Nueva maniobra del juez Juan Carlos Peinado para intentar investigar el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez a pesar del veto reiterado de la Audiencia Provincial. En una providencia fechada este 15 de diciembre, el magistrado insta a la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil a que analice un escrito del abogado Eduardo Martín-Duarte para comprobar si incluye “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea.

Martín-Duarte, que reclama personarse en el procedimiento, es un abogado conocido por difundir bulos, como que la mayoría de miembros del Gobierno y algunos dirigentes del PSOE blanquean dinero en República Dominicana. Denuncias suyas por hechos similares han sido descartadas de plano tanto por la Fiscalía Anticorrupción, como por el Tribunal Supremo. 

En este nuevo escrito que el juez Peinado deriva a la UCO antes de decidir si le incorpora como acusación, Martín-Duarte afirma sin pruebas que Begoña Gómez tiene a su nombre cinco depósitos bancarios en bancos turcos con un valor aproximado de seis millones de euros y que esos fondos procederían de la entidad rusa Alfa Bank.

También vincula a la esposa del presidente del Gobierno a una cuenta y dos depósitos en República Dominicana. Además, el abogado afirma que esas cantidades serían el “lucro o beneficio” derivado de su supuesta intervención en el rescate de Air Europa y en adjudicaciones a la compañía Innova Next del empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado en la causa. 

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. 

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto de octubre de 2024 cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. 

La Audiencia Provincial también anuló en mayo de 2025 la decisión del juez de solicitar información a la SEPI sobre las ayudas otorgadas a Air Europa. Esta decisión se basó en que dicha investigación quedaba fuera del objeto de la investigación previamente delimitado al inicio de la instrucción. Y meses después, en octubre, anuló otro requerimiento del juez a la UCO para que emitiera un informe sobre el rescate de la aerolínea.

Estepona se dispone a asistir a la entrega a un inversor inmobiliario de más de 100.000 metros cuadrados del terreno –muy cerca de la playa– que María Catalina Nadal legó en 1926 con la finalidad de que lo aprovecharan las esteponeras para estudiar una carrera universitaria, preferentemente de Filosofía y Letras. La Fundación Antonia Guerrero ha subastado públicamente las parcelas, y las ha adjudicado por 68,5 millones de euros a la promotora Kronos, que podrá construir hasta 1.125 viviendas en una ubicación privilegiada.

En paralelo, una sociedad mercantil presidida por el empresario Jorge Segovia Bonet, titular de la Universidad Internacional SEK, tramita una “solicitud de implantación” de un centro privado en Estepona, cuya ubicación está reservada desde hace años en otros terrenos vinculados al mismo legado. Existe también un acuerdo de intenciones entre la Fundación y SEK para colaborar en la implantación de una universidad privada en Estepona, y el alcalde José María García Urbano (PP), quien a su vez preside la Fundación, prometió en la última campaña electoral que durante este mandato conseguirá que una universidad se instale en el municipio.

Hasta ahora, la universidad, un viejo anhelo anclado en el histórico legado de María Catalina Nadal y Antonia Guerrero, ha servido de trampantojo durante 35 años: un señuelo que es a la vez consecuencia y condición para una operación inmobiliaria multimillonaria. Ahora las piezas parecen más cerca que nunca de encajar.

En 2020 Segovia (el mismo empresario que acaba de solicitar autorización a la Junta) ya presentó un proyecto de universidad privada: el campus se financiaría con dinero de la venta del patrimonio de la Fundación Antonia Guerrero, y se ubicaría a medio plazo en 300.000 metros cuadrados ubicados en Guadalobón, titularidad de una entidad del empresario Juan José Hidalgo pero reservados desde hace años para un emplazamiento universitario, según un documento al que ha tenido acceso este medio.

A su vez, Hidalgo, a través de Globalia, tramita desde hace cuatro años un imponente proyecto turístico en los terrenos de Guadalobón con el apoyo decidido de la Junta de Andalucía, que le ha dado categoría de “interés estratégico”. Globalia ha declinado hacer comentarios sobre este proyecto. En noviembre de 2019 pidió al Ayuntamiento que cambiara el PGOU para encajar su resort de lujo. Sólo un mes después, en diciembre de 2019, el empresario Jorge Segovia constituyó Universidad Internacional Antonia Guerrero Díaz, S.A.

Todo indica que el desarrollo urbanístico y el desembarco de una universidad privada es un plan conjunto diseñado por el alcalde (y presidente de la Fundación) con el concurso necesario de los empresarios Hidalgo y Segovia. No obstante, está por ver cómo afecta a estos planes el endurecimiento de los criterios de reconocimiento y autorización de universidades privadas recién aprobado por el Gobierno central.

Las dos operaciones (la inmobiliaria y la educativa) están íntimamente conectadas, tal y como ha desvelado este medio. Para la oposición socialista y una plataforma recién constituida, la universidad esteponera debería ser pública, pues sólo así se ahuyentaría el temor de que toda la operación encubra, en realidad, un boyante negocio inmobiliario.

Recalificación de los terrenos en 2022 para su uso turístico

Los terrenos de Guadalobón son una superficie de más de 600.000 metros cuadrados, que están igualmente incluidos en la histórica Herencia Nadal, emparentada al legado de Antonia Guerrero. Se trata de una parte de las parcelas reagrupadas por el empresario salmantino Juan José Hidalgo (Air Europa, Halcón Viajes, Globalia), que desde el siglo pasado quiere (y no ha podido) levantar allí un fastuoso complejo residencial y turístico.

Hidalgo podría conseguirlo si entre el alcalde (que a su vez preside la Fundación Antonia Guerrero), el empresario Jorge Segovia y él mismo logran cuadrar el círculo. De hecho, en los últimos años, el plan ya ha recibido varios impulsos para sacarlo del atolladero.

En primer lugar, García Urbano recalificó los terrenos en 2022, cambiando el destino residencial de dos millones de metros cuadrados (Guadalobón y Sistema Universitario, 633.000; Arroyo Vaquero, 1.495.000) por el uso turístico que pretende Hidalgo, aumentando su edificabilidad. En ese trámite, se intercambiaron también los 300.000 metros cuadrados que el PGOU reserva allí para el equipamiento universitario con los suelos de uso turístico: la Universidad pasó al norte de la autovía y el desarrollo turístico al sur, pegado a la playa.

Simultáneamente, y desde octubre de 2021, el Gobierno de Moreno tramita en su aceleradora el proyecto “Construcción de dos complejos turísticos unificados de alta gama en el municipio de Estepona (Málaga)”, impulsado por “Globalia full resort (Guadalobón + Arroyo Vaquero”). Está declarado de “interés estratégico para Andalucía”. Esto supone, en teoría, la agilización de los trámites. En puridad, son dos proyectos, el de Arroyo Vaquero y el de Guadalobón, que ya tiene el visto bueno ambiental de la Junta de Andalucía, si bien la Dirección General de Carreteras ha informado desfavorablemente por el riesgo de encajonar ese futuro desarrollo.

Dos hoteles de cinco estrellas y un apartahotel

Globalia lo llama full live resort. Incluiría una ciudad deportiva, un campo de golf y dos complejos turísticos de “alta gama”, ambos con hotel cinco estrellas (1.400 y 600 habitaciones, respectivamente), un apartahotel de 600 habitaciones, 400 apartamentos y 115 villas de lujo. Según la presentación que Juan Marín, por entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía, hizo hace tres años, la inversión total prevista es de 630 millones de euros. Para la oposición, es una operación que esconde un “pelotazo urbanístico” sin precedentes.

Hidalgo está muy vinculado a la ciudad (en 2006 llegó a bautizar “Estepona” al primer Airbus A330-200 de Air Europa), de la que es hijo adoptivo, pero lleva años residiendo en República Dominicana. Últimamente ha regresado de la mano del fútbol: adquirió el equipo local y compró una plaza para competir en Segunda RFEF.

De culminar el proyecto, Hidalgo podría rentabilizar al fin la compra que hizo hace casi dos décadas. El empresario siempre ha lamentado las dificultades que ha encontrado para levantar aquí su gran obra. Según ha contado en alguna ocasión, compró los terrenos en una operación que le sugirió Juan Antonio Roca, el cerebro del Caso Malaya. “Hice la mayor inversión y la mayor locura de mi vida”, declaró en julio de 2017, explicando que, tras obtener el visto bueno de Manuel Chaves (por entonces presidente de la Junta) y de Antonio Barrientos (alcalde de Estepona), pagó “religiosamente a los obispos y a Unicaja” 35.000 millones de pesetas (unos 210 millones de euros).

Más de dos décadas después, el empresario salmantino mantiene, por sí o a través de sus empresas, la mayor parte de los terrenos del legado, pero sigue sin poner un ladrillo. Para materializar su plan, Hidalgo se ha topado un obstáculo principal: la reclasificación del suelo, que los sucesivos alcaldes han condicionado a un “proyecto universitario en firme”, en palabras del exalcalde Antonio Barrientos (2003-2008).

Hidalgo y Barrientos negociaron durante meses un convenio urbanístico que resolviera esta cuestión. Además, mientras negociaba con Hidalgo la aportación de unos 60 millones a las arcas municipales, el alcalde Barrientos también pactaba el futuro desembarco de la Universidad de Málaga con un campus enfocado al deporte. Pero todo se rompió. Cuentan fuentes muy cercanas a aquello que el empresario arrojó un cenicero a la cabeza del alcalde antes de salir de su despacho.

Astapa y el interés de Villarejo

En este punto, entra en la historia un personaje disruptivo. Barrientos fue detenido en julio de 2008 en el marco de la Operación Astapa, en la que la UDEF investigaba, desde Madrid, la existencia de una presunta trama para el cobro de mordidas y la infravaloración de convenios urbanísticos en Estepona. Astapa se instruyó durante más de una década y no se juzgó hasta 2024.

Acabó en bluf: lo que empezó asomando como un émulo del Caso Malaya desembocó, 17 años después, en una mayoría de acusados absueltos y condenas ínfimas para los demás, incluido Barrientos. El caso Astapa quedó marcado para siempre por las dudas respecto a su origen y la tutela que ejerció el comisario retirado José Manuel Villarejo antes, durante y después de la investigación policial.

