La Consejería de Deportes del Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Santander y Torrelavega han decidido guardar silencio sobre la posibilidad de retirar su nombre de espacios públicos, además de honores y distinciones municipales al exciclista Óscar Freire, condenado este pasado lunes por el delito leve de “vejaciones injustas” a su expareja, previo acuerdo entre las partes y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

El tricampeón mundial de ciclismo es hijo predilecto de Cantabria, alcalde honorífico de Torrelavega, da nombre al complejo municipal de deportes de Torrelavega, por ser nacido en el municipio, y tiene una 'estrella de la fama' en suelo público en Santander, entre diversos honores más concedidos por las instituciones a lo largo de su carrera. Consultados por elDiario.es, los dos ayuntamientos han declinado hacer declaraciones.

Hasta ahora, solo el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) en Cantabria se ha posicionado para exigir la retirada del nombre del exciclista de las instalaciones públicas de Torrelavega, además de otros honores y distinciones.

A esto se ha sumado este jueves la coalición Izquierda Unida-Podemos en Torrelavega, que ha exigido el cambio de nombre del recinto deportivo, en respuesta a este periódico. La coalición, que llevará el tema a comisión —y a pleno si no hubiese acuerdo—, ha considerado diversos nombres de deportistas como el atleta Mohamed Attaoui o la tenista Cristina Bucsa para sustituir el de Freire.

Paseo de la fama

En Santander, hay un 'paseo de la fama' que rinde homenaje a personajes ilustres cántabros en suelo público. Entre ellos, Óscar Freire cuenta con un reconocimiento, en la calle Tetuán. Desde el Consistorio se ha delegado cualquier respuesta en la asociación privada que promovió la iniciativa en 2016, pese a estar en suelo público.

Consultados al respecto, la Asociación de Amigos del Barrio de Tetuán (en origen fue la Asociación de Hosteleros de Tetuán y Barrio Camino, pero se ha dado de baja) ha afirmado que debatirá el tema en su próxima reunión para tomar una decisión ejecutiva sobre la estrella concedida a Óscar Freire: “Es una cuestión muy importante que hay que debatir, la justicia está para para resolver y y nosotros acatar lógicamente lo que dice la justicia”, ha dicho su portavoz, el hostelero Jaime Ruigómez.

Por su parte, el consejero que ostenta las competencias de Deportes del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP), ha rechazado comentar públicamente si la comunidad autónoma u otra institución que haya distinguido al tricampeón del mundo de ciclismo en ruta debe retirarle esos títulos tras ser condenado por un tribunal especializado en violencia de género. “No voy a hablar sobre Óscar Freire. Respeto absoluto a la situación que se está viviendo”, ha respondido Martínez Abad. “Cuando se conozcan más cosas, será”, ha concluido.

“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

“He estat tres mesos, els dissabtes al matí, en una taula recollint signatures”. Antònia Maria Oliver travessa la plaça Teixidores, al municipi mallorquí de Sóller, mentre relata el conflicte que en els últims mesos manté els veïns en suspens: la pretensió de l’Ajuntament de cedir la zona —destinada actualment a aparcament, recinte firal i punt de trobada veïnal— per a la construcció d’un bloc d’habitatges socials que, asseguren, transformarien de manera irreversible un dels darrers espais oberts d’aquest poble enclavat en plena Serra de Tramuntana. Mentre camina, Antònia Maria matisa: “Ens sembla molt bé que es construeixin habitatges perquè és una cosa necessària, però no a costa d’un espai com aquest”.

El debat transcendeix el merament local i planteja una qüestió de fons: com —i on— construir habitatge públic, especialment en una localitat on accedir a una casa s’ha tornat gairebé impossible. En aquests moments, el preu mitjà d’un habitatge de menys de 100 metres quadrats se situa en 578.125 euros —un 159,23% més que fa un any—, d’acord amb les dades de Fotocasa. Pel que fa al lloguer, la situació no és menys significativa: segons el mateix portal immobiliari, un estudi o un pis amb una sola habitació costa de mitjana 1.578 euros. L’escalada sostinguda en els darrers anys revela fins a quin punt Sóller, en línia amb la tendència general de les Balears, s’ha convertit en un mercat fortament tensionat marcat per una elevada pressió de la demanda —especialment vinculada al negoci turístic i als compradors internacionals—: el resultat és un encariment que no només eleva el cost de vida, sinó que consolida un accés cada vegada més restrictiu a l’habitatge per a la població local.

En plena emergència habitacional, el consistori, governat pel PP, va anunciar la cessió de la cèntrica plaça Teixidores --classificada com a zona lliure pública en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller- perquè l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) —dependent del Govern balear— pogués construir dos edificis amb 24 habitatges de protecció oficial, fet que va rebre una forta contestació dels veïns en considerar que el projecte arrasava amb un dels escassos espais diàfans que queden a Sóller. L’Ajuntament va redefinir la proposta, plantejant l’edificació d’un sol bloc en forma de “L” i la construcció d’un pàrquing subterrani exclusiu per a residents, assegurant que el projecte no suposa una pèrdua de l’espai públic, sinó una millora substancial del mateix en fer-lo “més gran, més atractiu i més funcional”.

L'espai públic, reduït “a menys de la meitat”

Veïns i arquitectes critiquen, però, que les recreacions presentades pel consistori no es corresponen amb la realitat física del lloc i generen una expectativa difícil de sostenir: “Si es construeix, necessàriament s’haurà de fer disminuint l’espai lliure”, assegura a elDiario.es l’arquitecte Joan Soler, qui estima fins i tot que aquest quedaria reduït “a menys de la meitat”. I no només això. La solució, a parer dels afectats i dels urbanistes, trasllada a més el conflicte sota terra: l’aparcament subterrani ja havia estat explícitament descartat en la proposta original a causa del risc d’inundació associat a la proximitat del torrent de Fornalutx, que discorre soterrat per sota de la zona.

Sota aquesta controvèrsia batega, a més, un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, l'amnistia urbanística aprovada per PP i Vox que permetrà legalitzar habitatges construïts de manera il·legal en sòl rústic sota pretext de facilitar l'accés a l'habitatge. El detonant radica en la Disposició Final Novena, que permet que promocions d'habitatge públic declarades d'“interès autonòmic” es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal. És a dir, converteix l'emergència residencial en una eina jurídica per a accelerar projectes fins i tot en sòls controvertits. Al respecte, especialistes tècnics alerten que el nou projecte podria establir un perillós precedent que obriria les portes a transformar places i espais protegits en parcel·les edificables.

Sota el conflicte batega un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, la Disposició Final Novena de la qual permet que promocionis d'habitatge públic declarades de "interès autonòmic" es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal

La protesta veïnal, per la seva banda, s’ha materialitzat en una petició plantejada a través d’Internet i en una recollida de signatures impulsada, d’una banda, per Antònia Maria i, de l’altra, per l’arquitecte i resident de la zona Rafel Cortès, que sumen fins ara més de 500 suports. El seu discurs no nega el problema habitacional —al contrari, el reconeix com a urgent—, però sí que qüestiona la ubicació escollida. “Si l’únic que tenim ho volen treure…”, lamenta Antònia Maria.

Aquesta veïna recorda que la plaça no és només el lloc on s’instal·len les fires, les tradicionals atraccions de Sant Bartomeu o les activitats comunitàries, sinó que també serveix perquè els veïns puguin estacionar els seus vehicles, tenint en compte els embossos i problemes d’aparcament que Sóller arrossega des de fa anys i que també han portat els seus residents a mobilitzar-se. Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar les 70 corbes de la sinuosa carretera que creua la Serra d’Alfàbia. Tanmateix, la construcció del túnel de Sóller va suposar un abans i un després per a aquesta localitat resguardada entre muntanyes: la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremeiablement, la zona es va obrir de bat a bat a l’increment del trànsit, la pressió turística i els problemes de congestió que avui marquen el seu dia a dia.

Rosa, amiga d’Oliver, insisteix en la dimensió social de la zona: en la seva opinió, com en la d’altres veïns, el projecte no només suposaria una transformació urbanística, sinó també una pèrdua d’usos socials consolidats amb el temps: “El que han de fer és buscar una solució perquè això sigui una plaça de veritat, una zona de trobada per a gent gran i infants”. I afegeix: “Sembla que amb aquest projecte el que busquen és poder dir que han construït habitatges abans de les eleccions”. Entre altres punts, els veïns proposen el desplegament de l'Unitat d’Execució prevista en el PGOU, la qual cosa permetria desenvolupar sòl de forma ordenada sense necessitat d'eliminar espais ja consolidats com aquesta plaça, o la construcció d'habitatge públic en altres llocs com el solar municipal de Cetre, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

D'un dels edificis de la plaça surt Pere Suau, de 84 anys, que observa l’espai amb la perspectiva de qui ha vist transformar Sóller durant dècades. Per a ell, el debat no és només urbanístic, sinó profundament lligat a la memòria del lloc i a la seva funció en la vida quotidiana del municipi, i mostra la seva preocupació davant la possibilitat de perdre definitivament aquest punt de trobada obert, vinculat a l’activitat social i a les dinàmiques del poble. Des de l’experiència acumulada, adverteix que decisions com aquesta no només afecten el present, sinó també el futur de Sóller, en condicionar l’ús d’un espai que considera essencial per a la identitat col·lectiva del municipi.

Així mateix, adverteix dels problemes tècnics que podria comportar el projecte. “Si no la toquen no s’inundarà. Si es volen baixar tres metres per fer un pàrquing…”, apunta, deixant en l’aire la incògnita sobre què passaria a l'hora de construir al subsòl. La plaça de les Teixidores s’assenta sobre un espai històricament vinculat al sistema hidràulic de la vall de Sóller, travessat pel curs del torrent de Fornalutx, cosa que complica qualsevol intervenció profunda. Els riscos d’inundació —els episodis de pluges intenses han provocat històricament desbordaments puntuals— i les limitacions constructives van portar precisament l’Ibavi a descartar en els seus plecs inicials la construcció d’aparcaments subterranis i habitatges en planta baixa en aquesta parcel·la.

Entre el dret a l'habitatge i a la ciutat

Joan Soler, una de les veus tècniques que s’han posicionat en contra del projecte, situa el debat en la naturalesa mateixa de la zona. “És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic”, sosté, i adverteix que la construcció d’habitatges —encara que siguin protegits— suposaria, en la pràctica, “privatitzar-lo” i limitar de manera irreversible el seu potencial futur. No debades, Soler no qüestiona la necessitat que es promogui habitatge social, però sí la seva ubicació: intervenir a la plaça de les Teixidores implicaria “hipotecar” un dels pocs espais oberts del centre de Sóller i, al seu parer, l’actuació respon més a una lògica d’urgència que compromet la planificació a llarg termini: “S’està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d’ús”.

És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic. S'està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d'ús

Joan Soler — Arquitecte

Des d’una perspectiva urbanística, l’arquitecte defensa que el futur de la plaça s’hauria d’abordar mitjançant un concurs d’idees que permeti definir la seva funció com a espai públic. Encara que en el dia a dia el lloc funciona com a aparcament, insisteix que el seu valor rau precisament en el seu potencial per acollir zones verdes, equipaments i usos socials vinculats al centre urbà i a la futura rehabilitació de la Fàbrica Nova, un dels principals símbols del passat industrial del municipi i element patrimonial de primer ordre -va ser declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) en 2018-. L'Ajuntament planteja integrar urbanísticament l'entorn de la fàbrica dins del seu projecte urbanístic, defensant que la nova ordenació permetrà connectar tots dos espais i reactivar la zona.

“És un espai molt gran, molt cèntric, amb moltes possibilitats”, recalca. Soler també posa en qüestió el relat institucional que acompanya el projecte. Critica que les recreacions difoses per l’Ajuntament resulten “enganyoses” i no es corresponen amb la realitat de l’espai. “El paper ho aguanta tot, però després la realitat és una altra”, assenyala. En la seva opinió, la idea que no es perdrà superfície pública és insostenible: “Si construeixes, aquest espai no queda a l’aire”.

Pel que fa a l’aparcament, adverteix d’un canvi substancial en la seva naturalesa: encara que es mantinguin places, aquestes deixarien de ser públiques. “Les que estiguin sota els edificis s’arrendaran o es vendran”, explica, cosa que, a la pràctica, suposa substituir un ús col·lectiu per un de restringit. El projecte actual preveu mantenir a més part de l’aparcament —unes 70 places— a banda i banda de la plaça, al costat dels edificis, fet que, segons els residents, no resol el problema de mobilitat i afegeix pressió urbanística a l’entorn.

En aquesta línia, un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès, ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa, al seu judici, ho fa incompatible amb qualsevol edificació. Els signants adverteixen a més de que la intervenció afectaria l'entorn immediat de la Fàbrica Nova.

Un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa ho fa incompatible amb qualsevol edificació

Tanmateix, aquesta idea també ha despertat crítiques entre veïns i oposició, que hi veuen una contradicció: mentre s’aposta per preservar i dignificar un conjunt històric protegit —el Consell de Mallorca, propietari de l’edifici, està impulsant la seva rehabilitació per convertir-la en un museu tèxtil de referència—, s’aboga al mateix temps per la construcció d’habitatges al seu entorn immediat. Segons ells, aixecar un bloc residencial al costat de la Fàbrica Nova suposa alterar el seu espai de protecció i el seu perímetre visual des de la plaça, desvirtuant el valor patrimonial que es pretén recuperar i evidenciant una manca de coherència en la planificació urbana del municipi.

Construïda el 1921 per la societat Rullan i Mayol, sobre el solar d’una antiga central elèctrica, la Fàbrica Nova va començar a funcionar el 1922 com a fàbrica tèxtil i va romandre activa fins al 1970. Durant dècades va ser el cor econòmic i social de la vall: un complex industrial on treballaven desenes d’obrers —en la seva majoria dones— i que concentrava tot el procés productiu del teixit.

Els arquitectes sostenen que la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic no pot servir d'argument per a ocupar espais públics consolidats, al mateix temps que critiquen la falta de transparència en la tramitació del projecte i reclamen una reflexió més àmplia sobre el model urbà del municipi. En aquest sentit, defensen la cerca d'alternatives en sòls ja previstos per a edificar, evitant així establir un precedent que, al seu judici, podria obrir la porta a futures intervencions similars en altres espais lliures de Sóller i d'altres municipis.

“Hi ha motius per rebutjar la proposta”

Des de l’àmbit polític, la regidora i portaveu de Més per Sóller, Laura Celià, emmarca el rebuig al projecte dins d’una crítica més àmplia a l’estratègia d’habitatge impulsada per les administracions. La formació, assegura, no s’oposa a la construcció d’habitatge públic, però sí a fer-ho “a qualsevol preu” i sense atendre les conseqüències urbanístiques i socials. “No és una postura infantil de dir no per dir no: hi ha motius jurídics, urbanístics i polítics al darrere”, subratlla en declaracions a aquest diari.

La regidora ecosobiranista adverteix, a més, que l’operació a la plaça de les Teixidores no és un fet aïllat, sinó part d’una dinàmica més àmplia de cessió d’espais públics a l’Ibavi. En aquest sentit, assenyala que l’Ajuntament ja ha transferit altres immobles municipals amb aquesta finalitat i preveu noves cessions, fet que, segons ella, compromet el futur del municipi en reduir la disponibilitat d’equipaments públics. “Si en el futur necessitam un centre de dia, una escoleta o un casal cívic, no tendrem espais”, alerta.

La portaveu també qüestiona l’enfocament de les polítiques d’habitatge, en considerar que responen més a una lògica de xifres que a una solució estructural del problema. “Es busca poder dir que s’han activat centenars o milers d’habitatges, però sense importar on ni com”, sosté, i critica una estratègia que, segons la seva opinió, prioritza l’impacte polític per damunt de la planificació a llarg termini.

Davant d’això, Més planteja un diagnòstic basat en les dades del mateix municipi: a Sóller hi ha més de 1.100 habitatges buits, als quals se sumen uns 500 segones residències i uns 600 destinats al lloguer vacacional, xifres que, segons Més, evidencien que el problema no és únicament la manca de sòl. “La solució no passa per construir més, sinó per mobilitzar els habitatges que ja existeixen”, afirma, i defensa mesures per treure al mercat el parc buit i regular els usos turístics.

Per la seva banda, el portaveu de la formació local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, assenyala que la seva formació s’ha oposat al projecte “des del minut u”, tot i que recalca el seu suport a la recerca de solucions que ajudin a resoldre la crisi de l’habitatge. “Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu”, subratlla. Aguiló defensa que la plaça de les Teixidores, malgrat el seu ús actual com a aparcament, compleix una funció molt més àmplia com a espai públic. “És l’únic pulmó que ens queda al centre de Sóller”, afirma en declaracions a elDiario.es.

Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu

Sebastià Aguiló — Portaveu de la formació local Seny i Sentit

El dirigent polític critica el que considera una manca d'alternatives per part de les administracions. “No entenem aquesta necessitat de construir sí o sí sense plantejar altres sistemes”, sosté, alhora que reclama explorar altres vies, com la requalificació de sòls que ja estàn integrats al centre del municipi o l'habilitació de nous espais per a habitatge social fora del nuclí més tensionat. En aquest sentit, contraposa la facilitat amb la qual, segons denuncia, s'han promogut canvis normatius per habilitar aparcaments en sòl rústic enfront de la manca d'iniciativa per generar sòl destinat a habitatge.

El regidor també posa en dubte la transparència del procés, en assegurar que encara no hi ha un projecte definitiu. “El que hi ha són fotomuntatges que no s’ajusten a la realitat”, recrimina, i qüestiona la fiabilitat de les imatges difoses i el relat institucional que acompanya el projecte. Al seu parer, la proposta “hipoteca el futur de Sóller” i respon més a una necessitat política que no pas a una planificació urbanística sòlida.

