La Mesa del Congreso —su órgano de gobierno— aprobó este martes a propuesta de la presidenta Francina Armengol un escrito de cuatro puntos para dar un ultimátum al diputado José María Sánchez, de Vox, que la semana pasada tuvo que ser expulsado de una sesión plenaria al ser llamado tres veces al orden por encararse a gritos con el vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Este escrito avisa a Sánchez de que, si vuelve a protagonizar un episodio similar, se le aplicarán las medidas “más enérgicas” que recoge el reglamento del Congreso. El texto salió adelante en la Mesa por la mayoría con la que cuentan el PSOE y Sumar y con el voto en contra del PP, que denuncia que Armengol no quiso negociar una redacción intermedia con ellos.

El reglamento de la Cámara Baja establece, en su artículo 106, que “cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no miembro de la Cámara, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsada”. Y, además, especifica que, “si se tratare de un miembro de la Cámara”, como es el caso del diputado de Vox, “la Presidencia le suspenderá, además, en el acto en su condición de tal por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción”.

El escrito recoge la condena, “en los más enérgicos términos” de “la actuación del señor Sánchez García” la semana pasada, ya que “su intento de intimidar a una funcionaria y su ataque a la Presidencia de la Cámara constituyen un grave cuestionamiento a la institución parlamentaria y a la democracia que representa”. Además, Armengol recuerda que es frecuente que el diputado de Vox “profiera descalificaciones a diversos miembros de la Cámara, siendo uno de los diputados que más veces son llamados al orden tanto en pleno como en comisión”.

“Existe, como queda constatado de forma frecuente, una táctica para socavar el funcionamiento del parlamento a base de generar altercados”, razona el escrito, que asegura que “los ataques al parlamento, a su reglamento o a su Presidencia no son casuales”. “Son el inicio de una coreografía que siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia”, y “de ahí que no quepa considerar que la actuación del señor Sánchez García sea una simple falta de educación o una mera vulneración de la cortesía parlamentaria”, apunta Armengol.

Por ello, la presidenta del Congreso hace “un llamamiento a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria para que rebajen el clima de crispación al que se está trasladando la vida parlamentaria”, aunque admite que “no todos los integrantes del arco parlamentario son igualmente responsables de la situación, pues algunos grupos han hecho de la crispación una herramienta política para deslegitimar las propias instituciones”.

Además de avisar a Sánchez de que un nuevo altercado puede conllevar su suspensión, la presidenta del Congreso pide a los grupos parlamentarios “que estudien una posible mejora del reglamento con el fin de que la Cámara disponga de una herramienta más eficaz para dar respuesta a las situaciones de conflictividad que se puedan producir en el curso de las sesiones parlamentarias”. “También sería recomendable analizar las formas de mejorar la convivencia en el recinto parlamentario para evitar ataques contra los valores democráticos”, plantea Armengol.

El PP quería apuntar a “los propios órganos de la Cámara”

Fuentes del PP aseguran que no han votado a favor del escrito de amonestación a Sánchez porque Armengol se ha negado a negociar con los populares un texto que recogiera el aviso de que “los propios órganos de la Cámara” también deben respetar el reglamento. Inicialmente, el PP —que se encuenta en una minoría de cinco a cuatro en la Mesa— presentó un escrito en el que, además de “condenar” expresamente la actitud del diputado de Vox la semana pasada, también exigía “evitar que se vuelvan a vulnerar los derechos democráticos fundamentales de participación política mediante el sistemático bloqueo de iniciativas legislativas sobre las que las mayorías democráticas de las Cortes Generales han expresado su voluntad de tramitación”.

No obstante, fuentes de los populares sostienen que, para intentar alcanzar un acuerdo con el PSOE y Sumar, presentaron una segunda propuesta de resolución tras esa en la que rebajaron ese punto, aunque manteniendo el espíritu de la reivindicación. En concreto, el PP pedía que el escrito definiera al Congreso como el “foro” donde se ejerce “el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos” y que planteara que dicho derecho no puede ser vulnerado ni por “representantes individuales” ni “por los propios órganos de la Cámara, mediante actuaciones al margen de las normas reglamentarias, legales y constitucionales”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al instructor del caso Mascarillas de la Audiencia Nacional un nuevo informe, esta vez relativo a los contratos que logró cerrar en 2020 la presunta trama con Baleares, en el que se concluye que Koldo García tuvo un papel protagónico en ese contacto. Gracias a su gestión, la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presunta trama, vendió mascarillas y PCRs al Govern presidido entonces por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso.

