Es fácil idealizar a quien ya no está, aún más si murió joven, de forma trágica (aunque, ¿acaso se puede morir joven sin que eso suponga una tragedia?). Llamar a un asesinato tragedia, de todos modos, quizá sea un eufemismo, un escurrir el bulto. Y no. A ella la mataron a conciencia: un tiro en la cabeza, junto a su amigo Karl Liebknecht, asesinado a su vez. Arrojaron el cuerpo de ella al río, de donde emergió casi seis meses después. Su vida terminó el 15 de enero de 1919. Tenía 47 años, y se había pasado una parte de ellos en la cárcel. Aun así, su ánimo, su motor interno, nunca se amilanó.

Nacida como Rozalia Luksenburg en una familia polaca de origen judío, el mundo la conoce como Rosa Luxemburgo (Zamość, 1871-Berlín, 1919). Porque, esto también suele ocurrir cuando se muere joven, se convirtió en un mito, una inspiración para sus coetáneos y para las siguientes generaciones. En realidad, lo sería, habría podido serlo, incluso de no haber muerto de un disparo a sangre fría. En su existencia, que bien puede describirse con esa expresión tan manida de “breve pero intensa”, hizo méritos más que suficientes para que su legado, el fruto de su mente, tuviera un recorrido más largo, y menos frágil, menos vulnerable a la represión humana, que su cuerpo.

Las ideas siempre persisten, por mucho que a lo largo de los años se enfrenten en algún momento a la censura o a la incomprensión. Tarde o temprano, cuando al otro lado hay alguien con predisposición para escuchar, renacen, con un sentido que adquiere matices nuevos que no dejan de comunicar algo nutritivo al receptor. Esa es la esencia de todo clásico: nutrir la mente con alimento que avive el apetito intelectual, que salpimiente la conversación e invite a ponerse otras gafas, aunque puedan resultar incómodas; a veces es necesario cambiar de perspectiva para observar la realidad desde un ángulo menos sesgado, para darse cuenta de hasta qué punto los prejuicios pueden llevar al amodorramiento mental, a la inacción colectiva.

Y cuando el pensamiento se transmite de generación en generación (o saltándose alguna que otra por el camino), cuando la letra llega más lejos que la voz, el autor se convierte en mito. Esto también es muy típico de quienes mueren jóvenes: enaltecer su aportación y atribuirles más méritos que a alguien con una formación análoga, pero que sigue vivito y coleando. De hecho, es posible que al muerto, en vida, se le despreciara. Por juventud, o, para ser exactos, por molesto. La juventud, cuando no se calla, molesta. La juventud, cuando hace ruido, molesta. La juventud, cuando contribuye con respuestas arriesgadas, molesta. Esa juventud irredenta es la única digna de llamarse juventud.

Rosa Luxemburgo tuvo claro enseguida cómo encarrilaría sus pasos: a los quince años se alistó al Partido del Proletariado Polaco (más tarde fundó el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia junto a su compañero Leo Jogiches). Siendo todavía estudiante en la Universidad de Zúrich –una estudiante con vocación polímata: se formó en Filosofía, Historia, Política, Matemáticas y Economía–, se involucró en los movimientos en pro de la revolución socialista –tal como se entendía el socialismo en aquel contexto, es decir, en el marco del marxismo, con una fuerte oposición al capitalismo y mucha vinculación al movimiento obrero– y se codeó con otros exponentes de este colectivo ideológico.

Se acostumbró a actuar en la clandestinidad, consciente de ser una rémora para el poder del entonces Imperio ruso. Desde muy joven publicó sus análisis del movimiento en los periódicos izquierdistas más importantes de la época: se conservan misivas de 1896 en las que ofrece textos a Die Neue Zeit, el semanario de cabecera de la socialdemocracia alemana. Con estas se abre, a propósito, el recopilatorio Cartas de la prisión, una obra que Renacimiento recupera porque “Rosa Luxemburgo aún nos interpela con su alegría radical, su ética insobornable y su defensa feroz de la libertad”.

En contra de lo que sugiere el título, no todas las cartas reunidas se escribieron desde la cárcel; en realidad, el volumen recoge la correspondencia dirigida a sus amigos entre el año 1896 y 1918, unos meses antes de su muerte. Puede leerse como una autobiografía (¿involuntaria?); también como una cronología del movimiento socialista en el Este de Europa en un periodo convulso. Porque, aunque corta y en parte confinada, la existencia de Rosa Luxemburgo dio mucho de sí. Quizá porque de niña pasó un año encamada, como consecuencia una tuberculosis ósea mal diagnosticada, aprendió rápido el valor del tiempo y trabajó con tesón para no desperdiciarlo.

De aquel tratamiento médico le quedó una cojera, una discapacidad de por vida que, sin embargo, le permitió “aprender a leer y a escribir y, sobre todo, a desarrollar una gran autodisciplina y determinación”. Los pies podían rezagarla, pero su mente era rauda y se adelantaba a los demás. Tenía amigos que iban más allá de los camaradas de lucha: el libro se divide en dos bloques, uno dirigido al matrimonio de Karl y Luise Kautsky, y otro a Sonia Liebknecht. En las cartas, organizadas en diferentes etapas que siguen el curso de los acontecimientos, se revela tanto su compromiso político como la amistad que la une a ellos.

Las cartas son quizá el documento que permite conocer mejor a alguien, por cuanto no revisten el egocentrismo ni la parcialidad de unas memorias y, en cambio, dan cuenta de las relaciones, de cómo el susodicho trataba a los demás y cómo estos respondían, con la inmediatez del momento; al fin y al cabo, lo que importa de nuestro paso por la tierra es la huella que dejamos, en las personas y en la obra, no el relato personal que uno se cuenta a sí mismo. Con Rosa Luxemburgo, las biografías pueden sonar a panegírico, pero al leerla en esta faceta tan personal se comprueba que no carecen de fundamento: era una luchadora infatigable, sí; tenía una mente brillante, sin duda; y, lo más revelador de estas misivas, también sabía ser afectuosa, ligera y hasta divertida cuando tocaba. Sabía ser, eso es, una amiga.

“La vida juega conmigo a un eterno escondite. Siempre me parece que no está en mí, ni donde yo estoy, sino en algún sitio lejano”, reflexiona durante su primera encarcelación, en 1904. Desde la prisión, trata de tranquilizar a sus amigos, que se preocupan por ella: se interesa por lo que acontece en el exterior (“me parece que el mundo anda un poco desquiciado desde que yo no estoy ahí”) y trabaja, ni que sea con el pensamiento, en sus futuros escritos. En la quietud, los sentidos y la memoria se potencian: de pronto evoca un poema o encuentra el sosiego en la observación a través de la ventana, en la escucha atenta de lo que ocurre al otro lado. Es diestra para contar este tipo de experiencias; no solo de política y revolución se alimenta una activista.

Es madura, también, con esa madurez de quien ha aprendido a vivir en armonía con el entorno, a apreciar el amanecer, sus colores y sus sonidos como un instante preciado, a entender que la “verdadera vida” no es tanto un estado como una búsqueda, una actitud en el habitar el mundo: “Antes, yo creía firmemente que la ‘vida’, la ‘verdadera’ vida, estaba en algún sitio apartado, no sabía dónde, lejos, del otro lado de los tejados. Desde entonces, no he cejado de buscarla. Pero no logro alcanzarla, pues siempre se esconde detrás de algún nuevo tejado”. Quizá porque nunca se da por satisfecha, su búsqueda, su sed intelectual, su compromiso político, no terminan ni descansan nunca.

En Varsovia, durante la primera revolución, narra la feroz violencia policial, que no obstante convive con una normalidad ciudadana: “No pasa el día sin que haya en la ciudad dos o tres personas degolladas por los soldados y arrestos a granel; por lo demás, no falta alegría”, escribe en enero de 1906. Por su parte, no dejan de publicar periódicos con sus artículos subversivos, o de intentarlo, al menos, porque “tenemos que sostener, día tras día, revólver en mano, una ruda lucha para poder tirar el Sztandar [periódico de ideología comunista] en las imprentas burguesas”, les cuenta a sus amigos.

Las cartas son quizá el documento que permite conocer mejor a alguien, por cuanto no revisten el egocentrismo ni la parcialidad de unas memorias

El segundo periodo de encarcelamiento que recogen las cartas, se prolongó entre 1915 y 1919, coincidió con la Gran Guerra y tuvo lugar en diferentes prisiones. Con la escritura de cartas limitada a un máximo de dos al mes, algo que acrecentó su soledad y le causó una frustración enorme, siguió ideando sus futuros artículos y desarrolló otras aficiones para mantenerse activa, como un herbario, que en realidad ya había comenzado tiempo atrás: “Hoy poseo doce herbarios completos y me oriento bastante bien en la ‘flora indígena’; es decir, en la del patio de la enfermería, donde crecen algunos arbustos y tupidos hierbajos, para regocijo mío y de las gallinas”.

Era de veras una trabajadora incansable: “Necesito tener siempre alguna ocupación […], que me apasione y me absorba, por poco propia que parezca de una persona formal, de la que siempre se espera, para desgracia suya, algo inteligente”, ironiza ante las burlas de sus amigos por su nuevo entretenimiento. Hoy, lejos de parecernos intrascendente, su interés por las plantas, junto con su amor por los animales (en otras cartas habla de su querido conejo Puck, por ejemplo) y su conciencia medioambiental resultan visionarios.

En la cárcel, pese a todo, tocó fondo: “Acabo de pasar un corto periodo de decaimiento lamentable. Hemos tenido varios días de un viento glacial, y me sentía tan poca cosa, tan débil, que no osaba salir de mi jaula, temerosa de sucumbir al frío”. Aun así, tiene la generosidad de estar pendiente de las anécdotas de sus allegados, agradece los regalos de Navidad y hasta proyecta una futura festividad con ellos: “El año que viene si, por casualidad, no estoy ‘a la sombra’, volveremos a reunirnos, con toda seguridad, y, además, a menudo”.

Los amigos resultaron providenciales para aliviar el encierro: le mandaban obsequios, le escribían (no había límite en el número de cartas que podía recibir), contactaban con los posibles editores de sus textos; en otras palabras, no se olvidaban de ella a pesar de la distancia. Rosa Luxemburgo, la “Rosa Roja”, ha pasado a la historia como una activista insobornable, defensora acérrima de sus ideales, una pensadora de mente privilegiada y perseverancia encomiable; pero sus cartas demuestran que no vivió solo por y para el sueño socialista, que no perdió de vista lo esencial: los amigos, los afectos, la vida.

Por mucho que la historia haya puesto de relieve que aquel proyecto tuvo en la práctica muchas sombras –ella misma criticó a Lenin por su deriva represora después de la Revolución de Octubre–, hay que recordar a Rosa Luxemburgo como paradigma de implicación política al servicio de la masa obrera, como paradigma de capacidad de trabajo y sed de conocimiento, incluso como paradigma de (esa palabra tan de moda) resiliencia. Y, por supuesto, hay que recordar su muerte a manos de los freikorps, las tropas improvisadas del periodo de entreguerras formadas por veteranos del Ejército Alemán nostálgicos del viejo orden, anticomunistas y vinculados a la extrema derecha; un espíritu que, por desgracia, vuelve a respirarse en estos días.

Hay que recordar ese crimen, y el de su amigo Karl Liebknecht, para no olvidar hasta qué punto puede llevar la represión en una democracia que se debilita por momentos. Hay que recordar, porque todo vuelve; y ya se han sacrificado demasiadas rosas.

Acabo mi viaje en Luxemburgo. Pensaba llegar antes, pero las inclemencias del tiempo, la decreciente duración de los días y una creciente pereza, más psicológica que física, me fueron retrasando. Pedalear durante ocho horas al día con frío y lluvia se me estaba haciendo duro y, peor aún, aburrido.

Atravesé Alemania de este a oeste, por Magdeburgo, Gotinga y Colonia, donde cumplí el encargo de entregar una carta a los Reyes de Oriente —cuyos presuntos huesos descansan en un relicario de la impresionante catedral— con los deseos de una amiga de alcanzar la paz de espíritu, sin que este pierda su esencia aventurera.

Persuadido de que los perspicaces magos, los primeros en reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado, pueden obrar este prodigio y muchos más, continué mi marcha hacia occidente por Aquisgrán. A la salida de la capital carolingia —todavía no sé si estaba en Alemania o ya había ingresado en los Países Bajos— ingerí mi buena y merecida dosis de terapia cívica por saltarme media docena de semáforos. 

Era domingo a mediodía. Ni un alma. Ni coches, ni bicicletas, ni peatones rondaban aquella despejada arteria periurbana. Ningún riesgo vial acechaba en los alrededores. Dio igual: un ciclista de mediana edad que me seguía desde hacía un rato y que debió de sentirse frustrado porque no podía atraparme —dado que yo pasaba los semáforos en rojo y él, no— consiguió ponerse a mi altura, aminoró la velocidad y dedicó un minuto de su precioso tiempo de asueto a sermonearme sobre lo prohibido y lo permitido por el Código de Circulación.

Me hice el tonto como si no lo entendiera, pero esto solo sirvió para exacerbar su afán pedagógico; así que le di la razón, le pedí disculpas y continué rodando, sin contrición ni propósito de enmienda, hasta entrar en Bélgica un par de horas después. 

Mientras transitaba buscando el valle del Mosa, iba reflexionando sobre el porqué de esa rigidez germánica y se me ocurrieron un par de bromas de mal gusto que podría utilizar en caso de un conflicto más serio que una breve filípica ambulante. Verbigracia: que me salte un semáforo no significa que acabe siendo un desecho humano o que, en una espiral infernal de malas conductas cada vez más graves, me dé por construir cámaras de gas. 

Consciente de lo extemporáneo de esas réplicas, me propuse guardármelas para mi exclusivo solaz. Aún así, continúo fascinado por ese enorme salto lógico que puede llevar a alguien a pensar que la mínima vulneración de la norma por un sujeto conduce sin remisión al derrumbe personal y al riesgo cierto de caos social. En realidad, la forma geométrica que lo representa no es la elíptica del salto, sino la espiral antes apuntada, que la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann utilizó para describir cómo los climas de opinión se acaban imponiendo por el temor de los individuos a quedar aislados si expresan puntos de vista divergentes de los mayoritarios. Se trata de una ‘espiral del silencio’, cada vez más unánime conforme la onda se expande. 

En mi total ignorancia de la Sociología y la Psicología Social, esta hélice potencialmente totalitaria me recordó a la dramática acrobacia que algunas madres, entre ellas la mía, realizaban al relacionar el olor del hachís o la marihuana en la chaqueta de su hijo con la imagen, hipotética pero posible, del vástago yacente en una esquina y una jeringuilla de heroína colgando de su brazo lánguido e inmóvil: el porro como ojo de un tornado o de un remolino.        

En Lieja volví a la más laxa latinidad y a un cierto relativismo conductual (que no moral) casi olvidado desde mi paso por el Trentino. Allí conocí a un entrañable cantor chileno de guitarra y sombrero para las propinas: un buscavidas que me contó la suya y que, sabiendo que yo viajaba en bici, me expresó su necesidad de correr maratones para aliviar el espíritu con dopaminas naturales. 

Hay mucha gente muy sola por el mundo. Abunda en los albergues de las grandes ciudades cercanos a las estaciones de tren y autobuses; como el joven obrero moldavo que también me contó su vida errante en Colonia o la maestra de escuela alemana que me explicó su metamorfosis vocacional en Grenoble. Incluso en Briançon, en medio de la belleza alpina, un motorista flamenco se sintió en la obligación de darme detalles de su traumático divorcio, todavía en proceso, y su necesidad de airearse subiendo y bajando puertos de montaña sobre una máquina de 750 centímetros cúbicos. Mientras se alcoholizaba en la barra del albergue, rogué para que, en una de esas mágicas curvas para ciclistas mitómanos, no le sobreviniera ningún mal pensamiento.

Cumplí el trámite de dirigirme en línea recta a través del plat pays de Jacques Brel —que no es tan llano— para alcanzar el hogar de mi amigo Diego en Bruselas, ciudad un tanto provinciana para ser la capital de Europa, pero que adoro porque siempre soy recibido por toda su familia con extrema amabilidad y, también, porqué allí nació el divino autor de Vesoul, La chanson des vieux amants y Les bourgeois, entre otras muchas decenas de canciones inolvidables.

Coincidí allí con la madre de mi amigo, buena amiga a su vez, que me invitó a comer moules et frites en un restaurante subterráneo de la Grande Place y con quien pasé el día en alegre compaña y en una infinita conversación que me alivió de mis largas jornadas de vagabundeo solitario.

Quizás fue esta vuelta a la sociabilidad deseada y en confianza la que activó la alerta: tenía que volver a casa en un plazo razonable. No soy un trotamundos vocacional. Llegado a un punto, echo de menos a los míos, a mis cosas y a mi tierra, sin atisbo de chovinismo ni nostalgia por ningún paraíso perdido al que deba retornar.

No provengo de ningún edén mitológico, sino de un país como otro cualquiera donde, además, ahora gobierna un personaje que, para ocultar sus garrafales errores, ha decidido desenterrar unas armas enmohecidas y apestosas con la intención de azuzar el conflicto civil a propósito de la lengua que hablan los ciudadanos.

Mientras eso ocurría en casa, yo me desplacé por las Ardenas, idílico escenario de tantas y cruentas batallas, hasta llegar a Luxemburgo, donde me esperaba mi otro amigo Diego, también expatriado por razones profesionales. Allí me recibieron con la misma amabilidad y cariño que en la capital de Bélgica y conocí a sus hijos, unos niños que hablan cinco lenguas con fluidez y que se escolarizan en el idioma, en apariencia, menos útil (quizás al lado del maltés) de la Unión Europea: el luxemburgués, una variante germánica que estuvo a punto de desaparecer porque era considerado el patois del alemán.

No provengo de ningún edén mitológico, sino de un país como otro cualquiera donde, además, ahora gobierna un personaje que, para ocultar sus garrafales errores, ha decidido desenterrar unas armas enmohecidas y apestosas con la intención de azuzar el conflicto civil a propósito de la lengua que hablan los ciudadanos

Hartas de invasiones y humillaciones, después de la Segunda Guerra Mundial, las élites luxemburguesas decidieron pasar del alemán al francés. En los años 80, el movimiento popular por la recuperación de la lengua propia llevó a la normalización de lo que hablaban los campesinos del país y hoy es idioma oficial del Estado y vehicular de la educación. Y, hasta hoy. 

