La Unió de Periodistes Valencians ha premiado al periodista Carlos Sosa (Las Palmas de Gran Canaria, 1961), director de Canarias Ahora, medio asociado a elDiario.es, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. “Es un ejemplo de dignidad profesional”, según Vicent Marco, presidente de la Unió de Periodistes Valencians.

La asociación mayoritaria de informadores del País Valenciano arropa así al periodista canario, que se enfrenta a un juicio tras una querella del exjuez Salvador Alba (condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental, a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por su conspiración contra la magistrada Victoria Rosell). Se trata de uno de los peores ataques a la libertad de información en España.

La jueza María Ángeles Velázquez dictó la apertura de juicio oral e impuso a Sosa una fianza de 422.500 euros, solicitada por Alba. La Fiscalía, por el contrario, pidió el sobreseimiento del caso. El auto está pendiente del recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La entidad ha otorgado su mítico premio anual, en la edición 43, a Carlos Sosa, para mostrar su “rechazo absoluto” a la causa judicial y alertar del “riesgo” para la libertad de expresión. Este año, Sosa comparte el galardón con el colectivo de profesionales palestinos representados por el Palestinian Journalists Syndicate y con el periodista de Al Jazeera Wael Al Dahdouh.

El presidente de la Unió de Periodistas Valencians, Vicent Marco, ha reseñado el “proceso de 'lawfare' de manual que ha sufrido por hacer algo que se supone que tienen que contar los periodistas que es contar la verdad y lo que no quieren que se cuente los corruptos”. Sosa ha sufrido en “sus carnes el riesgo al que se someten tantos compañeros que por contar las cosas como son se ven en procesos de persecución judicial, de censura censura o de despidos”.

El director de Canarias Ahora ha relatado la persecución que sufrió junto con su pareja, la magistrada y exdelegada el Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. “Se pusieron de acuerdo una serie de poderes de este país para acabar con la carrera de Victoria Rosell en un momento en que Podemos era un fuera emergente en el que amenazaba el bipartidismo”, ha afirmado Sosa, quien ha denunciado la “mala praxis profesional” de “jueces, fiscales y periodistas” en un caso que acabó con el exjuez Alba en prisión. “Sin algún medio de comunicación cómplice los casos de 'lawfare' no prosperarían jamas”, ha dicho el galardonado.

Por el contrario, “fue el buen periodismo el que logró hacer aflorar esto”, ha apostillado. El ataque, en parte, surtió efecto. “Pasamos miedo”, ha afirmado Carlos Sosa, quien considera que “en España hay instalada en algunos sitios una mafia judicial”. “La hemos vivido en nuestras propias carnes para poderlo denunciar”, ha agregado.

Sobre el juicio al que se enfrenta ahora, Sosa ha manifestado: “Decir que no me preocupa sería una irresponsabilidad”, a tenor de los 23 años de cárcel y los 422.500 euros de fianza que le pide el exjuez encarcelado. “La representante del Ministerio Fiscal ha pedido reiteradamente el archivo”, ha recordado, quien destaca que las informaciones publicadas por Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es, “son veraces”.

“Muchas veces intentamos recabar la versión de Alba y, por supuesto, nos colgaba el teléfono con buenos modales”, ha recordado. El auto de apertura de juicio oral está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid. “Si no nos da la razón me tendré que sentar en el banquillo de un Juzgado de lo Penal de Madrid para defender mi inocencia”, ha dicho Sosa. El periodista, sin embargo, continúa creyendo en la “justicia de este país”, con una “generalizada alta profesionalidad de los magistrados y magistradas”.

Asamblea por La Orotava, un “movimiento sociopolítico municipalista y vecinal; autónomo y abierto; plural, horizontal y genuinamente democrático”, como se autodenomina en su página web, ha publicado una carta abierta este martes dirigida al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, y a toda la comunidad periodística de las Islas. El motivo es denunciar el caso de lawfare al que se enfrenta este profesional y defender una prensa libre y comprometida en el archipiélago, “capaz de fiscalizar el poder y de dar voz a las personas más vulnerables en nuestra sociedad”, después de que una jueza de Madrid haya abierto juicio oral contra Sosa por sus informaciones sobre el exjuez corrupto Salvador Alba, en prisión por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell.

“Nos dirigimos a ti, Carlos, y a todas y todos los periodistas que día a día luchan por la verdad y la justicia en nuestras islas, en un momento crucial donde la defensa de la libertad de prensa y la lucha contra el lawfare se vuelven fundamentales”, comienza el escrito.

“Valoramos enormemente el periodismo hecho en Canarias y creemos que, con su mirada crítica y su compromiso con la verdad, debe ser un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y transparente”, añade. La labor de esos periodistas, “incansable”, no solo es la de informar, sino que también la de “educar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en la búsqueda de un mundo y una Canarias más justa y equitativa”.

“En estos tiempos de desafíos y transformaciones, donde las amenazas contra la libertad de prensa son cada vez más evidentes, es esencial que nos unamos en defensa de nuestros principios y valores fundamentales y hagamos una defensa acérrima de la libertad de prensa y y ejerzamos un firme repudio ante el abuso del poder judicial con fines políticos. El lawfare, esa práctica desleal que busca utilizar el sistema judicial como un instrumento de persecución política, representa un peligro latente para nuestras libertades individuales y colectivas”, prosigue el escrito publicado por Asamblea por La Orotava.

“Carlos, tu caso es un ejemplo claro de cómo el abuso del sistema judicial se utiliza para amordazar a quienes se atreven a levantar la voz contra la injusticia y la corrupción. La querella presentada en tu contra es un intento desesperado por silenciar una voz incómoda, una voz que se niega a ser acallada por los intereses de unos pocos”, afirma Asamblea.

Por ello, a través de la carta abierta, reafirman su compromiso con la libertad de expresión y con el periodismo independiente. “No podemos permitir que la sombra del miedo y la represión nos roben nuestros arrestos. La voz de un periodismo independiente, libre, crítico y con acento canario es indispensable, y debemos protegerlo de aquellos que buscan socavarlo. La libertad de expresión es un derecho inalienable de toda sociedad democrática”, concluye.

Avalancha de apoyos a Sosa y a la libertad de prensa

Además del apoyo expresado este martes por Asamblea por La Orotava, también se han posicionado en favor de la libertad de prensa y contra el lawfare contra Sosa la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), las dos asociaciones de la Prensa de Canarias, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, quien claman contra esta resolución judicial y reivindican un periodismo libre.

En un comunicado conjunto, FAPE y API sostuvieron que la resolución judicial contra Sosa, tomada en contra del criterio del Ministerio Fiscal, “genera una profunda preocupación por el riesgo que supone para la libertad de información la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada, en contra del criterio de la Fiscalía” y, de esta manera, “asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor periodística, tal y como marca la Constitución Española”.

Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública. Antes de entrar en prisión arremetió judicialmente contra sus víctimas, presentando una querella criminal por, según su acusación, revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Por todo ello, el exjuez corrupto pide, además de casi medio millón de euros de indemnización, 23 años de prisión para Carlos Sosa.

Sin embargo, la Fiscalía se opone incluso a la apertura del juicio oral, al considerar que todas las informaciones publicadas sobre Alba era veraces y contrastadas, además de ser de interés público. Se publicaron noticias “de relevancia pública”, con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables” y que constituyeron “el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia”.

Una jueza ha mandado al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio asociado a elDiario.es. Le piden 23 años de cárcel. La acusación la ejerce Salvador Alba, el juez corrupto en prisión por fabricar pruebas falsas para destruir la carrera política de otra jueza, Victoria Rosell, pareja de Carlos Sosa.

Alba se venga del periodista desde la cárcel y le acusa de acoso, delitos de odio y revelación de secretos por publicar las artimañas que usó para intentar eludir su ingreso en prisión. De momento, la jueza ha impuesto a Carlos Sosa una fianza de más de 400.000 euros.

Hablamos con Carlos Sosa para conocer los detalles de este nuevo caso y con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analizamos cómo afectan este tipo de ataques a la libertad de información, a los periodistas y a los medios.

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A lawsuit brought by the corrupt ex judge Salvador Alba will take Carlos Sosa, editor-in-chief of Canarias Ahora, to the dock. A Madrid court has decided to open an oral hearing against the journalist for information published by Canarias Ahora –a news outlet linked to elDiario.es– about Salvador Alba and his conspiracy against Victoria Rosell and Sosa himself that ultimately led Alba to prison.

Taking over most of the premises in the complaint brought by the imprisoned ex-magistrate, judge María Ángeles Velázquez is demanding Sosa a bail of 422,500 euros. She's ruling against the Prosecutor's Office opinion, that considered the news published about Alba and his conspiracy by Canarias Ahora to be truthful, concerning a public matter of the highest importance, and not revealing any confidential information of the ex-magistrate nor his family: “It was the legitimate exercise of his fundamental right to freedom of information”. It's up to the Provincial Court of Madrid to decide now whether or not the case will go to trial.

Salvador Alba was expelled from the judicial career after being sentenced to six and a half years in prison. Alba was convicted of using his position as a magistrate in the Canary Islands to conspire against another magistrate, Victoria Rosell, putting an end to her then emerging career with the political party Podemos. The Supreme Court deemed proven that Alba had tried to incriminate Rosell and Sosa, her partner, in a court case using a doctored statement of the businessman Miguel Ángel Ramírez. The goal was to induce a judicial action against the magistrate, a complaint by the Minister of Industry José Manuel Soria or an investigation by the Prosecutor's Office, that would cut off her political career. Although Rosell was never charged, she did quit politics.

Alba's conspiracy was discovered and the former magistrate ended up entering prison in October 2022, convicted of perversion of justice, bribery and falsified document. But a few months before entering the prison of El Salto Negro, the corrupt ex-judge went on the attack against his victims filing a criminal complaint for disclosure of secrets, hate crime, harassment and criminal organization. The complaint was against elDiario.es, its delegation Canarias Ahora, Carlos Sosa, Victoria Rosell, two journalists, and even Ignacio Escolar, editor-in-chief of elDiario.es.

According to Alba and his wife, Teresa Lorenzo, the news about the conspiracy that has cost him jail time was not intended to inform but to destroy his reputation. In his lawsuit he claimed that the data had come out of a secret court case, that there was personal and medical information included in the news, that he and his partner suffered hateful insults on the Internet after the publication, and that all of this affected even their daughter, still underage.

Although the secret of summary proceedings has not been decreed, judge Velázquez has been warning throughout the process about the consequences that disclosing the contents of the case would have. In her order of abbreviated procedure (ratified in a later opening of oral hearing) she assumes a significant share of Alba's premises and leaves the case to a criminal court that should hold a trial for the crimes of disclosure of secrets, hate and harassment (but not for criminal organization). She also imposes the bail of 422,500 euros requested by Alba, seven times the compensation imposed on Alba for conspiring against Rosell at his court.

The Public Prosecutor's Office asks for the case to be dismissed

In addition to almost half a million euros, former judge Alba asks in his indictment for a 23 years imprisonment for Carlos Sosa for six different crimes. The criminal theory he exposes about the origin of the information and data published has been rejected by the Madrid Prosecutor's Office in a document submitted in mid-January asking for the case to be dismissed and for the journalist of Canarias Ahora not to be tried. The document said that the news published were “of public relevance” with data “exclusively concernig newsworthy facts” and not constituting a string of crimes punishable by imprisonment: “It was the legitimate exercise of his fundamental right to freedom of information, not harming in any case the right to privacy of the plaintiff and his family”.

Among other details, many of the information that Alba pointed to in his complaint referred to the time that it took for the General Council of the Judiciary to locate and inform him about his suspension as a magistrate. It also referred to the vacation he took without ruling on the Faycán corruption case, or to the contacts that he and his wife maintained with members of [the extreme right political party] Vox. According to the Prosecutor's Office, the information about the allegations made by Alba himself about his state of health, or the suppositions about his travels at the moment, were truthful and did not impact on his privacy in an illegal way.

According to the Public Prosecutor's Office, Sosa “is a journalist covering a piece of information of public interest and clear significance, obtained in a lawful manner and published omitting data that could affect the privacy of the victim and his family”. Quite the opposite of what Alba's lawsuit states in no uncertain terms.

Based on the same foundations, Sosa has presented an appeal before the Provincial Court of Madrid requesting the annulment of his indictment. He charges Alba of “grossly misrepresenting the truth”, tampering with the dates of the process to make the judge believe that the information came not from the journalistic work of Canarias Ahora's staff but from a secret judicial investigation in which Sosa and Rosell were personally involved. The conversation between Judge Alba and businessman Miguel Ángel Ramírez is an example of this: it was published on May 12, 2016, two weeks before the opening of the case in the High Court of the Canary Islands and almost one year before the admission of Sosa as a defendant in the process.

In conclusion, the appeal states, “it cannot be implied that the defendant has published a single piece of information unlawfully obtained”, regardless of the fact that the criminal organization charges brought by Alba have been valid to attribute to Sosa all the information published in the newspaper, even if it was not signed by him, even if it was not published by Canarias Ahora.

In the appeal, Sosa also criticized Alba for trying to attribute to him the discomfort suffered by his young daughter after conflicts at school related to the legal proceedings against her father: “Evidently the child did not suffer as a consequence of the news about the incident, which we presume she did not read, but because of the incident itself”.