“Buenos días, presidenta ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil, soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos, si puede por favor me llama cuando pueda gracias”. Éste mensaje de 'wasap' es de 25 de abril de 2020 y la UCO indica que es el primer contacto detectado entre Koldo García y Armengol.

A continuación, los agentes indican que desconocen si se produjo esa llamada pero ese mismo día Manuel Palomino, director de Gestión del Servicio de Salud de Balares, envió al asesor ministerial un mensaje en el que le informaba de que le habían dado su contacto y que querían adquirir un millón de mascarillas FFP2 a un precio de 2,50 euros. Diez minutos más tarde, el comisionista Víctor de Aldama ya compartía con su entorno el contacto de Palomino.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, se recuerda que con motivo de la pandemia de Covid-19 la Administración Balear realizó numerosas contrataciones de material médico, entre ellas, la de 8 de mayo de 2020 con Soluciones de Gestión por importe de 3,7 millones, más otra de 19 de junio de 2020 por importe de 57.700 euros. A esto se sumó la compra de pruebas de diagnóstico para el Covid-19 (PCR) a la empresa MEGALAB S.A, vinculada a Aldama, por importe de 1,1 millones de euros.

La UCO recuerda que en el contexto en el que se suceden estas adjudicaciones públicas, el asesor “habría percibido pagos en metálico por valor de 10.000 euros de manera mensual” pagados por el comisionista Víctor de Aldama. Indica, además, que el comisionista estuvo muy pendiente del encargo balear haciendo consultas recurrentes al administrador de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, y mostrando su preocupación porque el material llegara en los plazos marcados. «Tienen que ir sí o sí y si no llamará al chiquitín», recogen que indicó el empresario pudiéndose referir a Koldo García.

El informe recoge más conversaciones de Koldo García con Armengol, todas relacionadas con la pandemia. En un momento dado, el 26 de abril de 2020, la expresidenta balear le pregunta si podría conocer a alguien que vendiera mascarillas infantiles, a lo que el asesor responde con un escueto “te lo arreglo”. Ese mismo día valoraba que “para niños será casi regalado” porque “nadie va a querer hacer negocio con eso”.

En otro momento, en junio de 2020 Koldo García también habría intecedido ante Ábalos por petición de Armengol para que se solucionara un problema relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros a las islas.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril se leyó en el juicio que se celebra en el Supremo por el caso Mascarillas el informe redactado por Armengol informado en calidad de testigo que, si bien no recuerda las conversaciones que mantuvo con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en abril de 2020 para la adquisición de material sanitario, sí que puede afirmar “con seguridad” que cualquier gestión la habría derivado al órgano de contratación correspondiente. En este sentido, indicó que, si bien no descarta que se cruzara wasaps con Koldo García, no alberga dudas de que nunca lo hizo para hablar sobre expedientes de contratación.

Armengol aseveró también que “nunca” habló en esa etapa en la que estaba al frente de la presidencia de Baleares con el exministro José Luis Ábalos sobre esos temas, solo por el cierre de puertos y aeropuertos, ni con el empresario Víctor de Aldama. Y recordó que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión estaban a un precio razonable en un mercado roto. “Nunca recibí orden o presión para contratar con nadie y no tuve conocimiento de que otros tuvieran presiones para contratar con determinados proveedores”,sentenció.

República Dominicana

Los agentes destacan particularmente las actuaciones concretas solicitadas por el comisionista a Koldo García, que irían desde los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración balear, a la certificación del propio material, y el cobro por parte de Soluciones de Gestión. Indican que el flujo de información demuestra que “no sólo la influencia de De Aldama en el Ministerio de Transportes sino también en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos”.

El informe también apunta a que Aldama trató de utilizar la influencia de Koldo García y del entonces ministro José Luis Ábalos para expandir sus negocios vinculados a la pandemia en la República Dominicana. Los investigadores se basan, para ello, en una serie de mensajes intercambiados entre ambos.

