Desde el inicio de la investigación del caso Taula, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tenía en sus manos información detallada sobre las sociedades de los empresarios Ramón Lis March y Jaime Cabot Ivars en España y en el extranjero. Los investigadores fijaron su atención singularmente en una supuesta operación de blanqueo de 1,8 millones de euros en negro a través de la empresa inmobiliaria Geneva Fondo Inmobiliario SA, que era propietaria del 20% de la firma de Alfonso Rus Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL. Según declaró el arrepentido Marcos Benavent ante los agentes del Instituto Armado, el socio de Geneva Ramón Lis March (fallecido en 2015) era amigo íntimo de Rus y ambos tenían “sociedades interpuestas”.

Jaime Cabot Ivars, el otro socio de Geneva imputado en el caso Taula, mantiene cinco sociedades activas en Brasil dedicadas a proyectos inmobiliarios, según la información del Registro Mercantil del Estado de Salvador de Bahía a la que ha tenido acceso eldiario.es. Hasta ahora, la investigación del caso Taula se había centrado en una sola filial de la inmobiliaria Geneva Fondo Inmobiliario SA en el país latinoamericano. En realidad, la presunta red exterior de Taula cuenta con seis sociedades, cinco de ellas activas, con un capital social de 7,8 millones de euros (34 millones de reales brasileños).

Jaime Cabot es administrador y socio de varias de las empresas dedicadas a los negocios inmobiliarios en Salvador de Bahía (Brasil). Así, la matriz española posee Geneva Patrimonial Imobiliaria Do Brasil LTDA y Seleta Patrimonial LTDA, en la que Cabot y el fallecido Lis March figuran como socios y administradores. La primera de estas empresas tiene a su vez Gephar Boulevard 161 Participaçoes LTDA, de la cual Cabot es administrador y Philippe Fernand Louis Argoud socio. Junto a este último también figura Juan Blasco Cabot como socio y administrador de Phar Invest Ci Gestao de Participacoes Societarias LTDA.

Solo Seleta Patrimonial LTDA fue extinguida en 2015. El resto de empresas siguen activas en la actualidad, aunque el empresario Jaime Cabot declara a este diario que está “apartado de la dirección de Geneva desde hace años”. Los últimos movimientos internos de Gephar Boulevard 161 Participacoes LTDA y de Geneva Patrimonial Imobiliaria do Brasil LTDA se produjeron el 17 y el 18 de octubre del 2017 respectivamente.

Los intereses inmobiliarios del imputado en el caso Taula no acaban ahí. La empresa matriz española también abrió en Gran Bretaña la firma Albatroz Limited, al frente de la cual estuvieron Jaime Cabot y Ramón Lis, según la información mercantil británica consultada por este diario. La sociedad, que cuenta con unos activos de 191.630 euros (166.000 libras esterlinas) presentó el último documento mercantil, firmado por Cabot Ivars, el pasado 8 de marzo. El empresario de Dénia sostiene que lleva años desvinculado de la inmobiliaria Geneva. La empresa británica del imputado tiene a su vez en Brasil la firma Albatroz Patrimonial Limitada con un capital social de 115.000 euros.

La Guardia Civil considera que la inmobiliaria Geneva y una empresa de Rus hicieron una compraventa ficticia, por valor de 1,8 millones de euros, con intención de lavar dinero negro del cobro de comisiones entre 2005 y 2008. Rus siempre ha defendido que se trataba de un favor por parte de su amigo Ramón Lis pero la Guardia Civil considera que el expresidente de la Diputación habría entregado fondos millonarios en B a “alguna de las personas de la sociedad Geneva” que tenía “capacidad y solvencia económica para aportar dicha cantidad en dinero A procedente de sus cuentas”. Así, el destino del supuesto dinero negro entregado por Rus a la inmobiliaria “podría emplearse para la compra de algún inmueble en Brasil, teniendo en cuenta las actividades y las relaciones comerciales del Grupo Geneva”.

El empresario Jaime Cabot puntualizó que la cuenta bancaria de la inmobiliaria en España era solidaria (y no mancomunada). Según su versión, la operación del supuesto blanqueo que analiza la UCO en un informe que figura en el sumario del caso Taula, se hizo sin su conocimiento. “Mi socio [el fallecido Ramón Lis] hizo lo que quiso y yo me enteré más de tres meses después por la contabilidad, mi firma no aparece en ningún sitio”, asegura el empresario de Dénia quien concluye que fue una “ayuda” de Lis a Rus.

Sobre las empresas que aún mantiene activas en Brasil y Gran Bretaña, el empresario imputado en Taula mantiene que se trata de “negocios que podrían haber hecho en cualquier otro país”. Por su parte, fuentes cercanas al expresidente de la Diputación de Valencia niegan que Rus hiciera negocios con Lis en Brasil, aunque reconocen una estrecha relación de amistad.

El ex futbolista y empresario Ramón Lis falleció con 64 años cuando estalló el caso Taula. Nacido en Xirivella, en los años 70 compitió en las filas del Granada CF, del Real Murcia CF y del Alzira CF hasta su retirada del fútbol. En el Alzira CF fue vocal de su equipo directivo y Rus intentó ficharlo para el Olímpic de Xàtiva.

El arrepentido Marcos Benavent explicó en su declaración ante la Guardia Civil que Lis March, un hombre muy conocido en Alzira, era amigo íntimo del ex presidente de la Diputación de Valencia, y que le “arreglaba muchas cosas a nivel financiero”. El autodenominado yonki del dinero declaró que Lis “estuvo en Brasil” donde -supone Benavent- “tendrían negocios inmobiliarios así como diferentes terrenos por los comentarios que le realizaba Alfonso Rus”. Era una “especie de gestor de inversiones de Alfonso [Rus]”, concluyó Benavent.

Tras el fallecimiento de Lis, sus herederos han desatado una guerra por una herencia que incluye las sociedades en Brasil valoradas en 7,8 millones. De momento, un juez de Salvador de Bahía ha obligado a cuatro españoles y un brasileño a hacerse la prueba de ADN para demostrar su parentesco con Ramón Lis.

El fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá obligará al Tribunal Supremo (TS) a archivar la causa abierta contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales –en el marco de la Operación Taula– al darse por extinguida su responsabilidad penal, tal y como recoge el artículo 130 del Código Penal.

Según han explicado fuentes judiciales a Europa Press, la muerte de una persona investigada en cualquier procedimiento extingue su responsabilidad penal, en el caso de haberla. Con ello, la causa se archiva. Tras el fallecimiento, el órgano instructor inicia unos trámites para que se certifique oficialmente la muerte y, una vez lo tenga constatado, dicta un auto de extinción de responsabilidad.

La exalcaldesa se había enfrentado en el último año a tres causas judiciales: 'Ritaleaks', la Ley de Memoria Histórica y la 'Operación Taula'. Los primeros procedimientos acabaron en archivo el pasado mes de julio, mientras que el tercero seguía vivo en el Supremo.

Precisamente sobre esta última causa, Barberá había acudido el lunes a declarar ante el magistrado instructor del Supremo Cándido Conde-Pumpido por el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años. Su defensa se basó en negar que hubiera financiación ilegal o que existiera una caja 'B' en el partido.

