El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Camprovín, Jon Anguiano, acompañados del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, han suscrito hoy, martes día 13, un convenio de colaboración para ejecutar las obras de la primera fase del espacio de ocio, convivencia y sociabilidad que servirá como punto de encuentro de los vecinos para la celebración de actividades deportivas, sociales y culturales durante todo el año, independientemente de la climatología.

Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 714.784,64 euros, de los que el Gobierno de La Rioja aportará 643.306,18 euros, equivalente al 90 % de toda la inversión. El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 14 meses, contados a partir de la fecha del acta de comprobación del replanteo, por lo que la obra está previsto que termine a finales del próximo año.

Gonzalo Capellán ha agradecido el esfuerzo realizado por el Consistorio para adquirir las dos parcelas en las que se llevará a cabo un proyecto, financiado a través del convenio suscrito entre ambas administraciones, que realmente es “transformador para el municipio, ya que está pensado de manera integral que permitirá reordenar los espacios y ganar, a su vez, un gran espacio de sociabilidad, donde llevar a cabo actividades socioculturales, de ocio o deportivas. Un espacio que se va a convertir en el corazón del municipio, en un lugar de encuentro y que transformará el centro de la localidad”.

El proyecto, que se desarrollará en varias fases, prevé la revitalización del núcleo urbano mediante la creación de una plaza pública, un frontón multiusos cubierto y la rehabilitación de naves existentes en dos parcelas municipales con una superficie de 1.000 m². En este sentido, el alcalde ha agradecido la colaboración del Ejecutivo en una actuación que va a permitir “dar un cambio al municipio, integrar en ese espacio varias actividades, deportivas y todo tipo de festejos, también cuando la meteorología sea adversa”.

Las cimentaciones y los muros del frontón multiusos se ejecutarán mediante zapatas corridas de hormigón armado para los muros estructurales del frontis y la pared lateral izquierda, así como zapatas aisladas para la estructura de soporte del resto de fachadas. 

Posteriormente se levantará una estructura porticada de madera y acero formada por pilares metálicos y una cubierta compuesta por vigas principales de madera laminada, vigas secundarias y correas de madera. Por su parte, la cubierta superior se resolverá con un panel sándwich aislante de color gris, complementado con canalones de chapa prelacada para la recogida de pluviales.

Pista polideportiva

En cuanto a la pista deportiva, se extenderá una solera de hormigón armado con acabado fratasado/pulido, sobre la que se pintarán las líneas y números reglamentarios para juegos de pelota y multideporte. Además, la instalación dispondrá de proyectores LED de alta potencia (600W) regulables para el uso deportivo y de eventos nocturnos.

Para la rehabilitación de las naves existentes, el proyecto prevé la reparación de las fachadas y cubiertas, la reorganización de los huecos, la instalación de nuevas ventanas y puertas aislantes y la ejecución completa de servicios e itinerarios adaptados a la normativa de accesibilidad, incluyendo sanitarios, grifería y tabiquería divisoria. La adecuación interior de las naves se llevará a cabo en una segunda fase del proyecto para responder a usos más concretos a medio plazo.

Una pérgola conectará las naves y el frontón

Las obras incluyen la construcción de una pérgola porticada mediante pilares y vigas porticadas de madera laminada adosadas a la fachada interior de las naves, para conectar estas últimas con el frontón, permitiendo el paso resguardado de los usuarios.

Otras de las actuaciones principales es la creación de una plaza pública con una zona verde de 319,5 metros cuadrados y totalmente accesible para personas con movilidad reducida. El pavimento será de hormigón armado con acabado fratasado, delimitado por cenefas decorativas de adoquín y bordillos de pletina de acero corten. Esta zona se completará con la instalación de las correspondientes redes de abastecimiento y saneamiento de agua, así como de puntos de luz de alta eficiencia energética.

En una fase posterior se rehabilitará el edificio residencial de la parcela

Previamente al comienzo de las actuaciones, se demolerán las tejavanas edificaciones de la esquina de la manzana por su escaso interés y valor, mientras que se conservará un edificio residencial que se rehabilitará en la tercera fase del proyecto para albergar nuevos usos, como cafetería, viviendas o consultorio, entre otras opciones. 

El pleno del Ayuntamiento de Lleida, con los votos del PSC, Junts y Vox, ha aprobado la propuesta del gobierno socialista de la ciudad para prohibir el uso del velo integral en el espacio público y oficinas municipales, pese a que el Tribunal Supremo ya tumbó esta iniciativa, del mismo consistorio, en 2013.

La nueva ordenanza de civismo en la que se incluye la medida sustituye a la de 2007 y contempla sanciones para el uso del velo integral con multas de entre 400 y 750 euros. La prohibición no se aplicará “en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental”.

El PSC, el partido del alcalde, Fèlix Larrosa, ha defendido que la norma “no silo limita conductas, sino que protege a las libertades”, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). Vox y Junts han celebrado que el texto recoja la prohibición de llevar burka y niqab en el espacio público.

Por contra, el PP ha votado en contra al considerar que esta normativa no prohíbe el velo integral en la calle, “sino que lo permite y lo regula”. Tampoco han apoyado la medida ERC y El Comú de Lleida, que han criticado la visión “punitiva” del texto.

El marco jurídico en el que se mueve la ordenanza no ha variado desde la sentencia del Supremo sobre el primer intento fallido para prohibir el velo en el espacio público. Lleida, en 2010 y gobernada por el también socialista Àngel Ros, fue pionera en una medida que, en 2026, en España han propuesto mayoritariamente consistorios gobernados por PP y Vox.

Esta legislatura el Congreso rechazó la proposición de Vox para prohibir el burka, si bien está en trámite otra del PP que plantea el veto a “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro”, pero exceptúa “razones médicas”, “exigencias laborales o de protección individual”, “actividades culturales, festivas o tradicionales” o “condiciones meteorológicas adversas decretadas por las autoridades”.

En su sentencia sobre el caso del velo en Lleida, el Supremo concluyó que cualquier Ayuntamiento carecía de competencia para regular en una ordenanza municipal una limitación de un derecho fundamental a la libertad religiosa, para lo que era necesaria la existencia de una ley del Congreso que lo autorizara.

El Supremo también destacó que no estaban justificadas las afirmaciones de que el uso del velo integral perturbase la tranquilidad ciudadana, la seguridad y el orden público, y que la medida fuera necesaria para proteger la igualdad de la mujer.

Los turistas se acercaban a los grupos, grababan, preguntaban qué ocurría, mientras los vecinos se sentaban, paseaban y hablaban, de pie, separados o en un círculo en el que se compartían aperitivos, se jugaba a las cartas o hasta traían los juguetes para entretener a los más pequeños. La plaza Virgen de los Reyes fue una estampa viva, colectiva, completamente opuesta a la protagonizada hace una semana cuando se cerró el entorno de la Giralda a causa de la celebración de un evento privado. Esta tarde, los ciudadanos de a pie reivindicaron el espacio público y, entre palmas y lecturas improvisadas, María Isabel Rodríguez lo dice alto: “La calle es de todos y de todas, tenemos derecho a transitar por ella libremente y a sentarnos de manera pacífica”.

La vecina se suma a la organización espontánea que se hizo a través de las redes sociales en respuesta a la gala privada con motivo del aniversario de la revista Escaparate, que levantó ampollas en la opinión pública por el cierre de la plaza del Triunfo y la Virgen de los Reyes en contra de lo estipulado por la ordenanza municipal. Un encuentro al que acudió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz, desde cuyas instituciones públicas organizaron y promocionaron el espectáculo con 36.000 euros públicos.

Ante la indignación popular, los vecinos llamaron a reunirse, a celebrar la vida un momento, a las siete de la tarde, antes de que la excepción se convierta en norma: “Apenas quedan vecinos y vecinas en las grandes ciudades, los pisos son para empresas tipo Airbnb, alquileres desorbitados, para la especulación, y nos tenemos que ir a la periferia o a los pueblos dormitorios, como es nuestro caso, y esto es imposible”. Frente a ella y sus dos acompañantes están Carmen y sus hermanas, de 9, 10 y 6 años, que están entretenidas encima de una alfombra, aprendiendo con el ejemplo a ser parte activa de las protestas.

“Estoy indignado”

Poco a poco, aumentan las silla de playa y no hay apenas significación política ni banderas en un acto que no responde a ningún partido ni organización social. Tampoco hay presencia policial, menos tras la polémica que arrastró a la concejalía de Turismo y Cultura a dar explicaciones sobre el contrato menor por casi 15.000 euros más IVA que se concedió a la empresa 'Sevilla por la gracia de dios, S.L.', al que luego se sumaría unos 18.000 euros por parte de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de la Junta, que ahora dirige Vox en el Gobierno andaluz, con el fin de que se celebraran la XX edición de los premios. Es decir, un montante que supuso el 20% de los 150.000 euros que finalmente costó la gala, según el promotor y director de la revista Mario Niebla.

Bernardo Santos saca la botella de vino y monta una pequeña mesa junto a sus amigos, que dejan queso y algunos picos. “Estoy indignado”, comparte claramente, tanto a título propio como en representación de la Asociación de vecinos de La Revuelta, del Pumarejo, “ha sido una desfachatez, casi que reírse en nuestra cara, porque además de ocupar el espacio público, estos señores han ocupado el imaginario colectivo haciendo creer que las plazas son de un sector elitista de la ciudad”. Con su camisa vistosa y las bermudas, recuerda que el verano acabó hace apenas unos días y, retoma, “es una vergüenza que se cierre esta plaza para una empresa privada con dinero público”.

Una opinión que no comparte el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, que en unas declaraciones recogidas por El Correo, mantuvo en la Comisión de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que con la aportación desde el su área quería pensar que habían “pagado a los trabajadores de la cena”, defendiendo que se trataba de una publicación que “vende Sevilla” y que la petición de patrocinio “se había hecho en años anteriores”, cuando la consejería que ahora ostenta la dirigía el PP en solitario de Juanma Moreno.

“Por Maricarmen”

Preguntándole a Santos por la organización de esta protesta ciudadana, sonríe abiertamente y añade: “No hay que pedir permiso para merendar en la plaza de nuestra ciudad”. Al igual que tampoco lo hace Cati, que se sienta con su libro, que era el menos que pesaba de su biblioteca, ríe. Esta mañana le llegó la convocatoria por whatsapp y no se lo pensó dos veces, a sus 78 años está aquí, sola, pero rodeada de gente comprometida con la causa. “Mi marido está muy mayor, tiene 88 años, pero siempre ha sido el más guerrero”, asiente, y, lejos de amilanarse, señala “los abusos de PP y Vox, concretamente”: “Celebraron una fiesta privada para la gente de bien de Sevilla”.

¿Qué es la gente de bien? ¿Qué es la élite? ¿Cómo ha impactado esta imagen entre la ciudadanía sevillana, que recorrió las redes como la pólvora? ¿Qué mecanismo alteró para que, en vez de observar sin inmutarse, se reactivaran? Cati, que vive por la zona del parque de María Luisa, siente la Giralda como parte de su historia, tanto como Pepe y Araceli, que viven en un entorno que, desde hace algún tiempo, también pierde los tintes de barrio: la Alfalfa.

“Son unos impresentables”, manifiestan, “y hemos llegado a las siete y nos iremos cuando la gente se vaya”, porque aún queda en la retina la foto de “los señoritos andaluces” que llenaron con mesas estos metros. En sus palabras, también están presentes los desahucios. Unos desahucios que movilizaron ayer a todo el país tras el desalojo de Maricarmen, la pensionista madrileña de 87 años que, tras toda una vida, tuvo que abandonar su piso después de que un fondo buitre comprara la propiedad y se negara a negociar con ella ningún tipo de acuerdo, pese a que le habían subido el alquiler de un año a otro en un más de 200%.

Su nombre está presente entre Irene y Cristina. Las letras violetas de su cartel reivindican su memoria. “Teníamos claro que íbamos a venir, pero con lo que le ha sucedido a Maricarmen, nos decidimos”, comentan, conmovidas por los sucesos de la pasada noche. Enarboladas con sus abanicos, pipas y botellas de agua, sostienen que “nos ha dolido mucho que un espacio público sobre el cual hay una ordenanza municipal que se utilice para eventos y sí haya habido un dinero público para esto”.

Sevillanas de adopción, viven en la periferia y ven cómo “la ciudad se está deteriorando muchísimo”, como ocurre en La Macarena, de donde son vecinas. “El deterioro, la suciedad, la falta de recursos, clama al cielo. En muy poco tiempo se ha visto el deterioro rápido... ¡Que se hubiesen ido a La Barzola a celebrar la gala!”. Hoy permanecerán hasta que los ánimos aguanten, disfrutando de una tarde otoñal con sabor estival, admirándose con el esplendor de la Giralda, disfrutando, como hicieron los invitados de la gala, pero esta vez de forma abierta y en comunión con los vecinos.

Se cuenta con fundamento que un notable empresario de la restauración se vio un día con fray Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla. Con su propuesta debidamente encarpetada propuso al prelado el uso del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, antaño de la mezquita aljama, como lugar de eventos comestibles, espirituosos y celebraciones ilustres, con un amplio dossier de ejemplos que involucraban al mismísimo Vaticano.

Fray Carlos, franciscano que era, escuchó con gran atención e incluso interés en razón a los benéficos resultados que podría repercutir en su archidiócesis. Cuando terminó la reunión, fray Carlos dijo: “Perfecto, me ha convencido, es una idea brillante y ahora, ¿quién de los dos se lo cuenta a Antonio Burgos?”, y fuéronse.

Antonio Burgos era una especie de canciller de las purezas sevillanas. De origen izquierdista se había convertido en guardián de las esencias hispalenses; sus fetuas desde su almimbar o púlpito periodístico eran temibles, calcinaban a los pecadores. Pero ya no está. 

A falta de vigilante de la carcundia sevillana, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz es su gracia, no tuvo empaño en organizar un evento privado a la sombra de la Giralda y, por cierto, del Palacio Arzobispal. Para los forasteros conviene recordar que tanto la torre alminar de la antes mezquita mayor y la Catedral de Santa María de la Sede son Patrimonio de la Humanidad. Dicen los epígonos del regidor que para dar una buena imagen de Sevilla, la comilona se pobló con lo más granado de la nobleza venida a menos y la nueva nobleza emergente y del papel cuché aun con lamparones de papelones de pescao frito. Desde luego que entre lo más sevillano de esa nueva clase destacaban las americanas cortitas con el culito respingón y canillas al aire, que decía mi amigo Antonio, de Ricco Sardelli.

Este es el modelo de ciudad que han querido sus últimos gobernantes, pero es legítimo pensar en otra ciudad, en una alcaldesa o alcalde laico, de todos, respetuosa con lo que significa Sevilla

La Sevilla impresa apenas ha rechistado, y eso que entre los presentes había una nutrida presencia de aquellos que clamaron dolidos contra lo inapropiado de construir la torre Pelli, el edificio más alto de Andalucía, por rivalizar con la Giralda, a más de dos kilómetros y medio del ágape de postín. Igual decir de los ineficaces imitadores de Antonio Burgos, ingrávidos ellos. Para ser justos, la más honesta y sensata oposición ha sido protagonizada por un antiguo director del dicho columnero Burgos que ha sido señalado por ello y ferozmente desacreditado con argumentos de culpa dinástica propios de tiempos preconstitucionales o de Núñez Feijóo hasta que gane.