Según esas comunicaciones, Aldama facilitó a Koldo García el número de teléfono personal del presidente de la República Dominicana para organizar una llamada telefónica en la que interviniera el ministro Ábalos para impulsar la entrada de sus empresas en el país. Ante la demora en la gestión, Aldama presionó e instó a Koldo enviándole el siguiente mensaje: “Llamar (sic) al Puto presidente de RD [Repúbloca Dominicana] que tenéis allí a una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más”. Unos días después, Koldo le confirmó que la llamada finalmente se había realizado. 

El informe recoge que, cuatro meses después, un socio de Aldama contactó directamente a través de WhatsApp con el presidente dominicano. En su mensaje, se presentó indicando que su contacto se lo había facilitado “Koldo García, asesor de ministro de fomento de España el SR. Abalos (sic)”. Y le ofreció los servicios de su laboratorio para realizar pruebas de detección de COVID-19 en los aeropuertos y el abastecimiento de maquinaria. Según la UCO, Aldama sí logró establecer una “relación contractual” con la República Dominicana para prestarles dichos servicios.

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha donat suport a les restriccions d'accés que, durant la passada legislatura, va decretar el Govern balear al transport turístic de visitants al Parc Nacional de Cabrera amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i garantir la conservació d'un dels espais naturals més fràgils del Mediterrani.

En la seva sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, la Sala desestima el recurs interposat per l'empresa Excursions a Cabrera S.L., una de les poques companyies que des de fa dècades operen a la Colònia de Sant Jordi, al sud-oest de Mallorca, principal punt de sortida cap a l'arxipèlag de Cabrera. Des que aquest fos declarat el 1991 Parc Nacional Marítim-Terrestre, l'accés turístic va quedar subjecte a concessions administratives molt limitades, consolidant un petit oligopoli d'operadors locals en gran mesura vinculats a sagues familiars lligades a la pesca i al transport marítim, les embarcacions dels quals podien arribar a transportar entre 80 i 150 passatgers per viatge.

Aquest escenari, tanmateix, va canviar el 2020: amb motiu de la pandèmia, l'Executiu d'esquerres presidit aleshores per Francina Armengol va aprovar una llei que, concebuda com un paquet de mesures urgents per impulsar l'activitat econòmica, incloïa una disposició transitòria que regulava de forma provisional l'accés de visitants al Parc Nacional de Cabrera en transport col·lectiu mentre no s'aprovés un nou Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) de l'arxipèlag. L'article en qüestió substituïa el sistema de concessions per autoritzacions administratives anuals, introduïa un sistema de reserves prèvies per als visitants i establia un límit màxim de 80 persones per viatge.

A més, la llei va fixar per primera vegada un límit màxim diari de visitants a l'arxipèlag: 300 persones a l'illa de Cabrera i 150 a les aigües adjacents, amb l'objectiu d'ordenar l'accés turístic i evitar aglomeracions.

El 2021, la Conselleria de Medi Ambient va autoritzar Excursions a Cabrera S.L. a transportar visitants sempre que complís aquestes restriccions. L'empresa, tanmateix, va decidir impugnar la resolució: considerava que estava sustentada en una regulació autonòmica -la del 2020- que, sota el seu criteri, alterava el règim del parc nacional sense respectar els tràmits previstos en la legislació estatal de Parcs Nacionals. Per aquest motiu, l'empresa va plantejar portar al Tribunal Constitucional les mesures implantades pel Govern, un extrem que el TSJIB rebutja.

Els magistrats subratllen que la validesa de les limitacions imposades no depèn d'aquesta norma autonòmica i assenyalen que, fins i tot prescindint del que disposa la llei, les mesures podien adoptar-se igualment en aplicació del Pla Rector del parc, vigent des del 2006, i de les competències de gestió de la direcció de l'espai natural. El tribunal incideix que el mateix PRUG estableix que l'organització de les visites ha d'orientar-se a millorar la qualitat de l'experiència i evitar aglomeracions temporals o espacials, per la qual cosa considera raonable limitar el nombre de persones per desembarcament, escalonar horaris o exigir comunicació prèvia de les arribades per permetre al personal del parc organitzar la recepció i el control de visitants.

