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La posible condena al PP por los ordenadores de Bárcenas: una multa de 21.600 euros a 3,6 millones

Una reforma impulsada durante su último gobierno permite sentar en el banquillo a los partidos políticos 

La ley castigaba en 2013 el delito de daños informáticos con entre 6 meses y dos años 

Las personas jurídicas 'cambian' la cárcel por una multa de entre 30 y 5.000 euros por cada día de condena que cuenta el Código Penal 

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Rajoy celebra en el balcón de Génova la victoria electoral en los comicios locales de 2011. Foto: Emilio Naranjo / Efe

Rajoy celebra en el balcón de Génova la victoria electoral en los comicios locales de 2011. Foto: Emilio Naranjo / Efe

El auto de procesamiento en el caso de los 'ordenadores de Bárcenas' coloca al Partido Popular más cerca de convertirse en la primera formación política en España que se sienta en el banquillo de los acusados. Gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2012, que su propio Gobierno impulsó, es posible pedir responsabilidad penal a un partido político para determinados delitos. Uno de ellos es el de daños informáticos, castigado en el momento en que el PP borró los discos duros de Luis Bárcenas con entre seis meses y dos años de prisión, que se traduce en una multa para las personas jurídicas.  

El Código Penal sitúa esa multa entre un mínimo de 30 euros diarios y un máximo de 5.000. En el caso de que el PP fuera condenado a la mayor pena posible, dos años, y teniendo en cuenta que la ley entiende por un año 360 días, la multa máxima que podría recibir el Partido Popular es de 3,6 millones de euros. El margen entre la multa mínima y la máxima diaria es tan grande que, si llegara finalmente a sentarse en el banquillo y también a ser condenado, la multa podría quedarse en 21.600 euros, en la versión más favorable para el partido de Mariano Rajoy.

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, considera que el PP es responsable indiciario del borrado de los discos duros que había utilizado Bárcenas de la siguiente forma: “Por no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de este delito, toda vez que todavía en fechas actuales no existe un inventario de los elementos informáticos existentes en su sede”.

Y añade la magistrada: “Se funciona con la presunción de que lo que hay en su interior es del Partido, no existe un protocolo interno de seguridad pues como tal, no puede considerarse, de forma seria y rigurosa, el simple folio que contiene un denominado procedimiento de borrado seguro”, que, además, no era conocido por nadie dentro de Génova, concluye.

El artículo 264 del Código Penal vigente en 2013 recoge en su punto 1: “El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. Tanto fuentes de la acusación popular como los penalistas consultados consideran que este punto del artículo es el que mejor plasma la presunta actuación del PP.

Se salva del encubrimiento

Con todo, las reformas legislativas ahorran al Partido Popular el trago de ser acusado del delito de encubrimiento, el que la magistrada atribuye indiciariamente a su tesorera actual, Carmen Navarro; y al director jurídico, Alberto Durán. Ambos son personas de la total confianza de la dirección del partido y a ellos dedica la jueza alguno de los párrafos más duros de su auto de pase a procedimiento abreviado.

La jueza dice que actuaron indiciariamente con la “determinación de impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos" que Bárcenas guardaba en los discos duros pudieran ser conocidos por los investigadores. Si a esto se añade que la magistrada confiere credibilidad a la afirmación del extesorero de que esos ordenadores guardaban datos de la financiación irregular del PP, la magistrada acusa a Navarro y Durán de boicotear la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja del partido.

Para sabotear esa investigación, abogado y tesorera, "acordaron su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer su observación directa o mediante estudio pericial que se almacenaba en su interior", asegura en el auto. El jefe de informática, José Manuel Moreno, resultó "imprescindible" para la presunta comisión del delito, añade la jueza.

El PP hizo público un comunicado en la tarde de este martes anunciando su recurso y el del resto de imputados contra el auto y lamentando que la jueza acepte de forma “acrítica” la versión de Bárcenas.

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