The journalist goes one by one through the opinions and news signed by him to sustain, as the Public Prosecutor's Office has also done, that none of them published Alba's medical data that were not relevant for the judicial process and his imprisonment, or when the General Council of the Judiciary previously tried to locate Alba and inform him of his suspension as a judge.

The journalist also denies having photographed the Alba-Lorenzo couple: “Mr. Sosa has never been in the vicinity of the home of the plaintiffs, nor has he ever ordered any photographer or journalist to go to that home, or to a beach, or to a restaurant, to immortalise the lives of these people”.

Alba's hunt against Rosell

Alba and Rosell were magistrates in the Canary Islands when their paths crossed. Rosell entered politics at the hand of Podemos and Alba took charge of her court. With the aim of cutting Rosell's political career short, it was then when Alba decided to alter a court case he was dealing with in order to implicate both Rosell and journalist Carlos Sosa (Rosell's husband) in a case of business corruption.

According to the courts, to implicate Carlos Sosa in the investigation that was still open Alba tried to get the businesman Miguel Ángel Ramírez to change his statement (Ramírez is the president of Unión Deportiva Las Palmas, a soccer team). Alba also tried to involve Rosell so that she could be accused of having tried to cover up the case to protect her husband.

As a result of that, right at the beginning of her political career with Podemos, Rosell was singled out with an investigation by the Public Prosecutor's Office and a complaint by former Minister José Manuel Soria. None of the investigations ever prospered, and Rosell was never charged, but at the time it was enough for her to quit politics.

Eventually, the investigators discovered that it was all a ploy by Salvador Alba and that he was the one who had committed a crime. He was charged, investigated and finally convicted for hatching the whole plot to end Rosell's political career, who over the years returned to public life and became Secretary of State against gender violence. The Supreme Court sentenced Alba to six and a half years in jail for this conspiracy, a sentence he is currently serving in prison.

Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba llevará hasta el banquillo de los acusados a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es. Un juzgado de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el periodista por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa que le llevó a prisión. La jueza asume buena parte de los postulados de la querella del exmagistrado encarcelado y exige al periodista una fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.

Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. Condenado por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

Rosell dejó la política aunque nunca fue imputada, la conspiración de Alba fue descubierta y el exmagistrado terminó entrando en la cárcel en octubre de 2022 tras ser condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental. Pero unos meses antes de ingresar en la prisión de El Salto Negro, el exjuez corrupto pasó al ataque contra sus víctimas y presentó una querella (criminal, especifica) por revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Una querella contra elDiario.es, su delegación Canarias Ahora, dos redactores, Carlos Sosa, Victoria Rosell y hasta el director del periódico, Ignacio Escolar.

Según Alba y su esposa Teresa Lorenzo, las informaciones que publicó Canarias Ahora sobre la conspiración que él dirigió y que le ha costado la cárcel no tenían por objetivo informar a la opinión pública, sino hundir su reputación. Los datos, afirmaba en su querella, habían salido de una causa judicial secreta y el resultado es que tanto él como su pareja sufrieron insultos de odio en internet, vieron publicados datos personales y médicos en esas noticias y eso ha afectado, incluso, a su hija pequeña menor de edad.

La jueza María Ángeles Velázquez, que lleva todo el proceso advirtiendo sobre las consecuencias de divulgar el contenido de la causa aunque no estaba decretado el secreto de sumario, en su auto de procedimiento abreviado ratificado en otro posterior de apertura de juicio oral asume una parte importante de estas tesis y deja el caso en manos de un juzgado de lo penal para que celebre un juicio por varios delitos de revelación de secretos, odio y acoso, sin organización criminal. E impone la fianza que solicita Alba, de más de 422.000 euros: siete veces más que la indemnización que se le impuso por conspirar contra Rosell desde su juzgado.

La Fiscalía pide archivar el caso

En su escrito de acusación, además de casi medio millón de euros, el exjuez Alba pide 23 años de prisión para Carlos Sosa por seis delitos distintos. Expone una teoría delictiva sobre la procedencia de la información y los datos publicados que desmiente la Fiscalía de Madrid en un escrito, presentado a mediados de enero, en el que pide el archivo de la causa y que el periodista de Canarias Ahora no sea juzgado. Se publicaron noticias “de relevancia pública”, con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables” y que no constituyó un rosario de delitos penados con la cárcel: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia”.

Muchas de las informaciones a las que Alba apuntaba en su querella se referían, entre otros hitos, al tiempo en que el Consejo del Poder Judicial tardó en localizarle para comunicarle su suspensión como magistrado. También a cuando se fue de vacaciones sin dictar sentencia por el caso Faycán de corrupción o sobre los contactos que él y su esposa mantenían con miembros de Vox. Informaciones sobre las alegaciones que el propio condenado hacía sobre su estado de salud o hipótesis sobre sus viajes en ese momento que, según la Fiscalía, eran informaciones veraces que no incidían en su intimidad de forma ilegal.

“Es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia”, afirma el Ministerio Público. Todo lo contrario a lo que afirma de forma tajante la querella de Alba.

El recurso que el propio Sosa ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando la anulación de su procesamiento, incide en esos mismos argumentos. Acusa a Alba de “faltar a la verdad burdamente”, manipulando fechas del proceso, para hacer creer a la magistrada que las informaciones procedían de un sumario judicial secreto en el que Sosa y Rosell estaban personados, y no del trabajo periodístico del equipo de Canarias Ahora. Por ejemplo, la conversación entre el juez Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez se publicó el 12 de mayo de 2016, dos semanas antes de la apertura de la causa en el Tribunal Superior de Canarias. Sosa no fue admitido como acusación en el proceso hasta casi un año después.

En conclusión, afirma el escrito, “no puede deducirse que el querellado haya publicado ni una sola información obtenida ilícitamente”, al margen de que la acusación de organización criminal de Alba haya valido para atribuirle todas las informaciones publicadas en el periódico, aunque no fueran firmadas por él, incluso si no fueron publicadas en Canarias Ahora. Afea a Alba que, además, intente imputarle el malestar que sufrió su hija pequeña cuando tuvo incidentes en el colegio relacionados con el proceso judicial a su padre: “Evidentemente la menor no sufrió a causa de la noticia sobre el incidente, que presumimos que no leyó, sino por el incidente mismo”.  