Digo hoy porque he llegado a Luxemburgo el día de la abdicación del Gran Duque Enrique I y la ascensión a la jefatura del Estado de su hijo Guillermo V. Me encuentro con una ciudad discretamente engalanada para un acontecimiento que no sucedía desde hace 25 años. Algún corte de calle y unos cuantos policías más de los habituales son el saldo visible de una celebración sencilla en este pequeño paraíso fiscal o, al menos, oasis en que abrevan los muy ricos que no quieren atravesar mares y océanos hasta arribar a lejanas playas donde el impuesto sobre la renta es terra incognita o legendaria Materia de Bretaña.

Aunque la imposición sea baja, la recaudación es alta. El país es opulento y funciona. Como en Andorra, los portugueses, aquí reconocidos como minoría lingüística, siguen realizando los trabajos más básicos, pero prosperan. 

Consciente de su papel institucional y de lo delicada que es la función de jefe de Estado en una monarquía constitucional, el Gran Duque saliente no ha borboneado en un cuarto de siglo de reinado ni tampoco se ha dedicado a otros negocios que pusieran en peligro su imagen de probidad y ejemplaridad.

Mientras Juan Carlos I y adyacentes dilapidaron el prestigio adquirido la noche del 23F en francachelas y turbias maniobras financieras, la familia ducal luxemburguesa ha administrado el suyo —ganado en parte con la reclusión de varios de sus miembros en campos de concentración nazis— sin sobresaltos durante décadas

Además, mientras Juan Carlos I y adyacentes dilapidaron el prestigio adquirido la noche del 23F en francachelas y turbias maniobras financieras, la familia ducal luxemburguesa ha administrado el suyo —ganado en parte con la reclusión de varios de sus miembros en campos de concentración nazis— sin sobresaltos durante décadas. 

Así, el nuevo monarca y su esposa entraron en la ciudad montados en el tranvía que recorre el flamante puente de acceso a la capital, saludaron a una representación de la ciudadanía del país y asistieron a un espectáculo musical aderezado con láseres y drones; una ceremonia sin reverencias, desfiles militares ni prosopopeya aristocrática y con una puesta en escena algo aburrida, como ha de ser la normalidad burguesa, y un barniz moderno para que parezca que algo cambia aunque todo siga igual: gattopardismo consecuente y premeditado en un país que ya está bien como está.

Me marcho, pues, en plena transición y confiando en que, por una vez, los amables operarios de Ryanair me devuelvan a casa sin grandes emociones y que la escala en Marsella me permita enlazar con puntualidad. Mi fiel cabalgadura volverá por vía terrestre. Después de los servicios prestados, dejo mi bicicleta en buenas manos y quedo a la espera de reencontrarme con ella para emprender nuevas y apasionantes aventuras.

Cristóbal Montoro ha sido el político español que más años ha ocupado el sillón de ministro de Hacienda. Pero hubo una etapa entre 2004 y 2008 en la que, además de fundar 'Montoro y Asociados' con sus antiguos colaboradores, ocupó un escaño en Bruselas y formó parte del fondo de pensiones de Luxemburgo del que cobró casi 78.000 euros en 2019. El fondo articulado a través de una sicav cofinanciada en esos años con fondos comunitarios y por el que se tributaba menos de un 1% en impuestos. Un año antes de cobrar el dinero, poco antes de que Mariano Rajoy perdiera el Gobierno, el entorno de Montoro aseguró que el todavía ministro había renunciado a ese dinero que finalmente cobró un año después.

Montoro fue eurodiputado en Bruselas durante cuatro años. Ocupó el quinto puesto de la lista del PP entre Ana Mato y José Manuel García-Margallo y formó parte, sobre todo, de la Comisión de Asuntos Económicos del Europarlamento, donde tuvo 17 intervenciones plenarias, hizo 20 preguntas parlamentarias y fue ponente de un informe. La misma etapa en la que fundó en 2006 el despacho posteriormente bautizado como Equipo Económico y ahora investigado por los tribunales. Un periodo que le valió para acceder a una de las grandes fuentes de ingresos en la política: las pensiones de eurodiputado.

El sistema que utilizaban los parlamentarios de Bruselas en esos años para canalizar sus pensiones fue desvelado por InfoLibre en 2014. Una sociedad de inversión de capital variable (sicav) radicada en Luxemburgo donde por cada dos euros que aportaba cada eurodiputado para su futura pensión, el Parlamento Europeo aportaba uno. Todo con un régimen fiscal muy favorable: un 0,01% del valor de su activo neto.

El terremoto político se llevó por delante a líderes políticos como Willy Meyer (Izquierda Unida) y puso el foco sobre los parlamentarios que habían aprovechado este sistema. En ese momento uno de ellos era Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda en la primera legislatura de Mariano Rajoy y miembro del Gobierno que congeló las pensiones en España. En los primeros meses de 2018, un portavoz de Montoro afirmó a InfoLibre que había renunciado a ese dinero.

El sumario del caso Montoro, nutrido sobre todo de documentación incautada a Equipo Económico y las empresas investigadas, recoge información sobre los ingresos del político en los últimos años. Y en mayo de 2019, menos de un año después de salir del Gobierno, recibió un ingreso desde Luxemburgo de 77.934,77 euros. El concepto, en francés, es “pensión complémentaire” y el entorno de Montoro ha confirmado a El Independiente que, efectivamente, se trata de la misma pensión que decía un año antes que no iba a cobrar.

En sus años como diputado, mientras el PP estaba en la oposición y él en el Congreso, Montoro cobró dinero de las Cortes, del propio partido y del grupo parlamentario pero también de FAES y varias fundaciones ligadas a bancos y universidades e instituciones privadas. No fue la única persona que cobró dinero desde Luxemburgo, según revela el sumario. Entre 2009 y 2012 Luis de Guindos tuvo transacciones económicas de cientos de miles de euros en ese país, etapa en la que trabajó para Lehman Brothers o PWC.

Inversiones en España, Portugal, Luxemburgo o Italia en sectores como el inmobiliario, de la restauración, agroganadero o en una empresa de karts; un entramado de sociedades en el Gran Ducado con ramificaciones en la zona franca de Madeira; y una fundación, Hispania Plus Ultra, para promover la educación o difundir “la historia de España y su legado desde una perspectiva objetiva y justa”.

Son algunos de los últimos movimientos del madrileño Carlos Mallo, pionero de la industria del capital riesgo en España. Este ingeniero Agrónomo, MBA, financiero y empresario de 57 años es conocido sobre todo por su trayectoria en la británica Permira, cuya entrada en nuestro país se encargó de pilotar en 2004, y en la que dirigió operaciones muy relevantes (aunque no especialmente exitosas) como las compras de Telepizza, Cortefiel (hoy Tendam) o los supermercados Dinosol. 

El ejecutivo estuvo vinculado a esa firma hasta que a finales de 2016, sin haber cumplido todavía los 50 años, decidió parar. “Otro rico (financiero) que se muda a Lisboa con sus millones”, titulaba en 2017 El Confidencial, en una pieza sobre cómo tras una carrera profesional “en la cresta de la ola del sector financiero”, Mallo se había “jubilado por voluntad propia” y se había mudado al país vecino “con una millonaria liquidación” bajo el brazo para disfrutar de las importantes ventajas fiscales que ofrecía entonces ese país a expatriados extranjeros.

Desde entonces el ejecutivo ha estado bastante fuera del radar. Pero el pasado febrero reapareció en Madrid, en el salón de actos de la universidad (privada) Camilo José Cela para su solemne ingreso en la Real Academia Europea de Doctores, fundada en 1914 en Barcelona. 

Allí estuvo arropado por, entre otros, su padre, Carlos Mallo Rodríguez, también académico de esa entidad y catedrático emérito de Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid, o el economista Aldo Olcese, pionero de la responsabilidad empresarial en España, que falleció días después. El ex de Permira pronunció un discurso sobre “Pasado, presente y futuro del capital privado” en el que repasó su trayectoria profesional y la evolución de esta actividad en las últimas décadas.

Expuso cómo en poco más de 20 años esta industria ha multiplicado por ocho en España el volumen de fondos que mueve: de 1.127 millones en 2000 a 9.238 millones en 2022. En lo personal, recordó cómo decidió pasarse a este sector en 1995. Recién casado, vio una oferta de empleo en las páginas salmón del diario El País para trabajar en Manchester (Reino Unido) en la firma 3i.

Y dejó “un muy buen puesto de trabajo con proyección de desarrollo en Centros Comerciales Continente”, hoy parte de Carrefour, inspirado por su padre, que había pasado de directivo a empresario al protagonizar a mediados de los 80 lo que en el argot del sector se denomina management buy out (compra de una empresa por el equipo gestor).

El catedrático Mallo se encargó de dar el discurso de réplica a su hijo y explicó como a principios de los 90 un consejo suyo fue clave para reorientar la carrera de Mallo Jr., entonces recién licenciado en Agrónomos: “Yo le comenté que si quería tener una profesión que recibiera altos salarios, debería hacer el Master en Finanzas en el Instituto de Empresa”.

Y así fue. Mallo explicó cómo, tras su primera etapa en 3i, recibió la llamada del cazatalentos Seeliger & Conde para trabajar en Permira. En esta firma le impactó el “brutal” ritmo de trabajo. “Los días no tenían horas y los fines de semana estaban frecuentemente incluidos en la jornada laboral, parecido a aquello que a veces vemos en las películas de Wall Street”. 

Mallo fue miembro del Comité Ejecutivo de Permira desde 2008. En 2010 se incorporó al Comité de Inversiones y al consejo de administración global. Entre 2008 y 2016 fue responsable de Recursos Humanos. Y a finales de 2016, después de 22 años “de una muy satisfactoria carrera profesional al máximo nivel” en la industria del conocido como private equity, salió “para poder dedicar más tiempo a mi familia y embarcarme en nuevos proyectos empresariales propios, dentro del mundo de la inversión también”.

“Durante estos últimos años he creado la firma Albatross Capital”, dedicada al inmobiliario (residencial y oficinas) en las mejores zonas de Portugal, y BIC Capital, “dedicada al private equity en Italia y España”. En ella es socio junto a varios de sus antiguos compañeros en Permira.

Jóvenes y “cantos de sirena”

Mallo acabó su discurso de ingreso en la academia con un mensaje a los jóvenes “en unos momentos donde se reducen, desde mi punto de vista, las exigencias académicas en muchas de las instituciones educativas y hay múltiples cantos de sirena que no invitan al esfuerzo”. 

“Sin infravalorar en absoluto todas las enormes dificultades actuales” que afrontan, “entre ellas el acceso a la vivienda y a oportunidades de trabajo con salarios justos”, la fórmula de “aprendizaje, conocimiento y trabajo siempre ha dado resultados positivos y creo no hay una alternativa mejor. Con vuestro esfuerzo e ilusión conseguiréis con seguridad llegar en libertad a donde os propongáis”.

En ese discurso, el ex ejecutivo de Permira, que ha declinado atender a elDiario.es, no mencionó las sociedades que creó hace años en Luxemburgo, destino habitual de la industria del capital riesgo. Entre ellas destaca Rema SARL, que constituyó en las navidades de 2006 y que en los últimos años ha ido engordando sus activos hasta cerrar 2023 (último ejercicio disponible) con 53,67 millones.

Esta instrumental de Mallo cuenta con inversiones en distintos fondos gestionados por entidades como la propia Permira, KKR, CVC, Lombard Odier, JP Morgan o Goldman Sachs. También en uno denominado Mediterránea Capital III, LP, que según datos disponibles en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está domiciliado en Mauricio, un paraíso fiscal en el Océano Índico, y aparece vinculado a otro fondo domiciliado en Malta. 

La luxemburguesa Rema es también dueña de otras dos sociedades del Gran Ducado, SilverMorgan y Red Station SA, a las que tiene concedidos sendos préstamos de 11,87 millones. Ambas suman terrenos y construcciones valorados en libros en 6,2 millones.

La primera de ellas (SilverMorgan) contabiliza 2,65 millones en activos inmuebles y vendió en 2019 sendos inmuebles en el Gran Ducado por más de un millón. Además, su dueña (Rema) tiene concedido otro préstamo de 5 millones a la portuguesa Nailac. Domiciliada en la Zona Franca de Madeira, es propietaria de tres inmobiliarias en Lisboa, según datos de Insight View.

Padre de dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, Carlos Mallo cesó hace años de sus cargos como administrador en sociedades españolas. En varias le sustituyó su esposa, María Junquer. Ingeniera agrónoma como él, gestiona varias firmas dedicadas al inmobiliario o al agropecuario. Destaca Resma Inversiones SL, que en 2023 contabilizaba activos de 20,6 millones.

Carlos Mallo y su esposa también tienen una veta filantrópica. En 2023 constituyeron junto al padre del empresario Hispania Plus Ultra, que tiene entre sus fines “la promoción y el apoyo a la educación, en general, de todos los españoles, con particular énfasis en la juventud”, prestando “atención especial” a “las personas con altas capacidades o cualidades intelectuales (antes llamados superdotados)”; aquellas “que tengan un objetivo educativo al que no puedan acceder debido a sus escasas posibilidades económicas”; y las de “cualquier clase social que busquen la excelencia formativa y educacional”.

La entidad tiene también como fines “el fomento del conocimiento, la investigación y difusión de la historia de España y su legado desde una perspectiva objetiva y justa, con la finalidad de resaltar la importante y positiva contribución de nuestro país a la historia del mundo”; “la conservación del medio ambiente en su más amplio espectro en áreas rurales, compatibilizando conservación con el respeto a las actividades tradicionales que realiza la población de nuestros pueblos”; y “la promoción, el apoyo y el fomento de la salud mental en su sentido más amplio”. 

En la entidad ejerce como secretaria no patrona la abogada María José Zueco, socia fundadora del despacho del conocido letrado Ramón Hermosillo, y recién nombrada consejera de Talgo. Aparentemente, por ahora la fundación de Mallo no dispone de página web.

En la mítica película Casablanca, que he visto muchas veces y que volveré a ver cuando me den la oportunidad, ha quedado para la historia una frase que Humphrey Bogart le dice a Ingrid Bergman en la romántica despedida en el aeropuerto: “Siempre nos quedará París”.

Algunos jueces y tribunales españoles han retorcido el sentido y el significado de la frase y la utilizan, sustituyendo París por Luxemburgo, como una excusa para rebelarse contra sentencias que estiman contrarias a sus convicciones ideológicas, dejando a un lado su adecuación a los principios constitucionales y legales que deben respetar por imperativo de las normas reguladoras de nuestro sistema procesal. El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (más adelante intentaré explicar en qué consiste) se ha convertido en una bandera que se enarbola, con gran repique de campanas de una parte de los medios de comunicación, con el único propósito de sembrar la duda sobre la correcta adecuación a derecho de algunas sentencias sobre asuntos de relevancia política  

España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985 en Madrid y se integró efectivamente en la Comunidad Económica el 1 de enero de 1986. Este acontecimiento transformó nuestro tradicional modelo de algunas estructuras del Estado y fundamentalmente del Poder Judicial que pasó a integrarse en un sistema jerárquico de leyes y de principios jurídicos de los que habíamos carecido durante los cuarenta años de dictadura hasta la promulgación de nuestro texto constitucional.

La integración en la Comunidad Económica Europea nos sometió a una amplia gama de Directivas, Reglamentos, Decisiones y Acuerdos emanados de los distintos órganos que componen la actual Unión Europea. Los Reglamentos son actos legislativos vinculantes para todos los miembros. Las Directivas son actos legislativos en los cuales se establecen los objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. Sin embargo, corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos. Las Decisiones son vinculantes para aquellos Estados a quienes se dirigen y por último existen también Recomendaciones evidentemente no vinculantes.   

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pasó a integrarse en nuestro sistema judicial convirtiéndose en juez nacional para diversas cuestiones reguladas por el ordenamiento jurídico emanado de los órganos comunitarios. Al mismo tiempo los jueces españoles se transformaban en jueces comunitarios, obligados a la aplicación de esas normas cuando son procedentes para resolver un caso concreto. Acudir al Tribunal de Luxemburgo no puede obedecer a un capricho o a una motivación política.  Como es lógico los jueces y tribunales deben ser rigurosamente cuidadosos antes de tomar esta decisión. Deben sopesar las consecuencias de toda índole que supone utilizar abusivamente la cuestión prejudicial.

En el año 2001, la Junta de Andalucía inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, prejubilaciones y despidos a los trabajadores afectados por estos ERE. Se creó una partida presupuestaria aprobada por el Parlamento de Andalucía en los presupuestos de la Comunidad Autónoma cada año ininterrumpidamente. No pongo en duda que en su ejecución hayan existido deficiencias e incluso irregularidades, pero resulta llamativo e incomprensible que, durante diez años, los órganos judiciales hayan permanecido impasibles sin haber tomado ninguna iniciativa para averiguar la posible existencia de hechos delictivos.

Entre las diversas personas condenadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo, se encontraban los ex presidentes Chaves y Griñán como autores de un delito de prevaricación administrativa.  En dos artículos precedentes sostuve que al tratarse de una ley aprobada en un Parlamento era imposible la existencia de hechos delictivos, sin perjuicio de la responsabilidad política que ciertamente fue dilucidada por los ciudadanos andaluces votando mayoritariamente al Partido Popular.

Los condenados acudieron en amparo al Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente los recursos, ordenando a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia en la que se descarte el delito de prevaricación.  La sentencia que resuelve el amparo centra el debate en el principio de la separación de poderes. Sostiene que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. Ni un anteproyecto ni un proyecto de ley pueden someterse a un juicio de legalidad y al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de su constitucionalidad.  La sentencia explica que los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separación de poderes.  

Es cierto que el Tribunal Constitucional, al estimar parcialmente el recurso de amparo y devolver la causa a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dictase una sentencia absolutoria, dejó abierta la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial. Pero esta alternativa no puede dar rienda suelta a iniciativas inspiradas únicamente en la confrontación política con el Tribunal Constitucional. No se puede utilizar la cuestión prejudicial sin un sólido fundamento que la justifique.

El Reglamento de funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea marca, de una manera clara y precisa, cuáles son las pautas y requisitos para justificar el planteamiento de una cuestión prejudicial. El artículo 94 exige una exposición concisa del objeto del litigio, los datos fácticos en que se basan las cuestiones planteadas. Se consignarán las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto, la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

Según el artículo 95, el Tribunal de Justicia, mediante un auto motivado, puede rechazar la cuestión prejudicial cuando por su contenido no suscite ninguna duda razonable sobre su inconsistencia. Posibilidad que, en mi opinión, deberán ponderar los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla antes de tomar el camino que conduce a Luxemburgo. Superado este trance, el Tribunal, tratándose de una cuestión penal que afecta a derechos fundamentales, con toda seguridad utilizará el procedimiento de urgencia o, en todo caso, el procedimiento acelerado, lo que retrasaría la restauración de los derechos de las personas indebidamente condenadas. La tramitación exige que todas las peticiones de decisión prejudicial se notifiquen al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea y al Banco Central Europeo, para permitirles valorar si tienen un interés particular en la cuestión y decidir si desean ejercer su derecho a presentar alegaciones u observaciones escritas.

