España está muy por debajo del nivel de interconexión eléctrica que establece la Comisión Europea. Y ese fue uno de los puntos débiles durante el apagón que dejó al país sin luz durante todo un día a finales de abril. Los proyectos están en marcha, aunque van despacio. Este lunes se ha dado un paso más al firmarse con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) préstamos por valor de1.600 millones de euros para avanzar en la interconexión a través del Golfo de Bizkaia, que serán 400 kilómetros, de los cuales 300 serán por debajo del mar, convirtiéndose en la primera interconexión submarina de España.

La rúbrica del acuerdo de financiación con la entidad que preside Nadia Calviño se ha producido a primera hora de este lunes en Luxemburgo, aprovechando la reunión de ministros de Energía de la UE. Al acto, cerrado a los medios de comunicación, han acudido, además de la exvicepresidenta, el comisario de Energía, Dan Jørgensen; el ministro francés Marc Ferracci, y el subsecretario español de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miguel González; la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; y el directos general de Finanzas, Estrategia y Economía de la red de transporte eléctrico francesa, Thomas Veyrenc.

El proyecto, que supondrá la interconexión a través del Golfo de Bizkaia, lo lleva a cabo una empresa conjunta de Red Eléctrica y su homóloga francesa (RTE). La intención es que esté listo en 2028 y que permita duplicar la capacidad de intercambio de electricidad entre Francia y España hasta los 5.000 megavatios. “Eso significa energía más limpia, segura y asequible para millones de ciudadanos a la vez que evitará la emisión de 600.000 toneladas de CO2 anuales”, señala Red Eléctrica en un comunicado.

Esa interconexión es un proyecto de interés común para la UE y ya cuenta con 578 millones de euros del fondo 'Conectar Europa'. La firma del acuerdo con el BEI supone un primer tramo de préstamos por valor de 1.200 millones de euros. “El proyecto del Golfo de Vizcaya, junto con el proyecto subterráneo entre Baixas-Santa Llogaia y la mejora de la infraestructura existente Argia-Hernani contribuirán a incrementar la capacidad de interconexión entre la península ibérica y el resto de Europa, al tiempo que permitirán su mejor integración en el mercado energético de la UE”, señala Red Eléctrica. Es uno de los planes para llegar al 15% de interconexión en 2030, que es el objetivo establecido por la Comisión Europea y del que España está aún muy lejos (se sitúa en el 3% con el resto del continente).

España y otros 18 países de la Unión Europea (UE) han instado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a seguir ajustando su mandato para poder financiar más proyectos de seguridad y defensa y explore la posibilidad de emitir deuda, ante la “crucial” necesidad de reforzar la base industrial militar comunitaria.

“El BEI debe seguir explorando nuevas vías para desempeñar un papel aún más destacado en la financiación de inversiones y el apalancamiento de financiación privada para el sector de la seguridad y la defensa”, indicaron estos países a través de una carta conjunta dada a conocer este viernes.

La misiva ha sido firmada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los dirigentes de Finlandia, Bélgica, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia y Suecia.

El BEI ya eliminó en mayo pasado uno de sus principales obstáculos para invertir en defensa al suprimir el requisito que exigía que para financiar una tecnología de uso dual -civil y militar, las únicas que puede financiar la institución- el proyecto en cuestión obtuviese más del 50% de sus futuros ingresos del uso civil de la misma.

Esa decisión permitió elevar ligeramente la financiación de proyectos militares, que pasó a ser de 1.000 millones en 2024, el doble que el año anterior para ese tipo de proyectos. La intención de Calviño es que se duplique a lo largo de este año. Sin embargo, es una cifra insuficiente para la inmensa mayoría de gobiernos europeos, que son los accionistas del BEI.

La presidenta se ha mostrado reticente a ampliar el mandato que tiene el BEI para financiar armamento. “No somos un Ministerio de Defensa, somos el Banco Europeo de Inversiones”, contestó en una rueda de prensa en Bruselas este jueves en la que presentó el informe anual de la entidad.

De hecho, dijo que el BEI “ha adoptado una posición muy proactiva y ambiciosa para aumentar su apoyo a la industria de seguridad y defensa europea salvaguardando al mismo tiempo su capacidad financiera”.

Los 19 países de la UE firmantes de la carta insisten ahora en que el banco vuelva a evaluar la lista de actividades y sectores que quedan excluidos de su financiación.

En concreto, piden que se defina “con mayor precisión” la terminología y el contenido de las actividades excluidas y tener “un alcance lo más limitado posible para ajustarse a las nuevas prioridades políticas de la UE”.

También insisten en ajustar la política de préstamos para aumentar el volumen de financiación disponible en el ámbito de la seguridad y la defensa

“Este mayor énfasis en seguridad y defensa, por ejemplo incrementando el volumen de inversión disponible de la Iniciativa Estratégica Europea de Seguridad, debería preservar la financiación eficaz de las demás prioridades estratégicas del BEI”, indicaron.

Finalmente, instan a que el BEI contemple la emisión de deuda para financiar proyectos de seguridad y defensa, lo que a su juicio “podría aumentar la transparencia y aportar claridad y la posibilidad de elección para los inversores”.

No obstante, creen que esto debería considerarse en consulta con los mercados financieros y las agencias de calificación en cuanto a la viabilidad de esta posibilidad, de cara a garantizar “la financiación más eficaz y rentable posible” para este tipo de proyectos y prestando atención “a la posible repercusión sobre los costes de financiación de los actuales bonos del BEI”.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) que dirige la exvicepresidenta Nadia Calviño ha duplicado el gasto en proyectos dedicados a la seguridad y la defensa, aunque el sector representa una pequeña parte de los 89.000 millones en financiación que ha invertido la entidad en 2024. El 60% de los proyectos tienen que ver con la acción climática, lo que ha llevado a la española a asegurar durante la presentación de los resultados que se ha consolidado como “el banco del clima”.

En cuanto a la defensa, se han destinado 1.000 millones y la previsión de Calviño es que esa cifra se duplique en 2025. El incremento se ha producido coincidiendo con la estrategia de la UE de reforzar la industria militar tras la invasión rusa de Ucrania. Los estados miembros, que son los accionistas del BEI, decidieron darle a la entidad un rol específico para incrementar su participación en la financiación del sector.

El pasado mes de mayo se cambiaron las reglas internas de la entidad para rebajar los límites que tenía para invertir en proyectos de doble uso (civil y militar) y facilitar de esa manera la inversión específica en proyectos de defensa. Con esa modificación de las normas del BEI, que supone que ya no se tienen que invertir en proyectos que destinen al menos el 50% para uso civil, se han incrementado las inversiones.

“El Grupo BEI ha aumentado significativamente sus inversiones elegibles en proyectos de uso dual, que ahora incluyen protección de fronteras, movilidad militar, desminado y descontaminación, espacio, ciberseguridad, protección del fondo marino e infraestructuras críticas, investigación y desarrollo y drones”, señala la entidad en un comunicado.

El debate, no obstante, gira en torno a la posibilidad de quitar las restricciones y que la entidad pública pueda financiar directamente armamento. Para eso se requeriría un cambio en las normas (en la jerga comunitaria modificar el “mandato” que tiene el BEI). Calviño no es muy partidaria de ese movimiento y evita pronunciarse con claridad.

“No somos un Ministerio de Defensa, somos el Banco Europeo de Inversiones”, ha despejado Calviño a preguntas de los periodistas en Bruselas durante la presentación del informe anual. La decisión, en todo caso, correspondería a los gobiernos europeos. Lo que ha dicho la presidenta es que se está llevando a cabo un “test de mercado” por si fuera necesario “otro ajuste en las reglas de elegibilidad”, aunque en ningún momento ha querido pronunciarse sobre si se ampliará el mandato para proyectos armamentísticos.

De hecho, Calviño ha asegurado que cuenta con el “apoyo” de los líderes de la UE -y también ha mencionado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte- a la “aproximación” que actualmente tiene el BEI.

Las financiación para España ha alcanzado los 12.300 millones de euros, según ha adelantado Calviño. Se trata de un incremento de unos mil millones respecto a los 11.340 millones que se destinaron al país en 2023. España es el segundo receptor de financiación, por detrás de Francia (12.600 millones de euros), y seguida de (11.000 millones de euros) y Alemania (9.600 millones).

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha activado instrumentos financieros para apoyar la recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas por las recientes y devastadoras inundaciones en España.

El BEI prepara una respuesta inmediata de 900 millones de euros para acelerar el despliegue de iniciativas existentes y con ello apoyar la reconstrucción de infraestructuras críticas que llevarán a cabo las autoridades regionales y organismos públicos en las zonas afectadas en España, como se hizo en respuesta a las inundaciones en Europa Central el pasado mes de septiembre. El BEI también está a disposición de las administraciones a nivel nacional, regional y local para preparar medidas adicionales si es necesario.

“El Banco Europeo de Inversiones se ha movilizado rápidamente para agilizar el apoyo financiero para la reparación y reconstrucción de hogares, empresas e infraestructuras. Tenemos que asegurarnos de reconstruir mejor: con técnicas adaptadas a la nueva realidad, que resistan y protejan ante los shocks climáticos cada vez más frecuentes e intensos” declaró Nadia Calviño, presidenta del BEI.

“Es reconfortante que las instituciones europeas se vuelquen en el apoyo a los Estados miembros de la Unión Europea en los momentos más difíciles, un valor de lo que representa Europa. Quiero agradecer al Banco Europeo de Inversiones el trabajo intenso que hemos compartido estos días para activar toda la financiación que sea posible para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas en España, concretamente en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía”, ha indicado Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España. 

El debate ya estaba sobre la mesa meses antes de que la exvicepresidenta económica, Nadia Calviño, se hiciera con las riendas del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero ahora ha llegado a su máximo apogeo. Cada vez hay más presión para que esa entidad pública, que se ha erigido como el 'banco del clima' para financiar proyectos de lucha contra el cambio climático y transformación hacia la economía verde, entre de lleno en la industria de la defensa. La española había evitado tomar partido e, incluso ahora que las cartas están sobre la mesa y que numerosos gobiernos elevan la presión, ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de que el BEI sufrague armamento y munición.

Esa es a priori una financiación prohibida por los estatutos de la institución, que tiene entre sus atribuciones la subvención de proyectos que sean de interés para la UE y que en los últimos años se han centrado en la transición ecológica o la digitalización. Pero la preocupación por la defensa y la seguridad es cada vez mayor y, por tanto, una prioridad para los 27 que han ido, además, incrementando su gasto militar, especialmente por la guerra en Ucrania. Ese momento marcó un punto de inflexión para los gobiernos que lo habían dejado de lado en tiempos de paz. Pero el ataque de Vladímir Putin dejó en evidencia las carencias estratégicas del continente y los llamamientos a entrar en una “economía de guerra” se multiplicaron.

Calviño ha reconocido que redoblar los esfuerzos en materia de seguridad y defensa es la tercera prioridad del BEI, por detrás de su consolidación como el 'banco verde' y la aceleración de la digitalización. “Está claro que hay una necesidad de reforzar la industria de la defensa europea”, señaló este viernes en una rueda de prensa tras la reunión informal de ministros de Finanzas de la UE en Gante (Bélgica) a la que asistió para abordar el asunto.

La orden viene, en todo caso, de más arriba. Fueron los líderes de los 27 –los accionistas del BEI en última instancia– los que marcaron el paso del BEI en el Consejo Europeo de diciembre. “La Unión debe asumir una mayor responsabilidad en lo que respecta a su propia seguridad y defensa, seguir una línea de acción estratégica y aumentar su capacidad para actuar de manera autónoma”, expresaron en las conclusiones de aquella reunión que dedicaban una mención expresa al BEI: “Pide que se refuerce el papel del Grupo del Banco Europeo de Inversiones en apoyo de la seguridad y la defensa europeas, tomando como base la Iniciativa Estratégica Europea de Seguridad del BEI”.

¿Cuál va a ser la fórmula? En marzo de 2022, se derribó un primer muro al lanzar esa iniciativa para financiar proyectos de seguridad y defensa de uso dual, es decir, los que pueden tener uso civil y militar. “Eso incluye los drones y la protección de fronteras”, repitió varias veces Calviño. También los proyectos de I+D o la protección de infraestructuras críticas. Para eso se destinaron 6.000 millones de euros de los que apenas se han utilizado un tercio. El compromiso alcanzado por Calviño es “acelerar” la inversión de esos fondos y elaborar un informe sobre todo lo que cabe en el 'saco' del doble uso civil y militar. Ese trabajo lo tiene que presentar dentro de dos meses.

Y de ese guion no quiso salir eludiendo en dos ocasiones responder a la pregunta concreta de si el BEI podría financiar armamento y munición (para ello habría que cambiar los estatutos y se requiere de mayoría simple). “Está claro y hay unanimidad en que tenemos que reforzar el apoyo a la defensa”, repitió la exvicepresidenta, que reconoció que se sobre la mesa se pusieron “diferentes elementos y alternativas”.