Barrientos, que sostiene que fue víctima de un montaje orquestado por Villarejo y otros acusados, siempre ha mostrado su sorpresa por el hecho de que, entre más de 60 convenios investigados por la UDEF, nunca se pusiera la lupa sobre el más cuantioso que negociaba Estepona en esos años. “A mí, ni me han llamado, ni me llamarán”, dijo Hidalgo a los periodistas cuando le preguntaron por su posible implicación en Malaya o en Astapa.

El interés de Villarejo en Hidalgo y la universidad está documentado en casi una decena de anotaciones de su agenda y en varios audios que refieren reuniones con él, tal y como puso de manifiesto algún acusado en el juicio de Astapa y ha podido comprobar este medio. El hecho cierto es que poco después de estallar el caso Astapa el excomisario logró colocar a Diego de Lucas, recomendado por el excomisario José Luis Olivera, como responsable del desarrollo urbanístico de Estepona.

La universidad, “la zanahoria de un convenio especulativo”

Hidalgo siempre ha defendido que la operación urbanística en Estepona ha estado más cerca de arruinarlo que de hacerlo rico.

Tras la abrupta salida de Barrientos, el nuevo equipo de gobierno de David Valadez (sucesor y denunciante de Barrientos en la alcaldía) negoció un nuevo convenio, pergeñado por De Lucas. Ese convenio se llevó a Pleno en tres ocasiones en 2010, pero los concejales investigados por Astapa, el socialista Sergio López y otra concejala del PA (los dos últimos en el gobierno municipal) votaron en contra y nunca se aprobó. Y el acuerdo con la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía para crear un “campus del Deporte y de la industria del ocio en Estepona” acabó languideciendo.

“La Universidad era la zanahoria para vender un convenio puramente especulativo”, recuerda Sergio López, el concejal socialista que votó contra la propuesta de Valadez. “No había un estudio económico o financiero que demostrase que era capaz de asumir el compromiso”. Años después, Adelaida de la Calle, exrectora de la UMA, admitió que el acuerdo tenía más de urbanístico que de docente. Durante más de una década, el proyecto universitario para Estepona se abandonó, a la par que el deseo urbanizador de Hidalgo.

Ahora, las piezas parecen de nuevo a punto de encajar. 15 años después, el proyecto inmobiliario de Hidalgo en Estepona ha logrado la modificación del PGOU esteponero y tiene el apoyo clave del Gobierno andaluz, mientras una Universidad privada aparece, nuevamente, como el destino prometido de un legado que sigue adelgazando. No es la primera vez que ocurre.

La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado de nuevo la denuncia presentada por el Partido Popular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber participado en las reuniones del Consejo de Ministros en las que se acordó el rescate a la aerolínea Air Europa durante la pandemia. El partido de Alberto Núñez Feijóo denunció al jefe del Ejecutivo por no ausentarse de esas citas en las que se decidió ayudar a la compañía al entender que esta empresa “tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez”.

La resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, determina que dado que la esposa de Sánchez “no se ha encontrado vinculada por una relación laboral ni profesional que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración” ni en Air Europa ni en su matriz Globalia “no concurrió el supuesto de hecho legal determinante de la obligación de abstención de su cónyuge, por lo que se resuelve”. 

El organismo ha tenido que volver a analizar la denuncia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le instara a examinar a fondo las alegaciones del PP sobre el rescate millonario de Air Europa y sobre si Sánchez tendría que haberse abstenido. Los jueces determinaron que la Oficina rechazó la queja de los conservadores sin argumentos suficientes.

En la nueva resolución figura que la Oficina reclamó documentación al Registro Mercantil Central, a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a Globalia. Esta última respondió que Begoña Gómez “no ha ocupado ni ocupa ningún cargo, ni desempeña ni ha desempeñado ninguna actividad profesional o mercantil en Globalia Corporación Empresarial, SAU, ni en ninguna de las sociedades integrantes de su grupo empresarial”. 

El rescate de la aerolínea durante la pandemia se ha convertido en el objetivo de caza mayor tanto de la derecha parlamentaria como de los grupos de extrema derecha que ejercen la acusación popular en todas las causas judiciales relacionadas con el Gobierno. La decisión del Consejo de Ministros de rescatar la compañía de los Hidalgo con 475 millones de euros después de que el coronavirus se llevara por delante la actividad de la aerolínea. Un préstamo participativo y otro más ordinario.

Uno de los grandes objetivos de la derecha ha sido vincular este rescate o bien con José Luis Ábalos o bien con Begoña Gómez, intentando sin éxito que diversos juzgados y tribunales investiguen por la vía penal si alguno de los dos influyó de forma irregular en la decisión del Ejecutivo de rescatar la aerolínea. Ha habido intentos tanto en el ‘caso Koldo’ como en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado, a quien la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que repetir en varias ocasiones que no hay nada que investigar a este respecto. 

En el fondo de estas sospechas esgrimidas por Manos Limpias, HazteOir, Vox o el Partido Popular, está la relación que Begoña Gómez mantuvo con la empresa de Javier Hidalgo. Un pacto firmado en enero de 2020 para sufragar con un patrocinio de 40.000 euros para vuelos, becas y eventos que nunca llegó a ejecutarse por la pandemia. La aerolínea pagó 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento. La UCO especificó que el único vínculo entre Gómez e Hidalgo era haber coincidido en dos eventos en el primer año de pandemia.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que reconoce que se confundió cuando reiteró a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) su solicitud de informe sobre Globalia, la empresa de la que dependía Air Europa, aerolínea rescatada con 475 millones en pandemia. En una nueva resolución, fechada este viernes, el magistrado que investiga a Begoña Gómez rectifica, admite que se equivocó de empresa y dice que esa petición es, en realidad, de un informe sobre Innova Next, la compañía del empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos e imputado en la causa. 

De esta forma, el magistrado acata las órdenes de la Audiencia Provincial de Madrid poniendo coto a parte de su investigación por falta de indicios y renuncia al fin a investigar el rescate de la aerolínea. La querella inicial acusaba a Begoña Gómez de favorecer a la aerolínea por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía.

Unas sospechas refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. 

Pese a ello, el juez ha tratado de aferrase a esta línea de investigación con el argumento de que pedir informes no es investigar y que, prueba de ello, es que no había llamado a declarar a nadie por los hechos relativos a Globalia. Ahora, Peinado sostiene que se equivocó de empresa al reclamar ese informe de la IGAE. Y, además, acuerda remitir un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que “deje sin efecto” el informe realizado a petición suya sobre el rescate de Air Europa con información recibida de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esto es, renuncia a seguir ahondando en esa ramificación del caso.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que acata las órdenes de la Audiencia Provincial de Madrid poniendo coto a su investigación dentro del caso de Begoña Gómez. En la resolución, el magistrado reitera su solicitud a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que elabore un informe sobre Globalia, la empresa de la que dependía Air Europa, aerolínea rescatada con 475 millones en pandemia. Peinado actúa así después de que la instancia superior le vetara otra solicitud en tal sentido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El juez llegó a defender sus pesquisas asegurando que pedir informes no es investigar y que, prueba de ello, es que no había llamado a declarar a nadie por los hechos relativos a Globalia, la empresa de la que dependía la aerolínea. La intervención de la Audiencia de Madrid evita también el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debía elaborar con la información que le enviara la SEPI. La unidad especializada ya había descartado en dos informes indicios de delito la actuación de la mujer del presidente del Gobierno.

En el auto con fecha de ayer, Peinado acata igualmente la orden de archivar la causa contra el presidente del Centro de Estudios del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, y del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.

La Audiencia Provincial consideró “innecesario” llamar a testificar a la directora de recursos humanos del IE porque no hubo ningún tráfico de influencias en la contratación de Begoña Gómez. “Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez”, reprochó la Audiencia. En consecuencia, la instancia superior ordenaba anular la imputación de Juan José Güemes, exconsejero de los gobiernos de Esperanza Aguirre, al que Peinado encausó aludiendo a una supuesta contradicción con esa testigo que nunca existió. Ni Güemes ni la directora de recursos humanos del IE dijeron que Begoña Gómez “hubiera sido contratada por ser la esposa del Presidente del Gobierno”.

La misma suerte corre la imputación de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, después de declarar como testigo por la cátedra extraordinaria que tuvo Begoña Gómez en ese centro, junto con dos másters, hasta el año pasado. La decisión “carece de fundamento” y levantan su imputación por una “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él, establecía la Audiencia de Madrid.

Air Europa tenía en 2020 unos 10.000 trabajadores y operaciones en 17 aeropuertos españoles. La crisis sanitaria del COVID-19 dejó a la compañía en una situación precaria que acabó derivando en un rescate mediante préstamos estatales. La empresa, propiedad de la familia Hidalgo, se salvó. Pero esa operación económica se ha convertido en los últimos años en una de las obsesiones de la derecha, que ve tras esa intervención la sombra de la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los mensajes publicados esta semana por el diario El Mundo, en los que Sánchez y José Luis Ábalos comentan la operación, han reavivado el frente que el PP mantiene vivo en el Congreso y las acusaciones ultras en los tribunales. “Blanco y en botella”, dijo Cuca Gamarra esta semana sobre que el presidente del Gobierno se interesase por el rescate que su propio Gobierno preparaba para la aerolínea. El PP ha pedido a la Comisión Europea que investigue las “irregularidades” de esa operación.

Con esa alusión genérica el PP trata de sembrar la sospecha sobre una operación que involucró a diversos estamentos del Ejecutivo, a empresas públicas y bancos privados, que ha sido avalado por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE, y en el que dos tribunales españoles no ven por el momento indicios de delito, pese a la obsesión del juez Juan Carlos Peinado por seguir investigando.

Un rescate a base de préstamos

La aerolínea estaba pasando por una situación compleja cuando obtuvo esa ayuda. Había cerrado 2019 con un beneficio de 27,3 millones de euros tras varios ejercicios irregulares. La familia Hidalgo, propietaria de la compañía aérea dentro del conglomerado de Globalia, había acordado ese año la venta de Air Europa por 1.000 millones de euros a Iberia, pendiente de las restricciones y condiciones que las autoridades de competencias españolas y europeas podrían poner sobre la mesa. En febrero de 2020 llegó la pandemia de Covid y todo saltó por los aires.

