Carlos Guerriero está acostumbrado a ganar con sus helados. Su sabor de crema al jerez arrasó en todos los certámenes por donde iba. Y ahora acaba de crear el Sherrymisú, una combinación entre el tiramisú y el amontillado, que se ha hecho con el galardón en la final ibérica del Gelato Festival World Masters. Su formación química y su pasión heladera le han hecho ganar otros premios menos tangibles relacionados con los resultados de sus investigaciones. “He visto a niños diabéticos llorando junto a sus padres porque, por fin, han podido probar un helado”, celebra emocionado como el que levanta un trofeo. Ese helado apto para diabéticos y otro que investiga con propiedades antioxidantes forman parte de la cartera de patentes de la Universidad de Cádiz. Es el refrescante trabajo que se sirve en cucurucho o tarrina desde la capital gaditana.

Carlo Guerriero es italiano, de San Donà di Piave, en la provincia de Venecia, aunque criado en la zona de Bolonia. Llegó a Cádiz hace casi 20 años para profundizar en sus estudios de química y fue el amor el que le retuvo en España. Conoció a su esposa, forjó su familia en tierras gaditanas y aquí se quedó para poner en marcha finalmente ‘La cremería’, un pequeño local cerca de la playa de La Victoria, reconocible desde la primavera por las largas colas que se forman para comprar algunos de sus productos.

“Ahora es verdad que hay escuelas exclusivamente dedicadas a la heladería, pero cuando yo empezaba no se la tenía muy en cuenta. Es un mundo muy bonito”, explica Guerriero. Su formación científica le ha permitido experimentar con sabores propios y singulares, probar ingredientes innovadores y utilizar diferentes técnicas para mejorar la cremosidad y hacer sus productos más especiales. Mientras crecía su negocio, él ha seguido alimentando su ansia investigadora con formación específica en nutrición, biomedicina y biomoléculas.

La Universidad de Cádiz cerró 2024 presentando una cartera de 24 patentes, nuevas invenciones que han sido objeto de estudio de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, con el que cuenta el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Son muy diversas: entre otras, un método para detectar intolerantes a estatinas en pacientes con riesgo cardiovascular, un sistema para mejorar el confort acústico en incubadoras, elementos de hormigón optimizados, o una mezcla estabilizada basada en edulcorantes naturales para fabricar helados aptos para su consumo por personas con diabetes.

La patente heladera, con los profesores Alfonso Lechuga y Enrique Durán como referentes, busca una combinación de edulcorantes, estabilizantes y fibra “calculada para respetar los parámetros técnicos necesarios para la producción de helados de calidad, aunque no posea experiencia en su fabricación, y que, además, permite que se apto para consumo con diabetes”. Esa mezcla asegura un sabor natural y una textura cremosa, sin enmascarar el sabor de los demás ingredientes. “Es un helado que ya hemos probado con pacientes infantiles del Hospital Puerta del Mar y se ha comprobado que todos ellos, con diabetes del tipo uno, han mantenido sus niveles de glucemia constantes”, resalta Carlo Guerriero.

“Ha habido helados sin azúcar, pero que perdían el sabor”

El trabajar con niñas y niños, poco o nada acostumbrados a los helados por su enfermedad, ha sido altamente satisfactorio. “Algunos lloraban de alegría porque era una experiencia nueva que nunca habían sentido”, detalla emocionado. “Ha habido helados sin azúcar, pero que perdían el sabor. Si usas otros edulcorantes te llega un retrogusto diferente. Por ejemplo, la estevia trae un retrogusto a regaliz, además de que el esteviol tiene efectos laxantes. Otros como el sorbitol, que es un polialcohol, genera problemas digestivos”. La patente de la UCA utiliza un carbohidrato que se asimila como el azúcar, pero con una ruta metabólica diferente que impide subir el nivel de glucemia.

Guerriero tiene en marcha otra patente más. Va en busca de un helado más saludable. “Queremos encontrar un helado que con propiedades antioxidantes, gracias al orujo del vino blanco. Estamos trabajando con uva palomino, que es la de aquí”. Mientras avanza en sus patentes, que permitirán comercializar en un futuro estos productos para extender y abrir a todos los públicos la producción heladera, sigue ganando concursos por donde va. Tras trabajar con éxito el vino oloroso de Jerez, ahora su sabor Sherrymisú ha sido considerado el mejor de España y Portugal en el Gelato Festival World Master. Ha sido la final ibérica. En octubre acudirá a la final europea, y después ya sabrá si puede ir a la mundial. La clave es haber mezclado un tiramisú, muy propio de su país y de la zona donde se crio, con un vino de Jerez, cercano a su tierra de acogida, acompañado de una galleta saboyarda, bañada en café.

Mientras tanto, ya tiene en mente y en desarrollo una tercera patente. Está menos avanzada y, por tanto, sobre ella aún pesa el secretismo que requiere la fase de elaboración. Solo adelanta que está basada “en un compuesto nuevo que aún hay que presentar”. Lo envuelve en un sentido e intrigante misterio. “Es algo extremadamente innovador”.

Primero fueron los aranceles al coche eléctrico y la marginación de los productos sanitarios, y ahora las altas tecnologías, como el 5G. La Comisión Europea ha elevado una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra China por el abuso de las patentes europeas, particularmente en el sector de las telecomunicaciones. Bruselas y Pekín llevan tiempo discutiendo las brechas de la propiedad intelectual en el gigante asiático, que supone un abuso para las empresas del viejo continente, pero no han llegado a un punto de entendimiento. El movimiento del gobierno comunitario supone el primer paso para un nuevo litigio comercial.

El conflicto parte de la autorización que Pekín ha hecho a los tribunales de ese país para que fijen tasas de derechos de autor vinculantes a nivel mundial para las patentes de tecnologías europeas, pero sin el consentimiento de los titulares de dichas patentes. Para Bruselas, China “presiona a las empresas innovadoras europeas de alta tecnología para que reduzcan sus tasas a nivel mundial, dando así a los fabricantes chinos un acceso más barato a esas tecnologías europeas de manera injusta”. Eso es, a juicio de las autoridades europeas, un abuso para los innovadores europeos. Lo que explica la Comisión Europeo es que supone una “desventaja” para las compañías de altas tecnologías porque no pueden ejercer sus derechos de autor.

También considera que incumple el acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC al “interferir indebidamente en la competencia de los tribunales de la UE en cuestiones de patentes europeas”.

Ante esa situación y la incapacidad de haber solventado el conflicto entre las dos partes, la Comisión Europea lo eleva a la OMC para que soluciones “las diferencias” y “con el fin de garantizar que sus industrias de alta tecnología -en particular en el sector de las telecomunicaciones- puedan ejercer efectivamente sus derechos de patente y proteger sus inversiones en innovación”, según recoge el gobierno comunitario en un comunicado. Ahora se abrirá un periodo de 60 días para intentar consensuar una solución y, de no ser posible, se pasará a la siguiente fase, que consiste en la creación de un grupo especial que se pronuncie sobre el asunto.

No es el único conflicto de la guerra comercial que llega a la OMC. Recientemente, Bruselas denunció ante la organización los aranceles que China impuso a productos alcohólicos como el brandy en respuesta a los que la UE puso a los vehículos eléctricos fabricados en ese país, que otorga subsidios a las empresas, que sobreproducen, y están inundando el mercado europeo a precios más bajos.

En 2022, Bruselas escaló el conflicto a la organización para dos de sus disputas comerciales abiertas con China: las restricciones comerciales que Pekín aplicó contra las exportaciones lituanas por su relación con Taiwán y que aún sigue su curso; y las restricciones que ejerce China el acceso de los titulares europeos de patentes de alta tecnología a los tribunales de la UE para proteger y hacer valer sus derechos de manera efectiva.

Aunque siempre se ha dicho que es bueno empezar con buen pie cualquier reto, a veces lo importante es terminarlo... con un buen calcetín, una prenda a la que le han dedicado tres años de trabajo investigadores de la Universidad de Extremadura para que permita reducir la fatiga y otras molestias.

Los calcetines logrados, creados por podólogos atendiendo a principios biomecánicos, mejoran el apoyo del pie y optimizan la pisada, gracias a que incorporan acolchados estratégicos que facilitan el desplazamiento, dan mayor descanso muscular al pie, aportan estabilidad y reducen la sensación de fatiga, pie abierto y molestias diversas.

Tres años de estudio y labor concienzuda han permitido a cinco investigadores de Biomecánica y Ortopedia del Pie de Extremadura (Biopiex) de la Universidad de Extremadura, adscrito al Centro Universitario de Plasencia (Cáceres), han patentado estos calcetines y, además, han logrado ponerlos en el mercado gracias a una empresa.

Raquel Sánchez, Elena Escamilla, Beatriz Gómez y Juan Francisco Morán, coordinados por el profesor de Grado de Podología Alfonso Martínez, conforman este grupo de investigación, cuyo trabajo ha terminado con buen pie: del laboratorio al mercado.

Primero fue la idea, según han relatado a EFE; intentar poner en un calcetín elementos que habitualmente se incorporan en las plantillas, como son diferentes alturas -acolchados-, para acomodar el pie en una mejor posición, darle descanso y evitar las molestias y dolores que sufre una parte importante de la población. “Esto era algo que no se había hecho nunca en un calcetín y tampoco sabíamos si era viable, por lo que ideamos una patente, la cual fue aceptada tras ser registrada por la Universidad de Extremadura”, ha explicado Alfonso Martínez.

El segundo paso era fabricarlo, “pero nosotros -añade- no teníamos la manera de hacerlo”, por lo que los investigadores presentaron su idea a la empresa Podoks, un fabricante de calcetines deportivos. En un trabajo conjunto lograron desarrollar un prototipo de calcetín terapéutico que cumplía con las expectativas del grupo Biopiex. El producto, que fue testado en el propio Centro Universitario de Plasencia con muestras repartidas entre la población, “funcionó”. “Ya que hemos comprobado que la presión plantar, es decir, cuando apoyas el pie, cambiaba a mejor con el nuevo calcetín”, ha expuesto el coordinador del proyecto.

Pies más descansados

Martínez ha llamado la atención ante el hecho de que el uso de estos calcetines biomecánicos “no sustituye a un tratamiento médico, pero sí es cierto que con una prenda que usamos prácticamente a diario se puede ayudar a que el pie esté más relajado y descansado”.

Así, el calcetín con sello de calidad extremeño tiene localizado un elemento de desarga conformado por una zona acolchada en un sector central de su cara plantar coincidente con la parte de apoyo delantero del pie o antepié. Dicha zona acolchada, con forma de cuña, presenta una discontinuidad o abertura concebida para alojamiento de una o más prominencias óseas del pie, como por ejemplo una o más cabezas metatarsales, que requiera ser acomodada y/o aliviada de presión o carga.

De esa manera, las zonas anatómicas plantares que permanecen en contacto con la zona acolchada del calcetín mantienen el contacto con el suelo a través de dicha zona acolchada, por lo que la prominencia ósea comprometida queda ligeramente elevada respecto del suelo, contactando con menor intensidad y reduciendo la presión a la que se ve sometida. “El modelo específico que hemos inventado en la Universidad de Extremadura está concebido para relajar el pie y producir la descarga metatarsal y con eso lo que hacemos es ganar en comodidad y aliviar el dolor de pies”, ha destacado.

“Creemos que hay un nicho de mercado para nuestro invento, lo que significa que todo el apoyo económico que nos ha dado la Universidad de Extremadura retornará a través del acuerdo con la empresa”, ha añadido. 

Nuevo paso en la guerra comercial entre la Unión Europea y China. Bruselas ha solicitado este miércoles el establecimiento de sendos paneles en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para dos de sus disputas comerciales abiertas con China: las restricciones comerciales que Pekín ha aplicado contra las exportaciones lituanas y las exportaciones europeas con productos lituanos desde diciembre de 2021; y las restricciones que ejerce China el acceso de los titulares europeos de patentes de alta tecnología a los tribunales de la UE para proteger y hacer valer sus derechos de manera efectiva.

“En ambos casos, las medidas de China son muy dañinas para las empresas europeas”, dice la UE en una nota publicada este miércoles: “Las medidas discriminatorias de China contra Lituania afectan el comercio dentro de la UE y las cadenas de suministro dentro de la UE, y afectan el funcionamiento del mercado interno comunitario”.

A partir de aquí, el órgano de resolución de disputas de la OMC discutirá la solicitud de la UE el 20 de diciembre. China puede presentar alegaciones. Si lo hace, la UE renovará la solicitud y el panel se establecerá en el 30 de enero de 2023. Los trabajos del panel se pueden prolongar durante 18 meses.

Caída del comercio de Lituania en un 80%

Desde diciembre de 2021, “China ha aplicado medidas discriminatorias y coercitivas contra las exportaciones de Lituania y contra las exportaciones de productos de la UE con contenido lituano”, explica Bruselas: “Lo cual ha supuesto rechazos de las importaciones lituanas por parte de las autoridades aduaneras chinas, restricciones a la importación que afectan a las empresas multinacionales que utilizan insumos de Lituania y una reducción de las exportaciones chinas a Lituania. China también ha formalizado prohibiciones completas de importación de alcohol, carne de res, productos lácteos, troncos y turba enviados desde Lituania, utilizando argumentos fitosanitarios para hacerlo. Cuando se le pidió más explicaciones, China no demostró que estas prohibiciones estuvieran justificadas. Las estadísticas aduaneras chinas muestran que el comercio de Lituania a China cayó un 80% de enero a octubre de 2022 en comparación con el año anterior”.

“Al solicitar un panel de la OMC, la UE está protegiendo a sus Estados miembros contra las medidas discriminatorias de China, que la UE considera que infringen las normas de la OMC”, sostiene la COmisión Europea.

“Mandatos judiciales anti-demandas” chinos

Desde agosto de 2020, los tribunales chinos han emitido decisiones, conocidas como “ordenes judiciales anti-demandas”, que “impiden que las empresas con patentes de alta tecnología (conocidas como patentes estándar esenciales) protejan de manera efectiva sus tecnologías en tribunales no chinos, incluidos los tribunales de la UE”, sostiene la Comisión Europea.

Estos “requerimientos judiciales anti-demandas limitan indebidamente la capacidad de los titulares de patentes de alta tecnología, por ejemplo, una empresa europea propietaria de tecnología de telefonía móvil, de acudir a un tribunal de la UE para resolver una disputa con un posible licenciatario, por ejemplo, un fabricante chino de teléfonos móviles. La infracción de estas medidas cautelares acarrea multas de hasta 130.000 euros diarios”, afirma la Comisión Europea.

“Las empresas europeas poseen una serie de patentes de alta tecnología que otorgan a la UE una ventaja tecnológica. La medida china priva efectivamente a las empresas europeas de alta tecnología de la posibilidad de ejercer y hacer valer sus derechos de patente dentro de la UE o en cualquier otro tribunal fuera de China”, argumenta el Ejecutivo comunitario: “Cuando haya cuestiones relativas a los derechos de patentes de la UE, los tribunales de la UE deben decidir. Por su parte, los fabricantes chinos solicitaron estas medidas cautelares para presionar a los titulares de derechos de patentes para que les concedieran un acceso más barato a la tecnología europea”.

La UE considera que “las medidas chinas son incompatibles con el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la OMC”.

“A través de estas medidas cautelares contra demandas, China impone reglas unilateralmente en beneficio de sus propias empresas, en detrimento del sistema multilateral de la OMC para la protección de los derechos de propiedad intelectual”, afirma la Comisión Europea: “Al solicitar un panel de la OMC en este caso, la UE busca garantizar que su industria de alta tecnología pueda ejercer efectivamente sus derechos de patente para proteger la inversión en innovación”.

Hace un par de años, la Agencia Europea del Medicamento llamó a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para preguntar cuál era el secreto por el que en España se trabaja tan bien en investigación biomédica y se realizan tantos ensayos clínicos. “Les contamos”, relata hoy José María Moraleda, coordinador de la RICORs TERAV del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), “que es por la implicación del Estado, de los Ministerios de Ciencia y Sanidad en terapias avanzadas, que se traduce por ejemplo en tener una plataforma de salas de reproducción celular repartidas por todo el país que nos permite hacer los ensayos, por la financiación pública (aunque sea justita) para hacerlos junto a la red de hospitales, que colabora para hacer estos estudios (baratos), y por último por haber tenido una relación excelente de colaboración con la AEMPS. Este conjunto origina que pudiéramos tener ese liderazgo”.

