La Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás a un polémico anuncio, apenas una semana después de hacerlo público. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, acaba de retractarse de su oferta inicial al Arzobispado para acoger a peregrinos en edificios públicos durante la visita del Papa: de los 80 que se confirmaron el martes pasado, el Gobierno regional ha eliminado la mayor parte de la lista y rebajado la cifra hasta las 18 escuelas, en su mayoría institutos. Serán 15 centros de Secundaria y tres colegios.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades citadas por Europa Press, que también aludieron a las críticas recientes que emanaban, principalmente, de los propios centros. En las últimas semanas, algunos colegios o institutos de entre los seleccionados han alzado la voz y denunciado la “injusticia” que, como reiteraron las familias del IES Cardenal Cisneros –una escuela pública del centro– en un comunicado, suponía el tomar esa decisión sin someterla antes a votación en un Consejo Escolar, el órgano público que representa a la comunidad educativa y los responsables de cada centro.

Esta misma escuela catalogó lo ocurrido como un “abuso de poder”, y su rechazo quedó latente en los días previos a la visita de León XIV. Antes de eso, ya habían trascendido informaciones que señalaban otras quejas comunes, como la del colegio Mejico en Ciudad Lineal –donde el AMPA denunció la anulación de una actividad extraescolar para alojar a peregrinos en el gimnasio– e incluso algunos polideportivos de Arganzuela.

“Dada la laicidad, amparada por nuestra Constitución, de los centros educativos públicos, hay entornos más adecuados para alojar a los peregrinos. La misma Diócesis no ha obligado a los colegios católicos sino que ha hecho un llamamiento a la voluntariedad, al que sólo han respondido cinco colegios de los agustinos, que nos conste”, indicaron en un comunicado los usuarios del instituto Cardenal Cisneros, reprobando públicamente la noticia. “Es una orden impuesta, sin opción a negarse, frente a la voluntariedad de los centros católicos privados o concertados”, consideran, intuyendo una “obligación” implícita.

Las mismas fuentes de la Consejería de Educación mencionadas por la agencia de noticias respondieron, sobre la acusación de no haber pasado por un Consejo Escolar, que a aquellos centros que comunicaron alguna actividad programada e incompatible con las fechas para las que se quería disponer del espacio se les informó de que “podría hacerla con normalidad”, sin la obligación de participar en el dispositivo municipal. Algo que entra en conflicto, directamente, con la experiencia relatada a Somos Madrid desde el colegio de Ciudad Lineal.

Decenas de personas hacen cola este martes por la mañana bajo el sol en uno de los puntos neurálgicos de Madrid, junto a un enorme cubo blanco que desde el fin de semana ocupa media plaza de Callao. Los que están a punto de entrar dentro llevan casi dos horas esperando... para comprar ropa. Dentro, les espera una colección de Zara diseñada junto a Bad Bunny.

“Tienen cosas que están agotadas en el resto de tiendas” comentan algunos de los que esperan su turno, justificando el tiempo que están echando a la intemperie en un día abrasador. El objeto de deseo es una serie de 150 prendas que la marca de ropa ha sacado bajo el nombre de Benito Antonio, línea inspirada en el imaginario del cantante puertorriqueño. Trajes claros de lino como el que lució en la Superbowl o sudaderas con las letras de Nueva Yol, de las que ya no quedan en el resto de comercios de la marca ni en su página web.

Zara ha ocupado 375 metros cuadrados de uno de los puntos más codiciados de la capital de España aprovechando la decena de conciertos que Bad Bunny ofrece estos días, que atraen a decenas de miles de fans hasta Madrid. Para ello ha montado un cubo blanco con la tienda efímera dentro que se mantendrá abierto durante las próximas dos semanas.

Según las tasas municipales consultadas por Somos Madrid, por este espacio la compañía de Amancio Ortega está obligada a pagar algo más de 10.000 euros al día, lo que rondará los 150.000 euros durante todo el showroom. Como este alquiler del espacio público solo se calcula por la superficie ocupada y no tiene en cuenta la altura, Zara ha aprovechado para que su cubo sea llamativo a gran distancia y así conseguir un anuncio visible a gran distancia. También se ha convertido en un importante punto donde despachar miles de prendas, que vende allí directamente o deriva a su cercana tienda de Plaza España, donde ha montando un mostrador específico para las entregas de esta línea de ropa.

Callao es la plaza que más eventos publicitarios acoge de toda la capital. Situada en mitad de la Gran Vía, por allí pasan 123 millones de personas al año. Además, es el lugar preferido para influencers y tiktokers. “Todo lo que se hace en Callao se viraliza”, explicaban hace unos meses responsables de la empresa Callao City Lights, que organizan numerosos actos allí.

Numerosas marcas quieren estar presentes allí durante el año, aunque la autorización final depende del Ayuntamiento de Madrid, que permite desde estrenos de cine o conciertos hasta promociones de carácter más publicitario. Incluso se ha llegado a colocar un recinto de lucha canaria con arena volcánica traída desde las islas.

El proyecto de ordenanza reguladora del uso del recinto monumental de la Plaza de España fija un período máximo de ocupación demanial para un mismo evento de 45 días naturales al año, en lo que a acontecimientos culturales, festivales, conciertos y espectáculos relacionados con la música y artes escénicas se refiere. En este sentido, se computa dentro de este plazo los días necesarios para el montaje, desarrollo y desmontaje de todas las instalaciones.

Así consta en la normativa elaborada por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) del Ayuntamiento de Sevilla, avanzada por ABC y consultada por Europa Press. El documento contempla que en los supuestos en los que se sucedan cronológicamente, sin solución de continuidad, dos o más eventos distintos en el mismo espacio aprovechando las mismas estructuras e instalaciones, el periodo máximo acumulado de ocupación conjunta no excederá de 60 días naturales.

El texto establece que, excepcionalmente, en los eventos puntuales de alta intensidad y de carácter plurianual –ambos, con una duración total igual o superior a 21 días– y en los de carácter singular, “que por su excepcional relevancia aportan una especial proyección nacional e internacional al recinto monumental y a la ciudad”, cuando revistan “una especial complejidad técnica o logística avalada por los informes técnicos”, se podrá autorizar un período máximo de 45 días naturales para el desarrollo de la actividad, “disponiendo de un plazo adicional máximo de 15 días para montaje y desmontaje”.

Asimismo, tras la completa finalización y desmontaje de una ocupación, el espacio público afectado deberá permanecer libre de todo evento y abierto al uso común general durante al menos un mes natural. En este sentido, se exceptúan de esta limitación temporal los actos de estricto carácter institucional o aquellos declarados de urgencia e interés público por el Ayuntamiento.

Uso temporal y con interés justificado

El citado proyecto señala que los usos en el recinto monumental sólo se admitirán cuando su carácter sea temporal y respondan a fines de interés cultural, recreativo, turístico y/o social “de acreditada relevancia en condiciones compatibles con la protección del Bien de Interés Cultural (BIC) y su entorno, y con la seguridad ciudadana y accesibilidad”.

Al respecto, la ocupación requerirá una autorización demanial y, en su caso, una licencia para la realización de espectáculo de carácter ocasional (licencia de actividad), “sin perjuicio de los informes sectoriales exigibles conforme a la normativa aplicable”. El espacio al que se refiere la citada ordenanza comprende el área al aire libre de la Plaza de España –incluyendo la zona denominada Gran peatón, los cuatro puentes, la ría y el espacio central–, así como las vías colindantes de acceso: avenidas Isabel La Católica y Rodríguez de Casso.

De esta normativa se consideran actividades excluidas, entre otras, la publicidad exterior y venta ambulante, regulada por una ordenanza específica; las fiestas tradicionales como Semana Santa y Feria; actos electorales, y rodajes y producciones audiovisuales, que se regirán por su propia normativa, así como aquellas actividades “de escasa entidad que, por no necesitar instalaciones o por su mínima ocupación y duración, no constituyan uso común especial ni privativo”.

En todo caso, la competencia para otorgar, modificar, suspender y extinguir autorizaciones demaniales y las licencias de actividad ocasional corresponde a la GUMA, conforme a su estatuto y a lo dispuesto en esta ordenanza, y en la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades.

Mesa directiva de la coordinación del recinto

Para articular una gobernanza “verdaderamente transversal y eficaz” que “supere la tradicional dispersión administrativa”, la presente norma introduce como elemento innovador la Mesa Directiva de Coordinación del Recinto. Este nuevo órgano colegiado, integrado por los directores generales de las áreas estratégicas de Urbanismo, Cultura, Patrimonio y Turismo, asumirá de forma conjunta “la planificación de la programación anual, la valoración del interés público de las solicitudes y la resolución de posibles situaciones de concurrencia, garantizando una visión global y coordinada que proteja la excelencia del espacio”.

De este modo, corresponde a este nuevo órgano proponer y valorar la programación anual de eventos, velando por la sostenibilidad del recinto; informar, cuando proceda, los supuestos de concurrencia de solicitudes; proponer directrices técnicas y ajustes de carácter técnico en el marco de la ordenanza y fomentar la coordinación con servicios municipales y, en su caso, con otras administraciones.

En cuanto a su funcionamiento, se reunirá ordinariamente con periodicidad semestral y extraordinariamente cuando lo requiera la tramitación. Sus informes tendrán carácter técnico y no vinculante, salvo previsión expresa.

Por otro lado, los ingresos municipales derivados de la ocupación se aplicarán conforme a las reglas presupuestarias y de destino legalmente previstas. El Ayuntamiento podrá establecer instrumentos de planificación presupuestaria para priorizar actuaciones de conservación y mantenimiento del recinto monumental, según consta en este proyecto de ordenanza.

Régimen sancionador

Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de cuantía entre 60 y 3.005 euros; las graves contemplan multa de cuantía entre 3.006 y 15.025 euros, y las muy graves estarán tipificadas con importes entre 15.026 y 30.050 euros y/o con la extinción o revocación de la autorización demanial y en su caso de la licencia actividad ocasional, o ambas medidas, cuando la gravedad del daño patrimonial o del riesgo para la seguridad así lo justifique.

La imposición de sanciones será compatible con la adopción de medidas de restablecimiento del dominio público y de la legalidad (retirada, desinstalación, limpieza y restitución, clausura, precinto), con la reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Los eventos privados en el Tierno Galván han llegado para quedarse. La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid ante el recurso presentado por la asociación vecinal Delicias para Tod@s por el uso del auditorio del parque, ubicado en el distrito de Arganzuela, para la celebración de eventos dado que “no concurren motivos de nulidad radical” de la normativa a aplicar.

En una sentencia del tribunal de instancia 29 de Madrid, fechada el pasado 20 de mayo, la magistrada desestima el recurso vecinal presentado contra el decreto de la concejala-presidenta del distrito, Dolores Navarro, en julio de 2024 e impone costas a la asociación al entender que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajusta a derecho. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La asociación vecinal argumentaba que el decreto presentaba “graves contradicciones y una fundamentación deficiente que desvirtúa la naturaleza del parque como zona verde de uso público”. Sin embargo, según apunta el fallo judicial, el texto, firmado por la concejala, “pretende hacer compatible el uso del auditorio por parte de la vecindad con eventos promovidos por entes públicos o particulares”.

Igualmente, la asociación sostenía que el decreto “introduce de manera improcedente el término 'interés general', cuando el artículo 207 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano (OGPMAU) se refiere exclusivamente a la autorización de actos públicos por motivos de interés”. Señalaban que la normativa “no contempla ni permite la autorización de eventos privados con acceso restringido en este tipo de espacios” y que “al equiparar de forma artificiosa los actos promovidos por entes públicos y los promovidos por particulares, el decreto vulnera frontalmente la ordenanza, que establece que las zonas verdes no pueden ser objeto de privatización ni destinadas a fines particulares en detrimento de su destino público”.

La asociación sumaba a sus argumentos que no se respetó el trámite de información pública y que se vulneraron las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, “que establecen que las zonas verdes están destinadas al bienestar ciudadano garantizando el recreo y esparcimiento de la población”. Desde el Ayuntamiento contestaron que “no es en absoluto inviable desde el punto de vista jurídico tratar de compatibilizar diferentes tipos de usos sobre un mismo espacio público, estableciendo como predominante el público, pero permitiendo al mismo tiempo la existencia de otro tipo”.

También reflejaron la competencia de la concejala para otorgar autorizaciones y concesiones demaniales y que en ningún momento se vulneraron las normas urbanísticas porque “no se está produciendo ninguna alteración conceptual del parque en la medida en que el decreto regula las condiciones de uso de un espacio concreto ubicado dentro de él, el denominado auditorio anfiteatro, aunque también puede resultar de aplicación al resto”.

Tampoco eluden sobre la vulneración de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica que esta norma permite conceder autorización para superar los límites de emisión sonora establecidos por el propio texto. En cuanto a la ausencia del trámite de consulta pública, el Ayuntamiento aclaraba que era un decreto, un acto administrativo, no una norma.

Finalmente, la magistrada expone que, “examinadas las actuaciones, las alegaciones formuladas en la demanda, así como las vertidas en la contestación, el recurso no puede tener favorable acogida y debe ser desestimado toda vez que debe ser compartido el criterio mantenido por la Administración en la resolución impugnada, así como en su contestación minuciosa a la demanda”.

Sobre la ausencia en el decreto de la preeminencia del uso público del parque frente al privado, el fallo indica que “señala acertadamente la defensa de la Administración que la ponderación de los diferentes intereses implicados es una potestad discrecional que ostenta la concejala a la hora de conceder o denegar autorizaciones o concesiones demaniales sobre terrenos públicos, no equivaliendo el uso predominante ni es sinónimo de uso exclusivo.

Carabante, a favor de los eventos

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha considerado en rueda de prensa que es “una buena noticia que los tribunales respalden las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid” dado que “es posible utilizar el espacio público, hacer eventos, conciertos en la vía pública, en los parques, en las instalaciones de la ciudad de Madrid, y además hacerlo con plena garantía del derecho al descanso que tienen los madrileños”.

“Lo que pone de manifiesto esa sentencia que da razón al Ayuntamiento de Madrid es que la normativa que aplicamos permite la conciliación entre la necesidad de hacer eventos para uso y disfrute de todos los madrileños y nuestros visitantes con el derecho al descanso que tienen los vecinos en el entorno del Tierno Galván”, ha expresado el delegado. En la misma línea, Carabante ha aplaudido que Madrid siga convirtiéndose en el “epicentro de los grandes acontecimientos, los grandes eventos, no solo musicales sino culturales, en este caso también desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de accesibilidad por parte de los vecinos”.

Nuevas concentraciones en defensa del parque

Este fin de semana arrancan los festivales en el parque. El primero de la temporada será el Maudes Festival, que se instalará en el Tierno Galván los días 23, 30 y 31 de mayo. Después, llegará la Carbonería del Galván, que se celebrará del 24 de junio al 8 de julio.

Coincidiendo con la sentencia y la celebración del festival, los vecinos han organizado una concentración para protestar por la privatización del recinto. La asociación Delicias para Tod@s denuncia en un comunicado que “las zonas verdes del distrito son un patrimonio propio irrenunciable, que debe mantenerse y cuidarse por parte de nuestro gobierno municipal, y del que siempre se debe preservar su carácter público y abierto al uso y disfrute de la ciudadanía, como la normativa urbanística establece”.

Consideran que “la cesión de gran parte de uno de nuestros mayores parques a una empresa privada para que lo explote en beneficio propio” constituye una privatización de sus derechos y “una agresión injustificable” a la naturaleza urbana que incumple el artículo 206 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente. 

Del mismo modo, señalan que “las actuaciones musicales continuadas suponen una agresión inaceptable el derecho a la privacidad, a la salud y al descanso de los vecinos” reconocido en el artículo 18 de la Ordenanza de Protección de la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT). También hacen referencia a que el Ayuntamiento de Madrid “autoriza superar el límite establecido en el artículo 15 de la OPCAT para las zonas residenciales, permite que se llegue a los 70 dB a metro y medio de las fachadas”.

Para denunciar lo que consideran “agresiones”, las asociaciones vecinales Nuevo Legazpi, Delicias para Tod@s, Unión Vecinal El Barrio no se Tala, Nudo Sur y Pasillo Verde Imperial, junto con Ecologistas en Acción y la Mesa Ciudadana del Árbol, han convocado una concentración este sábado 23 de mayo a las 19.00 horas en el paseo que une la chimenea con el anfiteatro en el Parque Tierno Galván bajo el lema “¡Basta ya del festival! No al Maudes 2026”.

Cantabristas ha denunciado este viernes el “desaprovechamiento” de numerosos espacios públicos en Santander, que se cerrados, abandonados o sin uso. Para eso, ha reclamado recuperar lugares como la Casa Rosales, el edificio de Santa Lucía 13, el Palacio de Cortiguera, la zona verde de La Remonta, o las antiguas cocheras del TUS.

En un comunicado, la formación ha explicado que muchos de estos espacios públicos no son de titularidad directa del Ayuntamiento, por lo que propone que el Gobierno municipal negocie con la administración titular, para plantear convenios, cesiones, alquileres, permutas de uso o fórmulas de colaboración.

