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Las pruebas que acumula la UCO sobre el PP de València vuelven a poner el foco en Rita Barberá

Una cuenta del PP municipal usada para ingresos electorales, empresas donantes y asesores para el 'pitufeo', claves de la trama

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La Fiscalía envía al Supremo la denuncia a Barberá por sus gastos de alcaldía

Rita Barberá, senadora del PP EFE

Rita Barberá será algo más que una piedra en el zapato de Mariano Rajoy en las negociaciones con otros partidos para conformar gobierno. La ex alcaldesa de València vuelve a la primera línea de los titulares tras conocerse más detalles del informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil sobre cómo gestionaba el grupo municipal del PP el dinero de presuntas donaciones irregulares que realmente servían para financiar al partido en las elecciones de 2011 y 2015.

Para la presunta financiación irregular el PP de València requería de diferentes elementos necesarios: una cuenta oculta a través de la que se tenía que operar, empresas que aportasen las donaciones o comisiones sospechosas, y la colaboración de los propios miembros del partido.

La cuenta

Una de las principales claves de la organización está en la cuenta a través de la cual se operaba, una cuenta bancaria que en teoría servía para la operatividad del día a día del PP municipal, pero que realmente operaba para financiar al partido y que por lo tanto escapaba al control fiscal al que se debería someter. El informe de la UCO explica que "la cuenta se utilizaba como si de la cuenta del partido se tratara pero con la ventaja que suponía estar bajo la titularidad del Grupo Municipal, pero permaneciendo fuera del control de ningún órgano de fiscalización”.

El mismo informe de la UCO apunta que en la cuenta se hacían ingresos "bajo conceptos indeterminados" los cuales "ocultan verdaderas donaciones al partido político, y que debían haber sido canalizadas a través de la cuenta específica de donaciones que prevé la ley". Esta indeterminación provocaba que no hubiese ningún tipo de control y que podrían haberse utilizado para gastos electorales, como habría declarado la propia secretaria del Grupo Municipal del PP, Mari Carmen García Fuster.

Con todo la falta de control de la cuenta habría permitido al PP de la ciudad de València "superar los echos de gastos electorales establecidos sin que tuviera reflejo en la contabilidad global del partido", lo cual indica que se habría podido utilizar como 'caja B'.

Las empresas

La cuenta era un instrumento, pero para que este instrumento funcionase hacía falta el combustible del dinero, y ese dinero lo proporcionaban presuntamente empresas afines al PP. Por una parte existían las donaciones anónimas, por otra el presunto cobro de comisiones, entre estas se sospecha de una empresa, la Agencia Trasgos, que durante los 24 años de gobierno de Rita Barberá habría acumulado un total de 2,7 millones de euros facturados en contratos fraccionados.

Algunas de estas empresas sobre las que sospecha son las que aparecen también en las grabaciones de Marcos Benavent (el 'yonki del dinero') y que se habrían visto beneficiadas de los amaños de contratos y su correspondiente cobro de comisiones. Entre ellas estarían las concesionarias del centro cultural La Rambleta, que habría obtenido su gestión por 20 años a razón de 3 millones por año. Otro de los amaños a los que se hacía referencia en las mismas grabaciones era el de la rehabilitación de las Torres de Quart, donde se hablaba de nombres como el de Alfonso Rus y cómo se debían repartir las comisiones entre presuntos corruptos y el PP.

Los 'blanqueadores'

Para cerrar el círculo se necesitan los actores dentro del PP que organizasen la trama. Estos son fundamentalmente el medio centenar de imputados -figura ahora sustituída por la de investigados- entre los que están 9 de los actuales 10 concejales del PP de València además de ex ediles y asesores del partido.

Estos habrían actuado como ejecutores del 'pitufeo' (blanqueo de capitales a pequeña escala) a través del conocido método del ingreso de 1.000 euros en la cuenta investigada, y la devolución bajo mano del dinero a través de dos billetes de 500 euros procedentes del dinero de las empresas 'colaboradoras', con lo que se conseguía 'legalizar' el capital.

Este procedimiento ha sido  reconocido por algunos de los ex asesores del PP que se negaron a colaborar en la trama, pero negado por los que sí habrían hecho la aportación, como el asesor Luis Salom que atribuyó la acusación a su "notoriedad". No obstante la UCO también acredita en su informe la devolución en metálico del dinero aportando  conversaciones por WhatsApp de Salom junto a otros asesores que ironizaban sobre la corrupción que afectaba al PP y el cobro de los billetes de 500. Esto ha sido desmentido por Luis Salom afirmando a través de su cuenta de Twitter que "Es gravíscimo que la Guardia Civil manipule un informe judicial y tengo pruebas exactas para demostrarlo. Nos vemos en los tribunales".

Pero estos 'peones' necesitaban un jefe de pelotón al que la investigación apunta que era la secretaria y mano derecha de Rita Barberá dentro del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster. Esta, según diversos testigos, habría coaccionado a algunos investigados a coger el dinero 'B', llegando ha realizar amenazas laborales.

García-Fuster, detenida en un principio y ahora en libertad bajo fianza, declaró ante el juez que había un "recaudador", que quiso mantener en el anonimato, que le entregaba el dinero donado, dinero que ella misma se habría encargado de ingresar en la cuenta.

Rita Barberá

Todo esta trama de momento ha podido ser esquivada por Rita Barberá, quien reconoce una estrecha amistad familiar con Mari Carmen García-Fuster, y a quien dentro del PP consideran como "brazo ejecutor" de la ex alcaldesa. Rita Barberá siempre se ha escudado con que no ha tenido ningún cargo orgánico en el PP pese a haberlos liderado durante más de dos décadas, y que no tenía ninguna responsabilidad dentro del comité electoral.

No obstante la sombra sigue sobre Barberá y el juez no descarta su imputación, que debe superarse con el  blindaje que le brinda el PP con su aforamiento en el Senado y que necesita la entrada en juego del Tribunal Supremo.

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