¿El problema? Que como país nos quedamos ahí, continúa el también jefe de Servicio del hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. En la fase I (de tres) de los ensayos clínicos, cuando se empieza a evaluar el potencial de un posible producto (un aparato médico, un tratamiento, un medicamento), pero lejos aún de que sea una realidad que sirva para algo de manera práctica y que se pueda comercializar.

Somos punteros generando ideas, dicen quienes saben de esto, pero no las fabricamos. “Porque no sabemos de negocios. No tenemos ni idea de cómo trasladar ese conocimiento a media o gran escala. Es una barrera, un cuello de botella, que hace daño al potencial tejido industrial del país. Se quedan ideas ahí latentes que no acaban de fructificar”, relata.

Eso queda para otros, habitualmente grandes empresas farmacéuticas extranjeras, que al final son los que se llevan el reconocimiento y el dinero que generan investigaciones realizadas, al menos en parte, con dinero público. Y luego toca recomprar estas patentes a un alto precio para ponerlas a disposición de la sociedad, por lo que el Estado paga dos veces por lo mismo.

Cuando un producto tiene una aplicación posible y puede acabar en la industria, el científico ya ha terminado su trabajo, que es creativo. Eso está en manos de las empresas. Y en España falla estrepitosamente porque tenemos un tejido industrial muy pequeño

Este diagnóstico es compartido entre los profesionales del sector. Damián García Olmo, jefe de Departamento de Cirugía de la Fundación Jiménez Díaz y Catedrático de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), explica brevemente cómo suele darse este proceso: “En España hay fantásticas ideas de gente muy creativa, y las primeras fases de desarrollo se suelen desarrollar en la academia, universidades, en el mundo público. Son fases con una financiación muy justita, y cuando se ve que hay una aplicación posible y puede acabar en la industria, el científico (de nuevo: habitualmente público, de las universidades) ya ha terminado su trabajo, que es creativo y no industrial. Esta está en manos de las empresas, del tejido industrial. Y eso en España falla estrepitosamente porque tenemos un tejido muy pequeño. Las empresas del sector son muy pocas. Entonces, [con el trabajo del científico ya realizado y sin capacidad de ir más allá], damos a conocer las ideas [porque los científicos necesitan y quieren publicar para hacer currículum]. Se publican o se hace una patente [de una idea prometedora pero sin desarrollar] que se vende por muy poco dinero y la inversión no vuelve al sistema público”.

“Son comercializados por empresas privadas a precios desorbidatos”

La organización Salud por Derecho, que acaba de realizar un estudio abordando la situación, resume lo que acaba sucediendo. “Lamentablemente, en la mayor parte de ocasiones, los productos finales son posteriormente comercializados por empresas privadas a precios desorbitados que les generan enormes beneficios. Cómo garantizar el rendimiento y el retorno social de la inversión pública sigue siendo un gran desafío para todos los financiadores y las instituciones públicas de investigación”, explica la organización.

En el informe Licencias y acceso a tecnologías de la salud: superando los obstáculos para el retorno de la inversión pública en I+D se explica que en la elección del tipo de patente que se aplica a un producto influyen una gran variedad de factores. La naturaleza del producto desarrollado o la situación específica del sector específico en el que se encuadre son dos de ellas.

“La teoría es que las innovaciones en un estado embrionario van a requerir una licencia exclusiva para atraer la inversión privada [para desarrollar el producto], mientras innovaciones más genéricas o avanzadas en su desarrollo pueden licenciarse de manera abierta”, exponen, para acto seguido auto matizarse y añadir que otras investigaciones señalan como más determinante “la falta de capacidad de las oficinas de transferencia, el conocimiento del mercado o las limitaciones financieras”, entre otras.

Para evitar que esto suceda, España se va a dotar de una sociedad público-privada que pueda abordar esa última fase del desarrollo de los productos, la que cuesta más, según anunció la ministra Diana Morant. El ministerio no ofrece mucha información por el momento sobre esta futura empresa: “El Gobierno va a constituir una sociedad mercantil conjuntamente con empresas farmacéuticas españolas para acelerar la llegada al mercado de las investigaciones que se llevan a cabo en el sistema de ciencia español y que los ciudadanos (o los sistemas nacionales de salud) puedan beneficiarse de ello garantizando un acceso universal a través de la colaboración público-privada”, explican fuentes del departamento.

“La sociedad mercantil de terapias avanzadas, con la participación de socios privados con capacidad de fabricación y escalado industrial, permitirá abordar las fases clínicas finales 2-3, la autorización y, eventualmente, la comercialización de los medicamentos de terapia avanzada. Al actuar el Estado como coinversor en esta sociedad mercantil se asegura el retorno público y se favorece la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, añaden.

Aunque apenas hay información por el momento –pública, al menos– sobre esta sociedad, actores involucrados en la investigación creen que es más que necesaria. “Personalmente”, se desliga de su cargo institucional por un instante Moraleda, “creo que hace falta. Hace falta que nos ayuden en vez de darle todo a las farmacéuticas, que revierta en el estado español”.

“Nosotros no podemos pagar eso”

Licenciar una patente se va encareciendo según se va avanzando en la investigación y desarrollo de un producto. El primer año puede costar unos 15.000 euros, el segundo 20.000 y puede llegar a cifras de seis guarismos en estadios más avanzados, explican fuentes conocedoras de estos procesos.

“Nosotros no podemos pagar eso con los fondos de la universidad”, explica García Olmo. Ahí entran en juego las OTRI (Oficinas de Transferencia) que tienen los campus, que negocian con las empresas que luego van a desarrollar los productos una vez demuestran su potencial. “A nosotros solo nos queda esperar que negocien bien” para que la comercialización revierta en la universidad.

García Olmo, uno de los investigadores punteros del país, cuenta su último caso de éxito: “Hemos encontrado una forma de tratar el estroma del cáncer rectal con una sustancia llamada colagenasa que hemos patentado, y una empresa llamada COMBAT –que se dedica a fabricar aparatos para estos tratamientos– ha llegado a un acuerdo con la Fundación Jiménez Díaz y con la UAM. Ellos pagan los gastos, se hacen cargo del mantenimiento de la patente, que es una liberación increíble para nosotros, pero la propietaria de la patente es la UAM, que recibe royalties por un medicamento que desarrollamos. A nosotros [su equipo tiene una decena de patentes en el mercado] nos hace mucha ilusión cuando nos compran una porque eso significa que le retorna a nuestra institución”.

Mientras se crea esta sociedad, van surgiendo otras iniciativas. Este pasado jueves se presentó CERTERA, un consorcio del Instituto de Salud Carlos III para crear terapias avanzadas con la misma filosofía que la empresa que quiere crear Ciencia. La ministra Morant anunció en un acto organizado por elDiario.es que estará dotado de 45 millones de euros. “Tenemos que fortalecer un sistema que ya existe de terapias hospitalarias en fase clínica o preclínica que se desarrollan en los centros”, explicó la ministra. Moraleda cree que “incluir en el PERTE [los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica] algo científico-tecnológico es uno de los aciertos relevantes del ministerio. Es un cambio de paradigma en cuanto a innovación”.

Tanto Moraleda como García Olmo creen que España necesita impulsar la colaboración público-privada para el desarrollo de este tipo de investigaciones. “El gap [el agujero] es la comunicación entre la academia y las empresas. Muchas veces se intenta solventar de forma ridícula, que es pensando que los investigadores o las universidades van a fabricar algo. Esto no va así. El mundo funciona de manera que para que algo de lo que se inventa llegue a la sociedad o al enfermo es necesario un tejido empresarial, pero en España, por la (en este sentido) sorprendente historia que tenemos hay una animadversión hacia la creación de empresas, se demoniza a los empresarios y la colaboración público-privada”, lamenta García.

“Somos partidarios de la colaboración público-privada, pero con retornos a lo público sustanciosos porque hacemos la parte más difícil”, coincide Moraleda en alusión a la creatividad y crear algo de la nada frente al desarrollo de una idea ya trabajada.

La farmacéutica Moderna presentó una denuncia contra las compañías Pfizer y BioNtech, a quienes acusa de haber infringido la patente sobre ARNm que la compañía presentó entre 2010 y 2016 como parte del desarrollo de la tecnología de ARNm, empleada en la reciente vacuna contra la covid-19. Por su parte, BioNTech defendió que su vacuna es “original” y han indicado que se pretenden defender “enérgicamente” de las acusaciones.

“Presentamos estas demandas para proteger la innovadora plataforma de tecnología de ARNm en la que fuimos pioneros, en la que invertimos miles de millones de dólares para su creación y que patentamos durante la década anterior a la pandemia de covid-19”, aseguró hoy en un comunicado el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel.

Según Moderna, la estadounidense Pfizer y la alemana BioNtech, que desarrollaron una vacuna propia contra el coronavirus empleando también la tecnología de ARNm, “copiaron ilegalmente los inventos de Moderna y han seguido usándolos sin permiso”, dijo la directora legal de la farmacéutica Shannon Thyme Klinger.

“Copiaron dos características clave”

“Moderna cree que Pfizer y BioNTech copiaron dos características clave de las tecnologías patentadas de Moderna que son fundamentales para el éxito de las vacunas de ARNm”, recoge el escrito difundido este viernes, que asevera que ambas compañías carecían del nivel de experiencia necesario para el desarrollo de vacunas basadas en tecnología de ARNm cuando estalló la pandemia de coronavirus en 2019.

La empresa con sede en Massachusetts (Estados Unidos), argumenta que en octubre de 2020 se comprometió a no reclamar sus derechos sobre las patentes relacionadas con la covid-19 mientras continuara la pandemia.

Sin embargo, sostiene que en marzo de 2022 actualizó este compromiso asegurando que no exigiría ninguna reclamación en los 92 países considerados de bajos y medios ingresos por el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud y por la fundación GAVI.

En la nota, Moderna argumenta que a partir de marzo de este año “cuando la lucha colectiva contra la covid-19 entró en una nueva fase y el suministro de vacunas dejó de ser una barrera para el acceso en muchas partes del mundo” , la compañía “esperaba que empresas como Pfizer y BioNTech respetaran sus derechos de propiedad intelectual y considerarían una licencia comercialmente razonable en caso de solicitarla para otros mercados”.

Moderna subraya que con su denuncia no busca la retirada de “Cominarty”, nombre comercial de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech o compensaciones por las ventas en los 92 países donde el programa COVAX se ha comprometido a ayudar en la distribución de la vacuna.

Asimismo, precisa que sus reclamaciones se limitan al periodo posterior a marzo de 2022. La compañía, que apunta que ha presentado sendas denuncias en Estados Unidos y en Alemania, no ofrece detalles sobre las compensaciones económicas que exige a ambas compañías.

BioNTech defiende que su vacuna es “original”

Ante las acusaciones de Moderna, la empresa alemana BioNTech respondió en otro comunicado publicado el 26 de agosto y aseguró que su fármaco es “original”: “El trabajo de BioNTech es original y nos defenderemos enérgicamente contra todas las acusaciones de infracción de patentes”, recogen en su escrito.

La compañía biotecnológica califica las alegaciones de Moderna como un hecho “desafortunado” aunque asegura que es “bastante que otras compañías hagan alegaciones de que un producto exitoso potencialmente infringe sus derechos de propiedad intelectual”.

Los primeros tiempos de la coalición de izquierdas Por Andalucía siguen deparando novedades que poco o nada tienen que ver con el proyecto político. El nombre de la confluencia está registrado desde marzo de 2021 en la Oficina Española de Patentes y Marcas, según ha avanzado La Sexta Noticias, aunque desde el propio organismo dependiente del Ministerio de Industria quitan importancia a la cuestión ya que “es un registro distinto” al de partidos políticos en el que se inscribió para dar cabida a IU, Más País Andalucía, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos Andalucía y Alianza Verde.

“No tiene nada que ver. Aquí se registran marcas para productos o servicios para comercializar con ellas, y esto no tiene implicaciones”, explican fuentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En la misma línea se han pronunciado fuentes de la coalición Por Andalucía: “No hay ningún partido ni coalición registrado con el nombre Por Andalucía, salvo el de esta coalición. Por Andalucía estaba previamente en el registro de marcas y patentes, que regula el tráfico mercantil, las marcas comerciales, etc. Este registro tiene un régimen distinto al de las coaliciones o partidos políticos. Por tanto, no hay incompatibilidad, son ámbitos muy distintos. Ninguna norma electoral establece como requisito ni registrar ni tener dominio de la denominación en el registro de marcas”.

La marca Por Andalucía se registró en marzo de 2021 tras una solicitud formulada desde Benalmádena (Málaga) por Carlos Ortiz Pérez, y cuenta con un plazo de cinco años --a contar desde el 27 de diciembre de 2021-- para su uso efectivo. Según figura en el expediente de la marca, consultado por este periódico, Por Andalucía fue registrada para la categoría de 'Servicios de Grupos de Presión Política'.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y que se baraja como cabeza de lista de la coalición por la provincia de Sevilla en las elecciones andaluzas del 19 de junio. “Al menos por esta vez no hay lío”, ha comentado en alusión a este asunto y al complejo arranque de la confluencia.

Se llama Corbevax y es una vacuna contra la COVID-19 relativamente barata, fácil de fabricar y libre de patentes. El origen de esta fórmula se encuentra en el Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, donde fue diseñada por un equipo codirigido por la científica María Elena Bottazzi. La institución anunció en diciembre la autorización de emergencia en India tras los resultados del ensayo de fase III –los datos completos aún no han sido publicados–.

Corbevax utiliza una tecnología tradicional basada en proteínas recombinantes, lo que permitirá su producción a gran escala, según dice Bottazzi en una entrevista con elDiario.es. La compañía india Biological E planea fabricarla a un ritmo de 100 millones al mes a partir de febrero. La investigadora nacida en Génova y criada en Tegucigalpa confía en que la vacuna sea ampliamente accesible para inocular a la población mundial y cubrir la brecha de acceso creada, dice, por tecnologías más nuevas y más costosas.

¿En qué momento y por qué se lanzaron a investigar una vacuna contra este coronavirus?

La verdad es que empezamos hace diez años, porque ya teníamos un programa para desarrollar prototipos para el SARS y el MERS. Cuando vimos la secuencia de la proteína espiga del SARS-CoV-2, parecida en un 80% a la del SARS, teníamos ya la ingeniería, los procesos, los ensayos… la estrategia para pasar de un descubrimiento de laboratorio a la producción. Ya habíamos fabricado un prototipo de una vacuna del SARS. Rápidamente en enero de 2020, cuando vimos la similitud, pensamos que lo más fácil era replicar los mismos procesos y, en efecto, tuvimos que hacer muy pocas modificaciones. 

Para abril, ya teníamos un esquema y empezamos a trabajar con otros actores que nos ayudaron a crear un consorcio de aliados para poder desarrollar esta vacuna. El objetivo siempre fue hacer una descolonización: para nosotros, era más urgente transferirla a los países de bajos y medianos ingresos, mientras mirábamos también la posibilidad de hacerlo aquí, en Estados Unidos. Pero no ha sido fácil avanzarla en los países de altos ingresos y nos hemos dedicado a proveer el conocimiento a India, Bangladesh, Indonesia, países en África y en Latinoamérica. Colaboramos en diferentes aspectos con quien quiera. Es ciencia abierta porque no mantenemos los datos en secreto.

¿Por qué no ha sido fácil en los países ricos?

Porque su estrategia era [obtener] una tecnología un poco más rápida, tal vez innovadora, que afortunadamente terminó funcionando. A veces, se tiene la percepción de que en las proteínas recombinantes, en las que se basa nuestra vacuna, los procesos de ingeniería y producción llevan más tiempo. Crear una secuencia de ARN mensajero es más fácil, pero hemos visto que escalar la producción no lo es tanto.

Nosotros siempre hemos buscado tecnologías más genéricas, para las que ya hay un ecosistema, de tal manera que alguien que recibe la transferencia no tiene que empezar de cero, porque ya tiene las fábricas y precedentes de haber producido proteínas en levadura. Por eso creímos que podía ser una tecnología complementaria a las innovadoras, a las tecnologías como el ARNm [que utilizan Pfizer/Biontech y Moderna] y los adenovirus [AstraZeneca/Oxford y Janssen]. Pero la selección de dónde invertir se enfocó bastante en las tecnologías nuevas, y se prestó atención a las convencionales un poco más tarde. 

¿Cuáles han sido sus fuentes de financiación?

El programa de coronavirus que empezamos en 2011 estuvo financiado por una subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) [una entidad pública del Gobierno de EEUU] para trabajar con un grupo de virólogos y expertos en coronavirus. En 2016, solicitamos más subvenciones pero no nos las concedieron. Pero continuamos con el proyecto con fondos internos, hasta cierto punto. En febrero de 2020, cuando pedimos ayuda, nos dieron una pequeña subvención para poder hacer estudios preliminares.