Es la privatización de amiguetes del espacio público, la venta vergonzosa de una ciudad que es de todos incluso contra las ordenanzas municipales, gracias a un alcalde pedestre. El espectáculo desde los bares aledaños que exhibían su reglamentario y ahora humillante “Prohibido sacar vasos a la calle” era apocalíptico. Los sevillanos y nuestros pacíficos visitantes no daban crédito: paso restringido, la ciudad secuestrada, la carcundia vendida, los pilares de la ortodoxia publicada sucumbidos sin pudor a merced de los dobles apellidos y los títulos nobiliarios sostenidos por subvenciones de la PAC, la clemencia judicial, o por el auxilio del Estado de los que se creen aún clase media.

Testigos presenciales silentes están escandalizados no solo por el sarao ilegal de estos okupas de la cosa pública sino por su falta de decoro en una ciudad que fue capital del Imperio, anafes, fregaderos, cántaras de aceite, traperío y otros enseres propios de un vivac rupestre a los pies del patrimonio de la Humanidad.

Se puede soñar, este es el modelo de ciudad que han querido sus últimos gobernantes, pero es legítimo pensar en otra ciudad, en una alcaldesa o alcalde laico, de todos, respetuosa con lo que significa Sevilla, “donde las almas torpes —según Chaves Nogales— cayeron en el panderetismo” y no una catetada sucesiva de dirigentes que no se merecen ni saben vestir el honor que les corresponde. Habrá que insistir, como resaltó Chaves Nogales en su libro dedicado a su ciudad: “Cuanto no se ha reflexionado en un año, se siente como tragedia en una hora. El destino bárbaro surge avasallador y nuestra alma se llena de una amargura imponderable”.

Quizá la primera tarea de esa nueva alcaldesa o alcalde debiera ser declarar a Sevilla ciudad abierta, y así pedir clemencia a los bárbaros.

“Si fessin una llar, un parc... Que la gent gran hi pugui venir, que hi posin pedals per fer exercici, bancs per prendre la fresca...”. Als seus 82 anys, Joana fa massa temps que espera el mateix que una bona part dels veïns de Son Sardina: un lloc públic on seure, reunir-se i fer vida de poble. En aquesta antiga barriada de Palma hi ha una plaça que fa anys que està dibuixada sobre el paper, però que mai no ha arribat a existir sobre el terreny. Allà, entre el nucli tradicional de cases i el creixement residencial dels darrers anys, l'Ajuntament va prometre un gran espai públic, un casal de barri i una biblioteca. Enguany, quan semblava que Cort estava finalment a punt de comprar-lo, el solar ja havia canviat de mans.

Can Pasquet, un solar de gairebé 2.000 metres quadrats situat al cor de Son Sardina, és per als veïns molt més que un terreny buit. És l'espai que fa anys que reclamen per trobar-se, organitzar activitats i disposar d'uns equipaments públics que ara estan dispersos o funcionen en locals que ni tan sols són municipals.

El 13 d'agost de 2025, el batle de Palma, Jaime Martínez (PP), va acudir a Son Sardina i va anunciar que Cort havia iniciat el procés per adquirir Can Pasquet. La intenció era construir-hi una plaça, un casal de barri i estudiar la possibilitat d'incorporar-hi un aparcament. L'anunci va generar una expectativa evident entre els veïns. La promesa, a més, no era nova: Can Pasquet feia anys que apareixia en els plans i les reivindicacions del barri, però la compra mai no havia arribat a formalitzar-se.

La inversió privada s'avança

Tanmateix, quan el passat 19 de febrer Cort va aprovar una modificació de despeses que reservava 237.976 euros per adquirir el solar, la finca va passar, tot just vuit dies després, a mans d'una promotora immobiliària constituïda tres anys abans, Polnavalón S.L., tal com figura en la documentació registral consultada per aquest diari. elDiario.es s'ha posat en contacte amb el seu administrador per conèixer els detalls de l'operació i el destí que preveu donar al solar, però aquest ha declinat fer declaracions.

Davant la reixa de Can Pasquet, Joana explica el problema des d'un punt de vista molt més senzill que qualsevol expedient urbanístic: l'actual casal de barri està situat en una primera planta i cal pujar-hi per les escales. “Com podem pujar si molts ja passam dels 80 anys?”, es demana. A l'altre costat de la tanca hi ha el solar que els veïns fa anys que reclamen com a futura plaça pública i on el batle va prometre, fa un any, construir un nou casal de barri i una biblioteca. A Son Sardina, lamenta Joana, “no hi ha res”. Hi ha un petit parc infantil a l'entrada del poble, però resulta insuficient. I el casal tampoc no dona resposta a les necessitats de la gent gran.

La seva preocupació no és només disposar d'un espai nou. Malgrat les incomoditats de l'actual casal, tem perdre'l com va succeir amb el local de majors del barri de Son Cladera, desallotjat a principis de juliol mentre desenes de persones participaven en un taller de memòria. El futur del centre comunitari i de la biblioteca està condicionat pel fet que tots dos equipaments funcionen actualment en un immoble adquirit el 2019 per una societat vinculada a un gran fons d'inversió internacional amb seu als Estats Units. L'Ajuntament reconeix que tots dos serveis s'ofereixen en locals arrendats i planteja traslladar-los a Can Pasquet si aconsegueix fer-se amb el solar. L'Associació de Veïnats també ha advertit del mal estat del casal actual, amb goteres, humitats i un terra de formigó.

Aquest diumenge, mentre queia la tarda sobre Son Sardina, Joana i altres veïns es concentraven davant el solar, convocats per l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, per exigir que l'Ajuntament lluiti per la parcel·la i la posi a disposició del barri.

Un barri de 3.000 veïns sense espais públics

La importància de Can Pasquet s'entén millor en recórrer Son Sardina. El nucli conserva encara un marcat caràcter de poble malgrat formar part del municipi de Palma. El seu origen es remunta a l'època islàmica, vinculat a les antigues xarxes d'aigua i als molins de la zona, i entre els segles XVII i XIX es va consolidar com un petit nucli d'agricultors, jornalers i artesans. L'agricultura va ser durant segles la principal activitat fins que el creixement residencial va anar transformant progressivament el territori.

Aquest caràcter de poble continua sent una de les seves principals senyes d'identitat. Son Sardina està físicament separat del centre de Palma -gairebé cinc quilòmetres separen tots dos nuclis- i conserva una trama urbana de cases baixes, camins estrets i antigues possessions, envoltada per noves zones residencials i grans àrees de serveis com Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Amb més de 3.000 habitants, manté també una intensa activitat associativa i festiva. Però aquesta vida comunitària topa amb una mancança: més enllà del col·legi i el centre de salut, el nucli no disposa d'una xarxa suficient d'espais públics municipals on desenvolupar-la.

Un deute pendent des dels anys vuitanta

Ho il·lustra a elDiario.es Antoni Marimón, veí del nucli i catedràtic d'Història Contemporània. Marimón resumeix el problema en una “falta crònica d'equipaments públics” malgrat la forta identitat comunitària de Son Sardina. L'absència d'espais de titularitat municipal dificulta que les associacions disposin de llocs on reunir-se, que la gent gran compti amb instal·lacions accessibles i que infants i joves tenguin zones de trobada.

L'historiador situa l'origen del problema urbanístic de Can Pasquet a començament dels anys vuitanta. Segons explica, el planejament d'aquella època ja preveia que els terrenys acabassin destinats a equipaments públics. El sistema previst era complex: la propietat havia de cedir el terreny a l'Ajuntament a canvi que s'hi permetés determinada edificació. Però el mecanisme mai no va arribar a executar-se. “Esperes i esperes i no s'arriba a complir”, resumeix Marimón.

El resultat ha estat una llarga successió de propietaris i oportunitats frustrades. Marimón assegura que el solar ha passat per “cinc o sis mans” des d'aleshores i que fins i tot altres governs municipals van intentar abordar-ne l'adquisició. El problema, explica, és que el sistema urbanístic previst inicialment no va arribar a funcionar. Ara, per primera vegada en anys, l'Ajuntament havia donat la impressió que l'operació estava encarrilada. El PP, de fet, va arribar a incloure en el seu darrer programa electoral la construcció de la plaça de Can Pasquet: “Invertirem a Son Sardina i farem realitat les peticions dels veïns”, exposava la formació.

En Genís, membre de l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introdueix una altra dimensió en la reivindicació: la dels joves que ja no poden quedar-se a viure al poble. Ell mateix n'ha hagut de marxar. En conversa amb aquest diari, explica que del grup d'una trentena de joves que participa habitualment en les festes de Son Sardina, amb prou feines en queden uns pocs que hi visquin. Molts han acabat traslladant-se a Palma o a altres municipis perquè consideren pràcticament impossible accedir a un habitatge al nucli si no disposen de terres, d'una casa familiar o d'una herència. “Si no tens preparat un milió per gastar, no et pots quedar”, afirma. Genís vincula aquesta expulsió progressiva de la població jove amb l'encariment de l'habitatge, l'especulació immobiliària i la turistificació de l'illa.

Per a ell, la reivindicació de Can Pasquet forma part d'alguna cosa més àmplia: quin tipus de poble vol continuar sent Son Sardina i si podrà conservar una vida comunitària pròpia mentre augmenta la pressió immobiliària.

L'agost de 2025, l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ja alertava de la situació del terreny i del risc que acabàs en mans privades. L'entitat recordava que el Ple de Palma havia aprovat el maig de 2024, amb el suport del PP, instar l'equip de govern a adquirir els terrenys per construir-hi una plaça pública, després que les associacions del barri reclamassin també un casal. Malgrat el compromís municipal i les més de 1.000 signatures recollides en només quatre mesos, denunciava que l'Ajuntament no havia informat de cap avanç i mantenia un “silenci” que deixava en l'aire el futur del solar.

La preocupació va créixer quan a la parcel·la va aparèixer un cartell de Solvia anunciant-ne la venda. L'Assemblea advertia, a més, que el solar, tot i estar reservat en el Pla General per a espais lliures i equipaments, podia quedar exposat a promocions privades arran de la nova legislació urbanística aprovada aleshores pel Parlament. Reclamava així que Cort materialitzàs el compromís anunciat i impedís que Can Pasquet acabàs venut al millor postor, frustrant l'oportunitat de dotar Son Sardina d'una plaça i un casal públics.

Els anuncis de venda localitzats per aquest diari permeten posar xifres al valor que tenia aleshores el terreny al mercat. La parcel·la, anunciada amb una superfície de 1.751 metres quadrats, va arribar a oferir-se per 180.700 euros, a raó de 103 euros per metre quadrat. Un altre portal immobiliari situava el preu de venda en 210.000 euros. Són, en tot cas, preus d'oferta i no permeten determinar l'import pel qual es va tancar finalment la compravenda.

L'interès del solar no resideix únicament en la seva ubicació, sinó també en la seva situació urbanística. Com recorda Marimón, Can Pasquet arrossega des dels anys vuitanta una ordenació que mai no va arribar a executar-se i que ha anat canviant amb les successives revisions del planejament. L'aprovació del Pla General de 2023 i la posterior caiguda del Pla d'Ordenació Detallada han deixat l'àmbit en una situació d'incertesa sobre el seu futur urbanístic. Aquest escenari incorpora, a més, una variable econòmica rellevant: una eventual modificació del planejament que milloràs les condicions urbanístiques de la parcel·la i n'augmentàs l'aprofitament podria incrementar-ne de manera significativa el valor. No hi ha constància, però, que el nou propietari hagi iniciat cap tràmit en aquest sentit ni que aquesta possibilitat estigués darrere de l'adquisició.

L'Ajuntament assegura que lluitarà pel solar

Enmig d'aquesta incertesa, l'Ajuntament assegura que no ha renunciat al projecte. elDiario.es s'ha posat en contacte amb el Consistori, que remet a un comunicat recent en el qual, subratlla, des que l'alcalde va anunciar el seu compromís d'adquirir la parcel·la, l'Administració va iniciar les gestions pertinents amb l'entitat bancària llavors propietària de la mateixa.

El consistori explica que, des de llavors, treballa per trobar una solució i que actualment negocia amb el propietari per assolir un acord de compravenda. Si no fos possible, l'Ajuntament afirma que iniciarà el corresponent procediment d'expropiació. La intenció municipal és mantenir el projecte previst: un nou casal de barri i una biblioteca, una plaça pública i, com a possibilitat addicional, un aparcament que contribueixi a alleujar el dèficit d'estacionament de la zona. Cort assenyala, a més, que el disseny dels futurs equipaments es farà amb la participació de les associacions veïnals i les entitats del barri.

L'Ajuntament està negociant amb el propietari per arribar a un acord de compravenda. Si no fos possible, iniciarà l'expropiació

L'oposició també ha carregat contra la gestió de l'Ajuntament. El secretari general de l'Agrupació Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamat explicacions i responsabilitats polítiques a l'equip de govern per la venda de Can Pasquet a una immobiliària i ha qüestionat que Cort no aconseguís tancar la compra del solar que havia anunciat. Per la seva banda, Més per Palma ha resumit la seva crítica en una frase: “Martínez ho va prometre. El PP ho ha deixat perdre”. El regidor Miquel Àngel Contreras sosté que el batle va generar “una expectativa davant tot Son Sardina” en anunciar una plaça, un casal de barri i un aparcament i considera que ara ha d'explicar per què el consistori no va arribar a adquirir el terreny.

El manifest llegit durant la concentració reclama que l'Ajuntament adquireixi immediatament el solar i posi en marxa el projecte de plaça i casal de barri. L'Assemblea Popular reivindica, a més, que aquests espais siguin de titularitat pública i que el seu disseny tengui en compte els projectes elaborats pels mateixos veïns. El missatge de fons és que Can Pasquet no és vist com un equipament més, sinó com una peça necessària per mantenir la vida comunitària de Son Sardina. Les entitats recorden que la manca d'espais municipals dificulta fins i tot l'organització de les festes i d'altres activitats associatives.

Després de dècades d'espera i d'una promesa municipal que va acabar coincidint amb la venda del solar a un particular, la pregunta que queda entre els veïns és ara quan arribarà, finalment, la solució. Per a l'Assemblea Popular, la resposta no admet més demores: “No és una necessitat ni una promesa: és un dret”.

“Si hicieran un hogar, un parque... Que la gente mayor pueda venir, que pongan pedales para hacer ejercicio, bancos para tomar el fresco...”. A sus 82 años, Joana lleva demasiado tiempo esperando lo mismo que gran parte de los vecinos de Son Sardina: un lugar público donde sentarse, reunirse y hacer vida de pueblo. En esta antigua barriada de Palma hay una plaza que lleva años dibujada sobre el papel, pero que nunca ha llegado a existir sobre el terreno. Allí, entre el núcleo tradicional de casas y el crecimiento residencial de los últimos años, el Ayuntamiento prometió un gran espacio público, un casal de barrio y una biblioteca. Este año, cuando parecía que Cort -como se conoce popularmente al Consistorio- estaba finalmente a punto de comprarlo, el solar ya había cambiado de manos.

Can Pasquet, un solar de casi 2.000 metros cuadrados ubicado en el corazón de Son Sardina, es para los vecinos mucho más que un terreno vacío. Es el espacio que llevan años reclamando para encontrarse, organizar actividades y tener unos equipamientos públicos que ahora están dispersos o funcionan en locales que ni siquiera son municipales.

