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Se vende la gran joya de Estepona: el alcalde impulsa la subasta millonaria del legado destinado a las “mujeres pobres”

Proyección de las nueve parcelas del legado de Antonia Guerrero, siete de las cuales salen a la venta en Estepona.

Néstor Cenizo

Málaga —
22 de septiembre de 2025 20:12 h

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“Convencida la testadora que, por falta de estudios, no ha podido cumplir en este mundo la misión que Dios le confiara, por no tener en su tiempo la mujer derecho a cursar una carrera, lo cual ha sido el mayor dolor de su vida, quiere ahora que se ha reconocido aquel derecho que no sufra otra mujer lo mismo, para lo cual establece en Estepona una Fundación para costear los estudios de mujeres pobres de dicho pueblo, dando preferencia a las carreras de Leyes y Filosofía y Letras”.

Una placa recuerda a los vecinos y vecinas de Estepona cuál fue la voluntad post mortem de Antonia Guerrero. Está colocada en la plaza que lleva su nombre y cita un párrafo de su testamento, otorgado ante Juan Gil Quinzá, notario de Ontinyent (Valencia), el 30 de septiembre de 1926. Aunque el testamento se quemó durante la Guerra Civil, la inscripción se reproduce en los asientos registrales de varias fincas de Estepona.

Guerrero murió en 1928 y ahora, casi un siglo después, lo que queda de su legado acaba de salir a subasta pública: siete parcelas (de un total de nueve) con una superficie edificable de 108.799 metros cuadrados, en un lote único. En Saladavieja (conocida por muchos como Las Mesas) se podrán construir hasta 1.125 viviendas unifamiliares, con el atractivo para el promotor de que podrá enladrillar de inmediato, porque en los últimos años el Ayuntamiento ha allanado el camino aprobando Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Urbanización y hasta Junta de Compensación.

Es una oportunidad de oro para hacerse con la última gran pastilla de terreno edificable en una de las zonas más golosas de Estepona, municipio estrella del mercado inmobiliario de lujo. “Próximas a la playa y al Puerto Deportivo”, se anuncia la subasta.

Placa colocada en la Plaza Antonia Guerrero de Estepona

El precio de salida es de 66 millones de euros, y se puede pujar hasta el 16 de octubre. El objetivo es atraer a grandes inversores en ladrillo y subir el precio, que podría acabar rondando los 100 millones. Vende la Fundación Antonia Guerrero, que está publicitando la subasta a todo trapo, y está presidida por el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP). El regidor está actualmente investigado por sendos juzgados por un presunto delito de malversación al contratar a una mujer con la que mantenía una “relación íntima” que nunca fue a trabajar, y un caso de presunta violencia de género denunciado por esa misma mujer.

Aunque es una Fundación privada, detrás de la operación que ahora se activa está la mano del alcalde, que tiene un triple control: además de regidor, José María García Urbano (PP) es el Presidente del Patronato que toma las decisiones en la Fundación; las otras dos integrantes son la maestra “en activo más antigua de Estepona” y una “señora designada por la anterior”, según los Estatutos. Todo el proceso se realizará en la notaría del alcalde, que desde hace años dirige Almudena Romero por la incompatibilidad con el cargo municipal. De hecho, el regidor sigue consignando la notaría como su domicilio profesional.

La oposición pide transparencia ante un posible “pelotazo”

¿Por qué vender ahora este legado histórico? La Fundación argumenta en una nota publicada en su web que está obligada y que, además, el momento es propicio. El objetivo sería “acelerar” la financiación de becas, ayudas y convenios, y también evitar los riesgos y tiempos de una promoción inmobiliaria propia que no podría acometer por falta de liquidez. Otros propietarios del sector estarían presionando para acelerar su urbanización, y la Fundación insiste en que no tiene “infraestructura organizativa” ni dinero para asumir el coste en el porcentaje que le correspondería.

La operación es clave para el municipio. Nadie tiene un suelo así en Estepona, que desde hace años está embarcada en un fuerte crecimiento, impulsada por los nuevos desarrollos residenciales y la rehabilitación urbana: fue la ciudad con mayor crecimiento relativo de población en Andalucía en 2022 y la segunda de España, un 4,6%. Una parte sustancial de ese incremento está ligada al mercado inmobiliario de lujo y a los nuevos residentes extranjeros.

