La resistencia se hace fuerte en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es la única institución democrática que sigue batallando por preservar el monumento a Franco que se levanta en la Avenida de Anaga en contra de la Ley de Memoria Democrática estatal y de Memoria Histórica de Canarias. Y dentro de la resistencia municipal capitalina, una dura pugna para ver quién defiende el conjunto monumental con más pasión. Importan poco los argumentos, cada vez más débiles: cuando ya ha arrancado la cuenta atrás de los seis meses que tiene el consistorio para desmontarlo y llevarlo a unos almacenes, o fundirlo y venderlo al peso, o crear un museo submarino y exponerlo bajo el mar, como sugirió en su día el portavoz de Izquierda Unida Ramón Trujillo… lo que interesa es demostrar a cierta parte de la ciudadanía quién defiende este vestigio franquista con más frenesí irracional.

Se han alineado en el pleno municipal de Santa Cruz todos los planetas para que tengan voz en este asunto los más señeros defensores de este vestigio franquista, empezando por su alcalde, José Manuel Bermúdez, y el portavoz de su partido, Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, que compiten en feroz desafío con la tercera teniente de alcaldesa, Zaida González, del Partido Popular, y el concejal de Vox, Luis Sosa-Tolosa del Valle, que dedica el tiempo libre que le dejan las tareas municipales a presidir la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, a la que no se conoce otra actividad que la defensa del monumento a Franco por todos “sus valores”, de vez en cuando el artístico.

Lejos han quedado aquellos tiempos en los que el portavoz de CC en la Corporación era Juanjo Martínez, que desde que se encendió la polémica se mostró favorable a retirarlo, aun reconociendo que aquella no era una postura unánime en su partido. Y lejos ha quedado también (nueve años atrás) la decisión de la junta de gobierno municipal, con Bermúdez a la cabeza pero con la presencia de casi todos los mismos protagonistas de la vida política actual (Carlos Tarife, Zaida González…) de encargar un estudio sobre los vestigios franquista de Santa Cruz a la experta Maisa Navarro.

Lo hizo Bermúdez para esquivar un pleito judicial, y a cambio se vio frente a la cruda realidad ya conocida por todo el mundo: que la capital tinerfeña es una de las ciudades españolas con más vestigios franquistas porque sus sucesivos gobernantes jamás han sentido la obligación de irlos retirando, aunque fuera al golpito.

El destino quiso que el informe se acabara y se entregara al ayuntamiento en el breve espacio de tiempo en el que ocupó la alcaldía Patricia Hernández, del PSOE, poco antes de que una moción de CC con el PP y la famosa tránsfuga Evelyn Alonso, devolvieran a la normalidad del modo canario el reparto de poder en la ciudad.

La alcaldesa, que no había encargado el informe pero le comprometía, quería la implicación de toda la Corporación, de modo que convocó a todos los grupos políticos para decidir qué hacer. Llamativamente, sólo obtuvo la unanimidad en aquellos momentos (principios de 2020) en torno a que el monumento a Franco debía ser retirado, con las únicas dudas planteadas por parte del PP y Ciudadanos, que propusieron como alternativa su traslado a otro lugar para no perder la escultura. Luego llegó la pandemia y la moción de censura… Y se jodió el Perú.

Regresó Bermúdez al poder y con él, un cambio absoluto de planteamiento alimentado por factores externos que el alcalde quiso conjugar a su favor. Que el catálogo autonómico de vestigios franquistas empezara por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife le sirvió para volver a agitar una de las banderas favoritas del insularismo de Coalición Canaria: el agravio a Tenerife, la ofensa desde la pérfida Canaria, el envidioso secarral que con tanto denuedo describió quien sigue siendo a día de hoy inspirador de tantas excusas, don Pepito, José Rodríguez Ramírez, director-editor de El Día en los años más gloriosos.

Don Pepito nunca llevó muy bien aquello de tener antepasados canariones, concretamente de la ciudad de Arucas, aunque siempre supo sobreponerse a aquella mancha de sus ancestros con proclamas cada vez más radicales contra Gran Canaria.

Tantos años después de su muerte y de que su periódico haya pasado a otras manos, el mensaje de don Pepito sigue vivo en muchos dirigentes públicos de la isla que explotan aún esos sentimientos sabedores de que una parte de la población aún los abraza. Como hizo en el último pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz la concejala del PP Zaida Rodríguez, que esgrimió ante la ciudadanía como argumentos de peso los comentarios de la gente que ella misma escogió de su cuenta en Facebook para defender la permanencia del monumento a Franco: “Si estuviera en Las Palmas de Gran Canaria se nombraría de otra manera”. “La historia no se cambia, que nos estamos quedando sin nada y lo único que prevalecerá será lo que hacen los políticos que de bueno, nada, y será la historia de las nuevas generaciones. Viva España”. “Se lo llevarán también para Las Palmas de Gran Canaria, como el crucero Canarias, que como lo quitan de la calle del edificio de Méndez Núñez, ah, que por qué no quitan el edificio de Méndez Núñez…”

Algo más técnico, al menos en apariencia, ha estado estos días el alcalde José Manuel Bermúdez, quien con sus estudios de Derecho en la mano ha pregonado en algunos medios de comunicación que el monumento sólo se tocará con lo que dice la ley “como está escrita, no como la interpreta el ministerio”. Según su criterio, los juristas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática saben menos que él y están dejando que Ángel Víctor Torres actúe con motivaciones ideológicas. En Canal 4 de Tenerife, llegó a decir que una opción es organizar visitas al monumento del tipo que las que se hacen al campo de concentración de Auswitch, “donde yo he estado”, enfatizó, para explicarle a la gente lo que no puede volver a suceder: “un golpe de estado ilegítimo”.

Pero no aclara la primera autoridad municipal chicharrera cuáles son los argumentos jurídicos que le avalan, entre otras cosas porque no tiene ni un solo argumento jurídico que le avale. Ni un informe de los servicios correspondientes del consistorio que le permitan afirmar sin riesgo a caer en la demagogia que lo que mueve al Gobierno de España, y más específicamente al ministro Ángel Víctor Torres, es la ideología y no una ley democráticamente aprobada. Los mismos argumentos que emplean los fascistas que se niegan a aceptar la resignificación de Cuelgamuros.

Los antepasados fascistas

Tanto a Bermúdez como a muchos de sus correligionarios de CC, así como al PP y a Vox sí que les anima la ideología a mantener vivo este debate sobre los vestigios franquistas. En el fondo se consideran guardianes de las esencias del chicharrerismo más acendrado, el que va desde preservar el monumento a Franco por considerarlo parte de sus esencias a no permitir bajo ningún concepto que el estadio del CD Tenerife se traslade a otra ciudad, aunque sea a La Laguna, otra de las polémicas en las que también ha intervenido acaloradamente Bermúdez estas últimas semanas.

Pero hay una parte del discurso de Bermúdez de defensa del monumento a Franco que va más allá de la ideología chicharretista. Hay un punto franquista que afloró en el último pleno de la Corporación, con todas las intervenciones conservacionistas recordando la alegoría a los “25 años de paz”, al requiebro sobre la verdadera motivación de una cuestación popular que tuvo mucho de coacción fascista. “No es un vestigio franquista”, proclamó el alcalde. “No se parece a Franco”, vino a concluir la concejala popular que defendía las tesis del grupo de gobierno, a lo que remataba el portavoz de CC, Díaz-Estébanez coincidiendo con el de Vox en que la obra tiene valor artístico y que allá la administración que decida demolerla.

Es conveniente recordar, llegados a este punto, el pasado franquista de la familia del alcalde Bermúdez Esparza, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1966 por el deseo de su madre de estar junto a la suya en un momento tan importante. Su madre y su padre, los abuelos de Bermúdez, vivían en la Casa del Coño, que viene siendo otro vestigio franquista a resignificar o remover en Las Palmas de Gran Canaria. Porque ese edificio lleva el nombre de José Antonio en homenaje a Primo de Rivera, el líder de la Falange Española. Se trata de un edificio de 12 plantas levantado a finales de los cincuenta y principios de los sesenta para dar vivienda a los beneficiarios del régimen, mayormente miembros del sindicato vertical. Su nombre popular de Casa del Coño le fue dado por la vecindad por ser esa, “¡ya coño!”, la expresión que se pronunciaba al contemplar edificio tan enorme, el más grande entonces de la capital grancanaria.

Bermúdez ha aclarado a este periódico que no nació en ese edificio sino en la cercana Clínica de Santa Catalina y que en la Casa del Coño vivían sus abuelos. Por lo tanto, lo más cerca que podemos llegar en nuestras apreciaciones es que en ese edificio tan emblemático solo vivió los primeros días de su existencia antes de viajar a Santa Cruz de Tenerife junto a su madre.

Los abuelos de Bermúdez tenían derecho a esa casa porque él, Pedro Esparza Martín, fue alcalde de la villa de Agaete poco después de proclamado el nuevo régimen tras el golpe de estado de 1936. Era un joven muy activo que poco después de ser designado por las autoridades franquistas, marchó al frente peninsular a batallar a favor del bando golpista.

Antes, en agosto de 1936 participó en un acto de exaltación franquista que la prensa del momento (en concreto el diario Acción) narraba así: “Con un entusiasmo inenarrable, inspirado y alentado por el elemento fascista, al mando de su Capitán, el Delegado Gubernativo y Alcalde de Agaete, Sr. Esparza Martín, y secundado por el pueblo, se izó ayer la gloriosa bandera española en el Ayuntamiento, Cuartel de Falange, Estación Telegráfica y Casino La Luz” (...) “Los gritos de arriba España grande, Viva España, Viva el General Franco etc. etc. nos ensordecían imaginando vivíamos un mundo nuevo”.

Este alcalde fascista no le hizo mucho caso a su padre, el bisabuelo de José Manuel Bermúdez, Augusto Esparza Arteche, secretario judicial de la villa de Agaete, a cuyo nombre y también como alcalde hay todavía una calle allí, Alcalde Esparza Arteche. Como tampoco el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife hizo caso a su padre cuando le dijo que lo mejor era labrarse un futuro profesional en vez de meterse con 18 años en política. Y desde entonces.

Algunos testigos presenciales pudieron comprobar el pasado lunes el grado de tensión que se masca en el ambiente político canario a un escaso año vista de las elecciones municipales. El consultor político Iván Redondo presentaba su libro, El manual, en el Club La Provincia ante un selecto grupo de personas invitadas, muchas de ellas nacionalistas, que solo relajaron el rictus cuando el interviniente accedió a contemplar como fuerza con “potencialidad” la del reencuentro del nacionalismo “desde abajo” que encarnan -se supone- Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias. Se pusieron tensos cuando recordó que todas las encuestas, tanto las privadas como las públicas, auguran a día de hoy una victoria electoral del PSOE en las autonómicas de Canarias, y Redondo lo notó, así que añadió que esa reunificación podría “competir” por esa primera plaza.

No es ese pronóstico lo más discutible de esta parte del discurso de Iván Redondo, sino la procedencia de esa reunificación nacionalista: “desde abajo”. Pretender que la creación de un nuevo partido político, constituido a partir de una ruptura con otro y cimentado sobre cargos públicos de una amplia trayectoria, tenga una procedencia desde la base hacia la altura es forzar un poco el discurso. Partido por dos.

El historial político e institucional de los que dirigen esa reunificación nacionalista “desde abajo” es tan extenso que aconsejaría modificar algunos parámetros del discurso para no parecer ridículos. Y no sólo desde el punto de vista conceptual. La líder más veterana de la política de Canarias, de toda la política de Canarias, es uno de los iconos del nacionalismo isleño. Se llama Ana Oramas, y lleva en política la friolera de 47 años, el 70% de su vida. Empezó como concejala en Santa Cruz de Tenerife en 1979 y ahora es la vicepresidenta primera del Parlamento canario. El portavoz del grupo nacionalista en esa misma Cámara, José Miguel Barragán, del mismo partido, ya ha cumplido 45 años en lo público, lo que supone un 70% de sus 63 años de vida.

Pero ni Oramas ni Barragán estaban en el acto de Iván Redondo, así que es probable que eso confundiera al experto. Pero sí estaba en primera fila Fernando Clavijo, presidente regional, que, a sus 55 años, lleva 23 en política (el 41%); o Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que ya ha cumplido los 50, de los cuales, 27 los ha dedicado a la vida pública, más de la mitad de su vida. Lo mismo que el actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, compañero de Sosa en la fundación de Primero Canarias, que a sus 62, ha dedicado 35 a la política (un 56,4%).

Sosa y Hernández invocaron en su momento la necesidad de renovación en Nueva Canarias como la causa principal del cisma que encabezaron y que desembocó en su nuevo partido, seguramente sin contemplar que algún día alguien recordaría que el líder al que se enfrentaron, Román Rodríguez, lleva en la política 33 de sus 70 años, es decir, un 47% de su vida, cuatro años más que Sosa y dos menos que Hernández.

Nada que objetar, por supuesto, a que un grupo de personas constituya un partido a partir de una crisis interna de otro, por muy forzada o postiza que pueda parecer desde fuera. Ni que aprovechen la palanca que supone hacerlo desde las instituciones, a modo y manera que hizo en 2005 su líder defenestrado, Román Rodríguez, cuando encabezó la creación de Nueva Canarias tras ocupar la presidencia del Gobierno bajo las siglas de Coalición Canaria.

Lo que realmente podría ser reprochable es que bajo esa estratagema se tratara de esconder inicialmente y con un éxito dudoso el verdadero fin del proyecto: confluir en todo lo que se pueda con Coalición Canaria. No para ir en alianza electoral a unas generales para la obtención del tan cacareado grupo parlamentario canario en las Cortes, que también, sino para afianzar a Fernando Clavijo (o a quien le suceda) en el poder a cambio de asegurarse sus dirigentes lo propio en Gran Canaria, y no en todas sus instituciones.

Exactamente recorrer el sentido inverso que se recorrió hace 21 años para salir de la dinámica derechista de CC, que no solo no se ha suavizado estos años, sino que se ha radicalizado, como puede comprobarse a poco que se analice la evolución de los servicios públicos y la poca capacidad para resolver problemas como el de la vivienda, la preservación del territorio, la dependencia o la movilidad en Canarias teniendo récord de recaudación presupuestaria.

Arucas como símbolo

Se trata, por tanto, de consolidar a Coalición Canaria, como atestigua el primer acuerdo público que han firmado estas dos fuerzas presuntamente nacionalistas. Ha ocurrido en la ciudad de Arucas, adonde acudieron los líderes y lideresas de ambos partidos para escenificar un acuerdo que las partes contratantes locales, es decir, los concejales tránsfugas de Nueva Canarias, se han tenido que comer con papas. Basta con leer el comunicado conjunto emitido por ambos firmantes y ver las fotografías que ellos mismos distribuyeron para comprobar que este ha sido un acuerdo tomado en las alturas, no en las bases, dividido entre dos.

En la mesa, un solo dirigente aruquense que ni siquiera es concejal y sí alto cargo del Gobierno canario, José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios y vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria en Gran Canaria. El resto, dirigentes de fuera de la ciudad. Por no estar, ni siquiera acudió al acto el concejal de Primero Canarias (Prica, a partir de ahora, por ahorrar) y ex de Nueva Canarias Marcelo Afonso, que está en el grupo de gobierno con el PSOE en calidad de tránsfuga de calidad. Sí estaba en la primera fila pero sin derecho ni a voz ni a foto el único concejal de CC en la ciudad, José Eduardo Marrero.

La mesa la completaban, por parte de Prica, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el secretario de Organización, Samuel Henríquez, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín. Y por parte de CC, además de José Gilberto Moreno, Pablo Rodríguez, secretario general de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, y María Fernández, directora general de Transportes y vicesecretaria general.