“Lo que no puede hacer el Ayuntamiento del PP es seguir mirando hacia otro lado durante más tiempo desaprovechando recursos que llevan demasiado tiempo infrautilizados o directamente abandonados”, ha sentenciado.

En este sentido, el portavoz de la agrupación local de Cantabristas Santander, Manuel Núñez, ha subrayado que “una ciudad no se mejora solo con grandes anuncios, infografías y fotos de inauguración. Se mejora abriendo espacios, cuidando instalaciones, recuperando edificios y poniendo las dotaciones públicas al servicio de la gente”.

En palabras de Núñez, “frente a décadas de abandono, desde Cantabristas empujaremos para hacer lo que debería ser una obviedad: poner lo público al servicio de la ciudadanía”.

“Y, a menudo, las cosas verdaderamente valiosas son aquellas que solo se consiguen mediante tareas y actividades de escasa utilidad”. De qué hablo cuando hablo de correr, Haruki Murakami.

Es inevitable, en cualquier ciudad grande o mediana, haberse topado con una estampida de gente vestida de corto, a menudo con música y embravecida entre jaleos, corriendo en pelotón por calles, avenidas y plazas.

Lo que hasta hace relativamente poco podía interpretarse como una práctica individual, que generaba la mofa popular en sus inicios, ha pasado a convertirse en un fenómeno cotidiano que coloniza el espacio público. Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla. Desde el estereotipo primigenio de ‘la soledad del corredor de fondo’, la práctica de correr por el espacio público ha evolucionado hacia una actividad colectiva y propicia para la sociabilidad. Los conocidos como running clubs han intensificado esta transformación, desplazando parcialmente aquel momento introspectivo y de soliloquio interno hacia una experiencia compartida.

Sin embargo, más allá de este viraje, lo relevante es que el runner ya no es una figura aislada, sino un usuario más del espacio público, con sus lógicas propias de desplazamiento, ocio y producción del espacio (en terminología lefebvriana). A diferencia del peatón o del vehículo, el corredor traza recorridos continuos, busca ritmos constantes y necesita unas condiciones espaciales muy concretas para mantener la inercia del movimiento. Así, la proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales hacia estilos de vida más saludables y activos, sino que introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente. Una capa que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse.

Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla

Ante la aparición y consolidación de los running clubs y la creciente afición por correr, resulta necesario preguntarse: ¿cómo deben adaptarse las ciudades para ser lo que ya se conoce como runner friendly?

Correr como signo de modernidad

Antaño, correr por la ciudad, en nuestro contexto sociológico católico de continua vigilancia y juicio del prójimo, podía despertar una cierta extrañeza, incluso una mofa soterrada. Mi padre, uno de los mejores maratonianos de España en los años 80, me recuerda a menudo cómo era frecuente recibir comentarios de burla de desconocidos cuando salía a correr por la calle: “Uno, dos, uno, dos”, “si te cansas, párate”, “corre, que se te escapa el bus”. Por el contrario, cuando competía en la maratón de Nueva York, la actitud de la gente era de entusiasmo y de ánimo.

La figura del corredor urbano —a medio camino entre el atleta y el aficionado que quiere hacer ejercicio de forma barata, con poco material y sin necesidad de instalaciones deportivas— ha necesitado cierto proceso de integración dentro del imaginario colectivo. Hoy, sin embargo, correr no solo está plenamente normalizado, sino que se ha convertido en todas partes en una práctica socialmente valorada, asociada a la salud, la disciplina y una cierta idea de autocuidado contemporáneo.

En este tránsito, el running ha dejado de ser una actividad marginal para consolidarse como un fenómeno de masas. Se corre por afición, por salud, por estética e incluso con objetivos de rendimiento cada vez más exigentes. La ciudad, en consecuencia, ya no es únicamente el escenario donde sucede esta práctica, sino el soporte físico sobre el que se despliega una nueva forma de habitarla.

Los running clubs representan la muerte de éxito de este fenómeno. En ellos, correr se despoja parcialmente de su dimensión ‘terapéutica’ de soledad para reforzar, en cambio, su vertiente social. Frente al ocio tradicional vinculado al bar, el consumo o la nocturnidad, emerge aquí una forma alternativa de encuentro que combina actividad física y sociabilidad. Se especula que los running clubs, en muchos casos, están incluso sustituyendo espacios físicos y virtuales de citas.

La proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales, introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse

Cartografías runner: correr para leer la ciudad

Todo corredor traza, consciente o inconscientemente, una cartografía propia de la ciudad. No se corre por cualquier sitio. La elección de una ruta responde a una lectura muy precisa del espacio urbano: la anchura de las aceras, la calidad del pavimento, la densidad de peatones, la contaminación del aire, la secuencia de semáforos, la presencia de sombra en verano o, incluso, la posibilidad de atravesar ciertos paisajes urbanos más o menos amables.

Correr implica, en este sentido, una forma específica de relación con la ciudad. Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba. Esta lectura activa acaba generando recorridos recurrentes, auténticos circuitos informales que se repiten cada día y que, en muchos casos, acaban siendo compartidos por cientos de personas, tal y como muestran apps como Strava. Se trata de infraestructuras reinventadas, no planificadas, pero extraordinariamente estables en el tiempo y en su uso.

Ciudades que corren

Algunas ciudades han empezado a reconocer, de forma más o menos explícita, esta nueva capa de uso del espacio público. En Ciudad de México, por ejemplo, una mañana dominical tuve la suerte de ir a dar con el Paseo de la Reforma justo cuando se transforma en una suerte de fiesta atlética espontánea, donde miles de personas corren, pedalean o simplemente pasean sin la presión del tráfico.

En València, observé cómo el Jardí del Turia, que sigue el antiguo cauce del río, se ha consolidado como un corredor verde donde la práctica del running no solo es habitual, sino que empieza a estructurarse mediante señalizaciones y recorridos reconocibles. Un espacio que, en la práctica, funciona como una gran infraestructura deportiva lineal en una ciudad que se ha erigido como una de las mecas del atletismo popular. Algo similar ocurre en Madrid, donde el Parque del Retiro opera casi como una república runner dentro de la ciudad. En Barcelona, el paseo marítimo, la carretera de les Aigües o la Diagonal mantienen un flujo continuo de corredores que negocian el espacio entre bicis, patinetes y paseantes.

En Londres, los grandes parques urbanos funcionan como centros neurálgicos del running. No es extraño encontrar grupos que superan el centenar de personas, organizados en torno a clubs o eventos como los Parkruns, que cada fin de semana convierten estos espacios en circuitos temporales de carrera. Y en París, es posible recorrer largos tramos junto al Sena en espacios liberados del tráfico rodado, donde antiguas infraestructuras como túneles para coches se han reconvertido en paseos continuos para corredores y ciclistas.

No todas las ciudades, sin embargo, ofrecen las mismas condiciones. En muchas ciudades italianas, como Florencia o Roma, correr de forma continua resulta especialmente complicado. Los pavimentos adoquinados, las calles estrechas de su trama urbana milenaria, la densidad patrimonial, las colinas y la acumulación de turistas suponen interrupciones constantes. En estos contextos, el running se convierte casi en un ejercicio híbrido, a medio camino entre el trote y la contemplación. En Roma, no obstante, han recuperado un sendero estrecho que sigue el curso del Tíber desde su misma cota deprimida y que permite surcar la ciudad antigua al margen del bullicio. 

Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba

Un caso excepcional

En Río de Janeiro, recuerdo haber descubierto la relación más intensa que jamás había visto entre ciudad y ejercicio físico. A lo largo de las playas de Ipanema y Copacabana, los corredores colonizan el carril bici y los paseos con los pavimentos ondulantes del paisajista brasileño Roberto Burle Marx. Las playas se llenan de jugadores de voley, futvóley y todo tipo de deportes, mientras que unas marquesinas, que imitan paradas de autobús pero que en realidad son estaciones de calistenia, complementan estas prácticas. Todo ello ante el telón de fondo de las playas cariocas y a primera hora de la mañana, antes del inicio de la jornada laboral.

La gente de Río parece apresurarse por exprimir la ciudad en una especie de coreografía colectiva de cuerpos en movimiento, como si existiera un acuerdo tácito para activar el espacio público antes de que el día quede absorbido por las obligaciones. Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar. A primera hora de la mañana, en un día laborable o durante el fin de semana, quien corre puede captar el pulso, la vitalidad y el espíritu de la ciudad de una forma difícilmente replicable por otros medios.

Calles para todo

En el ensayo Construir y habitar, del prestigioso sociólogo y urbanista Richard Sennett, el autor relata cómo, tras sufrir un ictus, su relación con el espacio público cambió de forma sustancial. De repente, tenía que caminar por las calles de Berlín en contacto con las fachadas, condicionado por sus nuevas limitaciones físicas. Del mismo modo que Sennett modificó, por necesidad, las gafas con las que leía la ciudad, cualquiera que haya transitado con muletas, un carrito o una silla de ruedas ve irremediablemente cómo su percepción sobre las virtudes y los defectos del diseño urbano se vuelve más precisa, más exigente y, en última instancia, más consciente de todo aquello que antes pasaba desapercibido.

Corriendo, el diálogo con las calles también tiene un lenguaje particular y la expansión del running plantea, inevitablemente, una cuestión de diseño urbano. En las últimas décadas, las ciudades han incorporado de forma masiva infraestructuras ciclistas siguiendo una lógica de movilidad sostenible irrefutable. Ahora cabe preguntarse si el espacio público debería empezar a adaptarse también a esta nueva forma de desplazamiento.

Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar

La experiencia reciente con los carriles bici ofrece lecciones valiosas. En muchos casos, estas infraestructuras se dimensionaron de forma insuficiente, al no prever ni el crecimiento sostenido del uso de la bicicleta ni la irrupción de las bicis y los patinetes eléctricos. Este error de cálculo ha dado lugar a carriles demasiado estrechos, donde conviven desplazamientos a velocidades muy dispares sin posibilidad real de adelantamiento. Los modelos más recientes, sin embargo, han empezado a corregir esta limitación y tienden a integrarse en la calzada, reduciendo la velocidad del tráfico motorizado y favoreciendo una convivencia más equilibrada entre usuarios.

En este contexto, cabe imaginar que parte de estas infraestructuras puedan ser también utilizadas o reinterpretadas por los corredores. Espacios donde no sea necesario esquivar peatones, sortear terrazas o disputar la salida en cada semáforo. Más que diseñar carriles específicos para correr, quizás se trate de asumir que el runner es ya un usuario más del espacio público, con unas necesidades concretas que pueden y deben ser incorporadas en su planificación.

La ciudad a otra velocidad

Correr introduce una nueva velocidad en la ciudad. Una velocidad intermedia que obliga a repensar la relación entre los distintos usos del espacio público y que, al mismo tiempo, revela con especial claridad sus virtudes y sus carencias.

Correr no es solo una actividad física. Es también una forma de apropiación, de relación con la ciudad y, en determinados contextos, incluso un modo de desplazamiento cotidiano. No es casual que muchas oficinas incorporen ya duchas para que sus trabajadores puedan asearse antes de empezar la jornada laboral si se desplazan en bicicleta o corriendo.

En esta reinterpretación urbana, cada zancada dibuja una ciudad ligeramente distinta: más vibrante, más densa, más feliz, más próxima a nuestros cuerpos.

La Consejería de Deportes del Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Santander y Torrelavega han decidido guardar silencio sobre la posibilidad de retirar su nombre de espacios públicos, además de honores y distinciones municipales al exciclista Óscar Freire, condenado este pasado lunes por el delito leve de “vejaciones injustas” a su expareja, previo acuerdo entre las partes y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

El tricampeón mundial de ciclismo es hijo predilecto de Cantabria, alcalde honorífico de Torrelavega, da nombre al complejo municipal de deportes de Torrelavega, por ser nacido en el municipio, y tiene una 'estrella de la fama' en suelo público en Santander, entre diversos honores más concedidos por las instituciones a lo largo de su carrera. Consultados por elDiario.es, los dos ayuntamientos han declinado hacer declaraciones.

Hasta ahora, solo el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) en Cantabria se ha posicionado para exigir la retirada del nombre del exciclista de las instalaciones públicas de Torrelavega, además de otros honores y distinciones.

A esto se ha sumado este jueves la coalición Izquierda Unida-Podemos en Torrelavega, que ha exigido el cambio de nombre del recinto deportivo, en respuesta a este periódico. La coalición, que llevará el tema a comisión —y a pleno si no hubiese acuerdo—, ha considerado diversos nombres de deportistas como el atleta Mohamed Attaoui o la tenista Cristina Bucsa para sustituir el de Freire.

Paseo de la fama

En Santander, hay un 'paseo de la fama' que rinde homenaje a personajes ilustres cántabros en suelo público. Entre ellos, Óscar Freire cuenta con un reconocimiento, en la calle Tetuán. Desde el Consistorio se ha delegado cualquier respuesta en la asociación privada que promovió la iniciativa en 2016, pese a estar en suelo público.

Consultados al respecto, la Asociación de Amigos del Barrio de Tetuán (en origen fue la Asociación de Hosteleros de Tetuán y Barrio Camino, pero se ha dado de baja) ha afirmado que debatirá el tema en su próxima reunión para tomar una decisión ejecutiva sobre la estrella concedida a Óscar Freire: “Es una cuestión muy importante que hay que debatir, la justicia está para para resolver y y nosotros acatar lógicamente lo que dice la justicia”, ha dicho su portavoz, el hostelero Jaime Ruigómez.

Por su parte, el consejero que ostenta las competencias de Deportes del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP), ha rechazado comentar públicamente si la comunidad autónoma u otra institución que haya distinguido al tricampeón del mundo de ciclismo en ruta debe retirarle esos títulos tras ser condenado por un tribunal especializado en violencia de género. “No voy a hablar sobre Óscar Freire. Respeto absoluto a la situación que se está viviendo”, ha respondido Martínez Abad. “Cuando se conozcan más cosas, será”, ha concluido.

“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

“He estat tres mesos, els dissabtes al matí, en una taula recollint signatures”. Antònia Maria Oliver travessa la plaça Teixidores, al municipi mallorquí de Sóller, mentre relata el conflicte que en els últims mesos manté els veïns en suspens: la pretensió de l’Ajuntament de cedir la zona —destinada actualment a aparcament, recinte firal i punt de trobada veïnal— per a la construcció d’un bloc d’habitatges socials que, asseguren, transformarien de manera irreversible un dels darrers espais oberts d’aquest poble enclavat en plena Serra de Tramuntana. Mentre camina, Antònia Maria matisa: “Ens sembla molt bé que es construeixin habitatges perquè és una cosa necessària, però no a costa d’un espai com aquest”.

El debat transcendeix el merament local i planteja una qüestió de fons: com —i on— construir habitatge públic, especialment en una localitat on accedir a una casa s’ha tornat gairebé impossible. En aquests moments, el preu mitjà d’un habitatge de menys de 100 metres quadrats se situa en 578.125 euros —un 159,23% més que fa un any—, d’acord amb les dades de Fotocasa. Pel que fa al lloguer, la situació no és menys significativa: segons el mateix portal immobiliari, un estudi o un pis amb una sola habitació costa de mitjana 1.578 euros. L’escalada sostinguda en els darrers anys revela fins a quin punt Sóller, en línia amb la tendència general de les Balears, s’ha convertit en un mercat fortament tensionat marcat per una elevada pressió de la demanda —especialment vinculada al negoci turístic i als compradors internacionals—: el resultat és un encariment que no només eleva el cost de vida, sinó que consolida un accés cada vegada més restrictiu a l’habitatge per a la població local.

En plena emergència habitacional, el consistori, governat pel PP, va anunciar la cessió de la cèntrica plaça Teixidores --classificada com a zona lliure pública en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller- perquè l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) —dependent del Govern balear— pogués construir dos edificis amb 24 habitatges de protecció oficial, fet que va rebre una forta contestació dels veïns en considerar que el projecte arrasava amb un dels escassos espais diàfans que queden a Sóller. L’Ajuntament va redefinir la proposta, plantejant l’edificació d’un sol bloc en forma de “L” i la construcció d’un pàrquing subterrani exclusiu per a residents, assegurant que el projecte no suposa una pèrdua de l’espai públic, sinó una millora substancial del mateix en fer-lo “més gran, més atractiu i més funcional”.

L'espai públic, reduït “a menys de la meitat”

Veïns i arquitectes critiquen, però, que les recreacions presentades pel consistori no es corresponen amb la realitat física del lloc i generen una expectativa difícil de sostenir: “Si es construeix, necessàriament s’haurà de fer disminuint l’espai lliure”, assegura a elDiario.es l’arquitecte Joan Soler, qui estima fins i tot que aquest quedaria reduït “a menys de la meitat”. I no només això. La solució, a parer dels afectats i dels urbanistes, trasllada a més el conflicte sota terra: l’aparcament subterrani ja havia estat explícitament descartat en la proposta original a causa del risc d’inundació associat a la proximitat del torrent de Fornalutx, que discorre soterrat per sota de la zona.