El Tribunal de Justicia es un observatorio privilegiado para medir la calidad en los sistemas judiciales de los veintisiete países miembros. La cuestión prejudicial, en principio, está prevista para asuntos de naturaleza civil, mercantil, de competencia o bancarias, sin descartar otras cuestiones de relevancia política o penal.  He pasado casi cincuenta años desempeñando mis funciones en el ámbito del Poder Judicial, conviviendo con personas de las más diversas ideologías de muchas de las cuales guardo muy buenos recuerdos. Las disidencias en la interpretación de las normas son la esencia del Derecho. Me permito aconsejar modestamente a los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, que mediten sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial. Los magistrados del Tribunal de Justicia, a la vista de los antecedentes que se les deben facilitar, no tendrán duda de que se trata de una cuestión política interna al margen del derecho comunitario. 

Chantal Gut Revoredo, una de las herederas de Prosegur, ha informado ahora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una sociedad que creó en Luxemburgo en 2012, que maneja 27 millones de euros en fondos en Islas Caimán. El gigante de la seguridad privada nunca había comunicado su existencia, pese a que la CNMV pide esta información a las cotizadas.

Como informó elDiario.es en agosto, Chantal Gut Revoredo administra desde su creación a finales de 2012 esta sociedad instrumental de su propiedad en Luxemburgo, Oana SARL. Sin empleados, cerró 2023 con activos de 29,82 millones de dólares (un 12,6% más que un año antes), unos 27,45 millones de euros al cambio actual, invertidos en varios fondos en ese paraíso fiscal.

Los informes de gobierno corporativo del ejercicio 2024 remitidos a la CNMV por Prosegur y su filial de transporte de dinero en efectivo, Prosegur Cash, informan por primera vez al regulador y a sus accionistas de que su consejera Chantal Gut, hija de la presidenta y máxima accionista de Prosegur, Helena Revoredo, es “administradora mancomunada” de Oana SARL. 

A preguntas sobre este asunto, fuentes de Prosegur explican que Chantal Gut, “en un ejercicio de transparencia, ha decidido facilitar la información” sobre Oana y que “no ha habido ningún requerimiento de la CNMV ni de ningún otro regulador o autoridad” para ello.

Señalan que ese vehículo “está declarado a las autoridades fiscales” y es una inversión patrimonial “personal” de Chantal Gut, que por tanto está fuera del límite que fija desde octubre de 2021 el reglamento del Consejo de Administración de Prosegur.

Este documento señala que “no podrán ser nombrados Consejeros de la Sociedad quienes pertenezcan a más de cinco Consejos de Administración de otras sociedades mercantiles distintas de Prosegur” y su grupo; pero “no se computarán aquellos Consejos de sociedades patrimoniales o que constituyan vehículos o complementos para el ejercicio profesional del propio Consejero, de su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, o de sus familiares más allegados”.

El regulador bursátil lleva muchos años pidiendo que las empresas publiquen la información de todas las empresas que administran los consejeros de las cotizadas. Desde 2015, su código de buen gobierno recomienda expresamente que, al detallar el perfil biográfico de sus vocales, informen de “otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que realicen cualquiera que sea su naturaleza”.

Oana SARL se creó el 5 de diciembre de 2012, cinco días después de agotarse el plazo para acogerse a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. En 2023 declaró pérdidas de 66.269 dólares. De los casi 30 millones de dólares en activos que tenía a cierre de 2023, 12,75 millones eran inversiones en Jericho Capital International, un hedge fund gestionado desde Nueva York y domiciliado en Islas Caimán, destino habitual en este sector al que la Agencia Tributaria incluye en su lista de 24 “jurisdicciones no cooperativas”.

También están domiciliados allí el resto de fondos en los que tiene inversiones este vehículo del Gran Ducado: Samlyn Offshore Ltd (6,86 millones de dólares), Atreides Foundation Fund, Ltd (5,25 millones), Atreides Special Circumstances Offshore Fund (2,578 millones) y Newbrook Capital Offshore Fund (2,254 millones).

Nacida en Buenos Aires (Argentina), la empresaria, de la que apenas circulan fotografías, cumplió 51 años el pasado 21 de enero. Es la segunda hija de la presidenta de Prosegur y del cofundador del grupo, Heriberto Gut, fallecido en un accidente de tráfico en 1997, cuando tenía 51 años. Chantal Gut fue nombrada consejera del gigante de la seguridad un mes después de la muerte de su padre.

Conocida en la familia como Chanty, Chantal Gut ha vivido muchos años en Nueva York con su marido, el norteamericano David Older, que hace unos meses se jubiló como responsable de la cartera de renta variable de la gestora Carmignac.

En Estados Unidos, en el refugio fiscal de Delaware, una inmobiliaria de los Revoredo, Proactinmo, tiene inversiones millonarias en inmuebles de las que no ha facilitado datos a su auditor. Esto ha motivado salvedades en sus cuentas de los últimos ejercicios.

La documentación que Prosegur remite cada año a la CNMV explica que Chantal Gut es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense (Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF) y MBA por el IESE. Y que además de consejera de Prosegur y de Prosegur Cash (desde 2017), pertenece al patronato de la Fundación Prosegur y es consejera y responsable de Desarrollo de Negocio de la patrimonial familiar, Gubel SL.

Otros cargos que recoge Prosegur son los de miembro del Consejo Asesor Internacional de la Hispanic Society of America (Nueva York), consejera del Consejo Internacional del Teatro Real (que preside Helena Revoredo, y en el que está gran parte de la aristocracia empresarial española) y del consejo de Patronos del Museo Chillida Leku.

Las compañías de seguridad privada incluyen por fin ese cargo de Chantal Gut en Oana SARL junto a los de vicepresidenta del Real Club Valderrama, considerado el mejor campo de golf de España, en Sotogrande (Cádiz), la firma de capital riesgo familiar, Freecap Investment SIL, además de los de consejera de Yirayira International o Euroforum Escorial. Esta última gestiona un centro de convenciones y formación de directivos ubicado en un elegante edificio histórico en El Escorial (Madrid) en el que fue durante unos años socio el IESE, la escuela de negocios del Opus Dei.

Subida en bolsa

La matriarca de Prosegur, Helena Revoredo (máxima accionista del grupo) fue una de las grandes fortunas que se quedaron atrapadas en el Banco Popular (históricamente vinculado a la obra) tras la caída de la entidad en 2017.

Encabeza una de las familias más ricas de España, pese a que la cotización de Prosegur en los últimos años ha tenido una marcha discreta. En 2024 cayó otro 5%, lo que eleva la caída al 50% en un lustro. Pero desde enero ha subido más de un 20%. Actualmente Prosegur vale en bolsa 1.122 millones.

El último ranking de El Mundo coloca a su presidenta en el puesto 73 del ranking de mayores fortunas de España. El año pasado, la familia lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) para elevar su participación en Prosegur hasta el 73%.

Helena Revoredo figura, junto a otros ultrarricos españoles, como Juan Abelló, en el patronato de la fundación Civismo. Este lobby celebra el día de “la liberación fiscal” y su presidente compara a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels. El año pasado fichó como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, ideólogo de la privatización sanitaria de Esperanza Aguirre y gurú económico de Isabel Díaz Ayuso hasta el año pasado.

Civismo tiene entre sus donantes a Prosegur, a Abelló o al financiero Claudio Aguirre, primo de la expresidenta madrileña, entre otros ultrarricos. Uno de sus últimos planes de acción recoge “la defensa de la propiedad privada ante la okupación de viviendas”. El año pasado premió al ex juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, conocido por su cercanía al PP, para “honrar a la Justicia como pilar fundamental de nuestra democracia”.

Tras 25 años radicado en el paraíso fiscal de Bahamas, el fundador de Telepizza y ex presidente de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, ha vuelto a fijar su residencia en Madrid, según documentos que el multimillonario ha remitido recientemente a Luxemburgo. Allí tiene registradas al menos dos instrumentales con las que controla, entre otras empresas en España, su imponente yeguada en Segovia, que ha recibido cientos de miles de euros en ayudas públicas en los últimos años.

Nacido en Cuba hace 77 años, fogueado en Estados Unidos y nacionalizado español, Fernández Pujals fue un personaje clave del empresariado patrio desde finales de los 90, aunque lleva años fuera del foco y es un misterio a qué destinó las multimillonarias plusvalías que obtuvo tras vender su participación en Jazztel hace casi una década.

En 2014, El Economista le situaba entre las 25 mayores fortunas del país. La última vez que Forbes le incluyó en su famosa lista, en 2022, le colocaba en el puesto 91 de personas más ricas de España con un patrimonio de 450 millones.

Es probable que Pujals, celoso de su intimidad y retirado de la primera línea empresarial hace tiempo, prefiera haber desaparecido de esos rankings. El empresario, con el que elDiario.es intentó contactar sin éxito a través de uno de sus principales representantes en España, es conocido como el rey Midas del Ibex, por haber sido el único español que llevó a dos compañías a ese índice bursátil, que agrupa a las mayores cotizadas del país.

En 1999 fijó su residencia en Bahamas, un paraíso fiscal, tras dar su primer gran pelotazo, la venta, por 300 millones de euros, de Telepizza, la cadena de comida rápida que creó de la nada en 1988 junto a un hermano, con un restaurante que abrió en el Barrio del Pilar de Madrid cuando todavía era directivo de la multinacional Johnson & Johnson, y que tras un crecimiento vertiginoso sacó a Bolsa en noviembre de 1996, en plena ola de 'capitalismo popular', como se le llamaba entonces.

En Bahamas, Pujals montó hace años al menos tres sociedades que administraba junto a su esposa y uno de sus colaboradores, según reveló en 2016 la investigación Bahamas Leaks. Y allí seguía radicado cuando en mayo de 2015 el empresario ganó otros 430 millones en plusvalías al vender un 14,5% de Jazztel con la oferta pública de adquisición (opa) de Orange sobre la ‘teleco’. Había apostado por ella en 2004, cuando casi nadie daba un duro por esa compañía fundada por otro conocido inversor de origen latinoamericano, Martin Varsavsky. Compró un 25% de Jazztel por 62 millones cuando estaba al borde de la quiebra. Una década después vendió sus acciones multiplicando su inversión por más de siete.

Pujals tenía sus títulos en la ‘teleco’ en una compañía ya disuelta en Luxemburgo. Allí conserva al menos otras dos sociedades instrumentales que este año han comunicado un cambio de dirección del magnate. De Bahamas a un complejo de viviendas de lujo en el Paseo de la Habana de Madrid, que en su web promete a sus residentes refugiarse del ajetreo de la ciudad para introducirse en un pequeño paraíso con piscina “infinity” de más de 20 metros, gimnasio, vigilancia 24 horas y jardín privado con árboles centenarios.

Hasta este año, Pujals había notificado al Registro Mercantil del Gran Ducado que residía en Nassau, en una coqueta vivienda de estilo colonial con piscina privada y vistas al océano ubicada en un resort privado con campo de golf. El chalé se ofrece desde hace tiempo en alquiler en diversas plataformas. En Airbnb alojarse una semana a mediados del próximo mes de julio cuesta unos 900 euros la noche.

Calderilla para un magnate cuya actividad empresarial conocida en España en los últimos años ha sido prácticamente inexistente, y que a finales de 2014, en plena gira de entrevistas para promocionar su libro de memorias, “Apunta a las estrellas y llegarás a la Luna”, confesó que Hacienda le estaba investigando, aunque no consta si esas pesquisas se concretaron en una liquidación desfavorable ni que llegaran a judicializarse. 

En esa ronda de entrevistas también explicó que había donado 100.000 euros “al partido más cercano a mi tendencia política, que es el PP”. En concreto, al “caballero” que entonces se ocupaba de las finanzas de esa formación, un tal Luis Bárcenas. También arremetió contra un Podemos entonces en plena emergencia: “Cuando habla Pablo Iglesias escucho a Fidel Castro”, decía este anticastrista hasta la médula sobre alguien que, aseguraba, si llega a gobernar “hunde el país”.

Diez años después, Pablo Iglesias es exvicepresidente del Gobierno y, con España liderando el crecimiento en la UE pese a la alianza entre socialistas y Sumar, Madrid se ha convertido en refugio de muchos multimillonarios latinoamericanos atraídos por las promesas de “libertad” de una Isabel Díaz Ayuso que quiere convertir a la capital en la nueva Miami europea. La misma presidenta, por cierto, que en 2020, en lo peor de la pandemia, decidió dar menús de Telepizza a los niños más vulnerables de la Comunidad de Madrid.

La inversión más conocida de Pujals en España está a algo más de una hora en coche de la capital. Es su yeguada Centurión, el capricho que este gran aficionado a los caballos montó en 1998 en una enorme finca de 1.000 hectáreas en Lastras del Pozo, cerca de Segovia.

Ese negocio lo canaliza a través de la española Yeguada Centurion SLU, en la que ejerce como presidente junto a su segunda esposa, la jiennense María Linarejos Vilches Jordán, vicepresidenta, veinte años más joven que él y a la que conoció cuando ella, psicóloga de profesión, trabajaba en el departamento de Recursos Humanos de Telepizza.

Halcones y pistachos

Con activos de cerca de 70 millones, Yeguada Centurion superó en 2023 los nueve millones de facturación, según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View. Y, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, ha recibido solo desde 2020 más de 300.000 euros en subvenciones agrícolas de la Junta de Castilla y León. Los datos de Hacienda solo abarcan este rango y es muy probable que la cifra real de subsidios sea muy superior.

Presentada hace años por su dueño como una forma de “devolver a España parte lo que ella me ha dado, mejorando y promocionando el caballo de pura raza española”, Yeguada Centurión ya ha logrado colocar a sus equinos en Ascot (Reino Unido) y en 2020 logró su primera victoria en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. En 2021 abrió una filial en Francia (Haras de Centurion SAS), dedicada a “la venta y entrenamiento de caballos de carreras para concursos y espectáculos, entre otros”. También opera en el negocio de la cría de halcones. En su finca tiene cientos de hectáreas de praderas que destina también al cultivo de pistachos. 

La sociedad que la explota está en manos de otra empresa española, Hacienda Rústica SL, aparentemente inactiva. Esta última a su vez pertenece a la luxemburguesa Symbols SA, sin empleados y que cerró 2023 con 97 millones en activos, frente a los más de 140 millones que llegó a tener en 2005. 

Solo en los dos últimos años Sygma ha declarado pérdidas de 20 millones. En marzo de 2023, Fernández Pujals le inyectó 65 millones a través de una ampliación de capital, según sus últimas cuentas.

También en Luxemburgo está Stripes SA, dirigida por Pujals y cuyos activos pasaron en 2023 de 6,4 millones a poco más de 100.000 euros. En 2022 decía tener el 100% de cuatro sociedades en España, que no identificaba. Dos se liquidaron en 2023. Una de esas filiales es Promobeta Distribuciones de Bebidas SA, dedicada al comercio de alimentos, bebidas y tabaco y que sigue operativa, aunque aparentemente inactiva.

El magnate, que en su época de auge presumía de no saber “qué es fracasar” (“Tengo serias dificultades para deletrear la palabra temor y se me atraganta pensar en perder”, afirmaba en 2005), probó fortuna tras el pelotazo de Jazztel en otra cadena de pizzerías (La Original) con menos suerte. También hizo una fallida incursión a finales de los 90 en un negocio de vending con pizzas junto a otro empresario muy aficionado a los paraísos fiscales, el iraní Massoud Zandi, que hace años fue noticia por una opaca petrolera en Sudán de Sur en la que era accionista el periodista Juan Luis Cebrián.

Pujals tiene una vida que daría para una o varias películas. Nació en el seno de una acomodada familia cubana de origen español (madre arquitecta, padre notario) que se exilió a Miami con lo puesto (tres relojes de oro en el bolsillo de un pantalón llevaba el niño Leopoldo) cuando él tenía 13 años. Ingresó en los Marines, donde fue condecorado con una medalla y el rango de capitán, aunque no llegó a disparar en la guerra de Vietnam. 

Tras pasar por la universidad para cursar estudios de Finanzas y foguearse en la multinacional Procter & Gamble, recaló en Johnson & Johnson, que le destinó a España en 1981. Visionario del marketing, aquí tuvo la idea de montar una cadena de entrega de pizzas a domicilio y, con una inversión de solo 10 millones de pesetas de la época, emprendió la historia de fulgurante éxito que le convirtió en uno de los empresarios más conocidos del país. Ahora, según la documentación que ha remitido a Luxemburgo, ha decidido volver a fijar su residencia aquí 25 años después.

En su primera gran viaje oficial al extranjero, el lehendakari, Imanol Pradales, ha elegido como destino Bruselas, la capital de la Unión Europea, y otras sedes comunitarias, como Luxemburgo. Allí, ha defendido que Euskadi tenga “voz propia” en el concierto comunitario. Pradales, en una recepción a la comunidad vasca residente en Bruselas, ha señalado algunos “pasos” en la internacionalización vasca. Ha citado el reciente acuerdo con el Estado para que las Haciendas forales tengan “participación directa” en el Ecofin -“incluyendo sus grupos de alto nivel”-, el impulso de la macrorregión atlántica -una herencia de Iñigo Urkullu-, la sede del secretariado permanente de la Coalición Local 2030 de la ONU y, como novedad, también un “roster vasco”, una suerte de red de personas influyentes que impulsen la imagen de Euskadi en el exterior a modo de 'lobby'.

Sobre esta cuestión, ha invitado a sumarse al “roster” a los vascos residentes en el país de flamencos y valones. “La Euskadi global necesita de vuestra aportación y participación. Es necesario tejer nuevas redes y conectar con nodos que nos aporten valor humano, cultural, económico, científico, social, de seguridad, ... Y ahí vuestra ayuda será fundamental. Sé que muchos de vosotros trabajáis en las instituciones europeas que hoy y mañana estamos visitando. Algunos de vosotros sois niñas o niños de la guerra, o descendéis de ellos. Otros sois jóvenes que disfrutáis de las becas Global Training o Beint o, simplemente, estáis viviendo una interesante experiencia en este país en busca de una oportunidad laboral en Bélgica”, ha señalado.

“La Unión Europea no puede ser únicamente un club de Estados. Europa es mucho más que eso. Euskadi debe ser un actor activo a favor de la estabilidad y fortaleza del proyecto europeo. Tienen que vernos como un país fiable y confiable con capacidad de influir en el marco europeo. Somos un país estable y seguro del que se pueden fiar y en el que pueden confiar. Estamos alineados con la política europea a favor de la soberanía estratégica, el modelo de bienestar y cohesión social, la competitividad para el bienestar, Los derechos humanos y los valores fundacionales de la UE. Los vascos queremos seguir aportando al renacer del proyecto europeo. Y aspiramos a tener voz propia en las mesas en las que se toman las decisiones relevantes que nos afectan”, ha manifestado Pradales.