Una empresa històrica del negoci turístic de Cabrera

Les empreses que organitzen excursions turístiques cap a la petita illa conformen un petit ecosistema local que, amb més de 100.000 visitants anuals i bitllets que poden oscil·lar entre els 30 i els 70 euros per trajecte, mou diversos milions d'euros cada any. Entre les navilieres autoritzades per a això es troba Excursions a Cabrera S.L., l'origen de la qual es remunta als anys seixanta: com explica en la seva pròpia web, va ser el 1965 quan Miquel Serra Clar, mecànic de professió i “gran amant del mar”, va heretar juntament amb la seva esposa, Miquela Ferrer Salom, un petit llaüt anomenat Largo Tiempo, amb el qual van començar a realitzar travessies cap a Cabrera.

Amb l'auge del turisme, la família va començar a organitzar excursions amb petits grups de familiars i amics, la qual cosa els va portar a adquirir la golondrina Debarivi, una embarcació de més grandària amb la qual la companyia va professionalitzar la seva activitat, ampliant la seva flota amb el pas dels anys i l'increment de turistes.

El 1991, l'arxipèlag va ser declarat Parc Nacional pel seu extraordinari valor ecològic: l'espai protegit, la superfície del qual abasta 90.794 hectàrees -89.478 d'elles corresponents al medi marí-, alberga ecosistemes marins ben conservats, importants colònies d'aus i alguns dels fons marins millor preservats del Mediterrani occidental. Amb això, l'accés turístic va quedar subjecte a concessions administratives molt limitades, una situació que va canviar el 2020 amb la implantació d'autoritzacions anuals i la regulació provisional dels accessos per evitar aglomeracions a l'espera de l'aprovació del nou pla rector que reguli els usos i activitats de l'arxipèlag de Cabrera.

El PRUG actualment vigent es remunta al 2006 i la seva actualització porta anys pendent. Durant la passada legislatura es va iniciar la tramitació d'un nou document, però el procediment va caducar a finals del 2023. El Govern de Marga Prohens ha tornat a posar en marxa la redacció d'un nou pla que, segons l'Executiu, pretén reforçar la protecció del Parc Nacional Marítim-Terrestre de Cabrera mitjançant la declaració de gairebé 60.000 hectàrees com a àrea de màxima protecció, la qual cosa la convertiria en la zona més extensa del Mediterrani occidental emparada per aquest nivell de preservació.

Segons la proposta presentada, la zona de protecció estricta abastaria gran part de les aigües incorporades al parc després de la seva ampliació el 2019. L'objectiu passa per reforçar la preservació d'ecosistemes marins sensibles, afavorir la recuperació d'espècies vulnerables i consolidar Cabrera com un referent de conservació al Mediterrani. El nou PRUG haurà de sotmetre's encara a diferents fases administratives -inclosa informació pública i consultes amb organismes científics i sectors implicats- abans de la seva aprovació definitiva. Quan entri en vigor, serà l'instrument clau per regular l'ús del parc nacional i establir el grau de protecció de cadascuna de les seves àrees.

Es dona la circumstància que el 2024 el grup ecologista GOB va denunciar l'increment de la pressió humana sobre Cabrera amb motiu de l'aprovació del Decret llei de mesures urgents de simplificació administrativa que, segons l'entitat, “aprofita per eliminar limitacions no de tràmit administratiu sinó de contingut substancial”, com l'ampliació de la capacitat de càrrega de visitants en transport col·lectiu a l'illa. Per al GOB, es tracta d'una mesura “clarament clientelista” que “rema en direcció contrària a la contenció de l'impacte de l'ús públic al parc nacional, incrementant el consum de recursos i la producció de residus i contaminants”.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha respaldado las restricciones de acceso que, durante la pasada legislatura, decretó el Govern balear al transporte turístico de visitantes al Parque Nacional de Cabrera con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar la conservación de uno de los espacios naturales más frágiles del Mediterráneo.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala desestima el recurso interpuesto por la empresa Excursions a Cabrera S.L., una de las pocas compañías que desde hace décadas operan en la Colònia de Sant Jordi, al suroeste de Mallorca, principal punto de salida hacia el archipiélago de Cabrera. Desde que éste fuese en 1991 declarado Parque Nacional Marítimo-Terrestre, el acceso turístico quedó sujeto a concesiones administrativas muy limitadas, consolidando un pequeño oligopolio de operadores locales en gran medida vinculados a sagas familiares ligadas a la pesca y al transporte marítimo, cuyas embarcaciones podían llegar a transportar a entre 80 y 150 pasajeros por viaje.