En su declaración en el Alto Tribunal, la ex primera edil de Valencia se limitó a reconocer que había entregado 1.000 euros al partido en concepto de donación que nunca le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros. Su abogado, José Antonio Choclán, ha manifestado en relación con este proceso: “No sabe nadie la presión que sufre una persona sometida a una investigación penal, vapuleada públicamente. Merece una reflexión”, ha expuesto en declaraciones a Europa Press.

Barberá estaba siendo investigada en el Supremo desde el pasado día 13 de septiembre, después de que el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga la 'Operación Taula' derivada del 'caso Imelsa', le remitiera en abril la parte del procedimiento que afectaba a la exalcaldesa por tener la condición de aforada.

Independientemente de esta pieza, que obraba en el Supremo, hay dos partes más que se instruyen en Valencia. La causa principal, que se sigue en el juzgado ordinario, en la que hay 47 personas imputadas --entre ellos, todos los concejales del grupo popular en el consistorio menos uno; asesores y exasesores y el PP como persona jurídica--; y otra parte que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico del PP en las Corts Miguel Domínguez.

'Ritaleaks' y memoria histórica

Otros dos procedimientos judiciales seguidos contra Barberá acabaron el pasado mes de julio en archivo. Uno de ellos fue 'Ritaleaks', relativo a presuntas irregularidades en gastos de representación cargados al consistorio entre los años 2011 y 2014, con un total de 466 facturas por valor de 278.000 euros.

Esta causa se inició en Valencia, con una denuncia de Compromís. La Fiscalía Anticorrupción apreció un delito continuado de malversación de caudales públicos, elevó el procedimiento a la Fiscalía del TS, y este órgano lo archivó al entender que los hechos denunciados, el reparto de unas cajas de naranjas y la realización de ciertos viajes, no eran constitutivos de delito.

Barberá también fue denunciada por supuestamente incumplir la Ley de Memoria Histórica en Valencia durante el periodo en el que fue alcaldesa de la ciudad. El Supremo rechazó la denuncia por delitos de desobediencia y denegación de auxilio, así como la falta contra el orden público.

El Alto Tribunal destacaba que la Ley de Memoria Histórica de 2007 recogía la obligación genérica de las Administraciones Públicas de adoptar medidas tendentes, entre otras cosas, a la retirada de objetos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en la denuncia del juzgado valenciano --que envió el procedimiento a Madrid-- no se relataba que se hubiese dado una orden directa y expresa a Barberá para tomar medidas y retirar esos símbolos en cumplimiento de la ley, ni tampoco que ella se hubiese negado a cumplir esa orden previa. Por este motivo, se archivó.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel (PP) tenía previsto acoger mañana la presentación del libro Mar de azahar en un acto precidido por el responsable de Cultura. Nada fuera de lo común, si no fuera porque su autora, María Jesús Puchalt, además de escritora, es una de las exconcejalas del Ayuntamiento de Valencia imputadas en la Operación Taula, el caso de financiación ilegal y blanqueo que asola al PP en esa ciudad. Y, según diversas informaciones, una persona muy cercana a Rita Barberá.

Puchalt ejerció como concejala de Comercio y Abastecimientos en el Consistorio valenciano entre 2007 y 2015. En marzo de 2016 fue suspendida de militancia por su partido, junto a otros ocho concejales, tras su imputación en el caso.

Aparte de su faceta política, la exconcejala también es escritora. Y como tal iba a estar presente mañana en el Ayuntamiento de Teruel. El acto, que iba a tener lugar en el Salón de Plenos, ha sido finalmente trasladado por petición de la autora, que había anunciaba en su web que la presentación contaría con la presencia del concejal de Cultura y segundo teniente de alcalde, José Luis Torán.

“Intolerable”

Podemos había emitido un comunicado en el que califica de “intolerable” que el Ayuntamiento turolense organizara un acto institucional “con una concejala de Rita Barberá imputada por corrupción”. En él se mostraban indignados por que el PP abra el salón de Plenos “y use una institución pública para dar respaldo a personas investigadas por presuntos casos de corrupción”.

Héctor Vicente, secretario general de Podemos Teruel, ha explicado que “el uso del Ayuntamiento de Teruel por parte del PP para respaldar la actividad privada de una antigua compañera de partido investigada por corrupción demuestra la laxitud de los populares con este tipo de delitos y su escaso compromiso con la ejemplaridad y la regeneración de la política. Estas conductas, que excusan y cobijan comportamientos reprochables, aunque sea presuntamente, explican el hartazgo de la ciudadanía hacia la política y sus representantes”.

También Ganar Teruel ha salido a la palestra. Apuntan que “no se puede consentir que el Ayuntamiento de Teruel acoja la presentación de un libro de una persona investigada por el 'pitufeo' para la financiación del PP de Valencia”.

No tienen ningún inconveniente, dicen, en que promocione su libro, “pero no es de recibo que, estando investigada por un asunto de corrupción política, la presentación se haga en nuestro Ayuntamiento, y, además, apoyada por un representante público de nuestra institución”. Por eso, finalizan, “pedimos al Gobierno municipal que dicha presentación no se haga en la 'casa' de los ciudadanos y ciudadanas de Teruel”.

El levantamiento del secreto de sumario de la 'Operación Taula' y la salida a la luz de las grabaciones de Marcos Benavent, gerente de varias empresas de la Diputación de Valencia en época del PP, continua sacudiendo la política valenciana en múltiples direcciones. Una de ellas, vinculada a la red de residencias conocida como 'modelo Cotino', investigada desde les Corts.

Según Compromís, las últimas informaciones sobre las declaraciones del autodenominado 'yonki del dinero', “confirman nuestras sospechas sobre la trama ilegal en la adjudicación de plazas de tercera edad y su vinculación con el caso Taula”, ya que aparecen en las grabaciones registradas por la Guardia Civil. Su portavoz en la citada comisión, Mónica Àlvaro, apunta en un comunicado que la investigación parlamentaria que se desarrolla desde febrero “ya apuntaba el pasado mayo a la existencia de una trama para acceder a un contrato especial con la administración, la adjudicación de la residencia de la tercera edad de Xátiva, una implicación que ahora podría ser confirmada”.

Según las sospechas de Compromís, se habrían beneficiado de un proceso “poco claro” Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xàtiva, Marcos Benavent “como testaferro” y la empresa también investigada Gerocleop, beneficiaria de un contrato ya caducado. Gerocleop es además la empresa que presuntamente realizó pagos al Olímpic de Xátiva, club deportivo presidido por Rus y que el juez del caso Taula considera que utilizó para blanquear 'mordidas'.

Álvaro recuerda en el mismo comunicado que, durante la comparecencia de Marcos Turró, gerente de Gerocleop, ya se pidieron las comparecencias de Rus y Benavent para esclarecer las adjudicaciones del contrato de la residencia. El centro de Xátiva fue inaugurado en 2007, mientras que el contrato para plazas de residencia en el modelo de accesibilidad social se publicaba en el 2001. “Esto hace sospechar que detrás de un entramado de empresas fantasma, que se crean y se venden en pocos meses con alta rentabilidad económica, había un interés por hacerse con un contrato que conveniava directamente con la administración pública”, explica Àlvaro.