En el público, dos presencias muy significativas de lo que promete ser este acuerdo. Por un lado, Froilán Rodríguez, exalcalde e histórico dirigente de la izquierda nacionalista canaria por cuanto fue uno de los más significados dirigentes de Ican, el germen de Nueva Canarias. Lo llevaron como símbolo de que se puede gobernar una ciudad así con un programa de izquierdas. Y de otro, Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el Partido Popular, donde fue mano derecha de José Manuel Soria tanto en ese ayuntamiento como en el Cabildo de la isla, ejecutando las políticas correspondientes. Ahora es personal de confianza de Fernando Clavijo en calidad de asesor en la Presidencia del Gobierno. Muy de izquierdas este nacionalismo, sí.

La única ausencia destacable y no oficialmente disculpada fue la de Óscar Hernández, presidente de Prica, cuya presencia había sido anunciada por los servicios de prensa del partido.

No es casual que para esta puesta en escena, la del abierto apoyo de Prica a Coalición Canaria, es decir, al candidato Fernando Clavijo, se haya celebrado en un hotel en el centro histórico de Arucas, la ciudad de la que es natural y de la que fue alcalde Ángel Víctor Torres, el candidato que quita el sueño a sus adversarios políticos porque todas las encuestas lo siguen dando como el más valorado y ganador de las elecciones autonómicas si se celebraran ahora mismo.

Un enjambre ideológico

A partir de este acontecimiento queda clara cuál va a ser el recorrido del nuevo y prometedor partido. El enjambre ideológico en el que se ha metido va a resultar muy complicado de digerir. Por un lado, va a respaldar en las próximas elecciones autonómicas y locales a un partido de derechas que ahora mismo gobierna con el Partido Popular, su socio natural salvo excepciones paulinistas. Y, por si ese apoyo ya explícito fuera poco, su contribución a generar un estropicio en el voto progresista de Gran Canaria va a restar muy probablemente representación suficiente para reeditar algo que pueda parecerse al pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos, ASG).

Pero ese enjambre también lo tiene en sus propias filas porque en ellas ya se está revolcando con partidos como Ciuca, con una amplia trayectoria de corrupción que, al menos en Telde, requerirá muchas explicaciones.

Pero todo vale en pos de esa presunta reunificación del nacionalismo canario. O casi todo.

Porque a Teodoro Sosa sí cabe atribuirle que fuera él quien le pusiera bola negra a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que era secretaria de Política Municipal de Coalición Canaria cuando empezaron los escarceos con lo que luego se ha configurado como Prica. Ya venía ella marcada por su intento de moverle la silla a Pablo Rodríguez para quedarse con la marca CC de Gran Canaria, pero apareció el alcalde de Gáldar y se puso él en su lugar como socio fiable.

La polémica alcaldesa optó entonces por recluirse en sus cuarteles de invierno, retomar su proyecto de partido propio Bueno para… (incluido para ella) y arrimarse al Partido Popular con sus 5.000 votos garantizados (no tienen por qué ser todos comprados) en una nueva demostración de lo moldeable que son las ideologías en estos determinados espectros de la política canaria. A Bueno le habría parecido igual de bueno ir con CC que con el PP, porque cualquier partido que sea bueno para Bueno es bueno para Gran Canaria. Y dos piedras.

Las encuestas

Las encuestas, tanto públicas como privadas a las que se refirió Iván Redondo el lunes pasado reducen un poquito la presunta potencialidad que él mismo otorgó a Prica: no más de 20.000 votos, un 2% del electorado, de los que en torno a 15.000-17.000 estarían en Gran Canaria. Pero el estropicio al voto progresista que provocaría su concurrencia estaría hecho, como ocurre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el proyecto de Alberto Rodríguez, Drago Verdes Canarias, que podrá alcanzar otros 20.000 votos, 15.000 de ellos en la isla de Tenerife. Otra cosa es que el estropicio beneficie a Coalición Canaria, porque como bien dijo Redondo el lunes pasado, a veces dos más dos puede ser uno y medio.

Pero los líderes de Prica garantizarían sus candidaturas. A la espera de lo que decida Antonio Morales, que se ha situado de momento en terreno neutral, Teodoro Sosa será con toda probabilidad el candidato al Cabildo, con el Parlamento como alternativa, puesto este último que también apetece a Óscar Hernández, después de tantos años en Agüimes. Y los líderes locales que desembarcaron de Nueva Canarias se supone que conservarán sus expectativas, salvo que, como el caso de Arucas, sean postergados por los acuerdos “nacionales” de la nueva formación en la que se han integrado.

Pero el principal objetivo, el que ha llevado a determinados empresarios grancanarios a respaldar abiertamente a Prica, empieza a manifestarse públicamente para que quede claro: garantizar la continuidad de Coalición Canaria, a ser posible con el PP, para que solo cambie lo que no les perjudique y en un contexto de discusión sobre el modelo turístico, crisis de vivienda o regulación ambiental, la vida siga igual.

Queda un año por delante. Para algunos va a ser agotador. Sobre todo explicando la prioridad nacional canaria.

Hay muchas cosas que Fernando Clavijo le debe a Manuel Marchena, el poderoso presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las más conocidas son, sin duda, los correspondientes archivos de los casos Grúas y Reparos, las causas penales por las que el presidente de Canarias se hizo senador por la Comunidad Autónoma entre 2019 y 2023, convirtiendo en digno de estudio su caso por el récord que supone que a un solo aforado le archiven dos asuntos en una sola legislatura y de un modo tan chiripitifláutico.

Pero hay un tercer tributo que Clavijo debería estarle rindiendo a Marchena: la implacable condena y posterior persecución que el magistrado hizo del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al que no solo la Sala Segunda condenó con el único testimonio en contra de un policía, sino sobre el que el poderoso magistrado proyectó a continuación un seguimiento de ejecución de sentencia que también merece ser repasado en las facultades de Derecho. 

Efectivamente, que Alberto Rodríguez perdiera su condición de diputado de la manera que lo hizo, en una sucesión de atolondradas decisiones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, del PSOE, que se rindió a las exigencias de Manuel Marchena frente al criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, convirtió al político canario en una víctima evidente del sistema. Lo que reforzó posteriormente el Tribunal Constitucional al anular la condena por su desproporción.

Y de aquellos polvos, estos lodos.

Porque, de inmediato, Alberto Rodríguez renegó de un montón de gente, de amistades, de complicidades y de algunas convicciones para echarse al monte de la intransigencia frente a los que consideró que le habían abandonado ante aquella tesitura. Lo malo es que en esa transición revisionista que hizo, se llevó por delante a mucha gente que lo apoyó hasta que no pudo soportar su narcisismo.

Y cuando parecía que se transformaría en un antisistema, cabreado con los partidos políticos y con todos los poderes constitucionales del Estado, su transición fue hacia la búsqueda urgente del poder, con algunos de los mismos métodos que tanto repudió. Se trata de hacer política utilitarista: si no puedes cargarte al sistema, aprovéchalo.

De repente, aquel Alberto Rodríguez que en 2015 ejemplificó en la familia de Ana Oramas la perversión de los poderes burgueses que representa Coalición Canaria, cuando contó en un mitin cómo a su abuela le tiraban al suelo el dinero que se había ganado ejerciendo como costurera, se ha convertido en un instrumento muy efectivo para combatir a los adversarios de Fernando Clavijo (y de Ana Oramas). Y defender, por lo tanto, a los poderes burgueses y corruptos contra los que se desgañitó cuando sus rastas se convirtieron en el símbolo institucional de la contestación del 15-M.

Ya restablecido de aquella crisis que le provocó dejar el escaño en el Congreso de los Diputados y la secretaría de Organización de Podemos, Rodríguez montó Drago Canarias, un proyecto que se define como soberanista de izquierdas, con un ideario muy amplio que va desde una mayor protección del territorio a lo que él ha llamado recientemente la prioridad nacional canaria, una reinterpretación con adaptaciones muy poco afortunadas de la prioridad nacional de Vox (que poco a poco va adaptando y asumiendo el PP) según la cual aquí ya no cabe más gente y hay que limitar a tres meses la estancia de todas aquellas personas que entren con visado de turista o permiso temporal. Rodríguez se hizo un lío enorme explicándolo, lo que provocó el regocijo y hasta el jolgorio en la prensa ultra del país, que casi empieza a considerarlo uno de los suyos.

Antes lo había hecho Clavijo. Desde que sacó dos concejales en La Laguna en 2023, Alberto Rodríguez y su gente se han convertido en un fetiche para Coalición Canaria. Les gustó cómo trató de poner firmes al alcalde de la ciudad, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, cuando durante la negociación para un pacto progresista para la ciudad le largó a la cara una frase que pasará a la posteridad: “Tú déjame a mí la alcaldía y tú encárgate de llevar el ayuntamiento”. Con dos concejales de 27.

Rodríguez se negó a firmar un pacto con el PSOE (10 concejales) y Unidas se Puede (2), lo que provocó que Luis Yeray Gutiérrez acabara pactando con Coalición Canaria (siempre el mal menor), lo que a continuación trasladó la polémica al grupo mixto, donde debían entenderse Alberto Rodríguez con el líder local de Unidas se puede, Rubens Ascanio, y el portavoz de Vox, Manuel Rodríguez. El acuerdo que firmaron por exigencia de Drago Canarias otorgó la portavocía del grupo a Vox para que Drago pudiera asumir la liberación de su concejala, Carmen Peña, mientras que Unidas se puede, con más votos y los mismos concejales que los otros dos integrantes del grupo mixto, se quedara con la liberación de uno de sus ediles al 75%. 

Rodríguez renunció a cualquier cosa que favoreciera al PSOE y también a la versión local de su antiguo partido, pero se quedó con una concejala liberada. Y el poder, para Coalición Canaria.

Con la ayuda de la cadena Ser y Televisión Canaria

Aquel no fue sin embargo el primer servicio a Coalición Canaria. Durante la campaña para las elecciones autonómicas de 2023, Alberto Rodríguez fue utilizado como ariete contra el PSOE en todos los espacios de debate electoral que se lo permitían y donde CC lo lograba colocar. Los más llamativos fueron los organizados por la cadena Ser en Canarias. La emisora más seguida en la comunidad autónoma y que, en consecuencia, históricamente recibe más fondos del Gobierno canario, no disimulaba su deseo de que Fernando Clavijo regresara al poder. Y eso que el pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) había mantenido una alta colaboración publicitaria.

La Ser metió con calzador en los debates que organizó a Alberto Rodríguez a pesar de que su partido, que se acababa de crear, no tenía representación parlamentaria, y sigue sin tenerla. Las protestas de los responsables de campaña no sirvieron de nada. Allí estuvo la bestia parda ejerciendo de mirlo blanco de Coalición Canaria, atacando tanto al PSOE como a Nueva Canarias y a Podemos, para conseguir debilitar las alianzas progresistas y fortalecer consecuentemente a los de Clavijo.

Alberto Rodríguez se presentó acto seguido a las elecciones generales de julio de aquel 2023 bajo la coalición que lideró Sumar, pero a pesar de sus más de 52.000 votos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no logró obtener escaño. Pero, eso sí, de aquel acuerdo con el partido de Yolanda Díaz, Drago Canarias sacó su correspondiente tajada económica: desde entonces y hasta la fecha, el salario de su jefe de prensa lo paga Sumar, lo que obliga al comunicador a tener que acudir de vez en cuando a Madrid a algún curso que justifique qué grupo parlamentario es el que le paga.

Un amplio cuestionario enviado el viernes a primera hora a ese departamento de Prensa de Drago Canarias no ha sido contestado a la hora de publicar este boletín. En él se le preguntaba por esta colaboración y por la que Alberto Rodríguez mantiene con los medios de comunicación públicos de Canarias, particularmente la Televisión Canaria. No podemos saber si cobra y cuánto cobra.

De las seis emisiones que hasta ahora ha tenido el programa de Televisión Canaria La Retranca, que pretende convertirse en el programa de referencia de debate político de la cadena, Alberto Rodríguez ha aparecido como tertuliano en cuatro. Nada cabría objetar a que una persona de izquierdas pueda sentarse a debatir con contendientes como Melisa Rodríguez, exdiputada nacional de Ciudadanos, ya retirada al menos formalmente de la política. Salvo por el hecho de que la presencia del líder de Drago es pregonada por los gestores de la cadena como la voz de la izquierda en ese plató.

De manera que la voz de la izquierda en ese programa que quiere ser referente la encarna un cargo público que, en cada ocasión que se presenta, denosta al PSOE, partido que jamás tiene quien le defienda porque el resto de tertulianos es, en su mayoría, de la plantilla de tertulianos de la cadena Ser en Canarias (Francisco Pomares, Jorge Bethencourt, Juan García Luján…). Y eso que en estas seis primeras entregas se ha abordado la crisis de credibilidad y de corrupción del partido en el gobierno seis veces, seis.

La confluencia a la que se negó Román Rodríguez

Gracias a Alberto Rodríguez, Fernando Clavijo y los suyos tienen cubierto, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el flanco izquierdista de la operación supervivencia que tienen diseñada. Se trataba inicialmente de dinamitar cualquier posibilidad de que una eventual coalición por la izquierda pudiera llegar a sumar lo suficiente como para que Ángel Víctor Torres, o quien coloque el PSOE en la candidatura autonómica en 2027, pueda contar con los apoyos para reeditar un pacto de las flores.

Pero ahora se ha ampliado la encomienda: se trata de conseguir la confluencia del nacionalismo tantas veces reclamada a Román Rodríguez y tantas veces denegada por el fundador de Nueva Canarias. Porque es en la provincia de Las Palmas, particularmente en la isla de Gran Canaria, donde más debilidades presenta Coalición Canaria. 

De ahí el caballo de Troya introducido en Nueva Canarias por los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y de Agüimes, Óscar Hernández, líderes de Municipalistas Primero Canarias.

Cuando empiezan a sonar ya los tambores de víspera electoral, se desatan las colocaciones y las recolocaciones, Alberto Rodríguez ya se ha acercado a Agüimes, no a potenciar su opción soberanista de izquierdas, sino a proponer a la gente de Primero Canarias “un nuevo proyecto político soberanista y de carácter progresista”. De prosperar la idea, Coalición Canaria no solo se aseguraría una fuerza alternativa a Nueva Canarias que le restara lo suficiente como para no poder contribuir a un nuevo pacto de las flores, sino que reventaría el ya avanzado proyecto de una candidatura unida de la izquierda en Canarias para el Parlamento nacional y el canario. Drago Canarias es, por el momento, la única fuerza de esa órbita que ha dicho que no.

En la operación está Fernando Clavijo y su grupo de pensadores agrupados en su entorno en presidencia del Gobierno. Ninguno de ellos se acuesta sin consultar con su biblia de Perfiles, el instituto que les tiene al corriente de las vicisitudes demoscópicas de la región. Encuestas que comentó el presidente con Alberto Rodríguez en una reunión secreta que ambos mantuvieron recientemente y que ambos se han negado a confirmar o a desmentir a este periódico. 

Nos quedaremos con las ganas de saber qué opinaría la abuela de Alberto Rodríguez viéndolo ahora conchabado con los que le tiraban el dinero al suelo después de hacerle sus apaños en la ropa.

A unos pocos metros de la terraza de la calle Domingo J. Navarro en la que hace unos días me tomé un café con José Luis Mena, se encontraba casualmente Guillermo Reyes, el polémico concejal de Urbanismo de los años más oscuros del Ayuntamiento de Telde, cuando estallaron escándalos como el caso Faycan (2003-2007) y gobernaban de la mano Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) y el Partido Popular. Fue un mandato tenebroso, con el alcalde y casi todos sus concejales detenidos en una secuencia interminable de sucesos de los que los teldenses parecen haberse olvidado ya porque, 20 años después, ahora mismo, están los mismos partidos al frente de la Corporación. Y, por lo que parece, con muchas ganas de repetir determinadas hazañas.