Per últim, introdueix un element simbòlic que, segons ell, evidencia les contradiccions del discurs institucional: a finals de 2022, el ple va aprovar per unanimitat el canvi de nom de la plaça —de Teixidors a Teixidores— per reconèixer el paper de les dones en la història industrial del municipi, i tots els grups polítics van assistir a descobrir la placa amb el nou nom. “Aleshores tots reconeixien que era una plaça i ara resulta que ja no ho és”, critica en al·lusió al fet que l’alcalde de Sóller, Miquel Nadal, assenyalés que la zona “no és més que un aparcament”. Aguiló insisteix que, tot i que avui la plaça s’utilitzi en part com a aparcament, l’espai s’ha de preservar com a àmbit públic amb potencial per a usos socials en el futur.

La plaça que commemora les teixidores

La plaça de Teixidores, de fet, no és un buit casual, sinó el resultat d’un passat industrial desaparegut: el seu nom remet a un passat en què les dones van ser el veritable motor de l’economia local. Com assenyala l’historiador Plàcid Pérez en el seu treball Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la major part de la mà d’obra en els telers mecànics era femenina: treballadores sotmeses a ritmes intensius, salaris més baixos i escàs reconeixement, però fonamentals per sostenir la producció. Aquelles fàbriques no només van transformar el paisatge urbà, sinó també la vida de generacions de dones que van trobar en el tèxtil una de les poques vies d’accés al treball assalariat. Avui, aquest espai buit és també memòria: la d’un treball invisibilitzat que dona nom a la plaça i que torna a estar en disputa.

El portaveu del PSIB-PSOE a Sóller, Jaume Mateu, alhora, expressa el rebuig dels socialistes a la proposta de l’equip de govern en considerar que no corregeix les deficiències detectades en el primer projecte ni respon a les necessitats reals del municipi. Al seu parer, es tracta d’una ubicació inadequada per acollir un bloc de 24 habitatges, entre altres raons, perquè el mateix planejament urbanístic no preveu edificació en aquest espai, qualificat com a zona lliure pública. “Si el problema és que ara no és una plaça atractiva, és responsabilitat de l’Ajuntament fer un bon projecte per millorar-la”, assenyala, i insisteix que aquesta circumstància no pot utilitzar-se com a justificació per construir en un espai que s’hauria de preservar com a ús públic.

Mateu també critica la insistència de l’equip de govern a tirar endavant una iniciativa que, segons afirma, manca de consens social i polític. En aquest sentit, insta l’alcalde a “abandonar la seva obsessió” per aquest projecte i a treballar en un front comú que permeti donar solucions efectives al problema de l’habitatge, tant a curt com a mitjà i llarg termini. Entre les alternatives, els socialistes plantegen mesures com la declaració de Sóller com a zona de mercat residencial tensionat per limitar els preus del lloguer, així com la cerca de solars més adequats per ampliar el parc d’habitatge públic. A més, retreuen les formes emprades en la tramitació del projecte, denunciant la manca d’informació a l’oposició i alertant que la proposta ignora elements sensibles de l’entorn, com l’àrea de protecció de la Fàbrica Nova, declarada Bé d’Interès Cultural.

L'Ajuntament defensa el projecte

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que incorpora aportacions externes. En aquest sentit, asseguren haver tingut en compte tant les opinions d'arquitectes locals com els suggeriments recollits entre la ciutadania, cosa que, segons el seu parer, ha permès millorar i ajustar el projecte inicial.

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que ha incorporat aportacions externes, tant d'arquitectes locals com de la ciutadania, amb l'objectiu de millorar i ajustar el projecte inicial

En relació amb una de les principals preocupacions veïnals, l’aparcament, l’equip de govern assegura que el disseny del projecte garanteix que no es perdrà “ni una sola plaça”. Per això, planteja la construcció de l’aparcament subterrani destinat a residents —un sistema ZAR—: davant les crítiques, assegura que permetria mantenir la capacitat actual i, alhora, reorganitzar l’espai en superfície.

En aquesta línia, apel·len a la viabilitat tècnica de la intervenció malgrat les dificultats derivades de les característiques del terreny. Segons sostenen, s’han desenvolupat solucions específiques per garantir que el projecte compleixi tots els requisits, inclosos els vinculats a la gestió de recursos hídrics, tot i que reconeixen que això implica un cost i una complexitat constructiva més elevats. Finalment, recalquen que l’actuació no suposarà un cost directe per als veïns de Sóller, ja que estarà íntegrament finançada per l’Ibavi.

Les promocions que tramita el Govern a Sóller

Consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat assenyalen que l’Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d’habitatge social, destinats a ciutadans residents a les illes, un cop un ajuntament cedeix una parcel·la a l’ens públic. D’aquesta manera, asseguren, “atén puntualment les necessitats que expressi un ajuntament o qualsevol col·lectiu a través de l’ajuntament de cada municipi”. A Sóller, segons especifiquen, l’Ibavi tramita tres promocions que sumen 29 habitatges en total: les que es troben en fase més avançada són les del cinema Fantasio (onze habitatges) i de l’antic Hospici (deu habitatges), mentre que se n’està desenvolupant una tercera a l’antiga escola del carrer Marjades (vuit habitatges).

La Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat assenyala que l'Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d'habitatge social, destinades a ciutadans residents a les illes, una vegada que un ajuntament cedeix una parcel·la a l'ens públic

El possible projecte de Teixidores, com assenyalen les mateixes fonts —atès que “no s’ha concretat una cessió de parcel·la a l’Ibavi”—, sumaria altres 24 habitatges, cosa que situaria el total en 53 nous habitatges de protecció pública a Sóller. Es tracta d’un municipi, subratllen des de la Conselleria, amb una demanda d’habitatge públic que s’ha duplicat en dos anys a les llistes de l’Ibavi, fins a arribar a les 74 famílies o unitats de convivència a les llistes d’espera, que han registrat un augment del 40% en l’últim any respecte de les 53 del 2024 i les 34 del 2023.

El cas de la plaça Teixidores reflecteix un dilema cada vegada més freqüent a les Illes: com equilibrar la creació d’habitatge públic amb la preservació d’espais urbans i la identitat local. Mentre les administracions defensen la necessitat urgent d’ampliar el parc d’habitatge protegit, els veïns reclamen participar en les decisions i explorar alternatives. “Prenent aquestes decisions sense tenir en compte el poble, l’únic que s’aconsegueix és que la gent se n’hagi d’anar”, lamenta Rosa. La recollida de signatures, mentrestant, continua creixent. I amb ella, una pregunta de fons que el conflicte ha posat sobre la taula: no només quants habitatges fan falta a Sóller, sinó on i com s’han de construir.

En las plazas, la ciudad suspende el régimen de la propiedad y se reconoce, por un instante, como suelo compartido y tiempo común. Durante décadas, las hemos pensado como postales o explanadas duras, pero la crisis climática y social las vuelve a colocar en el centro como infraestructuras de salud urbana, de convivencia y de democracia cotidiana.

Después de años rellenando el mapa con rotondas y centros comerciales, descubrimos que la ciudad necesita otra cosa: plazas donde el cuerpo pueda pararse, sudar menos, jugar más y establecer escenarios amables para la comunicación interpersonal. Volver a mirarlas es preguntarse qué espacio público queremos.

Cómo se reconoce hoy una plaza bien hecha

Reconocer hoy una plaza bien hecha es reconocer un lugar que ha puesto las mejores condiciones posibles para que la vida ocurra al aire libre. Se parece más a una sala común que a un escaparate y en esta los coches tienen que estar en segundo plano. Los juegos y bancos deben ocupar el centro y la presencia vegetal se vuelve aliada frente al calor. Una buena plaza establece recorridos que no excluyen a nadie y caminos que llevan a casa, al trabajo o al metro sin romper la sensación de estar en un lugar y no en un nudo de autopista.

Durante mucho tiempo, el modelo dominante fue el de la plaza dura y representativa: gran explanada mineral, pensada para actos excepcionales más que para la vida diaria. Hoy, la urgencia climática y social desplaza el foco hacia lo cotidiano.

La plaza ya no es solo el escenario de las manifestaciones, sino el fondo continuo de las economías del cuidado, el juego infantil, la vejez y los trabajos precarios que se apoyan en el espacio público. Esta mutación del papel de la plaza se hace especialmente visible en España a partir de 2011, cuando el movimiento 15M convierte plazas como la Puerta del Sol en dispositivos continuos de cuidados, deliberación y protesta, más que en simples escenarios de paso o consumo turístico. Al mismo tiempo, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha insistido en la última década en la necesidad de que el espacio público funcione como infraestructura climática y de bienestar renaturalizando plazas, aumentando la permeabilidad de los pavimentos y generando sombra y microclimas más frescos, situando estos espacios cotidianos en el centro de las políticas de adaptación urbana.

Las ciudades son interesantes por las personas que las habitan, y los mejores espacios públicos son aquellos que se ponen al servicio de esa coreografía social.

Reconocer hoy una plaza bien hecha es reconocer un lugar que ha puesto las mejores condiciones posibles para que la vida ocurra al aire libre

Si miramos las plazas españolas desde esta idea de generosidad, vemos muchas situaciones distintas: plazas que aparecen dentro de parques, proyectos recientes que han añadido superficie libre y sombra, intervenciones sobre plazas existentes que han preferido transformar antes que sustituir, y plazas antiguas que siguen activas porque la ciudad ha sabido mantener su uso. Recorrer las plazas españolas es entonces una manera de ejemplificar dónde se ha conseguido establecer una buena plaza. Aquí, un atlas mínimo de plazas donde apetece quedarse.

Plazas que aparecen dentro de parques

Hacemos la primera parada en Alcalá de Henares. El Parque Andalucía, de ADORAS Atelier Arquitectura, reformado a partir de un parque inaugurado en 1993 e intervenido en 2022, muestra una intervención que entrega casi 5.000 metros cuadrados a praderas y arbolado, reduciendo lo mineral a poco más de 1.600, y teje sobre ese tapiz vegetal una pérgola luminosa que serpentea siguiendo el curso del Henares, gesto que anuda el parque al río y a la Puerta de Andalucía, dándole al barrio una identidad nocturna que antes no tenía. El resultado es una sala común al aire libre donde cruzar, permanecer y reconocerse forman parte del mismo gesto.

El Parque Central de Arona, proyectado a comienzos de los 2000 por GBGV Arquitectos, funciona como una gran plaza-parque para el sur de Tenerife. La combinación de láminas de agua, vegetación adaptada al clima subtropical y amplias superficies de estancia configuran un suelo compartido donde vecinos y visitantes se reparten paseos, juegos y celebraciones; el paisaje vegetal actúa aquí como infraestructura climática, no como decorado.

En Benidorm, el Parque de l'Aigüera, diseñado por Ricardo Bofill en 1989, es otro caso de espacio lineal que se comporta como secuencia de plazas. Entre auditorios al aire libre y paseos arbolados, ofrece un interior urbano a una ciudad dominada por el frente marítimo y las torres: un lugar donde el peatón recupera escala humana y la topografía se convierte en graderío y estancia cotidiana, sustrayendo terreno a la lógica del turismo masivo.

El entorno del Museo Helga de Alvear, en Cáceres, se perfila como auténtica plaza-jardín, umbral entre la ciudad histórica y la arquitectura contemporánea donde la intervención de Tuñón y Albornoz Arquitectos encuentra continuidad en el proyecto de la llamada “plaza marrón”. La combinación de arbolado, pavimentos continuos y recorridos suaves aspira a convertir ese acceso en espacio con entidad propia un claro donde sentarse, esperar o cruzar sin prisa, de modo que la institución no se limite a exhibir arte sino también a producir ciudad.

Y en Barakaldo, el futuro parque de Zamalanda, actualmente en obras, incorpora una gran plaza abierta junto a zonas ajardinadas, pistas y miradores concebidos como piezas de conexión peatonal con la ría. La mezcla de recorridos, ámbitos de estancia y paisaje productivo perfila un espacio que funciona simultáneamente como parque y como plaza de barrio, en línea con la mejor tradición del nuevo paisajismo vasco.

Más superficie libre y más sombra

En algunos contextos urbanos, hay proyectos recientes que muestran cómo el espacio público puede ofrecer clima, tiempo y margen de uso antes que formas espectaculares, abriendo la plaza a apropiaciones diversas sin perder precisión técnica.

En el Raval de Barcelona, configurada en torno al museo de Richard Meier, la Plaça dels Àngels es hoy una de las más intensamente apropiadas de la ciudad. Skaters, vecinos y habitantes la frecuentan como ágora, pista, atajo y escenario simultáneamente, poniendo en valor un diseño que deja margen al imprevisto y que ha sabido convivir, no sin tensiones, con la presión turística.

La Plaça de la Porta de Santa Catalina, en Palma, de Rafael Moneo, articula la relación entre el casco histórico y la fachada marítima. Su condición de umbral, la sección cuidadosamente graduada y la moderación del tráfico la convierten en un espacio donde tránsito y permanencia coexisten sin jerarquías evidentes, actualizando la idea clásica de plaza de acceso.

La Plaza de España de Madrid es un lugar que respira, un vestíbulo que acoge antes que expulsar. Allí donde antes el ruido era la norma, hoy la escala cambia, los árboles tamizan la geometría, el suelo se hace blando bajo el paso y el tiempo se estira entre bancos y sombras. El proyecto, concluido en 2021, no dibuja una plaza nueva tanto como reconstituye un tejido. Une lo que la ciudad había separado: la Gran Vía con su pulso comercial, el Palacio Real con su memoria escenográfica y los parques con su fondo verde. Todo vuelve a estar a una distancia caminable.

En La Rioja, las intervenciones vinculadas al festival Concéntrico han señalado el potencial de plazas como las del Ayuntamiento o Escuelas Trevijano, donde pabellones efímeros y dispositivos de sombra ensayan nuevas maneras de habitar el espacio heredado. Esas operaciones temporales demuestran que una plaza puede transformarse con gestos ligeros y reversibles, sin necesidad de grandes obras ni presupuestos monumentales.

En Castilla-La Mancha, la Plaza del Carmen en Chueca (Toledo), cuyo concurso ganó en 2024 la joven arquitecta Celia Peces con el proyecto ‘Con C, de Chueca’, propone sobre unos 1.000 metros cuadrados un trazado en espiral que resuelve los desniveles y estructura zonas de estancia, sombra y terrizo drenante. El resultado previsto es una plaza accesible, drenante y cohesionada donde el verde no es ornamento sino técnica climática.

Transformar antes que sustituir

Este es un ejercicio que consiste en intervenir las plazas a partir del reconocimiento de su memoria construida y de su valor como soporte a la vida cotidiana de los ciudadanos. Las actuaciones sobre estas plazas incorporan elementos necesarios para su adecuación como vegetación, mobiliario o ampliando su superficie peatonal de manera que no se borren las capas históricas que las definen.

La Plaza de Pombo (Santander) diseñada en 2007 por José María Ezquiaga, es un ejemplo de precisión sobre tejido consolidado. La reducción del tráfico, la incorporación de bancos y arbolado y la apuesta por el uso cotidiano frente al ceremonial refuerzan su papel como sala de estar del ensanche, sin borrar la estructura heredada ni convertirla en escenario de excepción.

Gijón también está remodelando su plaza del Carmen, que está siendo adaptada a las necesidades actuales ampliando la superficie peatonal, incorporando más árboles y reorganizando el viario en busca de esa condición de sala común a escala de barrio.

Plazas antiguas que han sabido mantener su uso

En León, la Plaza Mayor, rehabilitada en 2025 respetando su estructura porticada, sigue funcionando como corazón del Barrio Húmedo y escenario de mercados, ferias y encuentros informales. La renovación del pavimento, concebida para mejorar accesibilidad sin alterar forma ni uso, refuerza su condición de sala común, la arquitectura histórica proporciona el marco y la vida cotidiana pone el contenido.

La Plaza Mayor de Aínsa, en Huesca, condensa la fuerza de una plaza medieval aún en uso. Su planta trapezoidal, los soportales de piedra, los restos de muralla y la continuidad de ferias y mercados demuestran que algunas plazas antiguas siguen siendo ejemplares sin más intervención que el cuidado y la actividad constante: la forma no ha cambiado desde los siglos XII y XIII y, sin embargo, el espacio no ha envejecido.

En Oviedo, la Plaza del Paraguas, proyectada en 1929 por el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río para albergar el mercado de leche bajo una cubierta de hormigón, funciona hoy como punto de encuentro del casco antiguo. Libre de coches, rodeada de bares y escenario habitual de conciertos y eventos menores, la cubierta actúa a la vez como sombra, refugio y memoria.

La plaza verdaderamente buena no se mide por su gesto, sino por su capacidad de sostener la vida cotidiana

La Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, es un vacío que ordena. No acoge, espera. Todo en ella está perfectamente calibrado; la anchura y la separación entre fachadas, la piedra, el aire, el tiempo entre una llegada y otra. Las fachadas se miran como si aún discutieran sobre quién sostiene el silencio. En medio, los cuerpos que llegan no son turistas ni fieles, sino que se da una repetición del gesto de estar: llegar, mirar, quedarse un instante. Más que plaza, es una respiración común donde la ciudad se piensa a sí misma.

Tras la peatonalización de su entorno, la plaza de la Virgen Blanca, en Vitoria, ha afianzado su papel como corazón cívico de la ciudad. Reduciendo el tráfico y ampliando la superficie accesible, su configuración abierta a mercados, fiestas y concentraciones la mantiene como escenario principal de la vida común, sin que ninguna intervención posterior haya comprometido su centralidad.

La Plaza de África sostiene el pulso de Ceuta. Entre edificios que hablan de poder y fe, el espacio se abre como un respiro frente al mar. Los jardines y el adoquinado dibujan una pausa: un lugar de ceremonia y de sombra diaria, donde lo institucional y lo doméstico se confunden bajo la misma luz.