Pero después no logramos captar fondos del Gobierno federal de EEUU. Buscamos otra alternativa: seguir solicitando subvenciones, pero al mismo tiempo encontrar fundaciones y otras entidades de filantropía. Así logramos un portfolio algo diversificado. Así que hemos tenido una variedad de entidades: ciertos fondos federales, fundaciones con subvenciones o donaciones, individuos que tienen dinero y decidieron contribuir y algo de crowdfunding también. También hemos sido beneficiarios de una subvención de una empresa de vodka que estaba interesada en la respuesta a la pandemia en Texas.

Y con nuestros aliados, el acuerdo es que cada uno intente buscar sus propios fondos, a ver qué podemos conseguir. Biological E buscó por sus propios medios: el Gobierno indio, entidades europeas, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Nosotros seguimos buscando aquí en EEUU.

¿Ha sido entonces la financiación la mayor dificultad que se han topado en el camino?

El dinero siempre es difícil, pero no ha sido lo único. La dificultad es encontrar los aliados adecuados, y aunque los tengas, tienen que tener no solo la capacidad científica, sino también el apoyo de los líderes de sus países para hacer avanzar un programa de desarrollo. También, obviamente, el dinero que necesitan para pagar la producción y los estudios clínicos, porque nosotros solo les damos la tecnología.

¿Qué diferencia su vacuna de las que se están utilizando ya en todo el mundo?

La nuestra es una proteína recombinante. Tal vez, la más parecida es la de Novavax, que es una partícula de una proteína recombinante. La nuestra no es una partícula, son proteínas monoméricas. Es igual a la vacuna de la hepatitis B. Se utilizan de nuevo estas fermentaciones microbianas usando levaduras. Son formulaciones muy simples. Son vacunas muy convencionales que se han usado desde hace más de cuatro décadas, especialmente para vacunas pediátricas. 

Dicen que la suya es la “vacuna contra la COVID-19 del mundo”, ¿tiene que ver con que es más tradicional?

Sí. Cualquier productor con capacidad para fabricar vacunas basadas en levaduras puede replicarla. Los componentes son de bajo coste, tiene economía de escala porque se puede producir en grandes cantidades. Su estabilidad y almacenaje es convencional, requiere refrigeración de dos a ocho grados. Tiene un tiempo largo de estabilidad, no tiene fechas cortas de caducidad. Lo más importante es que se puede replicar no solo en los países de altos ingresos: [los productores] no necesitan aprender algo nuevo, porque ya existe. El tipo de control de calidad que se necesita para este tipo de proteína tampoco es algo nuevo.

¿En qué punto se encuentran los ensayos de la vacuna?

Biological E, el primero de nuestros aliados, ya ha terminado dos fases III [que tienen como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la eficacia] que recibieron la autorización en India. Ahora están terminando un estudio pediátrico para extender esa autorización a partir de los cinco años. Y también están elaborando un estudio para evaluar la vacuna como refuerzo en combinación con otras, como Covidshield (la versión de la vacuna de AstraZeneca del Serum Institute de India) o Covaxin (desarrollada por Bharat Biotech en India).

La intención ahora es seguir haciendo estudios para evaluar continuamente a medida que se van introduciendo al mercado. India compró 300 millones de dosis. Nuestros otros aliados están siguiendo el mismo proceso. La idea es que después todos obtengan la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y se está colaborando con otras agencias reguladoras estrictas y regidoras de varios países.

¿Qué resultados han arrojado los ensayos? Los datos aún no se han publicado.

A final de este mes se van a publicar las fases I y II, y ahora están acabando los manuscritos de la fase III. Lo que se hizo para la fase III se considera un puente inmunológico [un tipo de estudio], en el que se ve la eficacia basándose en los anticuerpos neutralizantes y un correlato de protección. Demostraron más del 80% de eficacia contra las variantes delta y beta del virus, y más del 90% contra el virus de Wuhan. Ahora están terminando los resultados contra ómicron.

Han dicho que no patentarán su invención. ¿Por qué?

Nuestro centro siempre ha trabajado en enfermedades tropicales desatendidas, a las que acompaña esta idea de que hay cero incentivos, de que con tecnologías complicadas y caras nadie va a desarrollar una vacuna contra un parásito intestinal, por ejemplo. Cuando empezamos a trabajar en coronavirus, vimos que hasta cierto punto también son desatendidas. No había urgencia. Decidimos que no íbamos a patentar nuestra tecnología porque ya la integramos dentro de nuestro portfolio de desatendidas. Y ahora, en un caso de emergencia, aún más.

Moralmente, nos preguntamos qué necesidad hay de patentar. Más bien, decidimos que aprovechen los datos publicados para que cualquiera pueda adaptarla y adoptarla. Quitamos, como mínimo, esa barrera para no poner más inconvenientes a aquellos que quieran aprender. Es un buen prototipo para aprender de cero porque son tecnologías más sencillas.

Moderna anunció que no haría valer la patente de su vacuna. ¿En qué se diferencia esta decisión de la suya?

En nuestro caso, el conocimiento está ahí, publicado, pero también tenemos el compromiso de que si necesitan que lo hagamos en conjunto, nuestros laboratorios están abiertos para recibir científicos. Podemos hacer los codesarrollos compartiendo intelectualmente durante el proceso, en lugar de decir: “Aquí está la receta, averigüen ustedes cómo hacerlo”.

Se ha hablado mucho, en abstracto, de la necesidad de transferir conocimiento y tecnología para expandir la fabricación de vacunas. ¿Qué quiere decir en su caso?

Tenemos llamadas mil veces a la semana, compartimos los experimentos, revisamos cómo se hacen los procesos, escribimos los informes juntos, evaluamos los datos juntos, resolvemos las dificultades juntos. Es un proceso iterativo de colaboración, no es simplemente leer una receta en un libro y dejarlo ahí. Nuestros científicos interactúan, obviamente con la COVID-19 no ha sido tan fácil ir a verlos y que ellos vengan a vernos, pero en ciertas ocasiones sí hemos tenido la oportunidad de abrir las puertas de nuestro laboratorio para que vengan y vean cómo se hace en la vida real.

¿Con qué productores están trabajando, además de Biological E?

Con Bio Farma en Indonesia, Incepta en Bangladesh y el grupo Immunity Bio, que trabaja en un consorcio con varios países en África, incluyendo Botsuana.

¿Proponen entonces un modelo opuesto al visto hasta ahora en el desarrollo de vacunas anti-COVID?

No sé si es opuesto, pero es definitivamente diferente y es esencial, especialmente cuando queremos avanzar productos que eventualmente son de salud pública, y más aún cuando se necesitan de manera urgente. La esperanza es que esto cambie un poco el paradigma de que solo las multinacionales pueden desarrollar los productos.

Se pueden forjar más alianzas para descolonizar la capacidad, que sea local y que, en un caso de emergencia, se siga colaborando con las multinacionales, pero también que haya alternativas para evaluar diferentes tecnologías. Que la tecnología convencional no sea algo innovador no implica que no funcione. Es mejor diversificar todo en este mundo, porque si algo no funciona, tienes una alternativa. Así que es una manera complementaria, no busca reemplazar.

La desigualdad ha atravesado hasta ahora la vacunación mundial. ¿Qué piensa de esta falta de acceso?

Para nosotros lo importante es intentar que se haga una especie de bola de nieve, producir más y más este inventario de vacunas. Aunque los fabricantes están mejorando los niveles de escala, producción y almacenaje, si queremos resolver esta pandemia en 2022 necesitamos más vacunas que sean producidas, evaluadas, autorizadas y finalmente usadas. Hay muchas personas que no se quieren vacunar por cualquier motivo. Quizás esta vacuna traiga otra alternativa que mejore su confianza. 

¿Van a participar en el mecanismo de reparto equitativo COVAX y en C-TAP, la plataforma para compartir conocimiento de la OMS?

Como institución de investigación y desarrollo estamos en conversaciones junto a los productores, que están en discusiones para poder determinar esa colaboración con COVAX y esa contribución a la OMS. 

Ha comparado su vacuna con la de Novavax, que era prometedora, pero se ha topado con problemas de producción. ¿Se puede enfrentar la suya también a estos obstáculos?

La nuestra no tiene problema a la hora de escalar [la producción]. Desafortunadamente, la vacuna de Novavax es excelente, pero en efecto no ha sido fácil de producir porque la partícula es compleja, y obviamente los reactivos también lo son, aunque creo que podrán superarlo. Pero la cuestión no es competir, sino sumar en la solución. De ahí la urgencia de que se evalúen rápido estas proteínas. Varias compañías están produciendo proteínas recombinantes, y la verdad es que se van a necesitar todas.

¿Cuándo espera que se empiece a inmunizar a la población con su vacuna?

En India ya está autorizada. Apenas se sepa cómo se va a distribuir y utilizar, imagino que Biological E o el Gobierno lo anunciarán. La idea es que en los próximos tres meses empecemos a ver realmente esta distribución.

Un equipo de científicos de Texas está avanzando en el desarrollo de una nueva vacuna contra el virus de la COVID-19 utilizando un método convencional que tiene varias décadas de existencia. El procedimiento hará que la producción y distribución de estos fármacos sea más barato. De ese modo, los científicos aseguran que el acceso será más efectivo, sobre todo pensando en los países más afectados por la pandemia y en países donde probablemente se originen nuevas variantes debido a las bajas tasas de inmunización.

La agencia reguladora de India ha aprobado esta vacuna con una autorización para uso de emergencia (como se aprobaron, en principio, las primeras contra la COVID en 2020).

El equipo dirigido por los doctores Peter Hotez y María Bottazzi, del Centro para el Desarrollo de Vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Baylor, en Waco (Texas), trabaja desde 2011 en el desarrollo de prototipos de vacunas para el Sars y el Mers, que han adaptado ahora para crear la nueva contra la COVID-19. La llaman Corbevax, o “la vacuna COVID-19 para el mundo”.

Aunque hay más de 60 en desarrollo que utilizan la misma tecnología, Bottazzi ha señalado que su fármaco es único, porque no tienen intención de patentarlo, lo que permite que sea reproducido por cualquiera que tenga la capacidad de hacerlo.

“Prácticamente cualquiera que pueda fabricar vacunas contra la hepatitis B o que tenga la capacidad de producir proteínas de origen microbiano, como bacterias o levaduras, puede replicar lo que estamos haciendo”, dijo Bottazzi.

Guerra de patentes

La guerra de patentes sobre las vacunas con tecnología ARNm se ha recrudecido. Moderna y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (una entidad pública) se encuentran inmersos en una disputa sobre quién debe atribuirse el mérito de los descubrimientos específicos que condujeron a la de la COVID-19, que se ha suministrado a más de 73 millones de estadounidenses. Si se descubre que Moderna ha infringido la patente del Gobierno de Estados Unidos, la empresa podría verse obligada a pagar más de 1.000 millones de dólares de multa.

Al mismo tiempo, los activistas han pedido que Pfizer y Moderna compartan la tecnología y los conocimientos técnicos para producir sus inyecciones e incluso han llevado esta reivindicación ante la Organización Mundial del Comercio.

Los países de bajos ingresos, que cuentan con escasas instalaciones de investigación y producción de vacunas, solo han inmunizado a una de cada nueve personas, según la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, el 63% de la población total tiene la pauta inicial completa (de dos dosis) y más de un tercio ha recibido una tercera.

Los datos del ensayo clínico de Corbevax aún no se han hecho públicos debido a la limitación de recursos, pero el hospital infantil de Texas afirma que el fármaco ha mostrado una eficacia superior al 90% contra la cepa original del virus y más del 80% contra la variante delta. Actualmente se está probando la eficacia de la vacuna contra la variante ómicron. El proceso de creación de la vacuna implica el uso de células de levadura, el mismo método con el que se producen las vacunas contra la hepatitis B.

Cómo funcionan

Los sueros de Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca –que son los autorizados en España– utilizan tecnologías diferentes, o “plataformas”, de vacunas. Moderna y Pfizer usan la tecnología del ARN mensajero (ARNm). Esta plataforma introduce al sistema inmunitario en la COVID-19 mediante la entrega de instrucciones sobre cómo producir su característica más reconocible, las proteínas de espiga que recubren su superficie. Esto ayuda al sistema inmunitario a reconocer y combatir el virus más adelante, si la persona está expuesta. La de Johnson & Johnson introduce las células inmunitarias en la proteína de espiga a través de un virus del resfriado que, por lo demás, es inofensivo, una tecnología llamada vector viral y que también utiliza AstraZeneca.

La vacuna Corbevax utiliza una plataforma denominada tecnología de subunidades proteicas recombinantes, que introduce un fragmento real de la proteína de la espiga de la COVID-19 en células de levadura. A continuación, las células de levadura copian la proteína viral y esta se introduce en el sistema inmunitario.

“Fabricamos la proteína, directa y sintéticamente, en el laboratorio utilizando el sistema de la levadura”, dice Bottazzi. “Damos instrucciones a la levadura para que fabrique una proteína parecida a la que hace el virus. Entonces inmunizamos la proteína y el cuerpo la procesa y la presenta al sistema inmunitario”.

Y, en un punto importante, el almacenamiento de la vacuna Corbevax solo requiere una refrigeración estándar, a diferencia de la vacuna de Pfizer, que requiere un almacenamiento ultrafrío en tránsito.

Sin pensar en “sacar provecho”

Biological E, una empresa farmacéutica india acostumbrada a producir vacunas contra la hepatitis B con la que el equipo de Bottazzi mantiene una larga relación, ya ha producido 150 millones de dosis de la nueva vacuna Corbevax y pronto podrá producir 100 millones mensuales.

Bottazzi dice que, después de que las organizaciones gubernamentales no les concedieran financiación, los creadores de Corbevax recurrieron a donaciones filantrópicas para superar el reto. El Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas es esencialmente una institución académica y científica.

Bottazzi dice que el desarrollo de Corbevax les ha obligado a hacer un esfuerzo adicional para ser considerado un candidato serio para el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19.

“Nosotros mismos estamos aprendiendo a hacer un trabajo que sea reglamentario, que posibilite una buena calidad, una buena reproducción, un buen registro... Trabajamos como si fuéramos una pequeña entidad biotecnológica o de fabricación”, reconoce.

“Cada tecnología tiene ventajas e inconvenientes. Nadie pretende que una de ellas sea la solución única y superior. Todas [las vacunas] son parte de la solución. Pero cuando se da una situación de tal gravedad en el mundo, no se elige una, sino que se intentan todas”.

Bottazzi asegura que no han patentado la vacuna por la filosofía compartida por su equipo de humanitarismo y de colaboración con la comunidad científica en general. “Queremos hacer el bien en el mundo. Esto era lo correcto y es lo que moralmente teníamos que hacer. Ni siquiera pestañeamos. No pensamos '¿cómo podemos sacar provecho de esta situación?”

Bottazzi espera que su iniciativa incentive a otros a seguir el ejemplo y a crear sueros asequibles y accesibles para otras enfermedades y virus. “Tenemos que romper estos paradigmas de que solamente estamos guiados por factores de impacto económico o por el retorno de la inversión económica. Tenemos que mirar al retorno en salud pública”.

Traducción por Emma Reverter

Revolcón de la Audiencia de Barcelona a la sentencia que hace justo un año prohibió a Lidl seguir vendiendo su robot de cocina Monsieur Cuisine. Los magistrados que han revisado la sentencia del juez de lo Mercantil que juzgó en primera instancia el caso descartan que el robot de cocina vulnere la patente de Thermomix, lo que permitirá a Lidl volver a comercializar la máquina.

El litigio se centraba en el presunto plagio de la Thermomix por parte de Lidl que alegaba Vorwerk, el grupo fabricante de la máquina. Lidl mantenía que su robot de cocina no infringía los derechos de Thermomix, y de hecho formuló una contrademanda para que el juez anulara la patente de Vorwerk por “falta de novedad” respecto a máquinas similares de otras marcas comercializadas antes que el Monsieur Cuisine, algo que descartó el juez pero que ahora sí estiman los magistrados de la sección 15ª de la Audiencia de Barcelona.

El robot de cocina de Lidl tiene funciones similares a la Thermomix, y la mayor diferencia está en el precio: cuesta hasta casi tres veces menos. Las implicaciones económicas del pleito podrían ser millonarias: Thermomix reclamaba al supermercado una indemnización equivalente al 10% de las ventas de Monsieur Cuisine, una cantidad total que no está calculada. El caso no está cerrado, pues Thermomix tiene la opción de recurrir ante el Tribunal Supremo.