Este escenario, sin embargo, cambió en 2020: con motivo de la pandemia, el Ejecutivo de izquierdas presidido entonces por Francina Armengol aprobó una ley que, concebida como un paquete de medidas urgentes para impulsar la actividad económica, incluía una disposición transitoria que regulaba de forma provisional el acceso de visitantes al Parque Nacional de Cabrera en transporte colectivo mientras no se aprobara un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del archipiélago. El artículo en cuestión sustituía el sistema de concesiones por autorizaciones administrativas anuales, introdujo un sistema de reservas previas para los visitantes y estableció un límite máximo de 80 personas por viaje.

Además, la ley fijó por primera vez un límite máximo diario de visitantes al archipiélago: 300 personas en la isla de Cabrera y 150 en las aguas adyacentes, con el objetivo de ordenar el acceso turístico y evitar aglomeraciones.

En 2021, la Conselleria de Medi Ambient autorizó a Excursions a Cabrera S.L. transportar a visitantes siempre que cumpliera tales restricciones. La empresa, sin embargo, decidió impugnar la resolución: consideraba que estaba sustentada en una regulación autonómica -la de 2020- que, bajo su criterio, alteraba el régimen del parque nacional sin respetar los trámites previstos en la legislación estatal de Parques Nacionales. Por este motivo, la empresa planteó llevar al Tribunal Constitucional las medidas implantadas por el Govern, un extremo que el TSJIB rechaza.

Los magistrados subrayan que la validez de las limitaciones impuestas no depende de esa norma autonómica y señalan que, incluso prescindiendo de lo dispuesto por la ley, las medidas podían adoptarse igualmente en aplicación del Plan Rector del parque, vigente desde 2006, y de las competencias de gestión de la dirección del espacio natural. El tribunal incide en que el propio PRUG establece que la organización de las visitas debe orientarse a mejorar la calidad de la experiencia y evitar aglomeraciones temporales o espaciales, por lo que considera razonable limitar el número de personas por desembarco, escalonar horarios o exigir comunicación previa de las llegadas para permitir al personal del parque organizar la recepción y el control de visitantes.

Una empresa histórica del negocio turístico de Cabrera

Las empresas que organizan excursiones turísticas hacia la pequeña isla conforman un pequeño ecosistema local que, con más de 100.000 visitantes anuales y billetes que pueden oscilar entre los 30 y los 70 euros por trayecto, mueve varios millones de euros cada año. Entre las navieras autorizadas para ello se encuentra Excursions a Cabrera S.L., cuyo origen se remonta a los años sesenta: como explica en su propia web, fue en 1965 cuando Miquel Serra Clar, mecánico de profesión y “gran amante del mar”, heredó junto a su esposa, Miquela Ferrer Salom, un pequeño llaüt llamado 'Largo Tiempo', con el que comenzaron a realizar travesías hacia Cabrera.

Con el auge del turismo, la familia empezó a organizar excursiones con pequeños grupos de familiares y amigos, lo que les llevó a adquirir la golondrina 'Debarivi', una embarcación de mayor tamaño con la que la compañía profesionalizó su actividad, ampliando su flota con el paso de los años y el incremento de turistas.

En 1991, el archipiélago fue declarado Parque Nacional por su extraordinario valor ecológico: el espacio protegido, cuya superficie abarca 90.794 hectáreas -89.478 de ellas correspondientes al medio marino- alberga ecosistemas marinos bien conservados, importantes colonias de aves y algunos de los fondos marinos mejor preservados del Mediterráneo occidental. Con ello, el acceso turístico quedó sujeto a concesiones administrativas muy limitadas, una situación que cambió en 2020 con la implantación de autorizaciones anuales y la regulación provisional de los accesos para evitar aglomeraciones a la espera de la aprobación del nuevo plan rector que regule los usos y actividades del archipiélago de Cabrera.