Porque para lo que me quería ver José Luis Mena era para contarme que tiene la intención de reincorporarse a ese Ayuntamiento de Telde a partir del 1 de julio, una vez cumplidas sus penas de prisión y, teóricamente, rehabilitado y listo para su reinserción social. Le pregunté por los motivos de pretender volver al lugar del crimen, con los escabrosos recuerdos que debería guardar de aquellos años en aquellas oficinas municipales; con un próspero despacho de derecho urbanístico en pleno funcionamiento y con cientos de ojos posados en su cogote a ver qué es lo que piensa hacer allí.

Me dijo que, a sus 62 años, tiene derecho a jubilarse en una plaza de trabajador público, más que nada por la paga de jubilación, pero también insinuó que acude a una llamada de las fuerzas vivas de Telde, empezando por el grupo de gobierno y siguiendo por la oposición, que reclaman la presencia de alguien como él que desbloquee una gran cantidad de asuntos administrativos que no avanzan por la demostrada carencia que tiene ese Ayuntamiento -al igual que muchos otros- de personal legalmente cualificado para gestionar complejos expedientes.

Mena se sorprendió de que a pocos metros de donde hablábamos se encontrara Guillermo Reyes, a quien en cierta medida culpó de muchas de las cosas que a él le ocurrieron y que a aquel poderoso dirigente de Ciuca apenas le rozaron. Debió ser una casualidad.

La larga sombra de Guillermo Reyes

Estábamos muy cerca del Gobierno Militar de Las Palmas, donde ocurrió uno de los episodios más pintorescos de la historia política insular que fue la antesala de la operación Faycan. El fallecido Fernando Ortiz Wiott, quien fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, contó a alguien ante ese significado edificio cómo sufrió un intento de chantaje de los prebostes urbanísticos teldenses cuando ejercía de abogado y representaba los intereses de su familia, incluidos los inmobiliarios. Y se lo contó a alguien lo suficientemente relacionado como para que se activaran los servicios españoles de inteligencia, que acabaron pidiendo al Ejército las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día.

No hizo falta la aplicación de métodos muy sofisticados para conocer lo que denunciaba quejosamente Ortiz Wiott: le habían pedido 120.000 euros por una licencia urbanística para construir unos dúplex, y tal cantidad debía satisfacerse en el despacho de una persona dedicada al mundo sindical. El asunto, que estuvo en manos de la Policía, nunca llegó a judicializarse porque la familia prefirió someterse a los designios del urbanismo teldense, ese al que ahora José Luis Mena quiere regresar.

Tendrá que ser mediante una contratación peculiar que el Ayuntamiento no quiere dar a conocer, a pesar de haberle requerido información mediante correo electrónico el pasado día 8 mediante un cuestionario. Porque funcionario no puede volver a ser, según un decreto municipal emitido el 3 de agosto de 2015 en el que se dice claramente que José Luis Mena Santana perdió su condición de funcionario a partir de una condena (tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación por el mismo espacio de tiempo) por falsedad documental de la Audiencia Provincial de Las Palmas en 2014.

Fue su primera condena, la del caso Alisios, cuando falsificó un informe técnico poniéndole una fecha anterior a su realización para incorporarlo al expediente correspondiente y poder autorizar una promoción en el barrio costero de La Garita.

Luego vino el caso Grupo Europa, donde fue condenado a cinco años y cuatro meses por recibir sobornos y falsificar documentos para facilitar a la empresa así llamada la construcción de viviendas donde no se podía.

Y, para que no faltara de nada en este historial judicial de Mena, también se sentó en el banquillo de los acusados en el macrojuicio por la pieza principal del caso Faycan, que estuvo presidido por el juez Salvador Alba, cuando ya estaba siendo investigado por una batería de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y por los que resultó condenado a seis años y medio de prisión. Alba no pudo terminar el juicio, como era de esperar, pero emitió un voto particular que en esencia fue respetado por sus compañeros de sala excepto en lo que se refería a la responsabilidad civil del partido Popular, que finalmente se confirmó con la correspondiente condena.

En este caso, Mena fue absuelto, como todos los acusados que no se conformaron con unas condenas a propuesta de la Fiscalía.

Un clamor

Asegura Mena que su regreso es un clamor, una petición a la que se ha sumado incluso la oposición. Y me dio un nombre, el del exalcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano, de Nueva Canarias. Con él hablé a continuación para que me confirmara tal extremo. Y me lo negó.

Pero sí es cierto que este exfuncionario se ha reunido con muchísimas personas para tratar de allanar el camino a su reincorporación al Ayuntamiento de Telde. Y Paco Santiago fue una de esas personas. Según su versión, lo recibió en un sitio público, una asociación de vecinos, y fue una conversación amable, como corresponde a dos personas que se conocen desde hace muchos años y al talante conciliador que siempre ha caracterizado al exalcalde. Le animó a que hiciera lo que considerara conveniente, que ejerciera su derecho a la reinserción, pero en ningún caso le pidió que volviera a Urbanismo.

Sí reconoce Paco Santiago que el Ayuntamiento desde el punto de vista de la gestión administrativa es actualmente un desastre, que sufre una grave paralización.

Y es a eso a lo que se aferra Mena para explicar que el grupo de gobierno acepte su vuelta a la oficina de Urbanismo, justo ahora que se avecina una revisión del planeamiento municipal, con todas las circunstancias que suelen acompañar ese procedimiento administrativo.

Preguntado si cerrará su despacho de gestiones urbanísticas si se produjera su reincorporación, Mena fue tajante: lo mantendrá abierto pero renunciará a cualquier cliente que le pida que le represente en asuntos de la ciudad de Telde.

Parecía imposible igualar, y mucho menos superar, los registros de inmundicia dejados en la Autoridad Portuaria de Las Palmas por elementos como Luis Hernández, José Manuel Arnáiz o Javier Sánchez-Simón. Pero la actual presidenta, Beatriz Calzada, promete dejarlos a todos ellos como auténticos aficionados. Su gestión, su nefasta gestión, demuestra lo equivocados que estaban los que decidieron un día que había que compartir con las administraciones autonómicas la designación de esos cargos, puestos mayormente para el chanchullo y el tributo al partido de turno, al que le toca colocar a los suyos y a las suyas, aprovechándose de la “plena autonomía de gestión” que les concede la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. En fin.

El ejemplo más práctico de para qué sirve un presidente o presidenta de autoridad portuaria lo vivimos muy de cerca con la crisis del hantavirus, es decir, con la gestión del crucero MV Hondius en el puerto tinerfeño de Granadilla. Fernando Clavijo se puso flamenco anunciando al mundo, a pocos metros de varios ministros y del presidente de Puertos del Estado, que había dado instrucciones para que no se autorizara la entrada del barco en el puerto. 

Se supone que las instrucciones las habría cursado al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en este caso Pedro Suárez López de Vergara, de la cuota del Partido Popular, con quien gobierna Coalición Canaria. No sabemos con precisión hasta dónde llegaron las presuntas órdenes de Fernando Clavijo, si llegó a llamar a Suárez o alguien por el camino le avisó de que se dejara de boberías, que los presidentes de autoridades portuarias no pueden llegar tan lejos. Ni falta que les hace, que están para otras cosas.

Ya sabemos cómo acabó el órdago del presidente canario, tragándose sus palabras y sustituyendolas por un discurso de agravio y de oprobio metropolitano. Lo se siempre.

Fijado el marco competencial, volvamos a Las Palmas. Beatriz Calzada, secretaria de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria, es la número dos del partido en la isla después de ese portento de la gestión que es Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas y Vivienda, sí, “y Vivienda”. Desde que llegó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, esta presidenta no solo se ha saltado toda la normativa respecto a la contratación de personal sino que, para que parezca que no pasa nada, aplica una táctica constante de oscurantismo que trata de escamotear con la apariencia de transparencia que desarrolla dejándose entrevistar por medios de comunicación en pay per view, es decir, pagando al peso las entrevistas con dinero de los contribuyentes.

Entre otras cosas trata de tapar un flagrante incumplimiento de una sentencia judicial que condenó a la directora de Recursos Humanos por acoso laboral sin que, por el momento, se haya actuado como ordenaba esa resolución judicial. Creyó que indemnizando a la víctima con un pastizal de dinero público las aguas iban a calmarse y que no habría más denuncias. Y ya van al menos siete.

No erradica el problema, que es la jefa de Recursos Humanos, autora del delito, según la sentencia, sino que la protege y la mantiene en su puesto, contra la que se han dirigido todas esas denuncias por acoso.

Tiene en su poder un demoledor informe que tuvo que encargar por imposición de la Inspección de Trabajo en el que se le viene a decir que la política de personal es una bomba a punto de estallar y que la culpable es ella por no actuar. Pero no actúa y nadie le indica que debe hacerlo de inmediato porque goza de autonomía respecto a Puertos del Estado, del apoyo del consejo de administración del organismo y del Gobierno de Canarias, lo que les convierte a todos ellos en cómplices.

También tiene en su poder una demoledora auditoría sobre la gestión económica y de contratación de Fundación Puertos de Las Palmas que esconde convenientemente y que a día de hoy no conocen ni siquiera los vocales del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. O al menos la desconocen los que no son de su cuerda política pero que se sientan en ese órgano como representantes de las instituciones públicas. Nosotros se la hemos pedido (a ella y a Puertos del Estado) pero no hay manera de conocerla.

Y por si esos informes fueran pocos, también tiene (o debería tenerlo) uno del comité de empresa, fechado en mayo pasado, que relata casos concretos de nepotismo que tienen como beneficiarias a personas de Coalición Canaria o vinculadas con altos cargos de Coalición Canaria.

Son estas:

Angélica Muñoz, su mano derecha, su jefa de gabinete. Periodista, ha pasado por diversos puestos de trabajo vinculados a instituciones de la mano de Coalición Canaria, desde el Ayuntamiento de Telde a la vicepresidencia del Gobierno con Pablo Rodríguez, pasando por el grupo de consejeros de CC en el Cabildo de Gran Canaria. Es un cargo de confianza, con lo cual, poco que objetar, salvo por el nada desdeñable dato de que fue la persona que, aparentando ser una técnica, puso su firma en el informe de adjudicación por 440.000 euros de un contrato de publicidad para la agencia Kinewa Ideas del País, S.L. Junto a la suya, la firma del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo.

Pero, ¿qué es Kinewa?

Pero, ¿qué es Kinewa? Pues es la empresa de la que era CEO Betsabé Morales Perdomo, que dimitió como tal tres días después de que Beatriz Calzada fuera designada presidenta de la Autoridad Portuaria para ser nombrada, previa defenestración traumática de su antecesora, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas contraviniendo todas las exigencias legales propias de una fundación del Estado.

¿Y por qué es tan importante Betsabé Morales Perdomo? Pues porque, casualmente, es la secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Nira Pulido es la secretaria de Identidad (sic) de Coalición Canaria en Gran Canaria y figurante número siete de la lista de ese partido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2023. Trabaja en la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde marzo de 2024 como “técnica económica financiera”, plaza que obtuvo mediante un proceso selectivo que a los sindicatos del organismo huele a chamusquina. Solo se presentaron dos personas, ella y otra más, pese a que se pretendía abrir una bolsa de trabajo; se concedieron sólo tres días para cumplimentar las candidaturas y ella derrotó a su contrincante por el doble de puntos.

María Leticia Padilla Macabeo. Es hermana de Luis Padilla Macabeo, director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Según la denuncia sindical, se le incorporó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas sin proceso alguno de selección.

Por no hablar del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, designado como tal en flagrante fraude de ley por haber entrado en el organismo sin cumplir los mínimos requisitos y sostenido en el tiempo (antes incluso de la era Calzada) a pesar de las numerosas advertencias, convenientemente sorteadas por la actual presidenta.

Por si todo este panorama fuera poco, la presidenta y el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas han publicado una convocatoria para jefe de auditoría y control interno que tiene todo el olor, el color y el sabor de ser otro caso de nepotismo. Pero, si me lo permiten, este me lo voy a guardar para comentarlo cuando se perpetre, que va a ser más interesante.

“Es legal”, me contestó con una media sonrisa el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cuando le pregunté en 2017, en medio de un acto protocolario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cómo era posible que hubiera designado al juez Salvador Alba como presidente del tribunal que habría de juzgar el caso Faycán, el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular en Canarias en la época de José Manuel Soria. Alba ya estaba imputado por varios delitos y a punto de que se le abriera juicio oral por haber conspirado contra la magistrada Victoria Rosell, causa por la que acabó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Es legal, esa es la clave, y si no es legal, somos jueces y estamos blindados, añado de mi propia cosecha.

Al presidente de la Audiencia Provincial no le animó en ningún momento velar por la apariencia de imparcialidad, a lo que está obligado. Y es evidente que en aquellos momentos, Alba no era el juez que podía transmitir a la ciudadanía una más sólida impresión de independencia e imparcialidad. Principalmente porque su intento de perjudicar a Rosell tenía relación directa con beneficiar a José Manuel Soria, que competía con la magistrada en las elecciones generales de 2015 para acceder al Congreso de los Diputados. 

Le daban igual las críticas que pudiera recibir, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, que había sido viceconsejero de Justicia con el PP, lo que le importaba es que nadie le hiciera un reproche legal. También le daba igual el peligro cierto, luego confirmado, de que la causa en la que Alba estaba incurso desembocara en un auto de apertura de juicio oral y tuviera que ser suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial en medio de la tramitación de aquel juicio y la publicación de su sentencia. Era legal, y punto. El desenlace, que es largo de contar y que supuso que el presidente Moya tuviera que entrar en el despacho de Alba a recuperar la causa, lo tienes aquí minuciosamente contado.

Los jueces y juezas gozan en España, como no podía ser de otro modo, de un blindaje lógico por imperativo de una ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden estar sujetos a instrucciones de ningún tipo; no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la ley. Salvo algunas excepciones que no están en la ley y que hemos conocido en casos muy concretos, como aquel modo chiripitifláutico de retirar al juez Ruz para que la causa de Bárcenas y su sucesivo caso Kitchen cayera en manos de García-Castellón.

El caso de Alba es un lawfare de manual y, como tal, una excepción absoluta por haber sido, de momento, el único descubierto, investigado y condenado. Desgraciadamente, solo fue condenado él, aunque no estuvo solo en absoluto, como ocurre con todos los demás.

Es imposible un caso de lawfare con un juez actuando en solitario. Es imposible que el juez Juan Carlos Peinado pueda haber llegado tan lejos solo. Su desmadrada instrucción del caso de Begoña Gómez no habría caminado nada sin el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a pesar de haberle afeado algunos de sus disparates, no ha llegado a donde tenía que llegar, a anular la mayor parte de la causa por clamorosas vulneraciones de los derechos de las personas investigadas y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dictar auto de apertura de juicio oral sin esperar por un informe que parecía decisivo de la UCO, de la Guardia Civil, no se le ocurre ni a un juez en prácticas. Prácticas que él no hizo.

Es legal todo lo actuado por la juez de Badajoz Beatríz Biedma, a pesar de los reparos jurídicos que han manifestado públicamente la Fiscalía y la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del PSOE cuando consiguió un empleo en la Diputación de Cáceres.

Como fue legal lo que hizo el juez José Escalonilla, el que investigó una trama que se llamó Neurona y que trataba de demostrar la corrupción de Podemos. Todo quedó archivado y Escalonilla ascendido por escalafón a la Audiencia Provincial de Madrid porque todo lo que hizo fue legal. Por el camino, claro, Podemos se dejó una parte de su reputación gracias al denodado esfuerzo periodístico de los medios de comunicación que informaron pormenorizadamente de las investigaciones sesgadas y macarrónicas de Escalonilla. Pero no lo llamemos lawfare, todo es legal.

Como también es legal lo que ha hecho la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha obligado a una jueza de instrucción a mandar a juicio a la exconsejera de la Generalitat Mónica Oltra en contra del propio criterio dos veces manifestado por su antecesor, el juez instructor, manifestados en sus autos de archivo, y en contra de la Fiscalía, que tampoco aprecia el delito que denunciaron unas organizaciones ultras al parecer con mucho predicamento. Otro caso de lawfare del que se habla poco y que ha arrastrado durante años a esta dirigente política por el fango de los medios de comunicación de la derecha.