Sota aquesta controvèrsia batega, a més, un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, l'amnistia urbanística aprovada per PP i Vox que permetrà legalitzar habitatges construïts de manera il·legal en sòl rústic sota pretext de facilitar l'accés a l'habitatge. El detonant radica en la Disposició Final Novena, que permet que promocions d'habitatge públic declarades d'“interès autonòmic” es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal. És a dir, converteix l'emergència residencial en una eina jurídica per a accelerar projectes fins i tot en sòls controvertits. Al respecte, especialistes tècnics alerten que el nou projecte podria establir un perillós precedent que obriria les portes a transformar places i espais protegits en parcel·les edificables.

Sota el conflicte batega un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, la Disposició Final Novena de la qual permet que promocionis d'habitatge públic declarades de "interès autonòmic" es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal

La protesta veïnal, per la seva banda, s’ha materialitzat en una petició plantejada a través d’Internet i en una recollida de signatures impulsada, d’una banda, per Antònia Maria i, de l’altra, per l’arquitecte i resident de la zona Rafel Cortès, que sumen fins ara més de 500 suports. El seu discurs no nega el problema habitacional —al contrari, el reconeix com a urgent—, però sí que qüestiona la ubicació escollida. “Si l’únic que tenim ho volen treure…”, lamenta Antònia Maria.

Aquesta veïna recorda que la plaça no és només el lloc on s’instal·len les fires, les tradicionals atraccions de Sant Bartomeu o les activitats comunitàries, sinó que també serveix perquè els veïns puguin estacionar els seus vehicles, tenint en compte els embossos i problemes d’aparcament que Sóller arrossega des de fa anys i que també han portat els seus residents a mobilitzar-se. Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar les 70 corbes de la sinuosa carretera que creua la Serra d’Alfàbia. Tanmateix, la construcció del túnel de Sóller va suposar un abans i un després per a aquesta localitat resguardada entre muntanyes: la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremeiablement, la zona es va obrir de bat a bat a l’increment del trànsit, la pressió turística i els problemes de congestió que avui marquen el seu dia a dia.

Rosa, amiga d’Oliver, insisteix en la dimensió social de la zona: en la seva opinió, com en la d’altres veïns, el projecte no només suposaria una transformació urbanística, sinó també una pèrdua d’usos socials consolidats amb el temps: “El que han de fer és buscar una solució perquè això sigui una plaça de veritat, una zona de trobada per a gent gran i infants”. I afegeix: “Sembla que amb aquest projecte el que busquen és poder dir que han construït habitatges abans de les eleccions”. Entre altres punts, els veïns proposen el desplegament de l'Unitat d’Execució prevista en el PGOU, la qual cosa permetria desenvolupar sòl de forma ordenada sense necessitat d'eliminar espais ja consolidats com aquesta plaça, o la construcció d'habitatge públic en altres llocs com el solar municipal de Cetre, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

D'un dels edificis de la plaça surt Pere Suau, de 84 anys, que observa l’espai amb la perspectiva de qui ha vist transformar Sóller durant dècades. Per a ell, el debat no és només urbanístic, sinó profundament lligat a la memòria del lloc i a la seva funció en la vida quotidiana del municipi, i mostra la seva preocupació davant la possibilitat de perdre definitivament aquest punt de trobada obert, vinculat a l’activitat social i a les dinàmiques del poble. Des de l’experiència acumulada, adverteix que decisions com aquesta no només afecten el present, sinó també el futur de Sóller, en condicionar l’ús d’un espai que considera essencial per a la identitat col·lectiva del municipi.

Així mateix, adverteix dels problemes tècnics que podria comportar el projecte. “Si no la toquen no s’inundarà. Si es volen baixar tres metres per fer un pàrquing…”, apunta, deixant en l’aire la incògnita sobre què passaria a l'hora de construir al subsòl. La plaça de les Teixidores s’assenta sobre un espai històricament vinculat al sistema hidràulic de la vall de Sóller, travessat pel curs del torrent de Fornalutx, cosa que complica qualsevol intervenció profunda. Els riscos d’inundació —els episodis de pluges intenses han provocat històricament desbordaments puntuals— i les limitacions constructives van portar precisament l’Ibavi a descartar en els seus plecs inicials la construcció d’aparcaments subterranis i habitatges en planta baixa en aquesta parcel·la.

Entre el dret a l'habitatge i a la ciutat

Joan Soler, una de les veus tècniques que s’han posicionat en contra del projecte, situa el debat en la naturalesa mateixa de la zona. “És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic”, sosté, i adverteix que la construcció d’habitatges —encara que siguin protegits— suposaria, en la pràctica, “privatitzar-lo” i limitar de manera irreversible el seu potencial futur. No debades, Soler no qüestiona la necessitat que es promogui habitatge social, però sí la seva ubicació: intervenir a la plaça de les Teixidores implicaria “hipotecar” un dels pocs espais oberts del centre de Sóller i, al seu parer, l’actuació respon més a una lògica d’urgència que compromet la planificació a llarg termini: “S’està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d’ús”.

És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic. S'està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d'ús

Joan Soler — Arquitecte

Des d’una perspectiva urbanística, l’arquitecte defensa que el futur de la plaça s’hauria d’abordar mitjançant un concurs d’idees que permeti definir la seva funció com a espai públic. Encara que en el dia a dia el lloc funciona com a aparcament, insisteix que el seu valor rau precisament en el seu potencial per acollir zones verdes, equipaments i usos socials vinculats al centre urbà i a la futura rehabilitació de la Fàbrica Nova, un dels principals símbols del passat industrial del municipi i element patrimonial de primer ordre -va ser declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) en 2018-. L'Ajuntament planteja integrar urbanísticament l'entorn de la fàbrica dins del seu projecte urbanístic, defensant que la nova ordenació permetrà connectar tots dos espais i reactivar la zona.

“És un espai molt gran, molt cèntric, amb moltes possibilitats”, recalca. Soler també posa en qüestió el relat institucional que acompanya el projecte. Critica que les recreacions difoses per l’Ajuntament resulten “enganyoses” i no es corresponen amb la realitat de l’espai. “El paper ho aguanta tot, però després la realitat és una altra”, assenyala. En la seva opinió, la idea que no es perdrà superfície pública és insostenible: “Si construeixes, aquest espai no queda a l’aire”.

Pel que fa a l’aparcament, adverteix d’un canvi substancial en la seva naturalesa: encara que es mantinguin places, aquestes deixarien de ser públiques. “Les que estiguin sota els edificis s’arrendaran o es vendran”, explica, cosa que, a la pràctica, suposa substituir un ús col·lectiu per un de restringit. El projecte actual preveu mantenir a més part de l’aparcament —unes 70 places— a banda i banda de la plaça, al costat dels edificis, fet que, segons els residents, no resol el problema de mobilitat i afegeix pressió urbanística a l’entorn.

En aquesta línia, un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès, ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa, al seu judici, ho fa incompatible amb qualsevol edificació. Els signants adverteixen a més de que la intervenció afectaria l'entorn immediat de la Fàbrica Nova.

Un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa ho fa incompatible amb qualsevol edificació

Tanmateix, aquesta idea també ha despertat crítiques entre veïns i oposició, que hi veuen una contradicció: mentre s’aposta per preservar i dignificar un conjunt històric protegit —el Consell de Mallorca, propietari de l’edifici, està impulsant la seva rehabilitació per convertir-la en un museu tèxtil de referència—, s’aboga al mateix temps per la construcció d’habitatges al seu entorn immediat. Segons ells, aixecar un bloc residencial al costat de la Fàbrica Nova suposa alterar el seu espai de protecció i el seu perímetre visual des de la plaça, desvirtuant el valor patrimonial que es pretén recuperar i evidenciant una manca de coherència en la planificació urbana del municipi.

Construïda el 1921 per la societat Rullan i Mayol, sobre el solar d’una antiga central elèctrica, la Fàbrica Nova va començar a funcionar el 1922 com a fàbrica tèxtil i va romandre activa fins al 1970. Durant dècades va ser el cor econòmic i social de la vall: un complex industrial on treballaven desenes d’obrers —en la seva majoria dones— i que concentrava tot el procés productiu del teixit.

Els arquitectes sostenen que la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic no pot servir d'argument per a ocupar espais públics consolidats, al mateix temps que critiquen la falta de transparència en la tramitació del projecte i reclamen una reflexió més àmplia sobre el model urbà del municipi. En aquest sentit, defensen la cerca d'alternatives en sòls ja previstos per a edificar, evitant així establir un precedent que, al seu judici, podria obrir la porta a futures intervencions similars en altres espais lliures de Sóller i d'altres municipis.

“Hi ha motius per rebutjar la proposta”

Des de l’àmbit polític, la regidora i portaveu de Més per Sóller, Laura Celià, emmarca el rebuig al projecte dins d’una crítica més àmplia a l’estratègia d’habitatge impulsada per les administracions. La formació, assegura, no s’oposa a la construcció d’habitatge públic, però sí a fer-ho “a qualsevol preu” i sense atendre les conseqüències urbanístiques i socials. “No és una postura infantil de dir no per dir no: hi ha motius jurídics, urbanístics i polítics al darrere”, subratlla en declaracions a aquest diari.

La regidora ecosobiranista adverteix, a més, que l’operació a la plaça de les Teixidores no és un fet aïllat, sinó part d’una dinàmica més àmplia de cessió d’espais públics a l’Ibavi. En aquest sentit, assenyala que l’Ajuntament ja ha transferit altres immobles municipals amb aquesta finalitat i preveu noves cessions, fet que, segons ella, compromet el futur del municipi en reduir la disponibilitat d’equipaments públics. “Si en el futur necessitam un centre de dia, una escoleta o un casal cívic, no tendrem espais”, alerta.

La portaveu també qüestiona l’enfocament de les polítiques d’habitatge, en considerar que responen més a una lògica de xifres que a una solució estructural del problema. “Es busca poder dir que s’han activat centenars o milers d’habitatges, però sense importar on ni com”, sosté, i critica una estratègia que, segons la seva opinió, prioritza l’impacte polític per damunt de la planificació a llarg termini.

Davant d’això, Més planteja un diagnòstic basat en les dades del mateix municipi: a Sóller hi ha més de 1.100 habitatges buits, als quals se sumen uns 500 segones residències i uns 600 destinats al lloguer vacacional, xifres que, segons Més, evidencien que el problema no és únicament la manca de sòl. “La solució no passa per construir més, sinó per mobilitzar els habitatges que ja existeixen”, afirma, i defensa mesures per treure al mercat el parc buit i regular els usos turístics.

Per la seva banda, el portaveu de la formació local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, assenyala que la seva formació s’ha oposat al projecte “des del minut u”, tot i que recalca el seu suport a la recerca de solucions que ajudin a resoldre la crisi de l’habitatge. “Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu”, subratlla. Aguiló defensa que la plaça de les Teixidores, malgrat el seu ús actual com a aparcament, compleix una funció molt més àmplia com a espai públic. “És l’únic pulmó que ens queda al centre de Sóller”, afirma en declaracions a elDiario.es.

Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu

Sebastià Aguiló — Portaveu de la formació local Seny i Sentit

El dirigent polític critica el que considera una manca d'alternatives per part de les administracions. “No entenem aquesta necessitat de construir sí o sí sense plantejar altres sistemes”, sosté, alhora que reclama explorar altres vies, com la requalificació de sòls que ja estàn integrats al centre del municipi o l'habilitació de nous espais per a habitatge social fora del nuclí més tensionat. En aquest sentit, contraposa la facilitat amb la qual, segons denuncia, s'han promogut canvis normatius per habilitar aparcaments en sòl rústic enfront de la manca d'iniciativa per generar sòl destinat a habitatge.

El regidor també posa en dubte la transparència del procés, en assegurar que encara no hi ha un projecte definitiu. “El que hi ha són fotomuntatges que no s’ajusten a la realitat”, recrimina, i qüestiona la fiabilitat de les imatges difoses i el relat institucional que acompanya el projecte. Al seu parer, la proposta “hipoteca el futur de Sóller” i respon més a una necessitat política que no pas a una planificació urbanística sòlida.

Per últim, introdueix un element simbòlic que, segons ell, evidencia les contradiccions del discurs institucional: a finals de 2022, el ple va aprovar per unanimitat el canvi de nom de la plaça —de Teixidors a Teixidores— per reconèixer el paper de les dones en la història industrial del municipi, i tots els grups polítics van assistir a descobrir la placa amb el nou nom. “Aleshores tots reconeixien que era una plaça i ara resulta que ja no ho és”, critica en al·lusió al fet que l’alcalde de Sóller, Miquel Nadal, assenyalés que la zona “no és més que un aparcament”. Aguiló insisteix que, tot i que avui la plaça s’utilitzi en part com a aparcament, l’espai s’ha de preservar com a àmbit públic amb potencial per a usos socials en el futur.

La plaça que commemora les teixidores

La plaça de Teixidores, de fet, no és un buit casual, sinó el resultat d’un passat industrial desaparegut: el seu nom remet a un passat en què les dones van ser el veritable motor de l’economia local. Com assenyala l’historiador Plàcid Pérez en el seu treball Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la major part de la mà d’obra en els telers mecànics era femenina: treballadores sotmeses a ritmes intensius, salaris més baixos i escàs reconeixement, però fonamentals per sostenir la producció. Aquelles fàbriques no només van transformar el paisatge urbà, sinó també la vida de generacions de dones que van trobar en el tèxtil una de les poques vies d’accés al treball assalariat. Avui, aquest espai buit és també memòria: la d’un treball invisibilitzat que dona nom a la plaça i que torna a estar en disputa.

El portaveu del PSIB-PSOE a Sóller, Jaume Mateu, alhora, expressa el rebuig dels socialistes a la proposta de l’equip de govern en considerar que no corregeix les deficiències detectades en el primer projecte ni respon a les necessitats reals del municipi. Al seu parer, es tracta d’una ubicació inadequada per acollir un bloc de 24 habitatges, entre altres raons, perquè el mateix planejament urbanístic no preveu edificació en aquest espai, qualificat com a zona lliure pública. “Si el problema és que ara no és una plaça atractiva, és responsabilitat de l’Ajuntament fer un bon projecte per millorar-la”, assenyala, i insisteix que aquesta circumstància no pot utilitzar-se com a justificació per construir en un espai que s’hauria de preservar com a ús públic.

Mateu també critica la insistència de l’equip de govern a tirar endavant una iniciativa que, segons afirma, manca de consens social i polític. En aquest sentit, insta l’alcalde a “abandonar la seva obsessió” per aquest projecte i a treballar en un front comú que permeti donar solucions efectives al problema de l’habitatge, tant a curt com a mitjà i llarg termini. Entre les alternatives, els socialistes plantegen mesures com la declaració de Sóller com a zona de mercat residencial tensionat per limitar els preus del lloguer, així com la cerca de solars més adequats per ampliar el parc d’habitatge públic. A més, retreuen les formes emprades en la tramitació del projecte, denunciant la manca d’informació a l’oposició i alertant que la proposta ignora elements sensibles de l’entorn, com l’àrea de protecció de la Fàbrica Nova, declarada Bé d’Interès Cultural.

L'Ajuntament defensa el projecte

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que incorpora aportacions externes. En aquest sentit, asseguren haver tingut en compte tant les opinions d'arquitectes locals com els suggeriments recollits entre la ciutadania, cosa que, segons el seu parer, ha permès millorar i ajustar el projecte inicial.

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que ha incorporat aportacions externes, tant d'arquitectes locals com de la ciutadania, amb l'objectiu de millorar i ajustar el projecte inicial

En relació amb una de les principals preocupacions veïnals, l’aparcament, l’equip de govern assegura que el disseny del projecte garanteix que no es perdrà “ni una sola plaça”. Per això, planteja la construcció de l’aparcament subterrani destinat a residents —un sistema ZAR—: davant les crítiques, assegura que permetria mantenir la capacitat actual i, alhora, reorganitzar l’espai en superfície.

En aquesta línia, apel·len a la viabilitat tècnica de la intervenció malgrat les dificultats derivades de les característiques del terreny. Segons sostenen, s’han desenvolupat solucions específiques per garantir que el projecte compleixi tots els requisits, inclosos els vinculats a la gestió de recursos hídrics, tot i que reconeixen que això implica un cost i una complexitat constructiva més elevats. Finalment, recalquen que l’actuació no suposarà un cost directe per als veïns de Sóller, ja que estarà íntegrament finançada per l’Ibavi.

Les promocions que tramita el Govern a Sóller

Consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat assenyalen que l’Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d’habitatge social, destinats a ciutadans residents a les illes, un cop un ajuntament cedeix una parcel·la a l’ens públic. D’aquesta manera, asseguren, “atén puntualment les necessitats que expressi un ajuntament o qualsevol col·lectiu a través de l’ajuntament de cada municipi”. A Sóller, segons especifiquen, l’Ibavi tramita tres promocions que sumen 29 habitatges en total: les que es troben en fase més avançada són les del cinema Fantasio (onze habitatges) i de l’antic Hospici (deu habitatges), mentre que se n’està desenvolupant una tercera a l’antiga escola del carrer Marjades (vuit habitatges).

La Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat assenyala que l'Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d'habitatge social, destinades a ciutadans residents a les illes, una vegada que un ajuntament cedeix una parcel·la a l'ens públic

El possible projecte de Teixidores, com assenyalen les mateixes fonts —atès que “no s’ha concretat una cessió de parcel·la a l’Ibavi”—, sumaria altres 24 habitatges, cosa que situaria el total en 53 nous habitatges de protecció pública a Sóller. Es tracta d’un municipi, subratllen des de la Conselleria, amb una demanda d’habitatge públic que s’ha duplicat en dos anys a les llistes de l’Ibavi, fins a arribar a les 74 famílies o unitats de convivència a les llistes d’espera, que han registrat un augment del 40% en l’últim any respecte de les 53 del 2024 i les 34 del 2023.

El cas de la plaça Teixidores reflecteix un dilema cada vegada més freqüent a les Illes: com equilibrar la creació d’habitatge públic amb la preservació d’espais urbans i la identitat local. Mentre les administracions defensen la necessitat urgent d’ampliar el parc d’habitatge protegit, els veïns reclamen participar en les decisions i explorar alternatives. “Prenent aquestes decisions sense tenir en compte el poble, l’únic que s’aconsegueix és que la gent se n’hagi d’anar”, lamenta Rosa. La recollida de signatures, mentrestant, continua creixent. I amb ella, una pregunta de fons que el conflicte ha posat sobre la taula: no només quants habitatges fan falta a Sóller, sinó on i com s’han de construir.

En las plazas, la ciudad suspende el régimen de la propiedad y se reconoce, por un instante, como suelo compartido y tiempo común. Durante décadas, las hemos pensado como postales o explanadas duras, pero la crisis climática y social las vuelve a colocar en el centro como infraestructuras de salud urbana, de convivencia y de democracia cotidiana.

Después de años rellenando el mapa con rotondas y centros comerciales, descubrimos que la ciudad necesita otra cosa: plazas donde el cuerpo pueda pararse, sudar menos, jugar más y establecer escenarios amables para la comunicación interpersonal. Volver a mirarlas es preguntarse qué espacio público queremos.

Cómo se reconoce hoy una plaza bien hecha

Reconocer hoy una plaza bien hecha es reconocer un lugar que ha puesto las mejores condiciones posibles para que la vida ocurra al aire libre. Se parece más a una sala común que a un escaparate y en esta los coches tienen que estar en segundo plano. Los juegos y bancos deben ocupar el centro y la presencia vegetal se vuelve aliada frente al calor. Una buena plaza establece recorridos que no excluyen a nadie y caminos que llevan a casa, al trabajo o al metro sin romper la sensación de estar en un lugar y no en un nudo de autopista.

Durante mucho tiempo, el modelo dominante fue el de la plaza dura y representativa: gran explanada mineral, pensada para actos excepcionales más que para la vida diaria. Hoy, la urgencia climática y social desplaza el foco hacia lo cotidiano.

La plaza ya no es solo el escenario de las manifestaciones, sino el fondo continuo de las economías del cuidado, el juego infantil, la vejez y los trabajos precarios que se apoyan en el espacio público. Esta mutación del papel de la plaza se hace especialmente visible en España a partir de 2011, cuando el movimiento 15M convierte plazas como la Puerta del Sol en dispositivos continuos de cuidados, deliberación y protesta, más que en simples escenarios de paso o consumo turístico. Al mismo tiempo, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha insistido en la última década en la necesidad de que el espacio público funcione como infraestructura climática y de bienestar renaturalizando plazas, aumentando la permeabilidad de los pavimentos y generando sombra y microclimas más frescos, situando estos espacios cotidianos en el centro de las políticas de adaptación urbana.

Las ciudades son interesantes por las personas que las habitan, y los mejores espacios públicos son aquellos que se ponen al servicio de esa coreografía social.

Reconocer hoy una plaza bien hecha es reconocer un lugar que ha puesto las mejores condiciones posibles para que la vida ocurra al aire libre

Si miramos las plazas españolas desde esta idea de generosidad, vemos muchas situaciones distintas: plazas que aparecen dentro de parques, proyectos recientes que han añadido superficie libre y sombra, intervenciones sobre plazas existentes que han preferido transformar antes que sustituir, y plazas antiguas que siguen activas porque la ciudad ha sabido mantener su uso. Recorrer las plazas españolas es entonces una manera de ejemplificar dónde se ha conseguido establecer una buena plaza. Aquí, un atlas mínimo de plazas donde apetece quedarse.

Plazas que aparecen dentro de parques

Hacemos la primera parada en Alcalá de Henares. El Parque Andalucía, de ADORAS Atelier Arquitectura, reformado a partir de un parque inaugurado en 1993 e intervenido en 2022, muestra una intervención que entrega casi 5.000 metros cuadrados a praderas y arbolado, reduciendo lo mineral a poco más de 1.600, y teje sobre ese tapiz vegetal una pérgola luminosa que serpentea siguiendo el curso del Henares, gesto que anuda el parque al río y a la Puerta de Andalucía, dándole al barrio una identidad nocturna que antes no tenía. El resultado es una sala común al aire libre donde cruzar, permanecer y reconocerse forman parte del mismo gesto.

El Parque Central de Arona, proyectado a comienzos de los 2000 por GBGV Arquitectos, funciona como una gran plaza-parque para el sur de Tenerife. La combinación de láminas de agua, vegetación adaptada al clima subtropical y amplias superficies de estancia configuran un suelo compartido donde vecinos y visitantes se reparten paseos, juegos y celebraciones; el paisaje vegetal actúa aquí como infraestructura climática, no como decorado.

En Benidorm, el Parque de l'Aigüera, diseñado por Ricardo Bofill en 1989, es otro caso de espacio lineal que se comporta como secuencia de plazas. Entre auditorios al aire libre y paseos arbolados, ofrece un interior urbano a una ciudad dominada por el frente marítimo y las torres: un lugar donde el peatón recupera escala humana y la topografía se convierte en graderío y estancia cotidiana, sustrayendo terreno a la lógica del turismo masivo.

El entorno del Museo Helga de Alvear, en Cáceres, se perfila como auténtica plaza-jardín, umbral entre la ciudad histórica y la arquitectura contemporánea donde la intervención de Tuñón y Albornoz Arquitectos encuentra continuidad en el proyecto de la llamada “plaza marrón”. La combinación de arbolado, pavimentos continuos y recorridos suaves aspira a convertir ese acceso en espacio con entidad propia un claro donde sentarse, esperar o cruzar sin prisa, de modo que la institución no se limite a exhibir arte sino también a producir ciudad.

Y en Barakaldo, el futuro parque de Zamalanda, actualmente en obras, incorpora una gran plaza abierta junto a zonas ajardinadas, pistas y miradores concebidos como piezas de conexión peatonal con la ría. La mezcla de recorridos, ámbitos de estancia y paisaje productivo perfila un espacio que funciona simultáneamente como parque y como plaza de barrio, en línea con la mejor tradición del nuevo paisajismo vasco.

Más superficie libre y más sombra

En algunos contextos urbanos, hay proyectos recientes que muestran cómo el espacio público puede ofrecer clima, tiempo y margen de uso antes que formas espectaculares, abriendo la plaza a apropiaciones diversas sin perder precisión técnica.

En el Raval de Barcelona, configurada en torno al museo de Richard Meier, la Plaça dels Àngels es hoy una de las más intensamente apropiadas de la ciudad. Skaters, vecinos y habitantes la frecuentan como ágora, pista, atajo y escenario simultáneamente, poniendo en valor un diseño que deja margen al imprevisto y que ha sabido convivir, no sin tensiones, con la presión turística.

La Plaça de la Porta de Santa Catalina, en Palma, de Rafael Moneo, articula la relación entre el casco histórico y la fachada marítima. Su condición de umbral, la sección cuidadosamente graduada y la moderación del tráfico la convierten en un espacio donde tránsito y permanencia coexisten sin jerarquías evidentes, actualizando la idea clásica de plaza de acceso.

La Plaza de España de Madrid es un lugar que respira, un vestíbulo que acoge antes que expulsar. Allí donde antes el ruido era la norma, hoy la escala cambia, los árboles tamizan la geometría, el suelo se hace blando bajo el paso y el tiempo se estira entre bancos y sombras. El proyecto, concluido en 2021, no dibuja una plaza nueva tanto como reconstituye un tejido. Une lo que la ciudad había separado: la Gran Vía con su pulso comercial, el Palacio Real con su memoria escenográfica y los parques con su fondo verde. Todo vuelve a estar a una distancia caminable.

En La Rioja, las intervenciones vinculadas al festival Concéntrico han señalado el potencial de plazas como las del Ayuntamiento o Escuelas Trevijano, donde pabellones efímeros y dispositivos de sombra ensayan nuevas maneras de habitar el espacio heredado. Esas operaciones temporales demuestran que una plaza puede transformarse con gestos ligeros y reversibles, sin necesidad de grandes obras ni presupuestos monumentales.

En Castilla-La Mancha, la Plaza del Carmen en Chueca (Toledo), cuyo concurso ganó en 2024 la joven arquitecta Celia Peces con el proyecto ‘Con C, de Chueca’, propone sobre unos 1.000 metros cuadrados un trazado en espiral que resuelve los desniveles y estructura zonas de estancia, sombra y terrizo drenante. El resultado previsto es una plaza accesible, drenante y cohesionada donde el verde no es ornamento sino técnica climática.

Transformar antes que sustituir

Este es un ejercicio que consiste en intervenir las plazas a partir del reconocimiento de su memoria construida y de su valor como soporte a la vida cotidiana de los ciudadanos. Las actuaciones sobre estas plazas incorporan elementos necesarios para su adecuación como vegetación, mobiliario o ampliando su superficie peatonal de manera que no se borren las capas históricas que las definen.

La Plaza de Pombo (Santander) diseñada en 2007 por José María Ezquiaga, es un ejemplo de precisión sobre tejido consolidado. La reducción del tráfico, la incorporación de bancos y arbolado y la apuesta por el uso cotidiano frente al ceremonial refuerzan su papel como sala de estar del ensanche, sin borrar la estructura heredada ni convertirla en escenario de excepción.

Gijón también está remodelando su plaza del Carmen, que está siendo adaptada a las necesidades actuales ampliando la superficie peatonal, incorporando más árboles y reorganizando el viario en busca de esa condición de sala común a escala de barrio.

Plazas antiguas que han sabido mantener su uso

En León, la Plaza Mayor, rehabilitada en 2025 respetando su estructura porticada, sigue funcionando como corazón del Barrio Húmedo y escenario de mercados, ferias y encuentros informales. La renovación del pavimento, concebida para mejorar accesibilidad sin alterar forma ni uso, refuerza su condición de sala común, la arquitectura histórica proporciona el marco y la vida cotidiana pone el contenido.

La Plaza Mayor de Aínsa, en Huesca, condensa la fuerza de una plaza medieval aún en uso. Su planta trapezoidal, los soportales de piedra, los restos de muralla y la continuidad de ferias y mercados demuestran que algunas plazas antiguas siguen siendo ejemplares sin más intervención que el cuidado y la actividad constante: la forma no ha cambiado desde los siglos XII y XIII y, sin embargo, el espacio no ha envejecido.

En Oviedo, la Plaza del Paraguas, proyectada en 1929 por el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río para albergar el mercado de leche bajo una cubierta de hormigón, funciona hoy como punto de encuentro del casco antiguo. Libre de coches, rodeada de bares y escenario habitual de conciertos y eventos menores, la cubierta actúa a la vez como sombra, refugio y memoria.

La plaza verdaderamente buena no se mide por su gesto, sino por su capacidad de sostener la vida cotidiana

La Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, es un vacío que ordena. No acoge, espera. Todo en ella está perfectamente calibrado; la anchura y la separación entre fachadas, la piedra, el aire, el tiempo entre una llegada y otra. Las fachadas se miran como si aún discutieran sobre quién sostiene el silencio. En medio, los cuerpos que llegan no son turistas ni fieles, sino que se da una repetición del gesto de estar: llegar, mirar, quedarse un instante. Más que plaza, es una respiración común donde la ciudad se piensa a sí misma.

Tras la peatonalización de su entorno, la plaza de la Virgen Blanca, en Vitoria, ha afianzado su papel como corazón cívico de la ciudad. Reduciendo el tráfico y ampliando la superficie accesible, su configuración abierta a mercados, fiestas y concentraciones la mantiene como escenario principal de la vida común, sin que ninguna intervención posterior haya comprometido su centralidad.

La Plaza de África sostiene el pulso de Ceuta. Entre edificios que hablan de poder y fe, el espacio se abre como un respiro frente al mar. Los jardines y el adoquinado dibujan una pausa: un lugar de ceremonia y de sombra diaria, donde lo institucional y lo doméstico se confunden bajo la misma luz.

La plaza de los Fueros, proyectada en 1975 en Pamplona por Francisco Javier Sáenz de Oiza y Eduardo Chillida, propone un vacío abstracto de gran flexibilidad. Bajo su geometría contundente caben ferias, conciertos y celebraciones populares. Y su escala, pese al carácter escultórico, mantiene una condición humana que permite frecuentarla a diario.

La Plaza de España de Sevilla, trazada por Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929, continúa siendo un espacio intensamente habitado. Su permanencia activa demuestra que la monumentalidad puede sostener usos cotidianos cuando la acompañan recorrido, sombra y agua.

Y en Cartagena, la plaza de San Francisco es uno de esos espacios que la ciudad ha sabido no estropear. Sus bordes porticados, el arbolado que filtra el sol levantino… Todo lo que en ella acontece responde a las necesidades de la vida cotidiana en el barrio.

La plaza verdaderamente buena no se mide por su gesto, sino por su capacidad de sostener la vida cotidiana. Cuando da sombra, tiempo y un centro para el encuentro, la ciudad respira mejor.

Cada vegada que torne a Ciutat de Mèxic la pregunta reapareix, inevitable: la ciutat per a qui? És la discussió de sempre, però a CDMX es torna urgent i concreta. Una ciutat no pot resoldre tots els problemes del món. Però sí pot demostrar al món que les persones importen. Marcelo Ebrard, alcalde entre 2006 i 2012, ho va formular en una conversa amb Francisco Goldman: la ciutat no ho arregla tot, però pot fer que cada persona senta que compta.

Eixa frase explica moltes coses. Explica l’aposta per la bici quan semblava una extravagància elitista. Explica el Metrobús quan el cotxe era símbol d’ascens social. Explica que intervenir la mobilitat, encara que moleste, siga políticament més viable que intervenir l’habitatge.

Perquè l’habitatge continua sent l’assignatura pendent. I ho sabem bé també a Espanya. Especulació distribuïda. Xicotets propietaris convertits en actors financers. Un mercat fragmentat que reprodueix desigualtat sense necessitat d’un gran poder maligne central. Intervenir ahí no és pintar un carril bici. És tocar interessos íntims. És molestar de veritat.

Ciutat de Mèxic ha demostrat que pot transformar la mobilitat. Encara no ha demostrat que puga transformar estructuralment l’accés a l’habitatge. I, tanmateix, fins i tot amb eixa ferida oberta, continua sent una ciutat d’acollida.

Això no és poca cosa.

Aquesta setmana, mentre els titulars tornaven a omplir-se de noms de càrtels, de violència i de morts —amb la fi d’una figura clau del crim organitzat que ha marcat una etapa sagnant al país—, la imatge de Mèxic que circulava era l’habitual: la del conflicte armat, la del territori capturat, la de la guerra interminable.

I, tanmateix, CDMX continua funcionant.

Continua sent una ciutat on milions de persones es mouen cada dia en transport públic, on els parcs s’omplin de famílies, on la vida urbana no ha sigut colonitzada per la lògica de la guerra. CDMX ha sigut relativament segura fins i tot quan el país ha estat banyat en sang. No hi ha una única explicació, però hi ha pistes. La UNAM i altres universitats com a fàbriques de pensament crític. La tradició d’acollir exiliats (espanyols, sud-americans i centreamericans). La construcció d’un espai públic viu on la violència no es tradueix automàticament en violència quotidiana. I, sobretot, una intuïció política: respondre a la violència amb més violència només la multiplica.

Al nord de la frontera, als Estats Units, domina sovint una altra lògica: solucions úniques, tecnològiques, quirúrgiques, destructives. L’algoritme ho resoldrà. El mur ho resoldrà. La intervenció policial ho resoldrà. La cirurgia urbana ho resoldrà. Res d’això resol problemes intratables. Només els desplaça.

Els problemes intratables no es deixen optimitzar. No admeten solució definitiva. No es corregeixen amb una app. Són la desigualtat estructural, la soledat urbana, l’exclusió residencial, la fragmentació cultural, la por.

Fa unes setmanes, a la Placemaking Week México, vaig parlar de la tensió entre la calculadora i el lloc. El més important és difícil de mesurar: la confiança, la cura, el temps compartit, la pertinença. I, tanmateix, quan mesurem malament, canviem el lloc. Si mesurem afluència, programem per a omplir. Si mesurem consum, prioritzem qui paga. Si mesurem rendibilitat, expulsem usos.