El periodista desgrana uno por uno los análisis, noticias e informaciones firmadas por él y defiende, coincidiendo con el Ministerio Público, que ninguna descubrió datos médicos de Alba que no fueran de relevancia para el proceso judicial y su entrada en prisión, o cuando previamente el Consejo del Poder Judicial trató de localizarle para comunicarle su suspensión como juez. También niega haber fotografiado al matrimonio Alba-Lorenzo: “El señor Sosa jamás ha estado en las inmediaciones de la vivienda de los querellantes, ni jamás ha ordenado a algún fotógrafo ni periodista apostarse en ese domicilio ni en una playa ni en algún restaurante para inmortalizar la vida de esas personas”.

Una cacería de Alba contra Rosell

Salvador Alba y Victoria Rosell eran magistrados en Canarias cuando sus caminos se cruzaron. La jueza entró en política de la mano del partido político Podemos y el juez se hizo cargo de su juzgado. Fue en ese momento cuando, con el objetivo de cortar en seco la carrera política de Rosell, Alba decidió adulterar una causa judicial que manejaba para intentar implicar tanto a ella como a su marido, el periodista Carlos Sosa, en un caso de corrupción empresarial. 

Según los tribunales, Alba intentó que un empresario canario (Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de fútbol) cambiara su declaración para implicar a Carlos Sosa en la investigación que mantenía abierta. También intentó involucrar a la propia Rosell para que pudiera ser acusada de haber intentado tapar el caso para beneficiar a su marido. 

El resultado es que, cuando Rosell empezaba su carrera política con Podemos, fue señalada tanto por una investigación de la Fiscalía como por una querella del exministro José Manuel Soria. Esas investigaciones nunca prosperaron y ella nunca fue acusada de nada, pero fue suficiente para que dejara la política en ese momento. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que todo era una maniobra de Salvador Alba y que el que había delinquido era él. 

Fue imputado, investigado y finalmente condenado por urdir todo el complot para acabar con la carrera política de Victoria Rosell, que con los años volvió a la vida pública y fue secretaria de estado contra la violencia de género. El Tribunal Supremo condenó a Alba a seis años y medio de cárcel, condena que en la actualidad cumple en prisión por esa conspiración. 

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Los abogados de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz personados en el caso Grúas se desgañitaban la semana pasada ante la jueza Celia Blanco para que suspendiera las declaraciones de los testigos más peligrosos para la integridad procesal del expresidente canario. Querían (y quieren) que la causa deje de instruirse en los juzgados de La Laguna en lo que el Tribunal Supremo se manifiesta acerca de la exposición razonada que la jueza elevó hace semanas atendiendo a la condición de aforado que adquirió Clavijo gracias a la generosidad y las artimañas de su grupo parlamentario.

Con esa actitud, los abogados del expresidente y del exalcalde de La Laguna insisten en destrozar sus propios argumentos, según los cuales entre los investigados no existe ningún tipo de temor a una investigación, se realice donde se realice, dada la prístina inocencia de sus patrocinados y la ejemplaridad y limpieza del expediente administrativo del servicio de grúas en esa ciudad tinerfeña.

Pero ha resultado que todos los testigos que depusieron la semana pasada han destrozado las versiones de los investigados y han dejado abierta la posibilidad de que la jueza complemente su exposición razonada al Supremo con el delito de tráfico de influencias, que llamativamente dejó fuera, pero que, a la vista de lo escuchado en su sala de vistas, toma cuerpo de manera evidente.

Porque todos los testigos han coincidido en que fue Clavijo el que seleccionó al personal de la empresa de grúas y el que los convenció para que se quedaran con ella una vez su primer propietario se vio ahogado por los impagos del Ayuntamiento. Entre Clavijo y Díaz tramitaron el préstamo de 120.000 euros de dinero público para pagar deudas de la empresa y los que miraron para otro lado cuando el interventor municipal les decía que aquello no se podía hacer y que lo más conveniente era rescatar la concesión y sacar un concurso nuevo.

Pero Clavijo no hizo caso. Solo era un concejal de Seguridad y por su cabeza no pasaba ni convertirse en alcalde de la ciudad y mucho menos llegar a presidente de Canarias y luego senador para guarecerse de sus propios actos. Le apetecía que unos colegas suyos, asesorados por su socio en la gestoría que ambos poseían, se hicieran con una empresa rentable de la que él fuera el padrino.

Y justo ahora que su partido está en la oposición en todas las instituciones importantes de Canarias es cuando se le complican sus implicaciones judiciales y cuando se reactivan los movimientos para la reunificación del nacionalismo canario.

Para el partido más influyente de Coalición Canaria, la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) que ya no existe sobre el papel pero que en realidad está más activa que nunca, esas debilidades convierten en delicadas las negociaciones con Nueva Canarias para la reunificación del nacionalismo. Los de Román Rodríguez no solo ocupan sillones influyentes en el Gobierno de Canarias junto al PSOE y Unidas Podemos, sino que han conseguido escaño al Congreso por la provincia de Las Palmas y amenazan con volver a ser decisivos en la legislatura que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden echar a andar las próximas semanas.

Por eso y para tapar tanta noticia negativa, esta semana pasada salieron a la palestra el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el exalcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, llamando a una suerte de desmarque de su diputada nacional Ana Oramas, para negar al PSOE la investidura. Sus planteamientos no quedaron muy claros, y a medida que se le preguntaba a Alonso, más crecían las contradicciones.

“Pedro Sánchez ha engañado a Canarias”, dijo el viernes al programa de TVC Buenas Tardes Canarias, para añadir dos minutos más tarde que todo sería distinto si en lugar de Unidas Podemos, el líder del PSOE cerrara un acuerdo “moderado” con el Partido Popular y Ciudadanos.

Sin el voto de Oramas, a Pedro Sánchez no le bastaría con la abstención de Esquerra Republicana para proclamarse presidente, ni siquiera en la segunda votación, lo que obligaría a una nueva repetición electoral y convertiría a la diputada tinerfeña en el tan rentable y ansiado voto 176, en este caso 169 para deshacer el empate. Y volvería a hacer otra pirueta para negar su voto a un Gobierno con los de Iglesias, como hizo en las elecciones de abril para enmendarse luego en las del 10-N.

Pero ATI prefiere esperar a ver cómo evolucionan las presiones que está recibiendo Pedro Sánchez para que rompa su acuerdo con Pablo Iglesias y haga un pacto blando con las derechas españolas, donde los regionalistas tinerfeños se sentirían mucho más cómodos. Debe resultar inquietante en ATI el escenario progresista que no solo se abre en los gobiernos de España y de Canarias, sino también en la estrategia de reunificación nacionalista, con Asamblea Majorera y la CC de Lanzarote encabezando una corriente menos proclive a la derecha, y con Nueva Canarias haciéndose fuerte en Gran Canaria y ganando influencia en el contexto regional.

Si a eso unimos que se avecinan elecciones para la secretaría general de CC en Tenerife, todo queda explicado.

El periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la magistrada Victoria Rosell, ha acusado este miércoles al también juez Salvador Alba de pretender aprovecharse de la “situación personal dramática” que está atravesando el actual propietario de Seguridad Integral Canaria (SIC), Héctor de Armas, para tratar de defenderse con afirmaciones infundadas de los cinco delitos por los que se sienta en el banquillo de los acusados desde el pasado lunes, que suman peticiones de pena de hasta 13 años y medio de cárcel y 42 de inhabilitación.

El procesado Alba presentó en el trámite de cuestiones previas una carta firmada por Héctor de Armas, ex mano derecha de Miguel Ángel Ramírez y, en la actualidad, enfrentado al empresario, incluso en los juzgados, en la que habla de un “montaje” entre el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Sosa y Rosell para perjudicar al magistrado con las grabaciones que dan origen a la causa.

“De Armas está desahuciado en lo personal y en lo económico”, ha recordado el periodista, aludiendo a su grave enfermedad, a sus problemas judiciales, “con tres querellas abiertas”, y a la posibilidad de perder la vivienda en la que actualmente reside. “Alba presume ante sus compañeros, entre ellos Carlos Vielba, de que va a volver a ser juez y, en un programa de radio, de que esto es una conspiración contra él. Si eso lo oye Héctor de Armas, comprendo que quiera congraciarse con él, porque está pasando una situación penosa y cualquier ayuda le vendrá bien, tanto económica como judicial”, ha afirmado el testigo.

Sosa sostiene que la carta “es falsa desde el principio al final” y pretende convertir “al verdugo en víctima”. “Está tratando de hacer lo mismo que hizo Ramírez con Alba, congraciarse con él. Probablemente le deben haber hecho promesas para que se preste a este juego absurdo”, ha añadido en una comparecencia en la que ha negado que dispusiera de una tarjeta VISA pagada por Seguridad Integral Canaria, “una invención más de la mente perversa” de Alba y en la que no ha asumido como propios los mensajes de whatsapp que la defensa le atribuye en conversaciones con Héctor de Armas vinculadas a vicisitudes de la causa que instruía su pareja contra Ramírez.

Una “cacería” de Alba auspiciada por Soria

Sosa manifestó que, desde que la Fiscalía abrió las diligencias preprocesales contra su pareja por el contrato suscrito entre Clan de Medios Comunicación y Marketing, editora de Canarias Ahora, y la productora de la Unión Deportiva Las Palmas, club de fútbol que preside Ramírez, para la explotación de la licencia de radio, detectó que estaba ante una “cacería”. Una conspiración que, en su opinión, tiene a Salvador Alba como protagonista esencial pero que está auspiciada por el exministro José Manuel Soria, con quien se ha enfrentado en los juzgados hasta en siete ocasiones, seis en la jurisdicción penal y una en la civil, con una sola sentencia desfavorable.

El periodista recordó que, según el Ministerio Público, ese contrato con cláusula de confidencialidad llegó a las manos de Evangelina Ríos, fiscal de la causa contra Ramírez y enemistada con Rosell, en “un sobre anónimo”. El escrito presentado contenía, sin embargo, un detalle que acabó desvelando su procedencia, según Sosa. “El contrato se firmó por error el 26 de octubre de 2015. Hubo que volver a hacerlo el 28 porque el 26 la productora de la UD Las Palmas no estaba formalmente constituida . Alguien había hecho una fotocopia y se la entregó a Soria. Solo había una copia circulando con fecha del día 26 y la tenía Soria”.

El testigo relató que tuvo conocimiento de este hecho con posterioridad, en noviembre de 2015, cuando se reunió con varias personas vinculadas a la UD Las Palmas después de que una de ellas, Patricio Viñayo, le llamara para comunicarle que había sido citado a declarar por la Fiscalía por ese contrato. “Y una persona que estaba allí, Larry Álvarez (director de Relaciones Institucionales de la entidad amarilla), que había sido mano derecha de Soria en el PP, saltó y dijo: José Manuel. ¿Soria?, pregunté. Sí”.

Tiempo después, Alba confesó en un escrito remitido a la Fiscalía General del Estado que fue él quien entregó ese contrato a la Fiscalía de Las Palmas. “Es evidente que es Soria quien se lo dio Alba, no hace falta ser matemático”, ha concluido.

La investigación de la Fiscalía contra Rosell, que incorporó un informe de Salvador Alba que atribuía a la jueza irregularidades en la tramitación de la causa contra el anterior presidente de Seguridad Integral Canaria, acabó siendo archivada y anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por vulneración de derechos fundamentales. Pasajes de ese mismo escrito reservado de Alba fueron calcados, meses después, en la primera ampliación de la querella de Soria contra Rosell, también sobreseída por el alto tribunal canario.

Sosa describió ante el tribunal otro vínculo entre el exministro y el magistrado suspendido que tiene como nexo al periodista y licenciado en derecho Antonio Miguel Díaz. “En su día me contó que Alba contrató sus servicios para que le llevara la comunicación en sus intentos de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tengo entendido que preparó un plan de comunicación para que la campaña tuviera repercusión mediática. También me contó que Alba presumía de que Soria le invitaba a comer... y cocinaba Soria. Estoy convencido de que siguen teniendo relación”, ha enfatizado.

Contratos hasta 2009

La pareja de Rosell ha calificado su relación con el empresario Miguel Ángel Ramírez de “meramente institucional”, la propia de “cualquier director de un medio de comunicación local con un empresario relevante que además es presidente de la Unión Deportiva Las Palmas”. Sosa ha remarcado que la empresa Clan de Medios Comunicación y Marketing solo tiene en vigor un contrato con entidades vinculadas a Ramírez, el servicio de limpieza que presta el Grupo Ralons en las oficinas de Canarias Ahora por “600 o 700” euros al mes. Hasta 2012, fecha en la que la sede del periódico se traslada de la calle Cebrián a Tafira, la anterior sociedad editora del medio, Canarias Ahora Prensa, disponía de una alarma con una filial de SIC por la que pagaba 30 euros al mes.

El periodista ha reducido a esos dos contratos cualquier vínculo con las empresas de Ramírez desde 2014, fecha en la que comienza la instrucción de la causa por delito fiscal contra el empresario, hasta la actualidad. La causa contra Alba juzga precisamente las operaciones maquinadas por el magistrado para tratar de acreditar las relaciones comerciales entre Sosa y Ramírez con el propósito de alimentar la querella de Soria contra Rosell e introducir una causa de nulidad en el procedimiento contra el anterior presidente de Seguridad Integral Canaria por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza.