Los magistrados de la Audiencia de Barcelona concluyen que “no existe infracción” en el Monsieur Cuisine de la patente de la Thermomix. Descartan los jueces que Lidl copiara a Thermomix la función para pesar los alimentos mientras la propia máquina los cocina y la opción que impide añadir más alimentos mientras el vaso de agitación del robot está en funcionamiento, característica pensada para evitar accidentes.

En el robot de cocina de Lidl, remarca la sentencia, la tapa se puede abrir “sin necesidad de detener previamente el mecanismo agitador”, tal y como sí sucede en la Thermomix. La tapa del Monsieur Cuisine solo se abre “por medio de un pequeño giro sobre su eje que determina la detención del mecanismo agitador, si bien no de forma inmediata”, zanja la sentencia. Es decir, que Monsieur Cuisine no copia la Thermomix porque no es tan segura.

Tampoco cree el tribunal que Lidl infringiera la patente de la Thermomix respecto a la opción de pesar los alimentos. El motivo es que en la patente de Vorwerk “no aparece descrito” el dispositivo de pesada controlado por la misma tarjeta que aloja el resto de circuitos correspondientes a las distintas funciones de la máquina. “Si realmente la patente permite esta ventaja técnica, lo razonable es que lo hubiera explicitado, y no lo ha hecho”, afean los jueces a Vorwerk.

No es la primera vez que Thermomix lleva a los juzgados a un competidor. En 2013 el Tribunal Supremo ya descartó que el fabricante español Taurus vulnerara la patente de Thermomix con su robot de cocina MyCook. Con el antecedente desfavorable para Thermomix, ahora el Alto Tribunal también tendrá que pronunciarse sobre Monsieur Cuisine. Mientras no llegue la sentencia definitiva Lidl podrá volver a vender uno de sus productos estrella.

Deslizar el dedo hacia la derecha sobre la pantalla del móvil para mostrar interés por un perfil en Tinder es una marca registrada con aval judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado la petición de la empresa estadounidense Match Group, dueña de la aplicación de contactos con más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, para registrar “Swipe Right” como una marca comercial. Los jueces entienden que esta expresión, que describe la acción de deslizar la pantalla hacia la derecha y señalar los perfiles que gustan, no es conocida por la mayoría de la población y puede ser registrada por una aplicación concreta como marca comercial.

La importancia de esta marca para la estrategia comercial de Tinder queda clara con sólo abrir su página web. “Swipea hacia la derecha” es el mensaje que usa la plataforma para invitar al usuario a abrir una cuenta. Hacerlo es el primer paso para que la persona señalada corresponda con el mismo gesto en el perfil del usuario y hacer “match” ( la señal que advierte a ambos que el interés es mutuo). Otras aplicaciones, como Instagram, también usan ese sistema en pantallas táctiles para pasar de foto en foto en un perfil. Tinder, incluso, explica en su página web que ha registrado más de una decena de estos términos: “swipe right”, “swipe left” o el “it's a match!”, que celebra que el “swipeo” ha sido mutuo.

En el caso de “swipe right”, la empresa dueña de la aplicación ha tenido que llegar a los tribunales para que el movimiento del dedo sobre la pantalla del teléfono sea considerado como una marca comercial de Tinder. En un primer momento la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le concedió el registro, pero después se lo denegó al estimar un recurso de una competidora del sector: Bumble, otra app de citas que también cuenta con millones de usuarios en todo el planeta y que establece que solo la mujer pueda contactar con el hombre una vez hecho el “match”.

La guerra comercial entre ambas apps de contactos empezó hace más de dos años en nuestro país. En septiembre de 2019 la OEPM concedió la marca “Swipe right” a Tinder, pero medio año más tarde decidió denegársela tras un recurso de Bumble. La Oficina entendió en esa resolución que era un término conocido por el conjunto de la población, demasiado genérico, y que por tanto no podía ser monopolizado por una sola empresa. “Siendo el modo de uso swipe una herramienta ya habitual que se utiliza en distintas aplicaciones informáticas a través de las cuales se ofrecen servicios de citas u otros servicios, de modo que se trata de una expresión también reconocible para el consumidor medio español”, dijo la OEPM en marzo de 2020.

El caso llegó a la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Madrid, que ha dado la razón a Match Group (Tinder) hace unas semanas. Los magistrados de la sección segunda exponen dos argumentos para declarar el derecho de la compañía a registrar “Swipe right” como marca: que es un término anglosajón que no puede ser tenido en cuenta por su significado y traducción literal y que, además, no hay pruebas de que la población española tenga ese término demasiado integrando en el vocabulario cotidiano, incluso para referirse a las aplicaciones de contactos como Tinder.

La sentencia del TSJ de Madrid no es firme y puede ser llevada ante el Tribunal Supremo tanto por Bumble como por la Abogacía del Estado, que se opuso sin éxito al recurso de Tinder. El resultado es que, a partir de ahora, el término “Swipe right” es una marca comercial de esta app de contactos que no puede ser utilizado por ninguna otra para referirse a su funcionamiento, aunque el mecanismo para contactar con otro usuario sea exactamente el mismo: deslizar la pantalla hacia la derecha.

Del papel “Supersoft” al “Swipe right”

El Tribunal Superior de la capital, con la magistrada María Soledad Gamo como ponente, analiza en primer lugar si “Swipe right” es una expresión que debe ser traducida de manera literal para decidir si puede ser o no una marca registrada. Las dos palabras, “deslizar hacia la derecha” en español, deben ser entendidas como “nombre o signo caprichoso o de fantasía, sin que se pueda tener en cuenta su significado en el idioma original a menos que dicho vocablo haya pasado a integrarse en el idioma castellano en el común consenso”, dice el TSJM.

Esta no es una jurisprudencia novedosa en los tribunales españoles y en particular del Tribunal Supremo, que tendrá que revisar este caso si alguien recurre. En 2009, por ejemplo, el alto tribunal ya usó estos argumentos para permitir la convivencia entre las marcas 'Plus Supermercados' y 'Plus Market'. Más recientemente, ya en octubre de 2016, la misma sala de lo contencioso-administrativo permitió a una empresa registrar la marca “Supersoft” para comercializar un tipo de papel. “Es un vocablo extranjero que no se usa en español genéricamente para definir una característica del producto”, aclararon entonces los magistrados.

En el caso de Tinder, el Tribunal Superior de Madrid también explica que no hay pruebas de que esta expresión sea, dicen, “reconocible por el consumidor medio de este tipo de servicios, con el significado y el modo de uso indicados ni, en consecuencia, carente de distintividad o meramente descriptivo de alguna o algunas de las características de dichos servicios”. Reprocha el TSJM a la Oficina Española de Patentes y Marcas que basara su decisión en artículos de prensa y diversas páginas web aportados por Bumble en su demanda y prefiere apoyarse en un estudio más amplio presentado ante los jueces por Match Group.

El estudio de mercado aportado por la empresa de Tinder, según refleja la sentencia, afirma que un 82% de la población española de entre 18 y 65 años de edad no conoce el significado del término “Swipe right” con un porcentaje todavía mayor incapaz de vincularlo a ninguna empresa, marca o aplicación en concreto. El desconocimiento de la existencia del término, según ese estudio aportado por la empresa interesada, desciende al 70% entre los usuarios de estas aplicaciones de contactos pero con la mayoría incapaz nuevamente de asociarlo a una marca o empresa concretas.

Ese informe tiene más credibilidad para el TSJM que la documentación aportada por la otra empresa. “No podemos dejar de notar que, en todo caso, aun de admitir que los términos 'Swipe right' fueran cognoscibles por el consumidor medio de los servicios que pretende distinguir la marca solicitada, lo que describirían no es sino una funcionalidad en una pantalla táctil y no una característica del tipo de servicios ofertados”, zanja además el tribunal superior madrileño. La sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo tanto por la empresa de la aplicación Bumble como por la Abogacía del Estado.

El Banco de Patentes de Medicamentos (MPP en inglés) ha anunciado la firma de un acuerdo de licencia voluntaria, sin pagar derechos, con la empresa farmacéutica Merck (conocida como Merck Sharp & Dohme, MSD) para facilitar el acceso mundial al molnupiravir, un medicamento antiviral que se administra vía oral (en pastillas) y se está probando en ensayos clínicos para el tratamiento de la COVID-19.

Este acuerdo, explica el MPP en un comunicado, ayudará a ampliar el acceso para el uso de molnupiravir en 105 países de ingresos bajos y medios una vez reciba las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El MPP es una organización respaldada por Naciones Unidas que lleva una década trabajando para aumentar el acceso y facilitar el desarrollo de medicamentos para países empobrecidos gracias a un mecanismo de licencias voluntarias. Esta es su primera licencia para una tecnología médica contra la COVID-19, es transparente y está publicada en su web.

Según los términos del acuerdo, el Banco Mundial de Patentes, que actúa como una especie de intermediario, podrá conceder más sublicencias no exclusivas a los fabricantes y “diversificar la fabricación para el suministro de molnupiravir de calidad garantizada o precalificado por la OMS a los países cubiertos por la licencia”.

Es decir, ahora, cualquier empresa de genéricos, en cualquier parte del mundo, que tenga la capacidad de producir molnupiravir, puede acudir al MPP y, a través de una expresión de interés, puede solicitar una licencia (una autorización para poder utilizar una invención patentada).

Una vez que tengan una licencia podrán producir molnupiravir, y una vez que su producto sea aprobado por la OMS o cualquier otra agencia reguladora estricta, podrán venderlo en los 105 países cubiertos por la licencia y donde hayan registrado el producto sin infringir las patentes.

“Los resultados provisionales del molnupiravir son convincentes y consideramos que este candidato a tratamiento oral es una herramienta potencialmente importante para ayudar a abordar la actual crisis sanitaria”, dice Charles Gore, director del MPP. A juicio de la organización, el fármaco, fácil de administrar, tiene el potencial de ser un tratamiento importante en los países de ingresos bajos y medios, donde el número de personas vacunadas es menor.

Voces expertas y activistas han subrayado que el movimiento de Merck contrasta con la resistencia de otras compañías, como Moderna o BioNTech/ Pfizer, a compartir la tecnología de sus vacunas.

James Love, director de la organización especializada Knowledge Ecology International (KEI), ha indicado en Twitter, no obstante, que algunos países en desarrollo no entran en el acuerdo, “como Tailandia y Malasia en el Sudeste Asiático, y muchos países de América Latina”.

En la misma línea se ha manifestado Médicos Sin Fronteras (MSF), que dice estar “decepcionada con las limitaciones” del acuerdo. La organización cree que contiene una “disposición perjudicial que socava” el derecho de las empresas de genéricos que firman la licencia “a impugnar las patentes para facilitar la producción de medicamentos genéricos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho en un comunicado que el acuerdo “es un paso positivo para crear un acceso más amplio al tratamiento lo antes posible, al permitir que los licenciatarios genéricos de todo el mundo preparen suministros y creen versiones más asequibles del medicamento, a la espera de las recomendaciones de la OMS y otras autorizaciones reglamentarias”.

“Esto acortará el tiempo que transcurre desde la aprobación del medicamento hasta su disponibilidad en los 105 países de ingresos bajos y medios cubiertos por la licencia y en los que no hay infracción de la patente y no se han utilizado los conocimientos técnicos con licencia”, dice la agencia, que indica que espera que la empresa incluya otros países clave en el alcance del acuerdo en un futuro próximo.

También ha pedido a las empresas que desarrollan vacunas, tratamientos y diagnósticos que consideren la posibilidad de conceder licencias abiertas y transparentes lo antes posible. Es el espíritu con el que se creó el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) que, recuerda la OMS, está trabajando para facilitar dichas licencias, pero la herramienta sigue en desuso.

Libre de regalías, de momento

La pastilla se inventó en Drug Innovations at Emory (DRIVE), una empresa de biotecnología propiedad de la Universidad de Emory (Estados Unidos), que recibió financiación de agencias gubernamentales estadounidenses, y está siendo desarrollado por Merck en colaboración con Ridgeback Biotherapeutics. Para MSF, se trata de otro ejemplo de que “la investigación y el desarrollo de herramientas contra la COVID-19, financiados con fondos públicos, están siendo monopolizados por el sector privado”.

El comunicado del MPP explica que ni la universidad ni las compañías recibirán regalías por las ventas del molnupiravir en el marco de este acuerdo mientras la COVID-19 siga clasificada como emergencia sanitaria mundial por la OMS. Después de ello, se pagará a MSD un canon del 5% de las ventas a gobiernos o el 10% a entidades comerciales.

“Nuestra misión de salvar y mejorar vidas es un compromiso verdaderamente global. Este acuerdo con el MPP es otro elemento importante de nuestra estrategia multifacética para acelerar un acceso amplio y asequible al molnupiravir, si se aprueba o autoriza, para los pacientes, independientemente de dónde vivan”, dice Frank Clyburn, vicepresidente ejecutivo de MSD.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha iniciado este lunes el proceso de revisión continua del fármaco antiviral. MSD y Ridgeback Biotherapeutics también han pedido la aprobación del regulador estadounidense para su producto y trabajan para conseguir la autorización de otras agencias en todo el mundo.

Si se aprueba, será el primer medicamento oral para pacientes no hospitalizados con COVID-19 de leve a moderada, según la OMS. La agencia ha pedido en el comunicado al fabricante que le proporcione los datos de los ensayos clínicos lo antes posible, para que pueda evaluar el medicamento para su uso global.

El 10 de julio, el doctor Abraham Sokhaya Nkomo murió de COVID-19 en Pretoria, Sudáfrica. Abe Nkomo, como se le conocía popularmente, era un gigante de la vida pública sudafricana: médico, activista en la lucha contra el apartheid, diputado, diplomático y defensor de la salud pública durante toda su vida.

Había recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer el 9 de junio. El 24 de junio, su familia notó que había desarrollado síntomas similares a los de la gripe y lo llevó a un hospital tras dar positivo en coronavirus. Al principio, parecía estar superando la infección. Sin embargo, sus niveles de oxígeno cayeron al poco tiempo y necesitó un respirador. Después fue trasladado a la UCI, donde su estado empeoró rápidamente.

Durante las semanas previas a su muerte, a miles de kilómetros, su hijo menor, Marumo Nkomo, consejero de la Misión de Sudáfrica en Ginebra, participaba en negociaciones frenéticas en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como representante comercial de su país, Nkomo y su jefa –la directora de la misión, Xolelwa Mlumbi-Peter– presionaban a la OMC para que apoyara una exención mundial de los monopolios farmacéuticos para que los países más pobres alrededor del mundo pudieran producir las vacunas que necesitan. (Hasta la fecha, se ha vacunado a menos del 3% del continente africano debido a que los países más ricos han comprado y acaparado casi todo el suministro global). Cuando el estado de su padre empeoró, Nkomo tomó la decisión de regresar a casa. Diez minutos después de que su avión aterrizara en Johannesburgo, su hermano lo llamó para decirle que su padre había muerto.

La historia de los Nkomo deja al descubierto la crueldad de este momento. Mientras que los países más ricos del planeta (y las empresas con sede en ellos) discuten con algunos de los más pobres, el resultado es un estancamiento que causa estragos a nivel personal.

“El doctor Abe Nkomo era un hombre pequeño pero un gigante en los corazones de las personas que viven con HIV”, nos dice el legendario activista sudafricano Zackie Achmat. Achmat, fundador la Campaña de Acción por los Tratamientos (TAC, por sus siglas en inglés), impulsó un movimiento global contra los monopolios farmacéuticos sobre los medicamentos contra el sida a comienzos de la década de los 2000, dice que el doctor Nkomo le ofreció un apoyo crucial cuando dirigía la comisión de Sanidad del Parlamento sudafricano. “Peleó por el acceso a los medicamentos y defendió cambios en la legislación a finales de los 90 que nos dieron el derecho a vivir. Luchó contra la especulación de la industria farmacéutica. Comprendió la emergencia en la que nos encontrábamos”.

El doctor Nkomo gozaba de buena salud y permaneció activo hasta el final de su vida. Atravesó la pandemia con cautela, evitando los eventos grandes, excepto una vez, cuando viajó a Johannesburgo para asistir al funeral de su hermano, que también murió de COVID-19. Si hubiese vivido en Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, Nkomo, que tenía 80 años, habría estado completamente vacunado en enero. Si hubiese vivido en India, podría haber sido vacunado en marzo, a tiempo para la arremetida de la variante delta. En cambio, como vivía en Sudáfrica, recibió su primera dosis en junio y no llegó a recibir la segunda. “Cada vez que abro Facebook, me entero de que al menos tres o cuatro personas que conozco han muerto de COVID-19”, dice Achmat. “Me duele que el doctor Abe Nkomo, que hizo tanto por la salud pública de este país, no haya sido vacunado a tiempo”.