El 13 de agosto de 2025, el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), acudió a Son Sardina y anunció que Cort había iniciado el proceso para adquirir Can Pasquet. La intención era construir una plaza, un casal y estudiar la posibilidad de incorporar un aparcamiento. El anuncio generó una expectativa evidente entre los vecinos. La promesa, además, no era nueva: Can Pasquet llevaba años apareciendo en los planes y reivindicaciones del barrio, pero la compra nunca había llegado a formalizarse.

La inversión privada se adelanta

Sin embargo, cuando el pasado 19 de febrero Cort aprobó una modificación de gastos que reservaba 237.976 euros para adquirir el solar, la finca pasó, apenas ocho días después, a manos de una promotora inmobiliaria constituida tres años antes, Polnavalón S.L., tal como figura en la documentación registral consultada por este periódico. elDiario.es se ha puesto en contacto con su administrador para conocer los detalles de la operación y el destino que prevé dar al solar, pero éste ha declinado hacer declaraciones.

Frente a la verja de Can Pasquet, Joana habla del problema desde un punto de vista mucho más sencillo que cualquier expediente urbanístico: el actual casal de barri está en una primera planta y hay que subir por escaleras. “¿Cómo podemos subir si muchos ya pasamos de 80 años?”, se pregunta. Al otro lado de la valla está el solar que los vecinos llevan años reclamando como futura plaza pública. En Son Sardina, lamenta Joana, “no hay nada”. Tan solo un pequeño parque para los niños en la entrada del pueblo, pero resulta insuficiente. Y el casal actual tampoco resuelve las necesidades de los mayores.

Su preocupación no es únicamente disponer de un espacio nuevo. Pese a las incomodidades del actual casal, teme perderlo como sucedió con el local de mayores del barrio de Son Cladera, desalojado a principios de julio mientras decenas de personas participaban en un taller de memoria. El futuro del centro comunitario y de la biblioteca está condicionado por el hecho de que funcionan en un inmueble adquirido en 2019 por una sociedad vinculada a un gran fondo internacional estadounidense. El Ayuntamiento reconoce que ambos equipamientos están actualmente en locales arrendados y plantea trasladarlos a Can Pasquet si consigue hacerse con el solar. La Associació de Veïnats ya ha advertido además del mal estado del casal actual, con goteras, humedades y suelo de hormigón.

Este domingo, mientras la tarde caía sobre Son Sardina, Joana y otros vecinos se concentraban frente al terreno convocados por la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga para exigir que el Consistorio luche por la parcela y la ponga a disposición del barrio.

Un barrio de 3.000 vecinos sin espacios públicos

La importancia de Can Pasquet se entiende mejor al recorrer Son Sardina. El núcleo conserva todavía un marcado carácter de pueblo pese a formar parte del municipio de Palma. Su origen se remonta a la época islámica, relacionado con las antiguas redes de agua y molinos de la zona, y durante los siglos XVII y XIX se consolidó como un pequeño núcleo de agricultores, jornaleros y artesanos. La agricultura fue durante siglos la actividad dominante hasta que el crecimiento residencial fue transformando progresivamente el territorio.

Ese carácter de pueblo sigue siendo una de sus principales señas de identidad. Son Sardina está separado físicamente del centro de Palma -casi cinco kilómetros lo separan ambas zonas- y mantiene una estructura urbana de casas bajas, caminos estrechos y antiguas posesiones, rodeada por zonas residenciales y grandes áreas de servicios como Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Son Sardina cuenta con más de 3.000 habitantes y mantiene una intensa actividad asociativa y festiva. Pero esa vida comunitaria se desarrolla, más allá del colegio y el centro de salud, sin una red suficiente de espacios públicos municipales.

Una deuda pendiente desde los años ochenta

Lo ilustra, en declaraciones a elDiario.es, Antoni Marimón, vecino del núcleo y catedrático de Historia Contemporánea. Marimón resume el problema en una “falta crónica de equipamientos públicos” a pesar de la fuerte identidad comunitaria del barrio. La ausencia de espacios que sean realmente de titularidad municipal impide que las asociaciones dispongan de lugares donde reunirse, los mayores, de instalaciones accesibles, y los niños y jóvenes, de zonas de encuentro.

El historiador sitúa el origen del problema urbanístico de Can Pasquet a comienzos de los años ochenta. Según explica, el planeamiento de aquella época ya contemplaba que el espacio terminara destinado a equipamientos. El sistema previsto era complejo: la propiedad debía ceder el terreno al Ayuntamiento a cambio de que se permitiera determinada edificación. El mecanismo nunca llegó a ejecutarse. “Esperas y esperas y no se llega a cumplir”, resume el historiador.

La consecuencia ha sido una larga sucesión de propietarios y oportunidades frustradas. Marimón asegura que el solar ha pasado por “cinco o seis manos” desde entonces y que incluso otros gobiernos municipales intentaron abordar su adquisición. El problema, añade, es que el sistema urbanístico previsto no llegó a funcionar. Ahora, por primera vez en años, el Ayuntamiento había dado la impresión de que la operación estaba encarrilada. El PP llegó a incluir en su último programa electoral la construcción de la plaza de Can Pasquet: “Invertiremos en Son Sardina y haremos realidad las peticiones de los vecinos”, prometía la formación.

Mientras tanto, Genís, miembro de la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introduce otra dimensión: la de los jóvenes que ya no pueden quedarse en la zona. Él mismo ha tenido que marcharse. En conversación con este periódico, cuenta que entre el grupo de unos 30 jóvenes que participa en las fiestas son Sardina apenas quedan unos pocos viviendo allí; muchos se han trasladado a Palma o a otros municipios porque consideran imposible acceder a una vivienda en el núcleo sin disponer de tierras, una casa familiar o una herencia. “Si no tienes preparado un milloncito para gastar, no te puedes quedar”, explica. Vincula esa expulsión de población joven al encarecimiento de la vivienda, la especulación y la turistificación.

Para él, la reivindicación de Can Pasquet forma parte de algo más amplio: qué tipo de pueblo quiere seguir siendo Son Sardina y si podrá conservar una vida comunitaria propia mientras aumenta la presión inmobiliaria.

En agosto de 2025, la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ya alertaba de la situación del solar de Can Pasquet y del riesgo de que acabara en manos privadas. Los vecinos recordaban que el pleno de Palma había aprobado en mayo de 2024, con el apoyo del PP, instar al equipo de gobierno a adquirir los terrenos para construir una plaza pública después de que las asociaciones del barrio reclamaran también un casal. La entidad denunciaba que, pese al compromiso municipal y a las más de 1.000 firmas recogidas en cuatro meses, el Ayuntamiento no había informado de ningún avance y persistía en un “silencio” que dejaba en el aire el futuro del solar.

La preocupación vecinal aumentó al aparecer en la parcela un cartel de Solvia que anunciaba su disponibilidad. La Assemblea advertía además de que el solar, pese a estar reservado en el Plan General para espacios libres y equipamientos, podía quedar expuesto a promociones privadas si Palma aplicaba la nueva legislación urbanística aprobada entonces por el Parlament. Los vecinos reclamaban así que Cort materializara su compromiso y evitara que Can Pasquet acabara vendido al mejor postor, frustrando la oportunidad de dotar a Son Sardina de una plaza y un casal públicos.

En anuncios localizados por este periódico, la parcela de 1.751 metros cuadrados llegó a ofrecerse por 180.700 euros, a razón de 103 euros por metro cuadrado, mientras que otro portal situaba el precio de venta en 210.000 euros. Apenas ocho días después de que el Ayuntamiento habilitase 237.976 euros para hacer frente a la adquisición, el solar acabó en manos privadas.

El interés del solar no reside únicamente en su ubicación, sino también en su situación urbanística. Como señala Miramón, Can Pasquet arrastra desde los años ochenta una ordenación que nunca llegó a ejecutarse y que ha ido cambiando con las sucesivas revisiones del planeamiento. La aprobación del Plan General de 2023 y la posterior caída del Plan de Ordenación Detallada han añadido incertidumbre sobre el futuro urbanístico del espacio. Esta circunstancia introduce una variable económica relevante: cualquier modificación futura que mejorase las condiciones urbanísticas de la parcela y aumentase su aprovechamiento podría incrementar de forma significativa su valor.

El Ayuntamiento asegura que peleará el solar

En medio de esta incertidumbre, el Ayuntamiento asegura que no ha renunciado al proyecto. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consistorio, que remite a un comunicado reciente en el que, subraya, desde que el alcalde anunció su compromiso de adquirir la parcela, la Administración inició las gestiones pertinentes con la entidad bancaria entonces propietaria de la misma.

El Consistorio asegura que, desde entonces, trabaja para encontrar una solución y señala que actualmente está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, el Ayuntamiento asegura que iniciará el correspondiente procedimiento de expropiación. La intención municipal es mantener el proyecto: un nuevo casal de barri y una biblioteca, una plaza pública y, como posibilidad adicional, un aparcamiento que contribuya a aliviar el déficit de estacionamiento de la zona. Cort asegura, además, que el diseño de los futuros equipamientos contará con la participación de las asociaciones vecinales y entidades del barrio.

El Ayuntamiento está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, iniciará la expropiación

La oposición también ha cargado contra la gestión del Ayuntamiento. El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas al equipo de gobierno por la venta de Can Pesquet a una inmobiliaria y ha cuestionado que Cort no lograra cerrar la compra del solar que había anunciado. Por su parte, Més per Palma ha resumido su crítica en una frase: “Martínez lo prometió. El PP lo ha dejado perder”. El regidor Miquel Àngel Contreras sostiene que el alcalde generó “una expectativa ante todo Son Sardina” al anunciar una plaza, un casal de barri y un aparcamiento y ahora debe explicar por qué el Consistorio no llegó a adquirir el terreno.

El manifiesto leído durante la concentración reclama que el Ayuntamiento adquiera inmediatamente el solar y comience el proyecto de plaza y casal. La Assemblea Popular reivindica además que estos espacios sean públicos y tengan en cuenta los proyectos elaborados por los propios vecinos. El mensaje de fondo es que Can Pasquet no se considera una infraestructura más. Las entidades recuerdan que la falta de espacios municipales dificulta incluso organizar las fiestas y las actividades asociativas. Los vecinos, después de décadas de espera y de una promesa que terminó coincidiendo con una venta privada, quieren saber cuándo. Porque, como resumía el manifiesto de la concentración, “no es una necesidad ni una promesa: es un derecho”.

L’arribada a Cala Gració ofereix una vista panoràmica de la platja, amb una extensa àrea d’arena ara ocupada per llits balinesos que han substituït les tradicionals hamaques. “Abans anàvem al xiringuito amb la meva família a menjar peix, que era dels més barats i bons de l’illa”, explica Laura Prats, de 28 anys i natural de Sant Antoni. Ara continuen anant gairebé cada dia a la cala, però s’instal·len a la part rocosa, al costat de les tradicionals casetes de pescadors, des d’on es banyen sense consumir. El motiu: l’antic xiringuito ha donat pas a un negoci orientat al turisme d’alt poder adquisitiu i consumir-hi ha deixat d’estar a l’abast de molts residents.

Cala Gració i Cala Gracioneta estan connectades per mar i també per un petit camí de terra que serpenteja per la part superior del penya-segat que les separa. En l’imaginari col·lectiu eivissenc existeix una pràctica no escrita, però àmpliament compartida: travessar nedant des de la primera fins a la segona, més petita, recòndita i d’aigües encara més turqueses i cristal·lines. Des de fa temps, però, la germana petita d’aquestes dues cales ha deixat de ser un lloc per seure a menjar o prendre alguna cosa si un no està disposat a assumir els preus del restaurant.

Grupo Mambo va adquirir l’antic xiringuito fa més d’una dècada i avui ofereix una carta de còctels i gastronomia orientada a un client molt diferent. El negoci es ven a la seva pàgina web com “el restaurant de platja ideal per a aquells que pensen que els estius sense xiringuito són menys estiu” i també com un enclavament per celebrar bodes davant la mar, esdeveniments corporatius o celebracions privades. Ara, l’ocupació del litoral per part del grup empresarial s’estén també a la cala veïna, fins fa poc un dels refugis habituals per a moltes famílies residents.

“Abans buscàvem crancs”

“Quan érem petits, els meus amics i jo cercàvem crancs, jugàvem a futbol i ens refugiàvem sota l’ombra dels arbres”, recorda Laura. També rememora com, quan anaven a dinar a l’antic xiringuito, el propietari s’acostava taula per taula per explicar-los quin peix havia comprat aquell matí al mercat.

Quan érem petits, els meus amics i jo buscàvem crancs, jugàvem al futbol i ens refugiàvem sota l'ombra dels arbres

Laura Prats — Oriünda de Sant Antoni

Gabriel Pizzuto, de 29 anys i també d’Eivissa, conserva records semblants. Durant la Primària anava amb l’escola d’excursió a Cala Gracioneta i, ja d’adolescent, hi tornava moltes vegades amb els seus amics. Aquest privilegi per als residents va desaparèixer la temporada passada amb el canvi de model del negoci i avui queda reservat, en gran mesura, a aquells que es poden permetre consumir-hi.

Els preus reflecteixen aquest gir. Les postres arriben als 20 euros, una ració de calamars a l’andalusa costa 30 i un coco importat de països pròxims al tròpic, 16. Segons les darreres dades disponibles de l’Agència Tributària, corresponents a 2023, la renda bruta mitjana dels residents de Sant Antoni va ser de 32.668 euros. Després d’impostos i cotitzacions, cada declarant disposa d’una renda neta mitjana de 26.294 euros anuals, la més baixa de tota Eivissa. A l’extrem oposat se situa Sant Joan, amb una renda neta mitjana 7.258 euros superior —al voltant d’un 22 % més—. Darrere hi figuren, per aquest ordre, Santa Eulària, Sant Josep i Vila.

Del turisme de masses al turisme premium

Fa aproximadament un lustre que els allotjaments i bona part de la restauració de Sant Antoni experimenten una pujada general de categoria. Fins i tot al nucli històric del municipi, tradicionalment associat al turisme de masses estranger —especialment britànic, tot i que també francès, alemany i neerlandès— han proliferat els hotels boutique. Molts d’aquests establiments acollien fins fa pocs anys un perfil de visitant molt diferent: el que arribava a l’illa atret per l’oci nocturn de baix cost i que l’Ajuntament intenta ara substituir per un altre de major poder adquisitiu. El canvi no es limita als hotels, sinó que també afecta el paisatge urbà, els negocis i la manera de consumir al municipi.

Fa aproximadament un lustre que els allotjaments i bona part de la restauració de Sant Antoni experimenten una pujada general de categoria. Fins i tot en el centre històric del municipi, tradicionalment associat al turisme de masses estranger -especialment britànic, encara que també francès, alemany i neerlandès- han proliferat els hotels 'boutique'

Les dècades dels vuitanta i noranta van marcar l’expansió de la cultura LGTBIQ+ a Eivissa i van consolidar Sant Antoni com un dels grans centres de la vida nocturna de l’illa. En aquest context van néixer espais com Café del Mar o Café Mambo, convertits amb el pas del temps en icones internacionals de les postes de sol i de la música electrònica. Tots dos negocis van ajudar a construir una part de l’imaginari turístic d’Eivissa que encara avui es continua venent dins i fora de l’illa.

A pocs quilòmetres, un altre dels símbols d’aquella època també travessa un moment de transformació. La discoteca Amnesia —fundada pel filòsof Antonio Escohotado amb el nom de Taller del Olvido— ha perdut part del protagonisme que va mantenir durant dècades després de l’obertura d’UNVRS, el nou hyperclub impulsat per The Night League al mateix municipi i situat davant de l’antiga Privilege, abans Ku.