Antes del encuentro social en Bruselas, Pradales ha mantenido un encuentro en Luxemburgo con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno de España. Tras esa cita, el lehendakari ha apelado a “la importancia de establecer nuevos recursos financieros que permitan reforzar la política pública de vivienda en el marco de la transición social”. Ha destacado “la oportunidad de crear instrumentos de colaboración público-privada en los que el BEI pueda desempeñar un papel esencial para ampliar el parque público de vivienda y fomentar una oferta que responda a las necesidades de las personas jóvenes”. “Este planteamiento está alineado con las orientaciones de los informes Draghi y Letta, que abogan por una mayor inversión en innovación como motor de transformación y desarrollo económico”, ha manifestado igualmente.

El presidente ejecutivo y máximo accionista de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, ha montado una sicav en Luxemburgo a través de Rijn Capital, la sociedad patrimonial con la que canaliza desde hace años su participación en la constructora, en la que es primer accionista con el 21%. 

Esta nueva sociedad de inversión de capital variable (sicav) se llama Rijn Capital SICAV-RAIF. Según documentación oficial, se constituyó el pasado 6 de agosto con un capital inicial de 40.000 dólares estadounidenses, la moneda que ha tomado como referencia para sus operaciones. Ese importe lo ha suscrito íntegramente Rijn Capital SARL, la instrumental que Rafael del Pino trasladó desde Países Bajos hasta el Gran Ducado el pasado 12 de abril, tras materializarse la polémica fuga de Ferrovial a Ámsterdam.

El traslado de Rijn Capital se llevó a cabo después de que el Fisco de Países Bajos abriera una inspección a esta patrimonial de Del Pino. Hasta entonces estaba domiciliada, precisamente, en la capital neerlandesa.

La nueva sicav tiene su sede en unas oficinas junto al Aeropuerto de Luxemburgo que alberga a Aztec Group, firma de servicios financieros fundada en el paraíso fiscal de Jersey en 2001. La nueva sicav de Del Pino es un fondo de inversión alternativa reservado, lo que en Luxemburgo se conoce como RAIF.

Estos vehículos, que pueden destinar el 100% de la inversión a un único activo, tienen amplias ventajas fiscales. Con carácter general, en Luxemburgo están exentos de impuestos de sociedades ni ningún otro tributo, con la excepción de una tasa anual de suscripción (“taxe d'abonnement”) del 0,01% de los activos netos, a menos que inviertan exclusivamente en capital riesgo. 

Ferrovial no comenta este asunto, ni si la creación de esa sicav responde a un propósito de optimización fiscal de Del Pino. Fuentes de la compañía indican que “pertenece a su ámbito personal. Tampoco daríamos nunca información de otros accionistas”.

La web de Ferrovial ya identifica como titular del 20,99% de las acciones del grupo a Rijn Capital SARL. Hasta hace unos meses figuraba la holandesa Rijn Capital BV, que ya ha sido dada de baja en el Registro Mercantil neerlandés. En las cuentas anuales de 2022 que formuló el pasado 30 de octubre, cuando todavía estaba domiciliada en Ámsterdam, Rijn Capital explicó que tenía abierta una inspección del Fisco de Países Bajas. En fecha indeterminada, decía, “las autoridades fiscales formularon preguntas sobre varios aspectos del impuesto de Sociedades de 2020”.

“En este momento es imposible hacer una estimación adecuada del posible impacto” de esa inspección, pero el resultado, decía Rijn Capital, “podría afectar a la posición en los estados financieros del impuesto sobre sociedades y de los activos por impuestos diferidos”.

Meses después de reconocer la existencia de esa inspección a Rijn, Del Pino se la llevó a Luxemburgo. El traslado se aprobó definitivamente 365 días después de la junta de accionistas en la que Ferrovial aprobó su polémica mudanza a Países Bajos. Este movimiento provocó un duro enfrentamiento entre el Gobierno español y el presidente de la constructora. Del Pino, tercera fortuna de España, con un patrimonio de 5.900 millones de euros, según Forbes, ha montado ahora esta sicav semanas después de que en mayo las acciones de Ferrovial comenzasen a cotizar en el índice tecnológico estadounidense Nasdaq. Este fue uno de los argumentos que la constructora esgrimió para justificar la marcha de su sede fuera de España.

Tras ese estreno en Nueva York, la cúpula de Ferrovial (consejo de administración y alta dirección) se ha repartido 25,5 millones hasta junio, un 45% más respecto al primer semestre de 2023, como informó Cinco Días. La constructora ha atribuido ese incremento a los resultados y al “aumento significativo del precio de las acciones en los incentivos a largo plazo”, entre otras razones.

La dueña luxemburguesa del 21% de Ferrovial y de esa nueva sicav en el Gran Ducado tiene un capital social de 200,4 millones, como el que tenía en Holanda. Según sus estatutos, la transferencia de acciones inter vivos a terceros requiere de la aprobación de al menos el 75% del capital. El 99,87% del capital de Rijn (2.352 títulos) es del presidente de Ferrovial. Cada uno de sus tres hijos varones tiene una acción: Rafael, Ignacio y Juan Del Pino Fernández-Fontecha, fruto de su matrimonio con su primera esposa, Cristina Fernández-Fontecha, fallecida en un accidente de barco en 1998.

Entre los gerentes de Rijn Capital Sicav está Rafael del Pino Fernández-Fontecha, de 37 años, que es el administrador ejecutivo de la patrimonial familiar. En distintos medios se ha señalado al segundo hijo del multimillonario, Ignacio (35 años), director corporativo de Finanzas de Ferrovial, como destinado a suceder a su padre, que tiene 66 años. El tercero, Juan (31 años), se dedica a diseñar barcos.

Rijn Capital cerró 2022 con una plantilla de cinco personas, 3.651 millones en activos y un beneficio de 127,6 millones, frente a los 74,23 millones de 2021, cuando declaró inicialmente ganancias de 874 millones, aunque luego reformuló sus cuentas.

De Ámsterdam a Núñez de Balboa

En 2020, el ejercicio objeto de esa inspección fiscal de Países Bajos, Rijn declaró pérdidas de 560,7 millones. Un año antes, en 2019, se apuntó beneficios de 1.500 millones. En 2018, se convirtió en accionista de la aerolínea española Volotea, con un 5,3%. También ha realizado inversiones en proyectos de energía fotovoltaica en Chile, donde varias de sus filiales se declararon en quiebra a finales de 2023, según informaron medios locales.

Además de su paquete en Ferrovial, entre las filiales de Rijn Capital SARL hay dos sociedades domiciliadas en la calle Núñez de Balboa de Madrid sin apenas facturación: Criu SL (dedicada al inmobiliario o compraventa y alquiler de embarcaciones y aeronaves), con activos de más de 28,7 millones a cierre de 2023, según datos de Insight View, y Los Estanquillos SL, que tiene a su nombre una finca y una mansión con helipuerto que el empresario compró hace veinte años en un pueblo de Cáceres.

Además de los dividendos de la constructora, los beneficios de Rijn Capital provienen de otras inversiones que las cuentas que depositaba en Países Bajas no precisaban. Hace años invirtió en una empresa estadounidense de tratamiento de aguas residuales, Cambrian Innovation, a la que acabó demandando en 2021 por vía civil ante un tribunal de Delaware, el refugio fiscal en el que la patrimonial de Del Pino tiene domiciliada su filial en Estados Unidos. Ahora sumará a sus activos esa sicav recién creada.

En sus cuentas de 2022, Rijn Capital todavía incluía el 100% de la maltesa Boreas Shipping Limited, cuya existencia sacó a la luz en 2017 la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas conocida como los Paradise Papers. Esta empresa, domiciliada en otro país de la UE conocido por su opacidad y mínima carga fiscal, aparece en el registro maltés como disuelta desde el 7 de marzo de 2017. El Mundo reveló poco después que era propietaria de un yate de Del Pino valorado en 1,89 millones, según las cuentas registradas por la empresa en 2013.

Rijn Capital, ahora luxemburguesa, fue registrada en Países Bajos en julio de 2008. El presidente de Ferrovial le transfirió sus acciones en Ferrovial en 2015, tras la reorganización de la participación de la familia en la constructora por la disolución de la sociedad Portman Baela, firma que los Del Pino controlaban a través de otra sociedad neerlandesa, Sobla Beleggingen BV, y tenía el 40% de Ferrovial.

Tras la muerte del patriarca y fundador, llegó el reparto de su herencia y la desaparición de Portman Baela. Los cuatro hermanos Del Pino Calvo-Sotelo idearon una “compleja operación” con un plan “premeditado” que tumbaron la Agencia Tributaria y la Justicia. Utilizaron sociedades instrumentales y datos “sesgados” sin otra “explicación razonable” que eludir impuestos con la herencia del padre.

Rafael Del Pino ya tuvo al menos dos sociedades en Luxemburgo hace años, Vial Holding y Loriner Holding, disueltas en abril de 2010. La documentación oficial que recogía el traslado de Rijn Capital confirmó que, tras llevarse la sede de Ferrovial a Ámsterdam, el magnate ha continuado teniendo su residencia en un imponente chalet a su nombre en Somosaguas, una vivienda unifamiliar aislada en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), la más rica de España.

Con su nueva sicav, Rafael del Pino imita el camino que siguieron hace años dos de sus hermanos, Leopoldo y Fernando, que llevan bastante tiempo desvinculados de la gestión de Ferrovial. En febrero de 2021, el también accionista de la constructora Leopoldo del Pino comunicó al Registro de Luxemburgo que era el principal socio de otra sicav inscrita allí, Transatlantic Power Fund SCA, accionista de una empresa de renovables en EEUU, Skyline. Leopoldo del Pino es dueño de algo más del 4% de Ferrovial, aunque no es consejero. Se opuso al traslado a Ámsterdam, pero no vendió sus acciones, lo que habría dado al traste con la mudanza.

Por su parte, Fernando del Pino comunicó en octubre de 2019 que tenía un 65% de una sicav de Bankinter en Luxemburgo, Bankinter International Fund Sicav. Este hermano del presidente ejecutivo de Ferrovial vendió sus acciones de la constructora en 2014. Ex asesor de Civismo, la fundación apadrinada por ultrarricos como Juan Abelló y Helena Revoredo (Prosegur) que ha fichado a Javier Fernández-Lasquetty, es conocido por negar el cambio climático y cargar contra las políticas contra el covid. “Ya sabemos que ni los ilegales confinamientos ni las estúpidas mascarillas sirvieron para nada salvo para enriquecer al entorno de nuestra clase política”, asegura en uno de las últimas entradas de su blog.

Más de 27 millones de euros a buen recaudo. Es el patrimonio invertido en el paraíso fiscal de Islas Caimán que atesora Chantal Gut Revoredo, una de las herederas del gigante de la seguridad privada Prosegur, a través de una sociedad en Luxemburgo cuya existencia la multinacional española no ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según documentación oficial, Chantal Gut es administradora y propietaria de Oana SARL, una sociedad instrumental sin empleados en el Gran Ducado que cerró 2023 con activos de 29,82 millones de dólares (un 12,6% más que un año antes), que al cambio actual son cerca de 27 millones de euros, repartidos en cinco fondos de Islas Caimán.

La mayor parte de esos activos, 12,75 millones de dólares, eran inversiones en Jericho Capital International, un hedge fund que gestiona desde Nueva York el gestor Josh Resnick, especializado en tecnología, medios o telecomunicaciones y que, según la publicación especializada Institutional Investor, acumulaba una revalorización del 40% en el primer semestre de este año. El fondo está domiciliado en Islas Caimán, destino habitual en ese sector al que la Agencia Tributaria incluye en su lista de 24 “jurisdicciones no cooperativas”.

También están domiciliados allí el resto de fondos en los que tiene inversiones Oana: Samlyn Offshore Ltd (6,86 millones de dólares), Atreides Foundation Fund, Ltd (5,25 millones), Atreides Special Circumstances Offshore Fund (2,578 millones) y Newbrook Capital Offshore Fund (2,254 millones).

Oana SARL declaró en 2023 pérdidas de 66.269 dólares. Está diseñada para la tenencia de participaciones financieras. Fue inscrita en Luxemburgo el 5 de diciembre de 2012 bajo la forma de sociedad de gestión del patrimonio familiar. Ni Prosegur ni su filial Prosegur Cash, de las que Chantal Gut es consejera, han comunicado nunca la existencia de esa sociedad en los sucesivos informes de gobierno corporativo remitidos a la CNMV. elDiario.es preguntó a Prosegur por este asunto, sin obtener respuesta.

“Otros consejos”

El regulador bursátil recomienda desde 2015 en su código de buen gobierno que las cotizadas informen, al detallar el perfil biográfico de sus consejeros, de “otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que realicen cualquiera que sea su naturaleza”.

La documentación que Prosegur remite cada año a la CNMV explica que Chantal Gut es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense (Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF) y MBA por el IESE. Y que además de consejera de Prosegur y de Prosegur Cash (desde 2017), pertenece al patronato de la Fundación Prosegur y es consejera y responsable de Desarrollo de Negocio de la patrimonial familiar, Gubel SL.

Otros cargos que recoge Prosegur son los de miembro del Consejo Asesor Internacional de la Hispanic Society of America (Nueva York), consejera del Consejo Internacional del Teatro Real (que preside su madre, Helena Revoredo, y en el que está gran parte de la aristocracia empresarial española) y del consejo de Patronos del Museo Chillida Leku; así como los de vicepresidenta del Real Club Valderrama, considerado el mejor campo de golf de España, en Sotogrande (Cádiz), y de Free Cap Investment SIL, sociedad de capital riesgo que preside el benjamín de los hermanos, Germán Gut.

También se indica en ese informe a la CNMV que Chantal Gut ejerce como vicepresidenta de Euroforum. En esta sociedad es consejera desde 2001. Se trata de un centro de convenciones y formación de directivos ubicado en un elegante edificio histórico en El Escorial (Madrid). En él fue durante unos años socio el IESE, la escuela de negocios del Opus Dei. La matriarca de Prosegur, Helena Revoredo (máxima accionista del grupo) fue una de las grandes fortunas que se quedaron atrapadas en el Banco Popular (históricamente vinculado a la obra) tras la caída de la entidad en 2017.

Helena Revoredo fue consejera independiente del Popular y accionista del banco a través de Unión Europea de Inversiones (UEI). Esta sociedad agrupaba a empresarios vinculados al Opus y que en el momento de su quiebra tenía casi un 3% del Popular. UEI estaba vinculado a la Universidad de Navarra y las familias Mora-Figueroa, Pasquín, Nigorra, Oroviogoicoechea, Revoredo, Martínez Igartua, Domecq, Sendagorta, Molins, Montuenga y Martínez-Echevarría, entre otras.

La documentación remitida por Prosegur a la CNMV no menciona a Oana. En esta firma luxemburguesa, según el Registro del Gran Ducado, Chantal Gut Revoredo controla todas las acciones, 194.213 títulos. Su patrimonio se ha multiplicado por más de cuatro desde que se puso en marcha. Desde 2018, se ha más que duplicado: de 14,4 millones de dólares al cierre de ese ejercicio a 29.822.968,25 dólares en diciembre de 2023.

Oana acaba de notificar al Registro de Luxemburgo un cambio de domicilio de su administradora, Chantal Gut. Ya no está vigente un espacioso piso en un señorial edificio frente al parque del Retiro de Madrid: 254 metros cuadrados de superficie, según el Catastro, y a un paseo a pie del número 17 de la calle Alcalá, donde, sobre antiguas oficinas del BBVA y junto al Casino de Madrid, en una zona con numerosos alojamientos de alto nivel, el Ayuntamiento de Madrid tramita desde el año pasado un hotel de lujo con 60 habitaciones promovido por los Revoredo. 

Chantal Gut ha notificado al Registro de Luxemburgo como nuevo domicilio una zona algo menos pudiente que esa vivienda frente al Retiro. No muy lejos de allí: en las oficinas de Prosegur en el número 9 de la calle Santa Sabina de la capital.

Nacida en Buenos Aires (Argentina), la empresaria, de la que apenas circulan fotografías, cumplió el pasado 21 de enero 50 años. Es la segunda hija de la presidenta de Prosegur y del cofundador del grupo, Heriberto Gut, fallecido en un accidente de tráfico en 1997, cuando tenía 51 años. Chantal Gut fue nombrada consejera del gigante de la seguridad un mes después de la muerte de su padre.

Conocida en la familia como Chanty, ha vivido muchos años en Nueva York con su marido, el norteamericano David Older, que hace unos meses se jubiló como responsable de la cartera de renta variable de la gestora Carmignac.

En Estados Unidos, en el refugio fiscal de Delaware, una inmobiliaria de la familia Revoredo, Proactinmo, tiene inversiones millonarias en inmuebles de las que no ha facilitado datos a su auditor. Esto ha motivado salvedades en sus últimas cuentas.

Recientemente la familia se ha reforzado en Prosegur mediante una opa parcial con la que su participación ha pasado del 59% al 73%, tras pagar 132 millones. Desde hace años se apunta a una posible jubilación de la matriarca, de 77 años.

Helena Revoredo figura, junto a otros ultrarricos españoles, como Juan Abelló, en el patronato de la fundación Civismo. Este lobby celebra el día de “la liberación fiscal”, su presidente compara a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels y acaba de fichar como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, ideólogo de la privatización sanitaria de Esperanza Aguirre y gurú económico de Isabel Díaz Ayuso hasta el año pasado.

Los Revoredo son una de las más ricas de España, pese a que la cotización de Prosegur en los últimos años ha tenido una marcha discreta. Actualmente, el mayor grupo español de seguridad privada capitaliza 944 millones, y su filial Prosegur Cash otros 787 millones, frente a los 4.000 millones que valía Prosegur a cierre de 2018. El último ranking de El Mundo coloca a esta familia en el puesto 74 de mayores fortunas del país. Les atribuye un patrimonio de 800 millones.

Además de Prosegur y millonarias inversiones inmobiliarias, los Revoredo tienen fincas rústicas en Castilla-La Mancha. Esta actividad la canalizan a través de filiales de Gubel como Agrocinegética San Huberto SL, condenada el año pasado por tratar de eludir 94.000 euros en el IVA con deducciones indebidas relacionadas, entre otros aspectos, con la reforma de un castillo medieval de la familia en su coto de caza en Salvacañete (Cuenca).