Los países ricos, en contra

Cuando Sudáfrica e India propusieron la exención de propiedad intelectual para las vacunas ante la OMC en octubre de 2020, fue precisamente para evitar la situación en la que estamos ahora. Las vacunas escasean debido a los monopolios empresariales que restringen quién puede fabricarlas, mientras que los suministros existentes han sido adquiridos en su mayoría por países ricos. La escasez mundial resultante conduce a muertes en los países más pobres que eran completamente evitables. Todos los países ricos se opusieron a la exención cuando fue propuesta por primera vez, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos, presidido en aquel entonces por Donald Trump.

No importaba que la mayoría de la población mundial estuviera a favor de la suspensión de patentes, mientras que los países ricos se opusieran, la OMC –que funciona con un modelo de consenso en el que todos los países miembros deben estar de acuerdo con una propuesta para que esta prospere– no podía siquiera empezar a discutirla. Tampoco importaba que vacunar a más gente en todas partes también sea beneficioso para la población de los países ricos. Cuanto menos circule el virus, menos posibilidades tiene de mutar o evolucionar.

En mayo de este año, el Gobierno de Estados Unidos cambió de rumbo y anunció su apoyo a la exención, otorgándole así una oportunidad a la propuesta. Fue una medida bien recibida, pero la euforia fue efímera. Reino Unido siguió oponiéndose, al igual que Suiza y la Unión Europea, donde la oposición alemana ha sido especialmente intensa.

“La oposición a nuestra propuesta es ante todo ideológica”, nos dice Mlumbi-Peter. Cuando su oficina presentó la propuesta en octubre del año pasado, ella estaba trabajando junto a Mustaqeem de Gama, el exrepresentante comercial a quien Marumo Nkomo reemplazó este año. “Pero lo que teníamos en mente era salvar vidas. Si hubiésemos sido ideológicos, no estaríamos negociando. Estamos dispuestos a ceder, pero no hasta el punto de terminar obteniendo algo sin sentido. Nuestro objetivo es desbloquear la producción global”.

Desbloquear la producción global ha cobrado una nueva urgencia. Hasta hace poco, una de las teorías sostenía que las compañías farmacéuticas occidentales terminarían de suministrar a los países ricos pronto y podrían entonces concentrarse en los países pobres a partir del año próximo. La teoría implosionó cuando en las últimas semanas los países ricos autorizaron las dosis de refuerzo para algunos de sus ciudadanos, demorando así la primera dosis en gran parte del mundo para administrar una tercera a una minoría que ya está vacunada.

En septiembre, la OMC retoma sus actividades tras sus habituales vacaciones de verano. Las discusiones sobre la exención de la propiedad intelectual para los monopolios farmacéuticos comenzarán de inmediato. Mlumbi-Peter es clara sobre lo que debe suceder. Quiere que la OMC formule urgentemente una respuesta apropiada para la emergencia en la que nos encontramos. “No ha habido un compromiso verdadero”, dice. “Necesitamos una verdadera negociación a partir de textos. Necesitamos un mensaje político claro de parte de Estados Unidos que diga que quiere ver un resultado. No creemos que la Unión Europea se mueva de forma independiente de Estados Unidos. Eso nos ayudaría a crear una respuesta creíble de la OMC para la COVID-19”.

Tal y como están las cosas, el peso de dar fin al monopolio global de las vacunas contra la COVID-19 recae en gran parte en los hombros de Mlumbi-Peter y Marumo Nkomo. Han trabajado, a pesar de las devastadoras pérdidas personales y la hostilidad, con una persistencia imperturbable. Cuando ganen, si es que lo hacen, será demasiado tarde para salvar a los seres queridos que ya han perdido en la pandemia. Pero aún estarán a tiempo para el resto del mundo sin vacunar.

Achal Prabhala es el coordinador del proyecto AccessIBSA, que trabaja por el acceso a medicamentos en India, Brasil y Sudáfrica. Chelsea Clinton es profesora adjunta en la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia y vicedirectora de la Fundación Clinton en la ciudad de Nueva York.

Traducción de Julián Cnochaert

El proceso se avecinaba largo, y así lo está siendo. Los debates sobre la propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19 continuarán dilatándose en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los países siguen sin ponerse de acuerdo y han decidido pedir más tiempo para seguir discutiendo la propuesta de India y Sudáfrica para una exención temporal de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual de vacunas y otros productos médicos, según han informado fuentes comerciales. También continuarán debatiendo la contrapropuesta presentada por la Unión Europea.

Las delegaciones se reunirán de nuevo de manera informal a principios de septiembre. Aunque existe la posibilidad de que se adelante, hay programado otro encuentro formal a mediados de octubre. En ese momento se cumplirá un año desde que India y Sudáfrica presentaron por primera vez su propuesta, a la que se han opuesto sistemáticamente desde entonces países ricos como Reino Unido o el bloque de la Unión Europea.

Decenas de países de menores recursos han apoyado la medida, defendiendo que podría contribuir a mejorar el acceso mundial, mientras EEUU ha respaldado públicamente una exención solo para las vacunas.

El telón de fondo es la enorme brecha en la inmunización global, que no varía: el 75% de las vacunas se han inyectado en brazos de solo 10 naciones. En las de bajos ingresos, solo el 1% de los ciudadanos han recibido al menos una dosis, en comparación con más de la mitad de las personas en las de altos ingresos, según cifras de la OMS.

Activistas han criticado que no se haya conseguido avanzar más. “Lamentablemente, no habrá conversaciones en agosto sobre la exención, ya que Europa se va de vacaciones de verano con un ritmo rápido de vacunación, mientras que la tercera ola sigue asolando muchos países de África, Asia y América Latina, donde los niveles de vacunación son muy bajos”, lamentó en Twitter Shailly Gupta, responsable de comunicación de la campaña de acceso de Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones civiles que han abogado por la medida.

La Alianza Vacuna para el Pueblo, que engloba a ONG, expertos y líderes mundiales, dijo estar “desolada”. “La inacción de los países no es solo una burocracia frustrante. Es una sentencia de muerte para muchas personas”. Similar fue la reacción de la ONG española Salud por Derecho: “Miles de vidas siguen en juego cada día. Es insoportable”. “Cuando oigas a las autoridades de la UE decir que la exención de los ADPIC no dará lugar a más vacunas este año, recuerde que podrían haberlo acordado hace un año”, ha dicho Steve Cockburn, de Amnistía Internacional.

Las diferencias persisten

En una reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) celebrada este martes, los miembros acordaron informar la semana que viene de la decisión de seguir debatiendo al Consejo General, el órgano de más alto nivel de la organización, que solo tendrá que ratificarla.

Para que salgan adelante, las medidas en la OMC necesitan consenso. Una de las mayores incógnitas a resolver continúa siendo si los países serán capaces de ponerse de acuerdo en un texto común, lo cual no está claro, así como los detalles de tal texto, es decir, las demandas que se recogerán.

Lo que se sabe hasta ahora es que las posturas siguen estando muy alejadas. Lo han seguido estando durante todo el proceso de negociaciones formales a partir de un texto que pudo comenzar en junio, tras 11 reuniones desde el pasado octubre.

A lo largo de este mes, los debates han continuado en consultas de grupos pequeños y en otras seis reuniones, en las que también se ha debatido la propuesta de la Unión Europea. Las delegaciones han intercambiado opiniones, han formulado preguntas, han pedido aclaraciones y las han proporcionado pero, según fuentes de Ginebra, siguen atascados en lo más fundamental: el desacuerdo sobre cuál es la vía más adecuada y eficaz de abordar la distribución desigual de vacunas y otros productos.

Este martes, ambos textos se debatieron por separado en el Consejo de los ADPIC, un reflejo de esta división.

Los puntos conflictivos

Durante las negociaciones, los países han debatido algunos puntos conflictivos, como el alcance de la propuesta de exención –tanto desde la perspectiva de los productos (vacunas, o más allá, como tratamientos o test) como de los derechos de protección intelectual que se suspenderían (más allá de las patentes)–, la duración, la aplicación y la protección de la información no divulgada.

En mayo, India, Sudáfrica y los más de 60 Estados que copatrocinan la propuesta la reformularon en un intento de conciliar posturas y aterrizaron la duración de la medida, que antes se dejaba abierta: al menos tres años desde la fecha de adopción. Según ha explicado Sudáfrica en las reuniones, esto significa que la exención no se extinguiría automáticamente pasado este periodo, sino al revisar el Consejo General si las circunstancias excepcionales que existían cuando se inició la medida siguen existiendo en ese momento concreto. Pero durante el proceso de negociación, algunos países han dicho estar preocupados por la duración y la finalización, y su coherencia con el Acuerdo de Marrakech, el fundacional de la OMC, entre ellos EEUU.

Las delegaciones también han discutido cuestiones como la transparencia y las disposiciones para limitar el impacto a largo plazo de la divulgación de datos confidenciales durante el periodo de exención, informan fuentes comerciales, y han reflexionado sobre las medidas que serán necesarias a nivel nacional. No ha habido tiempo suficiente para tratar en profundidad la cuestión de los datos reglamentarios.

En la reunión del 14 de julio, Sudáfrica se mostró optimista sobre los avances. La potencia africana rechazó limitar el debate únicamente a las patentes, y dijo que es necesario abordar otras cuestiones que van más allá y que están destinadas, sostuvo, a aumentar la producción y el suministro de vacunas, como los secretos comerciales. India, por su parte, dijo que había poco entusiasmo entre algunos miembros para participar en las discusiones sobre el texto, aunque no mencionó a quiénes se refería.

Un grupo de miembros, entre los que se encuentran Singapur, México, Reino Unido, Chile y Noruega, consideran que todavía hay preguntas sin respuesta en relación con la propuesta de India y Sudáfrica, en particular sobre la seguridad jurídica que podría crear a la hora de la aplicación nacional, o cuestiones como cuál sería la relación comercial entre un miembro que aplique la exención y otro que no lo haga.

La UE sigue en contra

La UE, por su lado, ha argumentado que su propuesta se debe tratar en igualdad de condiciones que la de Sudáfrica e India, y la ha defendido como la única opción rápida y viable para mejorar la respuesta internacional a la pandemia y alcanzar el objetivo de proporcionar un acceso global equitativo a las vacunas y otros productos médicos en todo el mundo. Y ha reiterado que el actual sistema de propiedad intelectual puede facilitar el despliegue de la capacidad existente o en la creación de nueva capacidad para producir vacunas y medicamentos contra la COVID-19, manteniendo, ha dicho el delegado europeo, los incentivos necesarios para la innovación.

En junio, tras el sorprendente giro de EEUU y en medio de una creciente presión, la UE presentó una propuesta alternativa que no apoya la exención, sino que enfatiza el uso de las llamadas “flexibilidades” ya previstas, entre ellas las licencias obligatorias, un proceso que los países empobrecidos dicen que es demasiado engorroso, una de las razones por las que han abogado por la suspensión temporal propuesta por India y Sudáfrica.

Expertos, ONG y activistas partidarios de la suspensión de las patentes han criticado las medidas propuestas por la Unión, argumentando que no son lo suficientemente ambiciosas y no aportan “nada significativamente nuevo”. Estas mismas voces alertaron de que pueden obstaculizar las negociaciones.

“La propuesta contraria de la UE ofrece pocas novedades más allá de la Declaración de Doha de 2001. La UE no ha ofrecido un paquete global ni ha apoyado el ofrecido por India y Sudáfrica”, dice a elDiario.es Luke McDonagh, profesor adjunto de Derecho de la Propiedad Intelectual en la London School of Economics. McDonagh hace especial énfasis en la oposición de Alemania a la exención. “Alemania está poniendo los intereses financieros de BioNTech y Curevac por encima de otras preocupaciones. Alemania sigue siendo un obstáculo importante para un acuerdo completo de exención”.

A lo largo de estas semanas, Estados Unidos ha pedido a los países que se concentren en propuestas que sean pragmáticas y puedan lograr rápidamente en el consenso. En su escueto anuncio del 5 de mayo cuando se inclinó hacia una exención, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, avanzó que las “negociaciones llevarán tiempo dada la naturaleza basada en el consenso de la institución y la complejidad de los temas involucrados”.

McDonagh subraya que aunque EEUU ha respaldado una exención, “no ha dado un fuerte apoyo a la propuesta específica de India y Sudáfrica, y tampoco ha ofrecido su propio texto de exención”. “Si Estados Unidos ofreciera un texto de exención de consenso se acelerarían las negociaciones. EEUU tiene que intensificar su liderazgo para ayudar a impulsar el acuerdo”, opina.

A su juicio, la incapacidad de llegar a un acuerdo urgente sobre un texto de exención durante una pandemia “refleja de forma negativa el sistema de la OMC”. “Los países de ingresos bajos y medios tienen razón al criticar a los Estados de ingresos altos por acaparar dosis de vacunas y por permitir a las empresas farmacéuticas acaparar conocimientos técnicos cruciales para la fabricación de vacunas”, dice. “Ni una sola empresa farmacéutica se ha unido al centro voluntario de transferencia de conocimientos C-TAP de la OMS”.

Muchas voces partidarias de la exención dicen que, para que logre su objetivo, tendría que formar un paquete más amplio para impulsar la fabricación, y exigen que venga acompañada de transferencia de tecnología y una inversión masiva en capacidad de producción.

El Parlamento Europeo apoya negociar la liberación de patentes de las vacunas contra el coronavirus. Así se ha decidido este jueves, con 355 votos a favor, 263 en contra y 71 abstenciones. La votación evidencia la evolución del debate en los últimos meses: la Eurocámara en abril votó en contra; en mayo, a favor de la iniciativa de India y Suráfrica, pero dentro de una resolución sobre el sida. Y en junio, después de un debate específico mantenido hace un tres semanas se ha aprobado una resolución que incluye una enmienda aprobada por un voto de diferencia que pide “apoyar las negociaciones en favor de una suspensión temporal de los acuerdos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19”.

Populares, liberales y ultraconservadores votaron en contra de esa enmienda presentada por los Verdes y, mayoritariamente, en contra de la resolución –PP y Ciudadanos han votado en contra; Vox, se ha abstenido–.

Dos enmiendas más explícitas, presentadas por The Left (el grupo de Unidas Podemos), fueron rechazadas, en las que se pedía a la Comisión Europea “que garantice que los resultados de la investigación financiada total o parcialmente por programas de la Unión u otros fondos públicos, incluido el futuro HERA, sigan siendo de dominio público o estén sujetos a licencias no exclusivas”, y otra que defendía que “durante una pandemia y una epidemia, el derecho a la salud debe prevalecer sobre el derecho al beneficio, y que las patentes no deben constituir un obstáculo a la producción de vacunas y medicamentos para salvar vidas ni utilizarse para obtener beneficios y ganancias adicionales”.

En efecto, en el debate de la Eurocámara sobre la resolución relativa a las patentes se evidenció que conservadores, ultraconservadores, liberales, el Consejo (los Gobiernos) y la Comisión Europea no apuestan por la liberación de las patentes, como se plasmó en la propuesta del Ejecutivo comunitario ante la OMC.

Así, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario y encargado de Comercio, Valdis Dombrovskis, dijo en el pleno: “Ampliar la producción y compartir las vacunas a precio de saldo a los países de rentas bajas y medias es la manera más eficaz de luchar contra la pandemia en el mundo en este momento”. Y añadió: “La Unión Europea quiere examinar las propuestas para una suspensión temporal y limitada de los derechos de propiedad para compartir licencias. Pero esto va a requerir tiempo para que surta efecto, y por eso primero tenemos que apostar por ampliar la producción y que aquellos países que ya han vacunado a gran parte de la población sigan nuestro ejemplo y compartan su producción inmediatamente con los países que más necesiten las vacunas. Ampliar la producción y compartir las vacunas a precio de saldo de producción es la manera más eficaz de luchar contra la pandemia en el mundo en este momento”.

Augusto Santos Silva, ministro de Exteriores portugués y presidente de turno del Consejo de la UE, defendió en su intervención: “En cuanto a la suspensión del acuerdo a la OMC de los derechos de propiedad, la Unión Europea quiere discutir cualquier propuesta sobre la suspensión de los derechos de propiedad. Pero tenemos que saber lo que proponen. Por ejemplo, parece que la propuesta estadounidense no es la misma que las propuestas que nos han llegado de India y de Suráfrica. Pero en la situación actual, la rapidez y la aumento de la capacidad de producción son fundamentales. Por eso, a corto plazo, la prioridad de la Unión Europea es la de incrementar la producción de vacunas contra la COVID-19 para conseguir una vacunación global”.