Del mismo modo que es legal lo que podríamos denominar lawfare inverso, consistente en sacudirle de encima a determinados dirigentes del Partido Popular enojosas causas penales que podrían haberles supuesto un disgusto.

Tenemos algunos casos de rabiosa actualidad, como la Kitchen, que ahora celebra su juicio oral sin la presencia en el banquillo de las más altas instancias del PP gracias a que el juez que instruyó la segunda parte de la causa no consideró de ninguna manera que Rajoy y Cospedal fueran a tener conocimiento de aquel montaje policial para hacer desaparecer las pruebas de la financiación ilegal del partido. El descarte de García-Castellón fue bendecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia, por lo que todo fue legal.

Por supuesto que el lawfare existe. Por supuesto que hay jueces, fiscales y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas operaciones. Por supuesto que hay partidos políticos no solo interesados, sino implicados a título lucrativo y a título propositivo. Y, sin duda, medios de comunicación perfectamente alineados, adiestrados, untados… porque sin ellos el lawfare no funcionaría. Es necesario que las personas, los partidos, las familias… sufran el escarnio público del insulto y la condena sin juicio y sin pruebas para que se pueda extender de manera efectiva la sensación de que si no gobierna la derecha este país es una mierda.

Estamos asistiendo cada día con más saña a descripciones periodísticas verdaderamente hiperbólicas, como llamar “trama” a toda instrucción, aunque esté en fase embrionaria, o “botín” a las joyas por aparecer “escondidas” en una caja fuerte en vez de mostrarse con toda su brillantez en un tendedero. 

Es una pena que el PSOE haya tardado tanto en descubrirlo, que le hayan tenido que condenar a un fiscal general del Estado para empezar a verbalizarlo con toda su crudeza. Es una pena que no haya mecanismos más severos para desenmascarar a los agentes que intervienen en estos procesos perversos. Pero la ciudadanía debe exigir que estas cosas cambien para que los que tanto reclaman respeto por los poderes del Estado empiecen por respetarse a sí mismos.

Posiblemente sea yo uno de los periodistas que más sabe de lawfare en España, aunque me habría gustado no haber adquirido esos conocimientos de la manera que los estoy sufriendo aún. En unos días vuelvo a comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para dilucidar qué órgano me va a enjuiciar por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso que presuntamente cometí cuando el periódico que dirijo publicó todas las andanzas del juez delincuente Salvador Alba Mesa. Él y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, piden para mí 22 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. Me quieren callado para siempre, pero no lo van a conseguir. Son los coletazos del único lawfare de España con condena. 

Como dicen los cubanos tan sabiamente, lo que ocurre conviene, y ya que me ha tocado ver, oír y tocar un lawfare por dentro, lo saludable es desentrañar lo que veo en el mundo de la política, los medios y la judicatura española cuando estallan con tanto descaro estos asuntos que estamos viviendo cada día con más intensidad.

La visita del Papa a las Islas Canarias será un acontecimiento histórico. Mucho más allá de lo que va a significar para el resto del país. Esta no es una aclamación chauvinista, ni una reafirmación nacionalista barata. León XIV ha aceptado venir a las Islas porque con ellas podrá hacer que se visibilice hacia el mundo su posicionamiento ante uno de los fenómenos más cruciales de cuantos está viviendo la humanidad en estos momentos: la inmigración.

El Papa quiere reiterar desde Canarias los mensajes que ha venido lanzando estos últimos meses, pero quiere estar rodeado de personas migrantes, las que han venido en pateras y cayucos y las que han venido en vuelo regular y han decidido quedarse en Canarias, en España, en Europa para iniciar una vida mejor. Por eso visitará Las Raíces, en La Laguna, y el muelle de Arguineguín, en Mogán, lugares señeros de la Ruta Canaria, la más mortífera de todas las conocidas, con 365 personas que se han quedado por el camino.

Aquí, en Arguineguín, donde se produjo en 2020 un hacinamiento de hasta 2.500 personas que condujo a duras críticas al Gobierno, el Papa será recibido por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y el director general de Puertos de Canarias, José Gilberto Moreno, según decidió hace unas semanas el Obispado de Canarias en contra de algunas opiniones que lo desaconsejaban por la actitud que la primera autoridad municipal ha mostrado históricamente contra la inmigración, frontalmente contraria a la del pontífice.

Por sus hechos ya la conocemos de sobra

Las hemerotecas están plagadas de declaraciones y decisiones de la alcaldesa de Mogán que hacen aconsejable que el Papa dirija hacia ella sus mensajes de conciliación, como ha hecho con Donald Trump por sus inhumanas políticas migratorias.

El numerito más señero de cuantos ha protagonizado Onalia Bueno quizás haya sido el de alquilar tres guaguas para trasladar a 227 inmigrantes desde Arguineguín hasta la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria (65 kilómetros) cuando la Policía Nacional decidió descongestionar el muelle dejando en la calle y sin atención a esas personas una vez fue verificado su estado de salud.

Emulaba de este modo a quien fuera su líder ideológico, José Manuel Soria, que en 2001, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, desalojó del parque de Santa Catalina a un amplio grupo de migrantes que dormían al raso, los metió en un avión y los mandó a Madrid sin encomendarse a nadie y sin avisar a las autoridades de esa comunidad autónoma.

Tenía la razón la alcaldesa en cabrearse con el ministro del Interior por provocar esa desatención a esos migrantes, pero su gesto de trasladarlos en guagua a la Delegación del Gobierno, más que una protesta era un nuevo gesto de desembarazarse de un asunto que le irrita sin disimulo.

Onalia Bueno nunca quiso que Arguineguín, y por extensión todo el municipio de Mogán, fuera lugar de llegada de las embarcaciones en las que huyen de la pobreza, de la persecución y la muerte las personas migrantes. Lo dejó muy claro desde el principio y lo elevó a la máxima categoría del imposible institucional cuando en 2023 llegó a proclamar en un pleno de su Ayuntamiento que iba a pedirle al Gobierno de Canarias que echara del puerto de Arguineguín a las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que tienen allí su base para rescatar a los cayucos que piden ayuda en la mar.

El motivo humanitario que arguyó es que esas labores perjudican la actividad comercial y turística del municipio, y eso no puede ser. Se refería en concreto a los barcos turísticos de recreo que veían dificultada su operatividad al encontrarse que los atraques estaban ocupados por esas embarcaciones de salvamento y, a veces, por algún cayuco. No dejó muy claro la alcaldesa si molestaba más el cayuco o las dos patrulleras oficiales, pero por el tono de sus críticas mucha gente adivinó claramente la intencionalidad xenófoba de los comentarios porque se detuvo bastante en la palabra “suciedad”.

Esa posición la volvió a manifestar cuando montó en cólera al enterarse de que para dar cobijo a los muchos inmigrantes que llegaron aquel año terrible de la pandemia, el Gobierno se vio obligado a contratar hoteles -cerrados por la falta de turistas- para que aquellas personas no se quedaran en la calle tras abandonar el puerto de Arguineguín. 

En noviembre de 2020 dio un ultimátum tanto a los hoteleros como al Gobierno para que sacaran de su municipio a esas personas con la amenaza directa de sancionar a las empresas con fuertes multas por dañar la imagen turística de su municipio, en aquellos momentos con todas las camas disponibles por razones obvias.

Como dato curioso, la rueda de prensa que convocó para informar al mundo de su decisión de perseguir a quienes alojaran inmigrantes, se celebró dos meses después de haber sido detenida por la Guardia Civil por la presunta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019, que por supuesto ganó. La alcaldesa vinculó su detención y la operación de la Guardia Civil a “la defensa de los derechos humanos” que ella hacía desde su cargo y sus críticas a la política migratoria del Gobierno español.

Sus actuaciones contra el alojamiento a inmigrantes la condujo incluso a convocar a la ciudadanía moganera a manifestarse frente a esos hoteles para coaccionar a sus propietarios. Cuando se dio cuenta de su desatino dijo que, en realidad, aquella manifestación, que se celebró el 27 de noviembre de 2020, el año de la pandemia, fue convocada por una supuesta plataforma vecinal que actuó espontáneamente en respuesta al rechazo de su alcaldesa a los inmigrantes en el municipio. 

Los gritos proferidos en aquella manifestación contra las personas migrantes fueron propios de un pueblo racista y xenófobo, contrario a los más básicos principios cristianos. Parte de ese mismo pueblo acudirá ferviente a recibir a Su Santidad, seguro.

No pagar ni los entierros

Por no quererlos, Onalia Bueno no quería a los inmigrantes ni siquiera muertos. En septiembre de 2023 dijo que su Ayuntamiento no iba asumir ni un enterramiento más porque, a su entender, al haber muerto en el mar, debía ser el Estado el que asumiera los costes y la búsqueda de nichos disponibles, que los suyos eran para sus vecinos. El reglamento de Política Sanitaria Mortuoria establece que deben ser los ayuntamientos los que se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro de su término municipal. El coste por enterramiento iba de 600 a 1.000 euros, y por ahí no quería pasar tampoco la alcaldesa.

La prioridad española referida también a los nichos.

La visión del fenómeno de la inmigración que tiene la alcaldesa que va a recibir con una genuflexión al Papa se asemeja mucho al de Donald Trump, en Estados Unidos, y a la de Vox, en España, justo los modelos que rechaza León XIV y que están en el origen de elegir Canarias como una de las estaciones de su visita a España. Quizás hubiera sido más acertado el muelle de La Restinga, en El Hierro, que ha sufrido similar presión humana y asistencial y cuyas autoridades y ciudadanía han respondido de una manera mucho más civilizada que la que ha capitaneado la alcaldesa Onalia Bueno.

Todo se vino abajo la noche del sábado, a pocas horas de que entrara por la bocana del puerto de Granadilla el MV Hondius. Fernando Clavijo no pudo soportar el despliegue ministerial del Gobierno de Pedro Sánchez sobre aquella dársena: tres ministros, un secretario de Estado, la directora general de Protección Civil, el presidente de Puertos del Estado… Y él allí, como un convidado de piedra junto a su fiel Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, la persona que llevó el peso de todas las negociaciones para recibir aquel barco en aguas canarias después de que fuera rechazado por las autoridades de Cabo Verde, y de que la Organización Mundial de la Salud, cuyo director general también estaba presente, pidiera a España que el archipiélago fuera el refugio.

Clavijo no pudo soportar ver a la prensa regional, nacional e internacional transmitiendo al mundo delante de sus propias narices y en su propia tierra, el resultado de una operación internacional en la que él y su Gobierno poco podían hacer por una razón muy primaria: ausencia de competencias. Así que, en cuanto tuvo la oportunidad de lanzar un mensaje al mundo, lo hizo: “No vamos a autorizar el fondeo de ese barco en el puerto de Granadilla”. 

La explicación que ofreció y que a día de hoy sigue ofreciendo su Gobierno es que los trabajos de desembarque de los pasajeros del Hondius no podían alargarse desde el domingo por la mañana hasta el lunes, como acababa de anunciar aquel sábado por la noche la ministra de Sanidad, y que, como mucho debía zarpar el mismo domingo por la tarde. Era imposible porque los complejos contactos diplomáticos con los países de los que son originarios los pasajeros y la tripulación obligaban a plegarse a la disponibilidad de medios aéreos de cada uno de ellos para enviarlos al aeropuerto Tenerife-Sur a recoger a sus nacionales.

Es la excusa que este mismo lunes explicó ante la prensa el portavoz de Clavijo, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno de Canarias, en el que poco se pudo hablar de la polémica porque duró escasamente una hora. Tan poco debió hablarse o tan eficaz fue la consigna de no convertir la crisis sanitaria en una cuestión principal, que Cabello no hizo la menor mención a ella en la exposición de los acuerdos alcanzados en la reunión. Los periodistas pensaron que lo iba a hacer en el momento en el que anunció que iba a abordar un asunto “de actualidad”, pero lo que realmente hizo fue rescatar del catálogo de agravios con el Estado uno de los problemas que más ha agitado este Gobierno desde que se constituyó en 2023: la inmigración.

Por lo tanto, fueron los periodistas los que reclamaron a Alfonso Cabello explicaciones más convincentes que pudieran de algún modo aclarar la sucesión de despropósitos y sonadas meteduras de pata que ha protagonizado el Gobierno de Clavijo desde que comenzó esta crisis.

Más de tres reuniones diarias con el Estado

Gracias a las respuestas que ofreció, hemos podido saber que desde el martes 5 de mayo, cinco días antes de la llegada del crucero, comenzaron las reuniones de coordinación entre los dos gobiernos. En la inmensa mayoría de ellas participó Cabello personalmente, aunque el presidente Clavijo estaba constantemente informado –bien a través de llamadas telefónicas o bien a través de mensajes a su teléfono móvil– incluso durante su visita de aquellos días a Bruselas.

El portavoz gubernamental reconoció que no existe ningún informe científico ni médico elaborado por las autoridades sanitarias canarias que avalen alguna de las afirmaciones alarmistas, cuando no bulos, lanzados por el Gobierno canario y su presidente todos estos días: ni para exigir que el barco fondeara en vez de atracar en el muelle, ni la existencia de ratas u otros roedores en el barco, ni la capacidad natatoria que puedan presentar llegado el caso, lo que confirmaba ante la opinión pública que el proveedor de inteligencia artificial de Fernando Clavijo es la única fuente empleada para defender esa opinión ante la ministra de Sanidad en medio de una crisis de estas dimensiones.

Cabello reconoció este lunes ante la prensa que para preparar el dispositivo se celebraron “muchas reuniones, más de tres diarias desde el martes” entre el Gobierno canario y el Ministerio de Sanidad, a cuyo frente estaba el secretario de Estado, Javier Padilla. Que hubo “muchas coincidencias, pero también desacuerdos”. Afirmaciones estas que echan por tierra las continuas acusaciones de desprecio, de desaire, de ninguneo que han venido lanzando autoridades canarias, con Fernando Clavijo al frente, desde que se confirmó que el barco vendría a Canarias, más concretamente a Tenerife.

“Es que Clavijo no se conforma con ganar por 1-0, siempre quiere ganar por goleada”, expresó gráficamente a este periódico este lunes una persona que trabajó muchos meses codo con codo con él durante su primera presidencia autonómica (2015-2019). En vez de conformarse con el éxito político que suponía haber impuesto que el barco no atracara sino que fondeara en Granadilla, quiso doblegar al Estado y a la OMS con el tiempo que debía estar en aguas canarias. Quería otro triunfo. Y todo no se puede conseguir en una operación tan compleja.

No le importó nada en absoluto que aquel veto a la entrada del barco que lanzó el sábado por la noche no estuviera a su alcance, aunque él creía que sí. Creía que podía levantar el teléfono y ordenar al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, que prohibiera la entrada del barco cuando unas horas después quisiera entrar en Granadilla. 

Pedro Suárez es un veterano político del Partido Popular de Canarias que ocupa ese puesto al frente de los puertos del Estado de la provincia de Santa Cruz de Tenerife gracias al pacto entre su partido y CC y al acuerdo entre las administraciones central y autonómicas, que permite a los gobiernos regionales proponer a los presidentes de las autoridades portuarias. Tienen mucha autonomía para nombramientos, contrataciones, operaciones comerciales… pero han de ceñirse a principios tan básicos como que los recintos que dirigen pertenecen al Estado y son de interés general del Estado, no del presidente autonómico de turno.

Por eso este lunes, cuando el portavoz del Gobierno canario fue preguntado por la existencia de algún informe jurídico que pudiera avalar aquella amenaza de Clavijo hacia el Hondius contestó que no. La misma respuesta que siguió a la pregunta de si el Ejecutivo prepara algún tipo de recurso ante la Administración de Justicia por invasión de competencias o desobediencia de aquella orden imposible. Nada.