Las limitaciones a los vuelos y al turismo para tratar de frenar la pandemia se convirtieron en una losa muy pesada para las cuentas de resultados de las aerolíneas de todo el mundo. Con la fragilidad financiera de Air Europa y su matriz Globalia, sin liquidez ni ingresos para hacer frente a una deuda total del grupo de 247,7 millones de euros, los gestores de la aerolínea optaron en el mes de mayo por solicitar un crédito de 141 millones concedido por un consorcio bancario (Santander, Bankia, CaixaBank, Liberbank, Unicaja, Banco Sabadell) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que también actuaba como avalista de la operación. El organismo público aportó 35 millones y las entidades financieras los otros 106 millones a un interés del 8,107%.

No fue suficiente. Solo seis meses después el Gobierno tuvo que salir al rescate de la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) con un crédito de 475 millones de euros, concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fue el primer rescate de una empresa española afectada por la crisis de la COVID-19. En este caso, la aerolínea recibió un préstamo participativo de 240 millones y otro préstamo ordinario de 235 millones que debía amortizar en seis años, aunque también tenía una serie de obligaciones. La SEPI podía nombrar a dos consejeros en el consejo de administración y tiene la última palabra sobre despidos o la designación del consejero delegado.

Entonces, el Ejecutivo justificó el rescate, ya que Air Europa se podría considerar como una compañía estratégica para el tejido productivo porque es la “segunda aerolínea española con mayor número de vuelos, tiene conexiones con 130 aeropuertos de 60 países, con lo que la dimensión de impacto en el sector turístico es muy importante y es un servicio esencial para la conectividad de España, ya que es un operador significativo del hub Madrid Barajas con Latinoamérica y con los archipiélagos canario y balear”.

El apoyo público complicó la compra de la aerolínea de la familia Hidalgo por Iberia, ya que entre las condiciones que ha asumido la compañía aérea está la “limitación de operaciones de mayor nivel, ya sea la compraventa de Air Europa o de alianzas”. Finalmente, la operación descarriló en 2024 por las condiciones que impuso Bruselas, que conllevaban la cesión de gran parte de las rutas para no reducir la competencia.

Eso sí, las ayudas del Gobierno en forma de crédito sirvieron para que la aerolínea solventara la crisis del COVID. El pasado 28 de abril, el consejero delegado de Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, anunció que la compañía cerró 2024 con un beneficio antes de impuestos de 116 millones de euros lo que le permitía devolver con antelación lo que le quedaba del primer crédito de 141 millones. Aún no se ha devuelto nada de los préstamos que sumaban 475 millones del FASEE. La familia Hidalgo se ha propuesto vender hasta un 25% de Air Europa a una empresa como Air France-KLM o Lufthansa para anticipar el pago de parte de esta deuda que tiene como fecha límite de pago 2026.

El fondo de ayudas de 10.000 millones que el Gobierno puso en marcha en 2020 para ayudar a empresas nacionales afectadas por el golpe de la pandemia fue denunciado por Ryannair, a pesar de que la Comisión Europea avaló la medida bajo el régimen de ayudas de estado. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en junio de 2024, desestimó la denuncia de Ryanair al considerar que entraba dentro los parámetros de las ayudas de estado sin violar el principio de discriminación por nacionalidad.

Dos causas judiciales sin indicios de delito

El rescate de Air Europa tiene dos frentes judiciales abiertos, aunque ambos convergen sobre los mismos hechos. Los impulsores de ambas investigaciones (las acusaciones ultras de los casos Koldo y Begoña Gómez) tratan de demostrar que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habrían influido para conceder esa ayuda a cambio de diversas prebendas.

Hasta ahora, en ninguna de las dos causas abiertas se ha podido demostrar que hubiera un trato de favor hacia Air Europa en su rescate. Pero eso no impide que, por ejemplo, el juez Peinado trate de ahondar en esa investigación en contra del criterio de sus superiores.

El pseudosindicato ultra Manos Limpias acusó a Begoña Gómez de corrupción y tráfico de influencias por, supuestamente, haber hecho gestiones para que el Gobierno rescatase a Air Europa porque Gómez tenía relación profesional con los propietarios de Globalia, la matriz de esa compañía aérea.

Según publicó El Confidencial, Gómez habría pactado un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año de la aerolínea con el IE Africa Center que ella codirigía. El objeto del acuerdo, firmado en enero de 2020, era sufragar becas, vuelos y la organización de eventos. Pero la crisis sanitaria hizo que nunca se pusiera en marcha. La aerolínea reconoció haber pagado solo 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento.

Un informe de la UCO señaló que el único elemento que podía vincular a la esposa de Sánchez con Globalia es el hecho de que coincidiera con uno de sus principales directivos, Javier Hidalgo, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020. “No se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate” a Air Europa, concluyeron los agentes.

Desde que se publicó ese informe, en mayo de 2024, la Audiencia Provincial ha ordenado en tres ocasiones al juez Peinado que deje el rescate de Air Europa fuera de su investigación a la mujer del presidente del Gobierno. Peinado ha hecho caso omiso.

En un auto del pasado 25 de marzo, el juez sostiene que no investigar si hay hechos delictivos en el rescate de Air Europa podría suponer un delito por su parte, y ha seguido ordenando diligencias sobre esta parte de la investigación. Este viernes, la Audiencia Provincial ha insistido de nuevo en que no hay caso.

Caso Koldo: Ábalos y las gestiones infructuosas

La otra pata judicial del rescate de Air Europa se investiga en el Supremo. En un informe enviado a ese tribunal por los agentes de la UCO se recoge que Ábalos se benefició de unas vacaciones “gratis” –una estancia de diez días en una villa de Marbella– por sus gestiones para que la aerolínea fuera rescatada. Air Europa lo negó.

El juez del caso, Leopoldo Puente, no cree que Ábalos cometiera delito alguno. Sí cree que llevó a cabo gestiones para acelerar ese rescate, pero indica que no estaba entre sus competencias y que en un momento dado, el CEO de Globalia llegó a considerar que el esfuerzo del ministro resultaban “infructuoso o poco operativo” y que decidió “explorar otras vías”.

En su auto del pasado 12 de mayo, el juez señala que no hay ningún indicio de delito en relación a Ábalos y su intervención en el rescate.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a corregir al juez Juan Carlos Peinado por excederse en su investigación a Begoña Gómez. Los magistrados han estimado en parte varios recursos de la esposa del Presidente del Gobierno, la Fiscalía y otros investigados y ha tumbado varias decisiones del juez en este año de investigación: seguir investigando si Gómez tuvo algo que ver en el rescate millonario de Air Europa, así como su decisión de imputar al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero madrileño Juan José Güemes, después de declarar como testigos.

Los jueces del tribunal supervisor tenían hasta 16 recursos encima de la mesa. La mayoría impuestos por la Fiscalía y las defensas criticando algunos movimientos clave del juez Peinado: desde citar a varios cargos de la Complutense hasta imputar a varias personas después de declarar como testigos, pasando por la toma de declaración de Pedro Sánchez en un despacho del palacio de la Moncloa.

El auto rechaza, por ejemplo, que Begoña Gómez no pueda ser investigada por supuesto tráfico de influencias y mantiene al empresario Juan Carlos Barrabés en la nómina de imputados, pero asesta varios varapalos a la instrucción de Peinado. El primero por haber ampliando la causa contra Gómez a aspectos de su vida profesional que solo estaban bajo sospecha en los escritos de las acusaciones populares: su contratación en el África Center del Instituto de Empresa (IE).

Fue “innecesario”, dice la Audiencia Provincial, llamar a testificar a la directora de recursos humanos del IE porque no hubo ningún tráfico de influencias en la contratación de Gómez. “Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez”, reprocha la Audiencia. Y pasan entonces a anular la imputación de Juan José Güemes, exconsejero de los gobiernos de Esperanza Aguirre, al que Peinado encausó aludiendo a una supuesta contradicción con esa testigo que nunca existió. Ni Güemes ni la directora de recursos humanos del IE dijeron que Begoña Gómez “hubiera sido contratada por ser la esposa del Presidente del Gobierno”.

La misma suerte corre la imputación de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, después de declarar como testigo por la cátedra extraordinaria que tuvo Begoña Gómez en ese centro, junto con dos másters, hasta el año pasado. La decisión “carece de fundamento” y levantan su imputación por una “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él.

Los jueces, que muestran su “sorpresa” por “tantos recursos” presentados contra las decisiones de Peinado, entienden que otras muchas testificales cuestionadas por las partes fueron “necesarias” y “pertinentes”, entre ellas la del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la cual el juez Peinado se trasladó personalmente a Moncloa para interrogarle. Pero cuestiona algo que, reconoce, ya no tiene solución: que Peinado entregara el vídeo de esa breve comparecencia a las partes.

El Presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra un familiar y el tribunal razona que “la entrega y publicación de dicho acto, carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran de la grabación sin necesidad de entregar copia”. La grabación, dice el tribunal, “carecía de interés, ya que sólo contenía determinados formalismos”. Ese vídeo, que según la Audiencia Provincial nunca tendría que haber sido puesto en circulación, ya fue sobradamente publicado hace meses.

El rescate de Air Europa

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa.

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, ya hace un año en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto del pasado mes de octubre, cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa.

El tercer aviso de la Audiencia Provincial para que Peinado deje de investigar el papel de Begoña Gómez en este rescate, siempre y cuando no aparezcan “hechos nuevos”, lo que se lleva por delante algunas diligencias, como por ejemplo el requerimiento de Peinado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de información sobre las ayudas que se otorgaron durante la pandemia a la aerolínea.

La causa contra Begoña Gómez, por tanto, sigue adelante con el empresario Juan Carlos Barrabés, el delegado del Gobierno en Madrid y su asesora Cristina Álvarez como imputados junto a la esposa del Presidente del Gobierno y queda delimitada por la Audiencia Provincial de Madrid, dejando fuera la creación de su cátedra en la Complutense, el rescate a Air Europa y su contratación en el IE. La causa sigue girando en torno a si Gómez “debía de venir aprovechándose de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional”.