En ese mismo debate, la presidenta de los socialistas europeos en la Eurocámara, Iratxe García, defendió que “la Comisión Europea que apoye en la Organización Mundial del Comercio la suspensión temporal de patentes para compartir licencias y asegurar la distribución planetaria de las vacunas. Reconocemos el papel que la propiedad intelectual ha jugado a lo largo de la historia como motor de progreso económico, pero las extraordinarias circunstancias de una pandemia que ha matado a más de tres millones de personas y llevado a decenas de millones a la indigencia, requiere soluciones extraordinarias. Es la hora de decidir qué lugar queremos ocupar en la historia. Porque ponerse del lado de los monopolios de las farmacéuticas en una pandemia simplemente supone permitir que muchas personas mueran cuando realmente podrían salvarse”.  

El vicepresidente del grupo popular europeo, Esteban González Pons, dijo: “Estamos ante una emergencia humanitaria internacional. Incentivemos, pues, acuerdos entre empresas para que multipliquen las vacunas que fabrican. Pero tratándose de algo tan estratégico como la salud pública, protejamos a nuestros investigadores de las ambiciones de Rusia o de China, que, por cierto, jamás compartirán sus avances. Fabriquemos vacunas para todos, pero no corramos el riesgo de no saber quién fabrica las nuestras”.

El vicepresidente de Renew Europe y portavoz de Ciudadanos, Luis Garicano, por su parte, afirmó que el debate se estaba produciendo “a causa de una maniobra política del presidente de los Estados Unidos para ocultar un hecho sangrante, la realidad es que EEUU ha estado operando bajo una prohibición de las exportaciones de vacunas y de componentes hasta este momento. Tenemos un problema urgente, que es la vacunación.¿Quién va a investigar en vacunas en el futuro si piensa que la propiedad intelectual va a ser eliminada?”

Enmienda previa en resolución sobre el sida

En mayo pasado, sin embargo, el Parlamento Europeo llegó a pedir la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus por medio de una enmienda presentada por el grupo de La Izquierda dentro de una resolución aprobada para “Acelerar el progreso y abordar las desigualdades para poner fin al sida como una amenaza para la salud pública para 2030”.

La enmienda fue aprobada por 293 votos a favor, 284 en contra y 119 abstenciones, y pedía a la UE “que apoye la iniciativa de India y Suráfrica en la Organización Mundial del Comercio para una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas, equipos y tratamientos contra la COVID-19, e insta a las compañías farmacéuticas a compartir sus conocimientos y datos a través de la herramienta Technology Access Pool (C-TAP) de la OMS”.

“Gracias a nuestra enmienda, el Parlamento Europeo ahora apoya oficialmente la exención del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y envía un mensaje claro al Consejo ya la Comisión, que se han opuesto constantemente a la propuesta de India y Suráfrica en la OMC. Ha llegado el momento de que dejen de defender las ganancias de las grandes farmacéuticas por encima de la vida de las personas. La inacción mata y el mundo nos está mirando”, dijo entonces Manon Aubry (Francia Insumisa), copresidenta de La Izquierda (antes GUE, el grupo de UP, Syriza, Die Linke, EH Bildu...).

Un mes, en abril, la misma enmienda presentada en una resolución sobre los certificados covid fue rechazada con el voto del Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D) y los liberales (Renew Europe). Esta vez, sin embargo, los socialistas han votado a favor, al igual que los Verdes, que ya lo hicieron en abril.

Tras meses oponiéndose a la suspensión temporal de patentes y otros derechos de propiedad intelectual de los productos contra la COVID-19, la Unión Europea ha presentado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) una propuesta con la que buscan, defienden, “ampliar la producción de vacunas y de tratamientos y garantizar un acceso universal y justo a los mismos”.

A grandes rasgos, la iniciativa de la UE consta de tres partes. En primer lugar, limitar el uso de las restricciones a la exportación y mantener abiertas las cadenas de suministro. En segundo, apoyar la expansión de la producción con acciones que “podrían incluir acuerdos de licencia, que prevean el intercambio de conocimientos técnicos, precios escalonados que impliquen una venta sin ánimo de lucro a los países de bajos ingresos, fabricación por contrato y nuevas inversiones en instalaciones de fabricación en los países en desarrollo”. Por último, el documento destaca el uso de las normas ya vigentes que permiten a los países otorgar licencias a fabricantes (incluso sin el consentimiento del titular de la patente), las llamadas licencias obligatorias.

El Consejo de los ADPIC, el acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual, se reúne de manera formal este martes y este miércoles. Después de que Estados Unidos sorprendiera al mundo con su apoyo a la suspensión temporal de las protecciones de propiedad intelectual de las vacunas, una decena de miembros de la OMC, principalmente ricos y entre ellos la UE, continúan resistiéndose a iniciar negociaciones sobre esta medida, que requiere consenso para salir adelante y se ha debatido hasta en diez ocasiones. Sobre la mesa, además del nuevo documento del bloque comunitario, está la propuesta de exención temporal reformulada de Sudáfrica, India y más de 60 países, planteada en un intento de conciliar posiciones y desencallar las conversaciones.

La Comisión Europea asegura que “no está convencida” de que la exención propuesta sea la “mejor respuesta inmediata para alcanzar el objetivo de una distribución más amplia y oportuna de las vacunas contra la COVID-19 que el mundo necesita urgentemente”, alegando que su plan persigue esta meta de manera rápida y eficaz. Sin embargo, la propuesta de la UE ha suscitado críticas de expertos y activistas –muchos de ellos partidarios de una suspensión temporal de las patentes– que se centran sobre todo en las licencias obligatorias, un proceso que muchos países han argumentado que es muy engorroso.

En declaraciones a elDiario.es, Brook K. Baker, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Northeastern (Massachusetts), cree que en lugar de “desbloquear el debate sobre una decisión efectiva de suspensión” de propiedad intelectual, la propuesta de la UE “está diseñada para degradar la exención, confundir y engañar a los responsables de la toma de decisiones, y retrasar los debates en la OMC”. 

“Es una táctica vergonzosa y deliberada para ratificar la continua y equivocada permisividad de la UE con el dominio de las grandes farmacéuticas en la respuesta a la COVID-19”, dice Baker, también analista de Health GAP, organización internacional en defensa del acceso a medicamentos contra el VIH. “La UE depende desesperadamente de los mismos monopolios de vacunas que han producido una escasez artificial de vacunas”. 

“No es más que una maniobra para paralizar el proceso de negociación de la exención”, ha denunciado por su parte Médicos Sin Fronteras. Similar es la opinión de la organización Salud por Derecho, que considera que la propuesta de la UE propone “medidas claramente insuficientes para aumentar la producción y distribución de vacunas y demuestra una firme posición europea para impedir el consenso y obstaculizar la negociación del texto definitivo sobre la iniciativa de India y Sudáfrica, que vuelve a retrasarse”. Ambas entidades han abogado en los últimos meses por una suspensión temporal de las patentes, defendiendo que podría ayudar a aumentar la producción de vacunas y otros productos contra el coronavirus.

Bruce Aylward, asesor principal del director general de la OMS, ha dicho por su parte que la propuesta para ampliar el acceso a las vacunas no llega lo suficientemente lejos y asegura que una renuncia a los derechos de patentes “aportaría valor añadido”, según recoge Reuters.

“El sistema de licencias obligatorias es fallido”

Cuando se conceden las licencias obligatorias, un gobierno permite a los fabricantes genéricos producir sin autorización del propietario de las patentes –a quienes obliga a licenciarlas de manera “no voluntaria”–. Se trata de un mecanismo legal previsto en buena parte de las legislaciones nacionales e incluido en el acuerdo de los ADPIC. El titular de la patente sigue teniendo derechos sobre la misma, incluido el de recibir una compensación económica por las copias de los productos fabricadas bajo la licencia obligatoria.

Durante estos meses de estancados debates en la OMC sobre la suspensión temporal de las patentes, ha sido frecuente el encontronazo sobre las licencias obligatorias. Los defensores de la propuesta de exención, principalmente países empobrecidos, han utilizado como argumento a su favor las dificultades institucionales y legales que muchos se encuentran a la hora de usar las llamadas “flexibilidades” del acuerdo, entre ellas las licencias obligatorias.

La UE argumenta en su documento que persigue “proporcionar más seguridad jurídica y aumentar la eficacia del sistema”. Pero Luis Gil Abinader, investigador experto en propiedad intelectual que trabaja en la organización especializada Knowledge Ecology International (KEI), es tajante: “Nada de lo que plantea la Unión Europea es nuevo”. “Ya existe un sistema de licencias obligatorias en la OMC, pero es fallido. Lejos de proponer soluciones concretas para mejorar ese sistema de licencias obligatorias, el objetivo de la Unión Europea aparentemente es distraer y dilatar las negociaciones hacia una exención de las normas sobre propiedad intelectual”, dice el experto a elDiario.es.

En estos momentos, esta organización está precisamente brindando apoyo técnico a Biolyse, una pequeña farmacéutica canadiense que lleva semanas intentando lograr una licencia obligatoria en Canadá para fabricar una versión de la vacuna de Johnson & Johnson y exportarla a Bolivia.

“Actualmente el sistema de licencias obligatorias para la exportación de la OMC acarrea un gran número de obstáculos procesales y sobre todo desincentivos económicos. Las licencias otorgadas mediante ese sistema están limitadas, por ejemplo, en su alcance y duración, lo cual las convierte en una opción poco útil para las empresas genéricas que buscan superar barreras de propiedad intelectual”, opina el investigador de KEI.

A su juicio, “una discusión real y de buena fe” para reformar el sistema de licencias obligatorias sería un “paso positivo”. “Pero nada de lo que propone la UE busca resolver esas problemáticas. Parece ser que proteger los intereses de las empresas farmacéuticas es más importante para la UE que salvar vidas durante la pandemia”.

Ellen't Hoen, directora de Medicines Law & Policy, que reúne a expertos en el campo del acceso a los medicamentos, cree que es “interesante” ver que la UE “abraza las licencias obligatorias, porque en el pasado han puesto las cosas difíciles a los países que han utilizado o planeado utilizar las licencias obligatorias de medicamentos. Así que es un paso en la dirección correcta que espero que no se limite a los productos relacionados con la COVID-19”.

Sin embargo, coincide Ellen't Hoen, la propuesta de la UE “solo enumera las medidas que los países ya pueden adoptar en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública”. “Las licencias obligatorias forman parte del Acuerdo sobre los ADPIC desde su adopción en 1994. La Declaración de Doha aclaró que los países tienen efectivamente derecho a utilizarlas cuando lo consideren necesario. Y que pueden determinar ellos mismos lo que constituye una emergencia”.

“El único cambio que propone la UE es facilitar la exportación de productos producidos bajo una licencia obligatoria –el artículo 31bis– mediante la exención de algunos de los requisitos de procedimiento. Irónicamente, la propia UE puede ser beneficiaria de esta propuesta si se aprueba. En 2003, la UE optó por no utilizar el artículo 31bis como importador. Parece que su propuesta les permitiría volver a participar”, dice la experta a elDiario.es.

Robert Howse, profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, opina que la propuesta de la UE sobre la equidad en las vacunas en la OMC “es totalmente respetable”. “Mi crítica se basa en que se utiliza para frenar la exención de los ADPIC. Si lo que propone la UE se añadiera al texto de la exención, estaría bien. Hacer que las flexibilidades existentes de los ADPIC funcionen mejor es compatible con la exención”, sostiene en Twitter.

En un comunicado, Médicos Sin Fronteras explica que desde la ONG llevan mucho tiempo abogando por el uso de licencias obligatorias para garantizar que los países se beneficien del efecto de reducción de precios que provoca la competencia con los productores de genéricos y para aumentar, de esta manera, el acceso a los medicamentos esenciales. Sin embargo, creen que esta vía “no es eficiente” en condiciones de pandemia. “Los obstáculos legales, la presión de las farmacéuticas y los trámites burocráticos la hacen demasiado compleja y lenta para abordar los desafíos en una situación como la actual. La propuesta de exención de los ADPIC proporcionaría a los países una forma eficaz y rápida de eliminar por adelantado las principales barreras de propiedad intelectual, en lugar de esperar a que aparezcan los obstáculos para pasar a la acción”.

“Este procedimiento [las licencias obligatorias] dilataría mucho los plazos, mientras que la propuesta de India y Sudáfrica es un planteamiento mucho más amplio y su aprobación abarcaría todas las tecnologías para hacer frente a la COVID-19”, dice Vanessa López, directora de Salud por Derecho. “Además, la propuesta de la UE se centra en las patentes, pero no explica cómo van a abordar otros aspectos de la propiedad intelectual que son cruciales para producir las vacunas, como los secretos comerciales”. 

“La UE finge que está haciendo algo, pero no es así”

“Los mecanismos actuales de concesión de licencias obligatorias son engorrosos y no implican la transferencia de conocimientos”, coincide en declaraciones a elDiario.es Richard Gold, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad McGill (Quebec, Canadá), donde fundó el Centro de Política de Propiedad Intelectual.

“La propuesta de exención de los ADPIC es un paso en la dirección correcta. Simplificaría enormemente el proceso, haciendo factible la obtención del derecho a producir la vacuna o sus componentes. Además, permitiría el acceso a los conocimientos que son fundamentales para la producción de vacunas. La postura de la UE pretende abordar la cuestión de las licencias obligatorias cuando se sabe que el mecanismo es completamente inadecuado. Habría sido más transparente decir que la UE no quiere permitir la producción de vacunas en los países en desarrollo para favorecer a los titulares de patentes europeos. En lugar de ello, finge que está haciendo algo cuando no es así”.

A su juicio, hace falta un enfoque doble. “Primero, hay que movilizar toda la producción actual de vacunas posible para ayudar a los países que no tienen acceso en la actualidad. En segundo lugar, debemos garantizar un mecanismo a medio plazo para aumentar la producción de vacunas en los países en desarrollo. Lo primero nos da tiempo para aumentar la producción en los países en desarrollo y reduce el riesgo en todas partes. El segundo asegura la capacidad a largo plazo de producir suficientes vacunas en suficientes lugares para asegurar el suministro a largo plazo. Estos dos aspectos –garantizar el acceso hoy y aumentar la producción para el futuro– están intrínsecamente relacionados. Desgraciadamente, la propuesta de la UE solo contempla el primero de estos aspectos e ignora el segundo. Es decir, ganaremos tiempo pero luego lo perderemos. Mientras perseguimos el primer objetivo, debemos trabajar por el segundo”.

Preguntado sobre si la propuesta de la UE puede impulsar la fabricación de vacunas, Brook K. Baker responde que cree que los beneficios serían “modestos”. “La UE propone ayudar a desbloquear las cadenas de suministro de vacunas ayudando a aumentar la producción de componentes clave, facilitar el intercambio de información sobre determinados cuellos de botella y promover el libre comercio de tecnologías sanitarias de la COVID-19 y la eliminación de los controles a la exportación. La UE pasa por alto su propio y vergonzoso historial de controles a la exportación, pero es evidente que la eliminación de dichos controles en EEUU, la UE y otros países sería una ayuda”. 

Sin embargo, sobre la cuestión de facilitar más acuerdos bilaterales (licencias) entre los titulares de los derechos de las vacunas y otros productores, recuerda que estos “suelen consistir en acuerdos de fabricación por contrato con un intercambio de tecnología limitado y muy controlado”. “En mi opinión, no harán mucho por ampliar la capacidad de fabricación de vacunas, ni siquiera a corto plazo, pero el principal problema será que los monopolistas de las vacunas seguirán dominando el suministro, el precio y la distribución, dando acceso preferente a los países ricos que puedan pagar más”. 

La OMS creó hace un año plataforma C-TAP, un repositorio para que las empresas compartan su conocimiento técnico y sus datos con otros productores, promoviendo un modelo de ciencia abierta, en el que las licencias (la autorización para usar las patentes) se pueden conceder de forma no exclusiva para aprovechar la mayor capacidad de fabricación posible. Pero hasta la fecha, ningún fabricante de vacunas ha contribuido.

