El Gobierno de CC-PP pide datos que no exige la ley para dilatar la declaración de Las Palmas como zona tensionada

El Gobierno de Canarias continúa jugando al despiste para dilatar lo máximo posible la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada. El Ejecutivo regional, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), pide ahora a la capital grancanaria datos oficiales que justifiquen la contención del precio del alquiler en la ciudad. Pero ni la normativa estatal ni la autonómica exigen que las cifras utilizadas para solicitar la declaración sean oficiales, sino objetivas y fundamentadas. Aunque provengan de portales inmobiliarios.

La ley estatal de vivienda aprobada en 2023 solo indica que las cifras utilizadas para justificar la declaración de zona tensionada tienen que ser objetivas y fundamentadas. Y el decreto del Gobierno canario que regula el procedimiento en las Islas tan solo dice que deben emplearse “indicadores” de los precios del alquiler, de venta de vivienda y de renta de los hogares, sin precisar si estos deben ser oficiales o no.

El consejero canario de Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), ha dicho este martes que ha pedido un nuevo informe al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con datos oficiales “para ser rigurosos a la hora de tomar cualquier decisión que tiene que ver con el mercado de la vivienda”. Su petición llega medio año después de que el Consejo de Economistas de Las Palmas, en un informe coordinado por la exconsejera del Partido Popular Rosa Rodríguez, subrayara la falta de fiabilidad de los portales inmobiliarios para defender que el precio del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria no está desbocado.

En su opinión, el informe preparado hace un año por el Ayuntamiento capitalino, de unas 274 páginas, está desfasado porque usa datos de Idealista y Fotocasa para estimar que los inquilinos de la ciudad dedican casi el 40% de sus ingresos para pagar el alquiler o que el precio del arrendamiento ha aumentado un 29,4 % entre 2019 y 2024. Los economistas de Las Palmas creen que esos cálculos están mal porque las webs inmobiliarias solo reflejan “precios de salida” (ofertas) y no los “precios reales de cierre” de las operaciones.

De hecho, el informe del Colegio apunta que los portales privados “casi que duplican” el precio del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria que establece el Ministerio de Vivienda, cifrado en ocho euros el metro cuadrado. Mientras que el Consistorio capitalino cree que “el actual comportamiento del mercado inmobiliario” está generando “desigualdades sociales y económicas”, los economistas de Las Palmas sostienen que, atendiendo a las métricas legales, el municipio no está tensionado.

La alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, cree que el Ayuntamiento expuso “desde el rigor” que la ciudad reúne las condiciones adecuadas para dicha declaración. Ha expuesto que Las Palmas de Gran Canaria cumple con tres de los cuatro requisitos que establece la ley nacional para catalogar áreas urbanas como tensionadas. Y como prueba de ello ha referido que “vemos día a día como el precio de los alquileres sigue subiendo”, hasta el punto de que “Las Palmas Gran Canaria es una de las ciudades en que [el alquiler] no solamente sube más de toda Canarias, sino también en el contexto nacional”.

Pero no es la primera vez que un gobierno autonómico del PP rechaza la declaración de zona tensionada por el empleo de datos de portales inmobiliarios. El Gobierno de Galicia, del PP, lo hizo con la solicitud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que tuvo que reajustar su informe para ajustarla a las exigencias del Instituto Galego de la Vivienda.

En regiones como Navarra, Catalunya o el País Vasco sí se han utilizado únicamente datos oficiales para la elaboración de informes. En esas comunidades, los documentos fueron redactados por los propios ejecutivos autonómicos. En Canarias, el Gobierno de CC-PP aprobó un decreto para endosar esa tarea a los ayuntamientos.