Esa sociedad es una de las firmas agrícolas de los Revoredo que durante años contrató los servicios del aristócrata, ingeniero agrícola y terrateniente Juan Pedro de Borbón. Borbón, hijo de un primo de Juan Carlos I, se acogió a la amnistía fiscal que el PP lanzó en 2012 y luego ha cobrado cuantiosas ayudas públicas; es uno de los beneficiarios de esa medida inconstitucional que hoy tienen empresas en la lista de sociedades más subvencionadas de España en 2023. La firma de Chantal Gut en Luxemburgo se creó cinco días después de que, el 30 de noviembre de 2012, se agotara el plazo para acogerse a la amnistía de Cristóbal Montoro.

Queso, hoteles, ladrillo y ciudades inteligentes o smart cities, por usar la expresión más conocida. Los dueños de la catalana TGT, líder quesero en España, se han aliado con miembros de la familia Matutes, una de las más ricas del país, y dos sociedades de Andorra para construir ciudades “sostenibles” en Brasil y Murcia.

Según documentación oficial, la familia García Trabadelo, propietaria del gigante del queso TGT, se ha convertido en accionista de Kei Resilient Cities, iniciativa impulsada por Manuel Matutes Mestre, sobrino del exministro y multimillonario Abel Matutes. Kei Cities lleva años prometiendo impulsar “ciudades diseñadas para la gente”. Planea dos proyectos multimillonarias en alianza con varias compañías transnacionales. 

Los proyectos de Kei Resilient Cities cuelgan de una instrumental luxemburguesa, Kei Cities SARL, de la que los García Trabadelo se han convertido en accionistas minoritarios. Han tomado 840 títulos de clase B a través de la española Egovox SL. En paralelo, han entrado en el capital de esa empresa del Gran Ducado dos sociedades radicadas en el Principado de Andorra, Eoun SL y Lausengier SL. Esta última, según su web, se dedica a prestar servicios de consultoría e innovación desde 2000.

El principal accionista de Kei Cities SARL es la ibicenca Residencial Es Vive, que preside Manuel Matutes, con su hermano Antonio como consejero y secretario, y pertenece a esta rama de la familia Matutes. Ambos hermanos son hijos de Antonio Matutes Juan, hermano del octogenario exministro.

Antonio Matutes Mestre ejerce como patrono de la fundación Abel Matutes. Y el impulsor de Kei Cities, de 46 años, es desde 2014 consejero de Palladium Hotel Group, la hotelera de la familia, según su perfil en LinkedIn. elDiario.es contactó con Manuel Matutes para preguntar por esta operación, sin obtener respuesta.

Tras la entrada de esos nuevos accionistas, esa instrumental luxemburguesa ha cambiado su objeto social para dedicarse al “diseño, construcción y operación de Smart Cities sostenibles en los campos de la energía, el agua, los residuos urbanos, la economía circular y la integración de las culturas locales, la alimentación sostenible y la seguridad privada”.

La sociedad de los García Trabadelo que ha entrado en Kei Cities tiene como administrador único a Teodoro García Jiménez, consejero delegado de TGT e hijo del empresario cuyas siglas dan nombre al grupo quesero, Teodoro García Trabadelo.

El actual CEO de TGT es una persona que rechaza la exposición pública. En la web de TGT, que no ha querido comentar este asunto, no hay fotos del CEO de la empresa, pero sí de su padre, ya fallecido.

Perteneciente a una familia de tenderos textiles de la localidad murciana de Caravaca, Teodoro García Trabadelo fundó TGT en 1963, tras emigrar a Barcelona y probar suerte en varios negocios, como una importadora de quesos de referencia internacionales. Se inició en la producción en 1974 con una joint venture con la alemana Hochland para fabricar quesos en Barcelona. El grupo fue expandiendo su actividad hasta convertirse en lo que es hoy: el primer productor del país.

Del queso a Securitas Direct

Los García Trabadelo han estado hasta ahora fuera del foco de las tradicionales listas de grandes fortunas que elaboran publicaciones como Forbes. Lo normal es que empiecen a aparecer en ellas, vistas las cifras que maneja TGT: ventas anuales de 73.000 toneladas entre sus marcas propias y las fabricadas para la distribución, facturación récord de 500 millones de euros en 2023, delegaciones comerciales en 17 países y presencia en 40 mercados.

100% familiar, TGT es el principal fabricante español con el mayor número de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), diez actualmente. Y sus dueños están entre los multimillonarios reclutados hace años por la familia March (de nuevo, a través de una sociedad en Luxemburgo) para comprar pequeños paquetes de acciones en la dueña de Securitas Direct. Los March, por cierto, fueron aliados históricos en Baleares de los Matutes, cuyos negocios en las islas se remontan generaciones atrás.

La firma de los dueños de TGT que ha entrado en Kei Cities, Egovox, tenía en 2022 activos de más de 240 millones, con participaciones en una holding en Países Bajos (Epsilon Inversiones BV), España (Lácteos de Carranza, filial de TGT), Panamá o República Dominicana.

Sus últimas cuentas disponibles a través de Insight View incluyen una salvedad del auditor por la falta de información sobre posibles contingencias fiscales anteriores a 2018 o la situación de las participaciones en varias filiales, como la panameña Grupo Panameño Catalán, SA.

Los dueños de TGT participan en sectores ajenos al alimentario, como el sanitario. En 2016 se hicieron con la mayoría del capital de Archivel Farma, biotecnológica catalana que desarrolla tratamientos contra la tuberculosis. Un sector que también ha atraído a los Matutes Mestre, más allá del turístico o el inmobiliario. En 2019 tomaron una participación en Laminar Pharma, biotecnológica balear que lucha contra el cáncer cerebral y en la que es consejero el exministro socialista Bernat Soria. El representante en el consejo es Manuel Matutes Mestre.

Los Matutes, a diferencia de los dueños de TGT, son un fijo en esos ranking de ricos. El representante más conocido es el magnate y exministro de José María Aznar, que lo fue prácticamente todo en política (de alcalde franquista a comisario europeo) y es conocido popularmente como “el rey de Ibiza”, aunque los negocios de la familia van mucho más allá de la isla. El último ranking de ricos de El Mundo les coloca en el puesto 103 de mayores fortunas españolas, con un patrimonio de 650 millones. 

Los Matutes canalizan desde 1998 negocios a través de un holding en Países Bajos, Promintur BV. Desde Luxemburgo controlan por ejemplo hoteles en República Dominicana con otra instrumental, Dominican Entertainment, que en marzo de 2020, en lo peor de la pandemia, pidió al Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Estado les avalase un préstamo de 464 millones de euros, según sus cuentas.

Proyecto Aguaduna

El proyecto más avanzado de Kei Cities es Aguaduna, en el municipio de Entre Ríos, litoral norte del Estado de Bahía. Zona que Palladium, la hotelera de los Matutes, conoce bien, ya que cuenta con dos establecimientos allí.

Los promotores de Kei Cities firmaron un protocolo de intenciones con el gobierno del Estado de Bahía el 10 de diciembre de 2019. En septiembre de 2020, en plena pandemia, la multinacional alemana Siemens anunció una alianza estratégica con los Matutes Mestre y la familia Espallargas, impulsores iniciales del proyecto, “para crear una ciudad inteligente y sostenible” en ese paradisíaco enclave brasileño.

Los promotores defienden que estos proyectos permiten revertir el impacto de las emisiones de carbono en las megalópolis y mejoran la salud y el bienestar de las poblaciones del planeta. Aguaduna promete ser una ciudad “inclusiva, sostenible, inteligente y replicable” de más de 1.000 hectáreas. “El primer proyecto del mundo de una nueva generación de ciudades, cuyo desarrollo está vinculado a la gestión de sus impactos sociales, ambientales y económicos”, según Siemens.

Cuatro años después, el proyecto se presenta en su web como “Aguaduna, una ciudad como ninguna”, con “una privilegiada posición en términos de biodiversidad, entorno natural y accesibilidad”. 

Según explicó Siemens en septiembre de 2020, este megaproyecto aglutinará “en un mismo complejo primera residencia, un polo de generación de innovación, espacios de educación y formación profesional e instalaciones turísticas, además de ser un entorno con emisiones restringidas”. “Un destino ecológico, económico y socialmente sostenible”.

El gigante alemán cifró entonces la inversión realizada hasta ese momento en 20 millones de euros. “Se prevé una inversión de 250 millones adicionales en la primera fase, que se prolongará durante los tres próximos años”. La inversión total se estimó en ese comunicado en más de 2 billones de euros, con b, aunque fuentes de Siemens aclaran que se trata de un error de traducción del billón americano, por lo que la inversión ascendería a más de 2.000 millones de euros. El PIB asociado sería de 1.200 millones anuales, con una expectativa de empleo de más de 30.000 personas en 15 años, según explicó entonces Siemens.

“Para mejorar la calidad de vida en las ciudades y preservar el equilibrio con la naturaleza y la cultura local, el proyecto Aguaduna utiliza la innovación, la tecnología y la conectividad en beneficio de la población y sus alrededores. Aproximadamente 380.000 personas, incluyendo los habitantes de Entre Ríos y sus alrededores, se verán beneficiadas”, indicó entonces la multinacional alemana.

“Solo el 14% del terreno estará cubierto por carreteras y edificios, por lo que el restante 86% serán superficies permeables, siendo el 37% áreas protegidas (Mata Atlántica, lagunas naturales y dunas) y el 49% áreas verdes, parques y espacios verdes urbanizados”.

En su web, Kei Cities incluye entre sus socios, además de a Siemens, a gigantes como la italiana Enel, propietaria de Endesa. Apunta que tiene otro proyecto en la localidad murciana de Aledo, aunque no aporta ningún detalle. Allí el alcalde es Javier Andreo. Inicialmente en Ciudadanos, montó una formación independiente, Aledo Avanza, que logró el 47% de los votos en las elecciones de junio de 2023.

Entre las personas que asesoran a Kei Resilient Cities, según su web, está Natalia Olson, hondureño-estadounidense afincada en Barcelona que fue consejera de Innovación y Competitividad de Barack Obama en la Casa Blanca entre 2010 y 2017.

Corrección: En una primera versión de esta noticia se aludía por error a “inversiones billonarias” citando el comunicado que emitió en 2020 Siemens y que ha estado disponible hasta ahora. Según el grupo, se trata de un error en la traducción.

Nuevo récord de pérdidas para Orbis Properties, inmobiliaria en la que tiene una participación minoritaria la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y que es casero del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La empresa, dedicada al alquiler de oficinas en Madrid, perdió el año pasado 25,9 millones de euros, un 73,8% más, tras apuntarse nuevos deterioros millonarios en el valor de sus inmuebles. De ellos solo se salvó el edificio que tiene alquilado a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid.

El año pasado la facturación de Orbis creció un 4,3%, hasta 16 millones, según sus cuentas, que acaba de remitir al mercado francés Euronext, donde están admitidos a cotización sus títulos.

El aumento de las ventas “pudiera deberse principalmente al mayor porcentaje de ocupación de los activos por la entrada de nuevos inquilinos aun considerando la implementación parcial del teletrabajo o la inflación derivada de los conflictos bélicos”, dice en su informe de gestión.

Y hasta ahí el optimismo, porque la empresa batió otro récord de números rojos, al dotar nuevos deterioros en el valor de sus activos por importe de otros 23,3 millones. Además, con el Euríbor disparado, los gastos financieros se duplicaron con creces hasta más de 11,1 millones.

Con ello las pérdidas acumuladas desde la creación de Orbis en 2018 rondan ya los 70 millones. La empresa, que nunca ha declarado beneficios, es una inmobiliaria cotizada (socimi) sin empleados que cotiza en París, aunque sus títulos no tienen liquidez porque su socio único es una empresa de Luxemburgo. Tiene su sede en Madrid, donde están todos sus activos.

Orbis opera en un sector sometido a una fuerte incertidumbre desde el estallido de la pandemia. De hecho, el gobierno madrileño presentó en febrero un “plan de choque” que prevé la reconversión de oficinas en desuso en viviendas para alquiler asequible.

La socimi reconoce en sus últimas cuentas que las circunstancias del mercado pueden “ralentizar la reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias deterioradas”. El año pasado el valor neto contable de estos activos (siete edificios de oficinas en la capital) se recortó en 25 millones, hasta 206 millones.

La empresa tuvo que volver a apuntarse esos deterioros por normativa contable, basándose en los análisis de recuperabilidad de las inversiones a partir de las valoraciones de expertos independientes y aspectos como la ocupación, antigüedad, estado o ubicación de los inmuebles.

Esos deterioros afectaron en 2023 a todos sus activos, menos uno: el que Orbis tiene alquilado a la Comunidad de Madrid en la calle Agustín de Foxá, junto a la estación de Chamartín. Este inmueble, el más céntrico de su cartera, y que data de 1975, es la sede de la Agencia Madrileña de Atención Social. Este organismo autónomo se dedica a atender a los colectivos de mayor vulnerabilidad de la región. 

El edificio fue de los pocos de Orbis que aumentaron su ocupación en 2023. Subió tres puntos, hasta el 82,3%. En uno de sus edificios en el parque empresarial Cristalia, a las afueras de la capital, hubo desbandada de inquilinos y la ocupación se desplomó en un año del 83,3% al 41,8%.

Como reveló elDiario.es, los Aguirre se convirtieron en accionistas de Orbis en noviembre de 2020 a través de una sociedad en Luxemburgo, EPISO 4 Rebound Holding, mediante la española La Granjilla de la Fresneda SL.

Esta empresa estuvo años inactiva, hasta que en 2022 empezó a facturar por primera vez desde su creación en 2008. Su administrador único era el consultor inmobiliario Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Como apoderada figuraba otra hermana de la expresidenta, Piedad Aguirre. En teoría se dedicaba a “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla” en El Escorial (Madrid), perteneciente a la expresidenta y su familia y donde estaba domiciliada.

Sin embargo, ha sido extinguida este mismo año. A comienzos de 2024 La Granjilla de la Freneda SL fue absorbida por Sancrismalu SL. Domiciliada en la calle Serrano de Madrid, esta empresa la administra una cuñada de Esperanza Aguirre, la artista María Avilés. Como apoderado todavía figura su marido y anterior administrador único, Santiago Aguirre.

El hermano de la expresidenta creó Sancrismalu en 2018, año en el que el fundador de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman vendió su empresa a la multinacional Savills.

Sancrismalu, que no ha querido hacer comentarios, tiene una web que explica que se dedica a la promoción inmobiliaria y al private equity mediante la inversión en “capital y deuda de empresas inmobiliarias, tecnológicas, restauración y moda”.

Cuando se les llama por teléfono, lo primero que ofrecen al interlocutor es contratar la finca de los Aguirre para una boda en ese privilegiado enclave, que adquirió el tatarabuelo de Esperanza Aguirre a finales del siglo XIX. Diseñado por Juan Bautista de Toledo, primer arquitecto del Monasterio de El Escorial, el monje escurialiense Fray José de Sigüenza describió esa finca como un parque que evocaba el Paraíso.

La web de Sancrismalu no publicita bodas en La Granjilla, pero sí una promoción de viviendas en un elegante edificio de principios del siglo XX en el centro de San Sebastián, en la calle Prim 10. El inmueble se lo compró al Gobierno vasco en subasta pública en 2018 por más de 10 millones otra empresa de Santiago Aguirre, Boyton Invest. En ella era socio el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, al que la Fiscalía llegó a investigar por pagar gastos opacos al rey emérito, Juan Carlos I.

Tras una reforma integral, en el edificio en la capital guipuzcoana ya solo quedan sin vender cuatro viviendas. Los pisos de tres habitaciones con dos baños se venden a partir de 1,25 millones, explican desde la inmobiliaria que los comercializa.

La web de Sancrismalu también promociona la firma de moda Romualda, de Cristina y Mariana Aguirre, las hijas de Santiago Aguirre. Lo contaba Vanity Fair en 2023: “Mariana lleva la imagen de marca y Cristina se encarga de la dirección artística y de pintar los tejidos con los que luego crean los sombreros”. “La familia Aguirre presume de ser una piña en la que arte y negocios (y política) van de la mano”, añadía la publicación.

Intereses “no pagados”

La Granjilla de la Fresneda, ahora absorbida por Sancrismalu, era además de accionista minoritario, prestamista de la dueña de Orbis. A cierre de 2022, esa instrumental de Luxemburgo tenía contraído con la empresa de los Aguirre un préstamo de 261.447 euros. A esa fecha había devengado 15.522 euros en intereses acumulados.

En sus últimas cuentas, Orbis explica que el año pasado dejó de pagar intereses a su dueño luxemburgués. A cierre de 2023, su fondo de maniobra negativo se había multiplicado por 14 respecto a 2022. Ya alcanzaba 65 millones, “debido principalmente a la deuda y los intereses devengados y no pagados” de los préstamos concedidos por esa instrumental del Gran Ducado.

Deudas de 65 millones que en principio vencían el 31 de marzo de este año. Pero el pasado 19 de junio se extendió el vencimiento en 21 meses. Como tiene el apoyo “por escrito” de su dueño, Orbis ha formulado sus cuentas bajo el principio de empresa en funcionamiento. A las deudas con su accionista luxemburgués se suman otros 134,5 millones con las entidades financieras Caixabank y Deutsche Pfandriefbank.

El año pasado, la dueña del edificio que tiene como inquilino al gobierno madrileño fue, con gran diferencia, la filial de Orbis que más incrementó sus rentas anuales, según sus cuentas. Estas subieron un 8,6%, hasta 1,8 millones. Fue también la que menos pérdidas aportó al resultado de la socimi, algo más de 248.000 euros. 

Como comprobó elDiario.es tras una petición de información al amparo de la Ley de Transparencia, los contratos adjudicados a Orbis por la Comunidad de Madrid se pactaron a precios superiores a los del mercado en ese momento. La empresa de los Aguirre se convirtió en accionista tras ampliar el Gobierno de Ayuso la superficie alquilada a esta socimi en 2020. En pleno confinamiento y en lo peor de la pandemia.

Orbis había comprado el edificio al casero original, Colonial. El penúltimo día de 2021 la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, que entonces dirigía Javier Fernández-Lasquetty, ex pupilo de Aguirre, refundió los contratos anteriores y pactó una subida de la renta del 20% respecto al contrato firmado en 2016 con Colonial. Eso no impidió que en 2022 Orbis se anotase unas pérdidas récord. Hasta ahora.

El contrato de Lasquetty, uno de los de mayor importe que ha firmado la Comunidad de Madrid como inquilina durante el mandato de Ayuso, estaba valorado en 2,8 millones. Se adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad, lo habitual en este tipo de contrataciones con la Comunidad de Madrid. Comprende el alquiler de 2.242,44 metros cuadrados del edificio de Agustín de Foxá 29. La consejería ocupa este inmueble desde 2010. También tiene oficinas en el número 31.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Ya hemos entrado en julio, mes del comienzo de las vacaciones pero también de muchísima actividad en las empresas y en la política. Por fin parece que el Gobierno de coalición da verdaderos pasos para solucionar el problema de la vivienda en España.