La nova postal de Cala Gració

El gir cap a un turisme de major capacitat econòmica també s’aprecia a l’entorn de Cala Gració. El triangle hoteler situat darrere la platja ha experimentat un profund procés de renovació en els darrers anys. El 2021 va obrir OKU Ibiza i, un any després, TRS Hotel Ibiza va ampliar l’aposta pel segment premium. A aquests s’hi suma Cubanito Ibiza Suites, inaugurat el 2018 després de la reforma integral dels antics apartaments El Coto. L’establiment, propietat de Concept Hotel Group, recrea l’estètica de l’Havana dels anys cinquanta i forma part de l’estratègia del grup empresarial de convertir cadascun dels seus hotels en una experiència temàtica.

El circuit es completa ara amb l’arribada de Pomelo Playa, l’antic xiringuito de Cala Gració adquirit per Grupo Mambo. L’empresa ha declinat respondre les preguntes d’elDiario.es sobre l’operació i sobre el canvi de model aplicat a l’establiment.

L’Ajuntament de Sant Antoni sosté que el nombre d’elements autoritzats sobre la platja no ha variat respecte d’anys anteriors: cent llits i cinquanta para-sols. Però els llits balinesos ocupen una superfície considerablement més gran que les antigues hamaques, reduint l’espai disponible per a aquells que acudeixen a la platja amb el seu propi equip.

L'Ajuntament de Sant Antoni sosté que el nombre d'elements autoritzats sobre la platja no ha variat respecte a anys anteriors: cent llits i cinquanta para-sols. No obstant això, els llits balinesos ocupen una superfície considerablement major que les antigues hamaques, reduint l'espai disponible per als qui acudeixen a la platja amb el seu propi equip

Les dades de la Plataforma de Contractació del Sector Públic mostren que l’explotació dels serveis desmuntables de platja va ser adjudicada per al període 2023-2026 per un pressupost base de licitació de 33.303,67 euros anuals, fet que eleva el valor estimat del contracte fins als 133.214,68 euros. En la concessió anterior, corresponent al període 2021-2022, l’import ascendia a 86.584,88 euros. Durant l’any de la pandèmia, el contracte es va adjudicar per via d’urgència per 46.517,68 euros.

L’entorn de Cala Gracioneta ja havia estat objecte de controvèrsia el 2023, quan una macrofesta organitzada per Grupo Mambo juntament amb el col·lectiu alemany Keinemusik —i prevista per a unes 5.000 persones— va estendre l’aforament del xiringuito —d’unes 400— per tota la superfície d’arena fins a l’orla, dificultant l’accés habitual a la petita cala.

L'entorn de Cala Gracioneta ja va ser objecte de controvèrsia en 2023, quan una macrofesta organitzada per Grupo Mambo al costat del col·lectiu alemany Keinemusik va ampliar l'aforament del quiosquet -unes 400 persones- fins a ocupar tota la superfície de sorra de la cala

Colonització del litoral

La història de Cala Gració no és una excepció. Es repeteix, amb diferents matisos, al llarg de bona part del litoral eivissenc, on els preus augmenten temporada rere temporada i l’espai disponible per a l’ús quotidià de residents i visitants es redueix progressivament.

Les concessions públiques per explotar serveis de platja han acabat, en molts casos, en mans d’empreses amb una capacitat econòmica difícil d’igualar. El resultat és un model de negoci orientat cada vegada més cap a un visitant d’alt poder adquisitiu, mentre que per a bona part de la població local seure a menjar o prendre alguna cosa davant la mar es converteix en una opció cada vegada menys accessible.

Les concessions públiques per a explotar serveis de platja han acabat, en molts casos, en mans d'empreses amb una capacitat econòmica difícil d'igualar. El resultat és un model de negoci orientat cada vegada més cap a un visitant d'alt poder adquisitiu

L’estiu passat, veïns del litoral de Sant Josep denunciaven precisament aquesta sensació de pèrdua de l’espai públic. Residents d’enclavaments com Cala Espart o Cala Molí criticaven l’ocupació creixent de les platges per part de vil·les de luxe properes i de beach clubs que, segons asseguraven, havien transformat completament l’ús tradicional d’aquests espais.

“La platja és un espai públic”, van traslladar aleshores als treballadors de diverses d’aquestes mansions, denunciant pràctiques que, al seu parer, restringien l’accés al litoral. La normativa estableix que qualsevol activitat comercial de lloguer d’hamaques o para-sols requereix una concessió administrativa. Quan la platja té caràcter urbà, la competència correspon a l’ajuntament; quan forma part del domini públic maritimoterrestre, depèn del Govern balear, a través de la Direcció General de Costes.

L'estiu passat, veïns del litoral de Sant Josep denunciaven la pèrdua de l'espai públic. Residents d'enclavaments com a Cala Espart o Cala Molí criticaven l'ocupació creixent de les platges per part de viles de luxe pròximes i de 'beach clubs' que havien transformat per complet l'ús tradicional d'aquests espais

al com va comprovar elDiario.es l’estiu passat durant l’elaboració d’un altre reportatge, els preus regulats en moltes concessions no sempre es respecten. Alguns establiments condicionen l’accés a hamaques i para-sols a un consum mínim, una pràctica que, tot i permetre mantenir formalment el preu fixat per a cada element —deu euros per hamaca i deu per para-sol—, acaba elevant considerablement el cost real per als usuaris.

“A mi m’agradava el xiringuito perquè podies seure i recolzar els peus damunt l’arena”, explica Laura, que rutinàriament encara s’encamina cap a la platja on va passar la seva infància, sense poder gaudir-ne ja de la mateixa manera.

La llegada a Cala Gració ofrece una vista panorámica de la playa, con una extensa área de arena ahora ocupada por camas balinesas que han sustituido a las tradicionales hamacas. “Antes íbamos al chiringuito con mi familia a comer pescado, que era de los más baratos y buenos de la isla”, explica Laura Prats, de 28 años y oriunda de Sant Antoni. Ahora, siguen yendo casi cada día a la cala, pero se instalan en la parte rocosa, junto a las tradicionales casetas de pescadores, desde donde se bañan sin consumir. ¿El motivo? El antiguo chiringuito ha dado paso a un negocio orientado al turismo de alto poder adquisitivo y consumir allí ha dejado de estar al alcance de muchos residentes.

Cala Gració y Cala Gracioneta están conectadas por mar y también por un pequeño camino de tierra que serpentea por la parte superior del acantilado que las separa. En el imaginario colectivo ibicenco existe una práctica no escrita, pero ampliamente compartida: cruzar a nado desde la primera hasta la segunda, más pequeña, recóndita y de aguas todavía más turquesas y cristalinas. Desde hace tiempo, sin embargo, la hermana pequeña de estas dos calas ha dejado de ser un lugar para sentarse a comer o tomar algo si uno no está dispuesto a asumir los precios del restaurante.

Grupo Mambo adquirió el antiguo chiringuito hace más de una década y hoy ofrece una carta de cócteles y gastronomía orientada a un cliente muy distinto. El negocio se vende en su página web como “el restaurante de playa ideal para quienes piensan que los veranos sin chiringuito son menos verano” y también como un enclave para celebrar bodas frente al mar, eventos corporativos o celebraciones privadas. Ahora, la ocupación del litoral por parte del grupo empresarial se extiende también a la cala vecina, hasta hace poco uno de los refugios habituales para muchas familias residentes.

“Antes buscábamos cangrejos”

“Cuando éramos pequeños, mis amigos y yo buscábamos cangrejos, jugábamos al fútbol y nos refugiábamos bajo la sombra de los árboles”, recuerda Laura. También rememora cómo, cuando iban a comer al antiguo chiringuito, el propietario se acercaba mesa por mesa para explicarles qué pescado había comprado aquella mañana en el mercado.

Cuando éramos pequeños, mis amigos y yo buscábamos cangrejos, jugábamos al fútbol y nos refugiábamos bajo la sombra de los árboles

Laura Prats — Oriunda de Sant Antoni

Gabriel Pizzuto, de 29 años y también de Eivissa, conserva recuerdos parecidos. Durante la Primaria acudía con el colegio de excursión a Cala Gracioneta y, ya de adolescente, volvía muchas veces con sus amigos. Este privilegio para los residentes desapareció la temporada pasada con el cambio de modelo del negocio y hoy queda reservado, en gran medida, a quienes pueden permitirse consumir allí.

Los precios reflejan ese viraje. Los postres alcanzan los 20 euros, una ración de calamares a la andaluza cuesta 30 y un coco importado de países próximos al trópico, 16. Según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2023, la renta bruta media de los residentes de Sant Antoni fue de 32.668 euros. Tras impuestos y cotizaciones, cada declarante dispone de una renta neta media de 26.294 euros anuales, la más baja de toda Eivissa. En el extremo opuesto se sitúa Sant Joan, con una renta neta media 7.258 euros superior –alrededor de un 22 % más–. Por detrás figuran, por este orden, Santa Eulària, Sant Josep y Vila.

Del turismo de masas al turismo premium

Hace aproximadamente un lustro que los alojamientos y buena parte de la restauración de Sant Antoni experimentan una subida general de categoría. Incluso en el casco histórico del municipio, tradicionalmente asociado al turismo de masas extranjero –especialmente británico, aunque también francés, alemán y neerlandés– han proliferado los hoteles boutique. Muchos de esos establecimientos acogían hasta hace pocos años a un perfil de visitante muy distinto: el que llegaba a la isla atraído por el ocio nocturno de bajo coste y que el Ayuntamiento intenta ahora sustituir por otro de mayor poder adquisitivo. El cambio no se limita a los hoteles, sino que también afecta al paisaje urbano, a los negocios y a la forma de consumir en el municipio.

Hace aproximadamente un lustro que los alojamientos y buena parte de la restauración de Sant Antoni experimentan una subida general de categoría. Incluso en el casco histórico del municipio, tradicionalmente asociado al turismo de masas extranjero -especialmente británico, aunque también francés, alemán y neerlandés- han proliferado los hoteles 'boutique'

Las décadas de los ochenta y noventa marcaron la expansión de la cultura LGTBIQ+ en Eivissa y consolidaron Sant Antoni como uno de los grandes centros de la vida nocturna de la isla. En ese contexto nacieron espacios como Café del Mar o Café Mambo, convertidos con el paso del tiempo en iconos internacionales de las puestas de sol y de la música electrónica. Ambos negocios ayudaron a construir una parte del imaginario turístico de Ibiza que todavía sigue vendiéndose dentro y fuera de la isla.

A pocos kilómetros, otro de los símbolos de aquella época también atraviesa un momento de transformación. La discoteca Amnesia –fundada por el filósofo Antonio Escohotado bajo el nombre de Taller del Olvido– ha perdido parte del protagonismo que mantuvo durante décadas tras la apertura de UNVRS, el nuevo hyperclub impulsado por The Night League en el mismo municipio y situado frente a la antigua Privilege, antes Ku.

La nueva postal de Cala Gració

El viraje hacia un turismo de mayor capacidad económica también se aprecia en el entorno de Cala Gració. El triángulo hotelero situado detrás de la playa ha experimentado un profundo proceso de renovación en los últimos años. En 2021, abrió OKU Ibiza y, un año después, TRS Hotel Ibiza amplió la apuesta por el segmento premium. A ellos se suma Cubanito Ibiza Suites, inaugurado en 2018 tras la reforma integral de los antiguos apartamentos El Coto. El establecimiento, propiedad de Concept Hotel Group, recrea la estética de la Habana de los años cincuenta y forma parte de la estrategia del grupo empresarial de convertir cada uno de sus hoteles en una experiencia temática.

El circuito se completa ahora con la llegada de Pomelo Playa, el antiguo chiringuito de Cala Gració adquirido por Grupo Mambo. La empresa ha declinado responder a las preguntas de elDiario.es sobre la operación y sobre el cambio de modelo aplicado al establecimiento.

El Ayuntamiento de Sant Antoni sostiene que el número de elementos autorizados sobre la playa no ha variado respecto a años anteriores: cien camas y cincuenta parasoles. Sin embargo, las camas balinesas ocupan una superficie considerablemente mayor que las antiguas hamacas, reduciendo el espacio disponible para quienes acuden a la playa con su propio equipo.

El Ayuntamiento de Sant Antoni sostiene que el número de elementos autorizados sobre la playa no ha variado respecto a años anteriores: cien camas y cincuenta parasoles. Sin embargo, las camas balinesas ocupan una superficie considerablemente mayor que las antiguas hamacas, reduciendo el espacio disponible para quienes acuden a la playa con su propio equipo

Los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público muestran que la explotación de los servicios desmontables de playa fue adjudicada para el periodo 2023-2026 por un presupuesto base de licitación de 33.303,67 euros anuales, lo que eleva el valor estimado del contrato hasta 133.214,68 euros. En la concesión anterior, correspondiente al periodo 2021-2022, el importe ascendía a 86.584,88 euros. Durante el año de la pandemia, el contrato se adjudicó por vía de urgencia por 46.517,68 euros.

El entorno de Cala Gracioneta ya había sido objeto de controversia en 2023, cuando una macrofiesta organizada por Grupo Mambo junto al colectivo alemán Keinemusik –y prevista para unas 5.000 personas– extendió el aforo del chiringuito –de unas 400– por toda la superficie de arena hasta la orilla, dificultando el acceso habitual a la pequeña cala.

El entorno de Cala Gracioneta ya fue objeto de controversia en 2023, cuando una macrofiesta organizada por Grupo Mambo junto al colectivo alemán Keinemusik amplió el aforo del chiringuito -unas 400 personas- hasta ocupar toda la superficie de arena de la cala

Colonización del litoral

La historia de Cala Gració no es una excepción. Se repite, con distintos matices, a lo largo de buena parte del litoral ibicenco, donde los precios aumentan temporada tras temporada y el espacio disponible para el uso cotidiano de residentes y visitantes se reduce progresivamente.

Las concesiones públicas para explotar servicios de playa han terminado, en muchos casos, en manos de empresas con una capacidad económica difícil de igualar. El resultado es un modelo de negocio orientado cada vez más hacia un visitante de alto poder adquisitivo, mientras que para buena parte de la población local sentarse a comer o tomar algo frente al mar se convierte en una opción cada vez menos accesible.

Las concesiones públicas para explotar servicios de playa han terminado, en muchos casos, en manos de empresas con una capacidad económica difícil de igualar. El resultado es un modelo de negocio orientado cada vez más hacia un visitante de alto poder adquisitivo

El verano pasado, vecinos del litoral de Sant Josep denunciaban precisamente esa sensación de pérdida del espacio público. Residentes de enclaves como Cala Espart o Cala Molí criticaban la ocupación creciente de las playas por parte de villas de lujo cercanas y de beach clubs que, según aseguraban, habían transformado por completo el uso tradicional de estos espacios.

“La playa es un espacio público”, trasladaron entonces a los trabajadores de varias de estas mansiones, denunciando prácticas que, a su juicio, restringían el acceso al litoral. La normativa establece que cualquier actividad comercial de alquiler de hamacas o sombrillas requiere de una concesión administrativa. Cuando la playa tiene carácter urbano, la competencia corresponde al ayuntamiento; cuando forma parte del dominio público marítimo-terrestre, depende del Govern balear, a través de la Dirección General de Costas.