Fondos europeos para la industria militar

“La industria de defensa tiene un componente muy elevado de inversión de I+D+I y eso entra dentro de las capacidades de bienes públicos europeos que tenemos todos que financiar. Es importante que tengamos un ángulo europeo de la industria”, afirmó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Más claro aún fue su homólogo belga, Vincent Van Peteghem: “Bélgica cree que tenemos que invertir más en defensa. Tenemos que invertir en seguridad. Es importante ver cuáles son las posibilidades y una de ellas es la dirección estratégica del BEI”. También el alemán, Christian Lindner, se mostró partidario de ampliar el mandato del BEI.

Pero no es la única opción. El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó recientemente destinar eurobonos al impulso de la industria militar europea. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, vio con buenos ojos la propuesta de mutualizar la deuda en línea con los fondos de recuperación de la pandemia. “No digo que tengamos que prorrogar Next Generation EU, digo que podemos utilizar esa metodología para diferentes objetivos comunes y entre ellos la defensa ahora es absolutamente crucial”, explicó.

En plena precampaña electoral, en la que el asunto de la defensa y la seguridad va a ser una de las ideas fuerza -especialmente del Partido Popular Europeo- el debate está abierto y, por el momento, el papel más claro lo tiene Calviño que, aunque ha intentado moverse en la cautela, ya tiene deberes por delante para mover a la UE hacia una “economía de guerra”.

“Aunque se pudiera pensar que desde que, en agosto, se conoció su candidatura al Banco Europeo de Inversiones (BEI) está de salida, Calviño no ha levantado el pie del acelerador, con la misma intensidad de siempre, y eso define muy bien a la vicepresidenta”, revela una de sus principales colaboradoras, hasta ahora, en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. “No ha parado de encargarnos trabajo, y de estar encima de todo, como desde el primer día”, añade. Este viernes ha sido sustituida por su director general de Tesoro, Carlos Cuerpo.

Exigente y ambiciosa, Nadia Calviño está cómoda en la batalla diaria del poder, que durante cinco años extraordinarios ha librado como principal responsable económica del Gobierno y que a partir de 2024 dará en el BEI, tras ser elegida como su presidenta por una mayoría de los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE). Este organismo es desconocido para el gran público, pero apoya proyectos estratégicos para el club comunitario y vehiculará una buena parte de los préstamos del Plan de Recuperación. Desde verano, la propia Calviño destacó su importancia y aseguró que sólo una candidatura con su nombre podía prosperar.

Efectivamente, prosperó. Para entender esa confianza en sí misma y también para hacer balance de sus mandatos como ministra de Economía son relevantes algunos detalles de su biografía. Hija de José María Calviño, quien fue nombrado presidente de Radio Televisión Española (RTVE) por el primer Gobierno del PSOE de Felipe González, en 1982, creció bajo la dimensión que tenía ese cargo cuando en nuestro país solo había dos cadenas de televisión, La 1 y La 2, de la propia corporación pública. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y aprobó la oposición del cuerpo superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (“teco”, en la jerga de la Administración, como Pedro Solbes, Luis de Guindos, Jordi Sevilla...), incorporándose inicialmente al Ministerio de Economía (desde mediados de la década de los 90), aunque con la Unión Europea (UE) en la cabeza, según fuentes que la conocieron en aquella primera etapa.

Nadia Calviño alcanzó la Comisión Europea en 2006, y en 2014 llegó a directora general de Presupuestos del Ejecutivo comunitario, con el conservador Jean-Claude Juncker como presidente. En ese puesto permaneció hasta que fue reclamada por Pedro Sánchez en 2018, cuando el PSOE formó su primer Gobierno, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En ese cargo europeo se labró la fama de ostentar una gran proyección en la UE, según sus defensores. Mientras que más a la izquierda la tildaban de tener una visión cómplice de la ortodoxia de Alemania. Lo cierto es que nunca ha rechinado entre los líderes conservadores, europeos o nacionales, y tampoco entre los empresarios ni banqueros, más preocupados por otros cargos del Gobierno de coalición.

Ahora que deja el Ministerio de Economía, desde su equipo defienden “su posición equilibrada, con rigurosidad fiscal y perspectiva socialdemócrata”. Una posición que, ante la brutal crisis de la COVID, “explica el despliegue de políticas económicas totalmente diferentes a la austeridad que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria 2008”, añaden. “Políticas que han buscado mantener el empleo y a las empresas, y reconstruir, frente al camino de destruir y partir de cero que la derecha tomó en la crisis financiera”, inciden.

En las últimas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha esforzado en recalcar la “gran pérdida” que supone para el Ejecutivo la marcha de Nadia Calviño al BEI. Sánchez ha llegado a afirmar que ha sido tanto una colaboradora “muy estrecha” a lo largo de estos últimos cinco años, como “uno de los mejores ministros de Economía de España”. Sin duda, los hechos (si se aíslan de la pelea política) la avalan. Desde 2018, durante sus mandatos, nuestro país ha superado una concatenación de shocks extraordinarios con una respuesta social inédita, un récord de creación de puestos de trabajo, una positiva transformación sectorial y el liderazgo de las decisiones clave de la UE.

Más allá de los indiscutibles resultados y de las alabanzas públicas de Sánchez, el relato extendido de su ejercicio como vicepresidenta y principal responsable económica de los últimos tres gobiernos (del presente por apenas un mes) no es tan complaciente. Distintas voces de los socios del PSOE en Gobierno de coalición la identifican como un foco de tensiones dentro del Ejecutivo —sobre todo por los choques con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz— y denuncian que “o ha arrastrado los pies, o se ha ido oponiendo sistemáticamente a medidas que con el tiempo se ha demostrado que eran buenas” .

“Se pueden poner muchos padres y madres a las cosas, pero la que ha estado ahí ha sido ella, con el Presidente”, puntualizan en el Ministerio de Economía, ante las críticas públicas y privadas que han llovido desde Unidas Podemos, primero, y desde Sumar, después. Estos actores políticos vienen reclamando un papel crucial para sacar la versión más social y progresista a las políticas económicas más importantes de los últimos años: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la financiación de los ERTE (Expedientes de regulación temporal de empleo) durante la pandemia o la reforma laboral de 2021.

Fuentes de Sumar señalan que, en un principio, “Calviño solo quería que la medida de los ERTE durara un mes”. Del mismo modo, “ha estado en contra de todos los aumentos del SMI, incluso con propuestas por debajo de las de la patronal”, continúan. “Ocurrió lo mismo con el mecanismo ibérico [o tope al gas]. Para Calviño, que el precio de la electricidad se marcara con el último kilovatio que entra en el 'pool' era la quinta esencia de la competencia... Por suerte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no compartía esa opinión”.

Los reproches se extienden a la reforma laboral. Una norma esencial para entender la fortaleza del mercado de trabajo que, en cambio, Nadia Calviño y los suyos se jactan de haber empujado a través de los despachos de los empresarios, los sindicatos y de la Comisión Europea hasta lograr la conformidad de todos los implicados. “La aprobación en el Congreso por un solo voto fue uno de los momentos más felices de Calviño”, dice una persona muy cercana a la próxima presidenta del BEI.

Calviño no ha evitado los enfrentamientos en los debates sobre las grandes medidas que el Gobierno ha tenido que tomar para responder a la crisis por la pandemia o a los golpes de la erupción del volcán de la Palma y de la invasión rusa de Ucrania. Según desveló recientemente el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ella misma lo admitió en el último consejo de ministros del primer Ejecutivo de coalición. En aquella sesión de despedida, Nadia Calviño defendió su papel. “Todos los gobiernos son de coalición, entre el presidente y el ministro o la ministra de Economía”, dijo, reivindicando que si este Gobierno había funcionado es porque precisamente esa coalición —entre ella y Pedro Sánchez— había sido muy eficaz.

La última prueba de la condición de Calviño ha sido la pugna sobre la reforma del subsidio por desempleo. Las diferencias estallaron la semana pasada ante la opinión pública, aunque se cocían desde hace meses. A pocas semanas de tener que aprobar la medida, Economía anunciaba dos de sus propuestas para la reforma legislativa –un subsidio de cuantía decreciente por debajo de los actuales 480 euros al mes y más control en el compromiso de vuelta a la actividad de las personas desempleadas– que el Ministerio de Trabajo, que lidera la reforma, no compartía.

Tras varias filtraciones a los medios de comunicación, en un movimiento poco habitual, Trabajo levantó las cartas que está jugando cada equipo en la negociación para señalar a Calviño por querer recortar la protección asistencial por desempleo. En cambio, el Ministerio de Yolanda Díaz plantea una regulación que aumente la protección de los subsidios, una “ampliación” pactada expresamente con Bruselas en el Plan de Recuperación.

Irónicamente, desde Sumar comentan que “nos viene muy mal que se vaya, porque era muy fácil confrontar con ella, y la realidad siempre le ha quitado la razón”. Estos análisis “sobre los conflictos no han sido importantes para Calviño, para la que ha primado llegar a buenos acuerdos y que ha sido capaz de tender puentes con su rigor”, contestan desde el Ministerio de Economía.

En el departamento insisten en la influencia de la vicepresidenta y de Pedro Sánchez en la UE, “y la demostración es que España es uno de los grandes beneficiados del Plan de Recuperación y que ha liderado el debate sobre las nuevas fiscales”, tras ser suspendidas las anteriores por la pandemia.

Según distintos expertos, entre los grandes 'debes' de Nadia Calviño en su balance como vicepresidenta económica están las polémicas sobre el INE (Instituto Nacional de Estadística) y la infraestimación del PIB (Producto Interior Bruto), que tendrá que abordar el próximo ministro de Economía.

Fumata blanca. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha logrado los apoyos suficientes para hacerse con la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tras casi cuatro meses de pelea en la que los grandes países, entre ellos Francia, le han hecho esperar más de lo que inicialmente había previsto. Los ministros de Economía de la UE le han dado este viernes el respaldo suficiente (18 estados miembros que representen el 68% del capital del banco público), aunque la ratificación formal tendrá que esperar.

El ministro de Finanzas belga, Peter Van Peteghem, que es a quien corresponde pilotar el proceso como presidente rotatorio de los gobernadores del BEI, ha sido el encargado de anunciar el “consenso” en torno a la candidatura de Calviño. Ahora la Junta de Gobernadores de la institución tendrá que ratificar la decisión. El proceso se había atragantado por la concurrencia de cinco candidatos, entre ellas la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que era la principal rival de Calviño, por lo que lograr la mayoría suficiente se ha complicado.

Finalmente, el ministro belga decidió mover ficha y poner el nombre de Calviño sobre la mesa dado que era la única candidata capaz de lograr los apoyos suficientes a raíz de las consultas que había realizado en privado con los 27. Públicamente sólo Alemania y Portugal habían anunciado su respaldo a la española, pero en el Gobierno daban por hecho que cosecharía la mayoría suficiente al contar con Francia, cuyo apoyo era fundamental como segundo contribuyente al BEI, aunque no había desvelado sus cartas.

Por su parte, Vestager ha retirado su candidatura, según ha anunciado a través de la red social X (antes Twitter). La danesa, que no tenía opciones de salir elegida, retomará a partir de ahora sus funciones en la Comisión Europea, que suspendió durante la carrera por el BEI.

Pedro Sánchez ha celebrado la decisión como “una magnífica noticia para Europea y un orgullo para España” y ha asegurado que es “una elección que refuerza la presencia e influencia de España en los organismos internacionales”.

“Es un gran honor y un orgullo que nuestro país presida por primera vez el Banco Europeo de Inversiones; un puesto de gran importancia, que refleja el intenso trabajo de estos años para reforzar la influencia, respeto y liderazgo de España en el ámbito internacional”, ha afirmado Calviño en declaraciones a los periodistas después de haber logrado el respaldo de sus colegas. Ahora comienza el proceso de ratificación formal con la intención de que la vicepresidenta económica sustituya al actual presidente, Werner Hoyer, a partir del 1 de enero de 2024.

En respuestas a las preguntas de los periodistas, la vicepresidenta económica ha rechazado que su victoria de este viernes vaya a interferir en la competición para albergar la Autoridad Europea de Lucha contra el blanqueo de capitales a la que concurre Madrid, además de París y Roma. “Cada uno de los procesos de elección son independientes, como saben. Desde el primer momento, el Gobierno de España ha estado comprometido con la candidatura de Madrid”, ha asegurado Calviño.