Estamos hablando de un problema real que, pese a lo que digan los empresarios del ladrillo, no se soluciona con la liberalización del suelo ni construyendo a mansalva. De hecho, uno de los mantras del sector inmobiliario es que hace falta más suelo porque hay una alta demanda de compradores de vivienda que buscan pisos de reciente construcción y no los encuentran. En realidad, en España hay casi 450.000 inmuebles nuevos, que están listos para entrar a vivir, y aún no han encontrado a alguien que los compre por los altos precios. Un volumen de casas que aumentó en 2023 por primera vez desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.  

Los precios tanto de los alquileres como de las hipotecas están por las nubes. Y eso que el Euríbor cerró junio en el 3,65%, 0,35 puntos menos que hace un año. Esta moderación del índice de referencia para la mayoría de préstamos hipotecarios hace que quienes revisen anualmente sus cuotas empiecen a pagar menos dinero. El apetito por comprar y los precios no dan tregua en un mercado recalentado: en abril, el último mes con datos publicados por el INE, la compraventa de pisos y casas se disparó un 24%. Aquí te contamos cómo va el mercado inmobiliario pese a la bajada del Euríbor. 

Una solución política no es fácil. Menos aún cuando España es un país de rentistas. Algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en nuestro país. La cifra es algo inferior a la del total de autónomos que trabajan en España. Es relevante porque explica la dimensión política y económica de un mercado al que es difícil meterle mano desde las instituciones públicas. Además, mientras mayor es la renta más ingresos llegan por el alquiler de inmuebles. En este enlace tienes una radiografía de un país de 'pequeños' rentistas.  

Por eso es tan importante el último paso que ha dado el Gobierno. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado que aprobará por Real Decreto y de urgencia una limitación de los contratos de temporada, de manera que “se requerirá la causalidad de esa temporalidad”, y se declarara el alquiler turístico como “una actividad económica”, por lo que las comunidades de vecinos tendrán que autorizarlos explícitamente. De esta manera se subsana el vacío legal que suponen los alquileres que duran menos de un año, unos arrendamientos que quedaron fuera de la Ley de Vivienda y que, junto a los alquileres turísticos, están haciendo imposible encontrar piso a amplias capas de la población que tampoco pueden permitirse una vivienda en propiedad. En esta información te explicamos las modificaciones de los alquileres de temporada y turísticos.

Cada vez que habla sube el pan

Si analizamos los ciclos históricos desde 1970, podemos ver que cuando los principales bancos centrales subieron las tipos de interés mientras los precios de la energía eran altos, los costes para la economía fueron generalmente bastante elevados

Christine Lagarde — Presidenta del Banco Central Europeo (BCE)

La inflación de la eurozona se moderó una décima en junio, hasta el 2,5%, buenas noticias para acabar de una vez con la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, la institución monetaria sigue instalada en la ortodoxia más cerril. Esta semana el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y su homóloga en el BCE, Christine Lagarde, coincidieron en el foro de política monetaria de Sintra. Ambos dirigentes se agarraron “a la fortaleza del mercado laboral” y la resistencia del crecimiento económico para mantener sus posiciones inalterables alrededor de los tipos de interés, pese a que sendos banqueros centrales reconocen que los datos de inflación son buenos. En el caso de Lagarde, la presidenta del BCE admitió que “hasta ahora este ciclo no ha seguido los patrones anteriores” y admitía que no se ha cumplido el supuesto paradigma de precios elevados de energía más tipos altos suponen costes altos para la economía y frenazo de la actividad, que llevaría a la caída de los precios. Seguimos con recetas del pasado para arreglar una economía en transformación. Aquí te explicamos más sobre cómo los banqueros centrales se agarran a la fortaleza del mercado laboral para retrasar bajadas de los tipos de interés. 

El Gráfico

La vivienda no es lo único que ahoga a los ciudadanos. Pese a las reiteradas medidas de rebaja del IVA de los alimentos, de dudosa eficacia, por parte del Gobierno, el gasto en la cesta de la compra sigue disparado. La inflación ha subido un 24% el gasto que las familias dedica a comprar alimentos desde antes de la pandemia. El dinero que se dejan los hogares en los supermercados al mes alcanzó de promedio en 2023 el récord de 444 euros, frente a los 357 euros de 2019, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Aquí te explicamos cómo el gasto de las familias se ha disparado en el supermercado.

El Dato

50.200 millones de euros

Se llevaron inversores españoles a otros países en 2023, según consta en las estadísticas de la CNMV sobre instituciones extranjeras de inversión colectiva que comercializan sus productos en España. Estamos hablando de más de 136 millones de euros diarios. Las sociedades y fondos de inversión radicados en otros países contaban con un volumen de inversión procedente de España superior a los 251.304 millones de euros al final del año pasado. Casualmente son Luxemburgo e Irlanda, conocidos por sus beneficios fiscales, los mayores destinos de esos fondos. Así es el patriotismo de algunos. Aquí te contamos dónde vuela el dinero de los inversores españoles fuera de España.

Financiación autonómica

En el boletín de la semana pasada ya te contamos que nos parecía un error que el Gobierno trate de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica, soltando sin concretar lo de “financiación singular” para Cataluña, cuando la debilidad parlamentaria es evidente y se trufa con las negociaciones para la investidura como presidente de la Generalitat de Salvador Illa, el líder del PSC. Aquí tienes unas claves.

Esta semana buscamos, sin encontrar, cuál es el planteamiento del Partido Popular para la financiación autonómica pero es que, además, el último informe sobre “la ejecución presupuestaria” regional del Ministerio de Hacienda, muestra que el déficit acumulado en 2024 de la mayoría de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP supera la media nacional. Uno de los principales motivos es la competencia fiscal a la baja, en la que destaca el caso de Andalucía, el único territorio donde desciende la recaudación de todos los tributos cedidos por el Estado tras apuntarse a las bajadas de impuestos espoleadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Aquí te explicamos cómo la competencia fiscal a la baja del PP embarra el debate sobre la reforma de la financiación autonómica.

Entrepreneur

Años de experiencia como directivo en empresas punteras pero se acaba tropezando el la piedra de la avaricia. Esta semana nuestro 'entrepreneur' de la semana es José María Castillo Lacabex, histórico directivo de ACS y hoy consejero delegado de su antigua filial industrial, Cobra. La Audiencia Nacional ha confirmado tres multas impuestas en 2022 a Castillo Lacabex, a su madre del ejecutivo y a su cuñado, por usar información privilegiada sobre la inminente venta de una filial de ACS, Saeta Yield, en 2017. Todo queda en familia. Las sanciones suman 180.000 euros. Aquí te contamos el multazo por uso de información privilegiada que le han puesto al CEO del gigante Cobra, su madre y su cuñado.

Bien público

¿Para qué sirve una Ley si no se cumple? ¿Es viable un sistema legal en el que nadie se preocupa de su cumplimiento? El Gobierno dio un paso fundamental con la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para regular el “derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial”. La modificación entró en vigor el pasado 29 de junio de 2023 pero, al parecer, nadie hace caso a la Ley. Organizaciones de consumidores como Facua y OCU señalan que los ciudadanos siguen recibiendo la invasión de las llamadas publicitarias mientras que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) explica que las reclamaciones recibidas denunciando estas prácticas se incrementaron un 114% respecto a 2022. El Ministerio de Consumo, que impulsó la prohibición de las llamadas comerciales no deseadas, ahora traslada la pelota a la AEPD. Es necesario que la AEPD imponga multas más duras por este tipo de prácticas invasivas y abusivas. Es necesario que el Ministerio haga cumplir la Ley. Aquí puedes leer este reportaje de Carlos del Castillo sobre el fracaso de la ley para frenar las llamadas comerciales.

Nos gusta la competencia

En esta sección os mostramos una lista de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto es todo por esta semana. Volveremos el jueves que viene con más información económica. Mientras tanto, si tienes algún comentario o propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

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Más de 136 millones de euros diarios volaron de España a sociedades y fondos de inversión extranjeros a lo largo del año 2023. Y de ellos, la mayor parte viajó con dos destinos. Por un lado, a Luxemburgo, el pequeño país del corazón de la Unión Europea. Por otro, a Irlanda. Ambos, conocidos por sus ventajas fiscales. Se fueron en un ejercicio marcado por la subida de los tipos de interés y la rentabilidad de la deuda pública.

En concreto, a lo largo del último año, los inversores españoles se llevaron a otros países más de 50.200 millones de euros, según consta en las estadísticas sobre instituciones extranjeras de inversión colectiva que comercializan sus productos en España y que están registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Estas entidades radicadas en otros países contaban, al concluir el pasado mes de diciembre, con un volumen de inversión procedente de España superior a los 251.304 millones de euros, cuando un año antes estaban ligeramente por encima de los 201.000 millones. Es decir, en un año, la capacidad de captación de estos fondos y firmas foráneas se ha incrementado en un 25%. Ese flujo fue especialmente intenso en la recta final del año porque, al cierre del pasado mes de septiembre, ese volumen de capital se situaba en 215.609 millones de euros. 

Las estadísticas que publica la CNMV señalan que la mayor parte de ese dinero que se invierte en firmas foráneas está concentrado en sociedades, fundamentalmente en sicav. Estas, al concluir 2023, tenían en custodia 215.627 millones de euros. El resto corresponde a fondos de inversión. 

Despegue tras la pandemia

Crece el volumen de dinero que viaja fuera de España, pero eso no significa que haya muchas más firmas gestionando ese capital. Al cierre del año había 1.115 instituciones de inversión colectiva extranjera comercializando sus productos en España, de las que el 40% eran fondos. Un año antes eran 1.095 entidades, según las citadas estadísticas.

Lo que no es posible acotar es cuántos inversores españoles han llevado su dinero fuera de nuestras fronteras. Según la CNMV, estas sociedades extranjeras suman más de 6,9 millones de partícipes, pero cada uno de ellos puede estar en varias sociedades y fondos al mismo tiempo, por lo que el número de personas sería inferior. 

Las estadísticas que publica la CNMV también permiten comparar si ha habido grandes cambios en los últimos ejercicios en cuanto a esa circulación de inversiones al exterior. Unos años marcados por la incertidumbre internacional derivada, primero, de la pandemia; y después de la guerra en Ucrania y en Oriente Medio. Los datos evidencian que al cierre de 2023 había un 40% más de dinero invertido en sociedades y fondos extranjeros que en diciembre de 2019, antes de desatarse la pandemia de coronavirus, que además repuntaron sobre todo en 2021. Una evolución que se ve en el siguiente gráfico.

El tirón de Luxemburgo e Irlanda

Hay dos destinos preferidos para las inversiones que viajan fuera de España. Uno de ellos es Luxemburgo. El pequeño Estado centroeuropeo, además, concentra la mitad de todas las instituciones extranjeras de inversión colectiva registradas en la CNMV. En concreto, allí están radicadas 504 firmas.

El otro destino es Irlanda, donde se localizan 247 sociedades de inversión –sobre todo, sicav–, por delante de las 230 de Francia y a años luz del cuarto país con más entidades, Alemania, que se queda en 60. 

Con ese número de sociedades y fondos de inversión, Luxemburgo acaparó más de 174.000 millones de euros de inversores españoles al cierre de 2023. Un año antes eran cerca de 154.000 millones. De esta forma, dos de cada 10 euros que volaron el año pasado fuera de España han ido a parar al Gran Ducado. 

Concentra menos dinero pero crece más Irlanda. Allí estaban, al cierre del último ejercicio 56.600 millones de inversores españoles, son casi 25.000 millones más en solo 12 meses. El tercer puesto en este podium por captar capital local está Francia que atesora 17.656 millones de euros. Sin embargo, el país vecino es el gran perdedor de esta carrera por atraer inversión española, casi 27.000 millones en un año, según las citadas estadísticas. 

Y si se buscan grandes nombres, destaca el gigante Blackrock, que sumaba en diciembre cerca de 13.000 millones de euros de inversores españoles entre sus entidades radicadas en Luxemburgo e Irlanda, casi 2.000 millones más que un año antes.

El presidente ejecutivo y máximo accionista de Ferrovial, Rafael del Pino, acaba de sacar de Países Bajos la sociedad patrimonial con la que canaliza su participación en la constructora. La ha trasladado a Luxemburgo, otro territorio en el corazón de la UE conocido por sus bajos impuestos. La mudanza llega un año después de la polémica fuga a Amsterdam de la sede de Ferrovial y tras abrir las autoridades neerlandesas una inspección fiscal a esa instrumental, Rijn Capital BV.

Según documentación oficial, la tercera fortuna de España, con un patrimonio de 5.900 millones de euros, según Forbes, acaba de aprobar el traslado al Gran Ducado de Rijn Capital. Esta firma actualmente controla el 20,97% de la constructora.

La decisión se adoptó en una junta extraordinaria el pasado 12 de abril. 365 días después de la asamblea en la que los accionistas de Ferrovial aprobaron llevarse a Ámsterdam la sede de la multinacional.

En esa junta celebrada hace unos días, los socios de esa sociedad neerlandesa, Rafael del Pino y (con participaciones testimoniales) sus tres hijos varones, aprobaron el traslado de Rijn Capital a Luxemburgo. Refrendaron así una decisión acordada por su consejo de administración el 29 de diciembre. 

La nueva empresa luxemburguesa es la sociedad de responsabilidad limitada Rijn Capital SARL. Domiciliada en un edificio de oficinas junto a la principal estación de tren de la capital del Gran Ducado, su objeto es la compra y gestión de participaciones en todo tipo de sociedades. Tiene un capital social de 200,4 millones, igual que en Holanda, dividido en 2.355 acciones. Según sus estatutos, la transferencia de acciones inter vivos a terceros requerirá de la aprobación de al menos el 75% del capital.

Junto a Del Pino la administran Rafael, Ignacio y Juan Del Pino Fernández-Fontecha, los tres hijos que el multimillonario tuvo con su primera esposa, Cristina Fernández-Fontecha, fallecida en un accidente de barco en 1998. El 99,87% de su capital (2.352 títulos) es del presidente de Ferrovial. Cada uno de esos tres vástagos tiene una acción. 

El mayor, Rafael (37 años), que era administrador ejecutivo de Rijn Capital en Países Bajos, ha sido nombrado responsable de la gestión ordinaria de la nueva sociedad luxemburguesa. En distintos medios se ha señalado al segundo hermano, Ignacio (35 años), director corporativo de Finanzas de Ferrovial, como destinado a suceder a su padre, que tiene 65 años. El tercer hijo que administra Rijn, Juan (31 años), se dedica al diseño de barcos.

En Países Bajos, Rijn Capital tenía por objeto social la tenencia de “participaciones financieras”. Cerró 2022 con una plantilla de cinco personas, 3.651 millones en activos y un beneficio de 127,6 millones, frente a los 74,23 millones de 2021. En ese ejercicio declaró inicialmente ganancias de 874 millones, aunque luego reformuló sus cuentas.

En las de 2022, formuladas el pasado 30 de octubre, se indica que, en fecha indeterminada, “las autoridades fiscales [de Países Bajos] formularon preguntas sobre varios aspectos del impuesto de Sociedades de 2020. En este momento es imposible hacer una estimación adecuada del posible impacto” de esa inspección, pero el resultado “podría afectar a la posición en los estados financieros del impuesto sobre sociedades y de los activos por impuestos diferidos”.

Menos de tres meses después de formularse esas cuentas, Del Pino y sus hijos aprobaron el borrador de traslado a Luxemburgo. De este movimiento materializado hace unos días no hay rastro todavía en la autoridad bursátil de Países Bajos, la AFM, ni en la SEC de Estados Unidos, donde Ferrovial ultima su salto al parqué.

En la web de la AFM, la última notificación de la participación de Rijn Capital data del 16 de junio. Entonces la sociedad de Rafael del Pino declaraba un 20,45% de Ferrovial.

Esta instrumental es desde hace tiempo, con amplia diferencia, el mayor accionista de la constructora. Según la última información facilitada por Ferrovial el 29 de abril a la SEC, Rijn Capital tiene 152.251.078 títulos, un 20,97% de la constructora, cuyo valor actual supera los 3.800 millones. La multinacional está cotizando cerca de máximos históricos estos días, en vísperas de que este jueves debute en el Nasdaq, uno de los principales mercados bursátiles estadounidenses.

Peso creciente

El peso de esa instrumental de Del Pino en el capital de la constructora ha crecido en el último año. Cuando Ferrovial anunció su traslado a Países Bajos, Rijn Capital tenía un 20,25% de la compañía, porcentaje que Rijn elevó al 20,56% al cierre de 2023. Este año lo ha incrementado hasta rozar ese 21%. 

Además de su paquete en Ferrovial, entre las filiales que Rijn Capital declaraba en sus cuentas de 2022, depositadas en el Registro Mercantil neerlandés, había dos sociedades domiciliadas en la calle Núñez de Balboa de Madrid sin apenas facturación: Criu SL (dedicada al inmobiliario o compraventa y alquiler de embarcaciones y aeronaves), con activos de más de 28 millones a cierre de 2022, y Los Estanquillos SL, que tiene a su nombre una finca y una mansión con helipuerto que el empresario compró hace veinte años en un pueblo de Cáceres.

Además de los dividendos de la constructora, los beneficios de Rijn Capital provienen de otras inversiones que las cuentas no precisan. En 2020, el año objeto de esa inspección fiscal de las autoridades de Países Bajos, la patrimonial de Del Pino declaró pérdidas de 560,7 millones. Un año antes, en 2019, se apuntó unos beneficios de 1.500 millones. 

En 2018, la instrumental se convirtió en accionista de la aerolínea española Volotea, con un 5,3%. También ha realizado inversiones en proyectos de energía fotovoltaica en Chile, donde varias de sus filiales, según informaron medios locales, se declararon en quiebra a finales de 2023.

Hace años Rijn Capital invirtió asimismo en una empresa estadounidense de tratamiento de aguas residuales, Cambrian Innovation, a la que acabó demandando en 2021 por vía civil ante un tribunal de Delaware, el refugio fiscal en el que la patrimonial de Del Pino tiene domiciliada su filial en Estados Unidos.

En sus cuentas de 2022, Rijn Capital todavía incluye el 100% de la maltesa Boreas Shipping Limited, cuya existencia sacó a la luz en 2017 la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas conocida como los Paradise Papers.

Esta empresa, domiciliada en otro país de la UE conocido por su opacidad y mínima carga fiscal, aparece en el registro maltés como disuelta desde el 7 de marzo de 2017. El Mundo reveló poco después que era propietaria de un yate de Del Pino valorado en 1,89 millones, según las cuentas registradas por la empresa en 2013.