CDMX està en eixe fil. És una ciutat vibrant, culturalment desbordant, gastronòmicament imparable. Però també és una ciutat on Roma i Condesa s’omplin d’“exiliats” gringos que no fugen de cap guerra, sinó del preu de les seues pròpies ciutats. Ciutat d’acollida, sí. Però també ciutat tensionada pel capital global.

I, tot i això, alguna cosa resisteix. Resisteix als parcs plens de vida intergeneracional. En les intervencions lleugeres que transformen un carreró sense prometre redempcions totals. En la infància posada al centre del disseny urbà. En la mescla, sempre la mescla.

Potser la virtut de CDMX no és haver eliminat el conflicte, sinó haver decidit no convertir-lo en l’únic relat possible. En un moment en què el país torna a mirar de front la violència, la capital continua demostrant que una ciutat pot ser espai de convivència, no només escenari de confrontació.

Ciutat de Mèxic no té la solució a tots els problemes del món. Però sí demostra una cosa fonamental: que la ciutat pot ser un espai on el conflicte no es nega ni s’elimina, sinó que es processa col·lectivament.

I això no ho fa cap algoritme.

El presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, llevó al Consejo de Administración del pasado mes de abril la propuesta para colocar cuatro esculturas de varias toneladas de peso sobre las columnas a la entrada del recinto portuario a pesar de que ya contaba con un estudio de capacidad que desaconsejaba su instalación, atendiendo al riesgo de que la estructura no soportase las figuras. Rubio no informó a los consejeros de la existencia del informe, pero el vocal de UGT (que desconocía el informe) preguntó si se había valorado bien el riesgo de colapso, y el Presidente retiró sobre la marcha ese punto del orden del día sin explicar por qué. Ahora señala que “era necesario incluir una documentación administrativa complementaria”.

La propuesta se aprobó tres meses después: está previsto que el conjunto escultórico “Las columnas del mar”, de Ginés Serrán, quede instalado sobre nuevos pedestales (no sobre las columnas) en las próximas semanas. El asunto volverá al Consejo este próximo jueves, pero no como punto del orden del día, sino como dación de cuentas del avance de las obras y de la fecha probable de inauguración de las cuatro esculturas de bronce: un Neptuno con una red de pesca (2,5 toneladas de peso y 7,5 metros de altura); una Venus con un sol (1,9 toneladas y 5 metros) y dos leones (750 kilogramos cada una y 2,5 metros).

Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico acreditan que el proyecto siguió una tramitación singular en la que se obviaron datos relevantes que podían comprometer la seguridad del conjunto.

Un proyecto “no viable” por razones de seguridad

El origen de esta idea está en 2021. El artista ya explicó a elDiario.es que se le ocurrió colocar allí sus obras cuando vio las columnas vacías, mientras esperaba una reunión con Rubio. Este le compró la idea, sin informar a nadie, y él fue trabajando. En enero de 2024 apareció la primera referencia, en Málaga Hoy: “Ginés Serrán ofrece al puerto el mayor grupo escultórico en bronce de España”. En ese artículo se cuenta que medirán unos 21 metros, incluyendo la altura de las columnas. Al día siguiente (31 de enero de 2024), Cadena Ser anunció el estreno para ese verano de 2024, cuantificando por primera vez el peso del conjunto: seis toneladas.

Simultáneamente, la Autoridad Portuaria había encargado un “estudio de capacidad” de las cuatro columnas sin coronar para determinar si podrían soportar el peso. Sin embargo, el “peticionario” (la Autoridad Portuaria) entregó a la empresa de ingeniería (Cemosa) datos de un peso muy inferior: 750 kilos cada una de los dioses romanos y 500 cada uno de los leones, incluyendo todas ellas su base. En total, 2,5 toneladas. El peso real total de las figuras era más del doble, según los anuncios en la prensa de entonces, los borradores de contrato que ya se manejaban y la certificación reciente del propio artista: 5,9 toneladas (2,25 + 1,9 + 0,75 + 0,75), a las que habría que añadir el peso de los pedestales. Esta disparidad entre los datos de los que partió el estudio y la realidad convertía el informe en papel mojado, con implicaciones para la seguridad.

La Autoridad Portuaria asegura que el peso rebajado (2,5 toneladas) parte de unos “datos estimativos” aportados por el artista en abril de 2024, cuando Venus y Neptuno estaban aún en fase de ejecución. Sin embargo, tres meses antes la Cadena Ser ya había revelado de que el peso rondaría las seis toneladas, tras hablar con el propio artista.

Pese a realizarse con datos que rebajaban el peso real, el informe (de 21 de noviembre de 2024) tampoco dio el visto bueno. Su conclusión es que los pilares de hormigón armado de las estructuras soportaban “en condiciones de seguridad adecuadas” la colocación de pedestales y estatuas en su coronación, pero que tenían un recrecido de 35 centímetros “no apto” para soportar la carga que habría que demoler para completar la operación.

El 7 de abril de 2025 el mismo estudio emitió una adenda para completar el análisis. Y ahí la conclusión ya fue tajante: no se pueden colocar las estatuas ni retirando el recrecido. “No es viable el apoyo de las estatuas sobre el zócalo superior de coronación de las columnas al no presentar las losas de éste capacidad resistente adecuada”.

Pese a ello, el asunto se incluyó en el orden del día para el 30 de abril y el Puerto remitió a los consejeros documentación que indicaba que las estatuas se colocarían “en cada una de las cuatro columnas situadas a la entrada del Puerto de Málaga o en otro lugar (…) de común acuerdo”. El punto del orden del día fue retirado sin más explicación ya comenzada la reunión del Consejo, después de que Justiniano Sen, vocal de UGT, preguntara por la estabilidad de las columnas. Según dice ahora la Autoridad Portuaria, había que aportar documentación extra.

Tres meses después, en julio, se aprueba al fin la cesión de las obras en comodato al Puerto sin aclarar que las estatuas se colocarán, finalmente, en unos nuevos pedestales y no en las columnas.

El estudio encargado para conocer si las columnas soportarían las estatuas, y al que el Puerto aportó datos erróneos, costó 10.660 euros.

Unas obras polémicas y una tramitación opaca

El proyecto ha levantado una intensa polémica en la ciudad. El escultor no se lo explica, cree que todo es por envidia, e insiste en que es gratis. Aunque planteó su idea a Rubio en 2021, pocos se habían enterado hasta que se vislumbraron los grandes pedestales hace un mes. La Academia de Bellas Artes de San Telmo alertó contra unas figuras de un “pseudo-neoclasicismo pretencioso y grandilocuente”, “más propias del Universo Marvel”, en un espacio preeminente de la ciudad que linda con el Centro Histórico (declarado Bien de Interés Cultural -BIC-).

La obra de Serrán causa escepticismo en algunos círculos culturales de la ciudad. Serrán dice trabajar las esculturas de bronce más grandes del mundo y tiene ideas ambiciosas, como el proyecto Ginés Serrán-Pagán Art Museum en Toyama (Japón), cuya realización este medio no ha podido constatar. Su gran obra es El Emperador, un conjunto de siete esculturas neoclásicas sobre un arco de 20 metros de altura situado a la entrada de Arcovia City, un desarrollo metropolitano de Manila, la capital filipina.

El debate en Málaga no es sólo (ni principalmente) estético, sino de gobernanza y modelo de ciudad. La aprobación de una actuación de gran impacto paisajístico y simbólico se ha tramitado al margen del Ayuntamiento, porque se trata de suelo portuario. Sin embargo, la noria sí requirió licencia municipal, precisamente por situarse en el entorno inmediato al ámbito delimitado BIC. Tampoco ha sido transparente la tramitación en el Puerto. Rubio insiste en que se aprobó por unanimidad, pero varios miembros del Consejo de Administración no asistieron aquel día (la abogada del Estado, la delegada de la Junta de Andalucía) o se ausentaron (el subdelegado del Gobierno).

En aquella reunión tampoco hubo información oral ni debate alguno de la actuación, ni se aclaró de la ubicación final de las obras. Sí se aportó una opinión del asesor jurídico del Puerto para justificar que, para no pagar impuestos, se optase por el comodato en lugar de la donación, que había recomendado Puertos del Estado.

Desde abril de 2025 a julio el contrato de comodato se modificó en al menos dos puntos, sin que se advirtiera a los consejeros. El primero, el comodante, que pasó de ser una fundación de Ginés Serrán en el primer borrador al propio artista, en el contrato definitivo. El segundo, en quién se haría cargo de las obras para colocar las estatuas: acabó siendo el Puerto, que convocó un concurso y adjudicó la instalación por algo más de 69.000 euros.

Sumados a los 10.000 del informe, la colocación del conjunto Las Columnas del Mar ha costado al menos 80.000 euros de dinero público. La supuesta intención del Puerto, consensuada con el Ayuntamiento, es colocarlas a la entrada durante seis meses y luego trasladarlas a un “lugar más idóneo”, pero el artista ya ha declarado que en ese tiempo el público podrá juzgarlas, dejando abierta la puerta a su continuidad. Hay dudas de que, una vez allí, el Puerto pueda unilateralmente retirarlas a otro lugar sin que medien razones técnicas, de seguridad o de operativa portuaria.

El 2009 fue un año importante para la Puerta del Sol. Después de seis años de obras, entró en funcionamiento su renovada estación de Cercanías, una de las más transitadas de Madrid. Esta reforma integral posicionó la plaza como el corazón de la ciudad. Hubo muchos cambios, pero el más llamativo fue la instalación de una marquesina de acceso a la estación. Desde hace 14 años, esta estructura curva de acero inoxidable y vidrio, diseñada por el arquitecto salmantino Antonio Fernández Alba, da la bienvenida a los miles de viajeros que pasan diariamente por el corazón de la capital.

La singular marquesina ha sido apodada de múltiples maneras. Ballena, tragabolas, iglú o pecera de cristal son algunos de los nombres que ha recibido. Aunque lo más característico de esta estructura es la polémica que ha suscitado desde el día de su instalación tanto por su estética como por su funcionalidad. La ballena fue concebida en un momento en que la arquitectura contemporánea se atrevía a dialogar con el espacio público a través de formas escultóricas, siguiendo la estela de proyectos como la pirámide de Pei en el Museo del Louvre.

Como respuesta a las innumerables críticas recibidas desde su instalación en 2009, después de la última reforma de la plaza, ejecutada bajo la alcaldía de José Luis Martínez-Almeida, la ballena fue condenada al “corredor de la muerte”. El proyecto de reforma, finalizado en 2023, tenía como objetivo consolidar la peatonalización de la plaza, además de sustituir la polémica marquesina por un recinto oval de vidrio que permitiera una visión completa de la plaza. La actuación incluía mover tres esculturas y construir una nueva fuente, pero fue pospuesta. Según la documentación municipal, la sustitución se consideró inviable en aquellos momentos por los plazos exigidos por Adif, gestor del servicio de Cercanías, que debía emitir un informe de evaluación de riesgos.

Llegaron numerosas propuestas para cambiar la polémica estructura y una de las que mejor acogida popular tuvo fue la del arquitecto Álvaro Bonet. Como mayor conocedor del trabajo de Antonio Palacios, proponía recuperar el acceso que estuvo en la plaza hasta los años 30, una réplica del templete en lugar de la ballena actual. Sin embargo, el área de Obras municipal descartó la intervención por razones técnicas. Después de varias conversaciones, en marzo de 2024 se acordó una fórmula para sustituir la marquesina mediante autorización y no a través de un convenio. Casi dos años después todavía no se han fijado las fechas definitivas para la ejecución. Su sustitución está detenida actualmente sin fecha.

El debate sobre la permanencia de la ballena refleja tensiones más profundas sobre la gestión del espacio público en Madrid. Desde la finalización de las obras de remodelación de Sol, la plaza se ha convertido en el escenario de grandes campañas publicitarias. Instalaciones de series como Furia o Stranger Things o experiencias inmersivas de PlayStation han transformado la entrada a la estación de Cercanías en un escaparate permanente para marcas comerciales.

La gestión de estos espacios recae en manos de Global, empresa que mantiene un contrato exclusivo con Adif para la explotación publicitaria en estaciones de tren, incluyendo Cercanías. El contrato de Global Media con Adif se firmó en 2022 por un periodo de diez años, con la posibilidad de una prórroga adicional de cinco más. La compañía también está presente en otros medios de transporte de España como los autobuses y el Metro de Barcelona, donde firmó este 2025 un contrato que garantiza unos ingresos mínimos anuales de 7,4 millones de euros para la entidad.

Desde 2022, Global ha transformado las principales estaciones españolas con la instalación de mupis digitales, pantallas de gran formato y herramientas de medición como geoestación, la primera tecnología que permite calcular audiencias indoor en estaciones, optimizando la visibilidad de campañas publicitarias. Según indica la propia compañía en su página web, las estaciones de Adif marcaron en 2024 un récord histórico de viajeros, consolidando estos espacios como entornos publicitarios de gran alcance y sostenibles, y situando la Puerta del Sol en el epicentro de la comunicación de marca.

Somos Madrid ha podido confirmar con Adif que este acuerdo se deriva de una licitación pública en la que Global resultó adjudicataria y que la empresa tiene un control integral sobre la comercialización y gestión de la publicidad en todas las estaciones. La compañía presenta las instalaciones de Sol como “experiencias únicas para las marcas”, capaces de impactar a un público masivo que transita diariamente por el kilómetro 0 de la capital.

En julio, la ballena de Sol se transformó en una boca gigante. La acción formaba parte de una campaña sin precedentes impulsada por Global, EssenceMediacom, mStudio y HBO Max. La emblemática estructura fue transformada para anunciar llegada de la serie Furia. A través de mupis digitales y elementos interactivos, la campaña se coló dentro y fuera de la estación. Según calificaron expertos en publicidad en aquel momento, esta acción es un ejemplo de cómo la publicidad exterior “puede integrarse de manera respetuosa en el entorno urbano, aportando valor cultural y social”.

Esta primera instalación estuvo varias semanas. Después, en noviembre, la ballena fue completamente transformada en una nave espacial estrellada. Se trataba del elemento central de Esto pasa en PS5, una campaña con la que PlayStation celebró el lanzamiento de su consola de quinta generación. Durante casi un mes ocupó la marquesina, que estuvo libre por poco tiempo.

Este mes de diciembre la campaña promocional de la nueva temporada de Stranger Things invadió todo el centro de la capital con luces de Navidad, un videomapping en la fachada de la Real Casa de Correos e incluso tapas de alcantarillas customizadas. La ballena no se libró del fenómeno audiovisual. Desde hace unos días un cartel luminoso con el letrero de la serie y los tentáculos de Vecna recubren la marquesina.

El ágora de Madrid convertida en un “mercado publicitario”

Mientras las grandes empresas como HBO Max, Netflix o Sony celebran estas oportunidades, expertos en urbanismo y arquitectura alertan sobre la banalización del espacio público. Jesús San Vicente, representante del grupo NEXO del Colegio de Arquitectos de Madrid, critica que la Puerta del Sol se haya convertido en un “escenario de espectáculo comercial” donde los ciudadanos pasan a ser meras marionetas de una coreografía publicitaria. “Hace meses pusieron una especie de boca y una estructura PlayStation. Me pareció horrible. Luego llegó Stranger Things, más de lo mismo. Lo importante es la filosofía que hay detrás, en Madrid no queda ni un metro cuadrado sin mercantilizar. Estamos hablando de patrimonio colectivo, no de un espacio privado”, denuncia.

San Vicente recuerda cómo cualquier intervención mínima en el espacio público requiere múltiples controles, mientras que estas instalaciones publicitarias se montan con “impunidad total”. Destaca que la Puerta del Sol, símbolo del ágora ciudadana y del 15M, se ha convertido en una plataforma donde la función cívica y la democracia se subordinan a la mercantilización: “Cuando el ágora se convierte en un mercado, los ciudadanos pasan a formar parte de un espectáculo de marketing. Esto es muy grave, especialmente en un espacio con tanta carga simbólica”.

El arquitecto denuncia también la falta de criterios culturales o arquitectónicos en Madrid. A diferencia de ciudades como Barcelona o Logroño, donde se organizan concursos para iluminación o arquitectura efímera, en la capital las empresas montan estructuras sin control estético o patrimonial. Ejemplos recientes incluyen las decoraciones navideñas, que San Vicente califica de “horterismo que da vergüenza”. La política municipal, según él, no confía en arquitectos o diseñadores, sino en empresas que tienen total libertad para intervenir en el espacio público, muchas veces con resultados cuestionables. “Parece que a los responsables políticos les gusta este aroma a 'Miami 2' con la Fórmula 1, el fútbol americano… como si la ciudad fuera un parque temático”, lamenta.

Sobre la ballena de Sol, San Vicente señala que la pieza de Antonio Fernández Alba, aunque obra de un arquitecto prestigioso, tiene una presencia agresiva en la plaza y debería someterse a un concurso público que garantice diversidad de propuestas y criterios democráticos. “La Puerta del Sol es el corazón simbólico de la democracia en Madrid. Sustituir la ballena no es solo cuestión de diseño, sino de simbolismo y función. Un concurso público sería lo correcto”, insiste.