El verano pasado, vecinos del litoral de Sant Josep denunciaban la pérdida del espacio público. Residentes de enclaves como Cala Espart o Cala Molí criticaban la ocupación creciente de las playas por parte de villas de lujo cercanas y de 'beach clubs' que habían transformado por completo el uso tradicional de estos espacios

Sin embargo, como comprobó elDiario.es el verano pasado durante la elaboración de otro reportaje, los precios regulados en muchas concesiones no siempre se respetan. Algunos establecimientos condicionan el acceso a hamacas y sombrillas a un consumo mínimo, una práctica que, aunque permite mantener formalmente el precio fijado para cada elemento –diez euros por hamaca y diez por sombrilla–, termina elevando considerablemente el coste real para los usuarios.

“A mí me gustaba el chiringuito porque podías sentarte y apoyar los pies sobre la arena”, explica Laura, que rutinariamente se encamina aún a la playa donde pasaba su infancia, sin poder disfrutarla ya de la misma manera.

La renovación integral de los espacios públicos y privados de la zona de AZCA se va a retrasar, al menos, medio año más. El Ayuntamiento de Madrid ha ampliado hasta el 31 de enero 2027 el plazo para que los agentes privados implicados en la operación -las empresas propietarias de inmuebles en este distrito financiero- presenten su proyecto completo de ejecución de la remodelación de AZCA, informan fuentes municipales a Europa Press.

El Consistorio, a través del área de Obras y Equipamientos atiende así la petición de los privados, que contaban con un plazo inicial que expiraba el próximo 6 de agosto. Estas empresas habían solicitado por unanimidad una ampliación del plazo hasta enero alegando, entre otros motivos, la necesidad de completar y ampliar los estudios de peritación estructural del ámbito de actuación.

El Ayuntamiento considera que no hay inconveniente porque, dada la complejidad y relevancia del proyecto, “es necesaria la máxima colaboración entre las partes para hacer realidad una intervención largamente demandada, que supondrá la transformación y modernización de este espacio de referencia de la capital al que diariamente acuden unos 50.000 trabajadores, que cuenta con alrededor de 2.000 vecinos y tiene un tránsito diario de aproximadamente 100.000 personas”.

El proyecto permitirá a AZCA y su zona de influencia sumarse a la transformación urbana que está promoviendo el Ayuntamiento de Madrid en el eje del paseo de la Castellana, con actuaciones ya ejecutadas como la remodelación de la avenida del General Perón y el ámbito de las Cinco Torres y otras que están en marcha, como Parque Castellana o el desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

Las entidades vecinales de Tetuán habían movido ficha en las últimas semanas reclamando la pervivencia de la actual arboleda de AZCA, que cuenta con 367 árboles y corre peligro por las obras de remodelación.

La remodelación de AZCA llegará después del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid y las empresas, vecinos y comercios del ámbito, presentado el pasado marzo, para poner en marcha una actuación integral, unitaria y definitiva en este ámbito.

Los agentes privados, entre los que se encuentran importantes fondos de inversión o inmobiliarias de peso, presentaron un proyecto básico el pasado marzo y ahora tienen que entregar al Ayuntamiento de Madrid un proyecto de ejecución completo para su supervisión, aprobación y posterior licitación de la obra.

La obra tendrá un importe máximo de ejecución de 89,3 millones de euros y será promovida por el Consistorio, que aportará 55,6 millones de euros, y contará con la cofinanciación de los privados, que aportarán 33,7 millones de euros. Estas cantidades responden a la titularidad del suelo sobre el que se va a actuar.

La financiación privada correrá a cargo de Pontegadea, El Corte Inglés, MERLIN Properties, GMP, Hermes, Mapfre, Mutua Madrileña, Leading Hospitality, Alba Patrimonio Inmobiliario, Monthisa, Cajamar y Renazca. Asimismo, participará en la iniciativa la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. A ello hay que sumar a los vecinos y comercios del ámbito, fundamentalmente integrados en COMUNAZCA y PROAZCA que, si bien no financiarán el proyecto, han jugado un papel destacado durante todo el proceso.

‘La Antigua Estación’ será el nuevo nombre el centro intergeneracional que albergará la vieja estación de autobuses de Logroño, tal y como ha decidido la ciudadanía tras el proceso de participación ciudadana puesto en marcha la semana pasada a través de la página web del Ayuntamiento de Logroño.

En total, la encuesta ha recibido 1.444 votos para los tres nombres propuestos para este nuevo espacio municipal. De este modo, ‘La Antigua Estación’ ha sido el más votado con un total de 1.018 participaciones, seguido de lejos por las otras dos opciones (‘Espacio Dársenas’, con 224 votos; y ‘Espacio Encuentro’, con 202). El viernes 3 de julio se celebrará la inauguración de este nuevo espacio y su apertura al público.

Con el centro intergeneracional y polivalente ‘La Antigua Estación’, en el que tendrán un protagonismo fundamental las personas mayores, la ciudad suma un espacio de actividad social en el centro de la ciudad e incorpora también una plaza urbana con zona verde, que llevará el nombre de María Teresa Hernández (concejala de la ciudad durante dos décadas y primera mujer en encabezar una lista municipal, en 1979), donde antes se ubicaban las dársenas de la estación.

Las personas mayores, las protagonistas

Con la rehabilitación de la vieja estación se ha ganado un espacio público de 2.400 metros cuadrados, que será un lugar lleno de vida social, con un protagonismo fundamental para las personas mayores (allí tendrá su ubicación definitiva la Oficina Municipal de Atención a Personas Mayores) y un claro enfoque intergeneracional. Las antiguas dársenas se transformarán así en un espacio público de encuentro con un alto nivel de calidad ambiental.

La obra ha incluido además actuaciones relevantes en materia de eficiencia energética y de modernización de las instalaciones que darán servicio a los locales. Se han mejorado todas las carpinterías mediante su renovación integral, lo que permitirá una mejora significativa de las condiciones termoacústicas y un mayor ahorro energético, junto con la implantación de sistemas de climatización más eficientes y sostenibles, con menor consumo y un impacto ambiental reducido.

El proyecto ha contado con un presupuesto total de 2.994.113,89 euros, de los cuales 2,6 millones de euros procedían de financiación europea a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) de las Entidades Locales. Esta inversión ha permitido recuperar un espacio estratégico de la ciudad, dotándolo de nuevos usos culturales, sociales y comunitarios, además de generar una plaza urbana que reforzará las conexiones peatonales y la calidad ambiental del entorno.

La batalla judicial entre los vecinos y el Ayuntamiento por el uso del auditorio del parque Enrique Tierno Galván continúa. La Asociación Vecinal Delicias para Todos ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que rechazó su impugnación del decreto municipal que regula la celebración de eventos en este espacio de Arganzuela.

La entidad vecinal sostiene que la resolución no resuelve adecuadamente las cuestiones jurídicas y urbanísticas planteadas y defiende que sigue abierto el debate sobre el uso de espacios verdes públicos para eventos privados de carácter lucrativo. El recurso se dirige contra la sentencia dictada el pasado 20 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que avaló el decreto aprobado por el distrito de Arganzuela para establecer las condiciones de uso del auditorio ubicado en el parque.

Desde la asociación señalan que dicho decreto no puede considerarse un simple acto administrativo, sino una disposición de carácter general que regula de forma permanente el régimen de utilización futura del anfiteatro y del entorno del parque. Según argumentan, la norma crea nuevas obligaciones, fija criterios vinculantes para futuras autorizaciones y, por tanto, debería haber seguido un procedimiento específico de aprobación y haber sido sometida al Pleno municipal.

La organización vecinal defiende que el caso trasciende el conflicto concreto sobre el auditorio y plantea cuestiones relevantes sobre la gestión de los espacios públicos urbanos. Entre ellas, destaca la necesidad de preservar el carácter público del parque Tierno Galván como zona verde y garantizar el cumplimiento de la normativa municipal que limita el uso particular de bienes de dominio público cuando este puede alterar su naturaleza y destino.

Asimismo, la asociación reclama que el derecho de la vecindad al uso y disfrute de los espacios públicos prevalezca frente a su explotación comercial. También exige mayores garantías de participación ciudadana en aquellas decisiones que tengan un impacto significativo sobre el entorno urbano y ambiental.

Los vecinos consideran que la apelación ofrece al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la oportunidad de fijar criterio sobre los límites entre los actos administrativos y las disposiciones de carácter general, así como sobre los mecanismos de participación exigibles cuando se adoptan decisiones con efectos estructurales sobre el espacio público.

Desde Delicias para Todos subrayan que nunca han cuestionado la celebración puntual de actividades culturales públicas y de acceso libre en el parque. Sin embargo, critican que se invoque de forma genérica el interés general o cultural para justificar la celebración reiterada de eventos privados y comerciales en un espacio concebido para el descanso, el esparcimiento y la convivencia vecinal.

La asociación enmarca además el conflicto en un debate más amplio sobre el modelo de ciudad. A su juicio, la situación del Tierno Galván refleja una preocupación compartida por colectivos vecinales de distintos barrios de Madrid ante lo que consideran una creciente mercantilización del espacio público y de las zonas verdes urbanas. La decisión final quedará ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,.

La Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás a un polémico anuncio, apenas una semana después de hacerlo público. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, acaba de retractarse de su oferta inicial al Arzobispado para acoger a peregrinos en edificios públicos durante la visita del Papa: de los 80 que se confirmaron el martes pasado, el Gobierno regional ha eliminado la mayor parte de la lista y rebajado la cifra hasta las 18 escuelas, en su mayoría institutos. Serán 15 centros de Secundaria y tres colegios.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades citadas por Europa Press, que también aludieron a las críticas recientes que emanaban, principalmente, de los propios centros. En las últimas semanas, algunos colegios o institutos de entre los seleccionados han alzado la voz y denunciado la “injusticia” que, como reiteraron las familias del IES Cardenal Cisneros –una escuela pública del centro– en un comunicado, suponía el tomar esa decisión sin someterla antes a votación en un Consejo Escolar, el órgano público que representa a la comunidad educativa y los responsables de cada centro.

Esta misma escuela catalogó lo ocurrido como un “abuso de poder”, y su rechazo quedó latente en los días previos a la visita de León XIV. Antes de eso, ya habían trascendido informaciones que señalaban otras quejas comunes, como la del colegio Mejico en Ciudad Lineal –donde el AMPA denunció la anulación de una actividad extraescolar para alojar a peregrinos en el gimnasio– e incluso algunos polideportivos de Arganzuela.

“Dada la laicidad, amparada por nuestra Constitución, de los centros educativos públicos, hay entornos más adecuados para alojar a los peregrinos. La misma Diócesis no ha obligado a los colegios católicos sino que ha hecho un llamamiento a la voluntariedad, al que sólo han respondido cinco colegios de los agustinos, que nos conste”, indicaron en un comunicado los usuarios del instituto Cardenal Cisneros, reprobando públicamente la noticia. “Es una orden impuesta, sin opción a negarse, frente a la voluntariedad de los centros católicos privados o concertados”, consideran, intuyendo una “obligación” implícita.

Las mismas fuentes de la Consejería de Educación mencionadas por la agencia de noticias respondieron, sobre la acusación de no haber pasado por un Consejo Escolar, que a aquellos centros que comunicaron alguna actividad programada e incompatible con las fechas para las que se quería disponer del espacio se les informó de que “podría hacerla con normalidad”, sin la obligación de participar en el dispositivo municipal. Algo que entra en conflicto, directamente, con la experiencia relatada a Somos Madrid desde el colegio de Ciudad Lineal.

Decenas de personas hacen cola este martes por la mañana bajo el sol en uno de los puntos neurálgicos de Madrid, junto a un enorme cubo blanco que desde el fin de semana ocupa media plaza de Callao. Los que están a punto de entrar dentro llevan casi dos horas esperando... para comprar ropa. Dentro, les espera una colección de Zara diseñada junto a Bad Bunny.

“Tienen cosas que están agotadas en el resto de tiendas” comentan algunos de los que esperan su turno, justificando el tiempo que están echando a la intemperie en un día abrasador. El objeto de deseo es una serie de 150 prendas que la marca de ropa ha sacado bajo el nombre de Benito Antonio, línea inspirada en el imaginario del cantante puertorriqueño. Trajes claros de lino como el que lució en la Superbowl o sudaderas con las letras de Nueva Yol, de las que ya no quedan en el resto de comercios de la marca ni en su página web.

Zara ha ocupado 375 metros cuadrados de uno de los puntos más codiciados de la capital de España aprovechando la decena de conciertos que Bad Bunny ofrece estos días, que atraen a decenas de miles de fans hasta Madrid. Para ello ha montado un cubo blanco con la tienda efímera dentro que se mantendrá abierto durante las próximas dos semanas.

Según las tasas municipales consultadas por Somos Madrid, por este espacio la compañía de Amancio Ortega está obligada a pagar algo más de 10.000 euros al día, lo que rondará los 150.000 euros durante todo el showroom. Como este alquiler del espacio público solo se calcula por la superficie ocupada y no tiene en cuenta la altura, Zara ha aprovechado para que su cubo sea llamativo a gran distancia y así conseguir un anuncio visible a gran distancia. También se ha convertido en un importante punto donde despachar miles de prendas, que vende allí directamente o deriva a su cercana tienda de Plaza España, donde ha montando un mostrador específico para las entregas de esta línea de ropa.

Callao es la plaza que más eventos publicitarios acoge de toda la capital. Situada en mitad de la Gran Vía, por allí pasan 123 millones de personas al año. Además, es el lugar preferido para influencers y tiktokers. “Todo lo que se hace en Callao se viraliza”, explicaban hace unos meses responsables de la empresa Callao City Lights, que organizan numerosos actos allí.

Numerosas marcas quieren estar presentes allí durante el año, aunque la autorización final depende del Ayuntamiento de Madrid, que permite desde estrenos de cine o conciertos hasta promociones de carácter más publicitario. Incluso se ha llegado a colocar un recinto de lucha canaria con arena volcánica traída desde las islas.

El proyecto de ordenanza reguladora del uso del recinto monumental de la Plaza de España fija un período máximo de ocupación demanial para un mismo evento de 45 días naturales al año, en lo que a acontecimientos culturales, festivales, conciertos y espectáculos relacionados con la música y artes escénicas se refiere. En este sentido, se computa dentro de este plazo los días necesarios para el montaje, desarrollo y desmontaje de todas las instalaciones.

Así consta en la normativa elaborada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) del Ayuntamiento de Sevilla, avanzada por ABC y consultada por Europa Press. El documento contempla que en los supuestos en los que se sucedan cronológicamente, sin solución de continuidad, dos o más eventos distintos en el mismo espacio aprovechando las mismas estructuras e instalaciones, el periodo máximo acumulado de ocupación conjunta no excederá de 60 días naturales.

El texto establece que, excepcionalmente, en los eventos puntuales de alta intensidad y de carácter plurianual –ambos, con una duración total igual o superior a 21 días– y en los de carácter singular, “que por su excepcional relevancia aportan una especial proyección nacional e internacional al recinto monumental y a la ciudad”, cuando revistan “una especial complejidad técnica o logística avalada por los informes técnicos”, se podrá autorizar un período máximo de 45 días naturales para el desarrollo de la actividad, “disponiendo de un plazo adicional máximo de 15 días para montaje y desmontaje”.

Asimismo, tras la completa finalización y desmontaje de una ocupación, el espacio público afectado deberá permanecer libre de todo evento y abierto al uso común general durante al menos un mes natural. En este sentido, se exceptúan de esta limitación temporal los actos de estricto carácter institucional o aquellos declarados de urgencia e interés público por el Ayuntamiento.