Después de 48 horas de silencio sobre la marcha forzada de Rita Barberá del PP y su atrincheramiento en el Senado para conservar su aforamiento, Mariano Rajoy ha reconocido públicamente que no tiene ningún poder e influencia sobre la exalcaldesa de Valencia. El presidente del Gobierno ha tenido que conformarse con que Barberá “ya no es militante del PP” desde el pasado miércoles y ha confesado su incapacidad para convencerla de que deje el escaño.

Rajoy no ha aclarado si en algún momento se lo ha pedido directamente y ella se ha negado. En la dirección del PP mantienen que no está previsto que lo haga y que la difícil tarea de negociar la marcha recayó en María Dolores de Cospedal y Fernando Martínez Maillo, responsable de organización del PP.

A ellos fue a quienes respondió “el escaño es mío” en las conversaciones y mensajes que cruzaron desde que se supo que el Tribunal Supremo abría causa contra ella por blanqueo de dinero igual que el tribunal en Valencia ya investigaba a todos sus exconcejales y algunos asesores. Ante la negativa a dimitir, expresión que Barberá puso en mayúsculas en el comunicado que difundió, se la llegó a amenazar con expulsarla en un comité disciplinario como es el de Derechos y Garantías que tuvo hasta hora de convocatoria.

La mujer que ha sido calificada por Rajoy y por la mayoría de dirigentes de su Gobierno y de su partido como “amiga”, “referente”, “la mejor alcaldesa” o “ejemplo” se convirtió en “la mujer por la que usted se interesa” cuando tuvo que responder a los periodistas. Pocos segundos después, Rajoy pareció darse cuenta de que esa es la expresión que siempre utilizaba cuando no quería pronunciar el nombre de Bárcenas y se refirió a la protagonista del escándalo por su nombre y su apellido.

Solo unas horas antes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ella ha presidido, Soraya Sáenz de Santamaría se parapetaba detrás de su cargo para evitar reclamarle a la exalcaldesa de Valencia que dejara el escaño. Con el escudo de la separación de poderes, la vicepresidenta decía que la Constitución deja claro que el acta es personal y que ahí el Gobierno poco podía hacer, aunque Luis de Guindos, ministro de Economía, sí aconsejó a la veterana política valenciana que dejara el Senado aun dejando claro que era su decisión.

Dirigentes del PP que sí exigen que deje el Senado

La confesión de impotencia por parte de Rajoy ha contrastado con las exigencias públicas que han hecho dirigentes del PP, como Javier Maroto, que dijo de forma clara que la exalcaldesa “no ha actuado con ejemplaridad ni dignidad” tratando de mantener el escaño por el aforamiento. Pablo Casado, Borja Sémper y Xavier García Albiol también se han expresado en este sentido. Ellos sí han deseado que el segundo paso de Barberá tras dejar su militancia se complete con la marcha completa. El cabeza de lista del PP por Guipuzkoa aseguraba que el partido había sido “contundente” porque así lo quería Rajoy, aunque no supo explicar por qué su jefe no se lo exigía.

Con este panorama, el próximo Pleno que celebrará el Senado el 27 de septiembre tendrá a Barberá sentada en la zona del grupo Mixto, lo que le permitirá aumentar sus ingresos ya que ganará unos 2.300 euros más al mes y se situará en los 7.000.

Cospedal no entiende la indignación

Por ahora, la más entusiasta a la hora de defender el derecho de Barberá a seguir sentada en el Senado ha sido la secretaria general. “Tiene derecho”, la respaldó María Dolores de Cospedal, de campaña en Galicia con Alberto Núñez Feijóo. “¿Usted conoce a muchos ciudadanos que, sin haber ido a declarar por un asunto de una aportación de mil euros tengan que dejar el escaño? Yo no” se preguntó y respondió a sí misma.

“El presidente tiene que marcar el criterio para todos o aquí va a haber una guerra de laterales”. Así lo advertía uno de los principales implicados en la trama de cobro de comisiones investigadas en la 'operación Taula', Máximo Caturla, señalando un enfrentamiento entre el presidente de la Diputación de València y del PP provincial, Alfonso Rus, y el ex vicepresidente de Francisco Camps, Víctor Campos, según las declaraciones de Marcos Benavent, el 'yonki del dinero', incluídas en el sumario y desvelado del caso desvelado por la Cadena Ser.

Se trata de conversaciones grabadas por Benavent con las cuales no sólo se señala el conocimiento de la situación del propio Francisco Camps, sino que había disputas entre los dirigentes territoriales para obtener parte del dinero negro de las comisiones. Estas fricciones internas habrían llevado incluso a Alfonso Rus ha enfrentarse a Camps porque no le llegaba sufiente dinero de las mordidas.

En las declaraciones de Benavent asegura que “tras toda adjudicación había una comisión” y “todo el mundo quería conseguirlas”. Así añade que los principales dirigentes del PP valenciano tenían conocimiento de este tipo de prácticas y querían sacarles provecho, con lo cual todos pretendían colocar sus empresas amigas para obtener mordidas tanto para el partido como para ellos mismos y para terceras personas.

Entre los dirigentes que habrían influenciado estaría el exconseller de Educación, Alejandro Font de Mora (no imputado todavía), que habría intervenido en adjudicaciones de la empresa pública de construcción de centros educativos Ciegsa. También estaría Víctor Campos que, con Gerardo Camps “controlaba” las grandes adjudicaciones y además actuaba como “recaudador” regional del partido.

La implicación de Víctor Campos, como miembro del PP de Castellón, llevaría también a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de esta provincia. Así Benavent asegura que Campos obtenía su parte de las mordidas pero también recaudaba “mucho para el tuerto”.

Finalmente otro de los salpicados sería el exdiputado y exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, quien también influía en estas decisiones, como también está señalado por sus manejos en la trama Gürtel, quien a su vez señalaba a Génova.

No todo el grupo parlamentario popular de las Corts votó al unísono para que la exalcaldesa de València Rita Barberá renuncie a su escaño en el Senado de representación autonómica. Vicente Betoret, actual presidente del PP de la provincia de València y Miquel Domínguez, exconcejal del gobierno del PP de Barberá, ambos salpicados por la 'operación Taula' se salieron del hemiciclo y así evitaron respaldar la votación que considera indigna a la senadora.

Betoret, quien fue vicepresidente de Alfonso Rus en la ejecutiva provincial y le sucedió en el cargo tras la caída en desgracia del de Xàtiva, ha sido señalado por Marcos Benavent, el 'yonki del dinero', de estar al corriente del cobro de comisiones aunque no de cobrar comisiones; estos hechos son negados por el propio Betoret quien afirma que “no es la primera vez que intenta (Benavent) arrastrarme a mí y al Partido Popular en su caída”.

Por lo que respecta a Miquel Domínguez el juez instructor de 'Taula' ha pedido su imputación por presunto blanqueo de capitales, el mismo delito por el que se señala a Rita Barberá, su antigua jefa en el gobierno municipal de la ciudad de València.

Su situación judicial podría abocar a que emulara los pasos de Barberá: dejar la militancia del PP pero conservar su escaño en las Corts Valencianes, según adelanta Levante-EMV. La renuncia al PP de Domínguez supondría pasar al grupo de no adscritos en el parlamento valenciano.