En la actualidad, la mercantilización del espacio se manifiesta de forma evidente. Las bocas de metro y Cercanías funcionan como dispositivos temáticos, integrando a los ciudadanos en narrativas de consumo. Las estructuras efímeras ocupan la plaza y desplazan funciones cívicas, mientras los eventos y campañas publicitarias redefinen la Puerta del Sol como producto urbano, más que como el “ágora democrática” que defiende el arquitecto.

San Vicente propone una alternativa: apostar por arquitectura efímera de calidad, con concursos y memoria cultural, que permita reflexionar sobre sostenibilidad, ciudad futura y espacio público. Sin estas iniciativas, el arquitecto advierte que Madrid corre el riesgo de banalizar sus lugares más emblemáticos, sustituyendo patrimonio colectivo por decorados comerciales de gran formato.

Naturaleza Encendida no regresará a Madrid por Navidad en 2025. La organización ha decidido cambiar el parque madrileño Enrique Tierno Galván, donde se instaló en 2023 y 2024, por el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza, que acogerá el espectáculo navideño hasta el próximo 6 de enero.

Las sospechas de su salida de la capital de España se intuyeron cuando hace unas semanas cuando anunciaron a través de sus redes sociales que el nuevo montaje lumínico tendría como ubicación la ciudad aragonesa. “Esta Navidad, Naturaleza Encendida: Boreal iluminará el Parque Grande José Antonio Labordeta con su edición más espectacular”, rezaba una publicación del pasado 20 de noviembre en su perfil de Instagram. Con el anuncio, no tardaron en llegar comentarios preguntando por el espectáculo en la capital, a lo que la organización respondió de forma tajante: “Lo sentimos, pero estas Navidades no estaremos en Madrid”.

Somos Arganzuela ha podido confirmar con el Consistorio madrileño que, efectivamente, la organización no ha solicitado este año los permisos para instalarse en el parque Tierno Galván. También ha corroborado con la empresa organizadora, Letsgo Company, que no habrá Naturaleza Encendida este año en la capital. Al preguntar por los motivos de su salida, los organizadores señalan que se trata de un “espectáculo itinerante”, por lo que “no tiene ni una ciudad ni un emplazamiento fijo que se repita cada año”. Sin embargo, el montaje se venía instalando en la capital cada Navidad desde 2020.

Empezó celebrándose en el Real Jardín Botánico, donde se alojó tres años. En 2022, la lluvia obligó a cancelar el evento sin previo aviso, aunque en su página web aseguraban que el espectáculo se podría celebrar con toda normalidad a pesar de las inclemencias meteorológicas. Esta decisión provocó el enfado de muchos asistentes al espectáculo lumínico, ya que muchos de ellos habían venido expresamente a la capital para verlo.

Esta solo fue la gota que colmó el vaso, ya que desde la primera edición Ecologistas en Acción criticó la celebración del evento en los jardines por la masificación, la contaminación sonora y lumínica y el derroche energético que aseguraban que provocaba. Además, en diciembre de 2023 el Tribunal de Cuentas inició una investigación al CSIC por un supuesto agujero de cinco millones de euros en el Botánico, “graves irregularidades en la gestión” e “incumplimientos normativos”, especialmente con Naturaleza Encendida.

El caso terminó archivándose al dar por buenas las alegaciones del Consejo en las que explicaba que le había exigido el dinero a la empresa concesionaria, pero para ese momento el espectáculo ya había abandonado los jardines para instalarse en una nueva ubicación: el parque Tierno Galván. Letsgo Company aseguró entonces, al igual que ahora con su salida de la capital, que el cambio no se debía a “ningún hecho especial” y achacó el traslado a “unas acciones de adecuación y mejoras en los caminos” que tenía previstas el Botánico en las fechas en las que iba a comenzar el montaje.

Según explicaron en aquel momento a este periódico, se les presentó la oportunidad de instalarse en el Tierno Galván con el permiso del equipo de Almeida y sin pensarlo aceptaron, ya que podían ofrecer “una experiencia más amplia”. Fuentes del Ayuntamiento indicaron que fue la empresa organizadora la que solicitó la instalación en este parque público de Arganzuela y negaron cualquier oferta previa por su parte.

Ecologistas en Acción alertó de nuevo al conocerse el traslado del espectáculo a uno de los pulmones verdes de la ciudad que inevitablemente provocaría “molestias y daños significativos a la fauna y flora” debido a los cientos de metros de cableado, el elevado número de luces en los árboles y la masificación del recinto. Además, criticó la “mercantilización” del proyecto por estar “únicamente destinado a obtener beneficios económicos”, sin fines científicos ni educativos. Cabe destacar que entre sus colaboradores principales se encontraban empresas como Repsol y Hyundai.

A las consecuencias medioambientales se sumaron las críticas vecinales. El punto que causó mayor indignación durante las dos últimas ediciones de la Naturaleza Encendida fue la privatización del espacio público durante casi dos meses y la imposibilidad de utilizar el parque de forma libre para los vecinos. A mediados de noviembre de 2023, Naturaleza Encendida inició el montaje de la instalación y el cercamiento del parque, del que ocupó casi la mitad de su superficie. Desde la empresa organizadora se comprometieron a respetar en todo momento las zonas verdes y aseguraban que el recinto solo se utilizaría en el horario de apertura estipulado. Sin embargo, los vecinos de la zona, que ya venían soportando las molestias de este tipo de instalaciones varios meses, se opusieron por completo a la celebración del espectáculo.

Pero ni la crispación vecinal ni las críticas de ediciones pasadas consiguieron frenar la celebración del evento, que se llevó a cabo con total normalidad y vendió de medio millón de entradas entre las dos últimas ediciones celebradas en el Tierno Galván. El Ayuntamiento de Madrid fue su cómplice accediendo a la cesión del espacio público para un evento privado, una acción que según recoge la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano en su artículo 206 no está permitida. Según señala la norma, el parque, por su calificación como bien de dominio y uso público, no puede ser objeto de privatización para este tipo de actos. Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital se escudaba en el artículo 19.1 de la OPCAT para justificar su celebración en este recinto público, una ordenanza pensada para actos especiales y de carácter puntual. 

Ahora, Letsgo explica que la decisión de marcharse “tampoco está asociada a ninguna concesión de Ayuntamiento, exceptuando los casos de los edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en el Alcázar de Sevilla y de Córdoba”, dos espacios considerados Patrimonio de la Humanidad que se encontrarán ocupados por el espectáculo durante cuatro meses.

La empresa insiste en que se encuentran concentrados en otros espectáculos nacionales e internacionales y que “no hay mucho más motivo que ese”, aunque las polémicas generadas por la ocupación del espacio público en ediciones anteriores podrían estar relacionadas con el traslado del montaje. Son cinco las Navidades que Naturaleza Encendida se ha instalado en la capital. Ni una ha estado libre de controversia.

Al conocer la noticia de la salida del espectáculo lumínico de la ciudad y, en concreto, del Tierno Galván, los vecinos del barrio de Delicias no han podido evitar celebrarlo. Indican en conversación con Somos Arganzuela que “les alegra mucho” y se trata de una gran noticia después de las numerosas manifestaciones y concentraciones vecinales de estos últimos años en las que exigían el fin de este tipo de eventos en el parque.

Manuel Díaz, presidente de la Asociación Delicias para Tod@s, comenta que están preparando un paseo ornitológico para celebrarlo. Además, atribuye esta victoria a la incansable lucha de los vecinos por expulsar la celebración de eventos privados del parque. La asociación se encuentra actualmente inmersa en un proceso judicial con el Ayuntamiento por la privatización del Tierno Galván. Han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que permite este tipo de eventos, ya que consideran que “la única forma de frenar esto y exigir el cumplimiento de las leyes, es en los juzgados”. Para ello, cuentan con un equipo jurídico que se ha comprometido en numerosas luchas vecinales y ecologistas, pero no pueden asumir el coste, por lo que han creado un crowdfunding para conseguir el objetivo de 7.500 euros antes de que termine el año. Ya han recaudado más de 5.000.

Otros espectáculos navideños que abandonan Madrid

Naturaleza Encendida no es el único evento que ha abandonado la capital. En 2023, otro montaje lumínico se instaló en el parque Juan Carlos I, en el distrito de Barajas. Estuvo cerrado durante todo un mes para acoger el espectáculo, que ocupaba más de 1,3 kilómetros de zonas verdes.

El zoo iluminado también suscitó numerosas críticas de vecinos y las Navidades pasadas decidió no instalarse en la capital, aunque sí lo hizo durante el verano en el parque zoológico de Faunia. Este 2025 ha sorprendido con una nueva edición navideña, esta vez al sur de la Comunidad de Madrid.

Getafe acogerá el evento esta Navidad, donde se instalará del 5 de diciembre al 6 de enero. La Junta de Gobierno local adjudicó su contratación para la temporada 2025-2026 por 605.000 euros el pasado mes de noviembre en el Parque de La Alhóndiga. La propuesta, formada por 14 estaciones temáticas inspiradas en el reino animal, ocupará más de 2.000 m² a lo largo de un itinerario de 700 metros, con proyecciones navideñas sobre una pantalla de agua en el lago y zonas de efectos visuales que envolverán al público en una atmósfera de ensueño. Todo ello se complementará con espacios de ocio y restauración.

A pesar de que ocupará buena parte de esta zona verde, el Ayuntamiento de la localidad madrileña asegura que “el parque seguirá siendo accesible en su perímetro y los vecinos podrán disfrutar libremente de la mayoría de las zonas”. Según explica una nota municipal, uno de los mensajes centrales de la exhibición es la necesidad urgente de proteger la naturaleza. De hecho, la programación también hará hincapié en la biodiversidad y en el impacto del cambio climático.

El montaje también ha suscitado críticas por parte de la oposición del Gobierno local , que afea que los empadronados en Getafe tengan que pagar entrada para acceder al espectáculo a pesar de los miles de euros que ha pagado el Ayuntamiento para instalarlo en uno de sus parques públicos. Los precios para los residentes son de 2,50 euros para los niños de 2 a 12 años y de cinco euros para el resto.

La empresa Cooping Ramps ha iniciado las obras del nuevo skatepark de Nueva Ciudad, en Torrelavega, una instalación que permitirá practicar cuatro modalidades de este deporte (skateboarding, bmx, roller y scooter).

Esta nueva instalación se ubicará junto al pabellón María Pardo, en una parcela de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y está diseñada por Daniel Yábar, arquitecto experto en este campo, según ha indicado el Ayuntamiento. La obra tiene un presupuesto de unos 370.500 euros y un plazo de ejecución de 7 meses.

El proyecto contempla un diseño funcional y sectorizado, atendiendo a las distintas modalidades de skate y los diferentes niveles de habilidad de los usuarios.

Tendrá tres zonas diferenciadas: una para skaters de nivel medio-alto, que contará con un bowl de hasta 2,77 metros y una miniramp de 1,6 metros y varias extensiones con diferentes alturas, combinadas con hips, corners y barreras tipo New Jersey. Habrá otra zona de iniciación y nivel medio, con un bowl independiente de entre 0,90 y 1,50 metros de altura.

Y la tercera el área es una 'zona street' para todos los niveles que incluirá elementos clásicos de street, como hubba, handrail y flatbar, polejam, pirámides, planos inclinados y zonas de transferencia, ha detallado el Ayuntamiento.

El skatepark ocupará 1.138,53 metros cuadrados, a lo que hay que sumar zonas de acceso y estancia con bancos, papaleres, aparcamientos de bicicletas y fuente, además de espacios ajardinados. Contará con iluminación perimetral para uso nocturno. y accesos adaptados desde la Avenida Cantabria y el pabellón María Pardo.

Torrelavega, un “referente” en este ámbito

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Obras Públicas y Servicios Generales, José Luis Urraca Casal, se han felicitado del inicio de esta nueva instalación deportiva y han destacado que está diseñada atendiendo a diferentes modalidades, grados de dificultad y nivel de usuario, buscando potenciar este espacio de manera que Torrelavega “siga siendo un referente en este campo”.

López Estrada ha señalado que el objetivo de esta actuación es proporcionar una instalación “moderna y de calidad” para la “creciente” comunidad de deportes urbanos de Torrelavega, además de convertirse en un “punto de referencia” tanto a nivel local como nacional.

Por su parte, Urraca ha explicado que la nueva instalación ha sido diseñada de la mano de una representación de los skaters que utilizaban las pistas de La Lechera y ha resaltado que el arquitecto elegido es un “experto” en este campo y es de “reconocido prestigio en España y Francia”. El skateboarding es un deporte olímpico, con dos modalidades de competición: park y street.

El Ayuntamiento de Madrid ha destinado 60.000 euros de dinero público a la compra de réplicas de meninas inspiradas en los cuerpos municipales de Policía, Bomberos y SAMUR, adquiridas todas ellas a la empresa Meninas Runway SL, propiedad del artista venezolano Antonio Azzato, creador e impulsor de la exposición urbana Meninas Madrid Gallery. Estas compras, fragmentadas en varios contratos menores aprobados entre 2024 y 2025, se suman al apoyo que el Consistorio lleva años ofreciendo a esta iniciativa cuestionada por su deriva publicitaria y la obtención de beneficios privados con presencia destacada en la vía pública.

Según la documentación municipal consultada por Somos Madrid, el Ayuntamiento ha ejecutado cinco contratos distintos destinados a este fin durante el último año y medio. Dos de ellos corresponden a 2024: el primero, fechado el 22 de mayo, se refiere al suministro de una Menina Bombera de tamaño real y 110 réplicas decorativas para la Jefatura del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, por un importe de 14.990,00 euros. El segundo, del 21 de agosto de 2024, corresponde a un contrato menor de restauración de una Menina Policía, con un coste de 2.480,50 euros, ambos asignados a Meninas Runway.

En lo que va de 2025 son tres los contratos que se han adjudicado a la empresa del artista venezolano. El primero, del 21 de abril, corresponde al suministro de 350 figuras decorativas de la “Menina Policía Municipal de Madrid”, por un importe de 16.940 euros. Al día siguiente, el 22 de abril, la Dirección General de SAMUR-Protección Civil aprobó la compra de una “Menina SAMUR-PC” y 135 réplicas en miniatura, por un valor de 18.137,90 euros. La última transacción se registró el pasado 16 de mayo. La Dirección General de Emergencias formalizó otro contrato para 105 réplicas de la Menina Bombera, con un coste de 6.195,01 euros.

En total, la suma asciende a 58.743,41 euros, todos ellos mediante contratos menores -una fórmula que permite adjudicaciones directas sin concurso público hasta un máximo de 15.000 euros más IVA para suministros y servicios- impulsados desde el área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, a través de las diferentes direcciones generales de Policía Municipal, SAMUR-PC y Bomberos. En todos los casos la beneficiaria ha sido la misma empresa: Meninas Runway, creada y administrada por Antonio Azzato.

El gasto es el primero al que se compromete el Ayuntamiento con su compañía y es fruto de la estrecha relación entre el artista y el consistorio, que le ha permitido, entre otras cosas, instalar durante ocho años su exposición urbana con máxima visibilidad en los puntos de mayor tránsito de la capital, como Gran Vía, Callao o la calle Alcalá, mientras que la ocupación del espacio público y la incorporación de publicidad en las esculturas no ha generado coste alguno para Meninas Runway y sus patrocinadores. Gracias a este respaldo las meninas se han convertido en un elemento reconocible y recurrente en el paisaje urbano madrileño, con presencia en zonas emblemáticas de Madrid sin pagar tasas municipales ni por ocupación ni por promoción de marcas.

La historia de las meninas en Madrid se remonta a 2018, año en que la entonces alcaldesa Manuela Carmena autorizó la instalación de las esculturas como intervención artística en la calle. Aquella primera edición, centrada en la creación cultural, ha ido derivando con los años en un escaparate urbano donde las piezas personalizadas sirven como soporte para marcas de todo tipo.

Pese a las críticas acumuladas, el Ayuntamiento ha mantenido su apoyo a la iniciativa. Durante el primer mandato de José Luis Martínez-Almeida, fue Begoña Villacís, entonces vicealcaldesa, quien patrocinó políticamente el proyecto, aun cuando la delegada de Cultura en aquel momento, Andrea Levy, expresó públicamente su rechazo. Levy llegó a aclarar que la iniciativa dependía del Área de Economía -entonces controlada por Ciudadanos- y no de Cultura, y calificó la proliferación de meninas publicitarias como una actividad “más vinculada al comercio que a la cultura”. Actualmente, el apoyo municipal continúa a través del programa Todo está en Madrid y de la colaboración con Acotex (Asociación Nacional del Comercio Textil), que utiliza la muestra para dinamizar las zonas comerciales de la ciudad.

La influencia de Antonio Azzato no se limita a Madrid capital. También ha logrado llevar las meninas a otros municipios de la región como Móstoles. En abril de 2025, la localidad madrileña adjudicó un contrato para el “servicio de diseño, ejecución y gestión de la exposición temporal de 5 esculturas personalizadas de la Exposición Meninas Madrid Gallery”, que se instaló en las calles de la ciudad durante todo el mes de mayo con motivo de la festividad de la Comunidad de Madrid.