Calviño será la primera española y la primera mujer en tomar las riendas del principal banco público europeo, que nació en 1958. El BEI está, no obstante, alejado de la toma de decisiones de la capital comunitaria. Con un capital suscrito de 248 800 millones de euros, es el brazo financiero de la UE para impulsar inversiones sobre seis ejes: clima y medio ambiente, desarrollo, innovación y capacidades, pequeñas empresas, infraestructura y cohesión. Aunque las actividades relacionadas con Ucrania se remontan a 2007, con la guerra ha intensificado su apoyo, que supera los 1.500 millones de euros, y seguirá haciéndolo en la reconstrucción.

“Además de su importante papel en la financiación de inversiones en la UE, el apoyo financiero a Ucrania e inversiones en el resto del mundo, el BEI tendrá un papel importante en la gestión de parte de los préstamos Next Generation EU”, señala el Ministerio de Economía en un comunicado en el que apunta a la importancia de la institución para “realizar inversiones públicas y privadas en Europa” así como para “desarrollar nuevas tecnologías y acelerar la doble transición verde y digital”.

La elección de Calviño para el BEI tiene una consecuencia directa sobre el Gobierno de coalición recién constituido. “Te echaré mucho de menos”, ha expresado en su tuit Sánchez, que tendrá que remodelar el área económica, en la que Calviño protagonizó desde 2018 los principales choques con Unidas Podemos y, en esta breve legislatura, también con la vicepresidencia segunda, Yolanda Díaz, en esta ocasión por el subsidio de desempleo.

Sánchez está estudiando sus opciones y no descarta tirar de un perfil independiente similar al de Calviño, que antes de entrar en política como miembro del Gobierno ostentaba un cargo técnico en Bruselas, donde ha sido una de las principales referencias del Ejecutivo español en los últimos cinco años. El presidente, no obstante, no pretende acometer el relevo de manera inmediata, informa Esther Palomera.

Nadia Calviño era más que una opción para el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Se trataba de la apuesta más segura, aunque ni desde su Ministerio ni desde la Moncloa han querido estas semanas lanzar las campanas al vuelo antes de que la vicepresidenta primera fuese oficialmente elegida. Y esa decisión se ha tomado este jueves a primera hora: a falta de la votación definitiva, los ministros de economía de la UE ya han dado vía libre para que presida la institución. El relevo en el Gobierno no será inmediato, sino en el primer trimestre de 2024, según confirmaron a elDiario.es fuentes del entorno de Pedro Sánchez.

Aunque la designación está tomada será el Consejo de Gobernadores del BEI quien tiene que fijar la fecha de la toma de posesión, algo que aún está por decidir, si bien se espera que sea a finales del próximo enero. De ahí que Sánchez, cuyo entorno prevé que el cambio en el gobierno sea más bien en febrero, aún no haya decidido el nombre del sustituto de quien fuera directora general de Presupuestos de la Comisión Europea antes que vicepresidenta económica del Gobierno de España.

Hasta ahora se ha especulado con la posibilidad de que María Jesús Montero, ministra de Hacienda que fue ascendida a vicepresidenta cuarta en el último cambio de Gobierno, se hiciera cargo del área Económica que ha dirigido Calviño desde que Sánchez llegó a Moncloa. Del mismo modo, el nombre de José Luis Escrivá, que pasó de ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social a titular de la cartera de Transformación Digital (antes secretaría de Estado) estaba en la cabeza de algunos de sus colegas como próximo ministro de Economía. Ni lo uno ni lo otro está claro, ya que Pedro Sánchez sopesa que el relevo lo asuma una persona con trayectoria y prestigio internacional similar al de Calviño, que no forma parte del actual gabinete y de cuyo nombre no ha querido dar pistas hasta el momento.

Montero carece de la experiencia de Calviño en las instituciones europeas y a Escrivá, que sí la tiene y lleva a gala el plácet de Bruselas a su reforma de las pensiones, se le atribuye escasa habilidad para la comunicación. Ambas cuestiones han llevado a Sánchez a dudar de la idoneidad de ambos para hacerse cargo de la competencia de Calviño, quien ha abierto no pocas puertas al Gobierno de España en las instituciones comunitarias.

Conservar la cartera de Economía hasta que se dilucide el nombramiento del BEI ha permitido a Calviño, además de mantenerse en su puesto hasta el final de la Presidencia Española de la UE, ultimar el diseño de las nuevas reglas fiscales europeas que continuan negociándose sin que de momento los 27 hayan pactado una solución. Cumplir este propósito puede convertirse en uno de los grandes logros de la Presidencia de la UE que España ha ocupado en este semestre.

Calviño ya fue vicepresidenta y ministra de Economía en la primera legislatura con Pedro Sánchez como presidente, un tiempo en el que hizo de dique de contención de las posiciones más maximalistas del partido de Pablo Iglesias y de baluarte del cumplimiento de las normas presupuestarias y los compromisos con Bruselas. Como buena conocedora de los entresijos comunitarios, logró con éxito el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el acceso a 164.300 millones de euros en subvenciones y préstamos de los fondos europeos Next Generation EU. En su haber queda también haber situado a España como el país más avanzado en la recepción de los citados fondos. “Nosotros tenemos a Nadia y ellos tienen… a nadie”, fue uno de los eslóganes de la última campaña electoral de los socialistas para dejar en evidencia que el PP carecía de una figura destacada capaz de confrontar con Calviño sus propuestas económicas.

De lo que no hay duda es de que nada más cambiará en el Ejecutivo cuando llegue el momento de sustituir a Calviño, cuya salida del gabinete se da por descontada desde que obtuvo el apoyo de Alemania frente a su rival, la actual vicepresidenta de la Comisión Margrethe Vestager para su candidatura al BEI y de que Francia no haya expresado rechazo alguno. El único recelo conocido es el de Italia, que mantiene a su propio candidato, igual que Polonia, Suecia y Dinamarca.

Sin embargo, en el marco del Ecofin, la cita que los responsables de Finanzas tendrán este viernes, el belga Vicent van Peteghem, ha enviado un escrito a sus homólogos en el que apunta a Calviño como la candidata con más posibilidades después de haber consultado al resto de ministros de la UE.

Pedro Sánchez ha dado en varias ocasiones por hecho la salida de Calviño, que se convertiría en una de las españolas con más poder en las instituciones europeas, pero no suelta prenda sobre su sustituto, aunque Escrivá tras salir de Seguridad Social haya ocupado una cartera de nueva creación como la de Transformación Digital y asumido dos de las tres secretarías de Estado –Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales– que en el mandato anterior tenía la vicepresidenta primera. Economía y Apoyo a la Empresa sigue bajo la competencia de Calviño, que también asumió Comercio, hasta ahora parte del Ministerio de Industria.

Pierde peso así la posibilidad de fusionar Economía y Hacienda —que ya estuvieron juntas durante los gobiernos del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero—, lo que hubiera dado aún más poder a María Jesús Montero, la encargada de afrontar dos de las cuestiones más delicadas de la legislatura, como son  la reforma de la financiación autonómica y la quita de una parte de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que el PSOE pactó con el independentismo catalán, pero que está previsto extender al resto de los territorios.

El Gobierno de España ha enviado este viernes a la Comisión Europea el listado de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos 'Next Generation EU' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España.

Según explica el Ministerio de Economía, “los 100 mayores perceptores de los fondos europeos en España aglutinan una inversión de más de 5.100 millones de euros, que representa cerca del 14% sobre los 37.000 millones de euros recibidos hasta el momento de la Unión Europea por el cumplimiento de hitos y objetivos”.

“Esto refleja la gran capilaridad del despliegue del Plan de Recuperación, del que ya hay más de 500.000 proyectos financiados con una inversión de 30.000 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas”, continúan desde el departamento que lidera la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

En el listado enviado a Bruselas destacan las inversiones en materia de movilidad sostenible, en tres ámbitos: las del Estado, dirigidas a ADIF y a concesionarias ferroviarias para el desarrollo de infraestructuras de Alta Velocidad, como el Corredor Mediterráneo o la conexión de las redes Norte y Sur; las percibidas por empresas beneficiarias del proyecto estratégico del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) para la modernización de la cadena de valor del sector de la automoción, como Seat, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz y Power Holdco Spain. Y las de los 30 ayuntamientos, que han recibido 423 millones de euros dirigidos fundamentalmente a generar zonas de bajas emisiones en el ámbito urbano, desarrollar el comercio local y de proximidad, recuperar zonas verdes y potenciar la digitalización, entre otras inversiones.

El Ayuntamiento de Madrid es la corporación local que más fondos europeos has recibido, con más de 65 millones de euros. Le siguen los ayuntamientos de Zaragoza, Alicante, Valladolid, Murcia, Bilbao, Vigo o Málaga, junto a la empresa pública gestora de transportes en la zona metropolitana de Barcelona, lo que contribuye al objetivo de cohesión territorial.

“No figuran en el listado las comunidades autónomas, que han recibido en su conjunto cerca de 24.500 millones de euros de fondos europeos para la gestión de inversiones dentro de su ámbito de competencias, entre las que figuran transferencias con las que se están financiando más de 60.000 plazas de educación de 0 a 3 años, más de 300.000 plazas de Formación Profesional, el apoyo a la economía circular, la transformación digital de atención primaria, la renovación de más de 850 equipos de alta tecnología para hospitales ya instalados, el despliegue de puntos de recarga y fomento de vehículos eléctricos o la rehabilitación de viviendas y barrios, entre otros”, apuntan en Economía.

Cabe señalar que la lista identifica como perceptor final a la entidad pública que realiza la convocatoria en el caso de licitaciones de obras y servicios. Por otra parte, 40 empresas privadas figuran en el listado, tratándose fundamentalmente de entidades de gran tamaño que, por su capacidad, llevan a cabo proyectos de envergadura.

Subvenciones

“Con el fin de maximizar la transparencia, el Gobierno de España ha publicado también la lista de 50 principales adjudicatarias de licitaciones de obras y servicios financiadas con los fondos Next Generation EU. Las convocatorias y licitaciones establecen la colaboración de pymes en estos proyectos”, continúa el Ministerio de Economía.

Aquí, destacan las compañías de obras públicas en infraestructuras ferroviarias, empresas públicas de transportes que están llevando a cabo la incorporación de vehículos eléctricos y entidades de digitalización.

De este modo, encabezan en listado de las principales compañías adjudicatarias y beneficiarias de subvenciones las uniones temporales de empresas (UTEs) de Totana (152 millones de euros) y CAF (134 millones de euros), seguidas de Ferrovial Construcción (125 millones de euros) y el grupo de soluciones tecnológicas Thales España (119,7 millones de euros). Les siguen las UTE Canal de Acceso (105 millones de euros) y de Sacyr- Cavosa-Taboada y Ramos (102 millones de euros) o el grupo automotriz Irizar (83,6 millones de euros).

Despliegue del Plan de Recuperación

Hasta la fecha, España ha recibido transferencias de la UE por valor de 37.000 millones de euros tras el cumplimiento de 121 hitos y objetivos. El Tesoro Público del Reino de España ha desembolsado más de 36.200 millones de euros, con datos hasta el 20 de octubre.

“El Gobierno trabaja actualmente en la solicitud del cuarto desembolso de 10.000 millones de euros. El despliegue del Plan de Recuperación ya está teniendo un impacto positivo en la economía, posibilitando que España lidere por tercer año consecutivo el crecimiento económico entre los principales países de la eurozona”, finaliza el Ministerio de Economía.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha visto este jueves más despejado el camino para convertirse en la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ya da por hecho que es la única candidata con opciones para presidir dicho organismo. Lo que ha sucedido esta misma tarde es que el ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Peteghem, que lidera el proceso de selección como presidente del Consejo de Gobernadores del BEI, va a enviar una carta a sus homólogos de la UE impulsando la candidatura de Calviño, tal y como ha adelantado Politico.

Hasta ahora los belgas se habían abstenido de presentar un candidato único porque no había consenso entre los gobiernos, pero el ministro de Finanzas belga propondrá el nombre de Calviño a sus homólogos, que lo discutirán en el desayuno del Ecofin (reunión de los ministros de Economía de la UE) del próximo 8 de diciembre para determinar si Calviño logra el respaldo de 18 estados miembros que representen el 68% del capital del BEI. La votación se celebraría posteriormente.

Hasta ahora la pugna ha estado mucho más reñida de lo inicialmente previsto y los grandes, que son determinantes en el proceso, han hecho esperar a la vicepresidenta española, que confiaba en salir elegida en septiembre. El mandato no comenzará, no obstante, hasta enero de 2024.

La elección de Calviño por parte de Van Peteghem supone un salto que el Gobierno considera decisivo. Desde Moncloa consideran que la misiva supone “un paso adelante en el proceso de elección” de la actual vicepresidenta al frente de este órgano internacional.