La plaza de los Fueros, proyectada en 1975 en Pamplona por Francisco Javier Sáenz de Oiza y Eduardo Chillida, propone un vacío abstracto de gran flexibilidad. Bajo su geometría contundente caben ferias, conciertos y celebraciones populares. Y su escala, pese al carácter escultórico, mantiene una condición humana que permite frecuentarla a diario.

La Plaza de España de Sevilla, trazada por Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929, continúa siendo un espacio intensamente habitado. Su permanencia activa demuestra que la monumentalidad puede sostener usos cotidianos cuando la acompañan recorrido, sombra y agua.

Y en Cartagena, la plaza de San Francisco es uno de esos espacios que la ciudad ha sabido no estropear. Sus bordes porticados, el arbolado que filtra el sol levantino… Todo lo que en ella acontece responde a las necesidades de la vida cotidiana en el barrio.

La plaza verdaderamente buena no se mide por su gesto, sino por su capacidad de sostener la vida cotidiana. Cuando da sombra, tiempo y un centro para el encuentro, la ciudad respira mejor.

Cada vegada que torne a Ciutat de Mèxic la pregunta reapareix, inevitable: la ciutat per a qui? És la discussió de sempre, però a CDMX es torna urgent i concreta. Una ciutat no pot resoldre tots els problemes del món. Però sí pot demostrar al món que les persones importen. Marcelo Ebrard, alcalde entre 2006 i 2012, ho va formular en una conversa amb Francisco Goldman: la ciutat no ho arregla tot, però pot fer que cada persona senta que compta.

Eixa frase explica moltes coses. Explica l’aposta per la bici quan semblava una extravagància elitista. Explica el Metrobús quan el cotxe era símbol d’ascens social. Explica que intervenir la mobilitat, encara que moleste, siga políticament més viable que intervenir l’habitatge.

Perquè l’habitatge continua sent l’assignatura pendent. I ho sabem bé també a Espanya. Especulació distribuïda. Xicotets propietaris convertits en actors financers. Un mercat fragmentat que reprodueix desigualtat sense necessitat d’un gran poder maligne central. Intervenir ahí no és pintar un carril bici. És tocar interessos íntims. És molestar de veritat.

Ciutat de Mèxic ha demostrat que pot transformar la mobilitat. Encara no ha demostrat que puga transformar estructuralment l’accés a l’habitatge. I, tanmateix, fins i tot amb eixa ferida oberta, continua sent una ciutat d’acollida.

Això no és poca cosa.

Aquesta setmana, mentre els titulars tornaven a omplir-se de noms de càrtels, de violència i de morts —amb la fi d’una figura clau del crim organitzat que ha marcat una etapa sagnant al país—, la imatge de Mèxic que circulava era l’habitual: la del conflicte armat, la del territori capturat, la de la guerra interminable.

I, tanmateix, CDMX continua funcionant.

Continua sent una ciutat on milions de persones es mouen cada dia en transport públic, on els parcs s’omplin de famílies, on la vida urbana no ha sigut colonitzada per la lògica de la guerra. CDMX ha sigut relativament segura fins i tot quan el país ha estat banyat en sang. No hi ha una única explicació, però hi ha pistes. La UNAM i altres universitats com a fàbriques de pensament crític. La tradició d’acollir exiliats (espanyols, sud-americans i centreamericans). La construcció d’un espai públic viu on la violència no es tradueix automàticament en violència quotidiana. I, sobretot, una intuïció política: respondre a la violència amb més violència només la multiplica.

Al nord de la frontera, als Estats Units, domina sovint una altra lògica: solucions úniques, tecnològiques, quirúrgiques, destructives. L’algoritme ho resoldrà. El mur ho resoldrà. La intervenció policial ho resoldrà. La cirurgia urbana ho resoldrà. Res d’això resol problemes intratables. Només els desplaça.

Els problemes intratables no es deixen optimitzar. No admeten solució definitiva. No es corregeixen amb una app. Són la desigualtat estructural, la soledat urbana, l’exclusió residencial, la fragmentació cultural, la por.

Fa unes setmanes, a la Placemaking Week México, vaig parlar de la tensió entre la calculadora i el lloc. El més important és difícil de mesurar: la confiança, la cura, el temps compartit, la pertinença. I, tanmateix, quan mesurem malament, canviem el lloc. Si mesurem afluència, programem per a omplir. Si mesurem consum, prioritzem qui paga. Si mesurem rendibilitat, expulsem usos.

CDMX està en eixe fil. És una ciutat vibrant, culturalment desbordant, gastronòmicament imparable. Però també és una ciutat on Roma i Condesa s’omplin d’“exiliats” gringos que no fugen de cap guerra, sinó del preu de les seues pròpies ciutats. Ciutat d’acollida, sí. Però també ciutat tensionada pel capital global.

I, tot i això, alguna cosa resisteix. Resisteix als parcs plens de vida intergeneracional. En les intervencions lleugeres que transformen un carreró sense prometre redempcions totals. En la infància posada al centre del disseny urbà. En la mescla, sempre la mescla.

Potser la virtut de CDMX no és haver eliminat el conflicte, sinó haver decidit no convertir-lo en l’únic relat possible. En un moment en què el país torna a mirar de front la violència, la capital continua demostrant que una ciutat pot ser espai de convivència, no només escenari de confrontació.

Ciutat de Mèxic no té la solució a tots els problemes del món. Però sí demostra una cosa fonamental: que la ciutat pot ser un espai on el conflicte no es nega ni s’elimina, sinó que es processa col·lectivament.

I això no ho fa cap algoritme.

El presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, llevó al Consejo de Administración del pasado mes de abril la propuesta para colocar cuatro esculturas de varias toneladas de peso sobre las columnas a la entrada del recinto portuario a pesar de que ya contaba con un estudio de capacidad que desaconsejaba su instalación, atendiendo al riesgo de que la estructura no soportase las figuras. Rubio no informó a los consejeros de la existencia del informe, pero el vocal de UGT (que desconocía el informe) preguntó si se había valorado bien el riesgo de colapso, y el Presidente retiró sobre la marcha ese punto del orden del día sin explicar por qué. Ahora señala que “era necesario incluir una documentación administrativa complementaria”.

La propuesta se aprobó tres meses después: está previsto que el conjunto escultórico “Las columnas del mar”, de Ginés Serrán, quede instalado sobre nuevos pedestales (no sobre las columnas) en las próximas semanas. El asunto volverá al Consejo este próximo jueves, pero no como punto del orden del día, sino como dación de cuentas del avance de las obras y de la fecha probable de inauguración de las cuatro esculturas de bronce: un Neptuno con una red de pesca (2,5 toneladas de peso y 7,5 metros de altura); una Venus con un sol (1,9 toneladas y 5 metros) y dos leones (750 kilogramos cada una y 2,5 metros).

Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico acreditan que el proyecto siguió una tramitación singular en la que se obviaron datos relevantes que podían comprometer la seguridad del conjunto.

Un proyecto “no viable” por razones de seguridad

El origen de esta idea está en 2021. El artista ya explicó a elDiario.es que se le ocurrió colocar allí sus obras cuando vio las columnas vacías, mientras esperaba una reunión con Rubio. Este le compró la idea, sin informar a nadie, y él fue trabajando. En enero de 2024 apareció la primera referencia, en Málaga Hoy: “Ginés Serrán ofrece al puerto el mayor grupo escultórico en bronce de España”. En ese artículo se cuenta que medirán unos 21 metros, incluyendo la altura de las columnas. Al día siguiente (31 de enero de 2024), Cadena Ser anunció el estreno para ese verano de 2024, cuantificando por primera vez el peso del conjunto: seis toneladas.

Simultáneamente, la Autoridad Portuaria había encargado un “estudio de capacidad” de las cuatro columnas sin coronar para determinar si podrían soportar el peso. Sin embargo, el “peticionario” (la Autoridad Portuaria) entregó a la empresa de ingeniería (Cemosa) datos de un peso muy inferior: 750 kilos cada una de los dioses romanos y 500 cada uno de los leones, incluyendo todas ellas su base. En total, 2,5 toneladas. El peso real total de las figuras era más del doble, según los anuncios en la prensa de entonces, los borradores de contrato que ya se manejaban y la certificación reciente del propio artista: 5,9 toneladas (2,25 + 1,9 + 0,75 + 0,75), a las que habría que añadir el peso de los pedestales. Esta disparidad entre los datos de los que partió el estudio y la realidad convertía el informe en papel mojado, con implicaciones para la seguridad.

La Autoridad Portuaria asegura que el peso rebajado (2,5 toneladas) parte de unos “datos estimativos” aportados por el artista en abril de 2024, cuando Venus y Neptuno estaban aún en fase de ejecución. Sin embargo, tres meses antes la Cadena Ser ya había revelado de que el peso rondaría las seis toneladas, tras hablar con el propio artista.

Pese a realizarse con datos que rebajaban el peso real, el informe (de 21 de noviembre de 2024) tampoco dio el visto bueno. Su conclusión es que los pilares de hormigón armado de las estructuras soportaban “en condiciones de seguridad adecuadas” la colocación de pedestales y estatuas en su coronación, pero que tenían un recrecido de 35 centímetros “no apto” para soportar la carga que habría que demoler para completar la operación.

El 7 de abril de 2025 el mismo estudio emitió una adenda para completar el análisis. Y ahí la conclusión ya fue tajante: no se pueden colocar las estatuas ni retirando el recrecido. “No es viable el apoyo de las estatuas sobre el zócalo superior de coronación de las columnas al no presentar las losas de éste capacidad resistente adecuada”.

Pese a ello, el asunto se incluyó en el orden del día para el 30 de abril y el Puerto remitió a los consejeros documentación que indicaba que las estatuas se colocarían “en cada una de las cuatro columnas situadas a la entrada del Puerto de Málaga o en otro lugar (…) de común acuerdo”. El punto del orden del día fue retirado sin más explicación ya comenzada la reunión del Consejo, después de que Justiniano Sen, vocal de UGT, preguntara por la estabilidad de las columnas. Según dice ahora la Autoridad Portuaria, había que aportar documentación extra.

Tres meses después, en julio, se aprueba al fin la cesión de las obras en comodato al Puerto sin aclarar que las estatuas se colocarán, finalmente, en unos nuevos pedestales y no en las columnas.

El estudio encargado para conocer si las columnas soportarían las estatuas, y al que el Puerto aportó datos erróneos, costó 10.660 euros.

Unas obras polémicas y una tramitación opaca

El proyecto ha levantado una intensa polémica en la ciudad. El escultor no se lo explica, cree que todo es por envidia, e insiste en que es gratis. Aunque planteó su idea a Rubio en 2021, pocos se habían enterado hasta que se vislumbraron los grandes pedestales hace un mes. La Academia de Bellas Artes de San Telmo alertó contra unas figuras de un “pseudo-neoclasicismo pretencioso y grandilocuente”, “más propias del Universo Marvel”, en un espacio preeminente de la ciudad que linda con el Centro Histórico (declarado Bien de Interés Cultural -BIC-).

La obra de Serrán causa escepticismo en algunos círculos culturales de la ciudad. Serrán dice trabajar las esculturas de bronce más grandes del mundo y tiene ideas ambiciosas, como el proyecto Ginés Serrán-Pagán Art Museum en Toyama (Japón), cuya realización este medio no ha podido constatar. Su gran obra es El Emperador, un conjunto de siete esculturas neoclásicas sobre un arco de 20 metros de altura situado a la entrada de Arcovia City, un desarrollo metropolitano de Manila, la capital filipina.

El debate en Málaga no es sólo (ni principalmente) estético, sino de gobernanza y modelo de ciudad. La aprobación de una actuación de gran impacto paisajístico y simbólico se ha tramitado al margen del Ayuntamiento, porque se trata de suelo portuario. Sin embargo, la noria sí requirió licencia municipal, precisamente por situarse en el entorno inmediato al ámbito delimitado BIC. Tampoco ha sido transparente la tramitación en el Puerto. Rubio insiste en que se aprobó por unanimidad, pero varios miembros del Consejo de Administración no asistieron aquel día (la abogada del Estado, la delegada de la Junta de Andalucía) o se ausentaron (el subdelegado del Gobierno).

En aquella reunión tampoco hubo información oral ni debate alguno de la actuación, ni se aclaró de la ubicación final de las obras. Sí se aportó una opinión del asesor jurídico del Puerto para justificar que, para no pagar impuestos, se optase por el comodato en lugar de la donación, que había recomendado Puertos del Estado.

Desde abril de 2025 a julio el contrato de comodato se modificó en al menos dos puntos, sin que se advirtiera a los consejeros. El primero, el comodante, que pasó de ser una fundación de Ginés Serrán en el primer borrador al propio artista, en el contrato definitivo. El segundo, en quién se haría cargo de las obras para colocar las estatuas: acabó siendo el Puerto, que convocó un concurso y adjudicó la instalación por algo más de 69.000 euros.

Sumados a los 10.000 del informe, la colocación del conjunto Las Columnas del Mar ha costado al menos 80.000 euros de dinero público. La supuesta intención del Puerto, consensuada con el Ayuntamiento, es colocarlas a la entrada durante seis meses y luego trasladarlas a un “lugar más idóneo”, pero el artista ya ha declarado que en ese tiempo el público podrá juzgarlas, dejando abierta la puerta a su continuidad. Hay dudas de que, una vez allí, el Puerto pueda unilateralmente retirarlas a otro lugar sin que medien razones técnicas, de seguridad o de operativa portuaria.

El 2009 fue un año importante para la Puerta del Sol. Después de seis años de obras, entró en funcionamiento su renovada estación de Cercanías, una de las más transitadas de Madrid. Esta reforma integral posicionó la plaza como el corazón de la ciudad. Hubo muchos cambios, pero el más llamativo fue la instalación de una marquesina de acceso a la estación. Desde hace 14 años, esta estructura curva de acero inoxidable y vidrio, diseñada por el arquitecto salmantino Antonio Fernández Alba, da la bienvenida a los miles de viajeros que pasan diariamente por el corazón de la capital.

La singular marquesina ha sido apodada de múltiples maneras. Ballena, tragabolas, iglú o pecera de cristal son algunos de los nombres que ha recibido. Aunque lo más característico de esta estructura es la polémica que ha suscitado desde el día de su instalación tanto por su estética como por su funcionalidad. La ballena fue concebida en un momento en que la arquitectura contemporánea se atrevía a dialogar con el espacio público a través de formas escultóricas, siguiendo la estela de proyectos como la pirámide de Pei en el Museo del Louvre.

Como respuesta a las innumerables críticas recibidas desde su instalación en 2009, después de la última reforma de la plaza, ejecutada bajo la alcaldía de José Luis Martínez-Almeida, la ballena fue condenada al “corredor de la muerte”. El proyecto de reforma, finalizado en 2023, tenía como objetivo consolidar la peatonalización de la plaza, además de sustituir la polémica marquesina por un recinto oval de vidrio que permitiera una visión completa de la plaza. La actuación incluía mover tres esculturas y construir una nueva fuente, pero fue pospuesta. Según la documentación municipal, la sustitución se consideró inviable en aquellos momentos por los plazos exigidos por Adif, gestor del servicio de Cercanías, que debía emitir un informe de evaluación de riesgos.

Llegaron numerosas propuestas para cambiar la polémica estructura y una de las que mejor acogida popular tuvo fue la del arquitecto Álvaro Bonet. Como mayor conocedor del trabajo de Antonio Palacios, proponía recuperar el acceso que estuvo en la plaza hasta los años 30, una réplica del templete en lugar de la ballena actual. Sin embargo, el área de Obras municipal descartó la intervención por razones técnicas. Después de varias conversaciones, en marzo de 2024 se acordó una fórmula para sustituir la marquesina mediante autorización y no a través de un convenio. Casi dos años después todavía no se han fijado las fechas definitivas para la ejecución. Su sustitución está detenida actualmente sin fecha.

El debate sobre la permanencia de la ballena refleja tensiones más profundas sobre la gestión del espacio público en Madrid. Desde la finalización de las obras de remodelación de Sol, la plaza se ha convertido en el escenario de grandes campañas publicitarias. Instalaciones de series como Furia o Stranger Things o experiencias inmersivas de PlayStation han transformado la entrada a la estación de Cercanías en un escaparate permanente para marcas comerciales.

La gestión de estos espacios recae en manos de Global, empresa que mantiene un contrato exclusivo con Adif para la explotación publicitaria en estaciones de tren, incluyendo Cercanías. El contrato de Global Media con Adif se firmó en 2022 por un periodo de diez años, con la posibilidad de una prórroga adicional de cinco más. La compañía también está presente en otros medios de transporte de España como los autobuses y el Metro de Barcelona, donde firmó este 2025 un contrato que garantiza unos ingresos mínimos anuales de 7,4 millones de euros para la entidad.

Desde 2022, Global ha transformado las principales estaciones españolas con la instalación de mupis digitales, pantallas de gran formato y herramientas de medición como geoestación, la primera tecnología que permite calcular audiencias indoor en estaciones, optimizando la visibilidad de campañas publicitarias. Según indica la propia compañía en su página web, las estaciones de Adif marcaron en 2024 un récord histórico de viajeros, consolidando estos espacios como entornos publicitarios de gran alcance y sostenibles, y situando la Puerta del Sol en el epicentro de la comunicación de marca.

Somos Madrid ha podido confirmar con Adif que este acuerdo se deriva de una licitación pública en la que Global resultó adjudicataria y que la empresa tiene un control integral sobre la comercialización y gestión de la publicidad en todas las estaciones. La compañía presenta las instalaciones de Sol como “experiencias únicas para las marcas”, capaces de impactar a un público masivo que transita diariamente por el kilómetro 0 de la capital.

En julio, la ballena de Sol se transformó en una boca gigante. La acción formaba parte de una campaña sin precedentes impulsada por Global, EssenceMediacom, mStudio y HBO Max. La emblemática estructura fue transformada para anunciar llegada de la serie Furia. A través de mupis digitales y elementos interactivos, la campaña se coló dentro y fuera de la estación. Según calificaron expertos en publicidad en aquel momento, esta acción es un ejemplo de cómo la publicidad exterior “puede integrarse de manera respetuosa en el entorno urbano, aportando valor cultural y social”.

