Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

En Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra de secarrales y catedrales, el polvo de los caminos se confunde con el olor y humo del incienso, la religiosidad popular y la política. Religión y política han bailado un tango endemoniadamente complicado desde que Franco les puso banda sonora. No es para menos: durante el franquismo, las vírgenes no solo eran madres celestiales, sino reclutas de primera en la cruzada nacional, desfilando en procesiones con falangistas a los lados y el caudillo bendiciendo desde el balcón.

Eran los años en que una romería por la Virgen de la Caridad en Villarrobledo no era solo devoción, sino un mitin con crucifijo, y las cofradías de Toledo o Albacete servían para que el régimen se autoproclamara salvador de la patria católica. Aunque creo que aquello no era fe, admito que era un engranaje bien aceitado: la Iglesia aliada al Estado, y la plebe arrodillada a la vez, lo mismo ante el altar cómo ante la picota.

Luego llegó la Transición, se desinfló el globo. Adiós a las misas por los caídos y las rogativas obligatorias por aquella lluvia que nunca llegaba. Las devociones se quedaron huérfanas, pero cómo no eran tontas, mutaron a folklore regional, un ese pegamento identitario que ayudó a forjar Castilla-La Mancha como comunidad autónoma. Los socialistas de los ochenta, que no eran precisamente beatas, se apuntaban a las fiestas populares con la misma naturalidad con que uno se pone la corbata para acudir a una boda.

Y ahí llegaron las vírgenes alcaldesas perpetuas, ese invento tan manchego como montar al Quijote en un tractor. Fíjense en la Virgen de la Varga en Uceda, Guadalajara, que en 2021 recibió el bastón de mando como si fuera alcaldesa de toda la vida, o la de Rus en San Clemente, Cuenca, que lleva un cuarto de siglo en el cargo honorífico, procesionando con pompa mientras el pueblo la devuelve a su ermita como a una vecina pródiga. Chinchilla de Monte-Aragón hizo lo propio con la Virgen de las Nieves en 2015, y en Illana otra virgen se apuntó al club en 2016, para escándalo de los laicos que vieron en ello (con razón) un conflicto de intereses entre el ayuntamiento y el cielo.

Hoy, en este 2026 donde la fe ha menguado al 63 por ciento, diez puntos menos que hace unos años, la cosa es más sutil, un trueque de favores: el político gana votos posando con la túnica de nazareno, y la hermandad recibe subvenciones para restaurar la ermita. No hay ya nacionalcatolicismo rampante, sino una secularización a medias, con tensiones laicas que protestan por el bastón entregado a una escultura de madera. Es como si Castilla-La Mancha, con su mezcla de meseta árida y devociones arraigadas, se negara a soltar del todo el rosario: la política lo usa para parecer cercana, humana, de pueblo; la religiosidad popular, para sobrevivir en este mundo de selfies y descreídos.

Al final, no es hipocresía, es pragmatismo manchego: las vírgenes siguen reinando en los plenos municipales porque, en el fondo, todos sabemos que un alcalde mortal tropieza, pero una alcaldesa perpetua nunca dimite. Y en eso, queridos lectores, reside la auténtica eternidad de la Mancha.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en donde se analiza cómo la historia de la lucha por la recuperación de la memoria democrática y contra la impunidad de las dictaduras se entrelazan entre Argentina y España en un auténtico camino de ida y vuelta.

Al igual que en su momento las víctimas de las dictaduras chilena y argentina recurrieron a los tribunales españoles buscando una justicia que se negaba en sus países, ahora hacemos el camino a la inversa. La querella argentina contra los crímenes del franquismo es actualmente el único juicio abierto al franquismo. Un camino de ida y vuelta, que son también los exilios y acogidas compartidas, los procesos de recuperación de la memoria, de luchas similares que ahora sufren el embate de un enemigo común: una extrema derecha que ha declarado la guerra a la memoria democrática para encerrarnos en la jaula del presentismo, en un mundo amnésico, sin utopía y sin capacidad de mirar hacia el futuro. 

De todo esto y mucho más se hablará en este próximo podcast de Atado y Bien Atado, que publicamos coincidiendo con las marchas de la memoria en Argentina del 24 de Marzo ante el cincuenta aniversario del golpe de estado. Todo ello con la participación de Claudia Poblete, nieta robada por la dictadura argentina; Emilio Silva, nieto de un asesinado y desaparecido por la dictadura española; Maruja Lamana, exiliada argentina en España; Carolina Meloni, profesora de Filosofía y exiliada argentina en España; Roberto Montoya, periodista y exiliado argentino en España; Cristina Rota, profesora de interpretación argentina exiliada en España y cuyo marido es uno de los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina; Mayki Gorosito, exdirectora del Museo Sitio de Memoria ESMA en Argentina; y Taty Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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A Javier Verdejo nadie le iba a frenar su ímpetu por vivir en una democracia en España. Con la muerte del dictador Francisco Franco, este joven estudiante almeriense de la Universidad de Granada sabía que estaba ante la oportunidad perfecta para reivindicar un nuevo tiempo para su país. Nadie, ni siquiera su padre, un reconocido alcalde franquista de Almería, le iba a impedir militar hacia una transición política en la que la dictadura fuese historia. Nadie, hasta que una bala de un guardia civil le atravesó el cuerpo y le cercenó la vida. Era el verano de 1976, pero su asesinato pareció teñir de invierno las ambiciones de quienes, como Javier, soñaban con una España democrática.

Tenía tan solo 19 años cuando esa bala acabó con su futuro en la playa del Zapillo de su Almería natal. Militante de la Joven Guardia Roja de España (JGRE), la organización juvenil del Partido de los Trabajadores de España (PTE), Verdejo apenas llevaba un año estudiando Biología en la universidad cuando fue sorprendido en una caseta de baño próxima a la orilla escribiendo en un muro, con letras rojas: “Pan, trabajo y libertad”. No llegó a escribir más que la “t” de trabajo cuando un agente de la Guardia Civil le persiguió, mientras trataba de huir, hasta darle alcance con su fusil. En apenas unos segundos, el joven murió, convirtiéndose en una de las casi 800 víctimas que se produjeron en los primeros años de la transición española tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

Quizá por eso, por parecer tan solo un número, Javier Verdejo no ocupa los recuerdos que sí logran otros como Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 mientras luchaba por la autonomía de Andalucía. Quizá por eso, la de Verdejo es la historia de un chaval que tuvo la mala suerte de soñar con una democracia cuando la dictadura aún seguía existiendo, pese a la muerte de Franco.

Ahora, 50 años después de su asesinato, la Universidad de Granada le hace un homenaje para que la comunidad académica y la población en general, que empieza a ser mayoría la que no vivió el franquismo, no olvide lo que pasó en los primeros años de la transición que permitió que España sea hoy una democracia. Porque el contexto de aquel tiempo merece ser recordado para entender quién era Javier Verdejo y qué pasaba en el país en aquellas fechas. En ese sentido, Rafael Gil Bracero, profesor de Historia en la Universidad de Granada, que tenía casi la misma edad que Verdejo cuando fue asesinado, es una de las personas que más ha estudiado sobre su figura y de las que más luces puede aportar a los vacíos que la versión oficial arrojó sobre la muerte del joven.

Una transición que no fue modélica

“Ni fue una transición ni mucho menos modélica. Fue sangrienta”, resume Gil. El historiador sitúa el asesinato de Verdejo en un momento de enorme tensión política y social, apenas meses después de la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno. En aquel 1976, ni los partidos políticos ni los sindicatos estaban legalizados, y la movilización en las calles –especialmente de estudiantes y trabajadores– formaba parte de la lucha por conquistar libertades básicas.

Ese clima tenía en la universidad uno de sus principales epicentros. “El ambiente universitario estaba muy politizado”, explica Gil, que vivió aquellos años como estudiante. “En la Universidad de Granada, el Partido Comunista era casi lo más a la derecha”. La frase, provocadora, ilustra hasta qué punto el espacio universitario estaba dominado por organizaciones de izquierda y extrema izquierda, donde militaban buena parte del alumnado.

Lejos de ser una excepción, la implicación política formaba parte de la vida cotidiana. Carteles, asambleas y panfletos articulaban un movimiento estudiantil que se organizaba al margen de la legalidad vigente. “La mayoría de estudiantes estaban vinculados a organizaciones políticas”, recuerda el historiador. En ese contexto, la militancia de Javier Verdejo no tenía nada de extraordinario: era, en realidad, la norma entre quienes protagonizaban la oposición al franquismo en las aulas.

Pero esa efervescencia chocaba de frente con un aparato estatal que apenas había cambiado. Gil insiste en que la transición política no vino acompañada de una depuración real de las fuerzas de orden público. “Podían disparar y no pasaba nada”, asegura. La combinación de movilización social y continuidad represiva explica, en parte, la violencia de aquellos años. En cifras, el balance es contundente. “Del 75 al 83 hubo al menos setecientas muertes violentas”, señala. De ellas, al menos 178 corresponden a violencia ejercida por el propio Estado. “Son muertes que apenas han tenido investigación, reparación ni reconocimiento”, añade. La de Javier Verdejo fue una más de esa lista, aunque con el paso del tiempo haya quedado diluida en el relato oficial de una transición pacífica.

La versión oficial sostuvo que el disparo fue accidental: el agente habría caído mientras perseguía al joven y el arma se habría disparado de forma fortuita. Sin embargo, Gil cuestiona esa explicación. “Si te caes con el arma, el disparo no va al cuello”, apunta. Para el historiador, se construyó un relato para evitar responsabilidades. “No fue una muerte, fue un asesinato”, afirma con rotundidad.

La impunidad de su asesinato

El caso nunca se investigó en profundidad y quedó impune. La respuesta en la propia universidad, aunque existente, fue limitada. Hubo comunicados y protestas, pero no una movilización sostenida. “Se hicieron panfletos denunciando el asesinato, pero no hubo más”, admite Gil. Aun así, el impacto fue profundo entre quienes compartían generación con Verdejo: la constatación de que la represión seguía operando incluso en plena transición.

A diferencia de otros nombres que sí han logrado cierto reconocimiento institucional, la figura de Javier Verdejo quedó marcada por el olvido. Algunas fuentes han sostenido que existió un distanciamiento por parte de su familia debido a su militancia política, en un contexto marcado por profundas divisiones ideológicas. Sin embargo, sus hermanos han querido matizar esta interpretación y subrayan que su familia siempre se ha sentido “muy orgullosa” de Javier, al que consideran “querido, recordado y añorado”.

“Una tragedia de tal envergadura marcó a sus padres y a toda su familia, la cual ha sido víctima, al igual que lo fue Javier, de falta de respeto y solidaridad”, explican los hermanos Verdejo Lucas. Asimismo, recuerdan que en 2010 fue reconocido oficialmente como “víctima de la violencia estatal” a petición de la propia familia. Y aseguran haber participado “en todos los actos en reconocimiento a Javier a los que la familia ha sido invitada, y también ha asistido a muchos otros eventos, aunque lo ha hecho sin significarse, respetando así, la iniciativa de los convocantes”.  

Memoria y presente

Medio siglo después, el homenaje impulsado ahora desde la Universidad de Granada, con participación institucional, supone un cambio respecto a décadas anteriores. “Ya era hora de que el Estado reconociera a quienes dieron su vida por la democracia”, sostiene Gil.