Eso sí, el Gobierno canario sigue enrocado en su tesis de que tampoco la OMS le presentó jamás un informe que justificara que el barco tuviera que venir a Canarias necesariamente, ni que se garantizara de algún modo la seguridad para la población canaria, además de avanzar ahora un poco más en nuevas vías de agitación y alarmismo: a ver por qué a los pasajeros no se les ha hecho un test de antígenos antes de desembarcarlos. Ningún informe científico les avala, mientras que los expertos aplauden el protocolo de seguridad que se ha llevado a cabo en la operación, tanto a bordo del barco como en tierra y en los medios de transporte utilizados.

Rosa Dávila, de medio en medio lanzando bulos

Pero Clavijo no ha estado solo en esta estrategia de confrontación con el Estado, de difusión de bulos y alarmismo. Ha tenido la inestimable ayuda de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, también de Coalición Canaria. Dávila, que ha incrementado un 62% su presupuesto de publicidad hasta los 6,5 millones, solo para la Presidencia de la Corporación, no para de conceder entrevistas en las que lanza continuamente afirmaciones sin fundamento para alarmar a la población y culpar al Gobierno de Pedro Sánchez de poner en peligro a la gente de Tenerife. 

Y si Fernando Clavijo se cubrió de gloria enviando a la ministra de Sanidad un texto generado por inteligencia artificial para defender la capacidad natatoria de las ratas, Dávila se ha dedicado a pontificar en periódicos, emisoras de radio y televisiones acerca de cómo funciona una PCR y a quién debe hacérsele. Por desgracia para ella, en algunos programas se ha tenido que tropezar con algún experto que la ha abochornado desmontando sus mentiras. Ocurrió este mismo lunes en Espejo Público, sin ir más lejos, cuando un inmunólogo, Alfredo Corell, desmontó una a una sus irresponsables afirmaciones. “La seguridad es máxima, se ha hecho un protocolo más allá de lo estrictamente necesario”, le dijo. Rosa Dávila no paraba de mirar a alguna persona que la acompañaba en el despacho presidencial desde el que entraba en directo en ese programa para que la sacara de inmediato del aprieto.

El portavoz del Gobierno canario tuvo que desautorizar públicamente a la presidenta del Cabildo de Tenerife este mismo lunes por su último exabrupto al proclamar que el Ejecutivo de las islas había roto sus relaciones con el del Estado.

Desgraciadamente para Clavijo, Rosa Dávila y todos los cargos públicos de CC que aún hoy continúan lanzando infundios, acusaciones y bulos, algunos de sus referentes políticos y religiosos los han colocado en el lugar de la historia que nunca quisieron ocupar. El papa León XIV ha agradecido públicamente “la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias” por este caso concreto, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen ha felicitado directamente al Gobierno español y a “todas las autoridades involucradas en el terreno” por el “rápido y eficiente” desembarco del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Tenerife.

A Clavijo solo le falta esperar que ocurra una desgracia, que aparezca alguna secuela de esta operación que le sirva para poder sostener públicamente que él tenía razón cuando quiso abortar la operación y mandar al crucero por donde había venido. Por eso ahora trata de instalarse, junto a su gobierno, en la prudencia. Pero sin abandonar la confrontación con el Estado. Por eso este mismo lunes ha reabierto la polémica de la inmigración alegando que la fuerte caída de llegadas de pateras y cayucos a Canarias se ha frenado y ha habido un pequeño repunte.

De momento, nadie habla en el Gobierno de un efecto llamada, pero sí de lo abandonada que está Canarias por España y Europa cuando de distribuir a menores migrantes no acompañados se trata. Lo malo es que quienes bloquean esa operación tienen nombres y apellidos y no ocupan cargos en el Gobierno de la nación sino en las autonomías gobernadas por el Partido Popular, el socio de Clavijo en Canarias.  

Canarias acaba de desaprovechar una oportunidad histórica para colocarse en el mapa de la modernidad, de la europeidad, de la vanguardia. De salir del aldeanismo en el que muchas de las autoridades que nos han gobernado y todavía nos gobiernan se empeñan en meternos y en dejarnos para que creamos que ellas mismas serán las que un día nos saquen. Les conviene que nos sintamos un pueblo inferior, sometido, doblegado por el yugo de la metrópoli, un pueblo incapaz de valerse por sí mismo y dar ejemplo al resto del planeta. 

Es lo que ha ocurrido con la desgraciada gestión política del Gobierno regional con la crisis del hantavirus y el traslado del barco donde se detectó este brote hasta la isla de Tenerife. Es “el modo canario de hacer política”, del que presumen Fernando Clavijo y su tropa de desquiciados y sectarios asesores. 

El episodio vivido la noche del pasado sábado en el puerto de Granadilla fue la guinda que coronaba la sucesión indecente y peligrosa de despropósitos que ha protagonizado este gobierno canario desde que estalló esta crisis. El destino, que es muy terco, quiso que fuera ese puerto el escenario del desenmascaramiento final de la profunda torpeza que adorna al presidente de Canarias. Granadilla es, conviene recordarlo, una de las manifestaciones más elocuentes de la corrupción de Coalición Canaria: un puerto inservible, levantado en una zona inadecuada con el único propósito del enriquecimiento de dirigentes y empresarios del régimen que previamente compraron todos los terrenos anexos para promover un gran polígono industrial al socaire de un puerto que pagaron todos los españoles.

Por primera vez en su historia de despropósitos, Granadilla va a servir para algo: para una operación sanitaria y humanitaria de importancia global y, a su vez, para que el resto del mundo señale a Canarias por la vergüenza que provocan sus dirigentes públicos.

Ver a Clavijo anunciando que su gobierno prohibía la entrada del Hondius porque las operaciones de desalojo del buque iban a tardar un día más de lo inicialmente previsto, fue, hasta ese momento, el espectáculo más bochornoso protagonizado por un presidente de Canarias. Pero, a continuación, saber que mantuvo por WhatsApp una discusión con la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la capacidad natatoria de las ratas aportando como gran prueba científica un contenido generado por inteligencia artificial superó cualquier previsión sobre la incapacidad manifiesta de este señor para seguir gobernándonos.

Sostiene Clavijo, en un alarde más de negligencia, que el barco puede tener ratas de las que contagian el virus objeto de esta crisis sanitaria, y que cuanto más tiempo pase fondeado en Granadilla, más peligro habrá de que alguna salte al agua y se venga nadando a la orilla para contagiarnos a todos mortalmente. Olvida Clavijo que el contagio cero se produjo en la Patagonia a través de excrementos de unos ratones concretos que se quedaron allá y que los dos pasajeros del buque fueron a ver aves, no ratones, y que por lo tanto, no se llevaron a ninguno al barco.

Sin ampararse en ningún informe científico, sin más aval que su propia ignorancia y la de la pandilla de indocumentados que le rodean, Clavijo ha transmitido a la población de Canarias una alarma absolutamente irresponsable con el único objeto de convertirse en el héroe defensor de la salud de la gente.

Desgraciadamente, la deriva irresponsable del presidente canario no comenzó con los lamentables episodios del sábado. Su negativa a que el buque viniera a Canarias aduciendo los mismos peligros de manera injustificada quedará para los anales de la irresponsabilidad institucional y de la carencia más absoluta de solidaridad y de empatía.

Se empeñó en que la decisión de traer el barco a las Islas era una imposición de Pedro Sánchez para joder a los canarios. Como todo el mundo sabe, menos él, fue una decisión legal y humanitaria acordada a partir de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que determinó que Cabo Verde, donde inicialmente estuvo fondeado el Hondius, no cuenta con los recursos sanitarios necesarios para manejar una emergencia epidemiológica de este calado que, descontrolada, podría haber afectado a toda África, y a continuación, al resto del mundo.

Por su cercanía geográfica, era Canarias el punto más cercano para atender la emergencia, y lo que debía llenarnos de orgullo y de sello de modernidad se convirtió de repente en motivo de vergüenza por la reacción absurda de nuestras autoridades. Cabo Verde tiene un PIB per cápita de 5.000 euros, frente a los 25.800 de Canarias. Invierte en Sanidad 157 euros por persona y año, frente a los 1.764 de Canarias. Los números cantan, pero la experiencia científica y hospitalaria, y las capacidades para cumplir con los protocolos, más todavía.

Aquí lo explicamos para personas interesadas en deshacer tanto bulo y callar a tanto hablamierda.

En vez de ofrecernos desde el primer momento como puerto, de levantar la bandera de la hospitalidad de la que siempre presumimos, Canarias eligió el camino de la insolidaridad y del rechazo a la acogida humanitaria como si fuéramos unos desalmados. Presumimos de ser un territorio europeo en medio del Atlántico, un hub tricontinental, la avanzadilla de Europa en África… y cuando tenemos que arrimar el hombro le decimos al mundo que lo mejor es Cabo Verde.

Para colmo, mandamos un mensaje al turismo muy preocupante: no estamos capacitados para atenderles en caso de que los turistas enfermen, y si se demostrase que en realidad sí que lo estamos, no queremos atenderles, así que vuelvan por donde han venido.

Tenerife es lo primero

Fernando Clavijo es un político con muy poca visión. Su alcance se limita a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones, que precisamente son el año que viene. Gobierna Canarias pese a haber perdido las elecciones gracias al respaldo del Partido Popular (que también se ha sumado a la mascarada) y a la Agrupación Socialista Gomera del poliédrico Casimiro Curbelo, que de momento no ha llegado tan lejos como hizo con la crisis del volcán de La Palma, cuando sugirió que lo mejor era movilizar a los cazas del Ejército del Aire y disparar misiles sobre la colada de lava para desviarla. 

La crisis del hantavirus se disparó realmente para Coalición Canaria en el momento en el que se decidió que el barco se dirigiera a Tenerife. Hasta ese momento, Clavijo no se había quejado de la falta de comunicación con el Gobierno de Pedro Sánchez, ni había tenido la desafortunada ocurrencia de proclamar al mundo que la sanidad canaria no está preparada para estas vicisitudes. Ahora ya sabemos cuántas fueron las llamadas que recibió de varios ministros y ministras, la información que manejó, lo conforme que estaba con la coordinación institucional… hasta que se mencionó la isla de Tenerife.

En Tenerife es donde tiene Coalición Canaria su mayor granero de votos, donde nació la Agrupación Tinerfeña de Independientes, el auténtico germen insularista que, con la suma de otras once parecidas inquietudes, dio lugar al partido que lleva casi 35 años de vida, la mayoría en el machito. Por eso, llevar ese barco a Tenerife supuso desde el principio para Clavijo y los ideólogos que le asesoran una oportunidad para agitar el avispero de las bajas pasiones y retomar la confrontación contra el Gobierno del Estado.

Cuando se entra en esa dinámica de desaforada confrontación se utilizan todas las herramientas, incluidas las que menos convienen al desaforado. Porque lo que se disputan Coalición Canaria y el Partido Popular en las próximas elecciones, particularmente en la isla de Tenerife, es un puñado de diputados autonómicos con Vox y perder a la única representante que tiene en el Congreso de los Diputados. Sí, aunque pueda parecer increíble, hay muchos votantes de Coalición Canaria que son de extrema derecha, que han heredado las palpitaciones de ATI desde las postrimerías del franquismo, que luchan denodadamente para que no se retire el monumento a Franco de la Avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife… Y a esos votantes va dirigida esta diatriba que tanto se parece a la que ha agitado estos días Santiago Abascal.

Por el mismo motivo se han sumado a esta chaladura el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, que a su vez es presidente del Partido Popular de Canarias, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de CC, que también ha alarmado peligrosamente a la población con su discurso insolidario y plagado de falacias, exacerbando un sentimiento que a ATI siempre le ha resultado rentable políticamente: Tenerife, lo primero; Madrid nos agravia; Gran Canaria nos expolia… Porque, efectivamente, de paso, ya que están cabalgando a lomos de este caballo de fanatismo desbocado, han aprovechado para cargar contra autoridades grancanarias atribuyéndoles falsamente haber movido sus influencias para esquivar el buque.

Da igual la imagen grotesca que se ha transmitido de Canarias, convenientemente amplificada por los medios de comunicación de titularidad autonómica y los convenientemente alimentados con el presupuesto regional. De ser un pueblo hospitalario, abierto y cariñoso, hemos pasado a parecer insolidarios y rancios, además de desinformados y groseros.

Desgraciadamente para este pueblo, Fernando Clavijo sabe que no está solo. Le sigue como un ejército fiel un buen grupo de estómagos agradecidos, los que siempre han estado con el piquito abierto cuando gobierna Coalición Canaria y las garras afiladas haciendo todo lo posible para que retome el poder las pocas veces que lo ha perdido. Además de una amplia tropa de medios de comunicación que no quieren perder las prebendas que llegan puntualmente del presupuesto de la comunidad autónoma cada vez que llega Coalición Canaria a repartirlo sectariamente.

Pero con esta crisis del hantavirus, y especialmente con el papelón del sábado por la noche desde Granadilla, el presidente de Canarias ha firmado el final de su carrera política. Los mismos que todavía hoy le aplauden y le jalean le retirarán más pronto que tarde el respaldo cuando alcancen a apreciar el daño reputacional que va a suponer para Canarias la negligencia de este presidente y de todo el equipo que le ha seguido en esta deriva suicida hasta el final.

Están siendo semanas aciagas para el buen nombre de la justicia en España. Al atrabiliario auto de apertura de juicio oral del juez Peinado siguió la elocuente conferencia del juez de Violencia sobre la Mujer David Yehiel Maman Benchimolen en el Colegio de Abogados de Madrid, donde parece que algunas de sus señorías se sienten muy cómodas y dejan fluir su verbo. Ahora, con los juicios simultáneos sobre el caso mascarillas -en el Supremo- y el caso Kitchen -en la Audiencia Nacional- estamos asistiendo a unas representaciones de las que habría que esperar que saliera un fortalecimiento de ese poder del Estado, pero por el modo que están teniendo el presidente y la presidenta, respectivamente, de esos tribunales, yo no me haría muchas ilusiones. De entrada, habría que remitirse a cómo fueron las instrucciones de ambas causas. La de las mascarillas, en el Supremo, donde se sienta un exministro y ex secretario de Organización del PSOE, fue rapidísima, vamos a pensar que porque el alto tribunal español está mucho más descargado de tarea que otros. Tiene otra cualidad muy destacada, que es la presencia en el banquillo de un empresario corruptor, Víctor de Aldama, que, por lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, ha colaborado con la investigación se supone que aportando unas pruebas que está costando convertir en solventes. Gracias a esa presunta colaboración, el fiscal jefe de ese departamento, Anticorrupción le ha otorgado grandes beneficios: de entrada, la libertad de la que no gozan los demás acusados, y eso a pesar de que es el principal encartado en otra trama, la de los hidrocarburos, por la cual le birló al Estado casi 200 millones de euros en IVA. Pero, ya ven, mientras los demás están en prisión por riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, De Aldama está libre y tan campante repartiendo acusaciones, siempre en la misma dirección, que es una de la calle Ferraz, y las mismas cabezas, altos cargos del PSOE, empezando por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros. Mientras dispare por ahí no habrá presidente de tribunal que lo llame al orden o a que se ciña al procedimiento, ni fiscal que pida para él la pena que le corresponde como el gran corruptor que es de esa trama de las mascarillas. 

Lo de Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama ha decidido liberar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de la pesada losa acusatoria que colocó sobre él al señalarlo como receptor de comisiones corruptas, ora en forma de mordidas de hasta 50.000 euros, ora como beneficiario de los favores de unas señoras con las que habría compartido meublé en la calle de Atocha. A pesar de no haber presentado ni una sola prueba durante todo el tiempo durante el cual duró esa chaflamejada, este corrupto ha gozado no solo del respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, sino también de todos los medios de la derecha española, que han relatado con todo lujo de detalles unos hechos que jamás ocurrieron. Y no solo eso, se permitieron incluso anunciar su publicación con semanas de antelación dando por buena la palabra de este impresentable que estos días, ante el Tribunal Supremo, se ha permitido decir que Pedro Sánchez es el cabecilla de la trama sin que ese asunto esté en la causa que se está enjuiciando y sin que el presidente del tribunal, el que estuvo tan diligente contra los testigos incómodos en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, lo haya interrumpido para reconducirlo. Espero que Ángel Víctor Torres ejerza (si no lo ha hecho ya) acciones contra Víctor de Aldama, y que la justicia y la fiscalía que tenemos no vuelvan a protegerlo como han hecho con él tan vergonzosamente.