A pesar de la escasez de vivienda asequible en la Costa del Sol, y en Estepona en particular, la Fundación subraya que no puede acometer ella misma una promoción social, porque no está entre sus fines estatutarios. Por el contrario, la decisión tiene todos los visos de acabar recalentando aún más el mercado premium al que se destina gran parte de lo que se construye en la zona.

La venta despierta los recelos de la oposición. En agosto, el PSOE ya advirtió de que buscaría los resquicios legales para frenar la operación, que ven como una descapitalización sin beneficio para el pueblo. “Unos pocos están haciendo negocio con un patrimonio que fue legado con un fin claramente social y colectivo, contraviniendo la voluntad de la familia Nadal y, especialmente, de doña Antonia Guerrero, que quiso que esos terrenos sirvieran para mejorar la vida de los esteponeros y no para enriquecer a unos cuantos”, protesta Emma Molina, portavoz municipal del PSOE, que entrevé un “pelotazo”.

Manuel Aguilar (Vox) echa en falta explicaciones para evitar sospechas: “Es una Fundación privada, pero con un fin de bienestar general para los esteponeros, y debería explicar por qué decide vender en un solo lote al que muy pocos pueden optar”. En su opinión, venderlo por parcelas facilitaría un precio mayor.

Como es habitual, García Urbano (en su doble condición de alcalde y de presidente del Patronato) y el Ayuntamiento de Estepona no han respondido a las cuestiones de este medio. Tampoco la Fundación ha respondido al cuestionario remitido a primera hora del lunes por la mañana.

Un legado troceado

Los antecedentes históricos invitan a mirar con lupa. El legado original procede del patrimonio de Guerrero y del matrimonio entre su tía y José Nadal (fallecidos sin descendencia), que fue troceado cuando falleció, en 1973, la heredera común de ambas ramas, Catalina Nadal: tres millones de metros cuadrados repartidos entre la Fundación Antonia Guerrero (500.000 metros cuadrados); la Fundación Nadal (566.000); y seis legatarios parroquiales.

Este tercio acabó malvendido al empresario salmantino Juan José Hidalgo, en una oscura operación intermediada por el Obispado de Málaga y Unicaja. En la Operación Astapa se interceptaron grabaciones relativas a este legado. Desde entonces, los terrenos que Antonia Guerrero quiso destinar a las “mujeres pobres”, los únicos que quedan del legado principal, aparecen cada pocos años como objeto de deseo de inversores con algún proyecto vinculado a una universidad, pero nunca han cuajado.

Patrimonio para facilitar el “acceso a estudios universitarios”

La subasta, sobre la que se venía barruntando desde antes del verano, tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía, que le dio el plácet el pasado abril a través de una resolución del Protectorado, la figura por encima de los patronos que vela por los fines fundacionales y la legalidad.

De consumarse, la operación regará de una liquidez extraordinaria a la Fundación, que se desprenderá de un activo histórico al que no puede dar uso directo. Se trata de una fundación privada sin fin de lucro “cuyo patrimonio está afectado de modo duradero” al fin que expresó Antonia Guerrero, según sus Estatutos: “Facilitar el acceso a estudios universitarios de todo orden, especialmente orientado a los habitantes de Estepona” mediante becas y la construcción de una “ciudad del conocimiento”, según sus Estatutos. Y ahí surgen las dudas. ¿Qué va a hacer la Fundación con tanto dinero?

Los Estatutos incluso le marcan cuánto tendría que destinar al fin fundacional cuando se consume la venta: “Al menos, el setenta por ciento de los ingresos obtenidos de las explotaciones económicas (…) y de los que se obtengan por cualquier otro concepto” en un plazo de tres años. Es decir, un mínimo de 46,2 millones de euros deberán destinarse a facilitar los estudios universitarios a los habitantes de Estepona mediante un sistema de becas o una “ciudad del conocimiento” de la que no se conoce proyecto alguno.

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