Esta primera instalación estuvo varias semanas. Después, en noviembre, la ballena fue completamente transformada en una nave espacial estrellada. Se trataba del elemento central de Esto pasa en PS5, una campaña con la que PlayStation celebró el lanzamiento de su consola de quinta generación. Durante casi un mes ocupó la marquesina, que estuvo libre por poco tiempo.

Este mes de diciembre la campaña promocional de la nueva temporada de Stranger Things invadió todo el centro de la capital con luces de Navidad, un videomapping en la fachada de la Real Casa de Correos e incluso tapas de alcantarillas customizadas. La ballena no se libró del fenómeno audiovisual. Desde hace unos días un cartel luminoso con el letrero de la serie y los tentáculos de Vecna recubren la marquesina.

El ágora de Madrid convertida en un “mercado publicitario”

Mientras las grandes empresas como HBO Max, Netflix o Sony celebran estas oportunidades, expertos en urbanismo y arquitectura alertan sobre la banalización del espacio público. Jesús San Vicente, representante del grupo NEXO del Colegio de Arquitectos de Madrid, critica que la Puerta del Sol se haya convertido en un “escenario de espectáculo comercial” donde los ciudadanos pasan a ser meras marionetas de una coreografía publicitaria. “Hace meses pusieron una especie de boca y una estructura PlayStation. Me pareció horrible. Luego llegó Stranger Things, más de lo mismo. Lo importante es la filosofía que hay detrás, en Madrid no queda ni un metro cuadrado sin mercantilizar. Estamos hablando de patrimonio colectivo, no de un espacio privado”, denuncia.

San Vicente recuerda cómo cualquier intervención mínima en el espacio público requiere múltiples controles, mientras que estas instalaciones publicitarias se montan con “impunidad total”. Destaca que la Puerta del Sol, símbolo del ágora ciudadana y del 15M, se ha convertido en una plataforma donde la función cívica y la democracia se subordinan a la mercantilización: “Cuando el ágora se convierte en un mercado, los ciudadanos pasan a formar parte de un espectáculo de marketing. Esto es muy grave, especialmente en un espacio con tanta carga simbólica”.

El arquitecto denuncia también la falta de criterios culturales o arquitectónicos en Madrid. A diferencia de ciudades como Barcelona o Logroño, donde se organizan concursos para iluminación o arquitectura efímera, en la capital las empresas montan estructuras sin control estético o patrimonial. Ejemplos recientes incluyen las decoraciones navideñas, que San Vicente califica de “horterismo que da vergüenza”. La política municipal, según él, no confía en arquitectos o diseñadores, sino en empresas que tienen total libertad para intervenir en el espacio público, muchas veces con resultados cuestionables. “Parece que a los responsables políticos les gusta este aroma a 'Miami 2' con la Fórmula 1, el fútbol americano… como si la ciudad fuera un parque temático”, lamenta.

Sobre la ballena de Sol, San Vicente señala que la pieza de Antonio Fernández Alba, aunque obra de un arquitecto prestigioso, tiene una presencia agresiva en la plaza y debería someterse a un concurso público que garantice diversidad de propuestas y criterios democráticos. “La Puerta del Sol es el corazón simbólico de la democracia en Madrid. Sustituir la ballena no es solo cuestión de diseño, sino de simbolismo y función. Un concurso público sería lo correcto”, insiste.

En la actualidad, la mercantilización del espacio se manifiesta de forma evidente. Las bocas de metro y Cercanías funcionan como dispositivos temáticos, integrando a los ciudadanos en narrativas de consumo. Las estructuras efímeras ocupan la plaza y desplazan funciones cívicas, mientras los eventos y campañas publicitarias redefinen la Puerta del Sol como producto urbano, más que como el “ágora democrática” que defiende el arquitecto.

San Vicente propone una alternativa: apostar por arquitectura efímera de calidad, con concursos y memoria cultural, que permita reflexionar sobre sostenibilidad, ciudad futura y espacio público. Sin estas iniciativas, el arquitecto advierte que Madrid corre el riesgo de banalizar sus lugares más emblemáticos, sustituyendo patrimonio colectivo por decorados comerciales de gran formato.

Naturaleza Encendida no regresará a Madrid por Navidad en 2025. La organización ha decidido cambiar el parque madrileño Enrique Tierno Galván, donde se instaló en 2023 y 2024, por el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza, que acogerá el espectáculo navideño hasta el próximo 6 de enero.

Las sospechas de su salida de la capital de España se intuyeron cuando hace unas semanas cuando anunciaron a través de sus redes sociales que el nuevo montaje lumínico tendría como ubicación la ciudad aragonesa. “Esta Navidad, Naturaleza Encendida: Boreal iluminará el Parque Grande José Antonio Labordeta con su edición más espectacular”, rezaba una publicación del pasado 20 de noviembre en su perfil de Instagram. Con el anuncio, no tardaron en llegar comentarios preguntando por el espectáculo en la capital, a lo que la organización respondió de forma tajante: “Lo sentimos, pero estas Navidades no estaremos en Madrid”.

Somos Arganzuela ha podido confirmar con el Consistorio madrileño que, efectivamente, la organización no ha solicitado este año los permisos para instalarse en el parque Tierno Galván. También ha corroborado con la empresa organizadora, Letsgo Company, que no habrá Naturaleza Encendida este año en la capital. Al preguntar por los motivos de su salida, los organizadores señalan que se trata de un “espectáculo itinerante”, por lo que “no tiene ni una ciudad ni un emplazamiento fijo que se repita cada año”. Sin embargo, el montaje se venía instalando en la capital cada Navidad desde 2020.

Empezó celebrándose en el Real Jardín Botánico, donde se alojó tres años. En 2022, la lluvia obligó a cancelar el evento sin previo aviso, aunque en su página web aseguraban que el espectáculo se podría celebrar con toda normalidad a pesar de las inclemencias meteorológicas. Esta decisión provocó el enfado de muchos asistentes al espectáculo lumínico, ya que muchos de ellos habían venido expresamente a la capital para verlo.

Esta solo fue la gota que colmó el vaso, ya que desde la primera edición Ecologistas en Acción criticó la celebración del evento en los jardines por la masificación, la contaminación sonora y lumínica y el derroche energético que aseguraban que provocaba. Además, en diciembre de 2023 el Tribunal de Cuentas inició una investigación al CSIC por un supuesto agujero de cinco millones de euros en el Botánico, “graves irregularidades en la gestión” e “incumplimientos normativos”, especialmente con Naturaleza Encendida.

El caso terminó archivándose al dar por buenas las alegaciones del Consejo en las que explicaba que le había exigido el dinero a la empresa concesionaria, pero para ese momento el espectáculo ya había abandonado los jardines para instalarse en una nueva ubicación: el parque Tierno Galván. Letsgo Company aseguró entonces, al igual que ahora con su salida de la capital, que el cambio no se debía a “ningún hecho especial” y achacó el traslado a “unas acciones de adecuación y mejoras en los caminos” que tenía previstas el Botánico en las fechas en las que iba a comenzar el montaje.

Según explicaron en aquel momento a este periódico, se les presentó la oportunidad de instalarse en el Tierno Galván con el permiso del equipo de Almeida y sin pensarlo aceptaron, ya que podían ofrecer “una experiencia más amplia”. Fuentes del Ayuntamiento indicaron que fue la empresa organizadora la que solicitó la instalación en este parque público de Arganzuela y negaron cualquier oferta previa por su parte.

Ecologistas en Acción alertó de nuevo al conocerse el traslado del espectáculo a uno de los pulmones verdes de la ciudad que inevitablemente provocaría “molestias y daños significativos a la fauna y flora” debido a los cientos de metros de cableado, el elevado número de luces en los árboles y la masificación del recinto. Además, criticó la “mercantilización” del proyecto por estar “únicamente destinado a obtener beneficios económicos”, sin fines científicos ni educativos. Cabe destacar que entre sus colaboradores principales se encontraban empresas como Repsol y Hyundai.

A las consecuencias medioambientales se sumaron las críticas vecinales. El punto que causó mayor indignación durante las dos últimas ediciones de la Naturaleza Encendida fue la privatización del espacio público durante casi dos meses y la imposibilidad de utilizar el parque de forma libre para los vecinos. A mediados de noviembre de 2023, Naturaleza Encendida inició el montaje de la instalación y el cercamiento del parque, del que ocupó casi la mitad de su superficie. Desde la empresa organizadora se comprometieron a respetar en todo momento las zonas verdes y aseguraban que el recinto solo se utilizaría en el horario de apertura estipulado. Sin embargo, los vecinos de la zona, que ya venían soportando las molestias de este tipo de instalaciones varios meses, se opusieron por completo a la celebración del espectáculo.

Pero ni la crispación vecinal ni las críticas de ediciones pasadas consiguieron frenar la celebración del evento, que se llevó a cabo con total normalidad y vendió de medio millón de entradas entre las dos últimas ediciones celebradas en el Tierno Galván. El Ayuntamiento de Madrid fue su cómplice accediendo a la cesión del espacio público para un evento privado, una acción que según recoge la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano en su artículo 206 no está permitida. Según señala la norma, el parque, por su calificación como bien de dominio y uso público, no puede ser objeto de privatización para este tipo de actos. Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital se escudaba en el artículo 19.1 de la OPCAT para justificar su celebración en este recinto público, una ordenanza pensada para actos especiales y de carácter puntual. 

Ahora, Letsgo explica que la decisión de marcharse “tampoco está asociada a ninguna concesión de Ayuntamiento, exceptuando los casos de los edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en el Alcázar de Sevilla y de Córdoba”, dos espacios considerados Patrimonio de la Humanidad que se encontrarán ocupados por el espectáculo durante cuatro meses.

La empresa insiste en que se encuentran concentrados en otros espectáculos nacionales e internacionales y que “no hay mucho más motivo que ese”, aunque las polémicas generadas por la ocupación del espacio público en ediciones anteriores podrían estar relacionadas con el traslado del montaje. Son cinco las Navidades que Naturaleza Encendida se ha instalado en la capital. Ni una ha estado libre de controversia.

Al conocer la noticia de la salida del espectáculo lumínico de la ciudad y, en concreto, del Tierno Galván, los vecinos del barrio de Delicias no han podido evitar celebrarlo. Indican en conversación con Somos Arganzuela que “les alegra mucho” y se trata de una gran noticia después de las numerosas manifestaciones y concentraciones vecinales de estos últimos años en las que exigían el fin de este tipo de eventos en el parque.

Manuel Díaz, presidente de la Asociación Delicias para Tod@s, comenta que están preparando un paseo ornitológico para celebrarlo. Además, atribuye esta victoria a la incansable lucha de los vecinos por expulsar la celebración de eventos privados del parque. La asociación se encuentra actualmente inmersa en un proceso judicial con el Ayuntamiento por la privatización del Tierno Galván. Han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que permite este tipo de eventos, ya que consideran que “la única forma de frenar esto y exigir el cumplimiento de las leyes, es en los juzgados”. Para ello, cuentan con un equipo jurídico que se ha comprometido en numerosas luchas vecinales y ecologistas, pero no pueden asumir el coste, por lo que han creado un crowdfunding para conseguir el objetivo de 7.500 euros antes de que termine el año. Ya han recaudado más de 5.000.

Otros espectáculos navideños que abandonan Madrid

Naturaleza Encendida no es el único evento que ha abandonado la capital. En 2023, otro montaje lumínico se instaló en el parque Juan Carlos I, en el distrito de Barajas. Estuvo cerrado durante todo un mes para acoger el espectáculo, que ocupaba más de 1,3 kilómetros de zonas verdes.

El zoo iluminado también suscitó numerosas críticas de vecinos y las Navidades pasadas decidió no instalarse en la capital, aunque sí lo hizo durante el verano en el parque zoológico de Faunia. Este 2025 ha sorprendido con una nueva edición navideña, esta vez al sur de la Comunidad de Madrid.

Getafe acogerá el evento esta Navidad, donde se instalará del 5 de diciembre al 6 de enero. La Junta de Gobierno local adjudicó su contratación para la temporada 2025-2026 por 605.000 euros el pasado mes de noviembre en el Parque de La Alhóndiga. La propuesta, formada por 14 estaciones temáticas inspiradas en el reino animal, ocupará más de 2.000 m² a lo largo de un itinerario de 700 metros, con proyecciones navideñas sobre una pantalla de agua en el lago y zonas de efectos visuales que envolverán al público en una atmósfera de ensueño. Todo ello se complementará con espacios de ocio y restauración.

A pesar de que ocupará buena parte de esta zona verde, el Ayuntamiento de la localidad madrileña asegura que “el parque seguirá siendo accesible en su perímetro y los vecinos podrán disfrutar libremente de la mayoría de las zonas”. Según explica una nota municipal, uno de los mensajes centrales de la exhibición es la necesidad urgente de proteger la naturaleza. De hecho, la programación también hará hincapié en la biodiversidad y en el impacto del cambio climático.

El montaje también ha suscitado críticas por parte de la oposición del Gobierno local , que afea que los empadronados en Getafe tengan que pagar entrada para acceder al espectáculo a pesar de los miles de euros que ha pagado el Ayuntamiento para instalarlo en uno de sus parques públicos. Los precios para los residentes son de 2,50 euros para los niños de 2 a 12 años y de cinco euros para el resto.

La empresa Cooping Ramps ha iniciado las obras del nuevo skatepark de Nueva Ciudad, en Torrelavega, una instalación que permitirá practicar cuatro modalidades de este deporte (skateboarding, bmx, roller y scooter).

Esta nueva instalación se ubicará junto al pabellón María Pardo, en una parcela de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y está diseñada por Daniel Yábar, arquitecto experto en este campo, según ha indicado el Ayuntamiento. La obra tiene un presupuesto de unos 370.500 euros y un plazo de ejecución de 7 meses.

El proyecto contempla un diseño funcional y sectorizado, atendiendo a las distintas modalidades de skate y los diferentes niveles de habilidad de los usuarios.

Tendrá tres zonas diferenciadas: una para skaters de nivel medio-alto, que contará con un bowl de hasta 2,77 metros y una miniramp de 1,6 metros y varias extensiones con diferentes alturas, combinadas con hips, corners y barreras tipo New Jersey. Habrá otra zona de iniciación y nivel medio, con un bowl independiente de entre 0,90 y 1,50 metros de altura.

Y la tercera el área es una 'zona street' para todos los niveles que incluirá elementos clásicos de street, como hubba, handrail y flatbar, polejam, pirámides, planos inclinados y zonas de transferencia, ha detallado el Ayuntamiento.

El skatepark ocupará 1.138,53 metros cuadrados, a lo que hay que sumar zonas de acceso y estancia con bancos, papaleres, aparcamientos de bicicletas y fuente, además de espacios ajardinados. Contará con iluminación perimetral para uso nocturno. y accesos adaptados desde la Avenida Cantabria y el pabellón María Pardo.

Torrelavega, un “referente” en este ámbito

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Obras Públicas y Servicios Generales, José Luis Urraca Casal, se han felicitado del inicio de esta nueva instalación deportiva y han destacado que está diseñada atendiendo a diferentes modalidades, grados de dificultad y nivel de usuario, buscando potenciar este espacio de manera que Torrelavega “siga siendo un referente en este campo”.

López Estrada ha señalado que el objetivo de esta actuación es proporcionar una instalación “moderna y de calidad” para la “creciente” comunidad de deportes urbanos de Torrelavega, además de convertirse en un “punto de referencia” tanto a nivel local como nacional.

Por su parte, Urraca ha explicado que la nueva instalación ha sido diseñada de la mano de una representación de los skaters que utilizaban las pistas de La Lechera y ha resaltado que el arquitecto elegido es un “experto” en este campo y es de “reconocido prestigio en España y Francia”. El skateboarding es un deporte olímpico, con dos modalidades de competición: park y street.

El Ayuntamiento de Madrid ha destinado 60.000 euros de dinero público a la compra de réplicas de meninas inspiradas en los cuerpos municipales de Policía, Bomberos y SAMUR, adquiridas todas ellas a la empresa Meninas Runway SL, propiedad del artista venezolano Antonio Azzato, creador e impulsor de la exposición urbana Meninas Madrid Gallery. Estas compras, fragmentadas en varios contratos menores aprobados entre 2024 y 2025, se suman al apoyo que el Consistorio lleva años ofreciendo a esta iniciativa cuestionada por su deriva publicitaria y la obtención de beneficios privados con presencia destacada en la vía pública.

Según la documentación municipal consultada por Somos Madrid, el Ayuntamiento ha ejecutado cinco contratos distintos destinados a este fin durante el último año y medio. Dos de ellos corresponden a 2024: el primero, fechado el 22 de mayo, se refiere al suministro de una Menina Bombera de tamaño real y 110 réplicas decorativas para la Jefatura del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, por un importe de 14.990,00 euros. El segundo, del 21 de agosto de 2024, corresponde a un contrato menor de restauración de una Menina Policía, con un coste de 2.480,50 euros, ambos asignados a Meninas Runway.

En lo que va de 2025 son tres los contratos que se han adjudicado a la empresa del artista venezolano. El primero, del 21 de abril, corresponde al suministro de 350 figuras decorativas de la “Menina Policía Municipal de Madrid”, por un importe de 16.940 euros. Al día siguiente, el 22 de abril, la Dirección General de SAMUR-Protección Civil aprobó la compra de una “Menina SAMUR-PC” y 135 réplicas en miniatura, por un valor de 18.137,90 euros. La última transacción se registró el pasado 16 de mayo. La Dirección General de Emergencias formalizó otro contrato para 105 réplicas de la Menina Bombera, con un coste de 6.195,01 euros.