Lo del juez Ruz

Lo ocurrido con la otra instrucción, la del caso Kitchen, ha sido muy comentado por diversos medios informativos y tertulias radiofónicas y televisivas. Un juez muy agradecido al PP, y con motivos, García Castellón, blindó a la cúpula de ese partido para que el escándalo de la policía corrupta no le afectara. No voy a contar lo que está tan trillado. Pero sí algo que está pasando desapercibido: lo que pasó con el juez Pablo Ruz, que estaba al frente de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional cuando se empezó a investigar lo que todavía se llamaba caso Bárcenas. Según ha declarado ante el tribunal el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, ahí empezaron las presiones de la superioridad policial, alentada desde el Ministerio del Interior en manos del PP. Ni a Morocho ni al juez Ruz los dejaron trabajar para profundizar en el espionaje ilegal que se promovió para intentar evitar que los papeles y las grabaciones que tenía el extesorero del PP pudieran incorporarse a la causa que llevaba aquel juzgado, el que pudo concluir con éxito la operación Gürtel, por la que fue condenado el PP como responsable a título lucrativo, mira tú qué cosas. Al juez Ruz lo acabaron desplazando de la Audiencia Nacional, donde se encontraba como sustituto, para mandarlo de nuevo a su juzgado de Móstoles. Para acojonarlo le soplaron al oído que su padre iba a tener problemas con Hacienda, y el hombre entendió el recado. El siguiente recado se lo dieron al juez García Castellón, que por entonces se encontraba disfrutando de un relajado destino en el extranjero gracias a la generosidad del Consejo General del Poder Judicial, ese que el PP tuvo engrilletado tantos años. Le dijeron que tenía que volver a su plaza de la Audiencia Nacional, donde, ¡oh sorpresa!, le cayó la pieza separada llamada caso Kitchen, que es el que instruyó y el que estos días se repasa (de aquella manera) en un tribunal de la Audiencia Provincial.

Perdonen que hable de mi libro

Tengo motivos de sobra para decir que la justicia en España es un cachondeo, como diría aquel famoso alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al que condenaron por semejante atrevimiento. La única condena penal que tengo en mi historial fue fruto de una trama muy bien orquestada para intentar acabar con un periodista de provincias incómodo con el poder político, entonces en manos, cómo no, del Partido Popular. José Manuel Soria se querelló contra mí precisamente por un Top Secret en el que contamos cómo fue el caso La Favorita, por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando él era alcalde, hizo un pase con el empresario Santiago Santana Cazorla, para que este comprara una vieja fábrica tabaquera (La Favorita, del famoso y asesinado Eufemiano Fuentes) por un precio y el ayuntamiento se lo comprara a él por siete millones más. La operación coincidió con un viaje a Suiza del concejal de Hacienda y con una cuenta en ese paraíso fiscal a nombre de la empresa que hacía la operación. La querella se tramitó por injurias y calumnias y una jueza paracaidista, puesta en aquel juzgado de lo Penal para condenarme, me condenó. Mi recurso cayó en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y un tal Salvador Alba Mesa, actuando de ponente, ratificó la sentencia añadiéndole de su cosecha unos cuantos versos dedicados. Ya por entonces el juez Alba tenía ambiciones personales de altas miras, y una de ellas, mira tú qué cosas, era conseguir una plaza en la Audiencia Nacional, sin despreciar en absoluto que lo hicieran vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que también optó. Y para eso, el querellante, mi querellante, José Manuel Soria, era una pieza trascendental. Como lo fue, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara presidente al actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, justo cuando, en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidía un juicio por corrupción contra el portavoz de Economía del PP canario, Jorge Rodríguez, en un caso destapado por Canarias Ahora. Rodríguez es casualmente ahora el abogado de Salvador Alba Mesa en la causa que se sigue contra mí en la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que me tendré que sentar en cuestión de meses para responder a la petición de 22 años de cárcel formulada por ese mismo juez delincuente y su señora esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier. Me acusan de revelación de secretos por contar las aventuras y desventuras de este exjuez corrupto, además de endosar dos delitos más: odio y acoso. He llegado hasta la apertura de juicio oral sin que Alba y su abogado hayan presentado el menor indicio de prueba contra mí después de que él fuera condenado por maniobrar a favor de José Manuel Soria, una vez más, perjudicando a la que en 2015 fue adversaria del ministro de los papeles de Panamá a las elecciones generales, Victoria Rosell, mi pareja. Todavía estoy esperando un comunicado de condena de la Asociación profesional de la Magistratura, la APM, de la que Alba llegó a ser presidente para las Islas Canarias. Un comunicado como el que emitieron cuando miembros del Gobierno y miles de personas criticamos el auto del juez Peinado. Pero ya se sabe, tenemos una justicia a la que le cuesta sacudirse las rémoras del pasado y que está mayoritariamente ejecutando la orden de que el que pueda hacer, que haga.

No corren buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Bueno, en realidad, nunca han corrido buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Pero ahora que determinadas asociaciones de jueces y juezas, determinados partidos políticos y abundantes todólogos, todos ellos y ellas con debilidad por la derecha, se escandalizan por las críticas que ese poder del Estado recibe, parece conveniente recordar algo que parecía indiscutible: que todas las resoluciones judiciales son criticables y sus autores se tienen que aguantar. Con jota. El de las resoluciones extrañas, incluso estrafalarias e injustas, es un asunto muy recurrente, sobre todo para periodistas que hemos visto burros volando en las sedes judiciales de aquí o de allá. Pero hoy vamos a referirnos a uno que sigue dejando secuelas porque su sonoro carpetazo por parte del Tribunal Supremo está sufriendo una mala digestión. Me refiero al caso Reparos, uno de los dos que condujeron a Fernando Clavijo a aforarse ante el más alto tribunal de la patria y hacerse en el mismo lote con los servicios de José Antonio Conseguidor Choclán. Resulta enternecedor que un presunto nacionalista se vea obligado a creer más en la justicia que se imparte en la metrópolis que la que pueda impartir un juez o una jueza en su propia tierra, donde se supone que habrían de tenerse más en cuenta todas esas cosas de las circunstancias territoriales, la idiosincrasia, o lo que su propio partido ha dado en llamar “el modo canario de hacer política”. O quizás haya sido por eso por lo que el actual presidente hizo que el Parlamento canario lo nombrara senador por la Comunidad Autónoma y lo aforara ante el todopoderoso Manuel Marchena, que también es canario y tiene su propio modo de impartir justicia. Debe haber influido también de manera decisiva que unos meses antes de aforarse se aprobara la reforma del Estatuto de Autonomía, en la que se incluyó la desaparición del aforamiento para las autoridades autonómicas. Es decir, Clavijo no iba a poder ser investigado o juzgado en su caso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al que su partido eligió para tan alta empresa.

La desidia de la Fiscalía

De todos los asuntos turbios en los que se vio envuelto Fernando Clavijo durante su etapa como concejal y luego alcalde de La Laguna, el caso Grúas y el caso Reparos fueron los que más se le atragantaron. El caso Grúas se lo despachó rapidito Manuel Marchena en el Supremo en 2020 echando por tierra la exposición razonada que envió el juez de Instrucción 2 de La Laguna y el fiscal, que apreciaban delitos de prevaricación y malversación en lo que había hecho aquel concejal de Seguridad y luego primera autoridad municipal con la empresa (que tenía a un amigo dentro) que se había hecho con el servicio previa privatización: prestarle 120.000 euros de dinero municipal para rescatarla. Los demás implicados en este asunto quedaron inmediatamente exonerados en aplicación del contagio supremo, que basó el archivo en que el Ayuntamiento había actuado basándose en un informe de dos catedráticos de la Universidad de La Laguna. El caso Reparos era un poco más enrevesado y se le puso cuesta arriba a Clavijo especialmente desde que la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, cuanto estaba a cargo de María Farnés Martínez, decidió intervenir por petición expresa del denunciante, Santiago Pérez, cansado de la desidia con la que actuaba el fiscal encargado del Juzgado de Instrucción 4 de esa ciudad, contagiado quizás por la quietud (vamos a decirlo así) de la jueza titular de esa plaza. Pérez denunció que Clavijo y su sucesor en la alcaldía, José Alberto Díaz, además de algunos de sus lugartenientes, aprobaron en esos dos mandatos casi 200 decretos para levantar otros tantos reparos de la intervención, y de ese modo, según la denuncia, beneficiar a determinadas empresas que sacaban suculentas tajadas de una excepcionalidad que, siempre según la causa penal, no era tal. Coalición Canaria nunca le quiso dar mucha importancia a este asunto, y el demoledor informe de 120 folios de la fiscal María Farnés Martínez lo contestaron acusándola de pro gubernamental. Hasta que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife empezó a revocar los autos de archivo de la jueza y a ordenar que siguiera adelante con la instrucción. Hasta el momento se lo ha ordenado dos veces. Así que, lo mejor, al igual que el caso Grúas, era ponerse en manos del Supremo, que se lo archivó exclusivamente para él en 2023. La causa, sin embargo, continúa a día de hoy viva para el exalcalde Díaz y ocho personas más, que ocupaban la Junta de Gobierno del consistorio porque el denunciante ha vuelto a presentar un tercer recurso contra el tercer intento de archivo.

El denunciante, fuera de la política institucional

Las primeras ayudas a Clavijo vinieron de sus socios naturales en Canarias, los del PP, el partido que presume de tener el control de una puerta de esa sala de lo Penal del alto tribunal español. Allí, en manos de Manuel Marchena, Clavijo no se tuvo ni que sentar en el banquillo. Sin escuchar a la acusación particular, el Supremo archivó el asunto con unos argumentos muy singulares: “Las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias”. Y para que esas irregularidades puedan ser consideradas delito de prevaricación “se requiere que la resolución sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia”, dice literalmente la resolución. Las siguientes ayudas vinieron del PSOE, aunque cueste creerlo. Clavijo pidió a Ferraz, con quien negociaba el apoyo de Coalición Canaria a Pedro Sánchez, que ordenara a Santiago Pérez retirar la denuncia contra los compañeros que se quedaban en el barco del caso Reparos. Y como Pérez se negó a hacerlo, el tal Cerdán hizo que se quedara fuera de las listas al Senado, donde ocupaba plaza, en las elecciones de 2023. Ante esa posición del denunciante, a la tropa imputada no le quedaba otra que atenerse a la vía judicial de modo que, utilizando el archivo del Supremo respecto de Clavijo, la causa quedara archivada también en La Laguna. Así que se activó la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, esa en la que manda el tal Luzón, el que tiene tan contento a Víctor de Aldama. Luzón ordena a sus subordinados de que se opongan al tercer recurso de Pérez contra el archivo y encarga el primer escrito de oposición nada menos que a su lugarteniente, Antonio Romeral, el que tiene tan contento a Cristóbal Montoro. La fiscalía, al igual que los abogados de las personas que siguen imputadas, intenta que se aplique en Canarias la misma tesis del Supremo, amparada en otra innovación: “el tronco común”, que viene siendo una variante de la doctrina del árbol envenenado, pero en esta ocasión a favor del reo. Obviando, naturalmente, que cada uno de los casi 200 decretos investigados tiene identidad propia, cada uno de ellos puede ser constitutivo de delito de prevaricación y de malversación sin necesidad de tronco común ni nada que se le parezca, por lo tanto, han de ser analizado individualmente. Es la misma tesis que sostiene la Audiencia Provincial. Ya no está María Farnés Martínez en Canarias. La nueva fiscal general se la ha llevado a la Fiscalía del Supremo. Le sustituyó primero en la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife y ahora opta a ocupar su plaza de fiscal superior Jaime Serrano-Jover González, que casualmente tiene los mismos apellidos que la magistrada Ana Serrano-Jover González, que intentó desde Instrucción 4 de La Laguna archivar por dos veces el caso Reparos, lo que le impidió la Audiencia Provincial.

El decreto más grosero, el de Urbaser

Para archivar el caso Reparos respecto de Clavijo, el Supremo puso el listón muy bajo. Dijo que tiene que ser muy grosera la resolución administrativa para poder hablar de algo más que una “irregularidad”, término que no existe en el Derecho Administrativo. Así que si hablamos de grosería, hay un ejemplo muy elocuente en esta instrucción: las ampliaciones del contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos a la empresa Urbaser, que lo llevaba prestando desde 2008. Hubo dos prórrogas, una firmada por Clavijo y la otra por su sucesor, José Alberto Díaz, un contrato de 150 millones de euros, más o menos lo que viene costando actualmente la Televisión Canaria. En ambos casos, el Ayuntamiento inició el procedimiento de adjudicación una semana antes de que venciera la segunda y última prórroga y se le pidió a la empresa que siguiera prestando el servicio en las mismas condiciones. Pero una de esas condiciones -aquí empiezan las groserías- imponía a Urbaser que la flota del servicio de limpieza debía pasar a ser del Ayuntamiento, exigencia que no sólo no se cumplió sino que a) el Ayuntamiento le siguió pagando por el mantenimiento de los camiones y b) el Ayuntamiento exoneró a Urbaser de la obligación de renovar 32 de los 46 vehículos que componían la flota. Por falta de groserías que no sea.

La Unió de Periodistes Valencians ha premiado al periodista Carlos Sosa (Las Palmas de Gran Canaria, 1961), director de Canarias Ahora, medio asociado a elDiario.es, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. “Es un ejemplo de dignidad profesional”, según Vicent Marco, presidente de la Unió de Periodistes Valencians.

La asociación mayoritaria de informadores del País Valenciano arropa así al periodista canario, que se enfrenta a un juicio tras una querella del exjuez Salvador Alba (condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental, a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por su conspiración contra la magistrada Victoria Rosell). Se trata de uno de los peores ataques a la libertad de información en España.

La jueza María Ángeles Velázquez dictó la apertura de juicio oral e impuso a Sosa una fianza de 422.500 euros, solicitada por Alba. La Fiscalía, por el contrario, pidió el sobreseimiento del caso. El auto está pendiente del recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La entidad ha otorgado su mítico premio anual, en la edición 43, a Carlos Sosa, para mostrar su “rechazo absoluto” a la causa judicial y alertar del “riesgo” para la libertad de expresión. Este año, Sosa comparte el galardón con el colectivo de profesionales palestinos representados por el Palestinian Journalists Syndicate y con el periodista de Al Jazeera Wael Al Dahdouh.

El presidente de la Unió de Periodistas Valencians, Vicent Marco, ha reseñado el “proceso de 'lawfare' de manual que ha sufrido por hacer algo que se supone que tienen que contar los periodistas que es contar la verdad y lo que no quieren que se cuente los corruptos”. Sosa ha sufrido en “sus carnes el riesgo al que se someten tantos compañeros que por contar las cosas como son se ven en procesos de persecución judicial, de censura censura o de despidos”.

El director de Canarias Ahora ha relatado la persecución que sufrió junto con su pareja, la magistrada y exdelegada el Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. “Se pusieron de acuerdo una serie de poderes de este país para acabar con la carrera de Victoria Rosell en un momento en que Podemos era un fuera emergente en el que amenazaba el bipartidismo”, ha afirmado Sosa, quien ha denunciado la “mala praxis profesional” de “jueces, fiscales y periodistas” en un caso que acabó con el exjuez Alba en prisión. “Sin algún medio de comunicación cómplice los casos de 'lawfare' no prosperarían jamas”, ha dicho el galardonado.