La decisión del tribunal madrileño llega después de que la misma Audiencia anulara los registros practicados en el despacho y la casa del empresario Barrabés mientras éste se encontraba ingresado en un hospital. “No se puede obtener la verdad a cualquier precio”, reprochó entonces el tribunal al juez Peinado.

La defensa de Begoña Gómez recurre de nuevo a la Audiencia Provincial de Madrid, esta vez contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de seguir investigando el rescate de Air Europa dentro del caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno. Gómez recurre ante la instancia superior a Peinado después de que este rechazara los recursos que su abogado y la Fiscalía presentaron ante el propio juez contra las últimas diligencias ordenadas, contrarias a su entender a los límites que la Audiencia de Madrid había puesto al magistrado.

En el auto en el que rechazaba esos recursos, Peinado aseguraba que el hecho de que haya reclamado documentación a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y ordenado analizarla a la Guardia Civil no supone que haya practicado “diligencias de investigación, ni de instrucción”. El argumento del juez es que si no ha llamado a declarar a nadie es que no está investigando. Para la defensa de Gómez esa afirmación no es más que un intento de “camuflar” una investigación que no tiene cobertura legal.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había descartado en dos atestados que hubiera rastro de que Begoña Gómez influyó en el rescate de Air Europa y la instancia superior al juez le indicó que si no aparecían nuevos indicios debía de dejar esa línea de investigación. El juez desoyó la advertencia y continuó en la dirección de buscar la aparición de esos nuevos indicios.

La defensa de Gómez acusa a Peinado de estar incurriendo en una “inquisitio generalis”, la expresión que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional utilizan para referirse a las investigaciones penales abiertas sin objeto claro, y que buscan únicamente incriminar a una persona de forma retroactiva. Se trata de una violación de la Constitución y del Convenio Europeo de Derecho Humanos, advierte el escrito del letrado Antonio Camacho.

Además, el recurso de la defensa califica de “extremadamente singular” que el juez justifique su actuación a partir de una información publicada en abril de 2025, un año después de que arrancara la causa, en lugar de argumentar su decisión en una resolución judicial. Se refiere a la afirmación de Peinado de que todos los ciudadanos conocen que en una causa del Tribunal Supremo han aparecido nuevos indicios sobre presuntas irregularidades en el rescate de Air Europa porque así han informado de ello los medios de comunicación.

Camacho también advierte de que el auto de Peinado contiene afirmaciones que muestran un “preocupante desconocimiento de los principios básicos del derecho penal” cuando dice que para que se considere que hay una instrucción judicial alguien debe ser llamado a declarar. El truco del juez de asegurar que la investigación que lleva a cabo no es una investigación está precedido de otro en la que aseguraba que “impedir” por su parte el descubrimiento de nuevos indicios supondría “delinquir” por su parte.

Pese a que los informes de la Guardia Civil descartaban la intervención de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea y que la Audiencia Provincial puso, en consecuencia, límites a la investigación de Peinado, el juez reclamó a la SEPI el expediente con las ayudas otorgadas a Air Europa y después puso a la unidad de élite de la Guardia Civil a analizar esa documentación.

La Fiscalía ya calificó de “insólito” que el magistrado continúe poniendo el foco en las ayudas que otorgó el Gobierno en 2020 para rescatar a la compañía Air Europa a pesar de las delimitaciones de la Audiencia Provincial. En una primera resolución, del pasado 29 de mayo de 2024, la Audiencia Provincial ya estableció que nada de lo que se decía en la querella que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó contra Gómez referente a la compañía aérea pasaban de ser “meras conjeturas”.

En otro auto, del 7 de octubre del pasado año, la Audiencia Provincial reiteró esa decisión, aunque con la citada salvedad sobre la existencia de “hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio” que no constan en la causa.  Desde entonces no figuran en la causa nuevos indicios sobre la relación de la esposa del presidente del Gobierno con el rescate de la aerolínea.

Además, cuando Peinado decidió seguir adelante con las pesquisas sobre el rescate de la aerolínea, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había desmontado en un informe las sospechas sobre la relación que estableció Gómez en el Instituto de Empresa —donde dirigió el IE África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022— con los dueños de Globalia, propietaria de Air Europa.

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado insiste en investigar si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, facilitó el rescate millonario de Air Europa a pesar de que la Audiencia Provincial ha dicho hasta en dos ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios. En una providencia fechada este 22 de marzo, el magistrado defiende que “impedir” que se compruebe la existencia de hechos nuevos delictivos supondría delinquir por su parte, ya fuera prevaricando u omitiendo su deber de perseguir delitos. Peinado mantiene imputada a Gómez desde hace un año. 

El magistrado se aferra, para ello, a una frase incluida por el tribunal en la segunda de esas resoluciones. Entonces, reafirmó la exclusión de los hechos relativos a Globalia, pero “en tanto no surjan hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio” y “se motive por resolución judicial esa investigación”. Ese auto es del pasado octubre y, desde entonces, no figuran en la causa nuevos indicios sobre la relación de la esposa del presidente del Gobierno con la aerolínea. Pese a ello, el magistrado no ha cejado en su empeño, en lo que parece otra pirueta más en su controvertida instrucción.

Este nuevo episodio ha aflorado de nuevo las discrepancias entre el juez y la Fiscalía, que ha pedido desde el inicio el archivo de la causa. La providencia del juez conocida este martes responde a un escrito en el que el Ministerio Público califica de “insólito” que el magistrado continúe poniendo el foco en las ayudas que otorgó el Gobierno en 2020 para rescatar a la compañía Air Europa a pesar de las delimitaciones de la Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado.

En una primera resolución, del pasado 29 de mayo, ese tribunal estableció que nada de lo que se decía en la querella que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó contra Gómez referente a la compañía aérea pasaban de ser “meras conjeturas”. En otro auto, del 7 de octubre, la Audiencia Provincial reiteró esa decisión, aunque con la citada salvedad sobre la existencia de “hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio” que no constan en la causa.  

Además, cuando Peinado decidió seguir adelante con las pesquisas sobre el rescate de la aerolínea, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había desmontado en un informe las sospechas sobre la relación que estableció Gómez en el Instituto de Empresa —donde dirigió el IE África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022— con los dueños de Globalia, propietaria de Air Europa.

En relación con este asunto, ese informe subrayó que el único elemento que puede vincular a la esposa de Sánchez con Globalia es el hecho de que coincidiera con uno de sus principales directivos, Javier Hidalgo, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020. Y, en consecuencia, constató que “no se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión del rescate”. 

Pese a ello, el magistrado acordó el 20 de junio, casi un mes después del informe de la UCO y de la primera resolución de la Audiencia Provincial, seguir indagando en esta línea de investigación. Reclamó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el expediente con las ayudas otorgadas a Air Europa y después puso a la unidad de élite de la Guardia Civil a analizar esa documentación.

La decisión fue recurrida por la defensa de Gómez y por la Fiscalía, que alegó la necesidad de “evitar indagaciones que se extralimiten” del objeto definido en la causa y de lograr “una mejor optimización de los recursos públicos y medios personales de las unidades policiales afectadas”. 

El magistrado obvió estos recursos y, el pasado 17 de marzo, pidió a la UCO que le informara sobre cuándo tenía previsto entregar el informe relativo a Air Europa. La unidad policial respondió un día después que las indagaciones se encontraban “en un estado muy avanzado” y que tenían previsto entregar el informe al juzgado en las “próximas semanas”. 

Este oficio de la UCO motivó un contundente escrito de la Fiscalía, que califica de “extraordinariamente grave” que los agentes continúen con su investigación sobre el rescate de Air Europa y reclama de nuevo que se paralicen esas pesquisas ante la “inacción” de Peinado. “Hace más de 10 meses que la Audiencia Provincial excluyó esta línea de investigación. Hace casi 6 meses que la Audiencia Provincial reiteró esta exclusión del objeto de la causa, confirmando que lo fue desde el principio. Que se hayan ordenado actuaciones sobre esta esfera después del primer auto nos resulta grave; pero que hayan continuado y no se hayan subsanado a posteriori resulta insólito”, recoge el escrito. 

“Una simple conjetura”

El sistema procesal penal español prohíbe las investigaciones prospectivas. Esto es, aquellas en las que, con la excusa de investigar un determinado hecho delictivo, lo que se busca en realidad es indagar en la vida del investigado para tratar de descubrir otros posibles delitos. Peinado, sin embargo, dice en su providencia que “solicitar que no se remita dicho informe [puede] suponer que se pasase por alto la comisión de nuevos hechos delictivos”. Y añade: “Impedir que se comprueben podría ser constitutivo incluso de infracción penal por parte de este proveyente, bien de un delito de prevaricación, o del delito de omisión de perseguir delitos, o de inducir a los agentes de la UCO a que cometan dicho delito de omisión de perseguir delitos”.

Manos Limpias denunció en su querella que el Gobierno había accedido al rescate de Air Europa por las reuniones de Gómez con directivos de Globalia. El escrito se basaba en informaciones de prensa que apuntaban que Gómez habría pactado un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año de la aerolínea con el IE Africa Center que ella codirigía. El objeto era sufragar unas becas, vuelos y la organización de eventos. El convenio se firmó en enero de 2020, antes de la pandemia. Y nunca se puso en marcha, precisamente por la crisis sanitaria. Es decir, los 40.000 euros prometidos no llegaron en su totalidad. La aerolínea reconoció haber pagado solo 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento. 

El pseudosindicato ultra vinculó el trabajo de Gómez en el IE y el convenio de patrocinio con el rescate a Air Europa en plena pandemia. La aerolínea recibió cientos de millones de euros en préstamos del Gobierno para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial. Pero son acusaciones que, según la Audiencia Provincial, no pasan de ser “una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales”. 

Air Europa ha realizado una ampliación de capital por valor de 65 millones de euros, suscrita íntegramente por Globalia, aunque IAG, propietaria del 20% de la aerolínea, podrá sumarse hasta el 13 de diciembre, según recoge Europa Press.