Para el historiador, la recuperación de estas historias no es solo una cuestión de memoria, sino también de presente. “Esto no se enseña en las aulas, aunque la ley diga que es obligatorio”, advierte. En un contexto en el que las nuevas generaciones consumen información de forma fragmentaria y rápida, reivindica el papel de la divulgación y del periodismo para reconstruir estos relatos.

Porque la historia de Javier Verdejo no es solo la de un estudiante asesinado en una playa de Almería. Es también la de una universidad que fue motor de cambio político, la de una generación que se jugó la libertad en las aulas y en la calle, y la de un país que, durante demasiado tiempo, prefirió no hacerse preguntas. Medio siglo después, su nombre vuelve a aparecer para recordarlas.

Cincuenta años después de su estreno, El desencanto sigue incomodando. No porque haya envejecido mal —al contrario—, sino porque continúa echando sal a una herida todavía supurante que no termina de cicatrizar. La película de Jaime Chávarri no es sólo el retrato de una familia literaria en ruinas; es la representación íntima de una sociedad que comienza a mirarse sin complejos.

En 1976, España estaba aprendiendo a hablar en voz alta. El franquismo obtenía su certificado de defunción, pero sus hábitos culturales seguían presidiendo la mesa camilla. Y en aquella casa de la calle de Leoncio Núñez, en Astorga, bajo la sombra persistente de Leopoldo Panero, se escenificaba algo más que una conversación doméstica: la lenta decadencia de una figura paterna que había organizado durante décadas el orden doméstico.

El sociólogo español, Amando de Miguel en libros como La familia española o Manual de estructura social de España, estudió la transformación de la familia española durante el tardofranquismo y la Transición. Señaló cómo el modelo patriarcal, rígido y jerárquico, empezaba a erosionarse no tanto por decreto político, sino como por un cambio cultural. La autoridad dejaba de ser incuestionable, y la obediencia entraba en vías de negociación.

El desencanto podría leerse, en cierto modo, como la traducción cinematográfica de esa transformación.

El padre, fallecido pero omnipresente, no aparece nunca y, sin embargo, ocupa cada plano. No es solo un progenitor; es el símbolo del orden establecido. La familia Panero encarna, a priori, el modelo que De Miguel describía en sus estudios: padre proveedor, madre mediadora, hijos socializados en la disciplina y la expectativa de la estirpe.

Felicidad Blanc, nacida para viuda, 'niña bien' del Madrid de posguerra, representa la transición entre dos mundos. Con sobresaliente en educación cívica y social, sostiene la memoria del marido con una mezcla de lealtad y cansancio íntimo. De Miguel habló en varias ocasiones del papel silencioso de las mujeres en el sostenimiento del orden familiar franquista: administradoras del afecto, guardianas del prestigio doméstico. Cargada de resignación, parece sostener un decorado que irremediablemente se cae a trozos. Su voz no es solo conservadora; es melancólica. Y esa melancolía dice mucho sobre el precio íntimo de la estabilidad social, ése que se factura en privado bajo el concepto de: fracaso como madre según los parámetros sociales interiorizados.

Los hijos son otra cosa. Mientras sus hermanos -Juan Luis Panero y Leopoldo María Panero- ajustan cuentas con el padre desde la poesía o la pulsión kerouaquiana, Michi parece elegir la distancia socarrona, como si la vida fuera una sobremesa inacabable entre humo de tabaco y vasos de doble V. Ídolo de snobs y tarambanas, asistimos al nacimiento de una peculiar rockstar premovida madrileña: un dandi desvaído que, lejos de aceptar el destino de poeta oficial de la familia, decide convertir su propia pachorra en una forma de estilo. A través de una elegante apología de la holgazanería, sabotea las expectativas que la dinastía Panero había depositado en él.

Brillante interpretación de sí mismos, en un campo de batalla que va más allá de lo afectivo. Con el índice y corazón teñidos de alquitrán, cada miembro de la familia construye su propio relato. No se alcanza una verdad compartida. Tres estrategias frente a una misma herencia genética. Tres formas de gestionar lo que Amando De Miguel llamaría el tránsito de una sociedad de obediencia a una sociedad de expresión.

La conversación está atravesada por la nostalgia de las vidas no vividas

En Los españoles: sociología de la vida cotidiana, De Miguel subrayaba que el cambio social en España no fue únicamente institucional. Fue doméstico. Se produjo en la manera de relacionarse padres e hijos, en la redefinición del papel femenino, en la progresiva privatización del conflicto moral.

En los años setenta, la familia española deja de ser una institución hermética para convertirse en un espacio de negociación colectiva. El desencanto captura ese instante exacto. No se trata de aceptar el relato del padre; se trata de ponerlo en cuestión y de reescribirlo sin la mordaza autoritaria.

La familia Panero encarna también una élite cultural estrechamente ligada al franquismo. No estamos ante una familia cualquiera, sino ante una alcurnia literaria que recibió reconocimiento oficial y prestigio social.

Amando de Miguel reflexionó sobre los vínculos entre cultura y poder en España, sobre cómo determinadas élites se forjaron bajo el amparo del régimen y luego tuvieron que redefinirse en democracia.

La decadencia no se limita aquí a lo económico o a lo simbólico; es, sobre todo, una decadencia moral que viene a predecir el macabro futuro de sus descendientes.

La grandeza del documental de Jaime Chávarri consiste en no intervenir demasiado. La cámara escucha. No juzga. No sentencia. Deja que la familia se explique —o se exponga— sola. Y ahí reside su verdadera fuerza. Porque lo que parece una conversación doméstica termina siendo un ajuste de cuentas literario en medio de un caos discursivo.

Entrar en El desencanto es fácil. Salir, no tanto. Lo que allí ocurrió —o lo que creemos que ocurrió— desborda lo estrictamente emocional: es como intentar volver a la habitación donde fuiste niño. Sabes que algo de consuelo encontrarás en ese regreso, pero también que cada objeto removido traerá consigo una melancolía que aprieta en la garganta y se instala en el estómago.

Hay en sus personajes una atracción difícil de explicar. No es tanto el contenido, sino la escenificación. La cadencia, la ironía, el susurro expectorado en la faringe, la herida apenas disimulada. Sus palabras escuecen porque están cargadas de un silencio monocromático, espeso, que lo invade todo y termina obligando al espectador a absorber, casi físicamente, la intensidad de lo que ocurre. Tal vez por eso los personajes parecen moverse en una frontera incierta entre la lucidez y una suerte de delirium tremens emocional.

La piedra exterior de Astorga, fría y compacta, parece haber penetrado en el interior de la vivienda que se convierte en un confesionario forrado de maragata y pizarra. Las paredes desprenden el olor a tiempo retenido.

Cuando la conversación se apaga y la película se acerca a su final, queda la sensación de haber asistido a algo irrepetible. La cámara ha capturado un momento en el que la intimidad familiar y la historia colectiva se cruzan sin mediaciones, sin filtros, con una honradez que hoy resulta casi impensable.

Volver hoy a El desencanto no solo es un ejercicio de nostalgia cinéfila, la película nos recuerda que toda sociedad vive entre el recuerdo de lo que fue y el optimismo delirante de lo que cree poder llegar a ser.

Hoy la calle Leoncio Núñez se llama calle Panero y en el número 5 sobrevive algo parecido a un set museístico donde todo parece seguir en su sitio, como si el tiempo hubiera decidido tomarse un descanso. Quienes vimos por primera vez El desencanto y sentimos que el documental nos volaba la cabeza solemos reconocernos, como si formáramos parte de una discreta logia sentimental. Basta con que alguien pronuncie el apellido Panero para que la conversación se incline inevitablemente hacia Astorga, hacia aquella casa y hacia aquel extraño milagro cinematográfico. Entonces, como le ocurría a Michi, estiramos las sobremesas con una mezcla de ironía y melancolía, encadenando soliloquios sobre la nostalgia de esas vidas no vividas, mientras el eco de aquella conversación familiar —mitad tragedia, mitad comedia— sigue resonando, medio siglo después, en algún rincón obstinado de la memoria cultural española.

Más de 60 entrevistas a periodistas, políticos, abogados, artistas, militares y académicos son suficientes para profundizar, a través de los anhelos y los miedos, pero también los recuerdos y las grandes hazañas, en la Transición española. Grandes nombres del momento componen un nuevo ensayo del historiador Francisco J. Leira Castiñeira, cuyo subtítulo marca la tesis: ‘Retrato de la Transición. La memoria que escondimos en el desván’ (Siglo XXI, 2026). En estas líneas, el autor aboga por reformular aquella transición de hace medio siglo y recuperar la conversación pública que se produjo hace 15 años, durante el 15M, entre dos generaciones que no supieron entenderse, pero que añoraban lo mismo.

La monografía que presenta Leira, de 17 capítulos y casi 500 páginas, supura en los primeros capítulos unas emociones compartidas por los ilustres entrevistados. Era un tiempo en el que el miedo se conjugaba con la ilusión, sobre todo en aquellos primeros años en los que la calle y los políticos se debatían entre la ruptura y la reforma. Ganó la segunda, cuando muchos se quitaron la camisa azul y se pusieron el traje de demócrata. “Lo que he visto es que, aunque muchas personas no sabían muy bien qué querían que ocurriera de manera definida, sí que anhelaban un objetivo común: que España pudiera asimilarse al resto de países europeos”, introduce el también docente de Historia Contemporánea la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Una mirada internacional y legalización del PCE

La influencia del exterior empezaba a impregnar a una nueva generación de opositores al régimen, pero también de políticos. Antonio Garrigues Walker le contó a Leira para su libro que su hermano Joaquín, quien llegó a ser ministro de Obras Públicas y Urbanismo durante la Transición, un viaje a Estados Unidos hizo que acabara con una perspectiva liberal de lo que debía ser la política.

Murió Franco, pero no la España franquista. El proceso transicional estuvo marcado por amenazas constantes por parte de los militares y un ruido de sables incesante que explotó en 1981, con los comunistas sentados en el Congreso. Para entonces, el PCE ya era un partido más. “Y en eso coinciden la mayoría de políticos de la época que he entrevistado. Sabían que en ningún caso el resultado de esas elecciones sería democrático si no permitían que el Partido Comunista se presentara”, apunta Leira.

Así lo demuestran las palabras recogidas por el historiador a través de decenas de conversaciones, como las que mantuvo con Iñaki Anasagasti, antiguo portavoz del PNV en el Congreso; Miquel Roca, ponente constitucional y político de CDC; Enrique Barón Crespo, socialista y expresidente del Parlamento Europeo; Joaquín Almunia, socialista y antiguo ministro de Trabajo y Seguridad Social y de Administraciones Públicas; los periodistas Joaquín Estefanía, Manuel Campo Vidal, Soledad Gallego-Díaz y Nativel Preciado; así como con políticos regionalistas como Xosé Manuel Beiras y Joan Tardá.

Otra posible Constitución

A pesar de su título, ‘Retrato de la Transición’ abarca hasta 1996, año en que el PP de Aznar ganas las elecciones por primera vez en España. Sin embargo, para llegar tan lejos, Leira se detiene algunos capítulos en abordar, de forma directa o tangencial, la ponencia constitucional. Las elecciones de 1977 no fueron constituyentes como tal. Aquel año, la población votó un parlamento que comenzaría a trabajar en una Carta Magna, pero sin una hoja de ruta clara.