Uso temporal y con interés justificado

El citado proyecto señala que los usos en el recinto monumental sólo se admitirán cuando su carácter sea temporal y respondan a fines de interés cultural, recreativo, turístico y/o social “de acreditada relevancia en condiciones compatibles con la protección del Bien de Interés Cultural (BIC) y su entorno, y con la seguridad ciudadana y accesibilidad”.

Al respecto, la ocupación requerirá una autorización demanial y, en su caso, una licencia para la realización de espectáculo de carácter ocasional (licencia de actividad), “sin perjuicio de los informes sectoriales exigibles conforme a la normativa aplicable”. El espacio al que se refiere la citada ordenanza comprende el área al aire libre de la Plaza de España –incluyendo la zona denominada Gran peatón, los cuatro puentes, la ría y el espacio central–, así como las vías colindantes de acceso: avenidas Isabel La Católica y Rodríguez de Casso.

De esta normativa se consideran actividades excluidas, entre otras, la publicidad exterior y venta ambulante, regulada por una ordenanza específica; las fiestas tradicionales como Semana Santa y Feria; actos electorales, y rodajes y producciones audiovisuales, que se regirán por su propia normativa, así como aquellas actividades “de escasa entidad que, por no necesitar instalaciones o por su mínima ocupación y duración, no constituyan uso común especial ni privativo”.

En todo caso, la competencia para otorgar, modificar, suspender y extinguir autorizaciones demaniales y las licencias de actividad ocasional corresponde a la GUMA, conforme a su estatuto y a lo dispuesto en esta ordenanza, y en la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades.

Mesa directiva de la coordinación del recinto

Para articular una gobernanza “verdaderamente transversal y eficaz” que “supere la tradicional dispersión administrativa”, la presente norma introduce como elemento innovador la Mesa Directiva de Coordinación del Recinto. Este nuevo órgano colegiado, integrado por los directores generales de las áreas estratégicas de Urbanismo, Cultura, Patrimonio y Turismo, asumirá de forma conjunta “la planificación de la programación anual, la valoración del interés público de las solicitudes y la resolución de posibles situaciones de concurrencia, garantizando una visión global y coordinada que proteja la excelencia del espacio”.

De este modo, corresponde a este nuevo órgano proponer y valorar la programación anual de eventos, velando por la sostenibilidad del recinto; informar, cuando proceda, los supuestos de concurrencia de solicitudes; proponer directrices técnicas y ajustes de carácter técnico en el marco de la ordenanza y fomentar la coordinación con servicios municipales y, en su caso, con otras administraciones.

En cuanto a su funcionamiento, se reunirá ordinariamente con periodicidad semestral y extraordinariamente cuando lo requiera la tramitación. Sus informes tendrán carácter técnico y no vinculante, salvo previsión expresa.

Por otro lado, los ingresos municipales derivados de la ocupación se aplicarán conforme a las reglas presupuestarias y de destino legalmente previstas. El Ayuntamiento podrá establecer instrumentos de planificación presupuestaria para priorizar actuaciones de conservación y mantenimiento del recinto monumental, según consta en este proyecto de ordenanza.

Régimen sancionador

Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de cuantía entre 60 y 3.005 euros; las graves contemplan multa de cuantía entre 3.006 y 15.025 euros, y las muy graves estarán tipificadas con importes entre 15.026 y 30.050 euros y/o con la extinción o revocación de la autorización demanial y en su caso de la licencia actividad ocasional, o ambas medidas, cuando la gravedad del daño patrimonial o del riesgo para la seguridad así lo justifique.

La imposición de sanciones será compatible con la adopción de medidas de restablecimiento del dominio público y de la legalidad (retirada, desinstalación, limpieza y restitución, clausura, precinto), con la reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Los eventos privados en el Tierno Galván han llegado para quedarse. La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid ante el recurso presentado por la asociación vecinal Delicias para Tod@s por el uso del auditorio del parque, ubicado en el distrito de Arganzuela, para la celebración de eventos dado que “no concurren motivos de nulidad radical” de la normativa a aplicar.

En una sentencia del tribunal de instancia 29 de Madrid, fechada el pasado 20 de mayo, la magistrada desestima el recurso vecinal presentado contra el decreto de la concejala-presidenta del distrito, Dolores Navarro, en julio de 2024 e impone costas a la asociación al entender que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajusta a derecho. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La asociación vecinal argumentaba que el decreto presentaba “graves contradicciones y una fundamentación deficiente que desvirtúa la naturaleza del parque como zona verde de uso público”. Sin embargo, según apunta el fallo judicial, el texto, firmado por la concejala, “pretende hacer compatible el uso del auditorio por parte de la vecindad con eventos promovidos por entes públicos o particulares”.

Igualmente, la asociación sostenía que el decreto “introduce de manera improcedente el término 'interés general', cuando el artículo 207 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano (OGPMAU) se refiere exclusivamente a la autorización de actos públicos por motivos de interés”. Señalaban que la normativa “no contempla ni permite la autorización de eventos privados con acceso restringido en este tipo de espacios” y que “al equiparar de forma artificiosa los actos promovidos por entes públicos y los promovidos por particulares, el decreto vulnera frontalmente la ordenanza, que establece que las zonas verdes no pueden ser objeto de privatización ni destinadas a fines particulares en detrimento de su destino público”.

La asociación sumaba a sus argumentos que no se respetó el trámite de información pública y que se vulneraron las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, “que establecen que las zonas verdes están destinadas al bienestar ciudadano garantizando el recreo y esparcimiento de la población”. Desde el Ayuntamiento contestaron que “no es en absoluto inviable desde el punto de vista jurídico tratar de compatibilizar diferentes tipos de usos sobre un mismo espacio público, estableciendo como predominante el público, pero permitiendo al mismo tiempo la existencia de otro tipo”.

También reflejaron la competencia de la concejala para otorgar autorizaciones y concesiones demaniales y que en ningún momento se vulneraron las normas urbanísticas porque “no se está produciendo ninguna alteración conceptual del parque en la medida en que el decreto regula las condiciones de uso de un espacio concreto ubicado dentro de él, el denominado auditorio anfiteatro, aunque también puede resultar de aplicación al resto”.

Tampoco eluden sobre la vulneración de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica que esta norma permite conceder autorización para superar los límites de emisión sonora establecidos por el propio texto. En cuanto a la ausencia del trámite de consulta pública, el Ayuntamiento aclaraba que era un decreto, un acto administrativo, no una norma.

Finalmente, la magistrada expone que, “examinadas las actuaciones, las alegaciones formuladas en la demanda, así como las vertidas en la contestación, el recurso no puede tener favorable acogida y debe ser desestimado toda vez que debe ser compartido el criterio mantenido por la Administración en la resolución impugnada, así como en su contestación minuciosa a la demanda”.

Sobre la ausencia en el decreto de la preeminencia del uso público del parque frente al privado, el fallo indica que “señala acertadamente la defensa de la Administración que la ponderación de los diferentes intereses implicados es una potestad discrecional que ostenta la concejala a la hora de conceder o denegar autorizaciones o concesiones demaniales sobre terrenos públicos, no equivaliendo el uso predominante ni es sinónimo de uso exclusivo.

Carabante, a favor de los eventos

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha considerado en rueda de prensa que es “una buena noticia que los tribunales respalden las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid” dado que “es posible utilizar el espacio público, hacer eventos, conciertos en la vía pública, en los parques, en las instalaciones de la ciudad de Madrid, y además hacerlo con plena garantía del derecho al descanso que tienen los madrileños”.

“Lo que pone de manifiesto esa sentencia que da razón al Ayuntamiento de Madrid es que la normativa que aplicamos permite la conciliación entre la necesidad de hacer eventos para uso y disfrute de todos los madrileños y nuestros visitantes con el derecho al descanso que tienen los vecinos en el entorno del Tierno Galván”, ha expresado el delegado. En la misma línea, Carabante ha aplaudido que Madrid siga convirtiéndose en el “epicentro de los grandes acontecimientos, los grandes eventos, no solo musicales sino culturales, en este caso también desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de accesibilidad por parte de los vecinos”.

Nuevas concentraciones en defensa del parque

Este fin de semana arrancan los festivales en el parque. El primero de la temporada será el Maudes Festival, que se instalará en el Tierno Galván los días 23, 30 y 31 de mayo. Después, llegará la Carbonería del Galván, que se celebrará del 24 de junio al 8 de julio.

Coincidiendo con la sentencia y la celebración del festival, los vecinos han organizado una concentración para protestar por la privatización del recinto. La asociación Delicias para Tod@s denuncia en un comunicado que “las zonas verdes del distrito son un patrimonio propio irrenunciable, que debe mantenerse y cuidarse por parte de nuestro gobierno municipal, y del que siempre se debe preservar su carácter público y abierto al uso y disfrute de la ciudadanía, como la normativa urbanística establece”.

Consideran que “la cesión de gran parte de uno de nuestros mayores parques a una empresa privada para que lo explote en beneficio propio” constituye una privatización de sus derechos y “una agresión injustificable” a la naturaleza urbana que incumple el artículo 206 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente. 

Del mismo modo, señalan que “las actuaciones musicales continuadas suponen una agresión inaceptable el derecho a la privacidad, a la salud y al descanso de los vecinos” reconocido en el artículo 18 de la Ordenanza de Protección de la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT). También hacen referencia a que el Ayuntamiento de Madrid “autoriza superar el límite establecido en el artículo 15 de la OPCAT para las zonas residenciales, permite que se llegue a los 70 dB a metro y medio de las fachadas”.

Para denunciar lo que consideran “agresiones”, las asociaciones vecinales Nuevo Legazpi, Delicias para Tod@s, Unión Vecinal El Barrio no se Tala, Nudo Sur y Pasillo Verde Imperial, junto con Ecologistas en Acción y la Mesa Ciudadana del Árbol, han convocado una concentración este sábado 23 de mayo a las 19.00 horas en el paseo que une la chimenea con el anfiteatro en el Parque Tierno Galván bajo el lema “¡Basta ya del festival! No al Maudes 2026”.

Cantabristas ha denunciado este viernes el “desaprovechamiento” de numerosos espacios públicos en Santander, que se cerrados, abandonados o sin uso. Para eso, ha reclamado recuperar lugares como la Casa Rosales, el edificio de Santa Lucía 13, el Palacio de Cortiguera, la zona verde de La Remonta, o las antiguas cocheras del TUS.

En un comunicado, la formación ha explicado que muchos de estos espacios públicos no son de titularidad directa del Ayuntamiento, por lo que propone que el Gobierno municipal negocie con la administración titular, para plantear convenios, cesiones, alquileres, permutas de uso o fórmulas de colaboración.

“Lo que no puede hacer el Ayuntamiento del PP es seguir mirando hacia otro lado durante más tiempo desaprovechando recursos que llevan demasiado tiempo infrautilizados o directamente abandonados”, ha sentenciado.

En este sentido, el portavoz de la agrupación local de Cantabristas Santander, Manuel Núñez, ha subrayado que “una ciudad no se mejora solo con grandes anuncios, infografías y fotos de inauguración. Se mejora abriendo espacios, cuidando instalaciones, recuperando edificios y poniendo las dotaciones públicas al servicio de la gente”.

En palabras de Núñez, “frente a décadas de abandono, desde Cantabristas empujaremos para hacer lo que debería ser una obviedad: poner lo público al servicio de la ciudadanía”.

“Y, a menudo, las cosas verdaderamente valiosas son aquellas que solo se consiguen mediante tareas y actividades de escasa utilidad”. De qué hablo cuando hablo de correr, Haruki Murakami.

Es inevitable, en cualquier ciudad grande o mediana, haberse topado con una estampida de gente vestida de corto, a menudo con música y embravecida entre jaleos, corriendo en pelotón por calles, avenidas y plazas.

Lo que hasta hace relativamente poco podía interpretarse como una práctica individual, que generaba la mofa popular en sus inicios, ha pasado a convertirse en un fenómeno cotidiano que coloniza el espacio público. Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla. Desde el estereotipo primigenio de ‘la soledad del corredor de fondo’, la práctica de correr por el espacio público ha evolucionado hacia una actividad colectiva y propicia para la sociabilidad. Los conocidos como running clubs han intensificado esta transformación, desplazando parcialmente aquel momento introspectivo y de soliloquio interno hacia una experiencia compartida.

Sin embargo, más allá de este viraje, lo relevante es que el runner ya no es una figura aislada, sino un usuario más del espacio público, con sus lógicas propias de desplazamiento, ocio y producción del espacio (en terminología lefebvriana). A diferencia del peatón o del vehículo, el corredor traza recorridos continuos, busca ritmos constantes y necesita unas condiciones espaciales muy concretas para mantener la inercia del movimiento. Así, la proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales hacia estilos de vida más saludables y activos, sino que introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente. Una capa que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse.

Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla

Ante la aparición y consolidación de los running clubs y la creciente afición por correr, resulta necesario preguntarse: ¿cómo deben adaptarse las ciudades para ser lo que ya se conoce como runner friendly?

Correr como signo de modernidad

Antaño, correr por la ciudad, en nuestro contexto sociológico católico de continua vigilancia y juicio del prójimo, podía despertar una cierta extrañeza, incluso una mofa soterrada. Mi padre, uno de los mejores maratonianos de España en los años 80, me recuerda a menudo cómo era frecuente recibir comentarios de burla de desconocidos cuando salía a correr por la calle: “Uno, dos, uno, dos”, “si te cansas, párate”, “corre, que se te escapa el bus”. Por el contrario, cuando competía en la maratón de Nueva York, la actitud de la gente era de entusiasmo y de ánimo.

La figura del corredor urbano —a medio camino entre el atleta y el aficionado que quiere hacer ejercicio de forma barata, con poco material y sin necesidad de instalaciones deportivas— ha necesitado cierto proceso de integración dentro del imaginario colectivo. Hoy, sin embargo, correr no solo está plenamente normalizado, sino que se ha convertido en todas partes en una práctica socialmente valorada, asociada a la salud, la disciplina y una cierta idea de autocuidado contemporáneo.

En este tránsito, el running ha dejado de ser una actividad marginal para consolidarse como un fenómeno de masas. Se corre por afición, por salud, por estética e incluso con objetivos de rendimiento cada vez más exigentes. La ciudad, en consecuencia, ya no es únicamente el escenario donde sucede esta práctica, sino el soporte físico sobre el que se despliega una nueva forma de habitarla.

Los running clubs representan la muerte de éxito de este fenómeno. En ellos, correr se despoja parcialmente de su dimensión ‘terapéutica’ de soledad para reforzar, en cambio, su vertiente social. Frente al ocio tradicional vinculado al bar, el consumo o la nocturnidad, emerge aquí una forma alternativa de encuentro que combina actividad física y sociabilidad. Se especula que los running clubs, en muchos casos, están incluso sustituyendo espacios físicos y virtuales de citas.

La proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales, introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse

Cartografías runner: correr para leer la ciudad

Todo corredor traza, consciente o inconscientemente, una cartografía propia de la ciudad. No se corre por cualquier sitio. La elección de una ruta responde a una lectura muy precisa del espacio urbano: la anchura de las aceras, la calidad del pavimento, la densidad de peatones, la contaminación del aire, la secuencia de semáforos, la presencia de sombra en verano o, incluso, la posibilidad de atravesar ciertos paisajes urbanos más o menos amables.