Baker considera que la UE, además, “no propone ampliar significativamente la capacidad de fabricación biofarmacéutica independiente en los países de ingresos bajos y medios que hasta ahora se han quedado atrás en el acceso a las vacunas, los medicamentos, las pruebas, los equipos de oxígeno y los equipos personales de protección”. “En su lugar, la UE propone modestas inversiones a largo plazo en infraestructura de capacidad farmacéutica, con algunas inversiones específicas en el sur de África”. 

Que la Unión haya hecho énfasis en la cuestión de las licencias obligatorias ha despertado asimismo críticas del sector farmacéutico, que se ha opuesto también durante meses a la suspensión temporal propuesta en la OMC, alegando que puede perjudicar la innovación en un futuro.

La directora general de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, Nathalie Moll, ha asegurado en un comunicado que acogen “con satisfacción el compromiso de limitar las restricciones a la exportación y facilitar el comercio, así como de fomentar la expansión de la producción de vacunas y tratamientos en colaboración con la industria”. Sin embargo, dice que les “preocupa profundamente la amenaza de las licencias obligatorias como vehículo para aumentar el acceso a las vacunas contra la COVID-19”. “Las licencias obligatorias no facilitarán una mayor equidad en las vacunas, sino que podrían poner en peligro los avances que tanto ha costado conseguir en la lucha contra esta terrible enfermedad”.

La iniciativa Right2Cure, que cuenta con el apoyo de diversos colectivos y agentes sociales, ha pedido este lunes en Bilbao que se liberalicen las patentes de la COVID-19 en Europa para lograr así una “vacunación masiva y asequible en todo el mundo”. “Esto es una cuestión de interés político. Medicus Mundi lleva más de 20 años peleándose con las patentes y no nos han hecho caso nunca, llega Biden y todos tenemos en la agenda las patentes. Si la Unión Europea lo quiere, lo puede hacer”, ha indicado Itziar Irazabal, representante de Medicus Mundi en Bizkaia.

El objetivo de Right2Cure, que cuenta con el apoyo de Medicus Mundi, Osalde, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Ongi Etorri Errefuxiatuak, CCOO Euskadi, ESK, Sodepaz EH, Feministalde, Mugarik Gabe, Gorripidea, además de las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Donostia, Vitoria y Getxo, es recaudar un millón de firmas en toda Europa para poder tramitar una Iniciativa Ciudadana Europea a la Comisión Europea y visibilizar la problemática de las patentes coincidiendo con que este martes y miércoles se celebra la Cumbre Mundial de Comercio en la que se abordará, entre otras cuestiones, la posibilidad de liberar las patentes sobre las vacunas contra el coronavirus.

“Creemos que articulando el nodo de Euskadi podremos contribuir de mejor manera a la visibilización de esta cuestión fundamental, a generar el debate social necesario para que se mantenga en las agendas políticas y a reunir el millón de firmas necesarias para asegurarnos de que llegue a la Comisión Europea”, ha asegurado Yahcov Ruiz, portavoz de Rigth2Cure en Euskadi y exparlamentario de Elkarrekin Podemos.

Para ello, colectivos y organizaciones de toda Europa han convocado una serie de manifestaciones que exigen la liberación de las patentes farmacéuticas. En Bilbao, desde Rigth2Cure han convocado una concentración este miércoles a las 19.00 en frente del Teatro Arriaga, en Bilbao, bajo el lema 'Vacunas para todas'.

Según Ruiz, el problema de la COVID-19 es que aunque “las vacunas son la mejor herramienta para acabar con el virus, éstas no están llegando a todo el mundo por igual”, y ha explicado que, el origen de esta iniciativa vino ante el bloqueo en el seno de la OMC de la liberación de las patentes sobre vacunas solicitada por India y Sudáfrica.

“Nos parece que cuando se da dinero público para producir algo, se debe exigir por lo menos una contrapartida que sea a nivel social. Nos parece que se debería haber exigido a los laboratorios que se fabricara la vacuna, al menos, con un precio asequible para todas las personas porque los precios actuales y los que se van a poner en cuanto pase la primera oleada de vacunación van a ser inasumibles por la mayoría de personas y la mayoría de países”, ha explicado Eduardo García Langarica, representante de Medicus Mundi en Euskadi.

Preguntados por cuándo sería posible una supuesta liberación de las patentes, han señalado que “cada día que pasa es un día perdido”, ya que “hay gente que fallece que quizás podría haberse salvado si hubiera dispuesto de vacunas con mayor velocidad”. “La iniciativa que estamos promoviendo es un camino más lento que si directamente la Comisión Europea y sus estados miembro se hubieran mostrado favorables a la suspensión de las patentes, pero esa decisión se va a demorar. Se dan largas y excusas, quizás no para decir que no están a favor de liberar las patentes, pero para no mostrarse a favor de esa liberación. Todavía no se ha conseguido tramitar en el Parlamento Europeo ninguna iniciativa específica que fuerce a la Comisión Europea a posicionarse a favor de la liberación de patentes”, ha lamentado Ruiz.

Las firmas se pueden realizar a través de la página web habilitada en la que explican el proyecto, resumen la iniciativa legislativa europea y llevan a la web de la Unión Europea para poder firmarla. Por el momento, llevan recaudadas 200.000, 27.000 de ellas en España. Tanto las firmas como las adhesiones siguen sumándose día a día.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.

La Unión Europea no termina de decidirse por la liberación de patentes con las vacunas de la COVID-19. Mientras hay países como España, que creen que es necesario, pero no suficiente, otros países como Alemania, la propia Comisión Europea o la presidencia rotatoria de la UE, Portugal, no lo consideran prioritario. Fruto de ello es que casi un mes después de que Estados Unidos sorprendiera al mundo con su apoyo a la suspensión temporal de las protecciones de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus y tras meses de estancamiento en los debates, una decena de miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), principalmente ricos, continúan resistiéndose a iniciar negociaciones sobre esta medida.

En esa posición contra la liberación de patentes se sitúan las grandes farmacéuticas, que emplean grandes cantidades de recursos, como constata un informe del Corporate Europe Observartory publicado este martes, que a su vez reconoce que “es difícil conseguir información y detalles actualizados sobre el lobby por las débiles reglas de transparencia de los grupos de presión de la UE, que están obstaculizando el escrutinio público que ahora es más necesario que nunca por la pandemia”.

Después de la reunión de este lunes de la OMC, sigue sobre la mesa la propuesta de exención del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC, por sus siglas en inglés), una flexibilización global temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y tratamientos contra la COVID19 para permitir que se produzcan a una escala mucho mayor.

Los días 7 y 8 de junio, los eurodiputados decidirán la posición del Parlamento Europeo sobre una resolución al respecto, y entre el 9 y el 10 de junio la Comisión Europea representará a la UE en la reunión del Consejo de los ADPIC de la OMC en Ginebra para decidir si iniciar o no las negociaciones sobre la exención. Además, la cumbre de los países del G7 del 11 al 13 de junio en Londres será un momento importante para el debate sobre la exención de los ADPIC.

El debate sobre la exención de los ADPIC, propuesto por primera vez por Suráfrica e India en octubre de 2020, entró en una fase nueva a principios de mayo de 2021 cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó la propuesta y la UE se convirtió de repente en el mayor obstáculo que quedaba para el inicio de las negociaciones.

A pesar de esto, las grandes farmacéuticas mantienen su oposición a cualquier flexibilización de las patentes sobre las vacunas y tratamientos COVID-19. “El grupo de presión farmacéutica EFPIA [Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas]”, explica el informe del Corporate Europe Observatory (CEO), “en una reunión a puerta cerrada con la Comisión Europea en diciembre de 2020 calificó la exención como una 'medida extrema para un problema no identificado'. Más tarde, criticó el apoyo de Biden a la exención como 'miope e ineficaz'. En una época de enormes ganancias inesperadas por la pandemia, las grandes farmacéuticas están particularmente interesadas en defender su modelo de patentes”.

Según el examen del Corporate Europe Observatory sobre el lobby de la industria farmacéutica en Bruselas, “la industria está invirtiendo enormes cantidades de dinero para influir en la toma de decisiones de la UE. Los responsables de la toma de decisiones de la UE se enfrentarán en las próximas semanas a una presión masiva para (continuar) del lado de las grandes farmacéuticas”.

Así, sobre la base de las actualizaciones anuales de divulgación sobre lobby enviadas al Registro de Transparencia de la UE, el CEO recoge que “más de 40 empresas farmacéuticas informan de que gastan hasta 25,3 millones de euros al año en lobby; que los grupos de presión de las grandes farmacéuticas gastaron hasta 10,7 millones de euros adicionales al año; y que las grandes farmacéuticas gastan hasta 14,9 millones de euros al año en consultorías de lobby en Bruselas para influir en la toma de decisiones de la UE”.

El CEO avisa de que las directrices del Registro de Transparencia instan a las empresas a incluir el gasto en consultorías de lobby en la cantidad total de gasto de lobby declarado. “Está claro que no todas las empresas en realidad hacen esto, pero presumiblemente muchas lo hacen, por lo que sumar el gasto de las empresas, los grupos de presión y las consultorías resultaría en una doble contabilidad. Por tanto, una estimación conservadora del gasto total anual de los grupos de presión en la UE por parte de las grandes farmacéuticas es de 36 millones de euros al año”, explica el Corporate Europe Observatory, que añade: “Las compañías farmacéuticas y los grupos de presión informan de que emplean al menos 290 lobistas (un estimado de 104,75 trabajos de lobby a tiempo completo), y esta cifra no incluye a los lobistas 'contratados' en las consultorías de lobby”.

La entidad explica que “la EFPIA, el principal grupo de presión de las grandes farmacéuticas en Europa, aumentó su gasto de lobby en alrededor de un 20% en 2020 en comparación con el año anterior (hasta 5,5 millones de euros en comparación con 4,6 millones en 2019), involucrando a 25 grupos de presión. La mayoría de las compañías farmacéuticas informan de que el gasto de los grupos de presión no ha cambiado, y algunas incluso hablan de una ligera reducción en el gasto de los grupos de presión. Pero, como numerosas empresas aún no han informado sobre sus gastos de lobby en 2020, es prematuro sacar conclusiones sobre cómo la pandemia ha afectado el gasto de lobby”.

El informe de abril de 2015 del Observatorio Corporativo de Europa Recetas políticas: el poder de fuego del lobby farmacéutico de la UE y las implicaciones para la salud pública ya mostró que las grandes farmacéuticas gastaron casi 15 veces más que los grupos de la sociedad civil trabajando en salud pública y acceso a medicamentos. “Desde entonces, si bien el gasto de la sociedad civil ha aumentado, las grandes farmacéuticas continúan gastando mucho más con un presupuesto de lobby de la UE, al menos cinco veces mayor que el de la sociedad civil”, explica la entidad.

“La sociedad civil no solo está superada en recursos por el lobby empresarial en cuestiones de salud. También hay que destacar el acceso privilegiado del que disfruta Big Pharma en los niveles más altos de la Comisión Europea. La investigación del Corporate Europe Observatory de mayo de 2021 La cámara de resonancia farmacéutica de la Comisión muestra que solo aquellos que no cuestionan los monopolios de las grandes farmacéuticas sobre las patentes parecen tener acceso. Mientras que el megafilántropo Bill Gates y el lobby pro-patentes son una fuerza poderosa que influye en la respuesta de la UE, los defensores del intercambio de tecnología para hacer frente a la pandemia se enfrentan a puertas cerradas. Las cifras publicadas por Deutsche Welle mostraron un desequilibrio extremo entre los oponentes y los defensores de la exención de patentes de vacunas: 140 reuniones con empresas farmacéuticas y sus asociaciones, 18 reuniones con empresas genéricas y solo una reunión con grupos pro-exenciones”.

El informe del Corporate Europe Observatory muestra que “el papel de las consultoras en el lobby farmacéutico también es considerable. Hay varios cientos de consultoras de grupos de presión en Bruselas y más de 65 empresas tienen grupos de presión con pases de acceso permanente al Parlamento Europeo. Un total de 34 consultoras de lobby inscritas en el Registro de Transparencia informan que trabajan para Big Pharma: EFPIA, el mayor inversor del lobby farmacéutico, invierte hasta 660.000 euros al año en no menos de 8 firmas consultoras de lobby (Acumen, Hague Corporate Affairs, Incisive Health, Interel, Porter Novelli, RRP Group, Rud Pedersen PA y ZN)”.

Además, “el productor de vacunas Moderna no tiene su propia oficina en Bruselas y parece depender en gran medida de FTI Consulting para ejercer presión sobre la UE; Johnson & Johnson contrató a 7 consultoras de lobby por un importe de hasta 650.000 euros; y Pfizer informa de que gasta entre 800 000 y 900 000 euros al año en lobby en la UE”.

Pfizer sí tiene una oficina de lobby en Bruselas y cuatro lobistas con pases de acceso permanentes al Parlamento Europeo. “Pero el Registro de Transparencia también muestra que contrató a tres consultoras de lobby para impulsar su influencia, en las que Pfizer gastó entre 950.000 y 1,2 millones de euros al año (Fleishman Hillard, Porter Novelli y ZN)”, dice el informe.

“Con respecto a Pfizer, parece que está subestimando su presupuesto real de lobby, dado que los honorarios de consultoría deben incluirse en el gasto de lobby de la empresa”, explica el CEO: “Además, la compañía todavía está declarando sus cifras de gasto de lobby de 2019, en lugar del último año. Por lo tanto, Corporate Europe Observatory ha alertado a la secretaría del Registro de Transparencia para que se comuniquen con Pfizer para actualizar y corregir su cifra de gasto de lobby”.

El CEO, además, alerta de que “la debilidad de los requisitos del registro de transparencia de los grupos de presión de la UE hace imposible saber sobre qué leyes y cuestiones políticas específicas estaban presionando estas consultoras en nombre de las grandes farmacéuticas”. Este asunto está pendiente de cambiar con las reformas del Registro de Transparencia acordadas por las instituciones de la UE, que se están ultimando.

Según los datos recabados, las grandes farmacéuticas son de los mayores financiadores de las consultoras de lobby con sede en Bruselas. “Seis consultoras de lobby ganan más de un millón de euros al año presionando a las grandes farmacéuticas: Incisive Health (hasta 2,1 millones de euros, incluida EFPIA, MSD, Hoffman la Roche, etc.); Fleishman Hillard (hasta 1,4 millones de euros, incluidos Pfizer, Novartis, etc.); FTI Consulting (hasta 1,3 millones de euros, Moderna, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, etc.); Porter Novelli (hasta 1,2 millones de euros, Pfizer, Bayer, EFPIA, etc.); Acumen (hasta 1,15 millones de euros, MSD, EFPIA, Johnson & Johnson).

Casi un mes después de que Estados Unidos sorprendiera al mundo con su apoyo a la suspensión temporal de las protecciones de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus y tras meses de estancamiento en los debates, una decena de miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), principalmente ricos, continúan resistiéndose a iniciar negociaciones sobre esta medida.

Según han informado fuentes diplomáticas de Ginebra a elDiario.es, la propuesta de negociar a partir de un texto sobre una exención de las protecciones de propiedad intelectual para combatir la COVID-19 ha “cobrado fuerza” en una reunión informal del Consejo de los ADPIC (el marco normativo internacional del sistema de propiedad intelectual en el comercio) celebrada este lunes, la primera tras conocerse el giro de la mayor potencia económica del mundo.

Estas mismas fuentes explican que, durante la reunión, EEUU, China, Ucrania y Nueva Zelanda se han unido a los impulsores de la medida apoyando una negociación que permita encontrar una estrategia común de la propiedad intelectual para hacer frente a la pandemia.

Sin embargo, una decena de miembros han continuado “expresando sus dudas sobre la conveniencia de iniciar las negociaciones y han pedido más tiempo” para analizar la propuesta revisada presentada hace unos días por Sudáfrica e India, que actualmente cuenta con el apoyo de 63 miembros de la OMC, y que se ha discutido por primera vez este lunes.

Entre estos miembros se encuentran el bloque de la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Japón, Singapur, 'Taipei Chino' (Taiwán), Brasil, Corea del Sur, Noruega y Suiza. Ni Rusia ni Canadá han intervenido este lunes en la OMC, de acuerdo con las mismas fuentes.

Las discusiones siguen atascadas por las diferencias sobre si la protección de la propiedad intelectual supone o no barreras en la lucha contra la pandemia, y sobre el uso de algunas medidas ya existentes, como las licencias obligatorias, un proceso que los países de menores recursos argumentan que es engorroso.

Algunas voces consideraron que el cambio de rumbo de EEUU era importante porque, dada su influencia, podía persuadir a los países detractores para que se comprometan y lleguen a algún tipo de acuerdo.