“De este paso se infiere que, basado en las consultas realizadas por el presidente del Consejo de Gobernadores, Nadia Calviño es la única candidata que reúne los apoyos suficientes para lograr un consenso”, remarcan desde el Ejecutivo. Asimismo, Moncloa insiste en que “la candidatura de la vicepresidenta primera es fuerte” dado que ella “es la persona idónea para ocupar una plaza tan relevante en una institución europea de tanto peso como el BEI”.

En todo caso, el Gobierno mantiene la “prudencia”, aunque considera que el hecho de que Calviño sea el único nombre que se pone encima de la mesa “es una muy buena noticia”.

Esta misma mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dado por hecha la inminente salida del Gobierno de la vicepresidenta económica. Un movimiento que ha definido como una buena noticia para España por tratarse de una de las instituciones a través de la cual, entre otras cosas, se vehiculan los Fondos Europeos que se reparten entre los países miembros.

“En lo personal me va a costar porque es una de mis más estrechas colaboradoras”, ha dicho el presidente del Gobierno durante una entrevista en TVE en la que ha ensalzado la labor de Calviño al frente de la cartera de Economía durante los últimos cinco años. “Ha sido una de las mejores ministras y ministros de Economía de este país”, ha valorado. Cuestionado por el sustituto o sustituta, Sánchez ha comentado que ya tiene “alguna idea”, sin querer desvelar, por el momento, la identidad del próximo responsable de la cartera económica.

Desde su mismo nacimiento, el nuevo Gobierno de coalición ha dejado claro que se va a tomar muy en serio la economía en la legislatura. Con el ascenso a vicepresidenta cuarta de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, y la creación del Ministerio de Transición Digital, que pilotará José Luis Escrivá (antes al frente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), Pedro Sánchez redobla la importancia de los asuntos relacionados con el dinero en la estructura del Ejecutivo, que afronta retos de calado e inaplazables en vivienda, pensiones, fiscalidad, trabajo, desigualdad o en la denominada doble transición: la energética y la digital.

Desafíos a los que el nuevo Gobierno de PSOE y Sumar tendrá que hacer frente en un contexto de desaceleración del crecimiento y de la creación de empleo, pese a la moderación de la inflación, que debería normalizarse por fin hacia el cierre del próximo año, y al despliegue definitivo del Plan de Recuperación.

Es casi imposible que la legislatura pueda ser más complicada económicamente que la última: marcada por el shock sin precedentes de la pandemia, por el volcán de la Palma y por una crisis de precios que no se sufría desde los 80, exacerbada por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la inflación sigue siendo asfixiante para las familias más vulnerables. En 2024, a este golpe se le añadirá lo peor del daño de las subidas de los tipos de interés del BCE a los propios hogares —en este caso principalmente a los que tienen hipotecas variables y a los que precisen endeudarse para comprar una vivienda o para consumir—; también a las empresas que necesiten financiación; y al Estado.

Junto a Montero, continúan como primeras espadas del presidente Pedro Sánchez: la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Empresa y ahora también de Comercio, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda  Díaz; y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. 

Las cuatro lideran un reforzado equipo económico, que completan caras conocidas como Luis Planas (repite como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación), Isabel Rodríguez (pasa de Política Territorial y de la portavocía a Vivienda y Agenda Urbana) y caras nuevas como Óscar Puente (Transporte y Movilidad Sostenible), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), Jordi Hereu (Industria y Turismo) y Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). 

Díaz y Bustinduy son los únicos representantes de Sumar en este equipo. El resto son cuadros del PSOE. En él, la gran incógnita es qué ocurrirá con la vicepresidencia y las competencias de Nadia Calviño si en apenas un mes consigue la presidencia del Banco Europea de Inversiones (BEI), a la que es candidata desde hace semanas. Dentro del Gobierno, Escrivá, quien ha asumido ya la segunda parte de su anterior Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, suena como uno de los candidatos para sustituirla.

Calviño no tiene fácil alcanzar la presidencia del BEI. No está claro que tenga los apoyos suficientes entre los ministros de Finanzas de la UE que eligen este cargo. Y, según relata el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en el último Consejo de Ministros del primer gobierno de coalición aseguró: “Yo aún no me he ido, y me quedan muchas CDGAE [Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que se reúne semanalmente] todavía”. Lo hizo en defensa de su posición, después de las tensiones con otros ministros en esta Comisión, donde se han negociado las numerosas medidas económicas y ayudas que se han aprobado en los últimos años.

Desde enero, el equipo económico del Gobierno, con o sin Calviño, estrenará las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), tras ser suspendidas las anteriores por la COVID. Un corsé que irremediablemente seguirá marcado por los objetivos del 3% del PIB para el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos) y del 60% del endeudamiento, por la dificultad para modificar el Tratado de Maastricht. Aunque se convertirán en metas de medio plazo. Quedando como verdadera obligación la de avanzar hacia ellas, según la propuesta sobre la que los socios comunitarios están discutiendo.

Las últimas previsiones de la misma Comisión Europea sitúan a España en ese camino, al esperar que el déficit se reduzca al 3,2% en 2024, desde el 4,8% de 2023, y tras dispararse en 2020. También estima que la deuda pública caerá al 106,5% del PIB, desde el 107,5% en el que terminará 2023, y por debajo del 109,5% en el que se quedará la de Francia el próximo año. Se trata de una situación casi inédita para nuestro país.

La sostenibilidad de la deuda pública volverá a ser una de las principales preocupaciones en la UE, por las nuevas reglas fiscales y por las subidas de tipos d el BCE. Sin embargo, el verdadero elefante en la habitación es Italia, con un endeudamiento que superará el 140% en 2024, según las expectativas de Bruselas. 

Además, España liderará el crecimiento económico, que todas las previsiones sitúan entre el 1% y el 2%, gracias al mayor peso de los servicios en la actividad, y concretamente del turismo, y por la resistencia del consumo de las familias por la fortaleza del mercado laboral tras la última reforma, las subidas de salarios y la caída más rápida de la inflación por medidas como el tope al gas.

Repasamos los retos en materia económica que tienen por delante los ministros y ministras que estrenarán cargo este martes.

Financiación autonómica

María Jesús Montero se mantiene en el núcleo del Gobierno que sigue desde la moción de censura de 2018. La nueva legislatura para el Ministerio de Hacienda llega cargada de múltiples tareas. La que tiene el mayor peso político es la reforma de la financiación autonómica. Tras 10 años de retraso, los acuerdos de investidura presionan al Gobierno para crear un nuevo sistema de reparto de los ingresos públicos entre los territorios. Este punto genera fuertes divisiones incluso dentro de los partidos, donde los barones territoriales han creado alianzas más allá de las siglas.

A ello se suma el compromiso del sistema de quitas de la deuda autonómica. El PSOE acordó con ERC que el Estado asuma 15.000 millones de la deuda catalana acumulada en los años siguientes a la crisis de 2008. El Ministerio tendrá que trazar el sistema de cálculo para cuantificar las quitas para el resto de territorios que acudieron al Fondo de Liquidez Autonómica. También, cómo ayudará a otros como Madrid que no acudieron a este sistema. Según ha defendido Sánchez, todas las comunidades se beneficiarán de las medidas.

Sin embargo, el reto más inminente de Hacienda es la elaboración de los Presupuestos Generales. Las actuales cuentas serán prorrogadas a final de año, a espera de que a comienzos de 2024 se creen unas para el próximo ejercicio. A ello se suman otros compromisos como mantener los impuestos a la banca y energéticas, así como otras medidas fiscales pactadas entre el PSOE y Sumar, o el borrador de reforma fiscal que quedó guardado en un cajón. Montero tiene pendiente un gran reto pendiente de Función Pública: reducir el enorme peso del empleo temporal, en el 30%, y que debe situarse en la meta del 8%, comprometida a Bruselas. 

Pensiones y Seguridad Social

La Seguridad Social queda en manos de la navarra Elma Saiz, tras el pasado mandato con José Luis Escrivá al frente, que abordó reformas de calado: pensiones, cuotas de los autónomos y la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV). El programa de PSOE y Sumar plantea una senda continuista de despliegue de estas medidas, junto a la “mejora” del IMV, la reforma de la jubilación parcial y una mayor protección social para los autónomos. En pensiones, la ‘joya’ de la cartera, serán claves las previsiones económicas y demográficas que realice la Comisión Europea para España, después el análisis de la AIReF de cara a 2025, cuando se realizará una primera revisión del sistema por si fueran necesarios ajustes adicionales para la jubilación de los baby boomers. 

Elma Saiz, que fue consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, asumirá el reto de canalizar el acuerdo con el PNV para transferir a Euskadi el régimen económico de la Seguridad Social, competencia nunca cedida antes, pero que prevé el Estatuto de Guernica de 1979. Se trata de una negociación delicada, prevista para los primeros dos años de legislatura, que debe preservar el llamado principio de “caja única” de la Seguridad Social en todo el Estado, garantizado por la Constitución. También tiene otro reto de competencias autonómicas: ejecutar el prometido traspaso del ingreso mínimo vital a Catalunya, comprometido con ERC y que no se ha llegado a realizar, trámite con el que Saiz tiene experiencia como consejera navarra.  

Empleo

Yolanda Díaz volverá a liderar la cartera de Trabajo tras un mandato cargado de acuerdos con empresarios y sindicatos, y con una gran bandera de éxito a sus espaldas: la reforma laboral. Pedro Sánchez anunció la nueva legislatura como la del nuevo Estatuto de los Trabajadores –que Díaz siempre denomina “del Trabajo”–, una labor que podría ser muy ambiciosa, pero que en el acuerdo entre PSOE y SUMAR no recoge tantas materias concretas. Destacan, sobre todo, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, así como una reforma del despido (en la que se anticipa mucha discusión entre los socios de coalición) y fijar por ley que el salario mínimo se situará siempre al menos en el 60% del salario medio, entre otras. Díaz también quiere desarrollar una mayor participación de los trabajadores en las empresas, recogido en la Constitución. 

El contexto ahora está marcado por nuevas dificultades. En primer lugar, un menor tirón del empleo, clave para el reto de reducir el alto nivel de paro en España, el más elevado de la Unión Europea. Además, los empresarios están anticipando una postura muy poco proclive a los acuerdos, como por ejemplo con sus críticas a los pactos de Gobierno y a la reducción de la jornada laboral. En tercer lugar, el Ejecutivo depende de una aritmética parlamentaria mucho más compleja, con votos decisivos en fuerzas conservadoras, como Junts y PNV, que pueden complicar la aprobación de las medidas más progresistas.  

Vivienda

“Consolidar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar” y “garantizar a los jóvenes el acceso” a este derecho. El presidente del Gobierno volvió a señalar este lunes en su comparecencia en Moncloa a la vivienda como una de las grandes prioridades que se tienen que afrontar en la nueva legislatura. Sin embargo, las competencias últimas están en manos de las comunidades autónomas, lo que puede derivar en nuevas tensiones y frenos a los cambios, sobre todo en las encabezadas por las derechas de PP y Vox. 

Isabel Rodríguez se pondrá al frente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con una ley ya en marcha, pero con varios flecos sueltos y con una promesa. Esta última pasa por crear un parque público, con 183.000 inmuebles, que facilite el alquiler social y asequible a una gran parte de la población que no puede acceder a los precios y rentas que se exigen en las grandes ciudades. Un parque público que actualmente es el 2% y que Sumar se comprometió a acercar al 20% que ya tienen otros mercados europeos. En el pacto de Gobierno entre esta formación y el PSOE también va la definición “con carácter inmediato” del índice de precios que “permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres”. Un compromiso que ya va en la Ley de Vivienda pero que aún está por diseñar. También está pendiente la creación de un grupo de trabajo que analice y regule el problema del alquiler por temporada -de menos de 12 meses- al que ha ido a parar buena parte de la oferta de pisos de ciudades como Barcelona y Madrid. 

Tipos de interés y banca

Calviño mantiene bajo su paraguas la complicada relación del Gobierno con la banca. Ésta incluye dos tareas pendientes. Es el caso de la creación del nuevo defensor del cliente financiero, cuyo trámite parlamentario decayó con las elecciones. Por otro lado, PSOE y Sumar han pactado una reforma del código de buenas prácticas que amplía la protección a hipotecados a los hogares que tengan hasta una renta de 37.800 euros. Esta última medida tendrá que ser renegociada con el sector, ya que es un documento de libre adhesión para las entidades.

Energía

Entre los retos pendientes de Teresa Ribera figura la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo borrador de actualización se presentó en junio. El sector duda que pueda cumplirse y pide otra moratoria al sistema de plazos para instalar las plantas ante el enorme atasco existente. Ribera también deberá implementar la reforma eléctrica acordada a escala europea, a la espera de lo que suceda con las ayudas al recibo de la luz o al gas, aunque esto ya cae en la cartera de Hacienda. Entre los aspectos a desarrollar está el apagón nuclear a partir de 2027, el impulso de regulaciones para el bombeo, la eólica marina, el hidrógeno, el autoconsumo colectivo o la actualización de la Ley de Minas, que data de 1971. Y está por ver si se recupera el intento de crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), aparcado hace un año por falta de apoyos parlamentarios. 