Correr implica, en este sentido, una forma específica de relación con la ciudad. Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba. Esta lectura activa acaba generando recorridos recurrentes, auténticos circuitos informales que se repiten cada día y que, en muchos casos, acaban siendo compartidos por cientos de personas, tal y como muestran apps como Strava. Se trata de infraestructuras reinventadas, no planificadas, pero extraordinariamente estables en el tiempo y en su uso.

Ciudades que corren

Algunas ciudades han empezado a reconocer, de forma más o menos explícita, esta nueva capa de uso del espacio público. En Ciudad de México, por ejemplo, una mañana dominical tuve la suerte de ir a dar con el Paseo de la Reforma justo cuando se transforma en una suerte de fiesta atlética espontánea, donde miles de personas corren, pedalean o simplemente pasean sin la presión del tráfico.

En València, observé cómo el Jardí del Turia, que sigue el antiguo cauce del río, se ha consolidado como un corredor verde donde la práctica del running no solo es habitual, sino que empieza a estructurarse mediante señalizaciones y recorridos reconocibles. Un espacio que, en la práctica, funciona como una gran infraestructura deportiva lineal en una ciudad que se ha erigido como una de las mecas del atletismo popular. Algo similar ocurre en Madrid, donde el Parque del Retiro opera casi como una república runner dentro de la ciudad. En Barcelona, el paseo marítimo, la carretera de les Aigües o la Diagonal mantienen un flujo continuo de corredores que negocian el espacio entre bicis, patinetes y paseantes.

En Londres, los grandes parques urbanos funcionan como centros neurálgicos del running. No es extraño encontrar grupos que superan el centenar de personas, organizados en torno a clubs o eventos como los Parkruns, que cada fin de semana convierten estos espacios en circuitos temporales de carrera. Y en París, es posible recorrer largos tramos junto al Sena en espacios liberados del tráfico rodado, donde antiguas infraestructuras como túneles para coches se han reconvertido en paseos continuos para corredores y ciclistas.

No todas las ciudades, sin embargo, ofrecen las mismas condiciones. En muchas ciudades italianas, como Florencia o Roma, correr de forma continua resulta especialmente complicado. Los pavimentos adoquinados, las calles estrechas de su trama urbana milenaria, la densidad patrimonial, las colinas y la acumulación de turistas suponen interrupciones constantes. En estos contextos, el running se convierte casi en un ejercicio híbrido, a medio camino entre el trote y la contemplación. En Roma, no obstante, han recuperado un sendero estrecho que sigue el curso del Tíber desde su misma cota deprimida y que permite surcar la ciudad antigua al margen del bullicio. 

Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba

Un caso excepcional

En Río de Janeiro, recuerdo haber descubierto la relación más intensa que jamás había visto entre ciudad y ejercicio físico. A lo largo de las playas de Ipanema y Copacabana, los corredores colonizan el carril bici y los paseos con los pavimentos ondulantes del paisajista brasileño Roberto Burle Marx. Las playas se llenan de jugadores de voley, futvóley y todo tipo de deportes, mientras que unas marquesinas, que imitan paradas de autobús pero que en realidad son estaciones de calistenia, complementan estas prácticas. Todo ello ante el telón de fondo de las playas cariocas y a primera hora de la mañana, antes del inicio de la jornada laboral.

La gente de Río parece apresurarse por exprimir la ciudad en una especie de coreografía colectiva de cuerpos en movimiento, como si existiera un acuerdo tácito para activar el espacio público antes de que el día quede absorbido por las obligaciones. Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar. A primera hora de la mañana, en un día laborable o durante el fin de semana, quien corre puede captar el pulso, la vitalidad y el espíritu de la ciudad de una forma difícilmente replicable por otros medios.

Calles para todo

En el ensayo Construir y habitar, del prestigioso sociólogo y urbanista Richard Sennett, el autor relata cómo, tras sufrir un ictus, su relación con el espacio público cambió de forma sustancial. De repente, tenía que caminar por las calles de Berlín en contacto con las fachadas, condicionado por sus nuevas limitaciones físicas. Del mismo modo que Sennett modificó, por necesidad, las gafas con las que leía la ciudad, cualquiera que haya transitado con muletas, un carrito o una silla de ruedas ve irremediablemente cómo su percepción sobre las virtudes y los defectos del diseño urbano se vuelve más precisa, más exigente y, en última instancia, más consciente de todo aquello que antes pasaba desapercibido.

Corriendo, el diálogo con las calles también tiene un lenguaje particular y la expansión del running plantea, inevitablemente, una cuestión de diseño urbano. En las últimas décadas, las ciudades han incorporado de forma masiva infraestructuras ciclistas siguiendo una lógica de movilidad sostenible irrefutable. Ahora cabe preguntarse si el espacio público debería empezar a adaptarse también a esta nueva forma de desplazamiento.

Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar

La experiencia reciente con los carriles bici ofrece lecciones valiosas. En muchos casos, estas infraestructuras se dimensionaron de forma insuficiente, al no prever ni el crecimiento sostenido del uso de la bicicleta ni la irrupción de las bicis y los patinetes eléctricos. Este error de cálculo ha dado lugar a carriles demasiado estrechos, donde conviven desplazamientos a velocidades muy dispares sin posibilidad real de adelantamiento. Los modelos más recientes, sin embargo, han empezado a corregir esta limitación y tienden a integrarse en la calzada, reduciendo la velocidad del tráfico motorizado y favoreciendo una convivencia más equilibrada entre usuarios.

En este contexto, cabe imaginar que parte de estas infraestructuras puedan ser también utilizadas o reinterpretadas por los corredores. Espacios donde no sea necesario esquivar peatones, sortear terrazas o disputar la salida en cada semáforo. Más que diseñar carriles específicos para correr, quizás se trate de asumir que el runner es ya un usuario más del espacio público, con unas necesidades concretas que pueden y deben ser incorporadas en su planificación.

La ciudad a otra velocidad

Correr introduce una nueva velocidad en la ciudad. Una velocidad intermedia que obliga a repensar la relación entre los distintos usos del espacio público y que, al mismo tiempo, revela con especial claridad sus virtudes y sus carencias.

Correr no es solo una actividad física. Es también una forma de apropiación, de relación con la ciudad y, en determinados contextos, incluso un modo de desplazamiento cotidiano. No es casual que muchas oficinas incorporen ya duchas para que sus trabajadores puedan asearse antes de empezar la jornada laboral si se desplazan en bicicleta o corriendo.

En esta reinterpretación urbana, cada zancada dibuja una ciudad ligeramente distinta: más vibrante, más densa, más feliz, más próxima a nuestros cuerpos.

La Consejería de Deportes del Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Santander y Torrelavega han decidido guardar silencio sobre la posibilidad de retirar su nombre de espacios públicos, además de honores y distinciones municipales al exciclista Óscar Freire, condenado este pasado lunes por el delito leve de “vejaciones injustas” a su expareja, previo acuerdo entre las partes y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

El tricampeón mundial de ciclismo es hijo predilecto de Cantabria, alcalde honorífico de Torrelavega, da nombre al complejo municipal de deportes de Torrelavega, por ser nacido en el municipio, y tiene una 'estrella de la fama' en suelo público en Santander, entre diversos honores más concedidos por las instituciones a lo largo de su carrera. Consultados por elDiario.es, los dos ayuntamientos han declinado hacer declaraciones.

Hasta ahora, solo el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) en Cantabria se ha posicionado para exigir la retirada del nombre del exciclista de las instalaciones públicas de Torrelavega, además de otros honores y distinciones.

A esto se ha sumado este jueves la coalición Izquierda Unida-Podemos en Torrelavega, que ha exigido el cambio de nombre del recinto deportivo, en respuesta a este periódico. La coalición, que llevará el tema a comisión —y a pleno si no hubiese acuerdo—, ha considerado diversos nombres de deportistas como el atleta Mohamed Attaoui o la tenista Cristina Bucsa para sustituir el de Freire.

Paseo de la fama

En Santander, hay un 'paseo de la fama' que rinde homenaje a personajes ilustres cántabros en suelo público. Entre ellos, Óscar Freire cuenta con un reconocimiento, en la calle Tetuán. Desde el Consistorio se ha delegado cualquier respuesta en la asociación privada que promovió la iniciativa en 2016, pese a estar en suelo público.

Consultados al respecto, la Asociación de Amigos del Barrio de Tetuán (en origen fue la Asociación de Hosteleros de Tetuán y Barrio Camino, pero se ha dado de baja) ha afirmado que debatirá el tema en su próxima reunión para tomar una decisión ejecutiva sobre la estrella concedida a Óscar Freire: “Es una cuestión muy importante que hay que debatir, la justicia está para para resolver y y nosotros acatar lógicamente lo que dice la justicia”, ha dicho su portavoz, el hostelero Jaime Ruigómez.

Por su parte, el consejero que ostenta las competencias de Deportes del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP), ha rechazado comentar públicamente si la comunidad autónoma u otra institución que haya distinguido al tricampeón del mundo de ciclismo en ruta debe retirarle esos títulos tras ser condenado por un tribunal especializado en violencia de género. “No voy a hablar sobre Óscar Freire. Respeto absoluto a la situación que se está viviendo”, ha respondido Martínez Abad. “Cuando se conozcan más cosas, será”, ha concluido.

“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

“He estat tres mesos, els dissabtes al matí, en una taula recollint signatures”. Antònia Maria Oliver travessa la plaça Teixidores, al municipi mallorquí de Sóller, mentre relata el conflicte que en els últims mesos manté els veïns en suspens: la pretensió de l’Ajuntament de cedir la zona —destinada actualment a aparcament, recinte firal i punt de trobada veïnal— per a la construcció d’un bloc d’habitatges socials que, asseguren, transformarien de manera irreversible un dels darrers espais oberts d’aquest poble enclavat en plena Serra de Tramuntana. Mentre camina, Antònia Maria matisa: “Ens sembla molt bé que es construeixin habitatges perquè és una cosa necessària, però no a costa d’un espai com aquest”.

El debat transcendeix el merament local i planteja una qüestió de fons: com —i on— construir habitatge públic, especialment en una localitat on accedir a una casa s’ha tornat gairebé impossible. En aquests moments, el preu mitjà d’un habitatge de menys de 100 metres quadrats se situa en 578.125 euros —un 159,23% més que fa un any—, d’acord amb les dades de Fotocasa. Pel que fa al lloguer, la situació no és menys significativa: segons el mateix portal immobiliari, un estudi o un pis amb una sola habitació costa de mitjana 1.578 euros. L’escalada sostinguda en els darrers anys revela fins a quin punt Sóller, en línia amb la tendència general de les Balears, s’ha convertit en un mercat fortament tensionat marcat per una elevada pressió de la demanda —especialment vinculada al negoci turístic i als compradors internacionals—: el resultat és un encariment que no només eleva el cost de vida, sinó que consolida un accés cada vegada més restrictiu a l’habitatge per a la població local.

En plena emergència habitacional, el consistori, governat pel PP, va anunciar la cessió de la cèntrica plaça Teixidores --classificada com a zona lliure pública en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller- perquè l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) —dependent del Govern balear— pogués construir dos edificis amb 24 habitatges de protecció oficial, fet que va rebre una forta contestació dels veïns en considerar que el projecte arrasava amb un dels escassos espais diàfans que queden a Sóller. L’Ajuntament va redefinir la proposta, plantejant l’edificació d’un sol bloc en forma de “L” i la construcció d’un pàrquing subterrani exclusiu per a residents, assegurant que el projecte no suposa una pèrdua de l’espai públic, sinó una millora substancial del mateix en fer-lo “més gran, més atractiu i més funcional”.

L'espai públic, reduït “a menys de la meitat”

Veïns i arquitectes critiquen, però, que les recreacions presentades pel consistori no es corresponen amb la realitat física del lloc i generen una expectativa difícil de sostenir: “Si es construeix, necessàriament s’haurà de fer disminuint l’espai lliure”, assegura a elDiario.es l’arquitecte Joan Soler, qui estima fins i tot que aquest quedaria reduït “a menys de la meitat”. I no només això. La solució, a parer dels afectats i dels urbanistes, trasllada a més el conflicte sota terra: l’aparcament subterrani ja havia estat explícitament descartat en la proposta original a causa del risc d’inundació associat a la proximitat del torrent de Fornalutx, que discorre soterrat per sota de la zona.

Sota aquesta controvèrsia batega, a més, un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, l'amnistia urbanística aprovada per PP i Vox que permetrà legalitzar habitatges construïts de manera il·legal en sòl rústic sota pretext de facilitar l'accés a l'habitatge. El detonant radica en la Disposició Final Novena, que permet que promocions d'habitatge públic declarades d'“interès autonòmic” es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal. És a dir, converteix l'emergència residencial en una eina jurídica per a accelerar projectes fins i tot en sòls controvertits. Al respecte, especialistes tècnics alerten que el nou projecte podria establir un perillós precedent que obriria les portes a transformar places i espais protegits en parcel·les edificables.

Sota el conflicte batega un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, la Disposició Final Novena de la qual permet que promocionis d'habitatge públic declarades de "interès autonòmic" es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal

La protesta veïnal, per la seva banda, s’ha materialitzat en una petició plantejada a través d’Internet i en una recollida de signatures impulsada, d’una banda, per Antònia Maria i, de l’altra, per l’arquitecte i resident de la zona Rafel Cortès, que sumen fins ara més de 500 suports. El seu discurs no nega el problema habitacional —al contrari, el reconeix com a urgent—, però sí que qüestiona la ubicació escollida. “Si l’únic que tenim ho volen treure…”, lamenta Antònia Maria.

Aquesta veïna recorda que la plaça no és només el lloc on s’instal·len les fires, les tradicionals atraccions de Sant Bartomeu o les activitats comunitàries, sinó que també serveix perquè els veïns puguin estacionar els seus vehicles, tenint en compte els embossos i problemes d’aparcament que Sóller arrossega des de fa anys i que també han portat els seus residents a mobilitzar-se. Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar les 70 corbes de la sinuosa carretera que creua la Serra d’Alfàbia. Tanmateix, la construcció del túnel de Sóller va suposar un abans i un després per a aquesta localitat resguardada entre muntanyes: la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremeiablement, la zona es va obrir de bat a bat a l’increment del trànsit, la pressió turística i els problemes de congestió que avui marquen el seu dia a dia.

Rosa, amiga d’Oliver, insisteix en la dimensió social de la zona: en la seva opinió, com en la d’altres veïns, el projecte no només suposaria una transformació urbanística, sinó també una pèrdua d’usos socials consolidats amb el temps: “El que han de fer és buscar una solució perquè això sigui una plaça de veritat, una zona de trobada per a gent gran i infants”. I afegeix: “Sembla que amb aquest projecte el que busquen és poder dir que han construït habitatges abans de les eleccions”. Entre altres punts, els veïns proposen el desplegament de l'Unitat d’Execució prevista en el PGOU, la qual cosa permetria desenvolupar sòl de forma ordenada sense necessitat d'eliminar espais ja consolidats com aquesta plaça, o la construcció d'habitatge públic en altres llocs com el solar municipal de Cetre, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

D'un dels edificis de la plaça surt Pere Suau, de 84 anys, que observa l’espai amb la perspectiva de qui ha vist transformar Sóller durant dècades. Per a ell, el debat no és només urbanístic, sinó profundament lligat a la memòria del lloc i a la seva funció en la vida quotidiana del municipi, i mostra la seva preocupació davant la possibilitat de perdre definitivament aquest punt de trobada obert, vinculat a l’activitat social i a les dinàmiques del poble. Des de l’experiència acumulada, adverteix que decisions com aquesta no només afecten el present, sinó també el futur de Sóller, en condicionar l’ús d’un espai que considera essencial per a la identitat col·lectiva del municipi.