No obstante no todos señalados en la trama de corrupción han reaccionado del mismo modo. Cabe destacar que el exconseller de Educación, Alejandro Font de Mora, se enteró de que su nombre aparecía en el sumario durante la misma sesión parlamentaria y, en declaraciones a los periodistas momentos después afirmaba que “todavía me tiemblan las piernas”.

Font de Mora, que no está imputado, ha sido acusado por Benavent de utilizar su cargo para adjudicar, a través de Ciegsa, obras a determinadas empresas. “El conseller llamó para que a Luján [una constructora] le adjudicasen dicha obra”.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha cumplido su advertencia y ha presentado este jueves ante el Juzgado de Instrucción de Valencia en funciones de guardia una denuncia contra el agente de la Guardia Civil que redactó el informe que le relaciona con la empresa pública Ciegsa y el supuesto cobro de comisiones ilegales, incluido en el sumario del caso Imelsa.

Según este informe, la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa) se habría estado utilizando entre 2004 y 2007 para financiar tanto al PPCV como al PP provincial. También para el enriquecimiento personal de determinados cargos públicos de la administración, lo que provocó sobrecostes en la entidad, en unos hechos que considera no de mala gestión sino de conductas relacionadas con la corrupción.

La denuncia va dirigida contra el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de redactar el 'Informe sobre las relaciones de la empresa pública Ciegsa con ciertos políticos y funcionarios de la Comunidad Valenciana', con fecha de 18 de enero de 2016, por presuntos delitos contra la Administración Pública y contra el honor.

En el escrito, en el que Camps reitera nuevamente que los hechos relatados no son ciertos, el expresident valenciano denuncia la interpretación “maliciosa e interesada” que el agente de la Guardia Civil realiza de unas grabaciones efectuadas por una persona con la que no ha tenido ni tiene “ninguna relación”, utilizando al parecer “una grabadora doméstica”.

Sostiene el exlíder del PP valenciano que las “gravísimas acusaciones y calumnias” que se vierten en el informe contra él pueden inducir al juez que instruye la causa a “tomar decisiones de todo punto equivocadas” y pueden conllevar su imputación en unos hechos “no solo de imposible demostración, sino que jamás se han realizado”.

En este sentido, en el escrito se cuestiona la labor del agente de la UCO y se le acusa de buscar una “difusión difamatoria” y no la de “llegar a una conclusión indagatoria”. En esta línea, se subraya que se trata de un informe para “una instrucción penal con consecuencias catastróficas y destructivas del honor, de la profesión y de la propia persona para los nombres que se van relatando en una sucesión de hechos inverosímil”.

“El incumplimiento o la negligencia o la animadversión que puede deducirse del texto inducen a buen seguro a que este agente está cometiendo algún delito de los que se le pueden atribuir al funcionario público por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo, además de una clara imprudencia temeraria con consecuencias irreparables”, se defiende en la denuncia.

En la misma línea, en el escrito se argumenta que la responsabilidad del autor del informe no queda eximida al utilizar tiempos verbales hipotéticos “ni tampoco por la traslación de unas conversaciones que en nada, de una lectura tranquila y sosegada, puede reflejar relación alguna” de su persona con los hechos. “Máxime”, se añade, “cuando introduce en el informe la citada referencia como conclusión”.

Camps ya advirtió horas antes que se querellaría contra quien le implique “directa o indirectamente, quien calumnie o injurie y quien manche incluso levemente” su honor al implicarle en el caso Imelsa.

Lo hizo tras el levantamiento del secreto del sumario de la pieza principal del caso Imelsa y conocerse que el exgerente de esa empresa Marcos Benavent le implica a él, a los exvicepresidentes del Consell Víctor Campos y Gerardo Camps y al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus en el cobro y reparto de comisiones ilegales que provenía de adjudicación de colegios.

Rita Barberá ha sido la protagonista ausente este martes en el Senado, donde se constituían las comisiones en las que se segmenta la actividad parlamentaria. A última hora y tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra ella, la exalcaldesa de Valencia ha decidido no asistir a la Cámara Alta por lo que dos senadores del PP han tenido que sustituirla para que pueda formar parte de las comisiones en las que el PP le había colocado.

Dionisio García Carnero y Gonzalo Robles han sido los parlamentarios que han cubierto a Barberá en la constitución de las comisiones Constitucional y de Economía, respectivamente. El PP había reservado una vocalía para la exregidora en esos dos órganos parlamentarios, tal y como adelantó eldiario.es. La sustitución permite, por un lado, que las comisiones se puedan constituir con todos sus miembros y, por otro, que Barberá pueda seguir perteneciendo a ellas en caso de que mantenga el acta, pese a la investigación que ha anunciado el Supremo.

En los pasillos de la Cámara Alta, dirigentes del PP dejaban sobre el tejado de Génova la decisión sobre Barberá. Así lo han expresado tanto el catalán Xavier García Albiol, como José Manuel Moreno Bonilla o José Ramón Bauzá. Para ellos es la dirección nacional, es decir, Mariano Rajoy y su cúpula directiva la que tiene que decidir si exige a la exalcaldesa valenciana la renuncia por la causa que ha abierto contra ella el Supremo por blanqueo en el marco de la Operación Taula, que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano.

El PP empuja para que renuncie

No obstante, García Albiol ha insinuado que es la exalcaldesa la que debe adelantarse a la decisión de Génova. El senador catalán ha respondido con un gesto afirmativo a las preguntas de los periodistas, aunque ha evitado verbalizarlo. Previamente, García Albiol había recordado que el acta de los diputados y senadores no corresponde a los partidos sino a los propios parlamentarios. También el expresidente valenciano Carlos Fabra se ha mostrado partidario de que sea la propia Barberá la que renuncie: “Ella tiene que ser consciente de la situación, sabrá estar a la altura”, ha expresado.

El PP se comprometió en su acuerdo con Ciudadanos a apartar a cualquier cargo público imputado por corrupción política -entendiendo por esta el enriquecimiento personal ilícito o la financiación irregular de partidos-. El caso por el que el Supremo investigará a Barberá está relacionado con el supuesto blanqueo de donaciones ilegales para el PP municipal.

El Tribunal Supremo investigará a la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como “pitufeo” en la época en la que era la regidora de esta ciudad.

La decisión del Supremo de abrir causa contra Barberá se apoya en el informe favorable del fiscal y deriva de la exposición razonada que envió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado Caso Imelsa. En el auto, el Supremo designa como juez instructor al magistrado Cándido Conde-Pumpido.

El titular de ese Juzgado, Víctor Gómez, elevó al Supremo la petición de que Barberá fuese imputada por la misma razón que lo han sido concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia: realizar donaciones de 1.000 euros al partido, que luego se devolvía a los donantes en metálico con el fin de blanquear los ingresos procedentes de comisiones ilegales.

La operación Taula por la que el Supremo investiga a Barberá es una pieza separada del caso Imelsa en la que están imputados nueve de los diez concejales del grupo popular en el Ayuntamiento valenciano, además del exvicealcalde Alfonso Grau. Por su condición de senadora, Barberá es la única aforada del caso, lo que ha obligado a llevar la causa al Supremo. Hay en total 47 imputados.