En total, la suma asciende a 58.743,41 euros, todos ellos mediante contratos menores -una fórmula que permite adjudicaciones directas sin concurso público hasta un máximo de 15.000 euros más IVA para suministros y servicios- impulsados desde el área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, a través de las diferentes direcciones generales de Policía Municipal, SAMUR-PC y Bomberos. En todos los casos la beneficiaria ha sido la misma empresa: Meninas Runway, creada y administrada por Antonio Azzato.

El gasto es el primero al que se compromete el Ayuntamiento con su compañía y es fruto de la estrecha relación entre el artista y el consistorio, que le ha permitido, entre otras cosas, instalar durante ocho años su exposición urbana con máxima visibilidad en los puntos de mayor tránsito de la capital, como Gran Vía, Callao o la calle Alcalá, mientras que la ocupación del espacio público y la incorporación de publicidad en las esculturas no ha generado coste alguno para Meninas Runway y sus patrocinadores. Gracias a este respaldo las meninas se han convertido en un elemento reconocible y recurrente en el paisaje urbano madrileño, con presencia en zonas emblemáticas de Madrid sin pagar tasas municipales ni por ocupación ni por promoción de marcas.

La historia de las meninas en Madrid se remonta a 2018, año en que la entonces alcaldesa Manuela Carmena autorizó la instalación de las esculturas como intervención artística en la calle. Aquella primera edición, centrada en la creación cultural, ha ido derivando con los años en un escaparate urbano donde las piezas personalizadas sirven como soporte para marcas de todo tipo.

Pese a las críticas acumuladas, el Ayuntamiento ha mantenido su apoyo a la iniciativa. Durante el primer mandato de José Luis Martínez-Almeida, fue Begoña Villacís, entonces vicealcaldesa, quien patrocinó políticamente el proyecto, aun cuando la delegada de Cultura en aquel momento, Andrea Levy, expresó públicamente su rechazo. Levy llegó a aclarar que la iniciativa dependía del Área de Economía -entonces controlada por Ciudadanos- y no de Cultura, y calificó la proliferación de meninas publicitarias como una actividad “más vinculada al comercio que a la cultura”. Actualmente, el apoyo municipal continúa a través del programa Todo está en Madrid y de la colaboración con Acotex (Asociación Nacional del Comercio Textil), que utiliza la muestra para dinamizar las zonas comerciales de la ciudad.

La influencia de Antonio Azzato no se limita a Madrid capital. También ha logrado llevar las meninas a otros municipios de la región como Móstoles. En abril de 2025, la localidad madrileña adjudicó un contrato para el “servicio de diseño, ejecución y gestión de la exposición temporal de 5 esculturas personalizadas de la Exposición Meninas Madrid Gallery”, que se instaló en las calles de la ciudad durante todo el mes de mayo con motivo de la festividad de la Comunidad de Madrid.

Las cinco esculturas fueron diseñadas exclusivamente para esta muestra callejera con indumentaria goyesca, en consonancia con la estética de las fiestas. En este caso, el importe del contrato asciende a 27.200 euros, aunque en el propio expediente se detalla que, de acuerdo con los cálculos y valoraciones del servicio municipal promotor y de conformidad con el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado total del contrato asciende a 114.240 euros, incluyendo la duración de un año, la posibilidad de tres prórrogas anuales consecutivas, y modificaciones, sin IVA incluido.

Las meninas de la discordia

En la edición de 2025 las meninas vuelven a ocupar 34 localizaciones del callejero madrileño, especialmente en el distrito de Salamanca, donde se ubican más de la mitad. De las esculturas instaladas, al menos una veintena cuentan con patrocinios de grandes empresas como Ticketmaster, Plus Ultra o Amazon. También son un perfecto escaparate de promoción para figuras de renombre como artistas, músicos o influencers. Este año completan el elenco la cantante Gloria Estefan, el dúo musical Los del Río, la actriz Paula Echevarría, los conductores de radio Javi Nieves y Mar Amate, la creadora de contenido Erika de la Vega o los artistas Eduardo Valenciano y Mausha Marsá.

Las piezas funcionan como un escaparate ideal: a través de un icono cultural asociado a Madrid, se insertan campañas publicitarias sin que las marcas deban pagar la tasa que correspondería a un anuncio convencional en la vía pública. Esta excepción es posible gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y los organizadores, que consideran la muestra una actividad artística, pese a su evidente componente publicitario. De hecho, la propia página oficial del Ayuntamiento define el proyecto como “un canal no tradicional para que las marcas, a través del arte, conecten con su público objetivo mediante creatividades artísticas, experiencias con el espectador y activaciones de marca”.

Desde su creación, la muestra ha despertado un debate recurrente sobre el límite entre su valor artístico o cultural y la publicidad encubierta. En 2022, Andrea Levy criticó públicamente que la utilización comercial del icono velazqueño podía “desvirtuar” su valor cultural. Además, prohibió la instalación de meninas en áreas catalogadas como Bien de Interés Cultural o dentro del Paisaje de la Luz, el entorno protegido del eje Prado-Retiro, donde la presencia de publicidad está expresamente vetada.

En años anteriores ya se habían retirado esculturas patrocinadas por vulnerar estas restricciones. Por ese motivo, las ubicaciones se han concentrado en los últimos tiempos en zonas comerciales como la calle Serrano, donde conviven con la mayoría de tiendas de lujo de la capital. El debate, lejos de apagarse, vuelve a avivarse con cada nueva edición de estas ya habituales figuras que, desde 2018, se han convertido en un símbolo tan discutido como omnipresente en las fechas más próximas a la Navidad, el Black Friday o el puente de diciembre, que son las que mayor tránsito de personas y facturación registran en la capital.

És difícil accedir a Cala Espart, un petitíssim racó natural situat a Santa Eulària, prop de l'exclusiva urbanització de luxe Roca Llisa. El vigilant de seguretat d'aquest nucli de viles de propietaris situat al costat del camp de golf avisa: el camí està “impossible” a causa de les últimes tempestes. Un fet que estranya, ja que a penes queda el record d'aquestes últimes pluges quan s'està sofrint la calor de finals d'agost. Indica que és millor anar-hi des de la localitat de Jesús. L'accés a la cala es complica per a un banyista qualsevol, però no per als inquilins o propietaris d'aquestes construccions de luxe que plaguen el litoral i que aquest estiu han estat objecte de polèmica per intentar privatitzar Cala Espart instal·lant hamaques i ombrel·les sense permís de Costes.

Va succeir al juny, quan diversos veïns d'habitatges adjacents van veure com una treballadora es dedicava llarga estona a desplegar els elements de platja, ocupant gran part de la sorra sense posseir la llicència pertinent. Segons estableix la normativa, perquè una empresa pugui proporcionar aquest servei amb finalitats comercials requereix d'una concessió pública per part de l'Ajuntament en cas que la platja sigui urbana (i per tant de competència municipal) o per part del Govern balear, a través de la Direcció General de Costas, si pertany al domini públic marítim-terrestre.

La situació no és nova. Durant el mateix mes va succeir una cosa similar a Cala Molí, en el terme municipal de Sant Josep. En aquest cas, el cansament d'un veí el va portar a desinstal·lar per voluntat pròpia les hamaques i ombrel·les que había posat una vila, guanyant-se el respecte de tota la comunitat, com va publicar al juny Nou Diari. Román, director d'operacions de El Silencio Ibiza, l'únic beach club d'aquesta cala josepina, assegura que, en el seu negoci, estan sotmesos setmanalment a inspeccions de l'Ajuntament en tractar-se d'una concessió. De fet, es poden comptar sobre la sorra exactament els mateixos elements que estableix la fita.

Segons estableix la normativa, perquè una empresa pugui proporcionar aquest servei amb finalitats comercials requereix d'una concessió pública per part de l'Ajuntament en cas que la platja sigui urbana (i per tant de competència municipal) o per part del Govern balear, a través de la Direcció General de Costas, si pertany al domini públic marítim-terrestre

“Aquesta persona -afirma referint-se als responsables d'ocupar bona part de la platja sense permís- va decidir arribar un matí i instal·lar aquí a la punta diverses hamaques i ombrel·les”. Encara que ell no ho va veure en primera persona, els veïns, amb els que té bona relació, li van contar que es tractava d'una família estrangera propietària d'una vila situada en els vessants de Cala Molí.

Pel que sembla, era un dels treballadors qui baixava a la sorra, durant tots els dies de les vacances dels seus caps, a assentar tot tipus d'objectes per al seu confort durant el dia de sol i salnitre. No es tractava, com havien confós alguns, d'una empresa privada, sinó d’empleats contractats per la família d'alt poder adquisitiu. Així ho corrobora Román, qui assegura que ningú estava “fent diners” llogant aquests elements de platja, sinó que els utilitzaven per a gaudir ells mateixos, a diferència d'altres viles turístiques que sí estarien cobrant un plus per oferir als seus clients aquest servei.

Encara que no coneix a la persona que va retirar finalment les hamaques i les ombrel·les, va corroborar a través de la premsa local que es tractava d'un veí de les cases pròximes a la cala. El pols veïnal contra els propietaris va culminar amb un cartell que va aparèixer al costat de la desmantelació de l'acomodament: “La platja és un espai públic i no està inclosa en la casa que heu llogat. Si voleu posar la vostra hamaca, veniu com tothom i col·loqueu-la on vulgueu. Eivissa lliure de pirates!”, va publicar en la mateixa informació Nou Diari. Les accions veïnals, sumades a les publicacions dels mitjans, van ser suficients per a cessar les pràctiques invasives dels propietaris de la casa de luxe.

El pols veïnal contra els propietaris va culminar amb un cartell que va aparèixer al costat de la desmantelació de l'acomodament: 'La platja és un espai públic i no està inclosa en la casa que heu llogat. Si voleu posar la vostra hamaca, veniu com tothom i col·loqueu-la on vulgueu. Eivissa lliure de pirates!'

Privatització de l'espai públic

“No vull dir que es pensessin que la platja era seva, però sí que podien accedir a ella amb el seu elevat nivell de comoditat, desfavorint als altres banyistes”, assenyala el director d'operacions del beach club eivissenc. Aquesta escena no és molt habitual a la cala, assegura Román. Encara que la versió xoca amb la dels veïns, qui van denunciar que la instal·lació privada es produïa des del matí fins a la tarda i que a vegades l'escena s'havia repetit durant setmanes.

A Cala Molí, les viles de grans dimensions esquitxen el paisatge muntanyenc que s'alça des del petit enclavament d'aigües cristal·lines i còdols -pedres i roques del litoral-, al costat d'antigues casetes, a la dreta, que recorden la -no tan- antiga vida dels pescadors de Balears. El mateix succeeix en altres cales de Sant Josep, com a Cala Vadella, on les edificacions es multipliquen entre els arbres massa prop de la costa. Segons ha assegurat l'Ajuntament del municipi a eldiario.es, aquest estiu no s'ha formalitzat davant l'administració municipal cap queixa per la instal·lació d'elements de platja per part de viles privades.

A Cala Molí, les viles de grans dimensions esquitxen el paisatge muntanyenc que s'alça des del petit enclavament d'aigües cristal·lines i còdols al costat d'antigues casetes, a la dreta, que recorden la -no tan- antiga vida dels pescadors de Balears

D'altra banda, el cas de El Silencio de complir rigorosament amb el nombre d'elements marcats per la licitació i amb el preu que cobra als seus clients (un total de deu euros), no es repeteix en moltes de les concessionàries del litoral, com va poder esbrinar aquest diari a principis d'estiu. A Cala Bassa, el desplegament de llits balinesos per part del Cala Bassa Beach Club (CBbc) ocupa tot el quilòmetre de costa, sense deixar a penes espai als altres banyistes. També obliga els clients a consumir a l'establiment per a gaudir de les instal·lacions del negoci, per les que alguns turistes arriben a pagar fins a 300 euros.

A Cala Bassa, el desplegament de llits balinesos per part del Cala Bassa Beach Club (CBbc) ocupa tot el quilòmetre de costa, sense deixar a penes espai als altres banyistes. També obliga els clients a consumir a l'establiment per a gaudir de les instal·lacions del negoci, per les que alguns turistes arriben a pagar fins a 300 euros

Inspeccions policials frustrades

Un altre enclavament que ha estat escenari d'abusos aquesta temporada ha estat Cala d’a Serra (Sant Joan), on l'únic quiosquet que hi ha va sobrepassar sense pudor les hamaques permeses a la sorra, com va denunciar en el seu moment Diario de Ibiza. Els agents de la Policia Local del municipi van fer una inspecció en la cala després que una entitat ecologista de l'illa critiqués la situació a través dels mitjans i les xarxes socials. Però a la seva arribada, només van poder confirmar que sí s'estaven complint els elements màxims permesos per normativa, va informar el mateix mitjà local, que també va publicar una imatge on es poden comptabilitzar perfectament un total de 30 llits.

Va ser una de les integrants de l'entitat ecologista Amics de la Terra qui, en primera persona, va comprovar que s'estaven saltant els límits de la concessió, explica a elDiario.es Juanjo Torres, un dels seus portaveus. “El que va passar va ser que es va córrer la veu de seguida per les platges del municipi i les concessionàries van recollir a tot córrer el que no podien tenir”, detalla. Es desconeix, no obstant això, des d'on es va comunicar el missatge. A partir d'aquests fets, l'Ajuntament de Sant Joan es va comprometre a dur a terme inspeccions la resta de l'estiu en tot el litoral de la seva competència.

Torres lamenta que la falta de control sobre qualsevol activitat a Eivissa es tradueix en que es cometin contínuament il·legalitats per “terra, mar i aire”. En la mar Mediterrània, sobretot, amb el lloguer de charters que no compleixen gairebé mai les normes mediambientals i destrossen durant la navegació el fons marítim, especialment a través dels fondejos sobre prades de posidònia, espècie protegida en tota la comunitat autònoma balear.

Un dels portaveus d’Amics de la Terra, Juanjo Torres, lamenta que la falta de control sobre qualsevol activitat a Eivissa es tradueix en que es cometin contínuament il·legalitats per "terra, mar i aire"

Però la indignació va encara més enllà quan aquestes accions també tiren fora dels espais naturals i públics als residents, que han anat engendrant durant els últims anys, estiu rere estiu, una sensació d'absoluta “injustícia” davant la qual només els queda fer el cor fort. “Ara passa amb l'ocupació de platges, però el problema al final és deixar tot allò relacionat amb el turisme al lliure albir i a mercè dels diners”, conclou el portaveu d’Amics de la Terra.

Es difícil acceder a Cala Espart, un pequeñísimo rincón natural ubicado en Santa Eulària, cerca de la exclusiva urbanización de lujo Roca Llisa. El vigilante de seguridad de este núcleo de villas de propietarios situado junto al campo de golf avisa: el camino está “imposible” debido a las últimas tormentas. Un hecho que extraña, ya que apenas queda el recuerdo de esas últimas lluvias cuando se está sufriendo el calor de finales de agosto. Indica que es mejor ir desde la localidad de Jesús. El acceso a la cala se complica para un bañista cualquiera, pero no a los inquilinos o propietarios de estas construcciones de lujo que plagan el litoral y este verano han sido objeto de polémica por intentar privatizar Cala Espart instalando hamacas y sombrillas sin permiso de Costas.

Sucedió en junio, cuando varios vecinos de viviendas adyacentes vieron cómo una trabajadora se dedicaba durante largo rato a desplegar los elementos de playa, ocupando gran parte de la arena sin poseer la licencia pertinente. Según establece la normativa, para que una empresa pueda proporcionar este servicio con fines comerciales requiere de una concesión pública por parte del Ayuntamiento en caso de que la playa sea urbana (y, por tanto, de competencia municipal) o por parte del Govern balear, a través de la Dirección General de Costas, si pertenece al dominio público marítimo-terrestre.

La situación no es nueva. Durante ese mismo mes sucedió algo similar en Cala Molí, en el término municipal de Sant Josep. En este caso, el hartazgo de un vecino lo llevó a desinstalar las hamacas y sombrillas que había puesto una villa por voluntad propia, ganándose el respeto de toda la comunidad, como publicó en junio Nou Diari. Román, director de operaciones de El Silencio Ibiza, el único beach club de esta cala josepina asegura que, en su negocio, están sometidos semanalmente a inspecciones del Ayuntamiento al tratarse de una concesión. De hecho, se pueden contar sobre la arena exactamente los mismos elementos que establece el hito.

Según establece la normativa, para que una empresa pueda proporcionar este servicio con fines comerciales requiere de una concesión pública por parte del Ayuntamiento en caso de que la playa sea urbana (y, por tanto, de competencia municipal) o por parte del Govern balear, a través de la Dirección General de Costas, si pertenece al dominio público marítimo-terrestre

“Esta persona -afirma refiriéndose a los responsables de ocupar buena parte de la playa sin permiso- decidió llegar una mañana e instalar ahí en la punta varias hamacas y sombrillas”. Aunque él no lo vio en primera persona, los vecinos, con los que tiene buena relación, le contaron que se trataba de una familia extranjera propietaria de una villa situada en las laderas de Cala Molí.

Al parecer, era uno de sus trabajadores quien bajaba a la arena, durante todos los días de las vacaciones de sus jefes, a asentar todo tipo de objetos para su confort durante el día de sol y salitre. No se trataba, como habían confundido algunos, de una empresa privada, sino empleados contratados por la familia de alto poder adquisitivo. Así lo corrobora Román, quien asegura que nadie estaba “haciendo dinero” alquilando esos elementos de playa, sino que los utilizaban para disfrutar ellos mismos, a diferencia de otras villas turísticas que sí estarían cobrando un plus por ofrecer a sus clientes ese servicio.

Aunque no conoce a la persona que retiró finalmente las hamacas y las sombrillas, corroboró a través de la prensa local que se trataba de un vecino de las casas cercanas a la cala. El pulso vecinal contra los propietarios culminó con un cartel que apareció junto al desmantelamiento del acomodo: “La playa es un espacio público y no está incluida en la casa que habéis alquilado. Si queréis poner vuestra hamaca, venid como todo el mundo y colocadla donde queráis. ¡Eivissa libre de piratas!”, publicó en la misma información Nou Diari. Las acciones vecinales, sumadas a las publicaciones de los medios, fueron suficientes para cesar las prácticas invasivas de los propietarios de la casa de lujo.