Industria y Turismo

Las urgencias de la cartera de Industria pasan por agilizar la distribución de los fondos europeos y aprobar la Ley de Industria, que en la anterior legislatura se quedó en un anteproyecto. Está por ver si Jordi Hereu, un apóstol de la colaboración público-privada, es capaz de llevar a buen puerto un Pacto de Estado por la Industria que los sindicatos llevan años reclamando, en un momento de viraje hacia la autonomía estratégica tras el shock del coronavirus. También, la definición de los fondos europeos que deben materializar las nuevas convocatorias del Perte VEC -el vehículo eléctrico y conectado- del que están pendientes los grandes fabricantes automovilísticos. Mucho mejor está la segunda pata de este Ministerio, la de Turismo. La actividad turística va mejor que nunca, con cifras históricas de visitantes, gasto y empleo y la incógnita de si en 2024 los presupuestos familiares para viajar comenzarán a resentirse. Este Ministerio tenía otra pata, Comercio, que ha pasado a manos de Economía. 

Transición digital

España tiene por primera vez una cartera ministerial de digitalización, que ha acabado recayendo en un perfil que ha sorprendido en el sector. José Luis Escrivá deja las competencias en Seguridad Social y asume las de Transformación Digital con el reto de seguir consolidando a España como polo de una nueva generación de redes de telecomunicaciones e infraestructuras digitales. 

La península ha atraído en los últimos años enormes inversiones de las grandes tecnológicas así como de multinacionales no tan conocidas claves en la fontanería de Internet. Las dos secretarías de Estado que hasta ahora han gestionado este área bajo el mandato de Calviño han conseguido atraer nuevos cables submarinos y centros de datos de referencia continental, como el que Meta construirá en Talavera de la Reina, y gestionado miles de millones de euros en ayudas del fondo de recuperación destinados a las pymes. Además de mantener este camino, Escrivá deberá profundizar en la digitalización de la administración, una labor que ya ha lanzado en su anterior cartera con medidas como la inclusión de algoritmos para detectar infractores. “Seguiré trabajando con especial foco en los más vulnerables”, ha manifestado en su despedida de su actual cartera.

Transportes

Óscar Puente dará un marcado perfil político al nuevo Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que se desliga de la gestión de la vivienda. Puente será el nombre que tenga que diseñar el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Catalunya acordado entre PSOE y Esquerra para despejar el camino al nuevo Gobierno progresista. Un traspaso del servicio ferroviario que nace con un enfrentamiento con los representantes de las plantillas de Adif y Renfe, que han convocado paros en protesta por la segregación de dos empresas públicas y el temor a que las plantillas vean recortados sus derechos. Además, Puente tendrá que concretar uno de los compromisos de Pedro Sánchez en el debate de investidura: la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y personas desempleadas, que tiene que coordinarse con las administraciones regionales. Y tiene una ley por delante: la de Movilidad sostenible, en la que no solo irá el nuevo mapa concesional de autobuses, también el rediseño del sistema ferroviario, para potenciar las mercancías, que se ha pactado con Bruselas. De momento, se ha eliminado la imposición de peajes en las autovías. 

Agricultura

Luis Planas repite en Agricultura y se convierte en uno de los nombres que acompañan a Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa. De él se valora su experiencia y sus cordiales relaciones con el sector. En la última legislatura logró sacar adelante la Ley de la Cadena alimentaria, pero se le quedó en cartera la de Desperdicio Alimentario, que ya se estaba negociando en el Senado. Este texto, que ahora tendrá que volver a empezar la tramitación es esencial para evitar que 1.300 millones de kilos de comida, que aún puede consumirse, acaben cada año en la basura. Además, Planas tendrá que abordar la primera Ley de la Agricultura Familiar, que busca proteger y facilitar la continuidad de las explotaciones familiares con arraigo en el territorio y poner más difícil que los grandes fondos de inversión se lancen a la compra de explotaciones agrícolas y ganaderas. Tendrá que abordar el Ministerio, como el creciente impacto de la sequía, el nuevo modelo de regadíos y la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

Información elaborada por Daniel Yebra, Laura Olías, Cristina G. Bolinches, Diego Larrouy, Antonio M. Vélez y Carlos del Castillo.

El Consejo de Ministros de este martes ha autorizado a Cantabria a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 35 millones de euros para la financiación del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).

Según defiende Moncloa, la autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Cantabria había solicitado autorización para formalizar un préstamo a largo plazo entre el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un importe máximo de 35 millones de euros para la financiación del proyecto denominado 'Cantabria Prehistoric Museum' (MUPAC).

El ICAF forma parte del sector de administraciones públicas de la Comunidad y la autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2023.

Nueva investigación penal sobre Ferrovial en Europa del Este, en este caso, en Eslovaquia, por presuntos delitos medioambientales en la construcción de una autopista de más de 1.000 millones de euros, uno de los mayores proyectos de la historia de ese país.

La constructora de la familia del Pino tiene abiertas dos investigaciones criminales allí por hechos que, según la concesionaria del proyecto, de confirmarse pueden comprometer la financiación de la infraestructura, para la que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) aportaron en 2016 más de la mitad de la inversión prevista, 576 millones.

El pasado 2 de junio, unas semanas después de que los accionistas de la constructora aprobaran por abrumadora mayoría el polémico traslado de la matriz del grupo a Países Bajos, llegó la última denuncia. La policía de Bratislava presentó nuevos cargos por un presunto delito de daño al medio ambiente contra D4R7 Construction SRO, filial eslovaca de Ferrovial (65%) encargada de construir la autopista junto a la austriaca PORR (35%).

A finales de 2015 se adjudicó la construcción y explotación, durante 30 años, de un anillo de circunvalación en la capital eslovaca por 1.010 millones, a un consorcio liderado por Ferrovial. Fue su primer proyecto en ese país y “una de las mayores obras llevadas a cabo en Europa mediante colaboración público-privada”, como la definía en 2021, y utilizó la fórmula conocida como PPP, muy poco explotada hasta entonces en Eslovaquia.

Fue el tercer proyecto de estas características allí, tras dos experiencias fallidas. Actualmente, los accionistas de la concesionaria son Cintra, filial de Ferrovial, y la australiana Macquarie, con un 35% cada uno, el fondo escocés Abrdn (20%) y PORR (10%).

Ferrovial ha aportado algunas pinceladas de la última denuncia presentada en junio en documentos remitidos a la Bolsa de Irlanda, donde tiene registrada una emisión de bonos, y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

Según Ferrovial, “se alega que entre mayo y diciembre de 2018, en determinadas parcelas protegidas situadas en Blatná na Ostrove”, al sureste de la capital eslovaca, “D4R7 causó daños medioambientales cuantificados en 6.594.188,76 euros, al extraer más de 200.000 toneladas de tierra sin permiso”. 

“Dado que las acusaciones se presentaron recientemente, no se dispone de información adicional. D4R7 rechaza estas acusaciones”. “No se ha dotado ninguna provisión por este concepto”. Ferrovial ha presentado ya respuesta a los nuevos cargos, según fuentes del grupo.

Esta denuncia se suma a otra presentada en junio de 2019 por la Jefatura provincial de la Policía nacional en Bratislava contra la Joint Venture encargada de construir la autopista, por supuestos delitos de riesgo y daños al medio ambiente.

En este caso, según ha explicado Ferrovial a la CNMV, por excavar ilegalmente tierra en dos parcelas de Jánošíková, también al sureste de Bratislava. Los presuntos daños y perjuicios se cifran en 8,7 millones. Ferrovial considera “improbable que la investigación genere algún riesgo, por lo que no se ha reservado ninguna provisión con respecto a este litigio”.

Menos optimista es la empresa que gestiona la concesión, la sociedad británica Zero Bypass Limited. Tanto esta firma como su auditor, Mazars, advierten en sus cuentas de 2022, formuladas en julio y recientemente remitidas al Registro Mercantil de Reino Unido, que estas investigaciones y la falta de licencia final para el proyecto suponen “una incertidumbre material que puede arrojar una duda significativa sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento”. 

El proyecto, cuya inauguración anunció Ferrovial en 2021, acumula “retrasos considerables debido a que la autoridad contratante no ha facilitado permisos de construcción válidos”. Esto ha impedido obtener “el permiso final de ocupación en una fecha aceptable para los prestamistas”, se lee en esas cuentas.

Entre esos prestamistas sobresalen los dos grandes organismos multilaterales europeos de crédito. El más importante es el BEI, la entidad supranacional que aspira a presidir a partir de enero la actual vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño. En 2016 este organismo se comprometió a financiar la infraestructura con 426 millones. El BERD aportó otros 150 millones.

La concesionaria afirma en sus cuentas que “el permiso final de ocupación del proyecto debería ser obtenido en noviembre de 2023, como muy tarde”. Ferrovial, a preguntas sobre este asunto, reconoce que sigue sin tener ese permiso, pero sí cuenta con la aprobación “provisional”. Recuerda que entre el 19 de julio de 2020 y el 12 de noviembre de 2021 “se han abierto al tráfico todos los segmentos de la autopista”. La infraestructura está en servicio y “únicamente falta completar trabajos menores que no impiden el uso de la misma”.

Según Ferrovial, “la obtención del certificado final es fundamentalmente un conjunto de trámites burocráticos, y en su mayoría dependen de diferentes administraciones”.

El principal escollo “es que la Administración concedente no quiere llevar a cabo determinadas obras que dependen de ella, ni realizar determinadas medidas medioambientales requeridas por el BEI, por eso ha decidido actuar como si se hubiera obtenido el certificado final de todas las obras. ”Y está pagando a la concesionaria íntegramente el pago por disponibilidad de la infraestructura“, añade Ferrovial en un correo electrónico.

La concesionaria explica en sus cuentas que en abril de 2019 el contratista de la obra, la joint venture de Ferrovial y PORR, fue acusado de “cargos de supuesta extracción ilegal en un pozo” y, en junio de 2021, “por cargos de supuestos vertidos ilegales de agua”, delitos que, de confirmarse, reconoce, supondrían “un quebrantamiento de los acuerdos financieros” con esos dos organismos europeos.

Otro tanto ocurre con el nuevo procedimiento abierto en junio de 2023: “Podría constituir un delito penal y en consecuencia, un incumplimiento de los acuerdos financieros”, admite en sus cuentas.

A la vista de estos retrasos y de las acusaciones sobre la contratista de las obras, la concesionaria advierte del “riesgo de que los bancos dejen de financiar el proyecto después del 29 de noviembre de 2023”, un escenario eso sí “poco probable”.

En esa fecha expira un waiver [dispensa] solicitado a los bancos para que no ejerzan su derecho a declarar el pago anticipado de la deuda por no haberse obtenido el certificado final.

Ferrovial explica que “la deuda ya ha sido íntegramente dispuesta” y que ante la próxima expiración de ese plazo el próximo día 23, la concesionaria va a negociar otro waiver. Los bancos han comunicado “verbalmente” que no tienen intención de exigir ese pago anticipado, pero “quieren presionar al concedente para que cumpla con sus obligaciones medioambientales”, señala la compañía de los Del Pino.

Como no hay constancia “por escrito” de esa voluntad de los bancos, el auditor de esa sociedad británica ha decidido incluir esa advertencia, según Ferrovial, que subraya que “no hay un riesgo real de que los bancos declaren un incumplimiento”.

La relación entre los socios de ese PPP tampoco está siendo pacífica. Las constructoras han reclamado una compensación de 6,4 millones en intereses de demora a la concesionaria. Las partes han acordado designar un experto independiente para dirimir el conflicto. Según fuentes de Ferrovial, la reclamación se basa en retrasos en el pago de certificaciones. “Este tipo de desavenencias pueden considerarse normales en este tipo de contratos”.

En sus cuentas, Zero Bypass acusa al contratista de la obra (Ferrovial y la austriaca PORR) de incumplir “repetidamente” sus obligaciones sobre plazos y de violaciones de las leyes ambientales y sectoriales eslovacas que “llevaron a congelaciones temporales en la liberación de los fondos de los prestamistas” entre 2017 y 2022.

Laudo de 41 millones

También está siendo tensa la relación con el gobierno eslovaco, al que la concesionaria denunció ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio en Viena (Austria). El 25 de noviembre de 2021, un laudo dio la razón a Zero Bypass y le reconoció una indemnización de 41,44 millones que fue satisfecha por las autoridades polacas en diciembre de 2021.

La disputa se basaba, según Ferrovial, “en una reclamación de plazo y precio al Ministerio de Transporte con motivo del incumplimiento, por su parte, de los plazos para poner a disposición del contratista los Permisos de construcción necesarios para la ejecución del proyecto”. El tribunal arbitral falló en favor de la concesionaria y de la constructora y reconoció que tenían derecho a mayor plazo y a una indemnización por sobrecostes.