El auto que da lugar a la apertura de la causa señala que “resulta imprescindible” continuar la investigación sobre los indicios de blanqueo de dinero, y en concreto sobre el papel que pudo tener Barberá. El Supremo alude a una conversación en la que se detalla el método de blanqueo a través de donativos, y en la que se hace referencia a Barberá aunque “sin hacer respecto a ella ninguna imputación concreta”.

Sin embargo, el Supremo sí que destaca que el juez Víctor Gómez cree que Barberá está implicada en el sistema de donativos, y que destacó en su escrito que no tenía sentido investigar al resto de donantes y no a la exalcadesa. Gómez también apuntó que Barberá mantenía una relación personal con una de las principales investigadas, su secretaria, María del Carmen García Fuster.

El juez de Valencia también señaló que los investigados y testigos que habían reconocido el sistema de blanqueo a través de donativos no hicieron referencia a la participación de Barberá. El Supremo también decreta en el auto que el procedimiento contra el resto de los acusados siga su curso en el juzgado de Valencia, pero que el juez siga remitiendo información que pueda afectar a la exalcaldesa.

Barberá no irá esta tarde al Senado

Según fuentes del PP, Barberá iba a acudir esta tarde al Senado. En las dos cámaras se constituyen esta las comisiones para la nueva legislatura, y la senadora popular ocupará una vocalía en la Comisión Constitucional y otra en la de Economía. Son los mismos cargos que ocupó durante la pasada legislatura, en la que también tuvo un asiento en la Diputación Permanente.

Sin embargo, la senadora ha comunicado al Grupo Parlamentario Popular que no asistirá este martes por la tarde a la constitución de las comisiones parlamentarias tras la apertura de una causa contra ella en el Supremo por blanqueo de capitales. Fuentes 'populares' han asegurado que la exalcaldesa ha excusado su presencia y ha comunicado que quiere estudiar el auto del Tribunal Supremo por el que ha decidido investigarla en el caso Taula.

El PP había decidido esperar a nombrar a sus representantes en la Diputación Permanente a la espera de que el Supremo tomase una decisión sobre Barberá. Ser miembro de la Diputación Permanente implica mantener la condición de aforado aunque se disuelvan las Cortes para una nueva convocatoria electoral.

El ex vicealcalde de València en el gobierno de Rita Barberá, Alfonso Grau, ha sido imputado dentro de las investigaciones de la pieza de la presunta 'caja B' del PP en la ciudad que se enmarca dentro de la 'Operación Taula'.

Según avanza el diario El Mundo el juez Víctor Gómez habría imputado a Grau dentro de la causa en la que también está imputada la práctica totalidad de los concejales del PP del ayuntamiento de la capital. Pero además cabe recordar que en la misma 'Operación Taula' también se encuentra imputada la esposa del propio Grau, María José Alcón, por haber participado del blanqueo con 1.000 euros como ella misma reconoció.

Alfonso Grau ya fue señalado por el ex concejal del PP en Valencia, Juan Vicente Jurado, quien aseguró que Alfonso Grau era “quien movía los hilos” en un intento de desvincular de la trama a la ex alcaldesa Rita Barberá. No obstante el propio Grau sí señalaba a Barberá en su momento como conocedora de esta financiación irregular del PP para las citas electorales asegurando que “algo sí sabía”; no obstante Grau se desdijo de las afirmaciones para llegar a negar que su propia esposa participase del blanqueo.

De este modo el juez ha acordado el interrogatorio tanto de Alfonso Grau como de José Antonio Moscardó, ex gerente provincial del PP de Valencia cuando Alfonso Rus era su presidente. La providencia además se ha conocido después del segundo interrogatorio de una de las máximas inculpadas en la causa, Mari Carmen García Fuster, quien no ha querido desvelar en ningún momento quien era el “recaudador” de la financiación para el PP.

Por otro lado entre los nuevos imputados también está Juan José Medina, ex alcalde de Montcada y exvicepresidente de la Diputación de València con Alfonso Rus, imputados en la causa del cobre de mordidas del 3%.

La 'cajera' del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia declara por segunda vez en el juzgado en el marco de la 'Operación Taula'. Mari Carmen García-Fuster, secretaria del ayuntamiento de Rita Barberá, ha asegurado este lunes que el grupo municipal conocía la existencia de las cuentas opacas, según el diario El Mundo.

Según García-Fuster, se informaba periódicamente de los gastos electorales de la ahora exalcaldesa. Además, ha declarado que nunca se superó el techo electoral y que si los gastos no se incluían en la cuenta del partido era “su problema”.

En su primera comparecencia, la secretaria del partido declaró por el caso de las donaciones de 1.000 euros que presuntamente el partido devolvía en billetes de 500. García-Fuster negó que fueran peticiones del partido, sino gastos voluntarios y aseguró que nunca se devolvían en los citados billetes.

García-Fuster ha comparecido este lunes en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en el marco de la Operación Taula, una pieza del caso Imelsa en la que se investiga un presunto delito electoral. Tras ella, le ha tocado el turno a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello.

García Fuster, que ha querido responder únicamente a las preguntas de su abogado, José María Corbín, ha centrado su comparecencia en descargar la responsabilidad en el partido. Su versión ha sido totalmente opuesta a la que ha ofrecido ante el juez Montserrat Tello, quien ha señalado que el Partido Popular no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esta presunta cuenta opaca ni de pagos o ingresos, han señalado las mismas fuentes. Tello ha respondido a preguntas del juez, del fiscal y de su letrada en esta pieza, en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipal de 2015.

El informe de la Guardia Civil concluyó que el PP del ayuntamiento valenciano utilizaba una cuenta opaca para financiar las campañas electorales desde 2011 a través de donaciones, sin control del Tribunal de Cuentas ni de la dirección del partido. La investigación que afecta a García-Fuster se dirige a resolver si el PP cometió delito electoral.

Mariano Rajoy ha asumido este jueves el encargo del rey de intentar formar gobierno. Y lo ha hecho 24 horas después de que se conociera el procesamiento del PP y su actual tesorera por la “destrucción a conciencia” de los ordenadores de Luis Bárcenas. Y 24 horas antes de que la plana mayor del PP haya sido llamada a declarar como testigos en el primer gran juicio de Gürtel; y 24 horas antes de la la Fiscalía del Supremo haya pedido que se investigue a la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá por el blanqueo en el PP de Valencia.

Los casos de corrupción salpican, así, las negociaciones para la investidura de Rajoy, que arrancan la próxima semana con reuniones con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Y sitúan al propio Rajoy como el principal impedimento para desbloquear la situación política: Ciudadanos ha insistido en que no dará el sí a un Gobierno si lo encabeza Rajoy.

Cúpula del PP de Aznar

El tribunal del caso Gürtel ha aceptado que declaren como testigos en el juicio seis integrantes de la cúpula del PP en tiempos de José María Aznar, como había solicitado Bárcenas. El primer gran juicio a la trama de corrupción arrancará en octubre y por él desfilarán los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes; los vicesecretarios generales Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, así como el exportavoz en el Parlamento europeo Gerardo Galeote.

La Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Bárcenas en esta causa, donde hay 40 acusados, de los que la mitad fueron cargos del PP. En su escrito de defensa, Bárcenas no solicitó las declaraciones como testigos, pero la ley le permite hacerlo en este momento procesal. 

Púnica

Muy probablemente, antes de que arranque ese juicio, el magistrado Eloy Velasco habrá decidido si se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o cierra la investigación a dos diputados del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid en el marco de la Operación Púnica, según fuentes del caso.

Velasco mantiene a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil comprobando la veracidad de las acusaciones que el constructor David Marjaliza lanzó contra el número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, y el diputado, próximo a Esperanza Aguirre,  Bartolomé González.

Procesamiento al PP

El martes pasado, la jueza Rosa María Freire dictó un auto que convierte al Partido Popular en el primer partido procesado en la historia de España. Lo es por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Luis Bárcenas utilizó mientras trabajaba como tesorero en el partido. La magistrada sospecha que el PP quiso borrar pruebas de su financiación irregular y da cinco días a la formación de Rajoy para que recurra. Con agosto inhábil, el plazo culmina el 2 de septiembre. Una semana después, el 9 de septiembre, concluye el plazo para la presentación de los escritos de acusación.

Otro caso en total plenitud, pero al que han sorprendido las vacaciones estivales, es la pieza separada del caso del Pequeño Nicolás que mantiene en vilo al Ministerio del Interior y a su titular en funciones, Jorge Fernández Díaz. El juez investiga la autoría de una grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI, pero sus pesquisas son un verdadero frente en la polémica de la policía política que el Gobierno del PP ha utilizado para atacar a la oposición, ya fuera el proceso soberanista en Cataluña o Podemos, partido que acaba de personarse en la causa.

El juez debe resolver el intento de la Fiscalía por apartar a los policías que pidieron imputar al comisario en el que Fernández Díaz hizo recaer toda la estrategia de la policía política, Eugenio Pino. Esos mismos investigadores destacan en un extenso informe la intensa relación telefónica que mantenía el número dos de Interior, Francisco Martínez, con el comisario José Manuel Villarejo, imputado en el caso, y pieza clave de las maniobras contra la oposición. Martínez, por otra parte, aspira a suceder a Fernández Díaz al frente de Interior si Rajoy logra formar gobierno. En uno de los últimos episodios del caso, Villarejo comenzó a ofrecer detalles ante el juez de la denominada  Operación Cataluña.

Además, la Guardia Civil seguirá indagando en la abundante documentación hallada en los registros del caso Acuamed, que salpica al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, actual comisario de Energía de la Comisión Europea. Por su parte, el juez José de la Mata aguarda el resultado de las comisiones rogatorias enviadas a seis países en el marco del caso de las comisiones ilegales presuntamente cobradas por Gustavo de Arístiegui y Pedro de la Serna.

También después de agosto, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia intentará desatascar el caso del 3% valenciano, sepultado por un volumen ingente de información al que los medios con los que cuenta el magistrado no pueden hacer frente, según publicó El País. Recientemente fueron halladas 100 nuevas cajas con documentación en un almacén de la Diputación de Valencia ubicado en los bajos de un psiquiátrico.

Acumulación de casos

Desde los comicios de diciembre, el rosario de sumarios sobre prácticas corruptas no solo no ha parado sino que han aflorado nuevos casos. Uno de ellos alcanzó al mismo Consejo de Ministros donde se sentaba como responsable de Industria José Manuel Soria hasta que su nombre apareció en los Papeles de Panamá y sus controvertidas explicaciones forzaron su salida del Gobierno. 

En Valencia el 26 de enero estalló la Operación Taula, con arrestos en el grupo municipal del PP, acusados de blanquear dinero negro de la campaña, y obligó al partido a improvisar una gestora. Rita Barberá no está aún imputada porque se refugió en la Diputación Permanente del Senado para que no puedan decidir sobre ella los tribunales ordinarios. Algunos dirigentes populares se apresuraron durante semanas a enseñarle la salida del partido y sus cargos.

Unos kilómetros más al sur, en Murcia, la Guardia Civil pidió a finales de mayo imputar al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por sus negocios con la red Púnica, que investiga el juez Velasco en la Audiencia Nacional. Una trama que pagaba mordidas a cambio de adjudicaciones públicas -la mayoría en instituciones del PP- y de la que se conocieron los detalles más obscenos cuando se levantó el secreto de sumario el pasado mayo y el cabecilla, David Marjaliza, contó con pelos y señales las cuentas en Suiza, los sobornos a dirigentes del PP y los cambios de ofertas en los concursos públicos que amañaba su amigo y mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.

En Granada agentes de la Unidad contra la Delincuencia Fiscal y Financiera entraron a mediados de abril en el Ayuntamiento de la ciudad para llevarse expedientes dudosos de importantes constructores locales. El alcalde entonces, José Torres Hurtado, fue detenido, como su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, junto a 15 personas más. Los investigadores relacionan a los imputados con una decena de delitos asociados a la corrupción.

A 72 horas de la jornada de reflexión del 26J, al PP le estalló otra bomba: la prueba definitiva de que la cúpula de Interior había fabricado informes contra sus enemigos políticos. Fue la voz del ministro Jorge Fernández Díaz, en su propio despacho, conspirando contra el independentismo con el director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Cuando el diario Público lo desveló, el resto de partidos reclamó el cese inmediato de Fernández Díaz mientras el Gobierno y el PP decidieron colocarse en el papel de víctimas de una “grabación ilegal”.

Las desventuras judiciales del presidente provincial en Ourense, Xosé Manuel Baltar, imputado tras la denuncia de una mujer que lo acusa de solicitar sexo a cambio de un puesto en la Diputación tampoco ha frenado la imponente maquinaria electoral de la provincia. El PP obtiene en uno de sus feudos más fieles el 49% de los sufragios y mejora en casi 5.000 votos los resultados del 20-D en la provincia.

Que el PP ha guanyat eleccions a la Comunitat Valenciana “dopat” és una metàfora que han usat nombrosos polítics de l’esquerra autonòmica, inclosos els màxims representants actuals del Govern valencià, Ximo Puig (PSPV) i Mónica Oltra. Però després d’unes quantes majories absolutes en pràcticament totes les institucions públiques valencianes principals, el PP veu ara que els tribunals miren amb lupa com es van obtenir les collites de vots més importants a la Comunitat Valenciana.

L’última ha estat la de l’alcaldessa amb més majories absolutes i anys de govern en una capital de província espanyola: Rita Barberá. Les sospites de finançament irregular a través d’algun compte opac daten del 2006, compte per mitjà del qual s’haurien gestionat les donacions al grup popular i que s’hauria mantingut fins a les eleccions passades del 2015. Els millors resultats s’haurien obtingut el 2007 amb 21 regidors (235.158 vots, el 56,67% del total) i el 2011 amb 20 edils.

Aquell mateix any 2007 el PP també va aconseguir el seu rècord de vots en unes eleccions autonòmiques amb 1.277.458 sufragis (el 52,34% del total). D’aquesta època el PP arrossega el cas Gürtel pel qual s’investiga el possible finançament irregular a través d’Orange Market, que té encausat tota la cúpula del partit d’aquella època (excepte el mateix Camps), ja que el PP pretesament hauria rebut més de 3 milions d’euros en B per a finançar de manera presumptament il·lícita aquests comicis autonòmics i les generals del 2008, el rècord més alt de tots.