La compañía afirma que esta ampliación sería suficiente para completar el cierre del presente ejercicio y supondrá un “importante respaldo” a la gestión realizada en los últimos años. “Con esta ampliación de capital, estamos en disposición de mirar con más seguridad el horizonte de un mercado inestable en el que estamos convencidos de que seguirá habiendo margen de crecimiento”, ha señalado el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo a través de un comunicado.

Según anunció el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, durante la rueda de prensa de resultados, IAG iba a estudiar su participación en esta ampliación de capital. Por entonces, aún no había tomado ninguna decisión al respecto. IAG ya posee el 20% de Air Europa, adquirido en una operación que iba encaminada a completarse con la compra del 100% de la aerolínea de Globalia, algo que se paralizó el pasado verano dadas las altas exigencias de la Comisión Europea en materia de competencia.

Es por ello, según adelantó 'El Economista', que la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, se decantó por una ampliación de capital para evitar que Air Europa entre en causa de disolución el año que viene debido a las pérdidas que lleva acumulando desde la pandemia y del deterioro de su patrimonio neto tras agotarse la moratoria de dos años aprobada por el Gobierno.

La empresa afirma que avanzando en su proceso de desapalancamiento y reducción de costes financieros a la vez que “cumple con las responsabilidades adquiridas” tras recibir en 2020 un crédito de 475 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Javier Hidalgo, hijo del fundador de Globalia y ex consejero delegado de la compañía, ha comparecido este jueves como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’ sobre supuesta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia con contratos del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos. Ante el juez, Hidalgo ha negado que pagara comisiones a la trama por los contratos a los que accedió la compañías del sector del transporte aéreo para traer mascarillas a España durante la pandemia, confirman a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de esas declaraciones. 

Hidalgo fue hasta 2021 consejero delegado de Globalia, una de las empresas que se encargó de traer de China a España parte del material sanitario que compraron el Ministerio de Transportes y otros organismos públicos. La documentación que recoge el sumario certifica que Soluciones de Gestión, empresa que está en el epicentro de la trama, contrató a Grupo Globalia para el transporte de mascarillas. Y que, a su vez, MTM 180 CAPITAL S.L. —una de las empresas de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama— recibió pagos de Globalia. Unos pagos que, según los jueces de la Sala de lo Penal, podrían ser  “en concepto de comisión”. 

Ante el juez, Hidalgo ha negado el pago de mordidas a Aldama, un empresario ajeno al sector de la salud, expresidente de un club de fútbol de tercera división —el Zamora CF— y que se las ingenió para buscar proveedores de mascarillas cuando estalló la crisis sanitaria. El exCEO de Globalia ha asegurado que se contrató a Aldama para que realizara diferentes trabajos de “prestación de servicios”, entre los que ha citado la mediación para la contratación de un hotel en el Caribe o para que negociara la deuda que la aerolínea Air Europa tenía pendiente de cobro con Venezuela. La remuneración era de 10.000 euros al mes.  

Respecto a los servicios de transporte realizados por Air Europa, empresa del grupo Globalia, Hidalgo ha explicado que él no estaba en las negociaciones y se ha remitido a dos ex altos cargos de la aerolínea como quienes gestionaron todos los asuntos comerciales y trataron con Aldama. 

También ha indicado, según las fuentes consultadas, que los servicios de transporte prestados por Globalia para la empresa de la trama, que ha cuantificado en 18 vuelos tras varios bailes de cifras, no tenían interés económico, sino humanitario, y que incluso los primeros no llegaron a generar beneficio.

La citación de Hidalgo como testigo se ha producido en contra del criterio de la Fiscalía, que consideró que su comparecencia no era “ni útil, ni necesaria” cuando la solicitó Liberum, una de las acusaciones populares personadas en la causa. El juez Moreno rechazó su testifical, pero su decisión fue revertida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los tres magistrados de la Sección Segunda determinaron que la citación del empresario era “útil y pertinente”.

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, ha respondido a la defensa de la investigada que en su juzgado sigue investigando “dos bloques” que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés, parte que se quedó por avocación la Fiscalía Europea.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado responde así al escrito presentado por la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, que solicitó la semana pasada que aclarara qué hechos conforman la causa después de que haya asumido la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte relativa a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es.

Peinado señala que en la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid al recurso de Fiscalía en el que pedía archivar el caso no se tiene por qué entender que rechaza que se siga investigando por ejemplo lo que tiene relación con una posible intervención de Gómez en el rescate de Air Europa.

“Es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad, pues en el auto resolviendo el recurso de apelación, no se contiene esa afirmación, sin perjuicio de que, se haga referencia a esos contratos, como indicativos de claros indicios”, apunta el juez. Con esta decisión, el juez apuntala de alguna forma la declaración como investigada de Begoña Gómez, prevista para el 5 de julio.

Después de semanas de tormenta política y mediática —incluido un amago de dimisión y una crisis diplomática con Argentina— el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso a petición propia y lo hace para abordar distintos temas, entre ellos, para dar explicaciones sobre las actividades y relaciones profesionales de su esposa. Desde hace meses, la derecha y sus terminales mediáticas han intentado situar a Begoña Gómez en el foco público por la apertura de una investigación secreta contra ella en un juzgado de Madrid tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias que le atribuye delitos de corrupción y tráfico de influencias basándose en informaciones de prensa, algunas de ellas falsas. 

La iniciativa judicial ya ha sido recurrida por la Fiscalía, que defiende que la denuncia no aporta ningún indicio que justifique la apertura de una causa penal. Y un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha establecido que no encuentra indicios de delito en la relación de Gómez con varias empresas. En paralelo, la Audiencia Nacional ha rechazado hasta en dos ocasiones vincular a la esposa de Sánchez con la supuesta trama de cobro de mordidas en contratos de compra de material sanitario que supuestamente anidó en el Ministerio de Transportes, el llamado ‘caso Koldo’. 

Pero el juez de Madrid Juan Carlos Peinado sí sigue adelante con las pesquisas y acordó el pasado jueves prorrogar el secreto del sumario, según confirmaron fuentes jurídicas a elDiario.es. Eso significa que, por el momento, únicamente la Fiscalía tiene acceso a toda la documentación sobre el caso. Además, el magistrado ha admitido la personación de Vox como acusación popular. Esa decisión permitirá al partido de extrema derecha tener en su poder todas las actuaciones cuando se levante el secreto. También le posibilitará impulsar el procedimiento al solicitar diligencias, aunque el juez tendrá la última palabra. 

El rescate de Air Europa

Gómez es licenciada en Marketing por la universidad privada ESIC y experta en crowdfunding y captación de fondos, según publicó El País en un reportaje en 2018. Es un desempeño profesional que realizaba antes de que su esposo fuera elegido presidente del Gobierno. Después de que Sánchez desembarcara en La Moncloa, pidió una excedencia en el Grupo Inmark, donde ejercía como directora de consultoría, y en agosto de 2018 la fichó el Instituto de Empresa para dirigir el IE Africa Center, de nueva creación. 

Además, en 2012 había empezado a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid, según detalla el campus en su portal de transparencia. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014. Después, como codirectora de dos másteres propios, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014/2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020/2022). Por otro lado, en 2020 fue nombrada directora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva. 

Las informaciones que han propiciado la apertura de la causa judicial se centran en dos cuestiones. Por un lado, la relación que estableció en el IE con los dueños de Globalia, propietaria de Air Europa, una empresa que fue después rescatada por el Gobierno en la pandemia. Por otro, su apoyo puntual a un empresario que optó a ayudas públicas y que ejercía como profesor en el Máster de Transformación Social que dirigía en la Complutense. 

Según desveló este martes El País, la Guardia Civil ha aportado al juzgado a petición del juez un informe en el que examina en profundidad ambas ayudas públicas y certifica que no ha hallado ningún indicio del tráfico de influencias que denuncia el pseudosindicato. Una de las acusaciones esgrimidas por esta organización que impulsa desde hace años denuncias contra líderes políticos –que rara vez pasan el filtro de la admisión a trámite– era que el Gobierno había accedido al rescate de Air Europa por las reuniones de Gómez con directivos de Globalia. 

Pero el citado informe de la UCO subraya que “no se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate a Air Europa”. Y constata que el único elemento que puede vincular a la esposa de Sánchez con Globalia es el hecho de que coincidiera con uno de sus principales directivos, Javier Hidalgo, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020. 

Según publicó El Confidencial, Gómez habría pactado un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año de la aerolínea con el IE Africa Center que ella codirigía. El objeto era sufragar unas becas, vuelos y la organización de eventos. El convenio se firmó en enero de 2020, antes de la pandemia. Y nunca se puso en marcha, precisamente por la crisis sanitaria. Es decir, los 40.000 euros prometidos no llegaron en su totalidad. La aerolínea reconoció haber pagado sólo 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento. 

El citado medio vinculó el trabajo de Gómez en el IE y el convenio de patrocinio con el rescate a Air Europa en plena pandemia. La aerolínea recibió cientos de millones de euros en préstamos del Gobierno para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial. 

No fue la única empresa ayudada con fondos públicos. En su día, el PP apoyó el rescate e incluso lo consideró insuficiente porque, en su opinión, otras empresas recibieron más dinero por trabajador. Pese a ello, denunció a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por no ausentarse del Consejo de Ministros que aprobó el rescate por los supuestos “vínculos” de su mujer con la empresa rescatada. La denuncia fue archivada.

Además, algunas de esas informaciones han tratado de vincular el rescate de Air Europa con el citado ‘caso Koldo’. Uno de los principales investigados en esa trama, el empresario Victor de Aldama, mantenía relaciones con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, y estuvo presente en reuniones en las que también estuvo Gómez. Algunas, un año antes de que se aprobase el rescate a Air Europa, y meses antes de que en China se detectara el coronavirus que provocó la pandemia.