Por el contrario, “fue el buen periodismo el que logró hacer aflorar esto”, ha apostillado. El ataque, en parte, surtió efecto. “Pasamos miedo”, ha afirmado Carlos Sosa, quien considera que “en España hay instalada en algunos sitios una mafia judicial”. “La hemos vivido en nuestras propias carnes para poderlo denunciar”, ha agregado.

Sobre el juicio al que se enfrenta ahora, Sosa ha manifestado: “Decir que no me preocupa sería una irresponsabilidad”, a tenor de los 23 años de cárcel y los 422.500 euros de fianza que le pide el exjuez encarcelado. “La representante del Ministerio Fiscal ha pedido reiteradamente el archivo”, ha recordado, quien destaca que las informaciones publicadas por Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es, “son veraces”.

“Muchas veces intentamos recabar la versión de Alba y, por supuesto, nos colgaba el teléfono con buenos modales”, ha recordado. El auto de apertura de juicio oral está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid. “Si no nos da la razón me tendré que sentar en el banquillo de un Juzgado de lo Penal de Madrid para defender mi inocencia”, ha dicho Sosa. El periodista, sin embargo, continúa creyendo en la “justicia de este país”, con una “generalizada alta profesionalidad de los magistrados y magistradas”.

Asamblea por La Orotava, un “movimiento sociopolítico municipalista y vecinal; autónomo y abierto; plural, horizontal y genuinamente democrático”, como se autodenomina en su página web, ha publicado una carta abierta este martes dirigida al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, y a toda la comunidad periodística de las Islas. El motivo es denunciar el caso de lawfare al que se enfrenta este profesional y defender una prensa libre y comprometida en el archipiélago, “capaz de fiscalizar el poder y de dar voz a las personas más vulnerables en nuestra sociedad”, después de que una jueza de Madrid haya abierto juicio oral contra Sosa por sus informaciones sobre el exjuez corrupto Salvador Alba, en prisión por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell.

“Nos dirigimos a ti, Carlos, y a todas y todos los periodistas que día a día luchan por la verdad y la justicia en nuestras islas, en un momento crucial donde la defensa de la libertad de prensa y la lucha contra el lawfare se vuelven fundamentales”, comienza el escrito.

“Valoramos enormemente el periodismo hecho en Canarias y creemos que, con su mirada crítica y su compromiso con la verdad, debe ser un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y transparente”, añade. La labor de esos periodistas, “incansable”, no solo es la de informar, sino que también la de “educar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en la búsqueda de un mundo y una Canarias más justa y equitativa”.

“En estos tiempos de desafíos y transformaciones, donde las amenazas contra la libertad de prensa son cada vez más evidentes, es esencial que nos unamos en defensa de nuestros principios y valores fundamentales y hagamos una defensa acérrima de la libertad de prensa y y ejerzamos un firme repudio ante el abuso del poder judicial con fines políticos. El lawfare, esa práctica desleal que busca utilizar el sistema judicial como un instrumento de persecución política, representa un peligro latente para nuestras libertades individuales y colectivas”, prosigue el escrito publicado por Asamblea por La Orotava.

“Carlos, tu caso es un ejemplo claro de cómo el abuso del sistema judicial se utiliza para amordazar a quienes se atreven a levantar la voz contra la injusticia y la corrupción. La querella presentada en tu contra es un intento desesperado por silenciar una voz incómoda, una voz que se niega a ser acallada por los intereses de unos pocos”, afirma Asamblea.

Por ello, a través de la carta abierta, reafirman su compromiso con la libertad de expresión y con el periodismo independiente. “No podemos permitir que la sombra del miedo y la represión nos roben nuestros arrestos. La voz de un periodismo independiente, libre, crítico y con acento canario es indispensable, y debemos protegerlo de aquellos que buscan socavarlo. La libertad de expresión es un derecho inalienable de toda sociedad democrática”, concluye.

Avalancha de apoyos a Sosa y a la libertad de prensa

Además del apoyo expresado este martes por Asamblea por La Orotava, también se han posicionado en favor de la libertad de prensa y contra el lawfare contra Sosa la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), las dos asociaciones de la Prensa de Canarias, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, quien claman contra esta resolución judicial y reivindican un periodismo libre.

En un comunicado conjunto, FAPE y API sostuvieron que la resolución judicial contra Sosa, tomada en contra del criterio del Ministerio Fiscal, “genera una profunda preocupación por el riesgo que supone para la libertad de información la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada, en contra del criterio de la Fiscalía” y, de esta manera, “asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor periodística, tal y como marca la Constitución Española”.

Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública. Antes de entrar en prisión arremetió judicialmente contra sus víctimas, presentando una querella criminal por, según su acusación, revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Por todo ello, el exjuez corrupto pide, además de casi medio millón de euros de indemnización, 23 años de prisión para Carlos Sosa.

Sin embargo, la Fiscalía se opone incluso a la apertura del juicio oral, al considerar que todas las informaciones publicadas sobre Alba era veraces y contrastadas, además de ser de interés público. Se publicaron noticias “de relevancia pública”, con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables” y que constituyeron “el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia”.

Una jueza ha mandado al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio asociado a elDiario.es. Le piden 23 años de cárcel. La acusación la ejerce Salvador Alba, el juez corrupto en prisión por fabricar pruebas falsas para destruir la carrera política de otra jueza, Victoria Rosell, pareja de Carlos Sosa.

Alba se venga del periodista desde la cárcel y le acusa de acoso, delitos de odio y revelación de secretos por publicar las artimañas que usó para intentar eludir su ingreso en prisión. De momento, la jueza ha impuesto a Carlos Sosa una fianza de más de 400.000 euros.

Hablamos con Carlos Sosa para conocer los detalles de este nuevo caso y con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analizamos cómo afectan este tipo de ataques a la libertad de información, a los periodistas y a los medios.

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A lawsuit brought by the corrupt ex judge Salvador Alba will take Carlos Sosa, editor-in-chief of Canarias Ahora, to the dock. A Madrid court has decided to open an oral hearing against the journalist for information published by Canarias Ahora –a news outlet linked to elDiario.es– about Salvador Alba and his conspiracy against Victoria Rosell and Sosa himself that ultimately led Alba to prison.

Taking over most of the premises in the complaint brought by the imprisoned ex-magistrate, judge María Ángeles Velázquez is demanding Sosa a bail of 422,500 euros. She's ruling against the Prosecutor's Office opinion, that considered the news published about Alba and his conspiracy by Canarias Ahora to be truthful, concerning a public matter of the highest importance, and not revealing any confidential information of the ex-magistrate nor his family: “It was the legitimate exercise of his fundamental right to freedom of information”. It's up to the Provincial Court of Madrid to decide now whether or not the case will go to trial.

Salvador Alba was expelled from the judicial career after being sentenced to six and a half years in prison. Alba was convicted of using his position as a magistrate in the Canary Islands to conspire against another magistrate, Victoria Rosell, putting an end to her then emerging career with the political party Podemos. The Supreme Court deemed proven that Alba had tried to incriminate Rosell and Sosa, her partner, in a court case using a doctored statement of the businessman Miguel Ángel Ramírez. The goal was to induce a judicial action against the magistrate, a complaint by the Minister of Industry José Manuel Soria or an investigation by the Prosecutor's Office, that would cut off her political career. Although Rosell was never charged, she did quit politics.

Alba's conspiracy was discovered and the former magistrate ended up entering prison in October 2022, convicted of perversion of justice, bribery and falsified document. But a few months before entering the prison of El Salto Negro, the corrupt ex-judge went on the attack against his victims filing a criminal complaint for disclosure of secrets, hate crime, harassment and criminal organization. The complaint was against elDiario.es, its delegation Canarias Ahora, Carlos Sosa, Victoria Rosell, two journalists, and even Ignacio Escolar, editor-in-chief of elDiario.es.

According to Alba and his wife, Teresa Lorenzo, the news about the conspiracy that has cost him jail time was not intended to inform but to destroy his reputation. In his lawsuit he claimed that the data had come out of a secret court case, that there was personal and medical information included in the news, that he and his partner suffered hateful insults on the Internet after the publication, and that all of this affected even their daughter, still underage.

Although the secret of summary proceedings has not been decreed, judge Velázquez has been warning throughout the process about the consequences that disclosing the contents of the case would have. In her order of abbreviated procedure (ratified in a later opening of oral hearing) she assumes a significant share of Alba's premises and leaves the case to a criminal court that should hold a trial for the crimes of disclosure of secrets, hate and harassment (but not for criminal organization). She also imposes the bail of 422,500 euros requested by Alba, seven times the compensation imposed on Alba for conspiring against Rosell at his court.

The Public Prosecutor's Office asks for the case to be dismissed

In addition to almost half a million euros, former judge Alba asks in his indictment for a 23 years imprisonment for Carlos Sosa for six different crimes. The criminal theory he exposes about the origin of the information and data published has been rejected by the Madrid Prosecutor's Office in a document submitted in mid-January asking for the case to be dismissed and for the journalist of Canarias Ahora not to be tried. The document said that the news published were “of public relevance” with data “exclusively concernig newsworthy facts” and not constituting a string of crimes punishable by imprisonment: “It was the legitimate exercise of his fundamental right to freedom of information, not harming in any case the right to privacy of the plaintiff and his family”.

Among other details, many of the information that Alba pointed to in his complaint referred to the time that it took for the General Council of the Judiciary to locate and inform him about his suspension as a magistrate. It also referred to the vacation he took without ruling on the Faycán corruption case, or to the contacts that he and his wife maintained with members of [the extreme right political party] Vox. According to the Prosecutor's Office, the information about the allegations made by Alba himself about his state of health, or the suppositions about his travels at the moment, were truthful and did not impact on his privacy in an illegal way.

According to the Public Prosecutor's Office, Sosa “is a journalist covering a piece of information of public interest and clear significance, obtained in a lawful manner and published omitting data that could affect the privacy of the victim and his family”. Quite the opposite of what Alba's lawsuit states in no uncertain terms.

Based on the same foundations, Sosa has presented an appeal before the Provincial Court of Madrid requesting the annulment of his indictment. He charges Alba of “grossly misrepresenting the truth”, tampering with the dates of the process to make the judge believe that the information came not from the journalistic work of Canarias Ahora's staff but from a secret judicial investigation in which Sosa and Rosell were personally involved. The conversation between Judge Alba and businessman Miguel Ángel Ramírez is an example of this: it was published on May 12, 2016, two weeks before the opening of the case in the High Court of the Canary Islands and almost one year before the admission of Sosa as a defendant in the process.

In conclusion, the appeal states, “it cannot be implied that the defendant has published a single piece of information unlawfully obtained”, regardless of the fact that the criminal organization charges brought by Alba have been valid to attribute to Sosa all the information published in the newspaper, even if it was not signed by him, even if it was not published by Canarias Ahora.

In the appeal, Sosa also criticized Alba for trying to attribute to him the discomfort suffered by his young daughter after conflicts at school related to the legal proceedings against her father: “Evidently the child did not suffer as a consequence of the news about the incident, which we presume she did not read, but because of the incident itself”.

The journalist goes one by one through the opinions and news signed by him to sustain, as the Public Prosecutor's Office has also done, that none of them published Alba's medical data that were not relevant for the judicial process and his imprisonment, or when the General Council of the Judiciary previously tried to locate Alba and inform him of his suspension as a judge.

The journalist also denies having photographed the Alba-Lorenzo couple: “Mr. Sosa has never been in the vicinity of the home of the plaintiffs, nor has he ever ordered any photographer or journalist to go to that home, or to a beach, or to a restaurant, to immortalise the lives of these people”.

Alba's hunt against Rosell

Alba and Rosell were magistrates in the Canary Islands when their paths crossed. Rosell entered politics at the hand of Podemos and Alba took charge of her court. With the aim of cutting Rosell's political career short, it was then when Alba decided to alter a court case he was dealing with in order to implicate both Rosell and journalist Carlos Sosa (Rosell's husband) in a case of business corruption.

According to the courts, to implicate Carlos Sosa in the investigation that was still open Alba tried to get the businesman Miguel Ángel Ramírez to change his statement (Ramírez is the president of Unión Deportiva Las Palmas, a soccer team). Alba also tried to involve Rosell so that she could be accused of having tried to cover up the case to protect her husband.

As a result of that, right at the beginning of her political career with Podemos, Rosell was singled out with an investigation by the Public Prosecutor's Office and a complaint by former Minister José Manuel Soria. None of the investigations ever prospered, and Rosell was never charged, but at the time it was enough for her to quit politics.

Eventually, the investigators discovered that it was all a ploy by Salvador Alba and that he was the one who had committed a crime. He was charged, investigated and finally convicted for hatching the whole plot to end Rosell's political career, who over the years returned to public life and became Secretary of State against gender violence. The Supreme Court sentenced Alba to six and a half years in jail for this conspiracy, a sentence he is currently serving in prison.

Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba llevará hasta el banquillo de los acusados a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es. Un juzgado de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el periodista por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa que le llevó a prisión. La jueza asume buena parte de los postulados de la querella del exmagistrado encarcelado y exige al periodista una fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.

Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. Condenado por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

Rosell dejó la política aunque nunca fue imputada, la conspiración de Alba fue descubierta y el exmagistrado terminó entrando en la cárcel en octubre de 2022 tras ser condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental. Pero unos meses antes de ingresar en la prisión de El Salto Negro, el exjuez corrupto pasó al ataque contra sus víctimas y presentó una querella (criminal, especifica) por revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Una querella contra elDiario.es, su delegación Canarias Ahora, dos redactores, Carlos Sosa, Victoria Rosell y hasta el director del periódico, Ignacio Escolar.

Según Alba y su esposa Teresa Lorenzo, las informaciones que publicó Canarias Ahora sobre la conspiración que él dirigió y que le ha costado la cárcel no tenían por objetivo informar a la opinión pública, sino hundir su reputación. Los datos, afirmaba en su querella, habían salido de una causa judicial secreta y el resultado es que tanto él como su pareja sufrieron insultos de odio en internet, vieron publicados datos personales y médicos en esas noticias y eso ha afectado, incluso, a su hija pequeña menor de edad.

La jueza María Ángeles Velázquez, que lleva todo el proceso advirtiendo sobre las consecuencias de divulgar el contenido de la causa aunque no estaba decretado el secreto de sumario, en su auto de procedimiento abreviado ratificado en otro posterior de apertura de juicio oral asume una parte importante de estas tesis y deja el caso en manos de un juzgado de lo penal para que celebre un juicio por varios delitos de revelación de secretos, odio y acoso, sin organización criminal. E impone la fianza que solicita Alba, de más de 422.000 euros: siete veces más que la indemnización que se le impuso por conspirar contra Rosell desde su juzgado.

La Fiscalía pide archivar el caso

En su escrito de acusación, además de casi medio millón de euros, el exjuez Alba pide 23 años de prisión para Carlos Sosa por seis delitos distintos. Expone una teoría delictiva sobre la procedencia de la información y los datos publicados que desmiente la Fiscalía de Madrid en un escrito, presentado a mediados de enero, en el que pide el archivo de la causa y que el periodista de Canarias Ahora no sea juzgado. Se publicaron noticias “de relevancia pública”, con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables” y que no constituyó un rosario de delitos penados con la cárcel: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia”.

Muchas de las informaciones a las que Alba apuntaba en su querella se referían, entre otros hitos, al tiempo en que el Consejo del Poder Judicial tardó en localizarle para comunicarle su suspensión como magistrado. También a cuando se fue de vacaciones sin dictar sentencia por el caso Faycán de corrupción o sobre los contactos que él y su esposa mantenían con miembros de Vox. Informaciones sobre las alegaciones que el propio condenado hacía sobre su estado de salud o hipótesis sobre sus viajes en ese momento que, según la Fiscalía, eran informaciones veraces que no incidían en su intimidad de forma ilegal.

“Es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia”, afirma el Ministerio Público. Todo lo contrario a lo que afirma de forma tajante la querella de Alba.