Las cinco esculturas fueron diseñadas exclusivamente para esta muestra callejera con indumentaria goyesca, en consonancia con la estética de las fiestas. En este caso, el importe del contrato asciende a 27.200 euros, aunque en el propio expediente se detalla que, de acuerdo con los cálculos y valoraciones del servicio municipal promotor y de conformidad con el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado total del contrato asciende a 114.240 euros, incluyendo la duración de un año, la posibilidad de tres prórrogas anuales consecutivas, y modificaciones, sin IVA incluido.

Las meninas de la discordia

En la edición de 2025 las meninas vuelven a ocupar 34 localizaciones del callejero madrileño, especialmente en el distrito de Salamanca, donde se ubican más de la mitad. De las esculturas instaladas, al menos una veintena cuentan con patrocinios de grandes empresas como Ticketmaster, Plus Ultra o Amazon. También son un perfecto escaparate de promoción para figuras de renombre como artistas, músicos o influencers. Este año completan el elenco la cantante Gloria Estefan, el dúo musical Los del Río, la actriz Paula Echevarría, los conductores de radio Javi Nieves y Mar Amate, la creadora de contenido Erika de la Vega o los artistas Eduardo Valenciano y Mausha Marsá.

Las piezas funcionan como un escaparate ideal: a través de un icono cultural asociado a Madrid, se insertan campañas publicitarias sin que las marcas deban pagar la tasa que correspondería a un anuncio convencional en la vía pública. Esta excepción es posible gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y los organizadores, que consideran la muestra una actividad artística, pese a su evidente componente publicitario. De hecho, la propia página oficial del Ayuntamiento define el proyecto como “un canal no tradicional para que las marcas, a través del arte, conecten con su público objetivo mediante creatividades artísticas, experiencias con el espectador y activaciones de marca”.

Desde su creación, la muestra ha despertado un debate recurrente sobre el límite entre su valor artístico o cultural y la publicidad encubierta. En 2022, Andrea Levy criticó públicamente que la utilización comercial del icono velazqueño podía “desvirtuar” su valor cultural. Además, prohibió la instalación de meninas en áreas catalogadas como Bien de Interés Cultural o dentro del Paisaje de la Luz, el entorno protegido del eje Prado-Retiro, donde la presencia de publicidad está expresamente vetada.

En años anteriores ya se habían retirado esculturas patrocinadas por vulnerar estas restricciones. Por ese motivo, las ubicaciones se han concentrado en los últimos tiempos en zonas comerciales como la calle Serrano, donde conviven con la mayoría de tiendas de lujo de la capital. El debate, lejos de apagarse, vuelve a avivarse con cada nueva edición de estas ya habituales figuras que, desde 2018, se han convertido en un símbolo tan discutido como omnipresente en las fechas más próximas a la Navidad, el Black Friday o el puente de diciembre, que son las que mayor tránsito de personas y facturación registran en la capital.

És difícil accedir a Cala Espart, un petitíssim racó natural situat a Santa Eulària, prop de l'exclusiva urbanització de luxe Roca Llisa. El vigilant de seguretat d'aquest nucli de viles de propietaris situat al costat del camp de golf avisa: el camí està “impossible” a causa de les últimes tempestes. Un fet que estranya, ja que a penes queda el record d'aquestes últimes pluges quan s'està sofrint la calor de finals d'agost. Indica que és millor anar-hi des de la localitat de Jesús. L'accés a la cala es complica per a un banyista qualsevol, però no per als inquilins o propietaris d'aquestes construccions de luxe que plaguen el litoral i que aquest estiu han estat objecte de polèmica per intentar privatitzar Cala Espart instal·lant hamaques i ombrel·les sense permís de Costes.

Va succeir al juny, quan diversos veïns d'habitatges adjacents van veure com una treballadora es dedicava llarga estona a desplegar els elements de platja, ocupant gran part de la sorra sense posseir la llicència pertinent. Segons estableix la normativa, perquè una empresa pugui proporcionar aquest servei amb finalitats comercials requereix d'una concessió pública per part de l'Ajuntament en cas que la platja sigui urbana (i per tant de competència municipal) o per part del Govern balear, a través de la Direcció General de Costas, si pertany al domini públic marítim-terrestre.

La situació no és nova. Durant el mateix mes va succeir una cosa similar a Cala Molí, en el terme municipal de Sant Josep. En aquest cas, el cansament d'un veí el va portar a desinstal·lar per voluntat pròpia les hamaques i ombrel·les que había posat una vila, guanyant-se el respecte de tota la comunitat, com va publicar al juny Nou Diari. Román, director d'operacions de El Silencio Ibiza, l'únic beach club d'aquesta cala josepina, assegura que, en el seu negoci, estan sotmesos setmanalment a inspeccions de l'Ajuntament en tractar-se d'una concessió. De fet, es poden comptar sobre la sorra exactament els mateixos elements que estableix la fita.

Segons estableix la normativa, perquè una empresa pugui proporcionar aquest servei amb finalitats comercials requereix d'una concessió pública per part de l'Ajuntament en cas que la platja sigui urbana (i per tant de competència municipal) o per part del Govern balear, a través de la Direcció General de Costas, si pertany al domini públic marítim-terrestre

“Aquesta persona -afirma referint-se als responsables d'ocupar bona part de la platja sense permís- va decidir arribar un matí i instal·lar aquí a la punta diverses hamaques i ombrel·les”. Encara que ell no ho va veure en primera persona, els veïns, amb els que té bona relació, li van contar que es tractava d'una família estrangera propietària d'una vila situada en els vessants de Cala Molí.

Pel que sembla, era un dels treballadors qui baixava a la sorra, durant tots els dies de les vacances dels seus caps, a assentar tot tipus d'objectes per al seu confort durant el dia de sol i salnitre. No es tractava, com havien confós alguns, d'una empresa privada, sinó d’empleats contractats per la família d'alt poder adquisitiu. Així ho corrobora Román, qui assegura que ningú estava “fent diners” llogant aquests elements de platja, sinó que els utilitzaven per a gaudir ells mateixos, a diferència d'altres viles turístiques que sí estarien cobrant un plus per oferir als seus clients aquest servei.

Encara que no coneix a la persona que va retirar finalment les hamaques i les ombrel·les, va corroborar a través de la premsa local que es tractava d'un veí de les cases pròximes a la cala. El pols veïnal contra els propietaris va culminar amb un cartell que va aparèixer al costat de la desmantelació de l'acomodament: “La platja és un espai públic i no està inclosa en la casa que heu llogat. Si voleu posar la vostra hamaca, veniu com tothom i col·loqueu-la on vulgueu. Eivissa lliure de pirates!”, va publicar en la mateixa informació Nou Diari. Les accions veïnals, sumades a les publicacions dels mitjans, van ser suficients per a cessar les pràctiques invasives dels propietaris de la casa de luxe.

El pols veïnal contra els propietaris va culminar amb un cartell que va aparèixer al costat de la desmantelació de l'acomodament: 'La platja és un espai públic i no està inclosa en la casa que heu llogat. Si voleu posar la vostra hamaca, veniu com tothom i col·loqueu-la on vulgueu. Eivissa lliure de pirates!'

Privatització de l'espai públic

“No vull dir que es pensessin que la platja era seva, però sí que podien accedir a ella amb el seu elevat nivell de comoditat, desfavorint als altres banyistes”, assenyala el director d'operacions del beach club eivissenc. Aquesta escena no és molt habitual a la cala, assegura Román. Encara que la versió xoca amb la dels veïns, qui van denunciar que la instal·lació privada es produïa des del matí fins a la tarda i que a vegades l'escena s'havia repetit durant setmanes.

A Cala Molí, les viles de grans dimensions esquitxen el paisatge muntanyenc que s'alça des del petit enclavament d'aigües cristal·lines i còdols -pedres i roques del litoral-, al costat d'antigues casetes, a la dreta, que recorden la -no tan- antiga vida dels pescadors de Balears. El mateix succeeix en altres cales de Sant Josep, com a Cala Vadella, on les edificacions es multipliquen entre els arbres massa prop de la costa. Segons ha assegurat l'Ajuntament del municipi a eldiario.es, aquest estiu no s'ha formalitzat davant l'administració municipal cap queixa per la instal·lació d'elements de platja per part de viles privades.

A Cala Molí, les viles de grans dimensions esquitxen el paisatge muntanyenc que s'alça des del petit enclavament d'aigües cristal·lines i còdols al costat d'antigues casetes, a la dreta, que recorden la -no tan- antiga vida dels pescadors de Balears

D'altra banda, el cas de El Silencio de complir rigorosament amb el nombre d'elements marcats per la licitació i amb el preu que cobra als seus clients (un total de deu euros), no es repeteix en moltes de les concessionàries del litoral, com va poder esbrinar aquest diari a principis d'estiu. A Cala Bassa, el desplegament de llits balinesos per part del Cala Bassa Beach Club (CBbc) ocupa tot el quilòmetre de costa, sense deixar a penes espai als altres banyistes. També obliga els clients a consumir a l'establiment per a gaudir de les instal·lacions del negoci, per les que alguns turistes arriben a pagar fins a 300 euros.

A Cala Bassa, el desplegament de llits balinesos per part del Cala Bassa Beach Club (CBbc) ocupa tot el quilòmetre de costa, sense deixar a penes espai als altres banyistes. També obliga els clients a consumir a l'establiment per a gaudir de les instal·lacions del negoci, per les que alguns turistes arriben a pagar fins a 300 euros

Inspeccions policials frustrades

Un altre enclavament que ha estat escenari d'abusos aquesta temporada ha estat Cala d’a Serra (Sant Joan), on l'únic quiosquet que hi ha va sobrepassar sense pudor les hamaques permeses a la sorra, com va denunciar en el seu moment Diario de Ibiza. Els agents de la Policia Local del municipi van fer una inspecció en la cala després que una entitat ecologista de l'illa critiqués la situació a través dels mitjans i les xarxes socials. Però a la seva arribada, només van poder confirmar que sí s'estaven complint els elements màxims permesos per normativa, va informar el mateix mitjà local, que també va publicar una imatge on es poden comptabilitzar perfectament un total de 30 llits.

Va ser una de les integrants de l'entitat ecologista Amics de la Terra qui, en primera persona, va comprovar que s'estaven saltant els límits de la concessió, explica a elDiario.es Juanjo Torres, un dels seus portaveus. “El que va passar va ser que es va córrer la veu de seguida per les platges del municipi i les concessionàries van recollir a tot córrer el que no podien tenir”, detalla. Es desconeix, no obstant això, des d'on es va comunicar el missatge. A partir d'aquests fets, l'Ajuntament de Sant Joan es va comprometre a dur a terme inspeccions la resta de l'estiu en tot el litoral de la seva competència.

Torres lamenta que la falta de control sobre qualsevol activitat a Eivissa es tradueix en que es cometin contínuament il·legalitats per “terra, mar i aire”. En la mar Mediterrània, sobretot, amb el lloguer de charters que no compleixen gairebé mai les normes mediambientals i destrossen durant la navegació el fons marítim, especialment a través dels fondejos sobre prades de posidònia, espècie protegida en tota la comunitat autònoma balear.

Un dels portaveus d’Amics de la Terra, Juanjo Torres, lamenta que la falta de control sobre qualsevol activitat a Eivissa es tradueix en que es cometin contínuament il·legalitats per "terra, mar i aire"

Però la indignació va encara més enllà quan aquestes accions també tiren fora dels espais naturals i públics als residents, que han anat engendrant durant els últims anys, estiu rere estiu, una sensació d'absoluta “injustícia” davant la qual només els queda fer el cor fort. “Ara passa amb l'ocupació de platges, però el problema al final és deixar tot allò relacionat amb el turisme al lliure albir i a mercè dels diners”, conclou el portaveu d’Amics de la Terra.

Es difícil acceder a Cala Espart, un pequeñísimo rincón natural ubicado en Santa Eulària, cerca de la exclusiva urbanización de lujo Roca Llisa. El vigilante de seguridad de este núcleo de villas de propietarios situado junto al campo de golf avisa: el camino está “imposible” debido a las últimas tormentas. Un hecho que extraña, ya que apenas queda el recuerdo de esas últimas lluvias cuando se está sufriendo el calor de finales de agosto. Indica que es mejor ir desde la localidad de Jesús. El acceso a la cala se complica para un bañista cualquiera, pero no a los inquilinos o propietarios de estas construcciones de lujo que plagan el litoral y este verano han sido objeto de polémica por intentar privatizar Cala Espart instalando hamacas y sombrillas sin permiso de Costas.

Sucedió en junio, cuando varios vecinos de viviendas adyacentes vieron cómo una trabajadora se dedicaba durante largo rato a desplegar los elementos de playa, ocupando gran parte de la arena sin poseer la licencia pertinente. Según establece la normativa, para que una empresa pueda proporcionar este servicio con fines comerciales requiere de una concesión pública por parte del Ayuntamiento en caso de que la playa sea urbana (y, por tanto, de competencia municipal) o por parte del Govern balear, a través de la Dirección General de Costas, si pertenece al dominio público marítimo-terrestre.

La situación no es nueva. Durante ese mismo mes sucedió algo similar en Cala Molí, en el término municipal de Sant Josep. En este caso, el hartazgo de un vecino lo llevó a desinstalar las hamacas y sombrillas que había puesto una villa por voluntad propia, ganándose el respeto de toda la comunidad, como publicó en junio Nou Diari. Román, director de operaciones de El Silencio Ibiza, el único beach club de esta cala josepina asegura que, en su negocio, están sometidos semanalmente a inspecciones del Ayuntamiento al tratarse de una concesión. De hecho, se pueden contar sobre la arena exactamente los mismos elementos que establece el hito.

Según establece la normativa, para que una empresa pueda proporcionar este servicio con fines comerciales requiere de una concesión pública por parte del Ayuntamiento en caso de que la playa sea urbana (y, por tanto, de competencia municipal) o por parte del Govern balear, a través de la Dirección General de Costas, si pertenece al dominio público marítimo-terrestre

“Esta persona -afirma refiriéndose a los responsables de ocupar buena parte de la playa sin permiso- decidió llegar una mañana e instalar ahí en la punta varias hamacas y sombrillas”. Aunque él no lo vio en primera persona, los vecinos, con los que tiene buena relación, le contaron que se trataba de una familia extranjera propietaria de una villa situada en las laderas de Cala Molí.

Al parecer, era uno de sus trabajadores quien bajaba a la arena, durante todos los días de las vacaciones de sus jefes, a asentar todo tipo de objetos para su confort durante el día de sol y salitre. No se trataba, como habían confundido algunos, de una empresa privada, sino empleados contratados por la familia de alto poder adquisitivo. Así lo corrobora Román, quien asegura que nadie estaba “haciendo dinero” alquilando esos elementos de playa, sino que los utilizaban para disfrutar ellos mismos, a diferencia de otras villas turísticas que sí estarían cobrando un plus por ofrecer a sus clientes ese servicio.

Aunque no conoce a la persona que retiró finalmente las hamacas y las sombrillas, corroboró a través de la prensa local que se trataba de un vecino de las casas cercanas a la cala. El pulso vecinal contra los propietarios culminó con un cartel que apareció junto al desmantelamiento del acomodo: “La playa es un espacio público y no está incluida en la casa que habéis alquilado. Si queréis poner vuestra hamaca, venid como todo el mundo y colocadla donde queráis. ¡Eivissa libre de piratas!”, publicó en la misma información Nou Diari. Las acciones vecinales, sumadas a las publicaciones de los medios, fueron suficientes para cesar las prácticas invasivas de los propietarios de la casa de lujo.

El pulso vecinal contra los propietarios culminó con un cartel que apareció junto a la desmantelación del acomodo: 'La playa es un espacio público y no está incluida en la casa que habéis alquilado. Si queréis poner vuestra hamaca, venid como todo el mundo y colocadla donde queráis. ¡Eivissa libre de piratas!'

Privatización del espacio público

“No quiero decir que se pensaran que la playa era suya, pero sí que podían acceder a ella con su elevado nivel de comodidad, desfavoreciendo a los demás bañistas”, señala el director de operaciones del beach club ibicenco. Esta escena no es muy habitual en la cala, asegura Román. Aunque la versión choca con la de los vecinos, quienes denunciaron que la instalación privada se producía desde por la mañana hasta por la tarde y que en ocasiones la escena se había repetido durante semanas.

En Cala Molí, las villas de grandes dimensiones salpican el paisaje montañoso que se alza desde el pequeño enclave de aguas cristalinas y 'còdols' -piedras y rocas del litoral-, junto a antiguas casetas, a la derecha, que recuerdan la -no tan- antigua vida de los pescadores de Balears. Lo mismo sucede en otras calas de Sant Josep, como Cala Vadella, donde las edificaciones se multiplican entre los árboles demasiado cerca de la costa. Según ha asegurado el Ayuntamiento de Sant Josep a elDiario.es, este verano no se ha formalizado ante la administración municipal ninguna queja por la instalación de elementos de playa por parte de villas privadas.