Així mateix, adverteix dels problemes tècnics que podria comportar el projecte. “Si no la toquen no s’inundarà. Si es volen baixar tres metres per fer un pàrquing…”, apunta, deixant en l’aire la incògnita sobre què passaria a l'hora de construir al subsòl. La plaça de les Teixidores s’assenta sobre un espai històricament vinculat al sistema hidràulic de la vall de Sóller, travessat pel curs del torrent de Fornalutx, cosa que complica qualsevol intervenció profunda. Els riscos d’inundació —els episodis de pluges intenses han provocat històricament desbordaments puntuals— i les limitacions constructives van portar precisament l’Ibavi a descartar en els seus plecs inicials la construcció d’aparcaments subterranis i habitatges en planta baixa en aquesta parcel·la.

Entre el dret a l'habitatge i a la ciutat

Joan Soler, una de les veus tècniques que s’han posicionat en contra del projecte, situa el debat en la naturalesa mateixa de la zona. “És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic”, sosté, i adverteix que la construcció d’habitatges —encara que siguin protegits— suposaria, en la pràctica, “privatitzar-lo” i limitar de manera irreversible el seu potencial futur. No debades, Soler no qüestiona la necessitat que es promogui habitatge social, però sí la seva ubicació: intervenir a la plaça de les Teixidores implicaria “hipotecar” un dels pocs espais oberts del centre de Sóller i, al seu parer, l’actuació respon més a una lògica d’urgència que compromet la planificació a llarg termini: “S’està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d’ús”.

És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic. S'està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d'ús

Joan Soler — Arquitecte

Des d’una perspectiva urbanística, l’arquitecte defensa que el futur de la plaça s’hauria d’abordar mitjançant un concurs d’idees que permeti definir la seva funció com a espai públic. Encara que en el dia a dia el lloc funciona com a aparcament, insisteix que el seu valor rau precisament en el seu potencial per acollir zones verdes, equipaments i usos socials vinculats al centre urbà i a la futura rehabilitació de la Fàbrica Nova, un dels principals símbols del passat industrial del municipi i element patrimonial de primer ordre -va ser declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) en 2018-. L'Ajuntament planteja integrar urbanísticament l'entorn de la fàbrica dins del seu projecte urbanístic, defensant que la nova ordenació permetrà connectar tots dos espais i reactivar la zona.

“És un espai molt gran, molt cèntric, amb moltes possibilitats”, recalca. Soler també posa en qüestió el relat institucional que acompanya el projecte. Critica que les recreacions difoses per l’Ajuntament resulten “enganyoses” i no es corresponen amb la realitat de l’espai. “El paper ho aguanta tot, però després la realitat és una altra”, assenyala. En la seva opinió, la idea que no es perdrà superfície pública és insostenible: “Si construeixes, aquest espai no queda a l’aire”.

Pel que fa a l’aparcament, adverteix d’un canvi substancial en la seva naturalesa: encara que es mantinguin places, aquestes deixarien de ser públiques. “Les que estiguin sota els edificis s’arrendaran o es vendran”, explica, cosa que, a la pràctica, suposa substituir un ús col·lectiu per un de restringit. El projecte actual preveu mantenir a més part de l’aparcament —unes 70 places— a banda i banda de la plaça, al costat dels edificis, fet que, segons els residents, no resol el problema de mobilitat i afegeix pressió urbanística a l’entorn.

En aquesta línia, un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès, ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa, al seu judici, ho fa incompatible amb qualsevol edificació. Els signants adverteixen a més de que la intervenció afectaria l'entorn immediat de la Fàbrica Nova.

Un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa ho fa incompatible amb qualsevol edificació

Tanmateix, aquesta idea també ha despertat crítiques entre veïns i oposició, que hi veuen una contradicció: mentre s’aposta per preservar i dignificar un conjunt històric protegit —el Consell de Mallorca, propietari de l’edifici, està impulsant la seva rehabilitació per convertir-la en un museu tèxtil de referència—, s’aboga al mateix temps per la construcció d’habitatges al seu entorn immediat. Segons ells, aixecar un bloc residencial al costat de la Fàbrica Nova suposa alterar el seu espai de protecció i el seu perímetre visual des de la plaça, desvirtuant el valor patrimonial que es pretén recuperar i evidenciant una manca de coherència en la planificació urbana del municipi.

Construïda el 1921 per la societat Rullan i Mayol, sobre el solar d’una antiga central elèctrica, la Fàbrica Nova va començar a funcionar el 1922 com a fàbrica tèxtil i va romandre activa fins al 1970. Durant dècades va ser el cor econòmic i social de la vall: un complex industrial on treballaven desenes d’obrers —en la seva majoria dones— i que concentrava tot el procés productiu del teixit.

Els arquitectes sostenen que la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic no pot servir d'argument per a ocupar espais públics consolidats, al mateix temps que critiquen la falta de transparència en la tramitació del projecte i reclamen una reflexió més àmplia sobre el model urbà del municipi. En aquest sentit, defensen la cerca d'alternatives en sòls ja previstos per a edificar, evitant així establir un precedent que, al seu judici, podria obrir la porta a futures intervencions similars en altres espais lliures de Sóller i d'altres municipis.

“Hi ha motius per rebutjar la proposta”

Des de l’àmbit polític, la regidora i portaveu de Més per Sóller, Laura Celià, emmarca el rebuig al projecte dins d’una crítica més àmplia a l’estratègia d’habitatge impulsada per les administracions. La formació, assegura, no s’oposa a la construcció d’habitatge públic, però sí a fer-ho “a qualsevol preu” i sense atendre les conseqüències urbanístiques i socials. “No és una postura infantil de dir no per dir no: hi ha motius jurídics, urbanístics i polítics al darrere”, subratlla en declaracions a aquest diari.

La regidora ecosobiranista adverteix, a més, que l’operació a la plaça de les Teixidores no és un fet aïllat, sinó part d’una dinàmica més àmplia de cessió d’espais públics a l’Ibavi. En aquest sentit, assenyala que l’Ajuntament ja ha transferit altres immobles municipals amb aquesta finalitat i preveu noves cessions, fet que, segons ella, compromet el futur del municipi en reduir la disponibilitat d’equipaments públics. “Si en el futur necessitam un centre de dia, una escoleta o un casal cívic, no tendrem espais”, alerta.

La portaveu també qüestiona l’enfocament de les polítiques d’habitatge, en considerar que responen més a una lògica de xifres que a una solució estructural del problema. “Es busca poder dir que s’han activat centenars o milers d’habitatges, però sense importar on ni com”, sosté, i critica una estratègia que, segons la seva opinió, prioritza l’impacte polític per damunt de la planificació a llarg termini.

Davant d’això, Més planteja un diagnòstic basat en les dades del mateix municipi: a Sóller hi ha més de 1.100 habitatges buits, als quals se sumen uns 500 segones residències i uns 600 destinats al lloguer vacacional, xifres que, segons Més, evidencien que el problema no és únicament la manca de sòl. “La solució no passa per construir més, sinó per mobilitzar els habitatges que ja existeixen”, afirma, i defensa mesures per treure al mercat el parc buit i regular els usos turístics.

Per la seva banda, el portaveu de la formació local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, assenyala que la seva formació s’ha oposat al projecte “des del minut u”, tot i que recalca el seu suport a la recerca de solucions que ajudin a resoldre la crisi de l’habitatge. “Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu”, subratlla. Aguiló defensa que la plaça de les Teixidores, malgrat el seu ús actual com a aparcament, compleix una funció molt més àmplia com a espai públic. “És l’únic pulmó que ens queda al centre de Sóller”, afirma en declaracions a elDiario.es.

Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu

Sebastià Aguiló — Portaveu de la formació local Seny i Sentit

El dirigent polític critica el que considera una manca d'alternatives per part de les administracions. “No entenem aquesta necessitat de construir sí o sí sense plantejar altres sistemes”, sosté, alhora que reclama explorar altres vies, com la requalificació de sòls que ja estàn integrats al centre del municipi o l'habilitació de nous espais per a habitatge social fora del nuclí més tensionat. En aquest sentit, contraposa la facilitat amb la qual, segons denuncia, s'han promogut canvis normatius per habilitar aparcaments en sòl rústic enfront de la manca d'iniciativa per generar sòl destinat a habitatge.

El regidor també posa en dubte la transparència del procés, en assegurar que encara no hi ha un projecte definitiu. “El que hi ha són fotomuntatges que no s’ajusten a la realitat”, recrimina, i qüestiona la fiabilitat de les imatges difoses i el relat institucional que acompanya el projecte. Al seu parer, la proposta “hipoteca el futur de Sóller” i respon més a una necessitat política que no pas a una planificació urbanística sòlida.

Per últim, introdueix un element simbòlic que, segons ell, evidencia les contradiccions del discurs institucional: a finals de 2022, el ple va aprovar per unanimitat el canvi de nom de la plaça —de Teixidors a Teixidores— per reconèixer el paper de les dones en la història industrial del municipi, i tots els grups polítics van assistir a descobrir la placa amb el nou nom. “Aleshores tots reconeixien que era una plaça i ara resulta que ja no ho és”, critica en al·lusió al fet que l’alcalde de Sóller, Miquel Nadal, assenyalés que la zona “no és més que un aparcament”. Aguiló insisteix que, tot i que avui la plaça s’utilitzi en part com a aparcament, l’espai s’ha de preservar com a àmbit públic amb potencial per a usos socials en el futur.

La plaça que commemora les teixidores

La plaça de Teixidores, de fet, no és un buit casual, sinó el resultat d’un passat industrial desaparegut: el seu nom remet a un passat en què les dones van ser el veritable motor de l’economia local. Com assenyala l’historiador Plàcid Pérez en el seu treball Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la major part de la mà d’obra en els telers mecànics era femenina: treballadores sotmeses a ritmes intensius, salaris més baixos i escàs reconeixement, però fonamentals per sostenir la producció. Aquelles fàbriques no només van transformar el paisatge urbà, sinó també la vida de generacions de dones que van trobar en el tèxtil una de les poques vies d’accés al treball assalariat. Avui, aquest espai buit és també memòria: la d’un treball invisibilitzat que dona nom a la plaça i que torna a estar en disputa.

El portaveu del PSIB-PSOE a Sóller, Jaume Mateu, alhora, expressa el rebuig dels socialistes a la proposta de l’equip de govern en considerar que no corregeix les deficiències detectades en el primer projecte ni respon a les necessitats reals del municipi. Al seu parer, es tracta d’una ubicació inadequada per acollir un bloc de 24 habitatges, entre altres raons, perquè el mateix planejament urbanístic no preveu edificació en aquest espai, qualificat com a zona lliure pública. “Si el problema és que ara no és una plaça atractiva, és responsabilitat de l’Ajuntament fer un bon projecte per millorar-la”, assenyala, i insisteix que aquesta circumstància no pot utilitzar-se com a justificació per construir en un espai que s’hauria de preservar com a ús públic.

Mateu també critica la insistència de l’equip de govern a tirar endavant una iniciativa que, segons afirma, manca de consens social i polític. En aquest sentit, insta l’alcalde a “abandonar la seva obsessió” per aquest projecte i a treballar en un front comú que permeti donar solucions efectives al problema de l’habitatge, tant a curt com a mitjà i llarg termini. Entre les alternatives, els socialistes plantegen mesures com la declaració de Sóller com a zona de mercat residencial tensionat per limitar els preus del lloguer, així com la cerca de solars més adequats per ampliar el parc d’habitatge públic. A més, retreuen les formes emprades en la tramitació del projecte, denunciant la manca d’informació a l’oposició i alertant que la proposta ignora elements sensibles de l’entorn, com l’àrea de protecció de la Fàbrica Nova, declarada Bé d’Interès Cultural.

L'Ajuntament defensa el projecte

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que incorpora aportacions externes. En aquest sentit, asseguren haver tingut en compte tant les opinions d'arquitectes locals com els suggeriments recollits entre la ciutadania, cosa que, segons el seu parer, ha permès millorar i ajustar el projecte inicial.

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que ha incorporat aportacions externes, tant d'arquitectes locals com de la ciutadania, amb l'objectiu de millorar i ajustar el projecte inicial

En relació amb una de les principals preocupacions veïnals, l’aparcament, l’equip de govern assegura que el disseny del projecte garanteix que no es perdrà “ni una sola plaça”. Per això, planteja la construcció de l’aparcament subterrani destinat a residents —un sistema ZAR—: davant les crítiques, assegura que permetria mantenir la capacitat actual i, alhora, reorganitzar l’espai en superfície.

En aquesta línia, apel·len a la viabilitat tècnica de la intervenció malgrat les dificultats derivades de les característiques del terreny. Segons sostenen, s’han desenvolupat solucions específiques per garantir que el projecte compleixi tots els requisits, inclosos els vinculats a la gestió de recursos hídrics, tot i que reconeixen que això implica un cost i una complexitat constructiva més elevats. Finalment, recalquen que l’actuació no suposarà un cost directe per als veïns de Sóller, ja que estarà íntegrament finançada per l’Ibavi.

Les promocions que tramita el Govern a Sóller

Consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat assenyalen que l’Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d’habitatge social, destinats a ciutadans residents a les illes, un cop un ajuntament cedeix una parcel·la a l’ens públic. D’aquesta manera, asseguren, “atén puntualment les necessitats que expressi un ajuntament o qualsevol col·lectiu a través de l’ajuntament de cada municipi”. A Sóller, segons especifiquen, l’Ibavi tramita tres promocions que sumen 29 habitatges en total: les que es troben en fase més avançada són les del cinema Fantasio (onze habitatges) i de l’antic Hospici (deu habitatges), mentre que se n’està desenvolupant una tercera a l’antiga escola del carrer Marjades (vuit habitatges).

La Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat assenyala que l'Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d'habitatge social, destinades a ciutadans residents a les illes, una vegada que un ajuntament cedeix una parcel·la a l'ens públic

El possible projecte de Teixidores, com assenyalen les mateixes fonts —atès que “no s’ha concretat una cessió de parcel·la a l’Ibavi”—, sumaria altres 24 habitatges, cosa que situaria el total en 53 nous habitatges de protecció pública a Sóller. Es tracta d’un municipi, subratllen des de la Conselleria, amb una demanda d’habitatge públic que s’ha duplicat en dos anys a les llistes de l’Ibavi, fins a arribar a les 74 famílies o unitats de convivència a les llistes d’espera, que han registrat un augment del 40% en l’últim any respecte de les 53 del 2024 i les 34 del 2023.

El cas de la plaça Teixidores reflecteix un dilema cada vegada més freqüent a les Illes: com equilibrar la creació d’habitatge públic amb la preservació d’espais urbans i la identitat local. Mentre les administracions defensen la necessitat urgent d’ampliar el parc d’habitatge protegit, els veïns reclamen participar en les decisions i explorar alternatives. “Prenent aquestes decisions sense tenir en compte el poble, l’únic que s’aconsegueix és que la gent se n’hagi d’anar”, lamenta Rosa. La recollida de signatures, mentrestant, continua creixent. I amb ella, una pregunta de fons que el conflicte ha posat sobre la taula: no només quants habitatges fan falta a Sóller, sinó on i com s’han de construir.