El pulso vecinal contra los propietarios culminó con un cartel que apareció junto a la desmantelación del acomodo: 'La playa es un espacio público y no está incluida en la casa que habéis alquilado. Si queréis poner vuestra hamaca, venid como todo el mundo y colocadla donde queráis. ¡Eivissa libre de piratas!'

Privatización del espacio público

“No quiero decir que se pensaran que la playa era suya, pero sí que podían acceder a ella con su elevado nivel de comodidad, desfavoreciendo a los demás bañistas”, señala el director de operaciones del beach club ibicenco. Esta escena no es muy habitual en la cala, asegura Román. Aunque la versión choca con la de los vecinos, quienes denunciaron que la instalación privada se producía desde por la mañana hasta por la tarde y que en ocasiones la escena se había repetido durante semanas.

En Cala Molí, las villas de grandes dimensiones salpican el paisaje montañoso que se alza desde el pequeño enclave de aguas cristalinas y 'còdols' -piedras y rocas del litoral-, junto a antiguas casetas, a la derecha, que recuerdan la -no tan- antigua vida de los pescadores de Balears. Lo mismo sucede en otras calas de Sant Josep, como Cala Vadella, donde las edificaciones se multiplican entre los árboles demasiado cerca de la costa. Según ha asegurado el Ayuntamiento de Sant Josep a elDiario.es, este verano no se ha formalizado ante la administración municipal ninguna queja por la instalación de elementos de playa por parte de villas privadas.

En Cala Molí, las villas de grandes dimensiones salpican el paisaje montañoso que se alza desde el pequeño enclave de aguas cristalinas y 'còdols' -piedras y rocas del litoral-, con 'escacs' a la derecha que recuerdan la -no tan- antigua vida de los pescadores de Balears

Por otro lado, el caso de El Silencio de cumplir a rajatabla con el número de elementos marcados por la licitación y con el precio que cobra a sus clientes (un total de diez euros), no se repite en muchas de las concesionarias del litoral, como pudo averiguar este diario a principios de verano. En Cala Bassa, el despliegue de camas balinesas por parte del Cala Bassa Beach Club (CBbc) ocupa todo el kilómetro de costa, sin dejar apenas espacio a los demás bañistas. También obliga a los clientes a consumir en el establecimiento para disfrutar de las instalaciones del negocio, por las que algunos turistas llegan a pagar hasta 300 euros.

En Cala Bassa, el despliegue de camas balinesas por parte del Cala Bassa Beach Club (CBbc) ocupa todo el kilómetro de costa, sin dejar apenas espacio a los demás bañistas. También obliga a los clientes a consumir en el establecimiento para disfrutar de sus instalaciones, por las que algunos turistas llegan a pagar hasta 300 euros

Inspecciones policiales frustradas

Otro enclave que ha sido escenario de abusos esta temporada ha sido Cala d’en Serra (Sant Joan), donde el único chiringuito que hay sobrepasó sin pudor las hamacas permitidas en la arena, como denunció en su momento Diario de Ibiza. Los agentes de la Policía Local del municipio hicieron una inspección en la cala después de que una entidad ecologista de la isla criticara la situación a través de los medios y de las redes sociales. A su llegada, solo pudieron confirmar que sí se estaban cumpliendo los elementos máximos permitidos por normativa, informó el mismo medio local, que también publicó una imagen donde se pueden contabilizar perfectamente un total de 30 camas.

Fue una de las integrantes de la entidad ecologista Amics de la Terra quien, en primera persona, comprobó que se estaban saltando los límites de la concesión, explica a elDiario.es Juanjo Torres, uno de sus portavoces. “Lo que pasó fue que se corrió la voz enseguida por las playas del municipio y las concesionarias recogieron a toda prisa lo que no podían tener”, detalla Torres. Se desconoce, sin embargo, desde donde se produjo el chivatazo. A partir de estos hechos, el Ayuntamiento de Sant Joan se comprometió a llevar a cabo inspecciones el resto del verano en todo el litoral de su competencia.

Torres lamenta que la falta de control sobre cualquier actividad en Eivissa se traduce en que se cometan continuamente ilegalidades por “tierra, mar y aire”. En el mar Mediterráneo, sobre todo, con el alquiler de charters que no cumplen casi nunca las normas medioambientales y destrozan durante la navegación el fondo marítimo, especialmente a través de los fondeos sobre praderas de posidonia, especie protegida en toda la comunidad autónoma balear.

Uno de los portavoces de Amics de la Terra, Juanjo Torres, lamenta que la falta de control sobre cualquier actividad en Eivissa se traduce en que se cometan continuamente ilegalidades por "tierra, mar y aire"

Pero la indignación va aún más allá cuando esas acciones también echan de los espacios naturales y públicos a los residentes, quienes han ido engendrando durante los últimos años, verano tras verano, una sensación de absoluta “injusticia” ante la que solo les queda hacer de tripas corazón. “Ahora pasa con la ocupación de playas, pero el problema al final es dejar todo lo relacionado con el turismo al libre albedrío y a merced del dinero”, concluye el portavoz de Amics de la Terra.

Hace apenas tres meses, Barcelona inauguraba la remodelación del parque de les Glòries con su nueva pieza central: una lámina de agua ornamental bautizada como Mirall d’Aigua (Espejo de Agua). Concebido como una superficie reflectante, elevado apenas un metro del suelo y de setenta metros de longitud, el elemento pretendía reforzar visualmente la icónica Torre Glòries. Pero lo que en principio parecía una intervención paisajística contenida, elegante y poco conflictiva, se llenó de niños chapoteando y de adultos refrescándose los pies. La respuesta del Ayuntamiento de Barcelona ha sido vaciar la fuente durante todo el verano.

El episodio del Mirall d'Aigua demuestra, de nuevo, que los usos ciudadanos no atienden a gestos simbólicos ni a manierismos paisajísticos. Pero también supone una respuesta institucional contundente a una apropiación espontánea del espacio público por parte de la gente.

La lámina de agua, aduce el consistorio para justificar su cierre, no está habilitada para el baño. Según el Ayuntamiento, no se trata de una piscina ni de una zona de juego acuático, sino de un elemento decorativo con agua reciclada, no potable, y con un sistema de recirculación que no garantiza la salubridad ni la seguridad para el uso recreativo. Las medidas de contención incluyeron el refuerzo de la señalización (de dos a seis carteles), la presencia de informadores cívicos e incluso la intervención puntual de la Guardia Urbana. Aun así, la escena se repitió día tras día, hasta que finalmente se optó por secar la fuente en plena ola de calor.

Lo que podría parecer una anécdota veraniega es, en realidad, una cuestión de fondo: ¿qué pasa cuando la ciudadanía no interpreta los espacios públicos como lo hacen los arquitectos o los responsables técnicos? El proyecto original del parque, ganador del concurso de 2013, contemplaba una lámina de agua lúdica, transitable, incluso jugable.

Según se recoge en la memoria técnica del proyecto y en alguno de los renders publicados, se trataba de una superficie plana, de donde pudiera brotar agua en algunos momentos del día para el disfrute y el juego infantil. Sin embargo, en las fases posteriores de desarrollo y ejecución, esa intención se diluyó. La versión finalmente construida es una fuente con bordes elevados y filtros de recirculación, mucho más cercana a un elemento ornamental que a una instalación interactiva.

Las razones del cambio no están del todo claras. Fuentes técnicas apuntan a la necesidad de reducir costes de mantenimiento, minimizar riesgos legales y facilitar el control de uso. El Mirall d'Aigua no es una excepción: la experiencia en Barcelona y otras ciudades muestra que la introducción de elementos de agua en parques y plazas suele estar condenada al fracaso. Su mantenimiento resulta costoso, técnicamente complejo y, si no se realiza con el cuidado necesario, puede derivar en episodios de legionela u otras infecciones.

Pero ante el calor, y el remarcable atractivo estético del granito empapado, la ciudadanía leyó ese prisma reflectante como una piscina superficial, un reflejo apto para vibrar y ondular con los pies, las manos y hasta con todo el torso por parte de los más atrevidos. Siguiendo la lógica que pensaron decenas de familias durante la ola de calor del mes de junio: “Si parece una piscina, si se siente como una piscina y si hay 35 grados a la sombra, probablemente termine siendo una piscina”.

Lo ocurrido con el Mirall d’Aigua es una muestra más de un conflicto antiguo: el que se da entre la intención del diseño y la apropiación ciudadana. Una tensión que ha sido explorada por arquitectos como Aldo Van Eyck. Este arquitecto holandés sostenía que tras una gran nevada cualquier ciudad se transformaba en un lienzo en blanco, y que los niños se convertían temporalmente en los “Señores de la Ciudad”, apropiándose del espacio público a su antojo, corriendo en todas direcciones y definiendo sus propias zonas de juego.

Van Eyck proponía recrear esa sensación de indefinición —de tábula rasa— que producía la nieve, para que las ciudades pudieran ofrecer espacios vacíos, neutros y disponibles para la imaginación y la creatividad infantil. Defendía que los niños debían ser agentes fundamentales del desarrollo urbano. Y no se quedó en la teoría: entre 1948 y 1978 impulsó un ambicioso plan de regeneración urbana en Ámsterdam, que dio lugar a la construcción de 734 parques infantiles en solares de oportunidad, como terrenos baldíos o espacios entre medianeras resultantes de derribos.

Del mismo modo que Van Eyck, los arquitectos del campus de la Universidad de Michigan decidieron pavimentar los caminos del jardín central después de observar por dónde pasaban los estudiantes. Este fenómeno, consistente en que las personas crean rutas informales a través de áreas verdes eligiendo el camino más directo o conveniente, se conoce como desire paths (caminos de deseo).

Otro célebre arquitecto holandés, Rem Koolhaas exploró esta misma lógica en los años noventa, cuando dejó que el flujo peatonal de los estudiantes guiara el diseño del campus del Illinois Institute of Technology, trazando los recorridos a partir de las huellas reales y no de proyecciones abstractas. Incluso Broadway, la avenida más icónica de Nueva York, puede leerse como una desire line histórica: sigue el antiguo Wickquasgeck Trail, un sendero trazado por nativos americanos. Según algunos urbanistas, es el único eje de Manhattan que no fue borrado por la retícula ortogonal impuesta por los colonizadores europeos.

El Mirall d’Aigua es un caso paradigmático de “piscina de deseo”. En este punto, la decisión más sensata y coherente por parte del Ayuntamiento sería replantear el proyecto para reabrir este elemento de la plaza de les Glòries, asegurando unas condiciones de baño seguras y adecuadas. Mantener una fuente ornamental seca —como han estado todas las fuentes de la ciudad durante el último año de sequía— genera un contrasentido urbano y proyecta una imagen de abandono y desazón.

Cerrar la fuente ha sido un acto de prudencia preventiva. La amenaza de una demanda actúa como un freno ante cualquier iniciativa que implique un mínimo riesgo. Por eso se entiende que el Ayuntamiento de Barcelona haya decidido vaciar por completo el agua de la escultura. Por muy visible que hubiera sido un cartel colosal advirtiendo de los riesgos del baño, es lógico pensar que las demandas judiciales se habrían sucedido igualmente ante algún accidente o infección.

El urbanismo y las personas

El espacio público, con toda la normativa que lo rige, es cada vez más seguro y, por consiguiente, sumamente más aburrido y homogéneo. En ese contexto, los espacios libres y aptos para el juego son prácticamente inexistentes en las ciudades que pecan de un sobrediseño paternalista. Más allá de parques seriados y de zonas cercadas y muy definidas, los niños no disponen de espacios abiertos, flexibles y sin excesivas restricciones donde jugar libremente y reinventar la ciudad a su manera, donde desarrollar su creatividad y autonomía. La falta de estos terrains vagues urbanos no solo limita su juego, sino que también empobrece la ciudad misma, que pierde así la riqueza de esas apropiaciones espontáneas que la hacen vibrante y diversa. Recuperar esa capacidad de juego y experimentación debería ser una prioridad para pensar en ciudades verdaderamente humanas.

¿Hasta qué punto se podría considerar el cierre de El Mirall d’Aigua como un ejemplo más del urbanismo antipersonas? Este fenómeno no solo se manifiesta en la desactivación de espacios potencialmente lúdicos o comunitarios, sino que se expresa de una forma aún más cruda en la proliferación de estrategias de diseño hostil dirigidas contra los más vulnerables. En muchas ciudades, se instalan bancos con separadores para impedir que alguien pueda tumbarse, se colocan pinchos en repisas o portales para disuadir a las personas sintecho, o se retiran las marquesinas en zonas donde suelen refugiarse.

Estas actuaciones revelan una lógica urbana profundamente excluyente: aquella que considera que el ciudadano de primera es solo aquel que consume, pasea o produce, pero no descansa, juega o simplemente habita el espacio público de forma no regulada. El urbanismo antipersonas es, en definitiva, una arquitectura del miedo y del rechazo, que en lugar de acoger todas las experiencias que conforman la ciudad, las margina y las borra del paisaje.

En el mundo del diseño urbano, arquitectos y urbanistas nos enfrentamos hoy en día al reto de diseñar los llamados “refugios urbanos” que equipen las ciudades con lugares frescos y resguardados donde poder escapar de este calor extenuante que atenta contra la salud. En los últimos años, se suceden gráficos, mapas de calor, monitorizaciones de temperatura, de humedad y de brisas, y toda una serie de medidores complejos para justificar cómo unas pérgolas con enredaderas pueden rebajar la temperatura en un grado.

Con el Mirall d'Aigua, Barcelona había propuesto sin saberlo, en pleno corazón de la ciudad, un refugio climático de primer orden, contrastado por un grupo experimental de su población más que amplio y variado. Como rezaba un tuit del urbanista canadiense Brent Toderian durante la pandemia: “Las ciudades inteligentes no prohíben ni limitan el espacio público: lo reconfiguran para que la gente lo use de forma segura.”

Decenas de vecinos se congregaron para recorrer, en una marcha activista y vecinal, un camino en la localidad de Viso del Marqués, ubicada en la comarca de la Sierra Morena. Ni el camino ni la localidad son casualidad. La historia de este pueblo está marcada por grandes cotos de caza, olivares y hoy en día el término municipal acoge incluso un embalse, el de Fresneda. Ecologistas en Acción Ciudad Real organizó esta actividad para denunciar la “ocupación ilegal” de esta senda, que afirman está incluido en un inventario municipal de caminos. En concreto, se trata del camino número 37.

Desde la organización ecologista afirman que la titularidad pública de esta ruta “ha sido reconocida por el propio consistorio”, pero acusan al Gobierno municipal de “lejos de actuar en defensa del patrimonio común, han permanecido inactivos”. Para Ecologistas esto podría suponer un “incumplimiento grave” de las obligaciones de las autoridades municipales e, incluso, advierten de que se puede “abrir la puerta a una eventual prevaricación por omisión”.

José Marín es uno de los vecinos que lleva años luchando por volver a abrir este camino público y recuerda que él pasaba por ahí con su Seat 850 con 18 años para buscar a su novia. Ahora tiene 65 años. Junto a otras personas vinculadas a la localidad, decidieron actuar para presionar y volver a contar con el camino público. “Estuvimos sacando planos, en Ciudad Real, en Madrid y ha venido gente a declarar al Ayuntamiento para apoyarnos”, explica el vecino.

No solo se trata de que el camino, que es patrimonio de todos recuerdan, sino también de que “se ha intentado destruir”. “Han llevado maquinarias y no podemos hacer nada. Podemos ir a pasear para pedir su apertura y ya está”, lamenta Marín.

Han realizado varias peticiones, una de ella al catastro en Madrid, pero “nadie contesta”, explica. “Lo tienen archivado en un cajón por decirlo de una manera”, continúa. Todo es un golpe, añade, porque lo que antes era un camino ahora son “alambradas”. “Lo único que vemos ahora son alambradas y alambradas”, resume.

Desde Ecologistas en Acción, Elena Solís explica que se observa una “restricción de facto” de estos caminos y que por eso la organización considera que hay una “evidente” inacción administrativa, así como una “falta de respeto” por el dominio público. “Esto ha llevado a las denuncias de vecinos y de organizaciones ecologistas”, asevera. “En el caso de Viso sí ha habido un conflicto de intereses muy grande, entre la actividad cinegética y el derecho a transitar por los senderos públicos. Al fin y al cabo, es lo único que podemos hacer los ciudadanos de a pie”, reflexiona la activista.

Esta práctica, la de cerrar caminos, se ha “intensificado” en los últimos años advierte Solís. Especialmente en Castilla-La Mancha. Y en el caso concreto de El Viso del Marqués, explica que se han realizado “zanjas enormes” para evitar el tránsito y que también hay un arroyo “totalmente vallado”. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha contestado a este medio que existen, de hecho, “varios expedientes” relativos al paraje del camino.

Desde el Ayuntamiento de la localidad explican que es “más complicado” que haber cerrado “simplemente” un camino público. Personal técnico del Consistorio ciudadrealeño señala que el municipio tiene “kilómetros y kilómetros” de caminos públicos y tras una revisión catastral desde hace unos años, se incluyeron caminos que no lo eran. “Numerosos”, puntualizan. En el caso concreto del camino al que hacen referencia desde Ecologistas en Acción y la ciudadanía, señalan que están en un “estudio” para certificar que efectivamente es público, ya que ha habido “muchos cambios de titulares”.

El personal técnico señala a elDiario.es Castilla-La Mancha que la situación se está estudiando. “Intentamos atender a los [caminos]que dan servicio al mayor número de vecinos”, explican. A esto añaden que han identificado otras rutas que llevan “a lo mejor” hasta cien años sin utilizarse. “Muchas veces se han recogido como caminos públicos simplemente porque antes estaba todo abierto”, resumen.