La nueva investigación criminal contra Ferrovial está en manos del Presidium del Cuerpo de Policía de Eslovaquia para el Centro Nacional de Tipos Especiales de Delincuencia, División de Investigación de Sustancias Peligrosas y Delitos contra el Medio Ambiente en Bratislava. 

En 2019, al arrancar las pesquisas, el medio local Glob.sk aseguró que se investigaba si para construir esa autopista se habían utilizado residuos contaminados procedentes de vertederos, con el riesgo de que esos materiales tóxicos contaminaran el mayor depósito de agua potable del país, el de Žitný Ostrov.

En marzo de 2019, la policía de Bratislava llevó a cabo 11 registros y practicó cuatro detenciones. Entre ellas, la del español Javier H., manager de uno de los tramos del proyecto y “director de D4R7”, informaron medios locales. Según Ferrovial, en junio de 2020 el Fiscal competente del caso dictó resolución por la que se retiraron los cargos contra esta persona, que no trabaja en el grupo desde septiembre de ese año, “por considerarle no responsable de los hechos”.

Ferrovial explica que “en junio de 2021 D4R7 fue imputada por manejo desautorizado de materiales de excavación, no por vertidos ilegales de aguas. Tras la investigación, el fiscal General competente resolvió en marzo de 2022 que la imputación era ilegal y ordenó el archivo del procedimiento por considerar que no se daban los elementos para considerar la actuación como delictiva”. “La autopista tiene los permisos y no hay ninguna investigación por uso de material contaminado en la actualidad”.

El proyecto comprendió el diseño, construcción y explotación hasta 2050 del anillo de circunvalación al este de Bratislava, con una nueva autopista (D4) de 27 kilómetros alrededor de la capital, conectando las principales vías existentes, y una nueva radial (R7) de 32 kilómetros entre Bratislava (Prievoz) y Holice.

La infraestructura incluye un gran puente sobre el río Danubio para conectar los puntos de entrada más utilizados al condado de Bratislava, con el riesgo que suponía atravesar zonas protegidas por la Red Natura 2000 y un bosque fluvial.

Esta no es la única investigación criminal a Ferrovial en Europa del Este. Polonia investiga desde este año supuestos sobornos para la obtención de 128 millones en contratos de recogida de basura del Ayuntamiento de Varsovia para su filial de servicios en ese país, en lo que la Agencia polaca Anticorrupción ha bautizado como “el escándalo de la basura”. 

La compañía despidió a tres directivos de su filial que fueron detenidos, incluyendo al presidente de esa filial, Artur Pielech, al que Ferrovial pagó cerca de 384.000 euros en 2022, antes de estallar el escándalo. Tras su despido, nombró en su lugar al español Álvaro García Martínez. Por estos hechos también fue detenido un exministro del PP polaco.

El tiempo se va agotando y los números aún no dan para cubrir la plaza que se quedará libre el 1 de enero de 2024 en la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Los grandes de la UE, Francia y Alemania, se están haciendo de rogar y la vicepresidenta española Nadia Calviño aguarda el posicionamiento de esos países, que será clave para su futuro. Calviño aspira a la presidencia de esa institución y tiene como gran rival a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. Pero hay otros tres candidatos (el italiano Daniele Franco y los actuales vicepresidentes del BEI, la polaca Teresa Czerwińska y el sueco Thomas Östro).

Con cinco nombres sobre la mesa, es imposible que alguno de los candidatos consiga los apoyos suficientes (18 Estados miembros que representen el 68% del capital del banco). Por eso el ministro belga de Finanzas, Vincent van Peteghem, ha instado a los grandes países a posicionarse para allanar el camino. Al belga le corresponde ordenar el proceso de sucesión del BEI como presidente rotatorio de la junta de gobernadores de la institución y ha reconocido que este jueves, en la cita con sus homólogos de la UE, informará sobre “el estado” del proceso y meterá algo de “presión”.

“Es importante que los grandes accionistas dejen clara su posición”, ha dicho Peteghem, que se ha mostrado “convencido” de que una vez que lo hagan se dará un impulso a la decisión para que se “avance rápido”. “El tiempo se está acabando”, ha reconocido a su llegada a la reunión del Eurogrupo, al mismo tiempo que no espera que en el encuentro de este jueves se den “pasos formales”.

El ministro belga ha admitido que “por el momento” los grandes países no le han hecho llegar sus preferencias, a pesar de que el alemán, Christian Lindner, aseguró que ya había una decisión tomada en el seno del Gobierno tripartito de Olaf Scholz, donde los socialdemócratas se inclinaban por Calviño mientras que los liberales apostaban por la danesa Vestager. La elección de la vicepresidenta del Bundesbank, Claudia Buch, en detrimento de la española Margarita Delgado para el supervisor bancario europeo se interpretó como un guiño hacia Alemania en esa carrera.

Francia tampoco ha adelantado sus planes. Lo que ha asegurado Calviño es que la competición por albergar la sede de la Autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés) no será una moneda de cambio por el BEI. España presentó formalmente la candidatura de Madrid, que se enfrenta a París, Viena o Fráncfort.

La vicepresidenta española ha asegurado que “el Gobierno ha estado comprometido con la candidatura de Madrid”. De hecho, se presentó oficialmente este martes en Bruselas por parte del secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo; el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra; y el director general de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid, José Francisco Herrera. “La candidatura de Madrid es fuerte y la hemos apoyado”, ha expresado en respuesta a las preguntas de los periodistas. “Confirmo que se trata de dos procesos que no tienen relación”, ha agregado sobre su carrera por el BEI.

Calviño ha evitado pronunciarse sobre el proceso o la necesidad de que se retire alguno de los candidatos para que el proceso salga adelante. “Es importante que una institución tan importante tenga su presidente el 1 de enero”, ha señalado: “No me corresponde a mí valorar las decisiones de los demás candidatos”. “La candidatura de España es fuerte y tenemos fuertes apoyos”, se ha limitado a decir Calviño, que esperaba que la decisión se hubiera tomado en la reunión de ministros de Economía de Santiago de Compostela, donde se presentaron el resto de candidatos, y después en el Ecofin de Luxemburgo, pero el proceso se ha ido dilatando.

A Calviño, en tanto y cuanto ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que es a quien corresponde pilotar las negociaciones de los 27, también se le están resistiendo las nuevas reglas fiscales. Su intención era presentar una propuesta legal para el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento hace un mes, pero las profundas discrepancias de los socios europeos, especialmente de Francia y Alemania, están complicando los planes.

La presidencia española ha vuelto a repartir un documento con ajustes que permitan acercar las posiciones de Alemania y Francia para tratar de perfilar los puntos más conflictivos antes de presentar el texto legislativo. Fuentes de la negociación reconocen que el asunto se dilatará al menos hasta diciembre y que puede ser necesaria una reunión extraordinaria de los ministros de Economía después de la fijada para ese mes con el objetivo de cumplir el compromiso de cerrar una posición antes de que acabe el año.

“Es evidente que se trata de un expediente extremadamente complejo con puntos de partida muy diferentes”, ha reconocido Calviño: “Hemos avanzado mucho bajo la presidencia española y vamos a poder presentar una propuesta de pista de aterrizaje que pueda servir de base para lograr un acuerdo equilibrado. La presidencia española ha trabajado con una gran ambición y ha estado impulsando este trabajo”. 

El ICO (Instituto de Crédito Oficial) será la principal ventanilla de los préstamos del Plan de Recuperación entre 2024 y 2026. El banco público administrará 40.000 millones de la financiación europea. La cifra es casi la mitad de todo el dinero para prestar en condiciones ventajosas a los que tiene derecho España, según la adenda al programa Next Generation EU a la que esta misma semana dio el visto bueno la Comisión Europea.

Los 40.000 millones están dirigidos a familias, empresas y emprendedores, también a la construcción de vivienda social y los canalizarán los bancos comerciales. El resto, hasta los cerca de 83.000 millones de euros, se reparten entre los 20.000 millones que tendrá a su disposición las comunidades autónomas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en un instrumento de  2.157 millones de euros de ciberresiliencia y seguridad y en otros fondos para apoyar inversiones productivas que gestionará Cofides (Compañía española de financiación del desarrollo).

Tras confirmarse estas cifras, esta misma semana, la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) dio un toque de atención sobre la ineficacia del ICO y del resto de instrumentos financieros públicos en el pasado. La evaluación no pudo llegar en un momento más oportuno, apenas a unos meses de que empiece a llegar el dinero europeo para prestar en un contexto de subidas de los tipos de interés en el que puede ser clave para apoyar el crecimiento y la transformación de la economía.

Esta financiación se puede considerar una segunda fase de Plan de Recuperación, que se suma a las transferencias de otros más de 70.000 millones, de los cuales España ya ha recibido algo menos de 40.000 millones en tres pagos. Esta segunda fase permitirá que se pueda acceder a préstamos a un menor tipo de interés respecto al obtenido por el Tesoro Público y con largos plazos de amortización.

El tipo de interés dependerá fundamentalmente del coste de financiación asociado a las emisiones de deuda de la Comisión Europea (los bonos del Next Generation EU) durante el semestre en el que se realiza cada desembolso de los préstamos. Actualmente, el diferencial con las emisiones de referencia de nuestro país es de 0,25 puntos. Es decir, (en cifras aproximadas) si España coloca su deuda al 4%, la Comisión la viene colocando al 3,75%, más barata, y ese será tipo de los préstamos del Plan de Recuperación. Por otra parte, tendrán un plazo de amortización de 30 años, con 10 años iniciales de carencia en el pago de principal.

Estas condiciones no existen en el mercado. “Son muy ventajosas”, defienden desde el Ministerio de Asuntos Económicos. Pero existe el riesgo de que no haya demanda de las empresas y las familias por “los fallos” que históricamente ha habido en la concesión de crédito público, según advirtió la AIReF en su última evaluación del gasto público, que aborda el periodo entre 2010 y 2019.

Concretamente, los 40.000 millones de los que dispondrá el ICO en los próximos 3 años se dividen en distintas líneas. La ICO-Verde (22.000 millones) para facilitar créditos a hogares y empresas privadas y públicas para la realización de inversiones que favorezcan la transición verde, como la generación de energía renovable, la eficiencia energética o la economía circular. La ICO Empresas y Emprendedores (8.000 millones) para financiar inversiones en el tejido empresarial. El fondo Spain AVS Hub (1.500 millones) para aumentar en un 30% la producción del sector audiovisual y de videojuegos de España. El fondo ICO Next-Tech (4.000 millones) para startups españolas en tecnologías disruptivas. Y en un último fondo para incrementar el parque de vivienda social y de alquiler asequible dotado con 4.000 millones de euros.

“La utilización efectiva de toda la financiación va a depender de las empresas”, aseguran fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, que aclaran que “los préstamos cuentan como deuda pública”, pero solo afectarán al déficit presupuestario (la diferencia entre ingresos y gastos. que se cubre con deuda) si se producen impagos. “Se van integrar en el plan de financiación del Tesoro Público”, reconocen desde el Ministerio de la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

Estas mismas fuentes descartan que estos 83.000 millones de deuda que se tendrá que apuntar el Tesoro entre 2024 y 2026 vayan a impedir que se siga reduciendo la ratio de endeudamiento (deuda pública/PIB). Un objetivo que se marcará en las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se activarán el próximo año. Al contrario, defienden que bajará el coste medio de las nuevas emisiones (en los últimos meses ha escalado a máximos de los últimos años: aquí hay más información) y del mismo modo alargará el vencimiento promedio. Este 2023, pese al déficit superior al 3%, se espera que el endeudamiento se quede por debajo del 110% gracias al crecimiento del PIB, tras llegar a superar el 120% en 2020.

El papel central del ICO

La Autoridad fiscal recoge en su informe que, en el período de 2010 a 2019, el ICO concedió financiación para el apoyo a sectores productivos por importe de 124.000 millones, en 1,5 millones de operaciones (84% de la financiación total concedida). Incluyendo el apoyo a la internacionalización concedió 144.000 millones (70% del total). En el momento de mayores necesidades de liquidez (2010-2012) inyectó en la economía algo más de 67.000 millones.

En la pandemia, de nuevo, el Instituto de Crédito Oficial volvió a ser crucial, aunque sobre todo las líneas de avales, diseñados para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la COVID-19.

“Su principal instrumento es la línea de mediación, que consiste en traspasar el dinero a entidades financieras para que éstas concedan los préstamos a las empresas. El riesgo de crédito lo asume la entidad financiera (a excepción de la línea ICO Liquidez)”. Y es un sistema que “permite una gran capilaridad al utilizar la red comercial de las entidades financieras y que ha permitido reducir el coste de la financiación a las empresas”, explica la AIReF.