En este punto, el historiador sostiene que, si los resultados electorales hubieran sido otros, seguramente el tipo de Constitución también habría sido diferente, tal y como explicita en la monografía Óscar Alzaga, catedrático de Derecho y diputado por UCD y, más tarde, por Alianza Popular, y también Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, ministro de Educación con la UCD.

El trabajar codo con codo unos y otros durante ese proceso de diálogo en el que había políticos de la UCD, el PSOE, AP, el PCE, Convegència y Unió de Catalunya dio paso a cierta trabazón de buena relación. “Se turnaban en las ruedas de prensa. En cada ocasión, era un ponente constitucional diferente el que atendía a los medios. Y discutían hasta dónde se ponía una coma”, comenta el autor.

Significativo aquí es el testimonio de Miquel Roca, único ponente constitucional que queda con vida. “Él y Jordi Solé Tura decían que para que no hubiera dudas o ambigüedades siempre se decantaban por introducir alguna palabra que especificara bien la norma”, ejemplifica Leira. La buena relación del democristiano catalán con el comunista se dejaba ver incluso por los chascarrillos que hacían de otro de los ponentes, Manuel Fraga Iribarne, antiguo ministro franquista y fundador de AP. Según Roca, ambos se preguntaban cuánto tardaría Fraga en meterles en la cárcel de nuevo.

La amenaza continua del terrorismo

Horas y horas delante de los protagonistas más ilustrados de la Transición, pues no hay que olvidar que aquel proceso también golpeó y se batalló en los barrios y barriadas, por las gentes sin estudios ni la habilidad de la elocuencia, han conmovido al autor de este ensayo. Es lo que le ocurrió con las víctimas del terrorismo con la que se entrevistó, tales como Gorka Landanburu, antiguo periodista de Diario 16. Leira admite que escuchar su relato, que con honestidad ha transferido al texto, le puso la piel de gallina.

Sin embargo, el nudo en la garganta lo sintió al verse con Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo, quienes vivieron en primera persona la masacre de los abogados laboralistas de Atocha en 1977. El historiador no rehúye esta cuestión a través de la mirada de sus fuentes. Se decanta por no pintar la Transición de color de rosa, de un periodo de concordia y consenso pacífico. “Aquí teníamos el terrorismo de extrema derecha e izquierda, pero también de las fuerzas del orden público, que seguían matando y torturando en la cárcel, y unos jueces herederos del franquismo”, sostiene.

La mirada al presente

Leira teje una línea con el presente y acerca la Transición a lo ocurrido con el 15M de 2011 en España: “Para mí esta fue la oportunidad perdida. Teníamos dos generaciones que defendían mayor democracia y no fueron capaces de ponerse de acuerdo, de llegar a un consenso en el que pudiéramos entender al otro”. Gregorio Peces Barba, socialista y también padre de la Constitución, lo explicitó cuando defendió “una Constitución que enfadase a todos un poco pero no tanto como para tener que cambiarla a los pocos años”, en sus propios términos.

Más de tres décadas después de aquello, decenas de miles de personas en España se echaron a la calle defendiendo, si no un nuevo proceso constitucional, sí cambios estructurales en la Carta Magna. Acamparon en las plazas y las asambleas tomaron los barrios. Una nueva pulsión emergía tras una latencia que tiempo antes parecía dormida. La conflictividad volvía. Se sucedían las huelgas, las manifestaciones en solidaridad por los detenidos en las protestas, las mareas en defensa de los servicios públicos, las marchas de los mineros y los Rodea el Congreso. También las acciones para luchar contra la Ley Mordaza, que en parte consiguió aplacar el estallido social.

Sin embargo, poco de eso cristalizó en medidas que mejoraran la vida de la gente. “Una de las cosas que defiendo en el libro es que, ya que no nos pusimos de acuerdo en el pasado, tenemos que hacerlo ahora”, asegura Leira en referencia a esas dos generaciones que no supieron entenderse. Ahora que vivimos una ola reaccionaria mundial es el momento, según subraya el historiador, de “reactualizar la democracia”. La respuesta al cómo la da el mismo Leira: introduciendo los derechos del colectivo LGTBI o feministas en la Constitución, blindándolos de ataques ideológicos imbricados en intereses espurios y creencias religiosas antagónicas con el progreso.

Fortalecer la democracia contra la ultraderecha

El docente de la UC3M comenta sin ambages que, “en el fondo, lo que hay que recuperar es la idea de concordia entre quienes se sienten demócratas y quienes consideran que no hay otro camino para defender la democracia que el antifascismo y el antitotalitarismo”. Para eso, propone rebajar el tono y huir de expresiones vertidas en el pasado con las que la generación del 78 se sintió atacada. Por otra parte, esta generación también pudo hacer gala de su reivindicación de la Transición negociando un nuevo consenso con las generaciones más jóvenes.

Lo dice al final de su libro. La democracia no puede ser patrimonio de una generación o contexto histórico. “La democracia debe seguir actualizándose continuamente, no puede quedar anclada en el pasado porque si no muchos derechos sociales van a estar perdidos”, añade. Aquella generación que vio el ocaso del franquismo no pensó en los derechos del colectivo LGTBI, ni tampoco la mujer ocupaba el espacio que ocupa ahora (no hay madres de la Constitución). Y cambiar eso tampoco haría variar el sistema político. 

En definitiva, Leira sostiene que se produjo cierta incomprensión hacia la gente que protagonizó la Transición por parte de los jóvenes, la mayoría, que llegaban al 15M con ganas de cambiarlo todo, pero también sumidos en una crisis social y económica que golpeó el país como no lo hacía en mucho tiempo. “Deberíamos volver a juntarnos para fortalecer las estructuras de la democracia y, aunque pueda llegar a gobernar la extrema derecha, no haya un retroceso en los derechos sociales y los derechos humanos”, concluye.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en donde se analiza el fenómeno del “pop franquismo”: la conversión del franquismo en una estética, un meme o una provocación “cool” que circula con ligereza en determinados espacios juveniles y digitales.

En los últimos años, la imagen de Franco se ha resignificado como símbolo ambiguo entre la cultura pop y el revisionismo histórico. No es el franquismo real —represión, censura, persecución política, cárcel y exilio—, sino una iconografía invertida, construida a partir de mitos y bulos sobre el régimen y su legado, que lo presentan como sinónimo de orden, estabilidad y prosperidad. 

En este episodio pondremos el foco en ¿cómo? y ¿por qué? se produce esa banalización de la dictadura: qué papel juegan las redes sociales y sus lógicas de viralidad, cómo se transforma el autoritarismo en mercancía cultural, qué vínculos tiene con el auge de la extrema derecha y qué “vacíos” —educativos, mediáticos e institucionales— permiten que ese blanqueamiento avance. También compararemos el caso español con otros procesos europeos donde el pasado autoritario se ha romantizado como época de seguridad, para entender que no estamos ante una moda inocente, sino ante una disputa por la memoria y el sentido común. Porque cuando la dictadura se convierte en chiste o en estética, lo que se normaliza no es el pasado: es la posibilidad de repetirlo. Todo ello lo haremos de la mano de varias voces expertas, así como en compañía de los historiadores e influencers Josefine Table y Mikel Herrán, comocido en redes como Puto Mikel.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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Cada 3 de marzo, Vitoria-Gasteiz se detiene para recordar a Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, trabajadores asesinados en 1976 por parte de la Policía Armada, así como a las decenas de personas que resultaron heridas. No es una fecha más en nuestro calendario. Es una herida en nuestra memoria colectiva y, al mismo tiempo, un compromiso permanente con la verdad, la justicia y la reparación.

El comienzo de año de 1976 fue el inicio de un largo periodo de numerosas movilizaciones en toda España, con más de medio millón de trabajadores en huelga desde principios del mes de enero y que venían motivadas por dos reivindicaciones: la creación de un sindicato libre, independiente del sistema político franquista y la mejora de las condiciones laborales.

Y en Vitoria estas movilizaciones fueron especialmente activas, tanto por los propios trabajadores, como por las marchas organizadas y protagonizadas por sus mujeres, que recorrían diariamente las calles de la ciudad como muestra de apoyo a sus maridos.

Era un contexto en el que la libertad sindical y el derecho de huelga y reunión no estaban garantizados, ni se daban las garantías propias de un Estado de Derecho, alcanzadas en 1978 con la aprobación de la Constitución española.

Ese 3 de marzo de 1976, 5.000 trabajadores se encontraban dentro de la Iglesia de San Francisco de Asís celebrando la asamblea número 241 desde el día 1 de enero del mismo año, con el único objetivo de debatir y coordinar sus reivindicaciones laborales. En ese contexto de debate, de tertulias compartidas, de pensamiento colectivo, la Policía Armada decidió entrar a la iglesia lanzando gases lacrimógenos en su interior para desalojar a los trabajadores que se encontraban allí reunidos. Y cuando éstos intentaron salir y huir y, a pesar de estar completamente desprotegidos, la Policía decidió atacarles, produciéndose cargas y disparos con armas de fuego. El resultado ya es sabido por todos. 

Los hechos acaecidos en Vitoria ese día 3 de marzo de 1976 agitaron a todo el país, provocando un gran enfado social, reconociendo hasta el propio ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, que las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Armada fueron “lamentables”, aunque jamás asumiera ningún tipo de responsabilidad política, y justificando los actos en aras del mantenimiento del orden público. 

Hoy, medio siglo después, los derechos laborales forman parte del núcleo de nuestro Estado social y democrático de derecho. La negociación colectiva, la libertad sindical, el derecho de huelga y la protección frente a los riesgos laborales no son concesiones que nos hayan venido regaladas: son conquistas históricas. Conquistas que debemos cuidar cada día, desde el diálogo social, desde el cumplimiento de la ley y desde la responsabilidad compartida de empresas, trabajadores y administraciones.

Como subdelegada del Gobierno en Álava, y en nombre del Gobierno de España al que represento, quiero reafirmar nuestro compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento de las víctimas. 

Este compromiso con la memoria reciente y el respeto a los derechos humanos se materializa con iniciativas tales como la declaración de la Iglesia de San Francisco de Asís como Lugar de Memoria Democrática, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España y publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 23 de febrero de 2026. Esta declaración busca preservar la memoria de aquellos hechos y promover la educación ciudadana sobre los valores democráticos. En un contexto en el que apenas se reconocían derechos básicos como el de reunión o asociación, la Iglesia de San Francisco funcionó como un lugar clave para el intercambio y la organización colectiva: un punto de encuentro fundamental para los trabajadores de Vitoria en una etapa marcada por la ausencia de libertades políticas y sindicales. 

La declaración como Lugar de Memoria implica la puesta en marcha de diversas medidas destinadas a su protección y valorización. Entre ellas se incluyen su adecuada identificación y señalización, la preservación de los elementos conmemorativos ya existentes y la promoción de iniciativas orientadas a la divulgación y contextualización histórica de los acontecimientos.

La historia demuestra que muchos de los avances sociales actuales fueron fruto de la organización y el sacrificio de trabajadores y trabajadoras que defendieron, incluso con su vida, la justicia social.

La mejor manera de honrar a quienes perdieron la vida aquel 3 de marzo es seguir trabajando por una sociedad más justa, donde el conflicto laboral encuentre siempre cauces democráticos y donde ninguna reivindicación legítima sea respondida con violencia. Es consolidar una cultura del trabajo digno, seguro y con derechos. Es garantizar que nunca más luchar por las clases trabajadoras pueda costar la vida.