“La cultura del dominio público, de lo que es de todos, del colectivismo, aún tiene mucho camino por recorrer”, aclara Solís. Por eso, señalan, se debe seguir visibilizando el papel de los caminos públicos. “Es un derecho constitucional”, resalta. Desde luego no se trata de un debate nuevo. En 2024, Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha advertía también de que se daba “prioridad a la escopeta” frente a “derechos constitucionales” con la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. “Atenta directamente contra un derecho fundamental y al mismo tiempo otorga derechos cinegéticos a unos titulares privados”, recalcaba entonces Juan Carlos Tomás de Ecologistas en Acción Guadalajara.

Los vecinos de Viso del Marqués no cejarán en su empeño por volver a abrir el camino. Porque es parte de la memoria de la localidad. “Gracias a Dios todavía hay personas que recuerdan que esto existía”, concluye José Marín.

“A mí no me tocó la lotería, que desde pequeniña siempre quise tener esa casa. Y, como yo, todos los de aquí”. Conchi señala la vivienda de lo alto de la colina, el chalé de Eva Cárdenas, actual pareja de Feijóo, y su enclave privilegiado sobre la ría de Vigo. “Me encantaba. Estuve dentro de niña y todo eso ya estaba igual. Lo que no sé es si era ilegal o no”. La mujer indica ahora el muro de piedra que cierra una parcela de 210 metros cuadrados sobre la playa de O Con, en Moaña. Un terreno de dominio público, continuación natural del deteriorado mirador que finaliza de forma abrupta contra el tabique de bloques que delimita la finca, ese espacio que la pareja de Alberto Núñez Feijóo reclama poder disfrutar de forma privada hasta 2037.

O Con es una tira de arena de 300 metros de largo en el límite urbano de este municipio de O Morrazo, una península en las Rías Baixas, de casi 20.000 habitantes. Comienza en el puerto y finaliza en la llamada Punta Cortés, sobre la que está la casa de Eva Cárdenas. Esta zona de la parroquia de Tirán —conocida por su club de remo, tres veces campeón de España de traineras— posee un topónimo que ya nadie recuerda porque todos se refieren a ella como O Fiunchal. Ése era el nombre de la casa y llegó a serlo, también, del equipo de fútbol del barrio. No era, por tanto, una construcción cualquiera en un lugar acostumbrado a acoger veraneos de alcaldes, diputados, contraalmirantes como Méndez Núñez o los descendientes de Concepción Arenal.

Parece un entorno adecuado de descanso para un expresidente de la Xunta, hoy líder de la oposición en España, y su pareja. Pero no todo es de color de rosa. “Ellos tienen privilegios que nosotros no tuvimos”, se queja María, la vecina más próxima al chalé. “Aunque quiso taparlo, se ve que le dio un alto más a la casa, tiene piscina... tiene todo lo que los que estamos alrededor no podemos”. Esa altura, según cuenta, se ganó en la reforma del tejado. “Antes era plano y cuadrado por arriba y tenía una figura de una paloma en cada esquina, ¿no te acuerdas?”. El interlocutor de María, Xesús, trata de hacer memoria, sin conseguirlo. Él cree que tanto la compra como las reformas del inmueble están rodeadas de “oscurantismo”.

La puerta que nunca se abre

Xesús rememora al propietario histórico de la casa, al que todos se refieren por su apellido: Porto. “Era muy discreto. Cuando había pleamar, sacaba por la puerta una embarcación que tenía y salía a remar, él solo”. Conchi recuerda con especial cariño a su sobrina, a la que veía con frecuencia en la finca o en la playa con sus amigas. “Todos disfrutaron de la parte baja [el punto del arenal a la que se accede directamente desde la zona en litigio de la finca], pero estos no. No usaron nunca el portal”. Son varios los vecinos que respaldan la afirmación de Conchi: nunca han visto a Feijóo ni a Cárdenas utilizar ese acceso privilegiado en sus días de verano.

“Durante mucho tiempo”, añade Xesús, “los herederos de Porto se negaron a vender”. Asegura que Feijóo ya había intentado antes hacerse con la casa, sin éxito. “Siempre le gustó mucho Moaña”. En esa época, era habitual verlo en la terraza del restaurante Marusía, una espectacular plataforma levantada sobre la playa encima de pilotes. Se convirtió en un icono de la costa y el escritor Domingo Villar la aprovechó como uno de los escenarios de su novela O último barco. En enero de 2023, tras dos años de litigios, Costas obligó a su propietario a desmontarla.

“Sí, sí: todo el empeño era de él”. María no tiene dudas. Aunque la propiedad figure a nombre de Cárdenas, era Feijóo el que quería esa casa. No habla de oídas, o no exactamente. “Un sábado, yo estaba fregando el portal de casa con mi prima y ya paró y me preguntó si sabía si vendían. Como le dije que no, me contestó: 'pues cuando lo sepas avísame'. Sí, aviso, ¿pero dónde?”, se ríe.

A María fue su hija quien le contó este miércoles el tira y afloja de sus vecinos con el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra. En noviembre, este departamento inició un expediente para recuperar el terreno, ya que la concesión había expirado en 2007. La pareja de Feijóo alegó pidiendo que se prorrogase por 30 años a partir de esa fecha. María pone los ojos en el mirador da Masandía, que así se llama ese paseo que llega hasta el tabique de O Fiunchal. En Google Maps lo identifican como “temporalmente cerrado”. Unas vallas de obra oxidadas y tiradas en el suelo indican que lo estuvo oficialmente. Hoy la maleza lo hace casi impracticable para los que eran sus principales usuarios: jóvenes y parejas que buscaban discreción. A su lado, por comparación, la hierba descuidada y cubierta de hojas de árboles del interior de la finca parece un campo de golf.

El aspecto del muro es todavía más preocupante desde la playa. El mirador muestra serios desconchones y amenaza con venirse abajo desde que se precipitaron los primeros cascotes, hace casi un lustro. Desde entonces, un cartel y una cuerda con corcheras prohíben el paso a ese tramo de arenal, el que finaliza ante el acceso privado a la finca de la pareja de Feijóo. Los escasos paseantes matutinos este jueves no le hacen caso. Se mantienen prudentemente apartados mientras hacen gestos hacia el chalé y comentan sus tribulaciones legales.

“Estaría todo mejor si Costas cogiese el tramo completo, lo arreglase y lo adecentase”, reflexiona María. “Que hiciese una alameda o una terraza hasta allí” —añade, señalando el final de la finca de Cárdenas—, “porque está todo muy abandonado y muy mal”. “No entiendo lo que pasa con la casa, pero lo que sí entiendo es que este muro hay que arreglarlo porque está cayendo”, sentencia Conchi. “En lo demás, no entro”.

Un único mirador

Desde la arena de la playa, unificar las dos partes del mirador —el público y el de la finca de Cárdenas— parece una opción lógica. Es la que defiende el ayuntamiento de Moaña, gobernado con mayoría absoluta por el BNG. La alcaldesa, Leticia Santos, se muestra muy prudente. Ni siquiera confirma si van a presentar alegaciones contra la solicitud de la pareja de Feijóo. Se limita a decir que lo están “valorando”. Pero sí quiere que el Ministerio repare el muro y dice estar a la espera de una reunión para tratarlo con la directora general. “Para nosotros, sería importante que Costas recuperase el dominio para unir ambos espacios”, asegura a elDiario.es

El tablón de anuncios del hall del Ayuntamiento muestra, en su esquina inferior derecha, la página del BOE con el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende Costas, de la apertura del procedimiento y el plazo de 20 días para alegar. El PSOE de Moaña no piensa agotar el plazo. “No vamos a presentar alegaciones porque sea la mujer de Feijóo; es que consideramos que el dominio público tiene que estar a disposición de todos los vecinos. Nos da igual que se llame Eva Cárdenas que Elon Musk”. El único concejal socialista, Mario Rodríguez, criticó la tibieza del Gobierno local. “El papel de la administración local tiene que ser luchar por el bienestar de la ciudadanía y eso pasa por recuperar terreno público para que sean espacios de disfrute de todos”.

“No estamos en la Edad Media, cuando el señor feudal hacía lo que le daba la gana”. Tras vincular a esta situación el hecho de que el arquitecto municipal “salió corriendo” y “abandonó su plaza” hace dos meses, defiende la oportunidad de “una vez recuperado el terreno” convertir el conjunto en “un gran mirador o prorrogar el paseo”. Ese paseo que ahora muere contra el muro de O Fiunchal, el nombre de siempre de la residencia de verano de Feijóo y su pareja.

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este jueves una resolución alternativa a una moción presentada por EH Bildu en la que se compromete a “impulsar la colaboración público-privada y la colaboración interadministrativa para implantar en Azkuna Zentroa el proyecto TUMO” de la Fundación La Caixa. TUMO es un centro de “tecnologías creativas” con el que 1.500 jóvenes de 12 y 18 años podrán recibir formación en ocho áreas de aprendizaje distintas y que se desarrollará a través de un contrato de arrendamiento de cuatro años prorrogbles en Lantegia, uno de los espacios que el centro cultural destinaba al desarrollo de creaciones artísticas. Según el acuerdo entre la Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación La Caixa, la Diputación pagará al Ayuntamiento 13.800 euros al mes, un total de 166.000 euros al año, lo que supone el 50% del coste del alquiler del espacio. El 50% restante “lo aporta” el Ayuntamiento, pero sin pagar nada.

EH Bildu presentó una moción para pedir al Gobierno municipal, compuesto por el PNV y el PSE-EE, “que rectifique y frene el proceso de privatización de Azkuna Zentroa”. En su lugar, se ha aprobado con los votos a favor del PNV y el PSE-EE, la abstención del PP y los votos en contra de EH Bildu y Elkarrekin una enmienda propuesta por el Gobierno municipal en la que además de la “colaboración público-privada”, la institución se compromete “en la medida de lo posible” a dar continuidad a los proyectos artísticos y culturales que se realizaban hasta ahora en el espacio que ocupará la Fundación La Caixa. El documento firmado sostiene que se intentará “reubicar” a los artistas “en otros espacios de Azkuna Zentroa o en otros locales”.

La portavoz del grupo municipal de EH Bildu, María del Río, ha lamentado que el Gobierno municipal “se niegue a dar marcha atrás en la privatización de los espacios Lantegi de Azkuna Zentroa al cedérselos a una entidad privada como La Caixa, cuando una mayoría de la sociedad y agentes implicados se han mostrado abiertamente en contra de esta operación”. Según ha señalado durante el pleno, su intención no era cuestionar la validez del proyecto, sino el hecho de que se implante en Azkuna Zentroa “desplazando proyectos culturales” y “privatizando a trozos” el centro cultural.

El portavoz de Elkarrekin, Xabier Jiménez, de IU, también ha coincidido con Del Río y ha denunciado que se realiza la cesión de un espacio “gratis et amore”. “Consideramos que los espacios Lantegi 1 y Lantegi 2 deben seguir siendo lo que han sido hasta el momento: ecosistemas de la creación artística. No lo apoyamos porque supone la privatización temporal de un espacio muy valioso a cambio de prácticamente nada para la fundación privada de un banco. Un espacio público, financiado con dinero público para la fundación privada de un banco”, ha criticado Jiménez.

Desde el Partido Popular, Esther Martínez ha lamentado la falta de información que se tiene sobre el proyecto. “No sabemos nada en realidad. Sabemos que quieren ceder una parte de Azkuna Zentroa, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué. No tiene ningún sentido el oscurantismo en este asunto. Desde el PP siempre vamos a defender la colaboración público privada, no tiene ningún sentido confiar en los beneficios de un proyecto y no presentarlo como tal”, ha indicado Martínez en alusión a que a día de hoy no se ha presentado el proyecto ni por parte de las instituciones que lo llevan a cabo, como la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, ni por parte de la Fundación La Caixa.

En respuesta a las cuestiones planteadas, Gonzalo Olabarria, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao ha argumentado que lo que se pretende realizar en Azkuna Zentroa no es una “privatización” . “Lo que pretendemos desarrollar no es una privatización. Estamos hablando de un modelo de colaboración público-privada interadministrativa entre dos instituciones públicas y una privada. Gracias a ello va a ser posible la implantación en Bilbao de un proyecto a día de hoy único en el Estado”, ha detallado el concejal. “No se trata de ceder un espacio a una entidad privada para que genere su propio negocio utilizando recursos públicos en beneficio privado. Se trata de permitir la puesta en marcha de un proyecto educativo social y cultural que va a permitir que más de 1.500 niños y niñas accedan a la formación STEM sin tener que desembolsar ni un solo euro”, ha argumentado.

En este sentido, Olabarria ha aclarado que el convenio firmado en el contrato de arrendamiento figura la aportación de la Diputación de Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao. “El Ayuntamiento aporta el 50% del alquiler pero no lo aporta en cash. No lo cobra y no lo paga. La Diputación paga en cash el 50%. Esa es la aportación del Ayuntamiento de Bilbao. Cuando esté el convenio se explicará en este Ayuntamiento, porque no es un convenio entre Azkuna Zentroa y otras entidades, es un convenio del Ayuntamiento de Bilbao con otras dos entidades. El contrato de arrendamiento se firma hoy en el Consejo de la Diputación de Bizkaia, nosotros lo firmaremos y habla de cuatro años prorrogables”, ha concluido Olabarria.

A pesar de que los datos del acuerdo aún no han sido publicados, desde EH Bildu denuncian que al sustituir el espacio de Lantegia para otros fines, “se pierden 1.500 metros cuadrados de espacios culturales para dejarlos en manos de la Fundación la Caixa, que, además, no pagará por la explotación de dicho espacio”, ya que, según han detallado, se prevé que sea “la propia Diputación de Bizkaia quien, con dinero público, pagará 13.000 euros al mes, 166.000 euros al año, por el uso por parte de una fundación privada de un espacio público”.

Desde la Fundación La Caixa confirman a este periódico que “próximamente” realizarán una rueda de prensa para hablar sobre los nuevos proyectos que se llevarán a cabo, según informan, sin embargo, no concretan si se trata de una cesión del espacio por un tiempo determinado o si la intención es instalarse de forma permanente en el centro cultural bilbaíno. Este periódico ha podido averiguar que, el que implementarán en Bilbao será el denominado proyecto TUMO, un centro de “tecnologías creativas” con el que 1.500 jóvenes de 12 y 18 años podrán recibir formación en ocho áreas de aprendizaje distintas.

La Fundación La Caixa realizó el mismo proyecto en Coímbra (Portugal) en 2023 y el de Bilbao será su hermano gemelo. “En TUMO, jóvenes de entre 12 y 18 años definen su propio camino de aprendizaje, adquiriendo habilidades técnicas avanzadas en áreas relevantes hoy y en el futuro. A través de una combinación de actividades de autoaprendizaje, talleres y laboratorios avanzados, los jóvenes eligen lo que quieren aprender”, detallan desde TUMO Coimbra. En la ciudad portuguesa las ocho áreas de aprendizaje son: cronograma, animación, desarrollo de videojuegos, diseño gráfico, cine, robótica, música y fotografía y se espera que en Bilbao sean las mismas.

La publicidad encubierta ocupa este 2024 con mayor densidad las calles de Madrid en el periodo de mayor consumo del año. Además de las reconocibles esculturas inspiradas en el personaje retratado por Velázquez que llevan visitando la ciudad desde 2018, otras instalaciones han aparecido siguiendo su ejemplo en puntos céntricos de la capital: figuras gigantes de superhéroes y bocas de Metro decoradas con personajes de videojuegos o una marca de cosméticos compiten por la atención de los viandantes.

Desde hace algunos años es habitual toparse con exposiciones callejeras por Madrid, pero ahora se ha normalizado para esquivar la actual regulación de espacios en la capital. Las marcas se han desvinculado de los métodos clásicos de promoción y buscan campañas que generen más impacto, saliéndose de lo común. Es algo que las meninas llevan aplicando desde hace años: a través de un diseño original y ligado a la identidad madrileña como son estos personajes retratados por Velázquez consiguen introducir patrocinios desde aerolíneas hasta inmobiliarias. Todo ello sin pagar la tasa municipal que correspondería a un anuncio con estas marcas como protagonistas, gracias a un acuerdo del Ayuntamiento con sus impulsores.

Unos días antes que las meninas había llegado a la ciudad una nueva exposición callejera dedicada al universo Marvel. Está compuesta por una serie de máscaras, cascos y otros objetos identificativos de algunos de los superhéroes más icónicos de la firma: Black Panther, Iron Man y Capitán América. Tres esculturas de dos metros y medio de altura llevan instaladas en las calles de la capital desde el pasado 4 de noviembre como parte de una acción promocional con motivo de la llegada de la exposición Marvel: Universe of Super Heroes a Ifema.

Las esculturas, que no abandonarán la capital hasta el próximo 8 de diciembre, se han desplegado por tres de los lugares con mayor afluencia de personas en el centro de Madrid, Callao, Cibeles y la plaza de Santa Bárbara. En esta última ubicación, la máscara de Black Panther comparte espacio con uno de los ejemplares de la Madrid Cow Gallery, otra muestra callejera, en este caso compuesta por vacas, que llevan tres meses en las calles de Madrid, tiempo durante el que han sido vandalizados la gran mayoría de sus ejemplares.

Detrás de todo este despliegue se encuentra una acción promocional de la empresa de espectáculos Sold Out, que ha utilizado el espacio público de Madrid como escaparate durante cinco semanas. El caso más reseñable es el de la obra instalada frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la que se representa el escudo de Capitán América. La escultura se encuentra en el entorno del Paisaje de la Luz protegido por la Unesco, una ubicación que la exdelegada de Cultura, Andrea Levy, vetó a las meninas en una de sus primeras ediciones por su importancia a nivel cultural y patrimonial para la ciudad.