El primer fallo que identifica la evaluación es que “la decisión sobre la concesión de la financiación reside en última instancia en la entidad financiera”, por lo que una mayor aversión al riesgo en fases de contracción de la actividad económica o recesión “limita su alcance”. Es decir, son los bancos los que deciden si conceden o no los préstamos, y su búsqueda del máximo beneficio y el control de riesgos pueden chocar con la necesidad del crédito barato llegue al conjunto de la economía real, y que se quede solo en las grandes empresas y más solventes.

Otro fallo detectado por la AIReF que amenaza también la eficacia de los préstamos del Plan de Recuperación es la descoordinación entre los diferentes instrumentos financieros, que ha supuesto “solapamientos” en la oferta y en la concesión de financiación.

Por último, la Autoridad fiscal expone datos de una encuesta a empresas sobre la financiación pública que muestran un escaso conocimiento de los instrumentos disponibles (a excepción de Fond-Ico Pyme e ICO Empresa y Emprendedores) y que debería subsanarse ante el despliegue del Next Generation EU. El 83% de las empresas encuestadas no conocen los instrumentos y menos del 4% los conocen y los han utilizado.

Este desconocimiento se acrecienta en pymes (pequeñas y medianas empresas), con pocos recursos humanos especializados. “En países de nuestro entorno existen portales que centralizan la información de distintos agentes e instrumentos. Mientras, en España sólo la Plataforma PYME realiza una tarea similar, aunque limitada en su alcance (escasa coordinación y pocos medios asignados)”, incide la AIReF.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado una financiación marco de hasta 1.700 millones de euros con Solaria que financiará la construcción de unas 120 plantas fotovoltaicas de la compañía. Estas instalaciones estarán situadas en España, principalmente en Italia y Portugal y contarán con una capacidad total aproximada de 5,6 GW y una producción estimada de 9,29 Teravatios-hora al año. Se prevé que las plantas fotovoltaicas estarán operativas antes de finales de 2028. Esta operación supone el proyecto de financiación más ambicioso de Solaria hasta la fecha.

Este proyecto cuenta con el respaldo del programa InvestEU, que pretende movilizar más de 372.000 millones de inversión adicional en el periodo 2021-2027. La operación se encuadra en la política específica de ‘Infraestructuras Sostenibles’ del programa InvestEU y apoyará la consecución de los objetivos de políticas bajo el Pacto Verde Europeo a través de un suministro de electricidad equivalente al consumo medio anual aproximado de dos millones y medio de hogares y una reducciónde la emisión de gases de efecto invernadero equivalente a unos tres millones de toneladas de CO₂ al año. El proyecto contribuirá a la cohesión social y económica, acelerando la transición verde y fortaleciendo la seguridad del abastecimiento de energía en la Unión Europea.

La operación se desarrollará mediante la firma de varios préstamos, bajo la estructura definanciación de proyecto (Project Finance) a largo plazo, a los que se adherirán entidades financieras bajo esta financiaciónmarco. El primer préstamo bajo el paraguas de esta financiación marco ha sido firmado por un total de 278 millones de euros para la construcción de plantas fotovoltaicas con una capacidad total instalada de unos 1,08 GW.

Más de un tercio de la capacidad instalada estará localizada en las regiones menos desarrolladas de la UE, regiones con una renta per cápita por debajo del 75% de la media de la Unión Europea. El impulso al empleo en las regiones donde se desplegarán las plantas es notorio puesto que los proyectos generarán unos 11.100 puestos de trabajo al año durante la fase de construcción, según las estimaciones del BEI.

Acciones del paquete de apoyo específico al Plan REPowerEU

El préstamo se enmarca en las acciones del paquete de apoyo específico del BEI al plan REPowerEU, mediante el que la UE busca reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles incrementando la eficiencia energéticae impulsando la producción de energía renovable.

“Con este proyecto que cubre tres mercados en la UE, el BEI ponede manifiesto su firme compromiso con las energías limpias contribuyendo a asegurarque los europeos convivan en un marco donde la seguridad del suministro energético y el acceso a la energía sosteniblesean una garantía”, declaró el vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix, durante el acto de firma celebrado en Madrid. “Como Banco del Clima, nos complace volver a unir fuerzas con Solaria para seguir impulsando la transición energética de la UE, así como el crecimiento económico y de empleo en regiones menos desarrolladas de países con un gran potencial para las energías renovables, como son España, Portugal e Italia”.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, destacó: “Esta importante operación es una gran demostración de la capacidad del programa InvestEU para apoyar de manera significativa la transición de Europa hacia la neutralidad climática y la independencia energética. El proyecto facilitará hasta 1.700 millones de euros de financiación para nuevas plantas fotovoltaicas en España, Italia y Portugal. Se trata de una buena noticia tanto para el clima como para nuestra economía: no sólo ayudará a abastecer de energía limpia a millones de hogares, sino que también creará miles de puestos de trabajo en la fase de construcción en las regiones en las que se implantarán”.

“Es un orgullo para nosotros contar una vez más con la confianza del BEI, en esta ocasión, para hacer realidadla mayor operación de financiación de nuestra historia. Con este dinero construiremos 5,6 GW de energía solar fotovoltaica en España, Italia y Portugal, con el objetivo de seguir acelerando la transición energética”, explicó el presidente de Solaria Energía y Medio Ambiente, Enrique Díaz-Tejeiro. “Gracias a este proyecto superamos las necesidades de financiación para cumplir con nuestra hoja de ruta de alcanzar 6,2 GW en 2025”.

El BEI y la seguridad energética

En 2022, el Grupo BEI ha comprometido financiación por un valor superior a los 17.000 millones de euros para la transición energética en Europa. En España, esta prioridad de acción del Banco del Clima alcanzó en el mismo ejercicio la cifra récord de 3.197 millones, que se destinaron a la financiación de proyectos de energía sostenible y recursos naturales (segundo país de la UE por volumen de financiación). Estas inversiones están ayudando a Europa a “superar la crisis provocada por el recorte repentino del suministro de gas ruso derivado de la injustificada agresión de Rusia contra Ucrania”.

En julio de 2023, el Consejo de Administración del BEI decidió aumentar hasta 45.000 millones de euros los fondos asignados a proyectos de REPowerEU, el plan diseñado para acabar con la dependencia europea de las importaciones de combustibles fósiles. Esta financiación adicional viene a sumarse al ya importante apoyo del BEI a las inversiones en energía sostenible, y supone un aumento del 50% con respecto al paquete original de €30.000 millonesasignados a REPowerEUanunciado en octubre de 2022.

Puede obtener más información sobre el apoyo del BEI al sector de la energía aquí.

Nadia Calviño jugaba en casa. Su intención es que los ministros de Economía de la UE la auparan a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la reunión informal que mantienen este viernes y este sábado en Santiago de Compostela. Y, salvo sorpresa mayúscula de última hora, no va a ser así. Al responsable económico del Gobierno belga, Vincent Van Peteghem, le corresponde organizar el proceso de elección y, en principio, se limitará a lanzar el procedimiento.

La posibilidad de que la decisión se tomara en Santiago, la tierra natal de la vicepresidenta económica, había despertado suspicacias en el resto de aspirantes, que no han dudado en viajar a Galicia. Lo han hecho la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que está apartada de su cargo durante la carrera; el italiano Daniele Franco, y la polaca Teresa Czerwińska.

Ninguno de ellos estaba invitado a la fiesta, organizada por la presidencia española del Consejo de la UE, pero fueron incluidos en las correspondientes delegaciones de sus países. Fuentes del gobierno polaco explican que tomaron la decisión a principios de agosto y en el equipo de Vestager que fue comunicado a la presidencia española cuando las candidaturas fueron formalmente proclamadas.

Y es que el encuentro con los ministros de Economía -que en esta ocasión incluye también a gobernadores de bancos centrales y representantes de Latinoamérica- era una oportunidad para Calviño de lucirse como anfitriona, pero también de hacer campaña con quienes, al fin y al cabo, tienen la última palabra sobre su futuro.

Aunque la irrupción de Calviño en la carrera arrebató a la danesa Vestager el puesto de favorita, no hay un consenso en torno a la elección del próximo presidente del BEI, que tiene que estar en su puesto en enero de 2024. “Creo que no tenemos que forzar el proceso. Estamos en un proceso de tener consultas informales e intentar tener un candidato de consenso para el final del proceso. No creo que estemos en ese punto todavía”, ha dicho Van Peteghem para justificar el retraso. “No habrá discusión sobre los candidatos”, apuntalan desde el Ejecutivo belga.

La concurrencia de cinco candidatos -también el sueco Thomas Östro- hace imposible que uno de ellos alcance la mayoría suficiente para ser elegido. Se necesita el respaldo de 18 estados miembros que representen, al menos, el 68% del capital del banco público. Por eso, Alemania, Francia e Italia, como principales accionistas, se convierten en aliados fundamentales.

Y ahí empieza el intercambio de cromos. La elección de la vicepresidenta del Bundesbank, Claudia Buch, como responsable del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) allanó un poco más el camino de Calviño. Aunque el ministro de Finanzas, Christian Lindner, ha asegurado a su llegada a Santiago que “hay varios candidatos bien calificados, incluyendo la anfitriona”, ha asegurado que no ha tomado una decisión aún.

“Tiene todas las habilidades necesarias, pero tenemos que hablar con todos los ministros para tomar la decisión final”, ha agregado el francés, Bruno Le Maire, que ha avanzado que hará su apuesta pronto. Prácticamente todas las intervenciones han comenzado con palabras de agradecimiento para la vicepresidenta económica.

La competición por el BEI se ha trasladado a los foros informales de la cita y todos los mandatarios eran conscientes. Incluida la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que preguntada por su aspirante favorito ha respondido con una sonrisa: “Una mujer puede hacer un buen trabajo”. Minutos antes había agradecido a Calviño la acogida en Santiago a través de su cuenta de X (antes Twitter).

La respuesta de Lagarde dejaría fuera de la carrera al sueco y también al italiano Daniele Franco. Respecto al segundo, se ha producido otro movimiento con la elección de Piero Cipollone como miembro del Consejo de Gobierno del BCE para sustituir a Fabio Panetta, algo que no se había puesto en duda, pero que algunas fuentes ven como un gesto hacia Italia que pueda hacer a Franco caer de la carrera.

La candidatura de Nadia Calviño para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) estaba pendiente de lo que ocurriera en Franckfurt este miércoles. ¿Por qué? El consejo de gobernadores del Banco Central Europeo (BCE) tenía que elegir entre la española Margarita Delgado y la alemana Claudia Buch a la futura presidenta del Mecanismo Único de Supervisión. La institución bancaria se ha decantado por la vicepresidenta del Bundesbank en detrimento de la subgobernadora del Banco de España. Esa derrota da alas a Calviño en la carrera por el BEI frente a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Delgado había sido la apuesta del Parlamento Europeo para hacerse con las riendas del MUS, que es el supervisor bancario europeo, la única pata de la Unión Bancaria que se ha puesto en marcha. Sin embargo, el consejo de Gobierno del BCE se ha decantado por Buch, la vicepresidenta del Bundesbank. La Eurocámara, que también hizo una valoración positiva de la alemana, votará la designación el miércoles que viene y, en su caso, los 27 tendrán que ratificar la decisión.

¿Y por qué la elección de Duch allana la carrera de Calviño por el BEI? Aunque la pelea por la presidencia del banco con sede en Luxemburgo no está cerrada, el paso adelante que dio Calviño en agosto arrebató de forma automática la condición de favorita a Vestager, la comisaria danesa. La decisión, no obstante, no obedece al tradicional juego de mayorías de las instituciones europeas sino que los países que más aportan al BEI tienen mayor peso en la votación. Así, Alemania, Francia, Italia y España son claves.

Una de las debilidades de Calviño era la enorme presencia de españoles al frente de organismos económicos en el seno de la UE: Luis de Guindos (vicepresidente del BCE); José Manuel Campa al frente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA); el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como presidente del Comité de Basilea, y Fernando Restoy en el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) del Banco de Pagos Internacional (BPI). La elección de Delgado se habría sumado a esa lista.

Además, la elección de la vicepresidenta del Bundesbank facilita el intercambio de cromos con Alemania, que todavía no se ha pronunciado sobre su aspirante favorita. También opera el componente político. El canciller es socialista pero Olaf Scholz lidera una coalición con los liberales y verdes. El ministro de Finanzas es liberal, aunque tanto él como Calviño siempre han mostrado sintonía. Algunas fuentes consideran que una de las ventajas de Calviño es que la elección depende de sus homólogos de los 27.