La memoria no es un ejercicio del pasado; es una guía para el presente. Que el recuerdo de aquellos trabajadores nos interpele, nos una y nos obligue a estar a la altura de lo que representan: la dignidad del trabajo como fundamento de la democracia.

En uno de sus libros de memorias ('En busca del tiempo servido') así lo recordaba Manuel Fraga y no es inhabitual escuchar algo similar de algunos de los que estuvieron en ese conflicto que acabó dramática y violentamente aquel 3 de marzo de 1976. Estos días, un grupúsculo comunista invita a asistir a una charla titulada '50 años del soviet de Vitoria'. ¿Existió eso alguna vez?

Un soviet es, en principio, una manera de organizarse los trabajadores desde la base, de manera autónoma y mediante la democracia directa. En ese sentido, lo de Vitoria fue lo más parecido a un soviet. Los huelguistas se organizaron mediante asambleas, voto a mano alzada y comisiones representativas negociadoras. Lo hicieron porque, desde un principio, prescindieron del Sindicato Vertical, tanto por verlo ineficaz y contrario a sus intereses, como por presionar en esa línea sus dirigentes, entre los que eran minoría los partidarios del entrismo en ese organismo (el PCE y sus Comisiones Obreras afines). A partir de ahí, no tuvieron otra que acudir a los mecanismos primarios de reunión, debate, toma de acuerdos y traslado y negociación de estos: la democracia directa. No eran convencidos de las tesis consejistas de Rosa Luxemburg o de Anton Pannekoek, sino que acudieron a esa fórmula de manera instintiva. Y de ahí salieron sus dos dirigentes principales, Tomás Echave y Jesús Fernández Naves, representando respectivamente esas dos líneas autonomistas: la vanguardista marxista y la autoorganizativa más libertaria. Naves, de hecho, reconoció que la primera vez que leyó a Pannekoek fue estando ya en la cárcel, después de marzo.

Las ocho semanas de huelga vitoriana a comienzos de 1976 fueron un ejemplo de autoorganización obrera, desarrollando un sistema muy sofisticado, a la vez que simple, para sus más de seis mil huelguistas, sus familias y el resto de la ciudad. El organigrama de asambleas diversas; el delicado papel de sus representantes, a caballo entre el impulso vanguardista y la simple representación; las cajas de resistencia y el reparto establecido de ayudas según las diferentes situaciones familiares; el protagonismo de las mujeres de los trabajadores en la difusión y denuncia en la calle del conflicto; la conexión con la disposición de los no huelguistas que les apoyaban; la capacidad para resistir juntos y no declinar ante procesos localizados de negociación en algunas empresas; o la manera de convertir un conflicto laboral en otro popular que alcanzase a buena parte de la ciudadanía local son expresiones de esa alta calidad organizativa que lograron. Además, a cargo de una clase obrera que se estaba constituyendo en ese momento a partir de la experiencia que vivía, y de unos dirigentes que tampoco venían bregados por situaciones anteriores. No extraña que uno de los puntos de tensión entre la dirección de la huelga fuera por la mayor o menor confianza en la capacidad de aprendizaje de la clase obrera en su experiencia de conflicto. Los resultados prácticos respaldaban a los más partidarios de la autoorganización, en perjuicio de los vanguardistas.

Las ocho semanas de huelga vitoriana a comienzos de 1976 fueron un ejemplo de autoorganización obrera, desarrollando un sistema muy sofisticado, a la vez que simple, para sus más de seis mil huelguistas, sus familias y el resto de la ciudad

Pero, además de ser una forma de organizarse en un conflicto, un soviet es un instrumento de intervención política revolucionaria. Así fue en la historia. En este punto es más complicado asignarle la denominación. El conflicto vitoriano fue laboral 'sensu stricto' y su politización fue posterior a él. Durante el franquismo, cualquier demanda social tornaba en política por la propia incapacidad e indisposición del régimen. Se pedía un paso de peatones, la policía disolvía la manifestación vecinal, detenía a algún portavoz y la cosa devenía en una impugnación de la dictadura. Así se politizaron también los obreros vitorianos, pero las demandas durante el conflicto no se salieron del marco laboral. No hay constancia de otras más políticas. Estas aparecen meses después, cuando la Transición arranca de verdad, cuando la calle se agita todavía más y cuando las vanguardias partidarias se manifiestan en su lenguaje sin limitaciones, cosa que sí respetaron durante la huelga para mantener la unidad.

En ese sentido, la radicalidad organizativa no tiene su correspondiente política porque no aspiró a transformar nada más allá que sus condiciones de trabajo, y las vanguardias tuvieron un tiempo limitado para incidir en esa experiencia. Fue después cuando esto comenzó. Los huelguistas impugnaron el Vertical e impusieron la lógica de la negociación directa. Así fue después de marzo, cuando se acordó empresa a empresa la tabla reivindicativa que llevaban. Pero no hubo ninguna propuesta revolucionaria y ni siquiera política, como, por otra parte, fue la tónica de la mayoría de los conflictos laborales de ese instante y en ese lugar. Después, se insiste, se añadieron otros ingredientes, y en otros lugares, como las provincias vascas del norte, ya aparecían con antelación estos en sus demandas, pero aquí y entonces no fue así.

De hecho, este tema lo reflexionan los libros de memorias políticas de protagonistas de la huelga (Echave, Val del Olmo) y lo comentaron otros en entrevistas o charlas (Naves, Olabarría). Los de partidos trotskistas o maoístas también le dieron vueltas (Iñaki Martín, Juanjo San Sebastián, Alberto Martínez de Lahidalga, los hermanos Ruiz, Subiés). Los del PCE (Lecuona, Otaegui) se vieron en minoría y se apartaron de ese debate, sin ni siquiera entablar o insistir en otro alternativo. En general, con la evidente excepción de los asamblearios estrictos y antipartido, se lamentaron de no haber dirigido más el conflicto, de no haberlo derivado a una mayor confrontación, y se reservaron la experiencia para traducirla políticamente en favor de sus demandas durante la Transición. Ahí se politiza fuertemente la situación vitoriana y el recuerdo de marzo, todavía en los términos del radicalismo sindical, que no de la nacionalización del mismo, muy posterior y con otros agentes casi por completo ausentes en su origen.

La historia y la memoria del Tres de Marzo son por eso complejas de conciliar. Se recuerda un proceso muy radical en sus formas, trágico en su resolución, antagónico del relato transicional. Pero lo hace en una construcción memorial donde, además de aparecer un nacionalismo vasco ajeno a aquello, se actualiza sobre la base de que aquel radicalismo persistió en el tiempo, cosa discutible. La experiencia vitoriana radicalizó y extremó después las relaciones laborales locales, pero no solo por ella, sino por el lugar donde se desarrollaban. Ahí, por ejemplo, ejerció más influencia el entorno de violencia terrorista y de violencia social mantenido en la segunda mitad de los años setenta y en los ochenta. O derivó en esa segunda década el protagonismo de una lucha sindical radicalizada a los trabajadores de Michelin, cuando estos no habían participado directamente de la experiencia de Marzo. 

Ahora, al cabo de cincuenta años, se plantea qué recordar de aquello: si solo ese radicalismo y el de quienes se atrincheraron en él después para impugnar ese tránsito a una democracia, con sus añadidos terroristas en la práctica y ultranacionalistas en el objetivo final, o si cabe incorporar la memoria de quienes lo tienen como una tragedia en el marco de esa transición de un régimen de dictadura a otro de democracia que defienden. La primera fórmula puede ser más ajustada a lo sucedido —aunque solo en parte, porque sobran los añadidos exóticos posteriores— y la segunda es más integradora y coherente con el tipo de sociedad en que todos vivimos (incluidos los resistentes).

No ha sido un camino fácil, durante años partidos mayoritarios e instituciones intentaron pasar página y silenciar la lucha y la matanza de Vitoria en 1976 porque contradecían su relato de una Transición que ni fue modélica ni pacífica. Hoy hay consenso en considerar que esa lucha, y la solidaridad que generó, fue determinante para hacer fracasar los intentos de reformar el franquismo e impulsó de forma decisiva las libertades. Sin embargo, los dirigentes obreros renunciaron a la ruptura democrática propiciando una Transición que mantuvo intactos resortes del poder franquista y legitimó la injusticia y la impunidad con las víctimas. 

Cien mil personas participamos en el funeral de los tres primeros asesinados aquel aciago día, la mayor manifestación contra la dictadura fascista que se resistía a morir matando. Durante el recorrido, miles de brazos se alzaban haciendo el signo de victoria. La brutal intervención policial no pudo empañar el éxito de una huelga general que consiguió el apoyo de todo el pueblo de Vitoria con una clase trabajadora que durante dos meses demostró su capacidad de lucha y sacrificio enfrentándose a una patronal intransigente enriquecida bajo la dictadura gracias a leyes criminales y una represión sistemática del movimiento obrero.

Pagamos un precio muy alto, pero los asesinatos de Pedro María, Francisco, Romualdo, José y Bienvenido, acribillados a quemarropa al disolver la Policía una asamblea obrera, concitaron la solidaridad de medio millón de personas en la huelga general más importante de Euskal Herria, y amplia contestación en el Estado y en el mundo, con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona.

Los asesinatos de Vitoria fueron terrorismo de Estado y no una “respuesta policial abusiva”, como ha declarado recientemente una dirigente del partido socialista. Esa sutil diferencia impide que se consideren delitos de lesa humanidad, que ni prescriben ni pueden ser amnistiados, y establece víctimas de primera y de segunda categoría. Sin órdenes o autorización del Gobierno franquista, el gobernador civil no hubiera violado el concordato de 1953 con la Santa Sede, que prohibía entrar en las iglesias, ni la Policía hubiera intervenido tan fría y premeditadamente.

Además, las instrucciones de “no os importe matar”, dadas cuando Manuel Fraga y Rodolfo Martin Villa eran ministros de Interior, avalan que fueron crímenes de Estado. No fueron los únicos. Hubo más de cien asesinatos de trabajadores y personas de izquierdas, como el de los Sanfermines de 1978, desde la muerte de Franco hasta que se aprobó la Constitución. Por eso, es necesario que el Gobierno de España reconozca, pública y políticamente, que existió violencia de Estado. 

Defendiendo lo más básico; poder elegir a nuestros representantes, un sueldo decente, y una jornada laboral digna, conquistamos las libertades ejerciéndolas, y nos enfrentamos al poder económico que tenía a su servicio el sindicato vertical, las instituciones, las leyes, los medios de comunicación y la Policía. Nos golpearon, nos despidieron, nos detuvieron, nos torturaron, nos balearon, nos asesinaron. Pero no pudieron doblegarnos.

No nos regalaron nada, todo hubo que conquistarlo. Conseguimos romper los topes salariales, mejoras laborales, reconocimiento de asambleas y Comisiones Representativas, readmisión de despedidos, garantizar el puesto de trabajo a los detenidos, que se potenciarán las asociaciones de vecinos y se pusiera en pie un movimiento propio de las mujeres, pero después hubo que seguir luchando porque bajo el capitalismo ninguna mejora es estable ni permanente. 

Hoy sobran razones para seguir peleando. El constante incremento de los ritmos de trabajo aumenta las bajas laborales por trastornos mentales, la subida de los precios adelgaza los salarios en favor de los beneficios del capital. Interminables cadenas de subcontrataciones recaen en las empresas con empleos más precarios, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, la jornada aumenta porque se obliga a meter horas extras que en muchos casos no se pagan, los precios de la vivienda están por las nubes debido a la especulación, la sanidad, la educación o la dependencia se deterioran y se privatizan, el fraude y la elusión fiscal de las grandes empresas son endémicos, y la desigualdad es creciente. 