Rijn Capital, ahora luxemburguesa, fue registrada en Países Bajos en julio de 2008. El presidente de Ferrovial le transfirió sus acciones en Ferrovial en 2015, tras la reorganización de la participación de la familia en la constructora por la disolución de la sociedad Portman Baela. Esta firma, que los Del Pino controlaban a través de otra sociedad neerlandesa, Sobla Beleggingen BV, tenía el 40% de Ferrovial.

Tras la muerte del patriarca y fundador, llegó el reparto de su herencia y la desaparición de Portman Baela. Y los cuatro hermanos Del Pino Calvo-Sotelo, Rafael incluido, idearon una “compleja operación” con un plan “premeditado” que tumbaron primero la Agencia Tributaria y luego la Justicia. Utilizaron sociedades instrumentales y datos “sesgados” sin otra “explicación razonable” que el de eludir impuestos con la herencia del padre.

Rafael Del Pino ya tuvo al menos dos sociedades en Luxemburgo hace años, Vial Holding y Loriner Holding. Fueron creadas en diciembre de 2007 y se disolvieron en abril de 2010.

elDiario.es contactó con Ferrovial para conocer el propósito y las razones de esta mudanza al Gran Ducado, sin obtener respuesta: “No hacemos comentarios de movimientos de otras compañías”, indican desde el grupo.

La documentación oficial que recoge el traslado de Rijn Capital confirma que, tras llevarse la sede de Ferrovial a Amsterdam, Rafael del Pino continúa teniendo su residencia en Madrid. En concreto, en un imponente chalet que el multimillonario tiene a su nombre en Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, la localidad más rica de España.

Ferrovial anunció hace unas semanas el relevo de su histórico secretario general, el abogado del Estado en excedencia Santiago Ortiz Baamonde. Ha sido sustituido por la neerlandesa Geerte Hesen. Un signo de los nuevos tiempos en la empresa, convertida en gigante tras décadas viviendo de las concesiones de obra pública en España y con un largo historial de manipulaciones de licitaciones en su país de origen.

Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía implicado en el 'caso Roldán', se deja ver en público en contadas ocasiones. Este viernes fue una de ellas. Compareció citada como testigo en el juicio en el que el exministro Eduardo Zaplana se sienta en el banquillo de los acusados. García Paesa fue la gestora de los fondos en Luxemburgo de la presunta trama corrupta de Zaplana. La mujer, con un ligero acento francés, explicó que se dedica a la domiciliación y estructuración de sociedades 'offshore' en Luxemburgo donde tiene “despacho propio” desde 2001. Su relación familiar y profesional con su tío Paco Paesa, fallecido por segunda vez el 3 de mayo de 2023 —fingió su muerte en 1998, en pleno escándalo del 'caso Roldán'— la catapultó a ser retratada en la película El hombre de las mil caras, cuyo papel interpreta la actriz Alba Galocha.

La abogada, imputada en el 'caso Defex' en la Audiencia Nacional (una causa por la que pasó 85 días en prisión preventiva), se prestó a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el marco del 'caso Erial'. La testigo confirmó en el juicio que Juan Cotino, siendo director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, le llevó personalmente más de 600.000 euros en metálico al Gran Ducado. Sin embargo, con quien mantenía contacto para la gestión de las dos sociedades era con el empresario Vicente Cotino.

“Los bancos [en Luxemburgo] no hacían más preguntas de las necesarias, sabiendo quién era el cliente físicamente y que el dinero salía legalmente de España”, explicó la testigo. “Desde entonces ha cambiado mucho la legislación”, apostilló.

El tinglado luxemburgués que montó García Paesa para el clan político-empresarial de los Cotino recibió 11,2 millones de euros desde cuentas en España y Suiza entre 2005 y 2009 en comisiones por la adjudicación de la privatización de las ITV y del Plan Eólico. 

“Como cliente, Vicente Cotino era una perla, el cliente ideal, ejemplar”, afirmó ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València. El empresario acudía con su avión privado al Gran Ducado varias veces al año para aprobar las cuentas o reunirse con el banco y el resto de gestiones recaían, telefónicamente, en el director financiero de Sedesa, José Vicente Álvarez, ya fallecido. “No es un viaje de placer, no hay playas y no hace buen tiempo”, dijo en referencia a Luxemburgo.

A partir del traspaso accionarial, en 2009, los fondos acabaron en manos de Joaquín Barceló 'Pachano', amigo de la infancia y testaferro confeso de Eduardo Zaplana, y de Juan Francisco García, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana. Beatriz García Paesa se desvinculó de los fondos y entró en escena la 'lavadora internacional' del abogado uruguayo Fernando Belhot. Éste último declaró en el juicio que García Paesa le habría dicho que los fondos eran de Eduardo Zaplana. Sin embargo, la aludida negó que conociera el papel de Zaplana, con quien no habló “jamás”, según dijo tajante.

“Para mí Zaplana formaba parte del mundo de la política española y jamás en mi vida he sabido nada de él ni tengo idea de quién es. Su nombre nunca fue mencionado por ninguno de los intervinientes, jamás”, declaró.

Beatriz García Paesa tuvo algunas lagunas de memoria y adujo el tiempo transcurrido desde los hechos y que se encargaba de “muchísimos sociedades”. Las empresas de la trama del 'caso Erial' formaban parte “de las 120 sociedades que gestionaba en aquella época”. Una cifra muy por debajo de las “dos mil y pico” sociedades que dijo haber mantenido su homólogo uruguayo, el abogado fiduciario Fernando Belhot.

La mujer detalló las complejidades de su trabajo, tal como había hecho ante la jueza instructora en una suerte de lección magistral sobre el blanqueo de capitales. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, le preguntó en el juicio por la “confianza” con el cliente en este tipo de operaciones. “Tenemos esa facultad de domiciliar sociedades financieras, que no sean comerciales”, dijo. Las sociedades, más allá de canalizar las mordidas, tuvieron una actividad “mínima”, según afirmó.

Beatriz García Paesa se presentó como una “profesional”. Una tarea no exenta de problemas y sustos: una de las sociedades que usó para gestionar fondos de la trama del 'caso Erial' (Alza Imo Invest SA) también había sido utilizada en una operación inmobiliaria en Marbella de un cliente francés, que nada tenía que ver con la trama del exministro español del PP.

Cuando el despacho de García Paesa, en el número 5 del Bulevar Royal de Luxemburgo, fue registrado el 8 de enero de 2019 en presencia de las autoridades españolas y de sus abogados, François Prum y Aurore Merz-Spet, resultó que la documentación sobre la empresa estaba en manos de la justicia francesa.

Cuatro años antes, las autoridades francesas, por orden del famoso juez Renaud Van Ruymbeke, habían registrado el despacho de Beatriz García Paesa en busca de la documentación sobre la misma sociedad. Al usar precisamente esa empresa para diferentes operaciones de clientes distintos, un juez francés y una magistrada española siguieron la pista de la misma firma 'offshore'. “Son operaciones financieras”, explicó este viernes en el juicio.

En su despacho trabajaban como fiduciarios el abogado Federico Cannizzaro di Balmontino, condenado a cuatro años y medio de prisión en Italia por una trama que evadió 11 millones de euros de la compañía naviera Rbd Armatori, y el consul honorario de Uruguay, Alexis Kamarowsky. “Eran los socios que trabajaban en la sociedad fiduciaria”, explicó a preguntas del fiscal anticorrupción.

La mansión de 12 millones de euros que encabeza el amplio patrimonio inmobiliario de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, quedó el pasado noviembre libre de cargas. La regidora canceló la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo, según la información que consta en el Registro de la Propiedad y a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La lujosa casa situada en el límite de Marbella con Benahavís llegó a estar en venta una larga temporada, hasta la noticia de la investigación en una causa de narcotráfico contra su hijastro y su marido –este ya fallecido–, y entonces desapareció de la web que anunciaba su venta. Cuando Lars Broberg murió, en marzo de 2023, la mansión llevaba tiempo cerrada y el matrimonio residía en otro lugar de Marbella.

El inmueble de Ángeles Muñoz está envuelto en la polémica desde que este medio informara en 2014 que había sido adquirida 11 años antes a través de una sociedad radicada en Gibraltar, que a su vez poseía otra a nombre de la que está la finca. A esa polémica se ha añadido un nuevo capítulo este mismo miércoles cuando elDiario.es ha desvelado los planes del Ayuntamiento de Marbella para recalificar el terreno en el que se encuentra la mansión, con la consiguiente revalorización del inmueble.

El matrimonio formado por Ángeles Muñoz y Lars Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones de la sociedad Crasel Limited, radicada en territorio opaco de Gibraltar. Esa sociedad poseía a su vez una empresa con sede en España, Crasel Panoramica SL, titular de la mansión. Muñoz era propietaria del 48% de Crasel Panorámica SL y, de acuerdo a su última declaración de bienes, lo sigue siendo. Este medio ha preguntado a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no ha obtenido respuesta.

La hipoteca suscrita en 2010 es un complejo producto financiero. La sociedad Crasel Panorámica SL, propiedad del matrimonio, recibió ese año un crédito de 3,1 millones de euros por parte de Nordea Bank SA. Al tiempo, el dinero quedó invertido en la entidad bancaria, al contratarse un seguro de vida asociado a una cartera de inversiones. Como garantía se hipotecó la lujosa mansión de Muñoz por 3,1 millones. El Consistorio tampoco ha respondido a la cuestión de si la cancelación de la hipoteca responde al cobro del seguro de vida después de la muerte de Lars Broberg. 

La modalidad de producto financiero al que recurrió el matrimonio en Nordea Bank SA era ofrecida por la propia entidad para reducir el valor del inmueble a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio y del de Sucesiones, que entonces tenía una fiscalidad que hoy en día es escasa o nula.

Una mansión de 12 millones de euros

La mansión fue puesta a la venta en 2016 en una web inmobiliaria de lujo por un precio de 12 millones de euros. En 2022, poco después de conocerse la investigación a Lars Broberg y el hijo de este por una presunta trama de narcotráfico internacional, Muñoz y su marido empezaron a negociar la venta de la casa con un millonario procedente de Baréin. Según el documento al que tuvo acceso elDiario.es, pretendían nueve millones de euros, con dos pagos iniciales de 500.000 euros cada uno a ingresar en una cuenta de Luxemburgo. A este país acuden grandes fortunas internacionales por su alambicado sistema de sociedades pantalla y extraordinarios beneficios fiscales. 

Finalmente no hubo acuerdo con el acaudalado ciudadano de Baréin y vecinos de la zona creen que en la actualidad nadie vive allí. Casa Rosada, en Vega del Jaque, es un palacete construido en parte con mármol de Carrara muy cerca del yacimiento arqueológico del Cerro Colorado. Cuenta con dos plantas y dos sótanos, suelos de madera y mármol, techos abovedados, habitación de pánico, pista de pádel, biblioteca, sala de cine y gimnasio. En el jardín se sitúa una amplia piscina cuya forma emula la silueta de la cabeza de Mickey Mouse y en la que hace años uno de los hijos del matrimonio introducía su moto acuática y lo exhibía en las redes sociales. 

Además de Casa Rosada, Broberg era dueño de una parte relevante de la zona de Vega del Jaque a través de otra mercantil (Vega del Colorado, S.A.), y aspiraba a edificar en los terrenos. En 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Marbella votó a favor de modificar parte de las lindes con Benahavís y que los terrenos en los que tenía interés Lars Broberg pasaran a este segundo municipio, que considera la zona urbanizable. El asunto llegó al Tribunal Supremo, que terminó años después archivando la causa. Recientemente se ha impuesto el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía según el cual las lindes entre ambos municipios deben ser las históricas de 1873, por lo que los planes urbanísticos no pueden modificarlas.

Ahora, el nuevo plan urbanístico de Marbella –aún en tramitación– clasifica por primera vez esos suelos como urbanos. Hasta ahora, para Marbella eran no urbanizables, mientras que para Benahavís sí lo son. Los terrenos se sitúan junto a la linde que separa ambos municipios: están dentro del término municipal de Marbella, pero es Benahavís quien les presta servicios y cobra impuestos.

Marbella pretende aplicarles a partir de ahora una figura que no aparece en la nueva ley andaluza del suelo (LISTA) denominada “tejido urbano discontinuo”, e incluirlos en un “área de ordenación conjunta” con Benahavís. En la práctica, ya son suelos urbanos (y urbanizados) desde los 90; pero sobre el papel, no constaban como tal para el consistorio de Marbella sino como no urbanizables.

elDiario.es informó del abultado patrimonio de Ángeles Muñoz a raíz del procesamiento de su marido por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Muñoz siempre atribuyó su alto tren de vida al éxito en los negocios de su marido durante treinta años. La Audiencia Nacional había encontrado indicios suficientes para juzgar a Lars Broberg, pero el estado de salud en el que se encontraba hizo decaer la causa contra él. Quien sí se sentará en el banquillo será Joaquim, hijo de un primer matrimonio de Lars, a quien la Fiscalía Antidroga atribuye tareas de liderazgo en una filial de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol. 

¡Buenos días!

¿Cómo estás? Ha vuelto el debate sobre el impuesto especial a la banca. Bueno, para hablar con propiedad, lo han vuelto a poner sobre la mesa. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunió a finales del mes pasado con los presidentes de los principales bancos españoles en encuentros individuales. Es una estrategia definida por Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere cambiar la imagen de un Ejecutivo beligerante con las empresas y trata de reconstruir puentes con el mundo empresarial. El mismo Pedro Sánchez ha tenido encuentros con los principales directivos de compañías como Telefónica, Mercadona, Fundación La Caixa o Endesa.

El problema es que de los encuentros del ministro Cuerpo con los directivos bancarios se filtró, de una manera interesada, que el Gobierno se planteaba modificar el impuesto especial a la banca. El runrún fue tan intenso que el propio ministro tuvo que salir al paso este lunes y asegurar en una entrevista en RTVE que “ahora mismo no está en negociación ninguna modificación” del impuesto a la banca y que el tributo se ha prorrogado por un año más porque “se seguían dando las condiciones” que lo motivaron.

Realmente, no hay razones para eliminar el impuesto especial a la banca. Por un lado, la gran banca reventó un nuevo récord de beneficios en 2023 gracias a la subida de tipos: 26.000 millones de euros. Las previsiones señalan que el Banco Central Europeo va a bajar este año los tipos de interés del 4,5% al 4%. Esto aliviará algo la carga sobre las familias hipotecadas y las empresas endeudadas, pero la realidad es que va a ser sólo una pequeña mejoría que no va a reducir el volumen de negocio de las entidades financieras. 

Pero además, es que los bancos han elevado tanto sus márgenes porque las hipotecas han aumentado su precio de una manera acelerada mientras que los depósitos no han sido remunerados a sus clientes al mismo ritmo. La subida de tipos de interés solo se ha aplicado en una dirección y no ha sido para beneficiar a familias y empresas. De hecho, las entidades financieras dan por hecho un nuevo récord de beneficio para 2024 tras el resultado histórico del año pasado.

No hay que olvidar que las subidas de los tipos de interés oficiales del BCE sumaron cerca de 10.000 millones de ingresos a los bancos españoles en 2023 solo por tener dinero aparcado –exceso de liquidez, en la jerga financiera– en el Eurosistema. Los bancos centrales del euro remuneran al 4% parte del efectivo que las entidades financieras dejan parado en el mecanismo de “facilidad de depósito”. Buena remuneración de los bancos centrales a las entidades financieras por ese dinero pero mínima retribución a los clientes por sus depósitos. El BCE decidió limitar esta política en septiembre de 2023, cuando las reservas mínimas se empezaron a remunerar al 0%. Aquí te explicamos cómo se benefician también los bancos con el mecanismo del BCE de “facilidad de depósito”.  

Finalmente, esta el tema de los dividendos. Cuando se anunció por parte del Gobierno este nuevo tributo, una de las quejas de los banqueros fue que reduciría el montante del dividendo y los bancos españoles dejarían de ser atractivos en bolsa. La manida excusa de la inseguridad jurídica que sirve para cualquier crítica. Aquí están los datos: entre los dividendos y las recompras de acciones los bancos van a dedicar casi 13.700 millones de euros de sus beneficios a retribuir a sus accionistas. Nunca antes se habían repartido tantos millones entre los accionistas de los bancos. En algunas entidades financieras se reparte entre el 50% y el 60% de los beneficios. Ya han anunciado que el reparto será incluso mayor con cargo a los resultados de 2024. En este enlace te explicamos la política multimillonaria de dividendos de los bancos españoles.

El Gráfico

La Política Agrícola Común (PAC) es uno de los objetivos de las protestas de los agricultores europeos en estas últimas semanas. Estamos hablmando de miles de millones que se reparten cada año entre los agricultores y ganaderos. Con cargo a los presupuestos europeos, en España se repartieron 7.519 millones de euros de la PAC en 2022. 400 sociedades anónimas, limitadas o cooperativas percibieron 536 millones de euros, un 7% del total. En ese listado de grandes beneficiarios se encuentran algunos de los más importantes operadores del sector: la cooperativa de aceite Dcoop, una de las mayores del sector, perceptora de más de ocho millones de euros; la Corporación Alimentaria Peñasanta, que está detrás de marcas comerciales como Central Lechera Asturiana, con más de 5,7 millones de euros; Bimbo Donuts (3,5 millones de euros), el grupo de bebidas alcohólicas González Byass (2,6 millones); también superan los dos millones de euros Bodegas Faustino, Codorníu o la cooperativa aceitera Oleoestepa. Freixenet, con 1,8 millones; Mercadona, con 1,3 millones; o Félix Solís, con 1,2 millones también están entre los 150 mayores beneficiarios. En esta información puedes ver cómo se reparte la PAC en España.

Aunque estas ayudas llegan a más de 600.000 agricultores y ganaderos españoles, la realidad es que no todos están afrontando de la misma manera la crisis que está azotando al campo español. La agricultura de España pierde peso en Europa frente al crecimiento de los países del Este: la producción del sector primario de nuestro país apenas ha crecido un 10% desde la gran crisis financiera, mientras que el bloque de países conformado por Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia lo ha hecho cerca de un 85%. 

Esta situación responde a un escenario donde el encarecimiento de los costes y las sequías han agravado las dificultades y han propiciado la crisis del modelo tradicional, que se componía mayoritariamente de autónomos, favoreciendo el negocio de las grandes empresas en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Así, una radiografía del sector primario en España confirma una situación compleja marcada por el estancamiento de la actividad y la caída de los agricultores, ganaderos o pescadores pequeños y medianos. Los datos reflejan que sobrevivir en el sector primario en España sin ser un 'gigante' es cada vez más difícil, pese a las subvenciones europeas y a las ayudas anticrisis del Gobierno. El número de autónomos y sus ventas se han reducido, los cultivos son cada vez más grandes y están en menos manos y cerca del 10% de las explotaciones agrícolas ha desaparecido en los últimos 15 años (un 37% en el conjunto de la Unión Europea). Aquí tienes una radiografía de la agricultura en España, donde los gigantes del sector ganan más y las pequeñas explotaciones luchan por sobrevivir.