Esto dio pie a que otra asociación ultra, Liberum, solicitara que Gómez declarara como testigo en esa causa que investiga la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno concluyó en un auto que los “datos” que ofrecían para solicitar su citación eran “meras informaciones periodísticas no contrastadas” y, siguiendo el criterio de la Fiscalía, rechazó su citación. En su escrito, el fiscal aseguró que no hay un solo indicio en la causa de que participara, o siquiera tuviera conocimiento, de los manejos de la trama investigada y destacó que de los recortes de prensa aportados únicamente se desprendía que Gómez había podido tener relación con Aldama “lo cual tampoco es revelador de nada más, especulándose que podrían haberse tratado de cuestiones relativas a los contratos de adjudicación del suministro de mascarillas”.

Las cartas de recomendación 

El segundo asunto sobre el que pivota la investigación a la mujer de Sánchez son las cartas genéricas de recomendación a un empresario que optó a ayudas públicas. El Confidencial publicó el 2 de abril que Gómez había firmado en 2020 una carta para apoyar a la UTE Barrabés-The Valley en una licitación del Ministerio de Economía. Otra información, publicada un día después, hablaba de una segunda carta. Detrás de una de esas empresas recomendadas está el empresario tecnológico Carlos Barrabés, que había participado como profesor en el máster y la cátedra de Transformación Social que Gómez dirigía en la Complutense. 

Según estas informaciones, las cartas habrían sido clave para que las empresas se llevaran más de ocho millones de euros en ayudas públicas para realizar cursos para jóvenes y desempleados. El organismo que licitó los contratos —Red.es, dependiente del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño— desmintió que las cartas tuvieran relevancia en la concesión de los lotes a la citada UTE. De hecho, las cartas eran  una plantilla que las dos empresas distribuyeron entre diferentes organismos y empresas con las que habían colaborado. Por ejemplo, la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid (PP) firmó otra exactamente igual a la de Gómez.

En relación a esta cuestión, siempre según El País, la UCO afirma que no ha encontrado vínculos entre Begoña Gómez y los miembros de la mesa de contratación que adjudicaron a Barrabés dos de los lotes que salían a concurso y tampoco ha hallado elementos diferenciadores entre el sistema de valoración de las ofertas del concurso ganado por este empresario y el resto de expedientes. La Guardia Civil tampoco ha identificado indicios de que fuera Barrabés quien “montó el Máster de Transformación Social Competitiva” de la mujer de Sánchez, como sostenía la querella de Manos Limpias. 

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, está en el foco del debate político y mediático tras la apertura de una investigación en un juzgado de Madrid por sus actividades y relaciones profesionales. Una decisión judicial, ya recurrida por la Fiscalía, que ha llevado al límite al jefe del Ejecutivo, que valora su dimisión. La investigación judicial se sustenta en una querella de siete folios que lista ocho informaciones periodísticas, incluido el bulo publicado por The Objective en el que le atribuía una subvención cuando en realidad se trataba de otra persona con el mismo nombre. 

Gómez es licenciada en Marketing por la universidad privada ESIC y experta en crowdfunding y captación de fondos, según publicó El País en un reportaje en 2018. Es un desempeño profesional que realizaba antes de que su esposo fuera elegido presidente del Gobierno. Después de que Sánchez desembarcara en La Moncloa, pidió una excedencia en el Grupo Inmark, donde ejercía como directora de consultoría, y en agosto de 2018 la fichó el Instituto de Empresa para dirigir el IE Africa Center, de nueva creación. 

Además, en 2012, había empezado a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid, según detalla el campus en su portal de transparencia. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14; y, después, como codirectora de dos másteres propios, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014/2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020/2022). Por otro lado, en 2020 fue nombrada directora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva. 

Las informaciones que aluden a Gómez se centran en dos cuestiones. Por un lado, la relación que estableció en el IE con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía Air Europa, y que después fue rescatada por el Gobierno en la pandemia; y, por otro, su apoyo puntual a un empresario que optó a ayudas públicas y que ejercía como profesor en el Máster de Transformación Social que Gómez dirigía en la Complutense. 

Respecto a Air Europa, según publicó El Confidencial, Gómez habría pactado un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año de la aerolínea con el IE Africa Center que ella codirigía. El objeto era sufragar unas becas, vuelos y la organización de eventos. El convenio se firmó en enero de 2020, antes de la pandemia. Y nunca se puso en marcha, precisamente por la crisis sanitaria. Es decir, los 40.000 euros prometidos no llegaron en su totalidad. La aerolínea reconoció haber pagado sólo 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento. 

El citado medio vinculó el trabajo de Gómez en el IE y el citado convenio de patrocinio con el rescate a Air Europa en plena pandemia. La aerolínea recibió cientos de millones de euros en préstamos del Gobierno para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial.

No fue la única empresa ayudada con fondos públicos. En su día, el PP apoyó el rescate e incluso lo consideró insuficiente porque, en su opinión, otras empresas recibieron más dinero por trabajador. Pese a ello, denunció a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por no ausentarse del Consejo de Ministros que aprobó el rescate por los supuestos “vínculos” de su mujer con la empresa rescatada. La denuncia fue archivada.

Además, algunas de esas informaciones han tratado de vincular el rescate de Air Europa con el ‘caso Koldo’ de supuesta corrupción en la compra de mascarillas por la Administración central durante la pandemia. Uno de los principales investigados en esa trama, el empresario Victor de Aldama, mantenía relaciones con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, y estuvo presente en reuniones en las que también estuvo Gómez. Algunas, un año antes de que se aprobase el rescate a Air Europa, y meses antes de que en China se detectara el coronavirus que provocó la pandemia.

Las cartas de recomendación  

En relación al segundo asunto, El Confidencial publicó el pasado 2 de abril que Gómez había firmado en 2020 una carta para apoyar a la UTE Barrabés-The Valley en una licitación del Ministerio de Economía. Otra información, publicada un día después, hablaba de una segunda carta. Detrás de una de esas empresas recomendadas está el empresario tecnológico Carlos Barrabés, que había participado como profesor en el máster y la cátedra de Transformación Social que Gómez dirigía en la Complutense. 

Según estas informaciones, las cartas habrían sido clave para que las empresas se llevaran más de ocho millones de euros en ayudas públicas para realizar cursos para jóvenes y desempleados. El organismo que licitó los contratos —Red.es, dependiente del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño— desmintió que las cartas tuvieran relevancia en la concesión de los lotes a la citada UTE. 

De hecho, las cartas firmadas por la mujer de Sánchez no eran originales, sino una plantilla que las dos empresas distribuyeron entre diferentes organismos y empresas con las que habían colaborado. Por ejemplo, la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid (PP) firmó otra exactamente igual a la de Gómez.

Por otro lado, en la denuncia que Manos Limpias presentó en el juzgado y que ha sido admitida a trámite figura también un bulo publicado por el digital The Objective. Ese medio difundió una noticia que daba a entender que la esposa del presidente del Gobierno había recibido una subvención y que el Ejecutivo ocultaba los detalles. En realidad, se trataba de una hostelera cántabra que se llama igual que ella. Telemadrid difundió también esta información y se vio obligada a rectificar. 

En un comunicado hecho público este jueves, el pseudosindicato de extrema derecha reconocía que su denuncia se basa “solo” en informaciones periodísticas y que éstas podrían ser falsas. “Será ahora el juez instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir”, recogía esa nota de prensa. 

La multinacional International Airlines Group (IAG), grupo dueño de Iberia, se ha hecho con el 20% de las acciones de Air Europa. El grupo convierte en acciones “el préstamo de 100 millones de euros” acordado con Globalia, matriz de la aerolínea, ha informado este último conglomerado turístico en una nota enviada a los medios de comunicación.

También IAG ha confirmado la operación. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se limita a indicar que “ha ejercido su opción de canjear el préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años del grupo a Globalia por una participación de un 20% en el capital social de Air Europa”.

IAG se hace así con una parte importante del capital de Air Europa, como informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en marzo, en otra vuelta de tuerca de una operación corporativa que lleva meses sobre la mesa.

“La decisión refuerza el proyecto de Globalia, que seguirá siendo accionista mayoritario de Air Europa”, indica el grupo hasta ahora controlado por la familia Hidalgo en el comunicado difundido este martes.

El acuerdo de compra ya se había conocido en marzo, pero estaba condicionado a que Globalia recibiera la aprobación de los bancos sindicados que facilitaron el préstamo parcialmente garantizado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Globalia, apunta en su nota de prensa, señala que el grupo IAG ha ejercido finalmente la opción de convertir en acciones el préstamo “de 100 millones de euros a siete años” que se acordó en marzo y que ha sido “formalizado en junio”.

Antes de esta comunicación, las acciones de IAG se anotaban este martes una subida del 1,3%

La inyección de fondos por parte de IAG se confirma después de meses en los que las negociaciones entre IAG y Globalia hayan vivido momentos de tensión y, en diferentes semanas, se hayan pospuesto, dado por rotas e, incluso, que Globalia abriese la puerta a negociar un posible acuerdo de fusión con otras aerolíneas europeas, como Air France.

Hace ya más de un año que cuatro grandes compañías, Ávoris, Plus Ultra, Duro Felguera y Air Europa, recibieron fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como último recurso para fortalecer sus finanzas lastradas por el desplome de la actividad económica en marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia. Por ello, al igual que tendrán que hacer todas las empresas rescatadas, tienen que informar sobre el destino de las ayudas aportadas por el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas de un reparto máximo de 10.000 millones de euros y que es gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tienen ese plazo porque así lo marcó el Ejecutivo en el Acuerdo del Consejo de Ministros, del 21 de julio de 2020, que establece el funcionamiento del Fondo de solvencia. Consideró que “para asegurar la debida transparencia”, las empresas que reciban ayudas deben publicar “en sus portales corporativos, información sobre la utilización de la ayuda recibida en un plazo de doce meses desde la fecha de concesión de la ayuda y, posteriormente, de forma periódica cada doce meses, hasta el pleno reembolso de la ayuda”. 

Además “en el caso de grandes empresas, dicha publicidad incluirá información sobre la forma en que la utilización de la ayuda recibida apoya sus actividades en consonancia con los objetivos de la UE y las obligaciones nacionales relacionadas con la transformación ecológica y digital, incluido el objetivo de la UE de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050”.