La crisis del capitalismo y la disputa por la hegemonía imperialista incrementan el militarismo y la agresividad, las migraciones masivas, el negacionismo climático de la extrema derecha, la dictadura de las plataformas digitales, la degradación del planeta, o los planes para hacer negocios con los genocidios y el sufrimiento de millones de personas, mientras se aplican leyes, como la ley mordaza, que criminalizan la protesta y atacan de raíz derechos que han costado sangre, sudor, y lágrimas conseguir. Sin embargo, la clase trabajadora seguimos ocupando la centralidad social y económica, y la historia enseña que podemos ocupar también la centralidad política, impulsando cambios profundos en la sociedad.

Ahora mismo, en Euskadi, más de 50 empresas o sectores afectando a miles de trabajadores están en huelga. El movimiento pensionista lucha para mejorar las pensiones de miseria de miles de mujeres que no cotizaron lo suficiente por dedicarse a tareas de cuidados, de menores y personas dependientes, porque el PSE-EE y PNV ni siquiera permiten que se debata en el Parlamento Vasco, a pesar de haber recogido más de 145.000 firmas de apoyo.

El próximo día 17 de marzo hay una convocatoria de huelga general en Euskal Herria en favor de un salario mínimo de 1.500 euros, lo que beneficiará a mujeres, personas migradas y jóvenes, y reducirá la pobreza y la precariedad. Buen momento para recuperar lecciones del 3 de marzo. La organización, la solidaridad, la unidad de acción o la extensión y coordinación de las luchas, mientras seguimos defendiendo la verdad, la justicia, la reparación y un Memorial del 3 de marzo que contribuya a conseguir esos objetivos.

El 23F se ha contado mil veces, de todas las formas y en todos los formatos posibles, pero faltaba la versión del Estado, que ha mantenido clasificados bajo secreto oficial desde 1981, al menos 153 documentos. Papeles confidenciales que estaban en el Ministerio de Defensa, en el de Interior, en Presidencia, en el CNI y que, 45 años después, el Gobierno ha decidido publicar sin mucho contexto. Hay transcripciones de llamadas telefónicas, informes de inteligencia, documentos sin firmar y hasta dibujos. 

Estos papeles tan secretos ¿desvelan algo relevante o que realmente no se supiera? ¿Cambian el sentido de la historia? Hablamos con Raquel Ejerique, Marta Borraz e Iñigo Aduriz, miembros del equipo de elDiario.es que ha explorado esos documentos. Con Carlos López Fonseca, uno de los escritores y periodistas que más ha indagado en el 23F, calibramos la relevancia del material revelado por el Gobierno. 

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“Don Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución”. Así arranca el texto constitucional más longevo de la historia del país. Un hito que se alcanzó el pasado martes. El Congreso acogió una celebración que reunió a las principales autoridades del Estado. Actuales, y pasadas. Hubo una notable ausencia: la persona que firma la Carta Magna. El rey emérito no fue invitado, no aparece en ninguna de las fotografías de una exposición retrospectiva que se inauguró ese mismo día y no fue siquiera nombrado en los discursos. Y no es la primera conmemoración que se pierde. 

La organización del acto corrió a cargo del Congreso. Fue el Departamento de Protocolo de la Cámara Baja quien formalizó la lista de invitados al evento. Desde el Congreso explican a elDiario.es que se cursó invitación a las personas habituales: miembros del Gobierno, expresidentes y autoridades que marca la norma protocolaria, como representantes de los poderes del Estado, de las comunidades autónomas o de otras asambleas legislativas. También, por la naturaleza del acto, se convocó a diputados y senadores de las Cortes Constituyentes que debatieron y aprobaron la Constitución.

Esa lista no pasó por el máximo órgano de gobierno político, la Mesa del Congreso, donde están representados PP, PSOE y Sumar. Sí pasó por la Mesa la exposición fotográfica que inauguraron los reyes el mismo martes, compuesta por 40 imágenes proporcionadas por la agencia pública EFE. En la selección participaron la propia agencia, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes que depende del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños, y el Congreso.

¿Y la Casa Real, tuvo algún papel? Según aseguran fuentes de Zarzuela a elDiario.es, no participaron ni en la selección de los invitados ni de las fotografías de la exposición, aunque otras fuentes consultadas señalan que ambas cuestiones fueron comunicadas al equipo de Felipe VI. “No hubo ningún visado por parte de la Casa”, apuntan desde Zarzuela. Lo que sí dependía de la Casa del Rey fue el discurso del jefe del Estado. Felipe VI no mencionó una sola vez a su padre. Tampoco lo hizo en la intervención previa la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Juan Carlos de Borbón vive en Abu Dabi desde agosto de 2020. El rey emérito huyó de España ante la presión social, política y judicial por su enriquecimiento durante su mandato, los problemas con Hacienda por el uso que él y su familia hicieron de dinero oculto a la Agencia Tributaria y el daño reputacional que estaba infligiendo a la institución monárquica. Si su abdicación en 2014 se decidió por las encuestas, su destierro tuvo más en cuenta las consecuencias judiciales que podría tener su actividad posterior a legar la Jefatura del Estado a su hijo. Por eso eligió un destino opaco fiscalmente y sin extradición a Suiza, donde se le investigaba.

El alejamiento de Felipe VI y su padre se ha hecho más evidente con el paso del tiempo. Aquel mismo 2020, en marzo, el rey reconoció públicamente que era beneficiario de los vehículos financieros en terceros países usados por el patriarca familiar para cobrar los 100 millones de dólares de Arabia Saudí que dinamitaron su reinado, entre otros ingresos de origen desconocido. Y añadió que había pedido a su padre que “si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación”.

Felipe VI comunicó su renuncia a la herencia paterna el mismo día que entraba en vigor el confinamiento de todos los españoles decretado por el Gobierno para intentar detener la propagación de la pandemia de la COVID-19. Aquel día marcó un punto de inflexión en la rama española de los Borbones. Su madre, Sofía de Grecia, seguiría con actividad institucional y cobrando una asignación pública (131.000 euros para este 2026). Pero su padre, no. El rey emérito perdió los cerca de 200.000 euros anuales que ingresaba del erario. 

Aunque Juan Carlos de Borbón pertenece formalmente a la Familia Real, la última actividad institucional del exmonarca que recoge la web de la Casa Real es de enero de ese 2020. En agosto se fue a Abu Dabi. Y sus regresos a España son cada vez menos y más espaciados.

Apartado del homenaje a su propia coronación

El progresivo borrado de Juan Carlos de Borbón en los actos institucionales de la Casa Real ha alcanzado a su propio legado como jefe del Estado durante la Transición que emprendió el país tras la muerte del dictador Francisco Franco, de quien el hoy rey emérito heredó directamente el poder.

El primero de las grandes ausencias de Juan Carlos de Borbón se produjo en el 18 cumpleaños de su nieta Leonor. No es una fecha cualquiera: fue el día en el que la Princesa de Asturias juró la Constitución ante las Cortes Generales. El acto la consagró como heredera al trono y la persona encargada de perpetuar la estirpe que, desde 1714, reina el país, con las salvedades de las dos repúblicas y los casi 40 años de dictadura. Juan Carlos I no fue invitado al acto. Tampoco a la posterior imposición del Collar de la Orden de Carlos III que se produjo en el Palacio Real “en presencia de los poderes del Estado”. Ni al posterior “almuerzo con una representación de las más altas autoridades del Estado”.

El rey emérito sí fue invitado a la “celebración familiar y de carácter privado” que incluyó “a la Familia Real, la familia de SM el Rey y la familia de SM la Reina”. Era 2023 y, para evitar que la ausencia de Juan Carlos de Borbón fuera más evidente todavía, Zarzuela optó por no invitar tampoco a su esposa Sofía a los actos institucionales. 

Dos años después se conmemoraron los 50 años de la muerte de Franco y del inicio de la Transición. El 22 de noviembre de 2025 el Congreso volvió a acoger un acto de homenaje a un momento clave para la monarquía y la restauración de la Corona en la familia de los Borbones: el medio siglo de la coronación de Juan Carlos I. Pero Felipe VI excluyó a su padre de los fastos de tan señalada jornada. No participó en la entrega del Toisón de Oro a algunos de los hombres que protagonizaron aquella etapa, además de a una mujer: su madre. El motivo: su “apoyo con convicción” a la “apuesta por la apertura democrática y las libertades” que hizo la monarquía en 1975. El rey resarcía así la ausencia de Sofía en los actos de 2023. 

El evento se celebró en el Palacio Real el 21 de noviembre. No acudió el rey emérito. Juan Carlos I tampoco estuvo invitado al homenaje que organizó el Congreso a petición expresa de la Casa del Rey. Un acto descafeinado que se redujo a un coloquio bajo el título ‘50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’.

Ni una fotografía en el Congreso

El pasado martes, 17 de febrero, la Constitución de 1978 se convirtió en la más longeva de España. El Congreso organizó un acto que pretendió tener la pompa y el boato de las grandes ocasiones. Felipe VI y Letizia Ortiz accedieron a la tribuna principal del Hemiciclo a través de la puerta reservada para el jefe del Estado. Allí estaban los expresidentes Felipe González y José María Aznar, pero no José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy. Acudieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el del Senado, Pedro Rollán, y el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. También la del Consejo de Estado, Carmen Calvo, o del CGPJ, Isabel Perelló.

Con todo, la ausencia más notable fue la de Juan Carlos de Borbón. Pero no fue solo una ausencia física. Felipe VI no mencionó a su padre en su discurso, a quien las hagiografías oficiales sitúan como precursor del proceso democratizador y garante de la Carta Magna. El rey advirtió sobre las “imperfecciones” del texto: “No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa”. El jefe del Estado aseguró se celebraba la “legitimidad de origen” de la Constitución, “la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas” en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. “No fue la voluntad de una parte de la sociedad contra otra” sino “el espíritu de concordia” el “que impulsó el proceso constituyente”.

El borrado fue más allá. El Congreso acoge una exposición fotográfica con 40 imágenes históricas proporcionadas por la Agencia EFE. Los reyes visitaron la muestra acompañados de Pedro Sánchez y otras autoridades, además del presidente de la agencia pública, Miguel Ángel Oliver.

Juan Carlos I no sale en ninguna de las imágenes expuestas. Distintas fuentes consultadas por elDiario.es reparten la responsabilidad de las decisiones adoptadas alrededor de este acto. Las invitaciones cursadas por el Congreso, por ejemplo, salieron del departamento de Protocolo, pero contaron con la anuencia del Gobierno y de la Casa Real, así como de la Mesa de la propia institución, donde están representados el PSOE, el PP, Vox y Sumar. 

Lo mismo ocurrió con las 40 imágenes seleccionadas para la exposición. EFE hizo una primera selección que después fue cribada y autorizada por la Mesa del Congreso, el Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños, responsable de las relaciones con la Corona, y Zarzuela.

Unos días antes del homenaje a la Constitución, un grupo de españoles muy conocidos visitó al rey emérito en Abu Dabi. Entre ellos estaban José María Aznar y el locutor de radio Carlos Herrera, quien en su programa en la Cope aseguró que el exmonarca se encuentra “excelentemente bien” y le pidió que trasladara su “gratitud a las personas que se habían preocupado” por su salud. También mandó un mensaje: “Volveré a visitar España”. Aznar publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a un breve texto: “Con el Rey Juan Carlos. Reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España”.