No obstant això, les sospites de finançament irregular es remunten al 1999, després de la primera majoria absoluta d’Eduardo Zaplana amb el PP. D’aquesta època daten les investigacions de la justícia a les concessions a José Adolfo Vedri, que hauria obtingut un total de 30 milions en contractes tant de la Generalitat com de les diferents diputacions provincials.

Tornant a Gürtel, el rècord absolut en unes eleccions van ser les eleccions generals del 2008 en què el PP va obtenir a la Comunitat Valenciana 1.415.793 vots (el 51,59%). Sobre aquests comicis plana l’ombra d’Álvaro Pérez, el Bigotes, i també la del constructor Enrique Ortiz, que va confessar haver finançat il·legalment el partit en les mateixes eleccions, igual que altres empresaris.

Entre les últimes investigacions que han esclatat durant els últims mesos, però, hi ha l’Operació Taula, que ha esguitat l’expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus. Rus va ser elegit cap de la corporació provincial en les eleccions municipals en què el PP va obtenir dos rècords consecutius gairebé calcats: 635.321 vots el 2007 i 635.750 el 2011. L’expresident de la Diputació seria el presumpte capitost d’una trama de cobrament de comissions a empreses que anirien a parar tant a les butxaques dels presumptes partits corruptes com al finançament del partit, segons les gravacions del penedit Marcos Benavent, el ‘ionqui dels diners’.

Després de l’explosió dels casos de corrupció, el PP va patir un cert càstig en les institucions valencianes i el maig del 2015 va perdre la Generalitat, les tres capitals de província i la Diputació de València. No obstant això, sembla que el PP, després de les eleccions del 26J, comença a remuntar el daltabaix, mentre la presidenta del partit, Isabel Bonig, prova de desvincular-se d’aquesta època tan térbola i soterrar l’herència dels seus antecessors afirmant que tot això “pertany al passat”.

Que el PP ha ganado elecciones en la Comunitat Valenciana “dopado” es una metáfora que han usado numerosos políticos de la izquierda autonómica, incluyendo entre ellos a los hoy máximos representantes del gobierno valenciano, Ximo Puig (PSPV) y Mónica Oltra. Pero tras diversas mayorías absolutas en prácticamente todas las principales instituciones públicas valencianas el PP está viendo como los tribunales están mirando con lupa cómo se lograron las mayores cosechas de votos en la Comunitat Valenciana.

La última de ellas ha sido la alcaldesa con más mayorías absolutas y años de gobierno en una capital de provincia española: Rita Barberá. Las sospechas de financiación irregular a través de alguna cuenta opaca datan de 2006, cuenta a través de la que se haría la gestión de donaciones al grupo popular y que se habría mantenido hasta las pasadas elecciones de 2015, obteniendo sus mejores resultados en 2007 con 21 concejales (235.158 votos, el 56,67% del total) y en 2011 con 20 ediles.

Ese mismo año 2007 el PP también consiguió su récord de votos en unas elecciones autonómicas con 1.277.458 sufragios (el 52,34% del total). De esta época el PP arrastra el caso 'Gürtel' por el cual se investiga la posible financiación irregular a través de 'Orange Market', que tiene encausada a toda la cúpula del partido de aquella época (excepto al propio Camps), ya que el PP supuestamente habría recibido más de 3 millones de euros en 'B', para financiar de forma presuntamente ilícita estos comicios autonómicos y las generales de 2008, el mayor récord de todos.

No obstante las sospechas de financiación irregular se remontan ya a 1999, después de la primera mayoría absoluta de Eduardo Zaplana con el PP. De esta epoca datan las investigaciones de la justicia a las concesiones a José Adolfo Vedri, que habría obtenido un total de 30 millones en contratos tanto de la Generalitat como de las diferentes diputaciones provinciales.

Volviendo a Gürtel el récord absoluto en unas elecciones fueron las elecciones generales de 2008 en las que el PP obtuvo en la Comunitat Valenciana 1.415.793 votos (el 51,59%). Sobre estos comicios está la sombra de Álvaro Pérez 'el Bigotes' yendo de la mano del constructor Enrique Ortiz que confesó haber financiado ilegalmente al partido en las mismas elecciones, al igual que otros empresarios.

Pero entre las últimas investigaciones que han explotado durante los últimos meses está la 'operación Taula' que ha salpicado al ex presidente de la Diputación de València, Alfonso Rus. Este resultó elegido jefe de la corporación provincial con elecciones municipales en las que el PP obtuvo dos récords consecutivos casi calcados: 635.321 votos en 2007 y 635.750 en 2011. Rus seria el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a empresas que irían a parar tanto a los bolsillos de los presuntos partidos corruptos como a financiar el partido, según las grabaciones del arrepentido Marcos Benavent, el 'yonki del dinero'.

Tras la explosión de los casos de corrupción el PP obtuvo cierto castigo en las instituciones valencianas, perdiendo en mayo de 2015 la Generalitat, las tres capitales de provincia y la Diputación de València. No obstante, el PP, tras las elecciones del 26J parece empezar a remontar el bache, mientras su presidenta Isabel Bonig intenta desvincularse de esta turbia época y enterrar la herencia de sus antecesores afirmando que todo ello “pertenece al pasado”.

Agentes de la Guardia Civil registran desde el mediodía de este lunes el despacho de secretaría del Ayuntamiento de Xàtiva en busca de documentos relacionados con contratos municipales que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la operación Taula, que llevó el pasado mes de enero a la detención y posterior puesta en libertad con cargos de quien fuera alcalde de esa ciudad y presidente del PP provincial y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. En esta operación se investiga la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales que podrían haber financiado irregularmente al PP y también habrían llegado a los bolsillos de los presuntos políticos implicados.

Entre otros documentos, los agentes han recogido información relativa a la reforma de la plaza del toros, la Ciutat de l'Esport, el Centro Cultural de Xàtiva, los centros para discapacitados CEEM y CRIS, la reforma del exconvento de Sant Doménec, el aparcamiento de la Plaça de la Bassa y la contrata de basuras.

Entre las empresas involucradas en la investigación están Llanera, Inditec, Guerola, Acciona y Franjuán. También se investiga el campo de fútbol Paquito Coloma, que entró dentro del plan de la Diputación de instalación de césped artificial, una de las actuaciones de Rus que están en el foco de la investigación judicial.

A media tarde, los agentes todavía permanecían en las dependencias municipales de Xàtiva. Desde las elecciones locales de mayo de 2015 el Ayuntamiento de la capital de la comarca d ela Costera está gobernado por la izquierda, con el socialista Roger Cerdà como alcalde.

Como consecuencia de la operación Taula, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana gobernadas en su momento por el PP.

Victoria parcial del asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, sobre el alcalde de Valencia, Joan Ribó. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia ha anulado la resolución del tripartito municipal -integrado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- por la que suspendía de sueldo y empleo al polémico cargo de confianza de la concejal 'popular', Beatriz Simón, imputado por supuesto blanqueo de dinero negro para financiar las campañas del PP de la ciudad.