Un margen de maniobra amplio que hace que la información que publican las primeras compañías rescatadas por la SEPI no sea del todo homogénea. Tampoco es una de las informaciones más destacadas y de fácil acceso en sus páginas web, aunque las cuatro empresas que ya han cumplido, al menos, un año de rescate sí que aportan información en sus portales corporativos.

Los dos préstamos para Air Europa

Por cuantía, el rescate más relevante, hasta el momento -porque la SEPI sigue estudiando y concediendo ayudas-, ha sido el de Air Europa. En total, 475 millones de euros que el Ejecutivo autorizó el 3 de noviembre de 2020 y que fueron vitales para sostener a la aerolínea después de que la pandemia dejase en el aire, momentáneamente, su intento de fusión con Iberia, cuyas negociaciones se rompieron y retomaron meses después.

La aerolínea del grupo Globalia desglosa que la ayuda se encauzó a través de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y un préstamo ordinario de 235 millones. La compañía, en su portal corporativo, justifica la ayuda por ser una empresa clave en la interconexión aérea de España. “En los meses previos a la pandemia, Air Europa se perfilaba como la segunda aerolínea española con mayor número de autorizaciones para volar a destinos internacionales: un total de 130 en 60 países, lo que implica un importante impacto en el sector turístico español, puesto que una elevada cuota de sus pasajeros está ligada a destinos turísticos y de ocio. Su dimensión en términos de ingresos era también muy relevante ya que suponía, en esas fechas, el 18% de la cifra global del conjunto de las compañías aéreas españolas”, argumenta.

Además, Air Europa afirma que “presenta un carácter relevante en el transporte aéreo español, tanto por el volumen de pasajeros transportados, los mercados y las rutas atendidas, y significativamente por su posición y aportación al aeropuerto de Adolfo Suarez- Madrid Barajas, ‘hub’ de sus vuelos intercontinentales, básicamente hacia Sudamérica y Centroamérica”. De hecho, la relevancia del hub de Barajas ha sido una de las claves para que no se rompieran las negociaciones con Iberia, porque el Gobierno ha considerado la fusión como estratégica. 

“El destino de los fondos ha sido priorizar la continuidad de la actividad de la compañía al tiempo que empieza a recuperarse la demanda y atendiendo, en la medida de las posibilidades según la evolución de la situación en cada momento, a los planes de inversión en materia tanto de transición ecológica (objetivo reducción de las emisiones de CO2), como de transición digital”, explica la compañía. “Asimismo, un porcentaje importante se ha destinado a devolver el dinero a los pasajeros afectados por las cancelaciones derivadas de COVID-19”, dice.

Como el resto de empresas donde el rescate ha cumplido un año, Air Europa desglosa el destino de los fondos entre gastos operativos, los derivados de su actividad, aunque no da más detalles. A estos últimos ha dedicado el 73% de los fondos. El otro 27% ha ido a gastos no operativos donde incluye, apunta, reembolsos, nóminas, impuestos, seguros sociales, transición ecológica y digital, financieros.

El peso del turismo en la economía

El segundo rescate, en peso económico, es el de Ávoris, el grupo turístico formado por la integración de las agencias de Halcón Viajes (también de Globalia) y del grupo Barceló. El segundo con una participación mayoritaria, del 50,55%. Ávoris recibió, en total, 320 millones de euros a través de dos préstamos y, a pesar de ello, tiene actualmente sobre la mesa el desarrollo de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pendiente de negociar con los representantes de su plantilla. 

Como en el caso de Air Europa, Ávoris justifica la necesidad de ayuda estatal por el peso del turismo en la economía y el impacto que ha tenido en él la pandemia. “Representó en 2019 el 12,4% del PIB nacional (154.487 millones de euros de actividad) y absorbió el 13,7% de la afiliación a la Seguridad Social, siendo el principal empleador directo con 2,7 millones de personas”, indica. “En ese mismo ejercicio, España ocupó el segundo puesto mundial en gasto realizado por turistas, con 89.856 millones de euros, y también fue el segundo país del mundo que más turistas extranjeros recibió, más de 83 millones”, apunta.

Y ahí golpeó el virus: “La COVID-19 ha tenido un gran impacto en el sector turístico, estimándose entre un 60% y un 80% la caída registrada en 2020 frente a 2019”. En ese contexto, apunta, “los turoperadores y las agencias de viaje son una parte fundamental en la consolidación y recuperación del sector, siendo parte fundamental de la intermediación de la oferta, por lo que es imprescindible mantener y prestar apoyo a aquellas empresas que pueden contribuir a impulsar de nuevo la activación de la oferta turística en el momento en que la demanda se dinamice”. 

También justifica que Ávoris es una empresa clave. “El carácter estratégico de Ávoris es innegable, ya que cuenta con una notable presencia en los mercados internacionales, una relevante cuota de mercado, un gran volumen de negocio (4.067 millones de euros de facturación agregada en 2019), un importante número de empleados directos (6.400 trabajadores) y una gran envergadura en cuanto a puntos de venta (1.470 en su red comercial)”, recalca.

Hasta ahí la justificación. En cuanto al destino de los fondos, asegura que “ha sido priorizar la continuidad de la actividad de la beneficiaria y cubrir las necesidades de circulante del grupo Ávoris, al tiempo que se recupera la demanda”. En concreto, “el 83% de los fondos se ha destinado a pagos de la actividad operativa mientras que el 17% restante se ha dedicado a pagos no operativos”. Entre estos últimos, cita sin concretar, nóminas, impuestos, seguros sociales, reembolsos, financieros.

El 40% de las ayudas a Plus Ultra, para sus acreedores

El tercer rescate que cumple un año y, también, ligado al sector turístico, es el de la aerolínea Plus Ultra, que alcanzó los 53 millones de euros y que, hasta ahora, ha sido una de las ayudas que más polémica ha suscitado, por conllevar puntos oscuros. Aprobada en marzo de 2021, derivó en una tormenta política, por ser una compañía ligada a empresarios venezolanos considerados próximos al Gobierno de Nicolás Maduro y tener como acreedora a una sociedad en Panamá vinculada a antiguos testaferros del exministro Rodrigo Rato.

Plus Ultra desglosa que el tota de 53 millones de ayuda “se ha repartido entre un préstamo ordinario de 19 millones de euros con vigencia de 5 años y un préstamo participativo por importe de 34 millones de euros con plazo de siete años”. Como en casos anteriores, recuerda el peso del sector turístico en el PIB y, sobre la empresa, justifica su “carácter estratégico” por blindar “alternativas, de frecuencias y precios para un mercado de conexión tan importante como el de España con Latinoamérica”. 

“Nuestra presencia garantiza el buen funcionamiento del mercado. Adicionalmente a la importancia del sector, como empresa, fuimos, en el período previo a la pandemia, la empresa española de transporte aéreo con mayor crecimiento en los últimos años, sirviendo rutas no atendidas por otros operadores. En promedio, nuestra presencia en los mercados que servimos es del 21%, con claras tendencias al crecimiento”. Y, de cara al verano de este año, asegura que retomará “gracias a esta financiación, nuestro plan de apertura de nuevas rutas incorporando cuatro nuevos destinos a nuestra línea regular en Colombia y República Dominicana”. 

La aerolínea indica que “el destino de los fondos, principalmente, se ha asignado al pago de deuda contraída con nuestros acreedores”, que ha concentrado un 40%; pagos operativos, 22%; además del reembolso de pasajeros y capital de trabajo, ambas, un 19%.

Duro Felguera dedica el 69% a costes operativos

La única empresa industrial que fue rescatada hace más de un año es Duro Felguera, con 120 millones de euros aprobados en marzo de 2021. En su caso, “este apoyo financiero público temporal se ha articulado en dos fases”. La primera, indica, un préstamo participativo de 20 millones de euros y un préstamo ordinario de 20 millones de euros, recibidos ambos en mayo de 2021; y una segunda fase, culminada el 29 de noviembre de 2021, que supuso el desembolso de 80 millones adicionales a través de un préstamo participativo. Fondos que repartió entre distintas empresas del grupo: Duro Felguera, DF Mompresa, DF Operaciones y Montajes, DFOM Biomasa Huelva, Duro Felguera Calderería Pesada y Felguera IHI.

La empresa justifica su peso económico porque “su importancia en la economía del Principado de Asturias es clave, donde representó en 2019 el 1,18% del Valor Añadido Bruto de la región, el 1,02% del empleo total y el 3,8% su gasto en I+D+i del realizado en Asturias. En el período 2011-2016, alcanzó niveles de contratación de una media 850 millones de euros y generando unos 5.200 empleos entre directos, indirectos e inducidos”, aunque no desglosa entre estas categorías.

En cuanto al reparto, Duro Felguera indica que el 69% de los fondos ha ido a costes derivados de la actividad operativa, y el resto a pagos no operativos, que abarcan reembolsos, impuestos, seguros sociales, transición ecológica y digital y financieros. “El destino de los fondos ha sido priorizar la continuidad de la actividad de la compañía atendiendo a dinamizar el plan de crecimiento en contratación y en ejecución de proyectos, alineándolo con la transición energética y la transformación digital”, argumenta. Lo que no desglosa Duro Felguera -tampoco las otras tres empresas- es cómo están enfocando su transformación climática, hasta lograr las cero emisiones en 2050 que exige Bruselas.

El grupo turístico Globalia ha anunciado que pondrá en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaría a unos 9.000 empleados ante la posibilidad de que las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales no den como resultado una prórroga de los ERTE de fuerza mayor al menos durante este año, según han confirmado a Europa Press en fuentes del sector.

La previsión de desplome de la demanda en la próxima temporada otoño-invierno ha hecho a la compañía turística anticiparse a una posible situación que podría dañar mucho a las cuentas de la empresa, ya de por sí muy afectadas debido a la caída de demanda en el último año por el coronavirus.

Según han confirmado a Europa Press, la medida afectará a algo más de 9.000 empleados, el 60% del total, y se extenderá a todas las empresas que componen Globalia (Air Europa, Be Live Hotel, Groundforce). No entraría dentro del ERTE Halcón Viajes, que a finales de 2020 pasó a integrarse en Avoris.