Sería maravilloso poder usar una ouija para invocar al espíritu de la Transición española. Estoy seguro de que su respuesta a la pregunta de si es democrático y conveniente pactar con EH Bildu, el vaso sobre nuestro tablero se iría primero a la ‘s’ y luego a la ‘i’: “Sí”. Ya sé que no es una opinión demasiado popular entre gente de orden, como Felipe González. “Ni de broma pactaría con Bildu”, dijo el otro día.  Las palabras de González son llamativas, y preocupantes, viniendo de alguien que vivió aquello. Él y muchos otros han olvidado qué fue el espíritu de la Transición: acoger en el redil democrático a quien en el pasado fue no solo rival, sino también enemigo. ¿Acaso Euskadi no merece su Transición?

La derecha y el 'extremo centro postsocialista' –o sea, la derecha– se llenan constantemente la boca con ‘la grandeza del espíritu de la Transición’ que permitió que España dejara atrás la dictadura. Ponen de ejemplo la generosidad del entonces presidente Adolfo Suárez legalizando el Partido Comunista (un trágala tan inconcebible entonces para algunos estamentos del poder como lo es ahora para González, y la derecha en general, pactar con EH Bildu).

Los del cordón sanitario a EH Bildu olvidan que en los años 70 se pudo pasar página de la dictadura gracias –entre otras cosas– a que la sociedad española transigió en que la derecha franquista se organizase políticamente para participar en la democracia. Ya sabemos qué fue la dictadura: asesinatos, torturas, detenciones ilegales y represión de todo tipo, religiosa, lingüística, cultural… Pero el país decidió –con grandeza– mirar al futuro y pasar por alto el pasado franquista de decenas de dirigentes, directivos y directores con las manos manchadas de sangre y bien asentados en las estructuras de poder. Esa ‘grandeza del espíritu de la Transición’, tan elogiada, es la que ahora el PP es incapaz de demostrar hacia la coalición EH Bildu.

Digamos algo provocativo. Algo como que Manuel Fraga, fundador del PP, fue ‘el Otegi del franquismo’. Veamos: en 1976, Fraga creó Alianza Popular, el partido del que nació el actual PP. Fraga tenía 53 años y venía de ser muchas cosas, entre otras, ministro de Franco durante siete años. Llevaba más de dos décadas al servicio de la dictadura cuando, también en 1976, prohibió las manifestaciones de la izquierda en el Primero de Mayo, dijo aquello de “la calle es mía”. Típica frase de demócrata de toda la vida, ya saben. En la dictadura, y en sus estertores, la policía mataba a manifestantes, había ejecuciones sin garantías judiciales y sucedían misteriosos fallecimientos entre detenidos. Incluso cuando Franco ya había muerto, el franquismo seguía vivo. 

EH Bildu es una coalición. Lo recalco porque el PP también lo fue. En el principal partido de la derecha española hubo herederos del régimen franquista, pero también se sumaron otras sensibilidades políticas democráticas y antifranquistas: liberales, democristianos, regionalistas.... Entre 1982 y 1987 existió la llamada ‘Coalición Popular’, integrada por Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular, el Partido Liberal, Unión Valenciana, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Aragonés Regionalista y los Centristas de Galicia.

Pasa lo mismo ahora con la coalición independentista EH Bildu. Fue fundada en 2012 por Sortu –el partido directamente heredero de Batasuna, el brazo político de la banda terrorista ETA– pero también por partidos socialdemócratas, ecofeministas y socialistas, como Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar. Estos tres últimos partidos siempre rechazaron la violencia de ETA y apostaron por vías exclusivamente políticas y pacíficas. Esto es algo que el PP y Vox intentan borrar con un brochazo gordo, llamándolo a todo “Bildu” y equiparándolo con ETA. Si es injusto decir que el PP es franquista, es injusto decir que EH Bildu es etarra.

Pero volvamos al ‘Otegi del franquismo’, a Manuel Fraga. Fue presidente de AP y luego del PP entre 1979 y 1990. En todos esos años siempre existió una minoría de extrema derecha en el PP, un grupúsculo que quedó difuminado y apaciguado al recuperar, ahora desde la democracia, espacios de poder que había ocupado durante la dictadura. Fraga consiguió que esa extrema derecha –que en 2013 se escindió formando Vox– pasara por el aro democrático: exactamente lo mismo se puede decir de Otegi respecto a Batasuna y Sortu. Ni Fraga ni Otegi, ambos conversos a la democracia –quizá por interés personal, sin duda por interés colectivo– son santos de la devoción de quienes siempre, y no solo cuando conviene, hemos defendido los derechos humanos. 

Pueden ser personajes molestos, pero fueron capaces de evolucionar y jugaron un papel clave en la historia. Hecha su labor, ambos deberían haber tenido la vergüenza, la cortesía y el sentido común de retirarse a un segundo plano. Pero Fraga gozó de una larga vida política en democracia. Lejos de esconderse, fue presidente de Galicia hasta 2006 –cuando fue sucedido por un tal Alberto Núñez Feijóo– y senador hasta septiembre de 2011, pocos meses antes de morir. Si al exministro de una dictadura bañada en sangre y sufrimiento se le permitió esa segunda vida política, a los demócratas no nos queda más remedio, por mucho que nos moleste, que permitir a Otegi –correa de trasmisión de una banda terrorista bañada en sangre y sufrimiento– el protagonismo que su partido, y sus votantes, decidan darle. ¡Es el espíritu de la Transición, amigos!

Los asesinatos, las torturas y las detenciones ilegales caracterizaron por igual, al franquismo y a ETA. Ninguno de esos crímenes, tampoco los que perpetró el GAL, tienen justificación. Esas atrocidades no merecen ni olvido ni perdón. Pero la sociedad sí merece mirar hacia adelante; sin olvidar el miedo, el dolor y el sufrimiento de las víctimas.

Suele decirse que ETA fue el último vestigio del franquismo. Por eso, hasta que ETA no dejó de matar –hace ya tres lustros– y decidió luego disolverse –hace ocho años– no comenzó la Transición en Euskadi. Una Transición para la que está siendo necesaria, por parte de los partidos políticos y de la sociedad vasca, la misma generosidad que reinó en el resto de España desde mediados de los años 70. Una generosidad y una grandeza de la que el PP, insisto, es incapaz. 

Cualquier demócrata prefiere que los herederos políticos de Franco y de ETA estén integrados en partidos legales, que acepten las reglas del juego democrático. ¡Vivan los demócratas conversos de última hora! Siempre es mejor eso que seguir matando, secuestrando y torturando. Si, en cambio, uno prefiere que esos herederos conversos estén en otro sitio –en la cárcel o muertos– entonces simplemente no es un demócrata.

“Un escaño de Bildu, Txeroki y ETA manda más que uno del PP”. Esta es una de tantas declaraciones de dirigentes del PP –esta en concreto es de Isabel Díaz Ayuso– sobre los acuerdos políticos entre el Gobierno de Sánchez y la coalición EH Bildu. Es un mantra de la derecha: al pactar con EH Bildu –o recibir su apoyo parlamentario– Sánchez y el PSOE están pactando con los herederos de la banda terrorista.  

Es llamativo cómo la derecha española (tanto la política como la mediática) ha conseguido que muchos ciudadanos asuman como normal y democrático que el PP pacte con Vox, un partido que no solo no condena la dictadura, sino que la ensalza en cuanto puede. Parece que nadie, entre los muy demócratas dirigentes del PP, se escandaliza cuando su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, llama a Vox “partido hermano”. ¿Qué pasaría si cualquier dirigente de la izquierda española llamase a EH Bildu “partido hermano”? Si el PSOE, Sumar o cualquier otro partido pacta con EH Bildu, o recibe su apoyo parlamentario, se convierten automáticamente –por contagio inmediato e irreversible– en apestados terroristas cómplices de ETA. Para la derecha, Euskadi no tiene derecho a pasar página. 

Lo cierto es que durante unos años, antes de existir el PP y EH Bildu, tanto el fundador del PP como el de EH Bildu apoyaron, justificaron y exculparon la violencia, franquista uno, etarra el otro. Lo cierto es que ETA y el franquismo fueron derrotados gracias a la lucha de la sociedad y del Estado de derecho. ETA, en particular, gracias también a la lucha de los concejales del PP y del PSOE asesinados vilmente por la banda terrorista. La memoria de esas víctimas nunca dejará de guiar nuestra democracia. 

Pero si el franquismo, primero, y ETA, después, fueron derrotados, fue también, aunque nos duela reconocerlo, gracias en parte al papel necesario jugado por Manuel Fraga y Arnaldo Otegi. Estuvo bien que los franquistas de origen entrasen en el juego democrático. Está bien que en el siglo XXI lo hayan hecho también los abertzales. Si al PP y a Vox de verdad les importara España, tendrían la altura de miras y la generosidad necesarias para pasar página en Euskadi. Entonces sí serían fieles a ese ‘espíritu de la Transición’ con el que se llenan la boca un día sí y otro también. 

Con ETA todavía activa, en 1999 el presidente del PP, José María Aznar, definió a la banda terrorista y su entorno como Movimiento Liberación Nacional Vasco. Tras el fin de los atentados, hubo un tiempo en que el PP defendía pactar con EH Bildu, aunque los crímenes de ETA estaban más recientes. “No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie [...]. Ojalá cundiese el ejemplo”, dijo en 2013 Javier Maroto, tras pactar con Bildu. El PP de Euskadi, que tiene algo más claro el nuevo tiempo que vive el país, todavía pacta de vez en cuando con los abertzales diferentes iniciativas políticas. Es algo que la derecha mediática y Génova silencian por sistema. No interesa que se sepa. 

Es descorazonador comprobar cómo, respecto a su postura sobre EH Bildu y en tantos otros temas, el PP de Feijóo y Ayuso ha involucionado y ha arrastrado en esa involución a votantes, periodistas y analistas que en el pasado fueron moderados. En realidad, la 'línea roja' del PP respecto a EH Bildu es pura hipocresía. Simplemente, el PP ha preferido usar a EH Bildu para desgastar a Sánchez antes que contribuir a normalizar la vida política en Euskadi. Eso es lo mucho que en Génova les importan el País Vasco y las víctimas. Porque hace falta grandeza y generosidad para aceptar a EH Bildu como un partido político más. Sí, es un partido democrático que nació con un pecado original; pero es el mismo pecado original con el que nacieron primero el PP y luego Vox.

Hubo una España, no tan lejana, en la que los jóvenes se jugaban la vida por la libertad. Eran vigilados, perseguidos y encarcelados. Algunos fueron incluso torturados y hasta fusilados. Pero la mayoría no hablaron de todo aquello hasta bien entrada la democracia. 

¿Por qué muchos abuelos no nos han contado esas historias de lucha en los años de la dictadura? Lo resume bien el periodista Carlos Santos: “La gente se mantuvo en silencio por miedo”. Un miedo con fundamento y que aún hoy persigue a quiénes lo vivieron, como es el caso de Azucena Rodríguez, detenida durante el franquismo y torturada psicológicamente en los calabozos de Madrid. “Ahora hago una elipsis y vengo al siglo XXI, a mi yo de 40 años, de 50, de 60… que tiene un miedo muy grande a sentarse en un restaurante de espaldas a la puerta, un miedo muy grande a la oscuridad… Tenía un trauma del que no había sido consciente”.