Desde entonces ninguna exposición callejera con fines publicitarios se había instalado en el Paisaje de la Luz hasta ahora. Y además lo ha hecho por todo lo alto, ya que las esculturas no solo incluyen información sobre los organizadores y colaboradores de la acción, también cuentan con un código QR en el pedestal en el que se apoyan desde el que se puede acceder a la venta de entradas de la exposición.

Vecinos de la ciudad han mostrado su descontento y rechazo en numerosas ocasiones por el uso indiscriminado del espacio público para promover marcas, determinadas causas o empresas privadas. Sin embargo, nada ha conseguido frenar a los dirigentes madrileños, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, que continúan permitiendo el uso reiterado de las calles de la ciudad para desplegar campañas publicitarias de todo tipo.

En el caso del Metro, la publicidad -en este caso sí que está pagada- se riñe con la usabilidad, ya que esta compañía dependiente de la Comunidad de Madrid permite a las marcas colocar sus carteles junto a los de la estación, provocando confusión sobre el nombre de cada parada en el viajero que no conozca el entorno. Este es el caso de las dos últimas incorporaciones publicitarias al espacio público madrileño en Sol y Alonso Martínez.

La primera se trata de una campaña promocional de la nueva película de Sonic. Cada boca de Metro de Sol se encuentra customizada con los colores de los personajes de la saga y sus nombres colgando del cartel original de la estación (Sonic, Tails, Knuckles y Shadow). Una forma de hacer publicidad que ya ha causado polémicas en otras ocasiones.

La otra campaña es obra de Sephora, que ha instalado en una de las bocas de Metro de Alonso Martínez elementos decorativos propios de la marca y, al igual que en el caso de Sonic, ha renombrado la estación con un segundo cartel debajo del original. A poca distancia de este lugar, ha instalado un árbol de Navidad en la Plaza de Colón con un mercadillo navideño en el que también despacha sus productos.

Siete años de meninas patrocinadas

El caso de las meninas no tiene parangón en la capital. Llevan desde 2018 instalándose en la ciudad, cambiando sus diseños. La muestra urbana, que surgió como una iniciativa artística en tiempos de Carmena, ha ido tornándose en un método promocional que utiliza el patrocinio como publicidad encubierta. Después de una última edición marcada por el 100% del patrocinio de sus esculturas, este 2024 Meninas Madrid Gallery cuenta con un despliegue de 32 ejemplares de los que al menos 16 están relacionados con marcas.

La propia página del Ayuntamiento de Madrid describe esta actividad como “un canal no tradicional para que las marcas, a través del arte, puedan conectar con su público objetivo mediante creatividades artísticas, experiencias con el espectador y activaciones de marca”. La lista de patrocinadores y artistas que han participado en esta edición entre los que se cuelan empresas del sector inmobiliario como Engels & Völkers, aerolíneas como Plus Ultra y empresas farmacéuticas como Pfizer, entre otros.

Además, muchas de las obras están respaldadas por Antonio Azzato, el impulsor de la iniciativa junto a su empresa, Meninas Runaway. Las hay sobre instituciones, como la Menina Bombera o la que firma el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón bajo el nombre de “Donde viven las hadas”. También con carácter benéfico patrocinadas por asociaciones como la de Biosim o la de la Asociación Guillermo Fernández - Shaw en homenaje a la zarzuela como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Las esculturas también sirven como escaparate para personajes públicos que presentan sus propios diseños para promocionarse, aunque normalmente se trata de famosos no relacionados con el arte. Este año, entre las celebridades que han participado se encuentran Chenoa, Susanna Griso, Cristina Oria, Hombres G o Karina de La Voz. También se suman a la lista varios patrocinios de Todo está en Madrid, el proyecto del Ayuntamiento dirigido a la promoción y publicidad de toda la oferta comercial, hostelera, hotelera y de servicios de la ciudad. Tampoco ha faltado un guiño a los afectados por la DANA con la menina tributo a Valencia.

A pesar de la polémica suscitada en ediciones anteriores, Meninas Madrid Gallery estará en la ciudad hasta el próximo 15 de diciembre y convivirá espacio-tiempo con vacas, bocas de Metro tuneadas y esculturas de Marvel. Y con esta edición ya van siete.

Unas 500 personas se han concentrado este domingo en el Parque del Oeste contra el cierre y la práctica inutilización de este espacio público de Málaga capital, que hasta mediados de marzo (y desde hace aproximadamente un mes) ha sido destinado por el consistorio al Festival de las Linternas, un espectáculo de luces inspirado en el Año chino de la Serpiente, diseñado por Ximenez Entertainment y Lantern Group, que cobrarán entre 15 y 20 euros por entrada. La inauguración del espectáculo está prevista para el próximo 30 de noviembre, cuando los vecinos están llamados nuevamente a concentrarse en el parque.

Este domingo, segundo consecutivo con una protesta, se han escuchado cánticos contra la privatización de facto del espacio. “No queremos vallas, queremos que se vallan” o “Paco, Paco, ¿dónde están los patos?”, en referencia al alcalde (Francisco de la Torre) y los animales que habitan el pequeño zoológico y el estanque del parque, ahora clausurados para el montaje y el festival. Sobre las vallas que ahora impiden acceso, carteles colgados: “¡No queremos vallas!”. “Los barrios son de los vecinos”. “Parque para jugar, no para negociar”. Dos chicas sujetan dos carteles: “EL parque es del barrio, no del empresario”, dice uno. “-Linternas + luces”, dice el otro.

Desde los edificios colindantes se pueden observar algunos de los atractivos del Festival de las Linternas, como un inmenso dragón azul. También se han instalado flores sobre el estanque. Contará con 600 linternas y 4.000 puntos de luz. Los organizadores prevén vender 250.000 entradas, lo que situaría sus ingresos rozando los cinco millones de euros.

Durante la última semana los promotores del Festival de las Linternas han repartido entradas entre asociaciones y comunidades de vecinos, con la esperanza de apaciguar los ánimos.

El canon que han abonado por usar gran parte del parque en exclusiva durante cinco meses es de 100.000, según el ayuntamiento, que no ha mostrado el contrato a nadie. La concejala Teresa Porras ya ha advertido de que, si sale bien, la cesión del espacio podría extenderse a años venideros. Ximenez es la adjudicataria desde hace una década de la iluminación navideña de calle Larios, de la que Porras suele sacar pecho para colocarse en cabeza de una brillante competición con Vigo, otra capital con luces. Por el último contrato con Ximenez, para las navidades y Carnaval de 2024, 2025 y 2026, Málaga va a pagar 5.079.000 euros, a casi 1,7 millones por año.

“Todo para que se beneficien dos empresas”

El Festival de las Linternas ocupa 33.700 de los 73.000 metros cuadrados del Parque del Oeste, pero en la práctica está vedado al tránsito en sus zonas más disfrutables. Está vallada la zona central e incluso los dos pasadizos subterráneos que permitían cruzar la calle Luis Barahona de Soto, permitiendo la unión entre el sector norte y sur del parque. Ahora es necesario cruzar en superficie esta vía de dos carriles por sentido, con un cambio de rasante y un solo semáforo en casi cien metros, lo que aumenta el riesgo de accidente. Queda apenas un pequeño sector al sector, los laterales de cemento y las pistas deportivas, al norte.

“Me parece una vergüenza. ¿Pago mis impuestos para esto? Todos los días vengo aquí a pasear, y ahora no puedo”, protesta Remedios, una vecina. “Todo para que se beneficien dos empresas”, tercia Lucía Martínez, a su lado. Entre los vecinos hay resquemor por verse privados del espacio, pero también por la gestión del episodio. La concejala Teresa Porras aseguró que el parque “se usa poco” en invierno, algo que desmiente cualquier paseo. “Tiene muy poca vergüenza”, dice Pepe García, quien acusa al consistorio de “mentir” a las asociaciones vecinales al presentarles el proyecto y asegurarles, supuestamente, que sería gratuito.

Llevan ya casi un mes soportando los inconvenientes de la preparación. En este tiempo, les han cerrado salidas. “Teníamos que dar la vuelta para poder salir”, dice Salvador Hierrezuelo, quien dice que, al haber cortado la continuidad del parque, ahora no puede pasar al otro lado de la calle. Todos se cuestionan por qué no se ha montado el espectáculo en el Cortijo de Torres, un recinto vacío de agosto a agosto, cuando se instala la feria.

Según varios vecinos, estos días hay operarios chinos comiendo y descansando en la antigua guardería del barrio, hasta ahora vacía, pero sin uso residencial. El montaje apenas es visible desde el exterior, porque se han esforzado en ocultarlo instalando unos paneles de más de dos metros de altura completamente opacos.

El ayuntamiento tampoco ha entregado ni a la oposición ni a la prensa el expediente completo, ni ha respondido a este medio a preguntas elementales, como la fórmula para calcular el canon que abonará el promotor (supuestamente 100.000 euros), dónde está el contrato, por cuántos años se ha acordado la celebración, por qué el expediente no lo gestionó Limposam (responsable del parque) o por qué se ha elegido este lugar para una actividad privada. “Ya han saqueado el Centro y ahora vienen a por los barrios”, lamenta Mamen Borrego, una de las manifestantes. 

Más Madrid ha llevado a cabo una intervención en el espacio público del barrio de Carabanchel durante la tarde de este viernes bajo el lema “Abrir la calle, disfrutar del espacio”. El acto, que ha tenido lugar entre las 16.30 y las 19.00 horas en la calle de la Oca, ha consistido en invitar a los vecinos a actividades al aire libre como música, juegos infantiles, y un aperitivo popular. El objetivo de esta acción es denunciar la falta de espacios públicos abiertos y gratuitos en Madrid, así como confrontar el modelo urbanístico del gobierno municipal encabezado por José Luis Martínez-Almeida.

Minutos después de las cuatro y media, vecinos y vecinas han empezado a concentrarse en la plaza situada en la intersección de la Calle de la Oca con Pinzón para charlar, disfrutar de la música o simplemente darse un paseo. Esta protesta imita el modelo de las “superilles” de Barcelona, donde se han peatonalizado amplios espacios urbanos para devolverlos a los ciudadanos. Para Más Madrid, se trata de un claro mensaje de reivindicación contra lo que consideran una creciente privatización del espacio público.

Luis Patiño, coportavoz de Jóvenes Más Madrid, sectorial organizadora del evento, explicaba antes del acto que la vida que la gente hace en su barrio no puede basarse en “ir de casa al curro y del curro a casa”. Patiño ha subrayado la importancia de que existan espacios donde las personas puedan socializar, jugar o simplemente pasear, sin la presión de tener que consumir. “Ir abriendo la calle a la vida de barrio”, en sus palabras, es un paso fundamental para contrarrestar las políticas del Ayuntamiento y del Partido Popular, que “solo quiere privatizar todo lo que ve”.  

La acción organizada este viernes en Carabanchel es parte de las reivindicaciones que Más Madrid pone encima de la mesa para cuestionar el actual modelo urbanístico de la capital. Desde el partido insisten en que el Ayuntamiento, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha centrado sus esfuerzos en facilitar el acceso al tráfico rodado y priorizar el uso del coche, en lugar de fomentar la creación de espacios peatonales y verdes. Para Más Madrid, esta estrategia no solo afecta negativamente al medio ambiente, sino también a la calidad de vida de los vecinos, que cada vez encuentran menos lugares donde disfrutar de su barrio sin tener que gastar.

La portavoz de Jóvenes Más Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid, Beatriz Borrás, en declaraciones a elDiario.es, ha destacado la comparación con otros modelos europeos: “Lo que vamos a hacer no es diferente de lo que hacen ciudades como Barcelona, que ya llevan años poniendo en marcha estos espacios peatonales donde la gente puede juntarse y disfrutar de sus calles”. Según Borrás, la gestión del gobierno municipal de Almeida “es todo lo contrario, llenando de asfalto y coches las calles de Madrid”. La diputada ha insistido en que la intervención de este viernes busca devolver a las personas mayores, niños y jóvenes un espacio que les pertenece, ofreciendo zonas libres de tráfico donde puedan convivir sin las limitaciones que impone la actual infraestructura urbana.

Algunos de los asistentes explican que el acto de este viernes también ha sido una muestra de cómo sería el día a día en Madrid si se apostara por un modelo de ciudad más sostenible, inclusivo y centrado en las personas. “Lo que hemos vivido este ratito, con niños jugando tranquilos, personas mayores charlando en los bancos y familias disfrutando sin preocupaciones, es lo que queremos que sea habitual en todos los barrios de Madrid”, ha añadido una vecina del barrio.

“No llores, que te pones muy fea y fastidias a todos los que vamos en el autobús”. La frase la pronuncia una señora mayor que viaja en transporte público junto a una madre y una bebé que apenas alcanza el año. Viene acompañada además de un agarrón en el brazo de la niña que incomoda a la madre y hace llorar todavía más a la bebé. Es una escena que se repite a diario en el transporte público, en restaurantes, hoteles, tiendas y en el espacio público en general. Los niños molestan cuando hacen cosas de niños.

“Les estamos pidiendo a niños y niñas muy pequeñas, sobre todo entre cero y seis años, que hagan cosas de las que simplemente no son capaces. Especialmente la quietud. La infancia no tiene opciones de decisión ni se respetan sus necesidades básicas”, denuncia Alba, que es profesora de educación infantil. Y reflexiona en cuanto a la convivencia entre infancia y adultez: “En los espacios públicos no se tiene en cuenta a los niños y niñas, parece como si no les pertenecieran. Hay muy poca conciencia de que son personas con diferentes necesidades y diferentes etapas madurativas. Cuando no responden a lo que les pedimos, que es estarse quietos y no molestar, eso resulta molesto para las personas que no son de su entorno, pero a veces también para las propias familias”, explica la profesora.

Para Álvaro Bilbao, neuropsicólogo especializado en infancia, la clave está en encontrar un cierto equilibrio para la convivencia: “Todas las sociedades se han desarrollado en base a las normas sociales que nos permiten convivir y colaborar. En ese sentido está bien que los niños jueguen, que corran, que salten y que se expresen, pero hasta cierto punto. Cuando llega el momento de acostarse, de estar sentados a la mesa o de escuchar al profesor las normas son muy importantes. El instinto natural y el instinto cultural tienen que convivir y lo realmente difícil de ser padres y ser humanos en general es ser capaces de equilibrar ambos instintos para desarrollar un cerebro equilibrado”, asegura Bilbao.

Los restaurantes y hoteles son algunos de los espacios donde peor se recibe a niños y niñas. Salvando excepciones, el alboroto que suponen no suele gustar a clientes y propietarios. Le ha pasado muchas veces a Laura, madre de dos niños, que denuncia el adultocentrismo en ese tipo de espacios: “Hay muchos sitios que no lo dicen abiertamente pero no quieren niños. Otros sí lo hacen abiertamente e incluso lo incorporan en el eslogan: ‘hoteles sin niños’, ‘restaurantes sin niños’. Si cambias la palabra niño por otra cualquiera –ancianos, extranjeros, mujeres– nos parecería discriminador. Pero con los niños todo está permitido”, explica esta madre. Hace poco, intentó reservar en un restaurante y, al pedir una trona, le impidieron hacer la reserva.

El uso de pantallas para que se estén quietos

En la sala de espera de un centro de salud público, en Madrid, el personal sanitario ha decidido poner un cajón con cuentos y juguetes para que los niños y niñas puedan entretenerse antes de pasar consulta. Así lo cuenta Beatriz, la pediatra: “Nos dimos cuenta de que muchas familias daban a los peques los móviles para que no molestasen, y eso al final generaba muchos más problemas, porque cuando tenían que entrar a consulta se enfadaban si les paraban sus dibujos favoritos. Es complicado, porque hay mucho debate y mucha controversia con ponerles pantallas cuando son tan pequeños, pero luego tampoco somos capaces de aguantar el alboroto normal que provocan los niños. Nos olvidamos de que son niños”, explica la pediatra.

Sobre el uso de móviles y tablets también tiene una opinión Alba, la profesora de educación infantil. “Viene todo del mismo lugar, y es que les marcamos qué comportamientos están bien o mal sin atender a sus necesidades y a su desarrollo. En todos los lugares públicos se encuentran criaturas con pantallas porque se necesita que estén quietos, tanto por parte de la sociedad como por parte de las familias, que quieren estar tranquilas”. Para ella, la solución pasa por “convivir en espacios niños y adultos de una manera en la que todas las partes se sientan cómodas”. “Aquí obviamente siempre ha faltado una”, asegura.

Álvaro Bilbao cree que se ha avanzado mucho en superar la mirada adultocéntrica en sociedad, aunque todavía queda margen para seguir avanzando: “Creo sinceramente que se ha progresado mucho, pasando de una sociedad (la del siglo pasado) que tenía poca conciencia de las necesidades emocionales de los niños a una sociedad actual en la que el niño es mucho mejor comprendido desde todos los ámbitos”, asegura. Para él, una de las asignaturas pendientes tiene que ver con la adaptación de los espacios urbanos: “Podemos hacer ciudades más amables, con más plazas, menos coches y menos humos”, expone el neuropsicólogo.

Un criterio con el que coincide la profesora Alba, que aporta un ejemplo gráfico: “Incluir a la infancia en las ciudades pasa por hacerles partícipes, con algo tan simple como colocar las cosas a su altura. Por ejemplo, los niños y niñas no llegan a la mayor parte de los botones de los semáforos”, ejemplifica esta educadora.

Precisamente en el entorno urbano vivió una de las escenas más “tremendas” Itziar, madre de una niña pequeña. Aunque, aclara, “podría escribir una enciclopedia de historias parecidas”. “Estando mi peque en primero de infantil, dedicaron unos cuantos días a pintar con tizas el suelo de la acera al salir del colegio. Hacían dibujos, coloreaban las baldosas, e incluso practicaban las primeras letras. Había varios niños y llegó un señor muy enfadado que les echó una bronca por pintar en el suelo. Se dirigió a ellos como si fueran auténticos delincuentes. Los padres no pudimos más que replicarle y se fue enfurruñado y soltando improperios”, recuerda.