Este ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (conocido como ETOP) se produciría en el caso de que no se pudieran mantener la condiciones de los ERTE de fuerza mayor actuales.

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero y ha vinculado las exenciones a acciones formativas de los trabajadores afectados. La propuesta del Gobierno también unifica las exoneraciones y mantiene el 100% para los ERTE de impedimento, el 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE de limitación y el 40% las empresas mayores.

Del mismo modo, se prorrogan la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del Real Decreto anterior y las situaciones de fijos discontinuos.

En los últimos meses, el 'holding' presidido por Juan José Hidalgo ha recibido ayudas en forma de préstamos por más de 800 millones. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió en octubre de 2020 un crédito de 475 millones a la aerolínea del grupo Air Europa y otros 320 millones al grupo de agencias Halcón Viajes, ahora fusionada con Avoris, en marzo de este año.

ERTE también en Iberia

De aplicarse, el ERTE de Globalia será el segundo del sector y el mayor de la industria turística hasta la fecha. Hace solo unos días Iberia ya anunció un ERTE que afectaría a 5.000 empleados, casi la tercera parte de su plantilla.

La incertidumbre sobre esta prórroga y sus condiciones, así como la ralentización de la recuperación de los viajes, han motivado esta decisión de comenzar a negociar con los sindicatos.

Se espera que la reactivación de los vuelos hacia Estados Unidos a partir de noviembre pueda aliviar la situación para las dos aerolíneas, que se en estos momentos ven muy afectadas por las limitaciones que existen en los vuelos de largo radio.

Barceló y Globalia han elevado su petición de ayuda al fondo de rescate del Gobierno en 80 millones de euros, que se añadirían a los 240 millones de euros solicitados inicialmente para fusionar sus negocios de agencias de viajes (Ávoris y Halcón Viajes, respectivamente), según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación.

El fondo de 10.000 millones de euros para rescatar empresas estratégicas, gestionado por la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), va sumando así peticiones de empresas turísticas que necesitan en este momento apoyo para solventar el bache económico derivado del Covid-19.

Entre las empresas turísticas que habrían solicitado hasta el momento ayudas al holding público estarían al menos, el Grupo Hotusa, la propietaria de Trasmediterránea (Naviera Armas), el grupo turístico Wamos (propietario de Pullmantur y Nautalia), Hotelatelier (propietario de los Petit Palace y los Icon) y el grupo Sehrs (distribución para hostelería).

El objetivo de este fondo, dotado con 10.000 millones de euros, sería aportar apoyo público temporal a empresas que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, “por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, entre otros motivos”.

El montante solicitado hace unas semanas por Globalia y Barceló era de 240 millones de euros, dividido en un préstamo participativo de 122,4 millones y otro ordinario de 117,6 millones. A esto se sumarían ahora otros 80 millones de euros, con lo que la ayuda total ascendería por tanto a unos 320 millones de euros en total.

La compañías turísticas confían en que SEPI dé 'luz verde' a la ayuda a finales de este mes o principios de marzo después de que se acuerden los posibles ajustes tanto de personal como de agencias o departamentos que sufririan duplicidades en el proceso de fusión.

Se trataría de la segunda ayuda económica pública que solicita la familia Hidalgo, propietaria del grupo turístico Globalia, tras haber obtenido una inyección de 475 millones de euros para salvar a su aerolínea Air Europa. Un operación “necesaria”, según el Gobierno, debido al “carácter estratégico” de la compañía aérea española.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) considera que los requisitos para acceder a este fondo son “muy elevados e inalcanzables” para la mayoría de las empresas del sector, porque entre las condiciones se establece una petición mínima de 25 millones de euros. Por ello, la patronal hotelera pide que o bien se revisen los criterios o que se cree otro instrumento para apoyar la solvencia de las pymes del sector.

Fusión para crear a un gigante del sector

Grupo Barceló y Globalia ratificaron el pasado viernes el acuerdo de fusión de sus actividades de viajes, que ya contaba con la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde mayo.

Por tanto, ambas compañías aseguran su fusión, que dará por resultado un grupo que “tanto por tamaño como por presencia en todas las ramas de la actividad turísticas” se crea “en disposición de impulsar el turismo”, según han señalado en un comunicado desde Ávoris, la división de viajes de Barceló. “Juntos, seremos más fuertes”, resaltan en la nota.

El nuevo grupo nace con una facturación anual de 4.000 millones, cuenta con una plantilla de más de 6.000 empleados y más de 1.500 puntos de venta. En concreto, por parte de Barceló la fusión afecta a Ávoris, que incluye las agencias de viajes minoristas B the Travel Brand, B the Travel Brand & Catai; BCD Travel y BCD Meetings & Events y las aerolíneas Evelop! y Orbest, entre otras marcas.

En cuanto a la división emisora de Globalia, esta está compuesta por Viajes Ecuador y Halcón Viajes; la red de agencias de viajes independientes asociadas, Geomoon; la mayorista Travelplan; el banco de camas Welcome Beds; la división de viajes corporativos Globalia Corporate Travel; la agencia de viajes y eventos Globalia Meetings & Events, y Globalia Autocares.

Esta fusión fue anunciada en noviembre de 2019, pero el pasado junio ambas compañías decidieron paralizarla “hasta que se normalizara la situación”. En concreto, los directivos de ambas compañías decidieron suspender la integración con el objetivo de poder retomarla “en cuanto la situación de la pandemia estuviera más controlada”, según explicaron a Europa Press fuentes de las compañías. No obstante, finalmente han ratificado el acuerdo dentro del año 2020, como estaba previsto.

Globalia, además, está pendiente de llegar a un acuerdo con Iberia para la venta de Air Europa, firmada el pasado año por 1.000 millones de euros pero que se ha visto afectada por la pandemia.

Todas las miradas se dirigen de nuevo a los viajes del Imserso. Después de superar un recurso de la patronal hotelera, el programa de turismo social destinado a unos 900.000 pensionistas vuelve a ser objeto de impugnación. La venta de los viajes, que debería comenzar en septiembre, y su mismo comienzo (fijado para la segunda quincena de octubre) han quedado en el aire tras un recurso por Mundosenior, la alianza empresarial entre los gigantes del turismo Globalia y Barceló.

Mundosenior recurrió este lunes su exclusión en el reparto del lote 1 de los viajes del Imserso, aquel que contempla los destinos en la costa peninsular, según han confirmado fuentes de Globalia a este medio. Su candidatura no fue tenida en consideración por “unos defectos de forma” que en Mundosenior consideran “subsanables”.

Este lote 1 fue adjudicado a su principal competidor, Mundiplan (unión empresarial entre Iberia, Alsa e IAG7), a inicios de agosto, mientras que a Mundosenior le eran adjudicados los bloques 2 –costa insular (Baleares y Canarias)– y 3 –el turismo de interior–.

Fuentes del sector turístico traducen el recurso de Mundosenior de ayer (último día en el que podía presentarlo) como una estrategia empresarial para cubrirse las espaldas ante un posible recurso de la alianza empresarial de Iberia, que podría dejarles fuera por completo de los viajes del Imserso en caso de prosperar.

Mientras que Mundiplan tiene aún más margen para presentar su recurso de los lotes 2 y 3 que se llevó Mundosenior, esta última solo podía impugnar su exclusión del lote 1 antes de este lunes.

Posible retraso de los viajes

El resultado del recurso, según varias voces del sector turístico, es que el inicio de los viajes del Imserso queda en el aire, con la posibilidad de que se retrase su comercialización, prevista ya para este mes de septiembre. “Es bastante seguro que se retrase”, apuntan desde el sector.

En el Ministerio de Sanidad, del que depende el Imserso, confían en cambio en que se pueda cumplir el calendario previsto. “Nuestra pretensión es realizar la adjudicación en esta semana y que los viajes empiecen la segunda quincena de octubre, que es como estaba previsto”, ha afirmado este martes la ministra María Luisa Carcedo en San Sebastián.

El recurso ha pillado por sorpresa, al menos, a Industria, ya que la ministra Reyes Maroto afirmó hace solo unos días que el Gobierno esperaba que no hubiera recursos de las adjudicaciones.

“Preocupación” de los hoteleros

El líder de los hoteleros de Benidorm, unos de los destinos más populares entre los pensionistas, ha sido claro este martes. “A día de hoy esto está en el aire”, ha afirmado Toni Mayor, presidente de Hosbec (Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca) en una entrevista en la Cadena Ser.

El programa del Imserso en su totalidad (temporadas 2019/2020 y 2020/2021) tiene un valor estimado de “1.142.365.995,76 euros, IVA excluido”, según cifras del Ministerio de Sanidad.

Toni Mayor ha expresado que existe “preocupación” y “mucha incertidumbre” en el sector hotelero ante el posible retraso en la comercialización e inicio de los viajes, como ocurrió hace cuatro años por el mismo enfrentamiento empresarial, ha recordado. “Hizo que se retrasara dos meses y medio. Casi ya a Navidad”, ha apuntado.

“Hay expectación a ver qué pasa en las próximas horas, los próximos días. Si hay una marcha atrás...”, ha añadido Mayor, sobre la posibilidad de que Mundosenior retirara su impugnación.

Globalia ha decidido despedir a su director general Juan Arrizabalaga tan solo siete meses después de su contratación. La compañía esgrime que el motivo de que haya sido echado de manera fulminante es el “descontento por su gestión” al frente del holding turístico.

Arrizabalaga fue contratado en septiembre de 2018 como director general, un puesto que estaba vacante desde hacía un año, tras la marcha de Pedro Serrahima, que recayó en O2, de Telefónica España.

Hasta su contratación por la compañía que integra a empresas como Air Europa o Halcón Viajes, Arrizabalaga era presidente de Altadis, cargo al que accedió en 2015, tras entrar como consejero delegado de la compañía de tabaco en 2013.

El directivo despedido tenía que reportar directamente al consejero delegado del grupo, Javier Hidalgo. Entre sus cometidos estaba terminar de definir y lanzar el plan estratégico global de la compañía. Hace poco tiempo también fue despedido también Andrés Álvarez, que había entrado en Globalia como asesor de Estrategia Corporativa, proveniente de la quebrada Isolux Corsán.