“La Fiscalía me llegó a hacer una investigación patrimonial, se me volvió boca abajo para ver si encontraban algún tipo de relación que pudiera perjudicar a Rosell”, ha afirmado en la sesión de este miércoles Sosa, que se ha desvinculado de cualquier tipo de negociación anterior a 2009, fecha en la que el periódico estaba en manos de un grupo de accionistas liderados por José Francisco Henríquez y en la que el director de Canarias Ahora figuraba en calidad de consejero delegado o vicepresidente. Durante esta época, los empresarios que respaldaban el proyecto pero no querían aparecer vinculados a él por el “terror” que infundía el presidente del PP canario, José Manuel Soria, utilizaban fórmulas “extravagantes” como la suscripción preferente de participaciones en distintas sociedades que luego se compensaban con publicidad, ha explicado el periodista.

En determinados momentos de su comparecencia, Sosa ha explicado que esta conspiración que atribuye a Alba y Soria ha ocasionado importantes daños a nivel personal a su pareja, pero también en el ámbito profesional a él mismo y al medio que dirige, que estuvo a punto de romper la alianza que mantiene con eldiario.es como consecuencia del ataque al prestigio del periodista después de que le colgaran “el sambenito de los negocios turbios”. “Soria tenía pendientes muchas cuentas conmigo y aprovechó para intentar llevarse por delante a Rosell con la Fiscalía mirando para otro lado mientras confabulaban”, ha concluido.

La evidencia científica del calentamiento global es clara y consistente. El último informe del IPCC revela que un incremento en la temperatura global de más de 1,5 grados en 2100 daría lugar a una problemática ambiental generalizada. De estos graves riesgos para la biodiversidad, los recursos para sobrevivir así como para poblaciones e infraestructuras costeras trata ‘Gran Canaria, revolución sostenible’, un documental a cuyo estreno el viernes 15 de febrero, a las 18:00 horas en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, te queremos invitar registrándote aquí.

El documental, producido por Canarias Ahora, muestra que expertos, políticos, empresarios y activistas pueden unirse para un cambio de modelo energético positivo y duradero. Pretende arrojar luz sobre un discurso sobre el clima a menudo catastrofista.

Gran Canaria está en el punto de inflexión hacia la energía renovable, y sobre esa transformación también se va a debatir en el Paraninfo: el público tendrá la oportunidad de participar proponiendo preguntas en un debate entre el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el experto en temas energéticos y habitual colaborador de La Sexta, Jorge Morales de Labra, moderado por el director de este periódico, Carlos Sosa.

Han colaborado en el documental Antonio Morales, Ezequiel Navío, David Suárez, Julieta Schallenberg, Roque Calero, Juana González, Raúl García Brink, Rafael Martell, Enrique Rodríguez, Germán Hiller, Nemesio Pérez y Daniel Pérez.

¡Nos vemos!

La revista universitaria de análisis e investigación 360 presenta este jueves su segundo número, Guetos, en Gran Canaria. La Asociación Atlas, situada en el número 35 de la calle Anzofé, acogerá a las 19.00 horas una mesa redonda sobre nuevas formas de periodismo que contará con la presencia de los periodistas Carlos Sosa y Samuel Toledano. Además, en el debate estarán Natalia González, una de las editoras de la revista, y Luis López, encargado de comunicación del proyecto.

La Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna es el lugar en el que ha nacido 360, una revista en papel hecha por universitarios y universitarias bajo el mando del también profesor Samuel Toledano. El objetivo de esta iniciativa es “escapar de la rutina informativa” y dar “un giro de 360 grados a la realidad” y así poder conocerla con más profundidad.

“De acuerdo con la filosofía de la revista, en este número hemos hecho un análisis de las distintas caras de los barrios más vulnerables de Canarias, integrando el ámbito educativo, vecinal, sanitario, político y económico, entre otros”, señala el coordinador del reportaje principal, Benito Brito.

360 lanzó hace dos años su número piloto: Vidas precarias, con la ayuda económica de la Universidad de La Laguna. El éxito de esta prueba llevó al alumnado a trabajar para conseguir publicar su segundo número, Mujeres, que nació gracias a la colaboración de la población en la campaña de micromecenazgo que los periodistas lanzaron.

El reportaje principal de Mujeres, publicado a principios de 2018, versó sobre el papel de la mujer en distintos ámbitos como el mediático, judicial, político o social. Asimismo, incluyó un reportaje sobre la importación de arena del Sáhara Occidental al Archipiélago para usos turísticos y de la construcción.

Los puntos de venta están distribuidos por toda Canarias y pueden localizarse en su página web.

El director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, ha señalado este jueves al ser entrevistado en el programa de Antena 3 Espejo Público que en la querella presentada por el exministro de Industria José Manuel Soria contra la magistrada Victoria Rosell este se ha tenido que presentar como acusación popular, “como Manos Limpias” y además no ha requerido fianza. En este sentido, recordó que el expresidente del PP en Canarias ha seguido adelante con esta “cacería” contra la jueza, a pesar del archivo de la Fiscalía y del TSJC, que consideró que se habían vulnerado dos derechos fundamentales.

Sosa insistió en la importancia de las fechas y datos en esta investigación. De hecho, apuntó que el último contrato firmado entre empresas en las que él era director y Miguel Ángel Ramírez fue en el año 2008, como se constata en los documentos, es decir, seis años antes de que Rosell abriera la instrucción de la causa.“Falta que el juez (Salvador Alba) lo diga, porque da una información sesgada e incompleta, cuando no falsa”, asegura. Por ello, aclara que su pareja no tenía que haberse apartado de este caso, puesto que las fechas de estos acuerdos son anteriores y añade que la magistrada imputó dos delitos más al empresario canario.

Asimismo, el periodista puntualiza que es “llamativo” que el presidente de La Unión Deportiva Las Palmas fuera cuestionado en una citación por una causa de presunto fraude fiscal por sus relaciones con él, donde se dedicó más de una hora a hablar de esta cuestión.

Victoria Rosell pidió la excedencia del juzgado de instrucción número ocho el 15 de octubre de 2015, cuando se hizo público que iba a ser candidata de Podemos y se marchó del juzgado el 22 de octubre. El director de Canarias Ahora firmó el contrato “no con Miguel Ángel Ramirez sino con el director general de la Unión Deportiva Las Palmas” el 28 de ese mismo mes, cuando ya Rosell se encontraba fuera del juzgado.

“Conviene que fijemos muy bien las fechas, los tiempos y los comportamientos, incluido el del juez Alba, para que se entiendan bien las cosas y las intencionalidades”, apunta.

Sosa afirma que el denunciante es el exministro Soria, pero que este cuenta con la colaboración del juez sustituto. Señala que al llegar al juzgado lo primero que hizo fue “quitar al juez de refuerzo” que estaba instruyendo la causa con Rosell, por lo que la causa no comenzó con el requerimiento del Supremo de un informe, como ha asegurado Alba.

