues no hay ningún problema”.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha admitido que había llegado a un acuerdo con los responsables del PSOE para que no aparecieran los comisarios por el Congreso. “Voy a seguir manteniendo lo que he mantenido: El alcance de la comisión que yo había acordado con los responsables del PSOE. Ahora hay otros responsables que piensan de otra manera. ¿Por qué ellos han cambiado de criterio? No lo sé”, ha explicado.

Ante el cambio de criterio de los socialistas, Hernando no ha dudado en soltar la amenaza velada de la comparecencia del ex ministro socialista de Interior. “También hay quien dice que tiene que venir el señor Rubalcaba, de momento, no lo veo necesario pero igual resulta que sí”, ha avisado el portavoz del PP. El Grupo de Unidos Podemos siempre ha querido citar al exministro ya que aseguran que la policía política tiene sus inicios bajo el mandato de Rubalcaba. 

“¿Para qué están las conversaciones? ¿Y para qué están las votaciones? ¿Qué es lo que ha surgido?¿Qué es lo que ha cambiado desde la semana pasada hasta esta semana cuando el PSOE votó que no vinieran determinados cargos policiales y ahora dice sí? Pregúntele al señor Sánchez o al señor Ábalos. No tengo semejante capacidad para evolucionar mi criterio de la misma forma que lo hacen algunas formaciones políticas día a día o semana a semana”, se ha quejado Hernando.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irtene Montero ha comentado “si se confirma será una buena noticia para la democracia. Pino y Fuentes Gago han sido señalados como personas clave por los dos únicos comparecientes que ha habido hasta ahora mismo en la comisión. Seguimos manteniendo la importancia de que comparezcan Pino, Fuentes Gago, Villarejo y Rubalcaba para valorar cómo funcionaba antes el ministerio en comparación a cómo funcionó bajo el mandato de Fernández Díaz”.

Sin embargo, Ábalos no se ha mostrado partidario de llamar a la comisión ni a Rubalcaba ni a Villarejo. “Es importante que antes de Villarejo vayan el Director Adjunto Operativo y el jefe de gabinete, que han salido en las declaraciones. No sé qué tiene que ver el señor Rubalcaba en este tema. El objeto de la comisión hay que preservarlo”, ha concluido el portavoz socialista.