En Cala Molí, las villas de grandes dimensiones salpican el paisaje montañoso que se alza desde el pequeño enclave de aguas cristalinas y 'còdols' -piedras y rocas del litoral-, con 'escacs' a la derecha que recuerdan la -no tan- antigua vida de los pescadores de Balears

Por otro lado, el caso de El Silencio de cumplir a rajatabla con el número de elementos marcados por la licitación y con el precio que cobra a sus clientes (un total de diez euros), no se repite en muchas de las concesionarias del litoral, como pudo averiguar este diario a principios de verano. En Cala Bassa, el despliegue de camas balinesas por parte del Cala Bassa Beach Club (CBbc) ocupa todo el kilómetro de costa, sin dejar apenas espacio a los demás bañistas. También obliga a los clientes a consumir en el establecimiento para disfrutar de las instalaciones del negocio, por las que algunos turistas llegan a pagar hasta 300 euros.

En Cala Bassa, el despliegue de camas balinesas por parte del Cala Bassa Beach Club (CBbc) ocupa todo el kilómetro de costa, sin dejar apenas espacio a los demás bañistas. También obliga a los clientes a consumir en el establecimiento para disfrutar de sus instalaciones, por las que algunos turistas llegan a pagar hasta 300 euros

Inspecciones policiales frustradas

Otro enclave que ha sido escenario de abusos esta temporada ha sido Cala d’en Serra (Sant Joan), donde el único chiringuito que hay sobrepasó sin pudor las hamacas permitidas en la arena, como denunció en su momento Diario de Ibiza. Los agentes de la Policía Local del municipio hicieron una inspección en la cala después de que una entidad ecologista de la isla criticara la situación a través de los medios y de las redes sociales. A su llegada, solo pudieron confirmar que sí se estaban cumpliendo los elementos máximos permitidos por normativa, informó el mismo medio local, que también publicó una imagen donde se pueden contabilizar perfectamente un total de 30 camas.

Fue una de las integrantes de la entidad ecologista Amics de la Terra quien, en primera persona, comprobó que se estaban saltando los límites de la concesión, explica a elDiario.es Juanjo Torres, uno de sus portavoces. “Lo que pasó fue que se corrió la voz enseguida por las playas del municipio y las concesionarias recogieron a toda prisa lo que no podían tener”, detalla Torres. Se desconoce, sin embargo, desde donde se produjo el chivatazo. A partir de estos hechos, el Ayuntamiento de Sant Joan se comprometió a llevar a cabo inspecciones el resto del verano en todo el litoral de su competencia.

Torres lamenta que la falta de control sobre cualquier actividad en Eivissa se traduce en que se cometan continuamente ilegalidades por “tierra, mar y aire”. En el mar Mediterráneo, sobre todo, con el alquiler de charters que no cumplen casi nunca las normas medioambientales y destrozan durante la navegación el fondo marítimo, especialmente a través de los fondeos sobre praderas de posidonia, especie protegida en toda la comunidad autónoma balear.

Uno de los portavoces de Amics de la Terra, Juanjo Torres, lamenta que la falta de control sobre cualquier actividad en Eivissa se traduce en que se cometan continuamente ilegalidades por "tierra, mar y aire"

Pero la indignación va aún más allá cuando esas acciones también echan de los espacios naturales y públicos a los residentes, quienes han ido engendrando durante los últimos años, verano tras verano, una sensación de absoluta “injusticia” ante la que solo les queda hacer de tripas corazón. “Ahora pasa con la ocupación de playas, pero el problema al final es dejar todo lo relacionado con el turismo al libre albedrío y a merced del dinero”, concluye el portavoz de Amics de la Terra.

Hace apenas tres meses, Barcelona inauguraba la remodelación del parque de les Glòries con su nueva pieza central: una lámina de agua ornamental bautizada como Mirall d’Aigua (Espejo de Agua). Concebido como una superficie reflectante, elevado apenas un metro del suelo y de setenta metros de longitud, el elemento pretendía reforzar visualmente la icónica Torre Glòries. Pero lo que en principio parecía una intervención paisajística contenida, elegante y poco conflictiva, se llenó de niños chapoteando y de adultos refrescándose los pies. La respuesta del Ayuntamiento de Barcelona ha sido vaciar la fuente durante todo el verano.

El episodio del Mirall d'Aigua demuestra, de nuevo, que los usos ciudadanos no atienden a gestos simbólicos ni a manierismos paisajísticos. Pero también supone una respuesta institucional contundente a una apropiación espontánea del espacio público por parte de la gente.

La lámina de agua, aduce el consistorio para justificar su cierre, no está habilitada para el baño. Según el Ayuntamiento, no se trata de una piscina ni de una zona de juego acuático, sino de un elemento decorativo con agua reciclada, no potable, y con un sistema de recirculación que no garantiza la salubridad ni la seguridad para el uso recreativo. Las medidas de contención incluyeron el refuerzo de la señalización (de dos a seis carteles), la presencia de informadores cívicos e incluso la intervención puntual de la Guardia Urbana. Aun así, la escena se repitió día tras día, hasta que finalmente se optó por secar la fuente en plena ola de calor.

Lo que podría parecer una anécdota veraniega es, en realidad, una cuestión de fondo: ¿qué pasa cuando la ciudadanía no interpreta los espacios públicos como lo hacen los arquitectos o los responsables técnicos? El proyecto original del parque, ganador del concurso de 2013, contemplaba una lámina de agua lúdica, transitable, incluso jugable.

Según se recoge en la memoria técnica del proyecto y en alguno de los renders publicados, se trataba de una superficie plana, de donde pudiera brotar agua en algunos momentos del día para el disfrute y el juego infantil. Sin embargo, en las fases posteriores de desarrollo y ejecución, esa intención se diluyó. La versión finalmente construida es una fuente con bordes elevados y filtros de recirculación, mucho más cercana a un elemento ornamental que a una instalación interactiva.

Las razones del cambio no están del todo claras. Fuentes técnicas apuntan a la necesidad de reducir costes de mantenimiento, minimizar riesgos legales y facilitar el control de uso. El Mirall d'Aigua no es una excepción: la experiencia en Barcelona y otras ciudades muestra que la introducción de elementos de agua en parques y plazas suele estar condenada al fracaso. Su mantenimiento resulta costoso, técnicamente complejo y, si no se realiza con el cuidado necesario, puede derivar en episodios de legionela u otras infecciones.

Pero ante el calor, y el remarcable atractivo estético del granito empapado, la ciudadanía leyó ese prisma reflectante como una piscina superficial, un reflejo apto para vibrar y ondular con los pies, las manos y hasta con todo el torso por parte de los más atrevidos. Siguiendo la lógica que pensaron decenas de familias durante la ola de calor del mes de junio: “Si parece una piscina, si se siente como una piscina y si hay 35 grados a la sombra, probablemente termine siendo una piscina”.

Lo ocurrido con el Mirall d’Aigua es una muestra más de un conflicto antiguo: el que se da entre la intención del diseño y la apropiación ciudadana. Una tensión que ha sido explorada por arquitectos como Aldo Van Eyck. Este arquitecto holandés sostenía que tras una gran nevada cualquier ciudad se transformaba en un lienzo en blanco, y que los niños se convertían temporalmente en los “Señores de la Ciudad”, apropiándose del espacio público a su antojo, corriendo en todas direcciones y definiendo sus propias zonas de juego.

Van Eyck proponía recrear esa sensación de indefinición —de tábula rasa— que producía la nieve, para que las ciudades pudieran ofrecer espacios vacíos, neutros y disponibles para la imaginación y la creatividad infantil. Defendía que los niños debían ser agentes fundamentales del desarrollo urbano. Y no se quedó en la teoría: entre 1948 y 1978 impulsó un ambicioso plan de regeneración urbana en Ámsterdam, que dio lugar a la construcción de 734 parques infantiles en solares de oportunidad, como terrenos baldíos o espacios entre medianeras resultantes de derribos.

Del mismo modo que Van Eyck, los arquitectos del campus de la Universidad de Michigan decidieron pavimentar los caminos del jardín central después de observar por dónde pasaban los estudiantes. Este fenómeno, consistente en que las personas crean rutas informales a través de áreas verdes eligiendo el camino más directo o conveniente, se conoce como desire paths (caminos de deseo).

Otro célebre arquitecto holandés, Rem Koolhaas exploró esta misma lógica en los años noventa, cuando dejó que el flujo peatonal de los estudiantes guiara el diseño del campus del Illinois Institute of Technology, trazando los recorridos a partir de las huellas reales y no de proyecciones abstractas. Incluso Broadway, la avenida más icónica de Nueva York, puede leerse como una desire line histórica: sigue el antiguo Wickquasgeck Trail, un sendero trazado por nativos americanos. Según algunos urbanistas, es el único eje de Manhattan que no fue borrado por la retícula ortogonal impuesta por los colonizadores europeos.

El Mirall d’Aigua es un caso paradigmático de “piscina de deseo”. En este punto, la decisión más sensata y coherente por parte del Ayuntamiento sería replantear el proyecto para reabrir este elemento de la plaza de les Glòries, asegurando unas condiciones de baño seguras y adecuadas. Mantener una fuente ornamental seca —como han estado todas las fuentes de la ciudad durante el último año de sequía— genera un contrasentido urbano y proyecta una imagen de abandono y desazón.

Cerrar la fuente ha sido un acto de prudencia preventiva. La amenaza de una demanda actúa como un freno ante cualquier iniciativa que implique un mínimo riesgo. Por eso se entiende que el Ayuntamiento de Barcelona haya decidido vaciar por completo el agua de la escultura. Por muy visible que hubiera sido un cartel colosal advirtiendo de los riesgos del baño, es lógico pensar que las demandas judiciales se habrían sucedido igualmente ante algún accidente o infección.

El urbanismo y las personas

El espacio público, con toda la normativa que lo rige, es cada vez más seguro y, por consiguiente, sumamente más aburrido y homogéneo. En ese contexto, los espacios libres y aptos para el juego son prácticamente inexistentes en las ciudades que pecan de un sobrediseño paternalista. Más allá de parques seriados y de zonas cercadas y muy definidas, los niños no disponen de espacios abiertos, flexibles y sin excesivas restricciones donde jugar libremente y reinventar la ciudad a su manera, donde desarrollar su creatividad y autonomía. La falta de estos terrains vagues urbanos no solo limita su juego, sino que también empobrece la ciudad misma, que pierde así la riqueza de esas apropiaciones espontáneas que la hacen vibrante y diversa. Recuperar esa capacidad de juego y experimentación debería ser una prioridad para pensar en ciudades verdaderamente humanas.

¿Hasta qué punto se podría considerar el cierre de El Mirall d’Aigua como un ejemplo más del urbanismo antipersonas? Este fenómeno no solo se manifiesta en la desactivación de espacios potencialmente lúdicos o comunitarios, sino que se expresa de una forma aún más cruda en la proliferación de estrategias de diseño hostil dirigidas contra los más vulnerables. En muchas ciudades, se instalan bancos con separadores para impedir que alguien pueda tumbarse, se colocan pinchos en repisas o portales para disuadir a las personas sintecho, o se retiran las marquesinas en zonas donde suelen refugiarse.

Estas actuaciones revelan una lógica urbana profundamente excluyente: aquella que considera que el ciudadano de primera es solo aquel que consume, pasea o produce, pero no descansa, juega o simplemente habita el espacio público de forma no regulada. El urbanismo antipersonas es, en definitiva, una arquitectura del miedo y del rechazo, que en lugar de acoger todas las experiencias que conforman la ciudad, las margina y las borra del paisaje.

En el mundo del diseño urbano, arquitectos y urbanistas nos enfrentamos hoy en día al reto de diseñar los llamados “refugios urbanos” que equipen las ciudades con lugares frescos y resguardados donde poder escapar de este calor extenuante que atenta contra la salud. En los últimos años, se suceden gráficos, mapas de calor, monitorizaciones de temperatura, de humedad y de brisas, y toda una serie de medidores complejos para justificar cómo unas pérgolas con enredaderas pueden rebajar la temperatura en un grado.

Con el Mirall d'Aigua, Barcelona había propuesto sin saberlo, en pleno corazón de la ciudad, un refugio climático de primer orden, contrastado por un grupo experimental de su población más que amplio y variado. Como rezaba un tuit del urbanista canadiense Brent Toderian durante la pandemia: “Las ciudades inteligentes no prohíben ni limitan el espacio público: lo reconfiguran para que la gente lo use de forma segura.”

Decenas de vecinos se congregaron para recorrer, en una marcha activista y vecinal, un camino en la localidad de Viso del Marqués, ubicada en la comarca de la Sierra Morena. Ni el camino ni la localidad son casualidad. La historia de este pueblo está marcada por grandes cotos de caza, olivares y hoy en día el término municipal acoge incluso un embalse, el de Fresneda. Ecologistas en Acción Ciudad Real organizó esta actividad para denunciar la “ocupación ilegal” de esta senda, que afirman está incluido en un inventario municipal de caminos. En concreto, se trata del camino número 37.

Desde la organización ecologista afirman que la titularidad pública de esta ruta “ha sido reconocida por el propio consistorio”, pero acusan al Gobierno municipal de “lejos de actuar en defensa del patrimonio común, han permanecido inactivos”. Para Ecologistas esto podría suponer un “incumplimiento grave” de las obligaciones de las autoridades municipales e, incluso, advierten de que se puede “abrir la puerta a una eventual prevaricación por omisión”.

José Marín es uno de los vecinos que lleva años luchando por volver a abrir este camino público y recuerda que él pasaba por ahí con su Seat 850 con 18 años para buscar a su novia. Ahora tiene 65 años. Junto a otras personas vinculadas a la localidad, decidieron actuar para presionar y volver a contar con el camino público. “Estuvimos sacando planos, en Ciudad Real, en Madrid y ha venido gente a declarar al Ayuntamiento para apoyarnos”, explica el vecino.

No solo se trata de que el camino, que es patrimonio de todos recuerdan, sino también de que “se ha intentado destruir”. “Han llevado maquinarias y no podemos hacer nada. Podemos ir a pasear para pedir su apertura y ya está”, lamenta Marín.

Han realizado varias peticiones, una de ella al catastro en Madrid, pero “nadie contesta”, explica. “Lo tienen archivado en un cajón por decirlo de una manera”, continúa. Todo es un golpe, añade, porque lo que antes era un camino ahora son “alambradas”. “Lo único que vemos ahora son alambradas y alambradas”, resume.

Desde Ecologistas en Acción, Elena Solís explica que se observa una “restricción de facto” de estos caminos y que por eso la organización considera que hay una “evidente” inacción administrativa, así como una “falta de respeto” por el dominio público. “Esto ha llevado a las denuncias de vecinos y de organizaciones ecologistas”, asevera. “En el caso de Viso sí ha habido un conflicto de intereses muy grande, entre la actividad cinegética y el derecho a transitar por los senderos públicos. Al fin y al cabo, es lo único que podemos hacer los ciudadanos de a pie”, reflexiona la activista.

Esta práctica, la de cerrar caminos, se ha “intensificado” en los últimos años advierte Solís. Especialmente en Castilla-La Mancha. Y en el caso concreto de El Viso del Marqués, explica que se han realizado “zanjas enormes” para evitar el tránsito y que también hay un arroyo “totalmente vallado”. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha contestado a este medio que existen, de hecho, “varios expedientes” relativos al paraje del camino.

Desde el Ayuntamiento de la localidad explican que es “más complicado” que haber cerrado “simplemente” un camino público. Personal técnico del Consistorio ciudadrealeño señala que el municipio tiene “kilómetros y kilómetros” de caminos públicos y tras una revisión catastral desde hace unos años, se incluyeron caminos que no lo eran. “Numerosos”, puntualizan. En el caso concreto del camino al que hacen referencia desde Ecologistas en Acción y la ciudadanía, señalan que están en un “estudio” para certificar que efectivamente es público, ya que ha habido “muchos cambios de titulares”.

El personal técnico señala a elDiario.es Castilla-La Mancha que la situación se está estudiando. “Intentamos atender a los [caminos]que dan servicio al mayor número de vecinos”, explican. A esto añaden que han identificado otras rutas que llevan “a lo mejor” hasta cien años sin utilizarse. “Muchas veces se han recogido como caminos públicos simplemente porque antes estaba todo abierto”, resumen.

“La cultura del dominio público, de lo que es de todos, del colectivismo, aún tiene mucho camino por recorrer”, aclara Solís. Por eso, señalan, se debe seguir visibilizando el papel de los caminos públicos. “Es un derecho constitucional”, resalta. Desde luego no se trata de un debate nuevo. En 2024, Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha advertía también de que se daba “prioridad a la escopeta” frente a “derechos constitucionales” con la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. “Atenta directamente contra un derecho fundamental y al mismo tiempo otorga derechos cinegéticos a unos titulares privados”, recalcaba entonces Juan Carlos Tomás de Ecologistas en Acción Guadalajara.

Los vecinos de Viso del Marqués no cejarán en su empeño por volver a abrir el camino. Porque es parte de la memoria de la localidad. “Gracias a Dios todavía hay personas que recuerdan que esto existía”, concluye José Marín.