Así, en la sentencia se estima el recurso interpuesto por Salom y se anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que aprobó el pasado 5 de febrero en el que se le abría expediente disciplinario. Con esta decisión, el juez obliga al consistorio a abonar las costas, aunque contra ella cabe recurso por parte de la corporación local. Pese a la suspensión de sueldo, Salom seguía cobrando un mínimo de 1.100 euros, ya que al tratarse de una suspensión cautelar, el Régimen Disciplinario de los Funcionarios del Ayuntamiento, por el que también se rige el personal eventual, establece un mínimo de percepción sobre el sueldo base del afectado.

El juez argumenta en su escrito que no consta que “en las actuaciones penales iniciadas por el supuesto caso de blanqueo se haya adoptado medida judicial o cualquier otra que determine la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo en condición de confianza o asesoramiento especial para el PP.”. Es más, indica que “no ha quedado acreditada la existencia de elementos de particular urgencia en el establecimiento de la medida de suspensión provisional”. Y es por eso por lo que el magistrado afea a la junta de gobierno local que no diera audiencia al controvertido asesor del PP.

Pero el magistrado va más allá. Cuestiona las razones dadas por el equipo municipal de Joan Ribó, ya que no entiende por qué su situación procesal “alteraría el funcionamiento de los servicios públicos, ya que por la naturaleza eventual de su puesto de trabajo no puede ejercer de forma directa potestades públicas”. Y le recuerda al consistorio que al tratarse de un delito de tipo patrimonial como es el blanqueo ya le denegó al Ayuntamiento la posibilidad de personarse en la causa como acusación particular debido a que “no se aprecia ni especial titularidad en el bien jurídico protegido ni perjuicio económico estimable”.

Pese a todo, en la sentencia el magistrado reconoce que existe una “amplia discrecionalidad para la adopción de medidas cautelares de suspensión de funciones para empleados” aunque, según el escrito, “la motivación o justificación debe vincularse a que resulte indispensable o muy necesaria para garantizar la normalidad del servicio público o para no perjudicar la instrucción”.

Salom también es conocido por sus controvertidas acciones desde el Ayuntamiento de Valencia y por su elevada actividad en las redes sociales. Su última polémica en las redes fue respecto al sueldo del concejal y diputado provincial de València en Comú, Roberto Jaramillo. También registró la marca Guanyem, con la que se iba a presentar la confluencia encabezada por Ada Colau en Barcelona, que acabó usando la marca En Comú.

Si durante las anteriores comparecencias en la comisión de investigación en las Corts Valencianes sobre la adjudicación de las plazas en residencias el señalado fue el exconseller Rafael Blasco, en este caso ha sido el expresidente de la Cámara valenciana y exconseller, Juan Cotino. José María Peris, representante legal de Geroresidencias -empresa que a través de La Saleta se ha hecho con el monopolio del sector- ha asegurado este lunes que “era público y notorio que Cotino y Savia [la principal beneficiaria del modelo implantado y con participaciones de su sobrino] estaban relacionados”, informa Europa Press.

Pese a que Peris ha señalado esa relación entre la empresa en la que también participaron Enrique Ortiz y Lubasa, ha afirmado que “no hubo ningún trato de favor” en las adjudicaciones, aunque después ha precisado: “Por lo menos en lo que respecta a mi empresa”. El representante legal de la mercantil, en cambio, ha explicado que “hubo empresas que presentaron proyectos sin tan siquiera tener los terrenos”. Y ha negado cualquier encuentro con Cotino.

La intervención del directivo de Geroresidencias ha estado precedida por la de Marcos Turró, de la adjudicataria Cleop. Al estar esta sociedad investigada dentro de la 'operación Taula' la diputada de Compromís Mònica Àlvaro le ha recordado la conversación entre el expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, y Marcos Benavent, exgerente de Imesla, en la que decían que el modelo de accesibilidad en la adjudicación de la plazas era un “chollo”. Y le ha preguntado por si ha pagado 'mordidas' a cambio de la concesión de una parcela en Xàtiva -donde era alcalde Rus- para la construcción de una residencia.

Turró ha negado que pagara comisiones y ha sostenido que nunca ha tenido más relación con Rus “que la ordinaria por tener un centro en Xàtiva, ni con Benavent para cualquier otra cosa que no sea esto”. Sobre las conversaciones ha alegado que no tiene conocimiento de ellas y ha respondido frente a las preguntas de si se había beneficiado: “Que Cleop haya facturado tres millones de euros cuando en esos años se estaba facturando 100...”. Torró también ha negado haberse reunido con Cotino y haber solicitado “a un conseller ni a un director general nada”.

El Partido Popular ocultó durante 14 días que Rita Barberá ya había declarado ante Francisco Molinero, el instructor encargado de la investigación interna sobre la posible financiación ilegal del PP de Valencia. La opacidad en torno a este hecho se extendió a varios de los máximos dirigentes de la formación a quienes también se ocultó que la veterana política ya había pasado por Génova 13 para dar su versión sobre el papel desempeñado en la presunta financiación ilegal del PP de Valencia que investiga la justicia.

eldiario.es informó este sábado de que el PP tenía previsto aplazar la comparecencia hasta después de las elecciones porque así lo aseguró una fuente del comité de dirección del Partido el pasado jueves, a preguntas de esta redacción. Además, los portavoces oficiales de Génova negaron cualquier información sobre la declaración de Barberá con el argumento de que los expedientes informativos no son objeto de comunicación pública.

En el PP se mantiene la intención de no resolver el procedimiento hasta después del 26J o, al menos, eso es lo que trasladan los dirigentes más críticos con Barberá. La exalcaldesa de Valencia tenía el compromiso de su partido de mantener en secreto el desarrollo del procedimiento pero ha sido uno el número tres de la formación el que ha decidido deshacer el misterio.

Fernando Martínez Maillo rompió este martes el silencio desde los micrófonos de la Cadena Ser en donde confirmó que la declaración ya se había producido. Fuentes cercanas a la exalcaldesa han asegurado a eldiario.es que Barberá salió muy satisfecha tras su entrevista con el investigador interno.

Mientras tanto, los dirigentes que forman parte del comité de dirección del PP no saben nada sobre la marcha del expediente. En este grupo hay varios nombres como Pablo Casado, Javier Maroto o Andrea Levy que han sido muy críticos con la exalcaldesa de Valencia. Precisamente el grupo de los críticos, a los que Barberá denomina despectivamente como “los jóvenes”, se han quedado al margen de las últimas noticias sobre la declaración de Barberá.

No participará en la campaña

Barberá busca ahora una posición discreta, segura del apoyo que Rajoy le brinda y del que alardea en conversaciones con sus compañeros. La exalcaldesa se apartará de los focos y nadie en Génova 13 le ha pedido aportación alguna durante los actos de campaña. La senadora se mantiene a la espera, parapetada en el blindaje judicial que le ofrece su condición de aforada como senadora.

No está previsto que el Supremo tome ninguna decisión sobre la imputación de Barberá hasta las elecciones del 26J. Según fuentes del alto tribunal, “es norma no escrita en el Supremo que, convocadas las elecciones, no se adopten decisiones que pudieran afectar a las candidaturas en liza”. Aunque Barberá no es candidata al Congreso, el mundo judicial la considera “una figura relevante en el PP”.