El recurso que el propio Sosa ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando la anulación de su procesamiento, incide en esos mismos argumentos. Acusa a Alba de “faltar a la verdad burdamente”, manipulando fechas del proceso, para hacer creer a la magistrada que las informaciones procedían de un sumario judicial secreto en el que Sosa y Rosell estaban personados, y no del trabajo periodístico del equipo de Canarias Ahora. Por ejemplo, la conversación entre el juez Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez se publicó el 12 de mayo de 2016, dos semanas antes de la apertura de la causa en el Tribunal Superior de Canarias. Sosa no fue admitido como acusación en el proceso hasta casi un año después.

En conclusión, afirma el escrito, “no puede deducirse que el querellado haya publicado ni una sola información obtenida ilícitamente”, al margen de que la acusación de organización criminal de Alba haya valido para atribuirle todas las informaciones publicadas en el periódico, aunque no fueran firmadas por él, incluso si no fueron publicadas en Canarias Ahora. Afea a Alba que, además, intente imputarle el malestar que sufrió su hija pequeña cuando tuvo incidentes en el colegio relacionados con el proceso judicial a su padre: “Evidentemente la menor no sufrió a causa de la noticia sobre el incidente, que presumimos que no leyó, sino por el incidente mismo”.  

El periodista desgrana uno por uno los análisis, noticias e informaciones firmadas por él y defiende, coincidiendo con el Ministerio Público, que ninguna descubrió datos médicos de Alba que no fueran de relevancia para el proceso judicial y su entrada en prisión, o cuando previamente el Consejo del Poder Judicial trató de localizarle para comunicarle su suspensión como juez. También niega haber fotografiado al matrimonio Alba-Lorenzo: “El señor Sosa jamás ha estado en las inmediaciones de la vivienda de los querellantes, ni jamás ha ordenado a algún fotógrafo ni periodista apostarse en ese domicilio ni en una playa ni en algún restaurante para inmortalizar la vida de esas personas”.

Una cacería de Alba contra Rosell

Salvador Alba y Victoria Rosell eran magistrados en Canarias cuando sus caminos se cruzaron. La jueza entró en política de la mano del partido político Podemos y el juez se hizo cargo de su juzgado. Fue en ese momento cuando, con el objetivo de cortar en seco la carrera política de Rosell, Alba decidió adulterar una causa judicial que manejaba para intentar implicar tanto a ella como a su marido, el periodista Carlos Sosa, en un caso de corrupción empresarial. 

Según los tribunales, Alba intentó que un empresario canario (Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de fútbol) cambiara su declaración para implicar a Carlos Sosa en la investigación que mantenía abierta. También intentó involucrar a la propia Rosell para que pudiera ser acusada de haber intentado tapar el caso para beneficiar a su marido. 

El resultado es que, cuando Rosell empezaba su carrera política con Podemos, fue señalada tanto por una investigación de la Fiscalía como por una querella del exministro José Manuel Soria. Esas investigaciones nunca prosperaron y ella nunca fue acusada de nada, pero fue suficiente para que dejara la política en ese momento. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que todo era una maniobra de Salvador Alba y que el que había delinquido era él. 

Fue imputado, investigado y finalmente condenado por urdir todo el complot para acabar con la carrera política de Victoria Rosell, que con los años volvió a la vida pública y fue secretaria de estado contra la violencia de género. El Tribunal Supremo condenó a Alba a seis años y medio de cárcel, condena que en la actualidad cumple en prisión por esa conspiración. 

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Los abogados de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz personados en el caso Grúas se desgañitaban la semana pasada ante la jueza Celia Blanco para que suspendiera las declaraciones de los testigos más peligrosos para la integridad procesal del expresidente canario. Querían (y quieren) que la causa deje de instruirse en los juzgados de La Laguna en lo que el Tribunal Supremo se manifiesta acerca de la exposición razonada que la jueza elevó hace semanas atendiendo a la condición de aforado que adquirió Clavijo gracias a la generosidad y las artimañas de su grupo parlamentario.

Con esa actitud, los abogados del expresidente y del exalcalde de La Laguna insisten en destrozar sus propios argumentos, según los cuales entre los investigados no existe ningún tipo de temor a una investigación, se realice donde se realice, dada la prístina inocencia de sus patrocinados y la ejemplaridad y limpieza del expediente administrativo del servicio de grúas en esa ciudad tinerfeña.

Pero ha resultado que todos los testigos que depusieron la semana pasada han destrozado las versiones de los investigados y han dejado abierta la posibilidad de que la jueza complemente su exposición razonada al Supremo con el delito de tráfico de influencias, que llamativamente dejó fuera, pero que, a la vista de lo escuchado en su sala de vistas, toma cuerpo de manera evidente.

Porque todos los testigos han coincidido en que fue Clavijo el que seleccionó al personal de la empresa de grúas y el que los convenció para que se quedaran con ella una vez su primer propietario se vio ahogado por los impagos del Ayuntamiento. Entre Clavijo y Díaz tramitaron el préstamo de 120.000 euros de dinero público para pagar deudas de la empresa y los que miraron para otro lado cuando el interventor municipal les decía que aquello no se podía hacer y que lo más conveniente era rescatar la concesión y sacar un concurso nuevo.

Pero Clavijo no hizo caso. Solo era un concejal de Seguridad y por su cabeza no pasaba ni convertirse en alcalde de la ciudad y mucho menos llegar a presidente de Canarias y luego senador para guarecerse de sus propios actos. Le apetecía que unos colegas suyos, asesorados por su socio en la gestoría que ambos poseían, se hicieran con una empresa rentable de la que él fuera el padrino.

Y justo ahora que su partido está en la oposición en todas las instituciones importantes de Canarias es cuando se le complican sus implicaciones judiciales y cuando se reactivan los movimientos para la reunificación del nacionalismo canario.

Para el partido más influyente de Coalición Canaria, la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) que ya no existe sobre el papel pero que en realidad está más activa que nunca, esas debilidades convierten en delicadas las negociaciones con Nueva Canarias para la reunificación del nacionalismo. Los de Román Rodríguez no solo ocupan sillones influyentes en el Gobierno de Canarias junto al PSOE y Unidas Podemos, sino que han conseguido escaño al Congreso por la provincia de Las Palmas y amenazan con volver a ser decisivos en la legislatura que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden echar a andar las próximas semanas.

Por eso y para tapar tanta noticia negativa, esta semana pasada salieron a la palestra el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el exalcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, llamando a una suerte de desmarque de su diputada nacional Ana Oramas, para negar al PSOE la investidura. Sus planteamientos no quedaron muy claros, y a medida que se le preguntaba a Alonso, más crecían las contradicciones.

“Pedro Sánchez ha engañado a Canarias”, dijo el viernes al programa de TVC Buenas Tardes Canarias, para añadir dos minutos más tarde que todo sería distinto si en lugar de Unidas Podemos, el líder del PSOE cerrara un acuerdo “moderado” con el Partido Popular y Ciudadanos.

Sin el voto de Oramas, a Pedro Sánchez no le bastaría con la abstención de Esquerra Republicana para proclamarse presidente, ni siquiera en la segunda votación, lo que obligaría a una nueva repetición electoral y convertiría a la diputada tinerfeña en el tan rentable y ansiado voto 176, en este caso 169 para deshacer el empate. Y volvería a hacer otra pirueta para negar su voto a un Gobierno con los de Iglesias, como hizo en las elecciones de abril para enmendarse luego en las del 10-N.

Pero ATI prefiere esperar a ver cómo evolucionan las presiones que está recibiendo Pedro Sánchez para que rompa su acuerdo con Pablo Iglesias y haga un pacto blando con las derechas españolas, donde los regionalistas tinerfeños se sentirían mucho más cómodos. Debe resultar inquietante en ATI el escenario progresista que no solo se abre en los gobiernos de España y de Canarias, sino también en la estrategia de reunificación nacionalista, con Asamblea Majorera y la CC de Lanzarote encabezando una corriente menos proclive a la derecha, y con Nueva Canarias haciéndose fuerte en Gran Canaria y ganando influencia en el contexto regional.

Si a eso unimos que se avecinan elecciones para la secretaría general de CC en Tenerife, todo queda explicado.

El periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la magistrada Victoria Rosell, ha acusado este miércoles al también juez Salvador Alba de pretender aprovecharse de la “situación personal dramática” que está atravesando el actual propietario de Seguridad Integral Canaria (SIC), Héctor de Armas, para tratar de defenderse con afirmaciones infundadas de los cinco delitos por los que se sienta en el banquillo de los acusados desde el pasado lunes, que suman peticiones de pena de hasta 13 años y medio de cárcel y 42 de inhabilitación.

El procesado Alba presentó en el trámite de cuestiones previas una carta firmada por Héctor de Armas, ex mano derecha de Miguel Ángel Ramírez y, en la actualidad, enfrentado al empresario, incluso en los juzgados, en la que habla de un “montaje” entre el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Sosa y Rosell para perjudicar al magistrado con las grabaciones que dan origen a la causa.

“De Armas está desahuciado en lo personal y en lo económico”, ha recordado el periodista, aludiendo a su grave enfermedad, a sus problemas judiciales, “con tres querellas abiertas”, y a la posibilidad de perder la vivienda en la que actualmente reside. “Alba presume ante sus compañeros, entre ellos Carlos Vielba, de que va a volver a ser juez y, en un programa de radio, de que esto es una conspiración contra él. Si eso lo oye Héctor de Armas, comprendo que quiera congraciarse con él, porque está pasando una situación penosa y cualquier ayuda le vendrá bien, tanto económica como judicial”, ha afirmado el testigo.

Sosa sostiene que la carta “es falsa desde el principio al final” y pretende convertir “al verdugo en víctima”. “Está tratando de hacer lo mismo que hizo Ramírez con Alba, congraciarse con él. Probablemente le deben haber hecho promesas para que se preste a este juego absurdo”, ha añadido en una comparecencia en la que ha negado que dispusiera de una tarjeta VISA pagada por Seguridad Integral Canaria, “una invención más de la mente perversa” de Alba y en la que no ha asumido como propios los mensajes de whatsapp que la defensa le atribuye en conversaciones con Héctor de Armas vinculadas a vicisitudes de la causa que instruía su pareja contra Ramírez.

Una “cacería” de Alba auspiciada por Soria

Sosa manifestó que, desde que la Fiscalía abrió las diligencias preprocesales contra su pareja por el contrato suscrito entre Clan de Medios Comunicación y Marketing, editora de Canarias Ahora, y la productora de la Unión Deportiva Las Palmas, club de fútbol que preside Ramírez, para la explotación de la licencia de radio, detectó que estaba ante una “cacería”. Una conspiración que, en su opinión, tiene a Salvador Alba como protagonista esencial pero que está auspiciada por el exministro José Manuel Soria, con quien se ha enfrentado en los juzgados hasta en siete ocasiones, seis en la jurisdicción penal y una en la civil, con una sola sentencia desfavorable.

El periodista recordó que, según el Ministerio Público, ese contrato con cláusula de confidencialidad llegó a las manos de Evangelina Ríos, fiscal de la causa contra Ramírez y enemistada con Rosell, en “un sobre anónimo”. El escrito presentado contenía, sin embargo, un detalle que acabó desvelando su procedencia, según Sosa. “El contrato se firmó por error el 26 de octubre de 2015. Hubo que volver a hacerlo el 28 porque el 26 la productora de la UD Las Palmas no estaba formalmente constituida . Alguien había hecho una fotocopia y se la entregó a Soria. Solo había una copia circulando con fecha del día 26 y la tenía Soria”.

El testigo relató que tuvo conocimiento de este hecho con posterioridad, en noviembre de 2015, cuando se reunió con varias personas vinculadas a la UD Las Palmas después de que una de ellas, Patricio Viñayo, le llamara para comunicarle que había sido citado a declarar por la Fiscalía por ese contrato. “Y una persona que estaba allí, Larry Álvarez (director de Relaciones Institucionales de la entidad amarilla), que había sido mano derecha de Soria en el PP, saltó y dijo: José Manuel. ¿Soria?, pregunté. Sí”.

Tiempo después, Alba confesó en un escrito remitido a la Fiscalía General del Estado que fue él quien entregó ese contrato a la Fiscalía de Las Palmas. “Es evidente que es Soria quien se lo dio Alba, no hace falta ser matemático”, ha concluido.

La investigación de la Fiscalía contra Rosell, que incorporó un informe de Salvador Alba que atribuía a la jueza irregularidades en la tramitación de la causa contra el anterior presidente de Seguridad Integral Canaria, acabó siendo archivada y anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por vulneración de derechos fundamentales. Pasajes de ese mismo escrito reservado de Alba fueron calcados, meses después, en la primera ampliación de la querella de Soria contra Rosell, también sobreseída por el alto tribunal canario.

Sosa describió ante el tribunal otro vínculo entre el exministro y el magistrado suspendido que tiene como nexo al periodista y licenciado en derecho Antonio Miguel Díaz. “En su día me contó que Alba contrató sus servicios para que le llevara la comunicación en sus intentos de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tengo entendido que preparó un plan de comunicación para que la campaña tuviera repercusión mediática. También me contó que Alba presumía de que Soria le invitaba a comer... y cocinaba Soria. Estoy convencido de que siguen teniendo relación”, ha enfatizado.

Contratos hasta 2009

La pareja de Rosell ha calificado su relación con el empresario Miguel Ángel Ramírez de “meramente institucional”, la propia de “cualquier director de un medio de comunicación local con un empresario relevante que además es presidente de la Unión Deportiva Las Palmas”. Sosa ha remarcado que la empresa Clan de Medios Comunicación y Marketing solo tiene en vigor un contrato con entidades vinculadas a Ramírez, el servicio de limpieza que presta el Grupo Ralons en las oficinas de Canarias Ahora por “600 o 700” euros al mes. Hasta 2012, fecha en la que la sede del periódico se traslada de la calle Cebrián a Tafira, la anterior sociedad editora del medio, Canarias Ahora Prensa, disponía de una alarma con una filial de SIC por la que pagaba 30 euros al mes.

El periodista ha reducido a esos dos contratos cualquier vínculo con las empresas de Ramírez desde 2014, fecha en la que comienza la instrucción de la causa por delito fiscal contra el empresario, hasta la actualidad. La causa contra Alba juzga precisamente las operaciones maquinadas por el magistrado para tratar de acreditar las relaciones comerciales entre Sosa y Ramírez con el propósito de alimentar la querella de Soria contra Rosell e introducir una causa de nulidad en el procedimiento contra el anterior presidente de Seguridad Integral Canaria por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza.

“La Fiscalía me llegó a hacer una investigación patrimonial, se me volvió boca abajo para ver si encontraban algún tipo de relación que pudiera perjudicar a Rosell”, ha afirmado en la sesión de este miércoles Sosa, que se ha desvinculado de cualquier tipo de negociación anterior a 2009, fecha en la que el periódico estaba en manos de un grupo de accionistas liderados por José Francisco Henríquez y en la que el director de Canarias Ahora figuraba en calidad de consejero delegado o vicepresidente. Durante esta época, los empresarios que respaldaban el proyecto pero no querían aparecer vinculados a él por el “terror” que infundía el presidente del PP canario, José Manuel Soria, utilizaban fórmulas “extravagantes” como la suscripción preferente de participaciones en distintas sociedades que luego se compensaban con publicidad, ha explicado el periodista.

En determinados momentos de su comparecencia, Sosa ha explicado que esta conspiración que atribuye a Alba y Soria ha ocasionado importantes daños a nivel personal a su pareja, pero también en el ámbito profesional a él mismo y al medio que dirige, que estuvo a punto de romper la alianza que mantiene con eldiario.es como consecuencia del ataque al prestigio del periodista después de que le colgaran “el sambenito de los negocios turbios”. “Soria tenía pendientes muchas cuentas conmigo y aprovechó para intentar llevarse por delante a Rosell con la Fiscalía mirando para otro lado mientras confabulaban”, ha concluido.