El magistrado sustituto de Rosell también fue entrevistado este jueves en el mismo programa, donde defendió que en el informe que envió al Supremo constató un “retraso llamativo” en este procedimiento, por lo que así lo hizo constar. No obstante, Alba se mostró sorprendido sobre cómo había llegado este documento a los medios de comunicación.

Por otro lado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias ha dado su apoyo a Victoria Rosell, quien ha dejado la diputación permanente por la investigación del Supremo. El secretario general del partido ha insistido en que la denuncia contra la jueza la puesto un exministro que tuvo que dimitir “por mentiroso”.

El periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, ha negado este jueves que la operación que cerró con el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, tenga nada que ver con el trabajo como juez de su pareja, Victoria Rosell, y ha subrayado que si esta siguiera en el juzgado, nunca hubiera hecho tratos con él.

La Fiscalía ha abierto diligencias para averiguar si Rosell, titular hasta el 22 de octubre del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, siguió con la tramitación de un caso por fraude a Hacienda y la Seguridad Social sabiendas de que su pareja estaba en negociaciones con el principal imputado, Ramírez.

En concreto, Sosa cerró el 28 de octubre un acuerdo con la UD Las Palmas, de la que el empresario es accionista mayoritario, para arrendarle por 300.000 euros una licencia de FM que el club necesitaba para regularizar la situación de su emisora oficial.

Carlos Sosa ha explicado a Efe que ni siquiera fue él quien empezó las negociaciones, sino que estas se abrieron a sus espaldas con el anterior arrendatario de la licencia, Fernando Ortega.

Según su versión, se enteró de esas negociaciones en torno al 11 de octubre, cuando “ya se había publicado” que Victoria Rosell se iba a presentar a las elecciones con Podemos, y lo hizo a través la UD Las Palmas, que se puso en contacto con él tras descubrir que era el verdadero titular de la licencia.

“Si Vicky siguiera en el juzgado, yo no hubiera hecho esta operación, pero como sabía que se iba y que ni ha archivado ni ha hecho nada que pudiera resultar sospechoso de trato de favor (a Ramírez), me dije ¿por qué no?. Si ella se marcha del juzgado, la causa seguirá abierta tal cual estaba”, ha manifestado Sosa.

El periodista grancanario ha subrayado que su pareja y él son extremadamente cuidadosos con este tipo de detalles y que, desde que se abrió la causa penal a Ramírez, han procurado no tener ningún tipo de relación con él, ni con ninguna de sus empresas.

“Para que se haga una idea, yo no me puedo comprar un BMW (Miguel Ángel Ramírez es el dueño del concesionario en Gran Canaria), porque basta que me vean por la calle con un BMW para que digan que me lo regaló o alquiló. Incluso yo iba a regalarle (a Rosell) una bicicleta eléctrica BMW de la que me habían hablado muy bien y no pudimos hacerlo”, ha enfatizado.

El periodista opina, como su compañera, que “detrás” de las diligencias abiertas por la Fiscalía en este asunto está el ministro de Industria y líder del PP canario, José Manuel Soria, con el que ha tenido varios litigios en los tribunales, el último de ellos por publicar que había pasado unas vacaciones en la República Dominicana en un establecimiento de lujo invitado por un empresario propietario de un hotel declarado ilegal en Lanzarote.

La principal apuesta de Podemos en materia judicial está bajo la mirada de la Fiscalía. La jueza en excedencia Victoria Rosell está siendo investigada por su actuación en la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, acusado de un presunto delito de fraude fiscal. La investigación de la Fiscalía arrancó pocas semanas después de que Rosell anunciase su entrada en política. Los problemas judiciales para el fichaje de Podemos se derivan de un contrato firmado por el club deportivo con la pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio local asociado con eldiario.es en Canarias.

Victoria Rosell abrió en enero de 2014 un proceso penal contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, tras recibirse una querella por un delito contra la hacienda pública. Ramírez está acusado de defraudar cuotas de IRPF y de Seguridad Social de sus trabajadores camuflando parte del sueldo como si fuesen dietas. Rosell añadió dos delitos más a la querella criminal: un delito contra los trabajadores y otro más por fraude contra la Seguridad Social.

No es el primer proceso penal al que se enfrenta Miguel Ángel Ramírez. El presidente de la UD Las Palmas fue condenado en otro juicio a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. Se salvó de entrar en la cárcel gracias a un indulto que aprobó el Consejo de Ministro de Mariano Rajoy en 2013. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo anuló ese indulto y Ramírez está pendiente de un nuevo indulto del Gobierno si no quiere entrar en prisión.

El 15 de octubre, la jueza Victoria Rosell solicitó la excedencia y el 22 abandonó el juzgado para encabezar la lista de Podemos al Congreso en Las Palmas. Desde entonces, un nuevo juez continúa el proceso contra Miguel Ángel Ramírez, que recientemente ha vuelto a ser llamado a declarar.

Unos días después de la salida de Rosell del juzgado, el 28 de octubre, su pareja, Carlos Sosa, firmó un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas. Se trata de un contrato para que la radio de este club de fútbol –que estaba operando en una emisora ilegal– se emitiese en una frecuencia propiedad de Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa. El acuerdo es un alquiler de cien meses por 1.500 euros al mes, más una opción de compra de 50.000 euros al término del alquiler. En total, el contrato supone un desembolso máximo de 300.000 euros en doce años, en el caso de que se ejecute la opción de compra.

La Fiscalía pretende relacionar ese contrato con la instrucción de la causa abierta a Miguel Ángel Ramírez porque cree que la magistrada debió apartarse si hubiera conocido la existencia del contrato firmado por su pareja. La Fiscalía tiene sobre la mesa la fecha del contrato: 28 de octubre de 2015. La jueza había pedido su excedencia voluntaria al Poder Judicial el día 15, y le fue concedida el día 22: la noticia de su llegada a la política ya se había publicado en prensa el 11 de octubre. La Fiscalía considera que la jueza Rosell debería haberse inhibido y no continuar la instrucción de este caso por este acuerdo económico entre la Unión Deportiva Las Palmas y la empresa de Carlos Sosa, Clan de Medios.

La fiscal Evangelina Ríos, a la que se ha encomendado la tramitación de estas diligencias, ya ha llamado a declarar, entre otros, al director general de la Unión Deportiva Las Palmas, Patricio Viñayo. Evangelina Ríos también fue la fiscal del caso contra el presidente de este club de fútbol y hace unos meses presentó una queja frente al Consejo General del Poder Judicial contra Victoria Rosell, argumentando que Rosell estaba retrasando la instrucción. La queja se archivo y el CGPJ respaldó a Rosell.