Los países tendrán una nueva oportunidad de definir sus posiciones en la reunión formal del consejo la semana que viene, el 8 y 9 de junio. Pero las medidas en la OMC se suelen adoptar por consenso de todos los miembros. Desde que India y Sudáfrica propusieron la medida el pasado octubre, el organismo ha debatido hasta diez veces, tanto de manera formal como informal, la posibilidad de suspender temporalmente las patentes y otros derechos.

En las últimas semanas, organizaciones de la sociedad civil como Médicos Sin Fronteras (MSF) han pedido a todos los gobiernos que pasen “inmediatamente a las negociaciones sobre un documento concreto y a avanzar en la suspensión de manera urgente”. La medida también ha recibido el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para resolver la desigualdad en la distribución de vacunas.

Una nueva propuesta encima de la mesa para avanzar

Durante el encuentro de este lunes, Sudáfrica ha tomado la palabra para defender que el texto revisado es una “oportunidad” para centrarse en los debates y concluir las negociaciones en el menor tiempo posible, y ha destacado la disposición de varios miembros de la OMC a entablar negociaciones basadas en el texto, concretamente EEUU y Nueva Zelanda.

El pasado 25 de mayo, junto a India y otros 60 países, la potencia africana reformuló su propuesta a favor de una exención temporal de derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, en un intento de conciliar posiciones tras meses de estancamiento por el bloqueo principalmente de los países ricos.

El texto mantiene en gran medida el espíritu del original, pero añade algunas especificaciones en respuesta a quienes habían expresado que era demasiado amplio: agrega la preocupación por las nuevas mutaciones del virus y, como el anterior, reafirma su alcance más allá de las vacunas. Pero detalla que afectaría a los “productos y tecnologías sanitarios” (incluyendo “diagnósticos, terapias, vacunas, dispositivos médicos, equipos de protección personal) así como ”sus materiales o componentes, y sus métodos y medios de fabricación“ para la prevención, el tratamiento o la contención de la COVID-19. Sudáfrica ha alegado este lunes para ello que ”las vacunas son necesarias pero no suficientes para responder a la pandemia“.

La propuesta reformulada también aterriza la duración de la medida, que antes se dejaba abierta: al menos tres años. Y una vez más, no se ciñe solo a las patentes, que otorgan a las empresas un monopolio sobre la producción y buscan proteger sus invenciones de la competencia durante un tiempo limitado. Tal y como está planteada en este momento, si saliera adelante, se suspenderían de manera temporal, mientras dure la pandemia, varias provisiones del llamado Acuerdo de los ADPIC: derechos de autor y los que se derivan de ellos, dibujos y modelos industriales, patentes y protección de la información no divulgada.

India, por su parte, ha defendido que los derechos de propiedad intelectual siguen siendo “el mayor obstáculo” para abordar las limitaciones del suministro de vacunas, pero también ha reconocido que la propuesta de exención no será suficiente, sino un elemento necesario de una estrategia integral, explican fuentes de Ginebra. Mientras tanto, India cree que la exención actuaría como “una medida legal necesaria, proporcionada y temporal, para eliminar las barreras de la propiedad intelectual, al tiempo que allanaría el camino para que más empresas produzcan vacunas, terapias y diagnósticos de COVID-19, al proporcionarles libertad para operar sin el temor de infringir los derechos de propiedad intelectual o la amenaza de litigios”.

Las delegaciones de Pakistán, Mauricio, Tanzania (en nombre del Grupo Africano), Argentina, Mozambique, Bangladesh, Bolivia, Egipto, Nepal, Fiyi, Cabo Verde, Paraguay, Indonesia, Jordania, Zimbabue, Chad, Vanuatu y Kenia han expresado también la necesidad de iniciar negociaciones.

Quiénes han cambiado de posición

Entre el grupo de miembros que han cambiado su posición en la reunión está EEUU, que el 5 de mayo apoyó el inicio de un proceso en la OMC. El país norteamericano ha dicho que está abierto a participar en negociaciones “sobre cualquier propuesta que pueda abordar la necesidad inmediata de aumentar la producción y distribución de vacunas”. Y ha defendido que alentará a otros miembros a dar un “paso adelante con algo a lo que puedan decir que sí” y a “actuar con urgencia”, indican las mismas fuentes.

Hasta ahora, EEUU solo ha mencionado públicamente un apoyo a una exención para las vacunas, a diferencia de la iniciativa de India y Sudáfrica, que también se refiere a medicamentos, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías. Esto, a juicio de algunas fuentes consultadas por elDiario.es, puede anticipar ciertas líneas rojas en los debates. El país norteamericano ha explicado que comentará la propuesta revisada en futuras reuniones. En otras palabras, lo que EEUU apoya es avanzar y negociar a partir de un texto, lo cual no quiere decir que respalde el documento de India y Sudáfrica.

China ha dicho que está evaluando detenidamente el nuevo texto que, a su juicio, proporciona una base para las discusiones en las que participará, sostiene, con “un espíritu constructivo”. El delegado chino ha señalado que Pekín apoya una exención de los ADPIC para las vacunas. Nueva Zelanda ha tomado la palabra para manifestar su apoyo a la exención para las vacunas y, en la misma línea, Ucrania ha expresado su respaldo a las negociaciones a partir de textos.

La UE y varios países siguen reacios o piden más tiempo

Otros miembros que hasta ahora se han mostrado claramente en contra de negociar la medida han planteado preguntas y dudas, principalmente sobre el alcance propuesto de la exención, así como sobre su duración.

El delegado coreano, por ejemplo, ha argumentado que la propuesta revisada parece ir demasiado lejos en cuanto al alcance, “ya que crea incertidumbres, incluso consecuencias no deseadas” y cree que la duración de tres años proporciona un “cheque en blanco a los que proponen una exención permanente”, sacando a relucir uno de los principales argumentos de detractores de la medida, el supuesto riesgo de que se desincentive la investigación y la innovación en el futuro.

La Unión Europea, por su parte, ha defendido que el objetivo urgente e inmediato “debe seguir siendo aumentar la producción para compartir las vacunas de forma más amplia y rápida, y garantizar un acceso equitativo a los países de renta baja y media a precios asequibles”. Y para ello aboga por medidas como levantar las restricciones a la exportación de los ingredientes de las vacunas y otros insumos, utilizar al máximo la capacidad de producción existente y acondicionar las instalaciones que puedan adaptarse fácilmente para producir más.

La intención de la UE, ha explicado el delegado que representa al bloque comunitario, es presentar una propuesta a los miembros que, entre otras cosas, tendrá “como objetivo facilitar el uso del sistema de licencias obligatorias tal y como existe actualmente”. Pero no ha aclarado cuándo presentará oficialmente esta iniciativa, explican fuentes de Ginebra. Suiza también ha argumentado que se debe facilitar el uso de las flexibilidades existentes en las normas internacionales en lugar de renunciar a ellas por completo.

Reino Unido ha dicho que quiere continuar las discusiones “activas y constructivas” con los miembros en la OMC, así como a través del G7 y una serie de foros internacionales para encontrar la manera más rápida y eficaz de facilitar el aumento de la producción y el suministro.

Japón, por su parte, ha expresado su disposición a participar en este debate de forma “constructiva” y considera “positiva” la propuesta revisada. También Singapur, Brasil, Taipei Chino, Corea y Noruega consideran “valioso” el nuevo texto y se comprometen a estudiar seriamente la propuesta revisada. Mientras, Australia ha dicho que sigue abierta a todas las propuestas que apoyen el aumento de la producción de las vacunas, incluidas las propuestas de exención.

India, Sudáfrica y otros 60 países han reformulado su propuesta a favor de una exención temporal de derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, de vacunas y otros productos contra la COVID-19. 

El texto fue difundido el 21 de mayo en un intento de conciliar posiciones tras meses de estancamiento de los debates en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el bloqueo principalmente de los países ricos, y unas semanas después de que Estados Unidos asombrara al mundo con su apoyo a la suspensión temporal de las protecciones de propiedad intelectual de las vacunas.

La nueva propuesta se debatirá por primera vez en una reunión informal en la OMC el próximo 31 de mayo. El texto mantiene en gran medida el espíritu del original, pero añade algunas especificaciones en respuesta a quienes habían expresado que era demasiado amplio. El objetivo explícito es avanzar en las discusiones “teniendo en cuenta los debates y los comentarios recibidos”. Las medidas en la OMC se suelen adoptar por consenso de todos los miembros.

El documento revisado añade la preocupación por las nuevas mutaciones del virus y, como el anterior, reafirma su alcance más allá de las vacunas. Se centra en los “productos y tecnologías sanitarios”, incluyendo “diagnósticos, terapias, vacunas, dispositivos médicos, equipos de protección personal, sus materiales o componentes, y sus métodos y medios de fabricación” para la prevención, el tratamiento o la contención de la COVID-19.

Un periodo mínimo de tres años

La propuesta reformulada también agrega un párrafo sobre la duración de la medida: al menos tres años a partir de la fecha de la decisión. Posteriormente, proponen, el Consejo General –el órgano de toma de decisiones de más alto nivel de la OMC– revisaría la existencia de las circunstancias excepcionales que justifican la exención, “y si estas dejan de existir”, el Consejo General determinaría la fecha de finalización de la misma.

Los países copatrocinadores justifican esta duración así: “La comunidad internacional se enfrenta a un nuevo patógeno, con muchas incertidumbres. Por ejemplo, todavía se está investigando una terapéutica eficaz, y todavía hay muchas incógnitas con respecto a las vacunas que tendrán que ver con la fabricación y el suministro a escala que se necesitará para controlar la pandemia, como la duración de la inmunidad conferida, la eficacia de las vacunas contra las nuevas variantes y el efecto de las vacunas en los niños”.

Además, escriben, “la duración tiene que ser práctica para que la fabricación sea factible y viable. Estas complejidades sugieren la necesidad de una duración práctica y flexible”.

Una vez más, el documento no se ciñe solo a las patentes, que otorgan a las empresas un monopolio sobre la producción y buscan proteger sus invenciones de la competencia durante un tiempo limitado. Tal y como está planteada en este momento, si saliera adelante, se suspenderían de manera temporal, mientras dure la pandemia, varias provisiones del llamado Acuerdo de los ADPIC –el marco normativo internacional del sistema de propiedad intelectual en el comercio–: derechos de autor y los que se derivan de ellos, dibujos y modelos industriales, patentes y protección de la información no divulgada.

La medida se ha debatido hasta nueve veces

En la OMC se ha debatido hasta nueve veces, tanto de manera formal como informal, la propuesta que presentaron India y Sudáfrica el pasado octubre. La iniciativa ha recabado en todos estos meses el respaldo de decenas de países, principalmente los de menores ingresos, que defienden que puede ayudar a expandir el acceso a las vacunas.

Un total de 62 miembros copatrocinan la propuesta en este momentos. Además de India y Sudáfrica, entre ellas están las delegaciones del grupo africano, el grupo conocido como los países menos adelantados, Bolivia, Egipto, Eswatini, Fiji, Indonesia, Kenia, Maldivas, Mozambique, Mongolia, Namibia, Pakistán, Vanuatu, Venezuela y Zimbabue.

Hasta el momento, se han opuesto sistemáticamente un grupo de miembros, principalmente aquellos con industrias farmacéuticas y biotecnológicas importantes, entre ellos, Australia, Brasil, Reino Unido, Japón y la Unión Europea –así como EEUU, antes de su giro a principios de mes–.

Las posturas han estado muy encontradas hasta ahora. Los países discrepan sobre el papel de la propiedad intelectual en el acceso a vacunas y medicamentos de alta calidad, seguros, eficaces y asequibles para todo el mundo. Las naciones a favor defienden que los problemas actuales solo pueden abordarse eficazmente con esta medida, pero algunas delegaciones siguen sin estar convencidas y otras argumentan que podría ser contraproducente.

Los impulsores de la propuesta anunciaron que iban a revisarla pocos días antes de que EEUU se pronunciara a favor de una exención. En su escueta declaración, Katherine Tai, representante de Comercio Exterior estadounidense, solo mencionó el apoyo a la exención para las vacunas, a diferencia de la iniciativa de India y Sudáfrica, que también se refiere a medicamentos, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías. Esto, a juicio de algunas fuentes consultadas por elDiario.es, puede anticipar ciertas líneas rojas en los debates.

Antes de difundir su propuesta, los países a favor dijeron que esta fase de discusión debe “concluirse lo antes posible, dada la gravísima situación a la que todavía nos enfrentamos con la COVID-19”. Se comprometieron también a participar en este proceso “con la flexibilidad necesaria para garantizar resultados rápidos”, y pidieron al resto de miembros que dieran prioridad y aceleraran las negociaciones basadas en el texto, “con el fin de llegar a una pronta conclusión”. 

“No podemos permitirnos perder un tiempo precioso”

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se volvió a mostrar crítico este lunes con la enorme desigualdad en la distribución de vacunas a nivel mundial. Más del 75% de todas las que se han administrado han sido en solo 10 países, según sus datos. “La actual crisis de las vacunas es una escandalosa desigualdad que perpetúa la pandemia. No hay forma diplomática de decirlo: un pequeño grupo de países que fabrican y compran la mayoría de las vacunas del mundo controlan el destino del resto del mundo”.

“El número de dosis administradas a nivel mundial hasta ahora habría sido suficiente para cubrir a todos los trabajadores de la salud y las personas mayores, si se hubieran distribuido de manera equitativa. Podríamos haber estado en una situación mucho mejor”, dijo el jefe la OMS, quien mostró su agradecimiento a India y Sudáfrica por su iniciativa en la Organización Mundial del Comercio para una exención de las protecciones de propiedad intelectual para los productos COVID-19. “Agradezco a los países que apoyan estos esfuerzos”.

Organizaciones de la sociedad civil como Médicos Sin Fronteras (MSF) han pedido a todos los gobiernos que pasen “inmediatamente a las negociaciones sobre un documento concreto y a avanzar en la suspensión de manera urgente”. El consenso internacional, ha dicho MSF, “es cada vez mayor” en que esta propuesta de exención “debe negociarse y aprobarse de manera urgente”. “Más de 100 países apoyan la propuesta en estos momentos, incluidos China y Rusia”, recuerdan. La semana pasada, el Parlamento europeo aprobó una resolución sobre el VIH/SIDA que incluía un apoyo explícito a la propuesta de exención. Sin embargo, hasta ahora, el Consejo (los Gobiernos) y la Comisión Europea no apuestan por la suspensión de las patentes.

“Con un aumento aterrador de las infecciones y las muertes en los países en desarrollo, y con tratamientos potencialmente prometedores en preparación, es crucial que los países tengan toda la flexibilidad a su disposición para hacer frente a esta pandemia”, dice Leena Menghaney, responsable de la Campaña de Acceso de MSF en el sur de Asia.

“La suspensión se presentó por primera vez hace casi ocho meses, por lo que no podemos permitirnos perder un tiempo que es precioso: el virus sigue cobrándose millones de vidas en todo el mundo y el despliegue de la vacuna es sumamente lento en los países en desarrollo. Tras la expresión de apoyo de EEUU a la exención el pasado 5 de mayo, ha habido un creciente consenso mundial de que hay que llegar a la suspensión y que esta tiene que decretarse con rapidez. Instamos a los últimos gobiernos que siguen arrastrando los pies, especialmente la UE, a que apoyen urgentemente esta propuesta y dejen de actuar como si mantener el statu quo y actuar como siempre fuera a sacarnos de esta pandemia”, dice la responsable de MSF.

Entre los expertos y activistas partidarios de la medida hay cierto consenso, y es que una exención por si sola no será suficiente para incrementar la producción y acabar con la desigualdad de vacunas, sino que tiene que formar parte, defienden, de un paquete más amplio.

Primero, hay que asegurar que tal medida vaya acompañada de lo que se conoce como “transferencia de tecnología”, porque tan importante como tener los derechos para hacer una vacuna es tener los conocimientos técnicos para hacerla, que tendrían que ser proporcionados por las compañías desarrolladoras, y para eso se necesita su colaboración. Por eso hay quienes defienden que sin un apoyo mecanismos de transferencia de tecnología y know-how, difícilmente se podrán fabricar más vacunas. Pero, hasta la fecha, ningún fabricante de vacunas eficaces contra el coronavirus se ha unido al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS, plataforma creada para facilitar la puesta en común de estos avances.

En segundo lugar, muchas voces defienden que hace falta una inversión masiva en capacidad de producción, ya que podría hacer falta modernizar y construir fábricas, y producir más materias primas o ingredientes básicos, y otros elementos necesarios, como los viales o las jeringuillas.