El Dato

21 años

Como subdirector general de Operaciones del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Hay pocos funcionarios que hayan tenido una carrera tan longeva en un puesto con tan alta responsabilidad en el del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Manuel Montesinos Diez de la Lastra lleva ocupando el mismo puesto en la 'policía' de Hacienda desde 2003. Todo un récord, En un análisis de los 57 cargos en el organigrama de la AEAT que son nombramientos de confianza realizado por elDiario.es revela que los actuales responsables del organismo llevan, de media, 5,7 años en el puesto. En el SVA la media de permanencia en un cargo es de ocho años y medio. Montesinos ocupó la subdirección general de Operaciones con José María Aznar como presidente, en la primera etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. Montesinos está vinculado a través de su familia con el Partido Popular. Montoro llegó a decir que la cúpula de la agencia estaba “llena de socialistas” y llevó a cabo una purga. ¿Qué tiene Montesinos para mantenerse en ese cargo durante 21 años? ¿Secretos de todos? Aquí te contamos el curioso caso del funcionario que consiguió mantenerse 21 años en el mismo puesto de confianza.

Entrepreneur

Esta semana nuestro 'entrepreneur' preferido es Amancio Ortega. La firma inversora del fundador de Inditex, Pontegadea Inversiones, ha constituido una nueva sociedad en Luxemburgo para agrupar sus activos inmobiliarios en otros países, que suman más de 3.300 millones de euros. Es la primera vez que el holding de Ortega, la persona más rica de España, abre una filial en Luxemburgo. Es un país conocido por sus polémicas ventajas fiscales por las que las grandes fortunas españolas se llevan inversiones al pequeño Ducado, como es el caso de Juan Roig, presidente de Mercadona. Fuentes de Pontegadea señalan que la creación de esta sociedad responde a “una cuestión de limpieza estructural. No hay ningún otro objetivo”. Aquí te damos más detalles de la nueva sociedad patrimonial de Amancio Ortega en Luxemburgo.

Cada vez que habla sube el pan

La vida en Madrid no se puede equiparar con la vida en otros sitios...  la política madrileña no está en torno a la subvención y el poder político sino al capital y la colaboración público-privada

Isabel Díaz Ayuso — Presidenta de la Comunidad de Madrid

Esta es la manera en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende su política fiscal: la vida de Madrid “no se puede equiparar” a la de otros sitios y “el capital es libre”. Ayuso asegura que no hace “dumping fiscal”, pero desde que llegó al Gobierno no ha parado de bajar impuestos en una competición con el resto de las comunidades autónomas. ¿Cuáles son las consecuencias de estas políticas? Madrid es la comunidad donde los más ricos destinan menos renta a pagar impuestos. El 1% más rico en Madrid solo destina un 17,8% de todos sus ingresos a pagar sus obligaciones impositivas, frente al 23,8% de la media nacional, según un reciente estudio de Fedea. Aquí te explicamos cómo la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso beneficia especialmente a los más ricos.

Bien público

La especulación inmobiliaria no tiene límites mientras haya suelo. El mundo del fútbol ha despertado en los últimos años el interés de los fondos de inversión: hinchadas –o clientes, en la visión empresarial– muy fieles y unos millonarios ingresos televisivos. La mayoría de los derechos audiovisuales en las grandes ligas ya han sido negociados para varios años. Por ello, los propietarios y los fondos se están fijando ahora en los ingresos extraordinarios que se pueden obtener por los estadios. Hasta el momento, el estadio tiene una importancia pequeña en el conjunto de los ingresos de los clubs, en torno a un 17%. Por eso, los nuevos propietarios quieren operaciones con estadios nuevos y más oferta de restauración, conciertos y experiencias añadidas como nuevas vías de ingresos. En este sentido va el planteamiento de la Comunidad de Madrid y el propietario del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, cuando plantean trasladar el estadio a otra ubicación, incluso fuera del barrio. ¿Tiene sentido que es estadio del Rayo Vallecano esté fuera del barrio de Vallecas? Para el dinero, no importa. Aquí tienes un reportaje de Diego Larrouy sobre la especulación inmobiliaria alrededor de los estadios de fútbol. 

Nos gusta la competencia

En esta sección os mostramos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto es todo por este boletín. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Mientras tanto, si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, acaba de constituir una nueva sociedad en Luxemburgo para agrupar desde allí inversiones inmobiliarias en otros países por importe de más de 3.300 millones de euros.

Esta nueva holding, según fuentes de Pontegadea, la patrimonial de Ortega, se ha creado para “reorganizar” las inversiones de esta firma que cuelgan de sociedades radicadas en el Gran Ducado. En este territorio el fundador y máximo accionista de Inditex lleva años canalizando millonarias inversiones inmobiliarias, pese a no tener activos físicos allí. 

Es la primera vez que el holding de Ortega, la persona más rica de España, abre una filial en Luxemburgo, reconocen en Pontegadea. Las que hasta ahora ha tenido en ese país llegaron al perímetro del holding tras la adquisición de inmuebles que estaban a nombre de firmas radicadas allí, algo muy habitual en el sector inmobiliario. 

La nueva filial, Pontegadea Luxembourg, se constituyó el 18 de enero y está domiciliada en un pequeño edificio de oficinas en Musnbach, una diminuta población de la comuna de Schuttrange, en la región oriental de Luxemburgo. Cuenta por ahora con un capital de solo 12.000 euros. Su propósito es la toma de participaciones en empresas de todo tipo dentro y fuera de Luxemburgo o la adquisición de inmuebles, de forma directa o indirecta.

La nueva filial pertenece a Pontegadea Inversiones, SL. En su consejo de administración figuran, entre otros, la mano derecha de Ortega, el inspector de Hacienda en excedencia José Arnau, vicepresidente ejecutivo de Pontegadea y vicepresidente de Inditex; el consejero delegado de Pontegadea, Roberto Cibeira, y Patricia Alonso González, que dirige las operaciones de la patrimonial de Ortega en Norteamérica desde Miami.

“Limpieza estructural”

Fuentes de Pontegadea señalan que la creación de esta sociedad responde a “una cuestión de limpieza estructural. No hay ningún otro objetivo, más que mantener una estructura más o menos fácil de gestionar”. Niegan que haya un propósito de optimización fiscal: “No hay nada que no sea adecuar la estructura a las necesidades de los inmuebles”.

“No tiene ninguna trascendencia” y “no hay mucho más”, insisten estas fuentes, que afirman que con los inmuebles es muy difícil aplicar la ingeniería fiscal, porque son activos físicos cuya carga fiscal se aplica allí donde se ubican los edificios. “La deslocalización en bienes físicos es prácticamente imposible”.

Esas fuentes reconocen también que la idea es que en última instancia exista únicamente una filial en el Gran Ducado, un territorio muy habitual en el sector inmobiliario, especialmente para controlar activos inmobiliarios en otros países, Reino Unido entre ellos.

El grupo Pontegadea tiene en la actualidad dos filiales en ese diminuto país en el corazón de la UE, que es conocido por sus amplias ventajas fiscales.

La más importante es Hills Place Sarl, una instrumental sin empleados que a finales de 2019 abonó un dividendo de más de 80 millones a su matriz y que es la propietaria del 100% de la filial británica, Pontegadea UK. La dueña de ambas es la española Pontegadea GB 2020 SL, que a 31 de diciembre de 2022 tenía inversiones inmobiliarias con un “valor razonable” de 3.113 millones de euros, calculado a partir del coste de los activos adquiridos y las tasaciones de expertos independientes.

Esa valoración no incluye la última operación conocida de Pontegadea en Reino Unido, la adquisición, en 2023, de la antigua sede de la BBC en Londres por alrededor de 82 millones de libras (unos 93 millones de euros).

La otra firma de Pontegadea en Luxemburgo, también heredada muy recientemente, es FIF Holdings Proteonic, que es la dueña de un complejo logístico de 103.000 metros cuadrados en Venlo (Holanda) que Amancio Ortega compró en junio de 2023 a un fondo coreano por 105 millones. Fue su primera inversión en Europa en este tipo de activos, por los que Pontegadea ha apostado fuerte en Estados Unidos, el país que ha concentrado la mayoría de sus operaciones en los últimos años.

En Luxemburgo está también el vehículo que ha utilizado otra de las grandes fortunas españolas, Juan Roig, presidente de Mercadona, para comprar una pequeña participación en la academia de tenis de Rafa Nadal, como adelantó elDiario.es

Ladrillo, energía y telecos

Además de algo más del 50% de Inditex, Ortega también canaliza a través de Pontegadea su apuesta por la energía: más de 1.000 megavatios (MW) solares y fotovoltaicos, tras comprar en 2023 el 49% de una megacartera a Repsol por 363 millones.

También es accionista de Redeia, dueña de la red de alta tensión en España, y de su homóloga portuguesa REN, de Enagás Renovables y de la empresa de torres de telecomunicaciones Telxius.

El año pasado, el multimillonario se convirtió en el primer español que supera los 100.000 millones de dólares de patrimonio, según cálculos de Forbes, gracias a la revalorización de las acciones de Inditex y el aumento de sus inversiones en el sector inmobiliario.

En el último ejercicio cerrado, 2022, el valor de la cartera inmobiliaria de Pontegadea creció un 19%, hasta un récord de 18.156 millones. Esto convierte a la empresa en la mayor inmobiliaria de España, por encima de las que cotizan en Bolsa, como Merlin Properties o Colonial, ambas en el Ibex 35.

En enero, Pontegadea adquirió por unos 250 millones un almacén logístico operado por Amazon en Canadá y otra plataforma logística de Primark en Holanda a Blackstone por unos 100 millones. Y en diciembre se hizo con la mayor plataforma logística del gigante del comercio electrónico de Jeff Bezos en Irlanda por unos 103 millones.

En 2022 Ortega adquirió, entre otros activos, un rascacielos de viviendas en Seattle (Estados Unidos) por 300 millones y protagonizó su mayor compra de un activo individual hasta la fecha, el complejo de oficinas Royal Bank Plaza en Toronto (Canadá) por unos 800 millones. También realizó la mayor inversión de su historia, la compra de siete centros logísticos en los estados de Pensilvania, Wisconsin, Tennessee, Carolina del Sur, Virginia y Texas (Estados Unidos) por unos 900 millones. 

Inditex, de la que Ortega controla el 59,294%, acaba de entrar en el top 10 de mayores empresas europeas por valor en Bolsa. Desde hace unos días es la octava compañía más valiosa del continente, tras superar al gigante aeronáutico europeo Airbus y a la farmacéutica francesa Sanofi. Su capitalización se acerca a los 122.000 millones de euros. 

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha invertido dos millones de euros en la academia de tenis de Rafa Nadal a través de un fondo en Luxemburgo creado por la firma española de capital riesgo GPF, lanzada hace una década por varios jóvenes financieros muy cercanos al núcleo del Ibex 35 y especializada en la inversión en pymes españolas. En ese vehículo, una sociedad de Roig figura como inversor junto a otros grandes patrimonios y dos firmas de Delaware, Estados Unidos.

La inversión realizada por Roig, según explican fuentes del grupo valenciano, es de dos millones de euros, lo que eleva a 40 millones el importe total desembolsado por los socios de ese vehículo luxemburgués. El objetivo de este proyecto es impulsar la Rafa Nadal Academy, en la que acaba de entrar GPF, que no ha detallado su participación en la empresa del tenista. 

Según documentación oficial, una de las sociedades de Roig, Finop SA, se convirtió el pasado 15 de diciembre en accionista del vehículo que GPF ha creado en Luxemburgo, GPF Future Investments VI S.à r.l. Esta firma española de private equity, como suele ser habitual en el mundo del capital riesgo, tiene montada allí una maraña de sociedades para vehicular sus participaciones en diferentes pymes españolas. 

Finop, la sociedad del dueño de Mercadona, ha tomado 200.000 acciones de ese vehículo en el Gran Ducado. Fuentes del grupo valenciano confirman que “Juan Roig ha adquirido un 5% de la sociedad GPF Future Invest Investments VI, por dos millones de euros. Esta sociedad tiene una participación del Centre Esportiu Manacor S.L, matriz del grupo de sociedades de Rafa Nadal dedicadas al tenis”. 

Se trata de la primera inversión conocida en Luxemburgo de Roig. La empresa de Nadal, Centre Esportiu Manacor SL, tiene como administrador único al padre del tenista, Sebastián Nadal. En 2021 (último ejercicio en el que ha presentado cuentas) facturó 19,7 millones y declaró un beneficio de 2,3 millones, a pesar de las restricciones que todavía existían por la pandemia. Ese año tenía unos 265 empleados, según esas cuentas, disponibles a través de Insight View.

elDiario.es contactó con la empresa del deportista mallorquín sin obtener respuesta. Radicada en Manacor, la localidad natal del tenista y empresario, explica en esas cuentas que una normativa autonómica le impide repartir dividendos en 2021 y 2022 al haber recibido ayudas públicas para hacer frente al COVID, a través de la línea de avales del ICO y los ERTE.

4.000 jóvenes al año

El proyecto de la Rafa Nadal Academy, impulsado gracias a una ley ex profeso aprobada en 2012 por el entonces presidente balear, José Ramón Bauzá (en aquel momento del PP), echó a andar en 2016 como un complejo deportivo para formar a jóvenes promesas del tenis en Manacor. En la actualidad cuenta con una residencia de estudiantes donde se alojan cerca de 4.000 jóvenes al año.

También dispone de una residencia con 95 habitaciones y 10 apartamentos para los más de 10.000 adultos que realizan programas de inmersión y entrenamiento tenístico cada año. Asimismo, tiene un colegio privado internacional (Rafa Nadal International School), una clínica del deporte del grupo Quirónsalud, un museo, restaurantes, spa o piscina cubierta.

En 2018, el proyecto se expandió al exterior con la apertura de centros en resorts vacacionales (los hay en México, Grecia y Hong Kong) y luego con una réplica de la Academia en Kuwait.

El tenista mallorquín, de 37 años, recientemente se ha convertido en embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí, una petrodictadura que no respeta los derechos humanos. Nadal está considerado el deportista más rico de España. Socio en varios negocios inmobiliarios de la familia Matutes (una de las más ricas de Ibiza) y con intereses en sectores como las renovables, ha dado entrada a GPF con el objetivo de impulsar la expansión de su academia, especialmente en Estados Unidos. 

Finop pertenece a Inmo-Alameda, la sociedad con la que Juan Roig controla el líder de los supermercados españoles. Con ella, el empresario valenciano, cuarta fortuna española según Forbes, con un patrimonio de unos 5.000 millones, canaliza, entre otras participaciones, su 71,61% del Valencia Basket Club SAD, adquirida en diciembre de 2021.

Roig no está solo en ese vehículo en Luxemburgo. Junto a él figura una de las grandes fortunas de México, el multimillonario Ángel Losada Moreno, presidente del grupo de distribución minorista Gigante. Este magnate, al que Forbes atribuye un patrimonio de unos 1.000 millones de dólares, figura con algo más del doble de acciones que Roig (10,1%) y una inversión de algo más de 4 millones. Otro 2,5% posee una sociedad mexicana, Compañía Inmobiliaria Aguanaval, SA de CV.

El mayor accionista de ese vehículo en el Gran Ducado (44,5%) es una sicav de Luxemburgo, GPF Capital IV Partnership SCA Sicav-Raif, que es la que ha cedido esos 200.000 títulos a Roig. Con un 18,9% figura la firma de Delaware Private Co-Investment Opportunities IV, LP; y con un 6,3%, otra firma de ese microestado de EEUU, Bolt Ventures I LLC.

Un 5% tiene el español Ignacio Moyano Sánchez, recientemente nombrado chief risk officer del gigante de las materias primas Trafigura en Singapur; y otro 3,8% está en manos de la firma suiza Sundiona AG, accionista de los laboratorios catalanes Lacer. 

Un 2,5% está en manos de una ciudadana nacida en Filipinas y afincada en Costa Rica, Frieda Sandra Malca Mishaan. De 60 años, esta inversora en la academia de Rafa Nadal figura como administradora de una empresa de transportes en Panamá y aparece en la base de datos de los papeles de Pandora como beneficiaria de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, Dymazal Holdings.

Medios costarricenses identificaron en 2014 a Malca Mishaan como presidenta de una sociedad, Coppermine Inc, dueña de los edificios alquilados por el gobierno de ese país como sedes del Tribunal Fiscal Administrativo y la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

El accionariado de ese vehículo de GPF en Luxemburgo lo completa con un 1,3% el español José María Tejedor, general counsel de la metalúrgica Folch en Dubái. 

GPF, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, “gestiona vehículos independientes de capital privado creados con el objetivo de invertir en PYMEs en España”, según su web. Desde su creación hace diez años, ha gestionado 1.200 millones de capital a través de cinco fondos y su cartera de participadas ronda la veintena de compañías.

La inversión mínima del fondo es de 15 millones por compañía. “Busca empresas que cuenten con un equipo gestor con experiencia, tecnología/producto probado, rentables y generadoras de caja, con claro potencial de crecimiento (orgánico, por potencial de exportación y/o consolidación) y con visibilidad realista para la desinversión”, explica en su web.

GPF tiene conexión directa con lo más granado del Ibex. Entre sus cuatro socios fundadores está Guillermo Castellanos, de 41 años, e hijo del financiero Jaime Castellanos (presidente de Lazard en España). Castellanos es sobrino de Paloma O´Shea, la madre de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Está casado con la interiorista Marta de la Rica Entrecanales, hija de Blanca Entrecanales (hermana del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales) y del financiero Javier de la Rica, que es socio en el fondo Península del expresidente de Endesa y Mediaset, Borja Prado. 

Entre las firmas en las que ha invertido en los últimos años GPF están la empresa de jets privados Gestair, las discotecas Pachá (que tuvieron que ser rescatadas por el Estado por la pandemia), los talleres Aurgi, Somos (eventos corporativos), Peris Costumes (vestuario de cine y series) o, recientemente, Go Bravo (reunificación de deudas). 

GPF también se dedica al inmobiliario y el año pasado su fondo Inbest GPF Socimi compró uno de los edificios más singulares de Madrid, el de Velázquez 21, a la familia Grifols, muy de actualidad en las últimas semanas tras el informe de la firma Gotham cuestionando las cuentas de esta farmacéutica del Ibex.

Para muchas de sus inversiones, en GPF cuentan como asesor jurídico con el abogado José Ruiz-Gallardón Utrera, hijo del exministro y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y nieto del exministro franquista José Utrera Molina, fallecido en 2017.