El contrato que firmó Carlos Sosa con la UD Las Palmas el pasado 28 de octubre tenía como objeto que la emisora oficial de la entidad deportiva se hiciera cargo de la provisión de contenidos y la explotación publicitaria de la frecuencia de radio de la que es titular la empresa propiedad del periodista. Esa empresa es la editora del periódico digital Canarias Ahora, un medio digital fundado en el año 2000 y que, desde 2013, está asociado con eldiario.es como su edición autonómica en Canarias.

“El contrato se firmó después de que yo dejase el juzgado para entrar en política”, argumenta Rosell, que dice no haber sido notificada formalmente de esta investigación de la Fiscalía que aún no está judicializada. Rosell responsabiliza directamente al ministro José Manuel Soria, cabeza de lista del PP en Las Palmas, de la apertura de esta investigación. “Es un intento del ministro Soria y del PP para neutralizar a un rival político usando la Fiscalía”.

El periodista Carlos Sosa, demandado por el Ministro de Industria, José Manuel Soria por publicar sus vacaciones en Punta Cana, ha asegurado que se defenderá “con las armas que da la ley” porque está “convencido” de que se ha “actuado bien”.

“Estamos convencidos de que hemos dicho la verdad, nos hemos ceñido a la praxis periodística necesaria para poder verificar la información que teníamos desde hacía tres días de la presencia de estos señores en la República Dominicana y por lo tanto estamos tranquilos”, ha declarado.

Sosa ha señalado que respeta “profundamente la decisión de Soria” de interponer la demanda si se ha “considerado ofendido” o cree que se ha “dañado su honor” y ha insistido en que el caso ya está en manos de los abogados, que “actuarán en consecuencia respondiendo a la demanda y reclamando todo lo que sea menester para la defensa del derecho a la libre información y a la libertad de expresión”.

Del mismo modo, y ante las acusaciones de Soria sobre la publicación de su versión, el periodista ha explicado que así se hizo “de modo inmediato” y “en cuanto se recibió”, “respetando el entrecomillado” y asegura que se le pidió “el día anterior” y no se la dieron.

“No hemos mentido en cuanto a su presencia en el hotel y él lo reconoce. Sólo hemos dicho que estaba invitado”, ha indicado Sosa, quien indica que queda “a la espera de la práctica de la prueba que se ejercite durante el procedimiento”.

Además de Sosa, la demanda presentada por el ministro se dirige a la empresa editora del medio que publicó la información (eldiario.es) y a su director, Igancio Escolar.

José Manuel Soria reclama 18.000 euros por su honor. Así se recoge en la demanda civil que este jueves repartió entre los medios informativos contra el director del Eldiario.es, Ignacio Escolar, contra la empresa editora de ese periódico, El Diario de Prensa Digital, S.L., y contra el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y autor de la noticia en la que se relataban las vacaciones de una semana del ministro de Industria, Energía y Turismo en la República Dominicana.

La noticia fue publicada el domingo 9 de agosto en Eldiario.es y en Canarias Ahora, cabecera asociada al primero. En la pieza periodística se relataban las vacaciones del ministro en el hotel Breathless Punta Cana, propiedad del Grupo Martinón, titular a su vez de un hotel con licencia ilegal en la isla de Lanzarote, donde tras su estancia en la República Dominicana pasa la segunda parte de sus vacaciones José Manuel Soria en compañía de su familia.

En su demanda, Soria considera falsa la noticia pese a reconocer que pernoctó dos días en el referido establecimiento y no una semana, como se publicó a partir de un comunicado del Ministerio de Turismo dominicano que cifraba en siete los días que el político español pasó en aquel país.

Califica de falso el ministro español que pasara “una semana gratis en el hotel Breathless Punta Cana Resort & Spa” en compañía de su esposa, “invitados por la empresa propietaria del establecimiento, el Grupo Martinón” y que en el establecimiento coincidiera con el ex ministro de Cultura y su esposa, José Ignacio Wert y Monserrat Gomendio, respectivamente.

“A la salida del hotel”, dice su abogado, “mi representado abonó la cuenta de su estancia con tarjeta de crédito, como se acredita con la aportación de la copia del resguardo” que no ha sido facilitada a los medios informativos que han tenido acceso a la demanda.

La demanda también hace referencia al comunicado emitido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el que se desmentían algunos aspectos de la noticia, comunicado que fue publicado convenientemente pero, al parecer, no a plena satisfacción del demandante porque no se reconoció “la falsedad del artículo previamente publicado, tratando de mantener su inveraz versión”.

José Manuel Soria reclama 18.000 euros de indemnización y la publicación de la sentencia, en caso de serle favorable, en un medio “de papel” de tirada nacional y en el diario que la publicó en exclusiva.

Soria defiende su honor tras haber pernoctado en un hotel propiedad de una empresa que es titular de un hotel ilegal situado en la isla de Lanzarote, el Volcán, al que se trasladó tras sus vacaciones en el Caribe y al que ha acudido por cuarto verano consecutivo a pesar de mantenerse su flagrante clandestinidad.

La primera biografía no autorizada de José Manuel Soria, Hechos Probados, (Ediciones Idea y Roca Editores) se presenta este martes en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras la primera presentación de la provincia, en Lanzarote, Carlos Sosa, autor del libro y director de Canarias Ahora, Ignacio Escolar, director de eldiario.es, y Francisco Pomares, periodista, exdirector de La Opinión de Tenerife y colaborador de la Cadena Ser en Canarias, estarán a las 20:00 horas en el Museo Élder de la Ciencia y la Tecnología, en el parque de Santa Catalina, de Las Palmas de Gran Canaria.

Hechos probados, una primera biografía de José Manuel Soria, actual ministro de Industria, Energía y Turismo, ya se ha presentado en Madrid y en Santa Cruz de Tenerife. Editado en papel por Ediciones Idea y en versión digital por Roca Editores y eldiario.es, ha causado especial impacto en la prensa madrileña, desconocedora de la mayoría de las trapisondas protagonizadas por quien empezó su andadura política como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en 1995. El libro abarca desde esos comienzos hasta su paso por la vicepresidencia del gobierno regional.

El libro, del que ya hay una segunda edición impresa tras agotarse los mil primeros ejemplares, relata casos que fueron muy sonados en la prensa de Canarias, complementados con nuevos datos, anécdotas y vivencias contadas por el que quizás sea el periodista que mejor conoce al personaje. Así, asuntos como La Favorita, el caso salmón, el caso chalet, el caso canódromo... son contados a modo de reportaje periodístico amplio para que el lector no se pierda en las vicisitudes de la actualidad que impiden una visión completa de su alcance.