Todos esos traumas y silencios han hecho que una parte de nuestra historia sea desconocida para las generaciones nacidas en este siglo. En palabras de Carmen Ortiz, experta de derechos humanos: “Cometimos un error. Y fue que conseguimos un gran avance, pero se nos olvidó explicarles a los jóvenes lo que había costado”. Y precisamente de eso va este podcast.

Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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Ha llegado a Madrid El día del Watusi, la adaptación teatral a cargo de Iván Morales del gran relato de Francisco Casavella. El reto de llevar esas mil páginas a escena parecía sobrehumano. Morales se pasó más de cinco años montándola, pero al final se salió con la suya. El año pasado la obra se llevó seis de los premios de la Crítica en Barcelona y, sobre todo, estuvo más de tres semanas a reventar en la sala grande del Teatre Lliure.  

Con este montaje la fuerza de la novela ha cogido nuevas fuerzas y el gran mito del Watusi ha vuelto a resonar por Barcelona y ahora allende, vuelve la figura de Fernando Atienza, pero también Pepito Yeye, el Topoyiyo, Superman, el hijo de puta de Ballesta y Elsa, el amor de Atienza que se quedó en una cuneta a causa del caballo. Vuelve ese viaje sideral y urbano desde las casitas de Montjuic hasta las callejuelas del Born. Una de las novelas con más ritmo de la literatura española que Iván Morales ha sabido llevar a escena en una función de cuatro horas y media.

“El 15 de Agosto de 1971 es el día más importante de mi vida. Es el día del Watusi. En el día del Watusi yo vi un muerto por primera vez. De hecho vi dos”, así comienza esta obra que llega a Madrid con elenco renovado. Ya no está Enric Auquer como el protagonista, pero está un estupendo Guillem Ballart a quien le acompaña un reparto que es media vida del teatro catalán. Estarán unos versátiles David Climent y Artur Busquets, estará Ana Alarcón que bordará a Ballesta, ese ser, pura cloaca del Estado, que tejerá la nueva realidad política de la sacrosanta Transición española. Y estará también Vanesa Segura que realizará una espléndida Dora, esa compañera de infancia en las chabolas del Montjuic, y que en la tercera parte se convertirá en una estupenda Elsa, esa novia imposible de Atienza.

La obra abarca las tres partes del libro: Los juegos feroces, Viento y joyas y El idioma imposible. Capítulos que inicialmente se publicaron por separado en Mondadori entre el 2002 y el 2003, con pocos meses entre uno y otro. El montaje acomete las tres sin dejarse nada esencial de ninguna una de ellas: el relato de infancia, la etapa de arribismo político del protagonista durante la Transición y la caída en el mundo marginal y bohemio de la Barcelona preolímpica. 

Cada parte tiene su estilo y código teatral, más narrativo y evocador la primera, cercano a la farsa valleinclanesca la segunda, y más de realismo sucio en la tercera para contar esa caída en las drogas y lo marginal. Pero Morales no utiliza un teatro representativo. El día del Watusi es puro ritmo, pura música urbana, charnega y punki, roncanrolera siempre, que acabará con un sonadísimo tema de los Surfin Sirlas (las navajas surferas), un tema del 2011 en recuerdo de este autor que murió en 2008 por un ataque al corazón.  

La obra cuenta con grandes tiradas de texto, un acierto que los actores saben expandir en escena hasta que la palabra de Casavella comienza a resonar. Hay momentos impagables, como el relato de Dora contando como asisten a un concurso para ser la nueva Escarlata de un remake de Lo que el viento se llevó, o ese delicado momento en que Atienza llora frente a un armario de toallas de colores colocadas como él nunca vio en su vida, pura sensibilidad de clase… Casi al final de la obra hay una tirada del propio Atienza donde se ve toda la capacidad de Casavella para convertir el texto en ritmo. Es la versión en novela de aquella famosa secuencia de Arrebato de Iván Zulueta cuando bajan unas escaleras corriendo, ¿se acuerdan?, pues ahora esa maravilla también es teatro. 

¿Pero quién es el Watusi?

La novela, 25 años después de ser publicada, sigue recogiendo adeptos y fans. La comunidad del Watusi no deja de crecer. En 2008 se reeditó como en un solo volumen en la editorial Anagrama, la edición ya lleva 8 reimpresiones y 10.700 ejemplares vendidos, un gota a gota imparable. El libro, además, cuenta con una larga y prospera sombra de escritores como Carlos Zanón, Miqui Otero o Kiko Amat, de cantantes como Josele de Los Enemigos, fan declarado que le dedicó su tema Cómo reír, o de cineastas como Rodrigo Rodero que llevó la tercera parte de la novela al cine en el 2010 con un guion de Michel Gaztambide y unos jovencísimos Andrés Gertrudix e Irene Escolar. 

El mito del Watusi sigue vivo, incluso tiene su Bloomsday no institucionalizado. Cada 15 de agosto, o no todos, en Barcelona, o en León, la cosa va mutando, la gente queda por redes para pintar uves dobles por las paredes de las ciudades, tomar y bailar al son del garaje y la rumba y recordar que un día un cuerpo apareció flotando en el puerto de Barcelona. Para abordar ese mito, ese novelón, y acercarse a ese autor que escribió otras maravillas como El triunfo (1990), El secreto de las fiestas (1997) o Lo que sé de los vampiros (2008), este periódico ha hablado con tres buenos conocedores de la figura de Casavella. 

Martí Sales es poeta, músico, teatrero, crítico cultural, desde principios de siglo lleva conspirando, sacando libros, comisariando expos… Martí es además miembro de los Surfin Sirles, el grupo que pone el tema final a la obra de teatro. Conoció a Casavella en un conocido bar del barrio del Born a finales de los noventa. “El barrio era un horror ya por entonces, y el Bar Cota era el único potable”, recuerda, “conocí a un tipo inteligente, gran conversador con el que me tomaba cervecitas, luego supe que era escritor y de ahí surgió una amistad que llegó hasta el final”, apunta. 

Sales, que colaboró en la primera dramaturgia de la obra de teatro, cuando habla de la novela lo tiene claro: “Aquí siempre se andaba buscando la gran novela de Barcelona. Mendoza sacó La ciudad de los prodigios, Juan Marsé Si te dicen que caí… Pero cuando salió El día del Watusi a mucha gente nos pareció que ya estaba, que era esta. Casavella pilla un momento muy bestia de Barcelona y, claro, el libro tiene mucho rock & roll”, explica para luego pasar a contradecirse, “aunque más que sobre Barcelona es un libro sobre la ciudad como lugar de transformación acelerada”, afirma.

Sales se refiere a esos años donde se juntó la Barcelona más under con esa ciudad de diseño, artie y divina, que tan bien critica la novela Casvella. En esos años la periodista Lulú Martorel, responsable de uno de los programas de televisión de culto en Cataluña, Glasnot, conoció al escritor en noches interminables, “Francis conocía todos los antros. El Otro, que fue epicentro en los ochenta, y el Bar Cota, más tarde. Y cuando le echaban, que le echaban de todas partes, siempre sabía un sitio con posibilidades que quedaba abierto” rememora Martorell desde Senegal, donde vive ahora. 

Martorell confiesa que en esos años de juventud se sentían muy protagonistas, “pero ya ves de qué triste historia”, dice ahora con cierta amargura. Al preguntarle sobre El día del Watusi la periodista analiza aquella época con cierta mirada crítica. “Cuando nosotros estábamos en plena fiesta, aún con la resaca de la muerte de Franco encima, cuando estábamos intentando un mundo mejor y pensábamos que había espacio para una verdadera subversión y cambio, él supo ver que no había ruptura sino una reforma bien oscura. El Watusi representa el árbol que no supimos ver en su momento y que nos estaba tapando el bosque. Francis, que también estaba en esas fiestas, en cambio, supo observar, aprovechar cada segundo para luego con toda la lucidez escribir sobre una época que acababa de pasar delante de nuestras narices sin que nos enterásemos”, explica.

Lo que parecían las chaladuras de un paranoico se han cumplido casi todas. En el libro se habla de las cloacas del Estado cuando nadie hablaba de ellas… Los ejemplos son múltiples

Miqui Otero — Escritor

Martí Sales apunta que Casavella quería publicarlo desde el principio en un solo volumen con el título La verdad, pero que no pudo ser, cosa de editores, “gracias a eso tenemos el gran invento de la W del Watusi”, complementa Lulú Martorell que también se acuerda del duro final que tuvo el novelista: “Francis, como el protagonista del Watusi, a los cuarenta desaparece de repente. Tenía demasiada tristeza, demasiado desencanto. Al final, era un personaje angustiado, veía malos por todos lados y sabía que le harían pagar su punto de vista crítico”. Martí Sales también recuerda una época final muy dura, “estaba ya en una época muy bestia, de matarse bebiendo y tomando farlopa, cuando murió fue un golpe muy fuerte para muchos”.

Miqui Otero, escritor bien conocido por libros como Simón u Orquesta, es además el “primillo” de Casavella, como el escritor lo llamaba cariñosamente. Otero era primo de Casavella por parte de tío de una familia migrante gallega, todos crecieron en torno al barrio de San Antoni. “Él era mucho mayor, pero cuando comencé a escribir fanzines lo entrevisté y ahí surgió una relación bien bonita, yo ya quería ser escritor y me fue azuzando en mis lecturas, siempre exigente y generoso, rememora. 

Otero, además del gran lector que era Casavella, capaz de hablar de Valle-Inclán al igual que de Saul Bellow, destaca su capacidad de escrutar lo popular: “Sabía pinzar lo que verdaderamente tenía talento. Recuerdo cuando le dio por defender muy seriamente el Asereje de las Ketchup. Se conocía al dedillo toda la nueva ola, el punk, el rock and roll y el soul, pero de repente el tío te hacía una defensa supercoherente de las Ketchup, tenía la capacidad de detectar el talento en sitios donde otros pasábamos de largo”. 

Al hablar sobre el Watusi Otero señala su capacidad visionaria. “Lo que parecían las chaladuras de un paranoico, se han cumplido casi todas, una por una. En el libro se habla de las cloacas del Estado cuando nadie hablaba de ellas, preconiza la llegada de Ciudadanos… Los ejemplos son múltiples. La chaladura de lo que parecía un paranoico se reveló como pura lucidez para mostrar cómo la transición española fue la transición de un país dramático a un país imbécil”, sentencia. 

Cuando se habla de referentes y antecesores Otero defiende que no es tan fácil, “lo puedes relacionar con Marsé o con Montalbán, por ejemplo, pero la diferencia está en que Casavella no quería ser un intelectual, sino un novelista mestizo, como el guía medio indio de los westerns que va con los de la caballería”. “Él era esa figura fronteriza, alguien indomable capaz de entender los mecanismos y los mitos de la calle al mismo tiempo que los relatos falsos que se construyen desde arriba. No es nada fácil tener tanto oído para el adoquín como para la moqueta”, zanja. 