El Ministerio de Economía dio por hecho que la elección de la presidencia del BEI se produciría en la reunión informal del Ecofin que se celebrará este viernes y este sábado en Santiago de Compostela. Sin embargo, parece que el asunto se limitará a unos primeros contactos informales y que se retrasará hasta la cita de octubre en Luxemburgo, para que, pase lo que pase, Calviño no juegue en casa.

Nadia Calviño vuelve a competir en la UE. La vicepresidenta económica, curtida en las instituciones europeas antes de su salto a la política de la mano de Pedro Sánchez, ha comenzado la campaña con la que aspira a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Con la derrota en su intento por presidir el Eurogrupo aún en la retina, tiene enfrente a una candidata potente, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que este martes se apartó temporalmente de su puesto en Bruselas ante el inicio de una carrera en la que se trufan numerosos intereses en el seno de los 27. 

El resultado no dependerá exclusivamente de las capacidades de las aspirantes sino de una negociación que en parte será la antesala del reparto de sillones de los denominados ‘top jobs’ de la próxima configuración de las instituciones europeas tras las elecciones de junio de 2024. Por eso la diplomacia está funcionando ya entre bambalinas. 

En plena competición, Calviño ha volado a Bruselas. El motivo era mantener reuniones con varios comisarios para la preparación de eventos relacionados con la presidencia española del Consejo de la UE, pero ha aprovechado su viaje para participar en un foro organizado por el reconocido 'think tank' Bruegel y lanzar un mensaje sobre el BEI: “Es una institución muy sólida que, en mi opinión, debería reforzarse aún más de cara al futuro. Y creo que es un momento muy desafiante, pero también una tarea muy inspiradora”. 

Y, sobre todo, ha presentado la suya como una ‘candidatura de país’: “España ha presentado una candidatura fuerte para tratar de tener por primera vez a una persona española y a una mujer a la cabeza del BEI”. Con un capital de 248.800 millones, el BEI es el banco público más grande del mundo y se encarga de financiar proyectos en la UE, entre ellos los relacionados con la agenda verde. Sus accionistas son los Estados miembros y la elección del presidente requiere de mayoría pero teniendo en cuenta también el peso económico que aportan. España es, por tanto, el cuarto país más importante de la institución, después de Alemania, Francia e Italia, que se convierten en socios clave. 

Calviño comunicó a la Comisión Europea que España sobrepasaría el plazo de presentación de candidaturas hasta que pasaran las elecciones generales para no interferir y aguardó hasta el mes de agosto. Hasta ese momento la danesa Margrethe Vestager era la clara favorita. La comisaria de Competencia aspira al puesto tras dos mandatos en la Comisión Europea en los que ha destacado por su batalla –no siempre fructífera– contras las denominadas ‘big tech’.

“Lo que está claro es que va a ser una pelea de dos”, coinciden varias fuentes consultadas en referencia a los otros candidatos que se han postulado: la polaca Teresa Czerwińska y el sueco Thomas Östro, actuales vicepresidentes del BEI; e Italia ha posicionado a Daniele Franco, aunque hay quien le ve fuera de la carrera para sustituir a Fabio Panetta en su puesto en el BCE. “El calibre de los candidatos es lo que explica que nosotros solo tuviésemos oportunidades con una vicepresidenta del Gobierno, cualquier otra candidatura sería dar la batalla por perdida”, expresó Calviño sobre su propia candidatura en una entrevista en Onda Cero.

Ganarse a Berlín y París más allá del eje socialistas-liberales

Los liberales de Renew han pedido su apoyo para Vestager, que forma parte de su familia política, y los socialdemócratas han arropado a Calviño, a la que han cedido el discurso inaugural este miércoles, aunque no se ha mencionado expresamente la carrera. Pero el proceso es mucho más complejo que eso. En este caso el Parlamento Europeo no tiene ni voz ni voto, como sí ocurre en otras designaciones, y la decisión la tienen las capitales. Por ahora prácticamente ningún país ha desvelado sus cartas en público y todo está abierto, según reconocen las fuentes consultadas.

Vestager, como danesa, aspira a conseguir el apoyo de los conocidos como países frugales (Dinamarca, Austria, Holanda y Suecia), de los más ricos y contribuyentes netos al presupuesto comunitario de la UE, pero con posiciones más duras en lo que respecta al gasto público. Es decir, abogan por la austeridad: enemigos de los presupuestos expansivos, de los fondos de cohesión y de seguir ayudando a la agricultura.  

Ahora bien, todas las miradas se fijan fundamentalmente en Berlín y París, que pueden inclinar la balanza claramente. En Alemania el canciller es socialista pero Olaf Scholz lidera una coalición con los liberales y verdes. El ministro de Finanzas es liberal, aunque tanto él como Calviño siempre han mostrado sintonía. Precisamente hay quien piensa que ser ministra de Economía juega a su favor dado que la decisión la ejecutan sus colegas. 

En el caso de Emmanuel Macron, forma parte de la familia política de Vestager a nivel europeo, pero han tenido bastantes choques en los últimos tiempos. El último fue por el nombramiento de la economista estadounidense Fiona Scott Morton como jefa de la dirección general de Competencia de la Comisión Europea. Francia se quejó de que ese puesto lo ocupara alguien sin nacionalidad europea. Profesora en la prestigiosa Universidad de Yale y miembro del equipo económico de Barack Obama, también hubo recelos por su labor como asesora de grandes compañías, como Apple o Amazon, que tienen pugnas en el área de competencia en la UE. Al final renunció. 

Vestager también puso cara al veto de Bruselas a la fusión de Siemens y Alstom, que pretendían convertirse en un gigante ferroviario. Pero su departamento concluyó que rompería la competencia. La decisión irritó a Francia y Alemania. París también pretende que el BEI financie la nuclear, que es su principal fuente de energía. A priori ambas lo rechazan –así lo ha manifestado el Gobierno de España en el debate a través de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera–, pero Calviño evitó posicionarse. “Lo que marca la orientación del BEI, como no puede ser de otra forma, es lo que determinen los reglamentos comunitarios que se acuerdan entre los distintos países, no es una persona la que determina lo que se puede financiar”, se limitó a decir en Onda Cero.

Una elección previa determinante

La decisión sobre la presidencia del BEI está prevista para la reunión que mantendrán los ministros europeos de Economía en una cita en Santiago de Compostela entre el 14 y el 16 de septiembre. El resultado de esa competición puede estar condicionado, según apuntan algunas fuentes, por lo que ocurra en Frankfurt un día antes de que comience esa cita. El consejo del BCE tiene que elegir quién preside el Mecanismo Único de Supervisión. Al puesto optan la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que cuenta con el respaldo de la Eurocámara, por lo que partía como favorita; y la vicepresidenta del Bundesbank, Claudia Buch. 

En Alemania creen que su candidata tiene posibilidades. De imponerse, Calviño seguiría en la carrera del BEI pero si los gobernadores apuestan por la española, su camino se complicaría porque España coparía excesivos puestos de mando en instituciones económicas donde ya tiene a Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE, a José Manuel Campa al frente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA); al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como presidente del Comité de Basilea, y a Fernando Restoy en el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) del Banco de Pagos Internacional (BPI).

El efecto mariposa de la futura negociación

Calviño seguirá al frente de la vicepresidencia “al menos hasta diciembre” logre o no la presidencia del BEI. Si se marcha, Sánchez tendrá que reconfigurar su equipo económico, pero lo que ocurra en esa negociación marcará en buena medida, además, la designación y peso del futuro miembro español en la Comisión Europea dado que todo el mundo da por hecho que Josep Borrell no repetirá. Tampoco lo hará el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, con lo que Calviño podría competir. El otro nombre que suena es el de la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la mujer fuerte de Sánchez para defender el Pacto Verde ahora que tiene opciones de seguir en Moncloa. Pero todo eso será una nueva pantalla.

La Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, investiga el paso a Iberdrola España como miembro de su consejo de administración de Emma Navarro, hasta entonces vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En respuesta a la petición de los eurodiputados del grupo Verde Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) y Sven Giegold (Verdes alemanes), la Defensora del Pueblo ha decidido abrir una investigación por el caso de puertas giratorias de Navarro: se incorporó al consejo de administración de Iberdrola un par de meses después de abandonar su cargo en el banco público.

Esta iniciativa llega después de que la comisión de Economía del Parlamento Europeo mostrara “serias preocupaciones sobre el riesgo de conflicto de intereses” por el caso de Emma Navarro, así como intercambios escritos con el BEI donde se solicitaba más información e investigar el caso.

El eurodiputado de En Comú Podem y vicepresidente de los Verdes/ALE, Ernest Urtasun, ha comentado: “Celebramos que la Defensora del Pueblo europea conteste a nuestra denuncia abriendo una investigación por este caso de puertas giratorias. Iberdrola es una de las empresas que más recursos ha recibido del BEI en los últimos años. Emma Navarro como vicepresidenta a cargo de las operaciones de crédito en España, fue la responsable directa de operaciones de cientos de millones de euros con Iberdrola. Es un caso de puertas giratorias, que daña la reputación del banco público más grande del mundo, el BEI”.

Así, este miércoles la Defensora del Pueblo ha respondido a Urtasun y Giegold anunciándoles que la queja es “admisible”, por lo que ha “decidido abrir una investigación”.

“Para examinar el asunto en su totalidad”, dice O'Reilly, “he escrito al BEI con preguntas y una solicitud para examinar el expediente”. En su escrito al BEI, la Defensora del Pueblo explica que “las instituciones europeas deben adoptar una actitud firme al evaluar los casos en los que altos funcionarios dejan la administración de la UE para comenzar a trabajar en el sector privado”.

Por tanto, la Defensora comunica: “He decidido abrir una investigación sobre esta denuncia para examinar la decisión del BEI de aprobar, con condiciones, el nuevo puesto de la exvicepresidenta [Emma Navarro], lo que implicará un examen de las normas éticas del BEI”. Y añade: “A los efectos de mi investigación, es necesario que mi equipo examine los documentos del expediente del BEI sobre su decisión de aprobar la solicitud de trabajo de la exvicepresidenta”.

O'Reilly considera “útil inspeccionar todos los documentos relacionados con las interacciones de la exvicepresidenta con los servicios del BEI; otros miembros del Comité de Gestión del BEI; miembros del Consejo de Administración del BEI; y representantes del Grupo Iberdrola o representantes de cualquiera de las sociedades que lo integran, incluidas las sociedades subholding y las denominadas sociedades cabecera de negocio, en el contexto de las negociaciones de financiación del BEI con el Grupo Iberdrola durante el mandato de la exvicepresidenta”.

“Según el reglamento interno del BEI”, explica Urtasun, “durante 12 meses los directivos que abandonen el banco público no pueden incorporarse a empresas privadas sin la autorización previa del comité de Ética. La respuesta recibida por el BEI respecto a la evaluación que se hizo fue claramente insuficiente y permisiva. Las restricciones que se han impuesto en este caso demuestran el potencial conflicto de intereses, por eso no entendemos que se autorizara esta incorporación durante el periodo de cooling-off establecido en el reglamento del propio banco. Por eso reclamamos a la Defensora del Pueblo que interviniera”.

La Defensora del Pueblo da un plazo hasta el 15 de octubre al BEI para que responda a sus solicitudes, y añade una serie de preguntas para las que reclama una respuesta al Banco Europeo de Inversiones: “¿Cuándo se le ofreció a la exvicepresidenta el puesto de consejero no ejecutivo de Iberdrola España y, desde cuándo tuvo conocimiento la exvicepresidenta de una oportunidad laboral en Iberdrola?; ¿ha delegado el consejo de administración del BEI alguna de sus funciones en el comité de dirección en relación con alguno de los acuerdos de financiación con el Grupo Iberdrola, o con alguna de las sociedades que lo integran durante el mandato de la exvicepresidenta? De ser así, ¿cuáles fueron los términos y condiciones de esta delegación y cómo se supervisó su ejecución? Se informa que la exvicepresidenta comenzó su nuevo trabajo en diciembre de 2020, unos meses después de su salida el 15 de octubre de 2020. El código de conducta del Comité de Dirección del BEI incluye un ”período de reflexión“ de un año. El BEI dijo a los denunciantes que el 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo un análisis exhaustivo del contexto y la posible situación de conflicto de intereses relacionada en relación con el nuevo puesto previsto de la exvicepresidenta, antes de la decisión del BEI de aprobar las condiciones del nuevo puesto a las condiciones? ¿Este análisis incluyó la posible aparición de un conflicto de intereses, al que también se refiere el citado código de conducta?”

 Urtasun añade: “Cabe recordar que la comisión de Economía del Parlamento Europeo ha mostrado serias preocupaciones respecto el caso concreto de conflicto de intereses de Emma Navarro y ha pedido al BEI que, para evitar conflictos de intereses, se debe incorporar al código de conducta del BEI una disposición que excluya la posibilidad de que los miembros de la dirección del BEI supervisen las operaciones de préstamo o la ejecución de proyectos en su país de origen”.