Cada 15 de agosto en Barcelona alguien sigue pintando una W en un cuarto de baño o alguna pared de Barcelona. Detrás se esconde el mito de un tipo que sabía bailar, que fue mercenario en África y a su vuelta fue el terror de las bandas del Chino, el Carmelo o Torré Baró. El Watusi es el mito fundacional de la comunidad democrática barcelonesa y por ende española. Todos los mitos fundacionales comienzan con un navajazo, pero Casavella nos enseñó a ver cómo ese mito fue deformándose hasta llegar a valer para cualquier cosa, tanto para un partido político como para un producto de limpieza. “Yo supongo que los del Hotel Vela en Barcelona leyeron la novela antes de poner su gran W en la fachada, porque si no, no se explica”, concluye Lulú Martorell. 

Hubo una España, no tan lejana, en la que las fronteras estaban totalmente cerradas y el mundo exterior era un completo desconocido. “Yo no he tenido pasaporte hasta la democracia, con lo cual no podía salir”, recuerda la directora de cine Azucena Rodríguez. Durante el franquismo, sólo unos pocos podían viajar… y muy de vez en cuando. “Yo la primera vez que me subí en avión fue en el viaje de novios”, cuenta la escritora Ana Santos. Cuando algunos españoles en los 60 y 70 empiezan a viajar a Londres o a París alucinan con cosas como que las parejas se den besos por la calle. Algo prohibido en España.

Además, en esos años España también se abre al turismo por cuestiones económicas. Las suecas en bikini copan las playas y protagonizan las películas de la época. Traen un aire de libertad que va calando poco a poco en la sociedad y el país empieza a trabajar para pedir la entrada en la Unión Europea hasta que, años después, lo consigue. “Lo que queríamos era evolucionar”, resume Carmen Ortiz, que asegura que ese pedazo de cambio de los 80 solo fue posible porque izquierda, derecha y centro negociaron para ponerse de acuerdo. “Todos tuvimos que ceder”.

Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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No ha sido el primer encuentro de víctimas de la transición, ni será el último, pero ha sido más que necesario que se hiciera y que se consiguiera, además de la unidad, un planteamiento de futuro en sus conclusiones.

Del 23 al 25 de enero del 2026 nos hemos dado cita en la ciudad de Logroño familiares de Marc Muñoz, Manuel José García Caparrós, Ángel Almazán, Caso Almería, Arturo Ruiz, Vitoria (3 de marzo de 1976), Teófilo del Valle, entre otros… El llamamiento lo realizó la asociación Manuel José García Caparrós desde Andalucía, con unos objetivos muy claros para las demás familias y entidades: 1) unir fuerzas desde las familias para conseguir más transparencia y verdad en nuestros casos; 2) avanzar en la reparación de las víctimas de la transición. No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda; 3) consolidar una relación entre todas las asociaciones y familiares para ayudarnos en nuestros objetivos de verdad, reparación y justicia.

En octubre de 2018 organizamos desde la asociación Manuel José García Caparrós un encuentro estatal de víctimas de la transición en Málaga, que contemplaba un segundo encuentro en el Parlamento Europeo, en el que participaron más de 80 personas provenientes de todo el Estado Español. De aquellos encuentros de Málaga y Bruselas surgió una red de amistad y colaboración entre las diferentes familias y un sentimiento de saber que estamos conectados y que podemos compartir nuestras luchas y sentimientos.

También nació la Asociación Andaluza de Víctimas de las Transición, que ahora ha adoptado un perfil más bajo tras tener un papel importante en algunos seminarios y cursos académicos de universidades andaluzas. El motivo principal es el repentino fallecimiento de nuestro compañero Manuel Ruiz, al que siempre recordaremos por su humanidad y tenacidad en su lucha por su hermano Arturo Ruiz y demás víctimas de la transición. Esperamos también ir saliendo de este letargo emocional y seguir su ejemplo con todo su legado de voluntad y sacrificio.

Constatamos la necesidad de estar más unidos que nunca, de modo que no se olvide la memoria de nuestros familiares y compañeros asesinados por la ultraderecha policial o parapolicial en la transición

La elección de Logroño surgió del contacto que se forja en las diferentes iniciativas que hemos desarrollado por todo el Estado español. Así conocimos la voluntad del homenaje a Miguel Sarabia, uno de los supervivientes de la matanza de Atocha del 24 de enero de 1977, al que nunca se le había realizado un homenaje institucional en su ciudad natal.

Así que consideramos a principios del año pasado que sería una buena idea unir la memoria de los abogados de Atocha con las demás víctimas de la transición. Gracias al trabajo institucional y su propuesta de homenaje por parte del PCE e IU de La Rioja, la familia de Miguel Sarabia, en concreto su viuda, una de sus hijas y dos nietas, pudieron disfrutar de un acto de colocación de una placa en la calle Barriocepo donde nació; y también de un acto cultural donde no faltó la palabra, tanto de la poesía de un exalumno de Miguel Sarabia llamado Manuel Tejedor, recitada por la joven Elena Ollero; y la música comprometida nacida del pueblo con el flamenco del cantaor Juan Pinilla y el toque de David Caro. “El hombre que fue bueno durante toda su vida”.

La prensa local y regional nos ha acompañado en todos los días de este encuentro y ha destacado con respeto y cierto entusiasmo el homenaje al logroñés Miguel Sarabia. Tan solo un diario estatal como eldiario.es se hizo eco del homenaje y encuentro. Sorprende mucho, porque cuando han querido otros medios han convertido a las víctimas en protagonistas. Esto sirve para constatar la necesidad de estar más unidos que nunca, de modo que no se olvide la memoria de nuestros familiares y compañeros asesinados por la ultraderecha policial o parapolicial en la transición, y consigamos evitar la impunidad con la que la ultraderecha vive desde la transición hasta la actualidad. Es el hilo negro que queremos desenmascarar desde muchos ámbitos de nuestra acción ciudadana.

En el encuentro nos hemos conocido más aquellos que ya nos conocíamos y hemos descubierto nuevas familias y casos. Yo escribo estas líneas desde una posición personal, y me gusta destacar que vinieran personas especialistas que están desarrollando investigaciones serias sobre la impunidad en los crímenes de lesa humanidad. En esa línea de investigación se debe insistir, sin cesar, porque se trata de conocer todo para poder sanar en lo más que se pueda el sistema democrático. Desde aquí hago un llamamiento no solo a familiares sino también a activistas e investigadores a sumarse a nuestra red.

Proponemos acudir a la Unión Europea para denunciar la no aplicación de la Ley de Memoria de Democrática

Pronto saldrán a la luz las conclusiones de todo este encuentro, de los debates y propuestas que han surgido. Me gustaría destacar algunas cuestiones. Por ejemplo, la necesidad de promover acciones conjuntas sabiendo que la unidad hace la fuerza. Por eso se han acordado unos máximos: entre otros, la derogación de la ley de amnistía, que choca con la capacidad de intervención de la justicia sobre los victimarios, o la modificación de la ley de secretos de estado, que no nos permite acceder a la documentación de nuestros casos.

Hay acuerdos concretos que tienen margen de desarrollo, como la propuesta de acudir a la Unión Europea para denunciar la no aplicación de la Ley de Memoria de Democrática o la confección de una unidad didáctica sobre las víctimas de la transición con una perspectiva global y curricular.

En el encuentro tuvimos otro momento abierto a la ciudadanía, que al igual que el homenaje a Miguel Sarabia, nos enriqueció con la participación de la gente de la ciudad. La proyección de la película Las armas no borrarán tu sonrisa de Adolfo Dufour nos habla de las víctimas y nos cuenta más concretamente la semana negra de Madrid de 1977.

Y esto es un tema que me apasiona: cómo el cine ayuda a la difusión de los casos, como fue la película de ficción basada en los hechos reales, El Caso Almería (Pedro Costa, 1984) o Vitoria, 3 de marzo (Victor Cabaco, 2018). Casi todos los casos tienen un documental que recoge lo que ocurrió: es el caso de Gustavo Muñoz, con Gustau, la transición al descubierto (Jaume Domènech, 2021) o Manuel José García Caparrós, que acumula varios estupendos…

La fuerza del cine llega hasta tal punto que en el caso del Teófilo del Valle el documental dirigido por Manuel de Juan abre nuevas perspectivas en la investigación y además provoca un movimiento que llega reactivar el caso incluso judicialmente, siendo el único caso abierto en un juzgado antes de que prescriba a sus cincuenta años el próximo febrero de este año. Sabemos de la fuerza que puede tener el cine. Por eso estamos apoyando la película documental El hilo negro de JAC López, donde participa Carlos Bardem, basada en la gran investigación de Carlos Portomeñe, La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado: anatomía de la transición (Atrapasueños ed. 2022).

Nos queda un camino que recorrer y en ese camino ya no estamos tan solos y solas.

Joaquín Recio es escritor, editor y vocal de la Asociación Manuel José García Caparrós

Hubo una España, no tan lejana, en la que las universidades se convirtieron en el mayor espacio de lucha por la democracia del país. Cada vez más jóvenes leían libros y veían películas prohíbidas por la censura, se afiliaban a distintos partidos políticos ilegales y hacían propaganda contra el régimen. Pero en las mismas aulas había estudiantes que pertenecían a la llamada Brigada Político Social, que trabajan de topos para la policía (los grises). Y si te pillaban en una reunión de más de 10 personas… ibas directo al calabozo por “asociación ilícita”.

Además, en el calabozo eran frecuentes las torturas para conseguir confesiones. “Las celdas eran horribles, veías churretones de sangre…”, recuerda Azucena Rodríguez, que estuvo dos veces en la cárcel. La segunda, durante un año, por lanzar unos panfletos en la calle. “Te zarandeaban, te maltrataban… Era una situación humillante y, por supuesto, me pegaron”, recuerda Paloma Simón. “Yo tenía 19 años y lo único que quería era que hubiera democracia”. Pero incluso cuando Franco murió, la democracia se hizo esperar y la verdadera libertad tardó unos años en llegar. Lo recuerda bien Carlos Santos: “Quienes gobernaban no tenían prisa por que hubiera una democracia completa”.

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Hubo una España, no tan lejana, en la que apenas existía una sanidad pública, no había sindicatos para defender los derechos de los trabajadores y la escasez de vivienda era uno de los principales problemas de la sociedad. Paca Sauquillo señala el motivo: “En el año 39, terminada la guerra, en España había mucha necesidad de vivienda porque se había destruido”.

En aquella época, en las grandes ciudades, había barrios enteros de chabolas construidas en una sola noche para que la policía no pudiera derribarlas. Los derechos de los trabajadores estaban en manos de un sindicato único que servía al régimen franquista y quienes incitaban a la huelga se iban directos al calabozo. Además, las mujeres no podían trabajar sin el permiso de sus maridos. Y si necesitabas una vacuna o una operación quirúrgica, tenías que pasar por caja.

Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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Hubo una España, no tan lejana, en la que el 80% de las mujeres eran analfabetas. Y eso que se entendía que eras analfabeto solamente si no sabías firmar o escribir tu nombre. Lo explica bien la abogada Paca Sauquillo: “En el momento en que tú podías poner tu firma ya dejabas de ser analfabeto”. 

En aquella época, apenas había colegios mixtos, y a las niñas que iban al colegio se les enseñaba a coser y a cocinar. “Te preparaban para ser una buena esposa”, recuerda la terapeuta Paloma Simón, a quien se le daba fatal la costura. Además, la religión estaba en el centro de la educación para todos. “Era una propaganda muy subliminal, incluso en los cuentos que leíamos, que eran fundamentalmente vidas de santos, vidas heróicas, de personas sacrificadas, de personas convertidas a una causa en nombre de Dios”, cuenta la historiadora Ana Santos.

Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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