El PRUG actualmente vigente se remonta a 2006 y su actualización lleva años pendiente. Durante la pasada legislatura se inició la tramitación de un nuevo documento, pero el procedimiento caducó a finales de 2023. El Govern de Marga Prohens ha vuelto a poner en marcha la redacción de un nuevo plan, que, según el Ejecutivo, pretende reforzar la protección del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera mediante la declaración de casi 60.000 hectáreas como área de máxima protección, lo que la convertiría en la zona más extensa del Mediterráneo occidental amparada por este nivel de preservación.

Según la propuesta presentada, la zona de protección estricta abarcaría gran parte de las aguas incorporadas al parque tras su ampliación en 2019. El objetivo pasa por reforzar la preservación de ecosistemas marinos sensibles, favorecer la recuperación de especies vulnerables y consolidar Cabrera como un referente de conservación en el Mediterráneo. El nuevo PRUG deberá someterse todavía a diferentes fases administrativas -incluida información pública y consultas con organismos científicos y sectores implicados- antes de su aprobación definitiva. Cuando entre en vigor, será el instrumento clave para regular el uso del parque nacional y establecer el grado de protección de cada una de sus áreas.

Se da la circunstancia de que en 2024 el grupo ecologista GOB denunció el incremento de la presión humana sobre Cabrera con motivo de la aprobación del Decreto Ley de medidas urgentes de simplificación administrativa, que, según la entidad, “aprovecha para eliminar limitaciones no de trámite administrativo sino de contenido sustancial” como la ampliación de la capacidad de carga de visitantes en transporte colectivo en la isla. Para el GOB, se trata de una medida “claramente clientelista” que “rema en dirección contraria a la contención del impacto del uso público al parque nacional, incrementando el consumo de recursos y la producción de residuos y contaminantes”.

El avance de la causa abierta contra el exdirigente socialista Santos Cerdán por un presunto delito de falso testimonio evidencia el desigual recorrido judicial de las denuncias por mentir en comisiones de investigación parlamentarias. Mientras en este caso la jueza ha decidido investigar los hechos apoyada en una querella de la asociación ultracatólica HazteOír y con el criterio en contra de la Fiscalía, otras querellas contra destacados políticos por hechos similares han sido rechazadas de plano.

Mentir ante una comisión parlamentaria, donde se sustancian investigaciones políticas y la asistencia es obligatoria, es un delito. Así lo establece el Código Penal, que castiga con entre seis meses y un año de cárcel este comportamiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ido perfilando la aplicación de este delito y ha determinado que solo pueden ser castigados quienes falten “sustancialmente” a la verdad, lo que en palabras de los magistrados equivale a crear “una verdad en todo distinta a la material”. Además, la jurisprudencia requiere la existencia de indicios de que ese testimonio ha tenido efectos sobre la investigación. 

En el caso del que fuera secretario de Organización del PSOE, la magistrada de Madrid Lidia Paloma Montaño prevé tomarle declaración el próximo 5 de febrero por “faltar a la verdad” cuando compareció por primera vez, en abril de 2024, ante la Comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’. Cerdán afirmó que solo había contactado con Koldo García en dos o tres ocasiones, pero un informe policial reveló varias reuniones entre ambos. 

La citación se produce pese a que la Fiscalía se opuso a imputar al exdirigente socialista con el argumento de que los hechos descritos por HazteOír en su querella, incluso si fueran ciertos, no revisten las características de un delito. La fiscal se basa en la doctrina que el Tribunal Supremo argumentó en enero de 2023 cuando rechazó una querella contra Alicia Sánchez-Camacho, entonces senadora del PP, por las acusaciones de haber mentido en el Parlament de Catalunya durante otra comisión de investigación parlamentaria. 

El alto tribunal afirmó entonces que lo “decisivo” para medir la veracidad o falsedad de una respuesta es “la compatibilidad de la respuesta con los datos de los que dispone el compareciente en relación con los concretos hechos que se consideran que ocurrieron y que son, además, objeto de la investigación parlamentaria”.

En el caso de Sánchez-Camacho, la querella fue presentada por más de 30 diputados autonómicos de Junts, que denunciaron que mintió cuando dijo que la 'operación Catalunya' –puesta en marcha desde las altas instancias policiales y de Interior, supuestamente, para perjudicar a líderes políticos catalanes– no existía y que no había mantenido reuniones con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola cuando existían grabaciones de una comida entre ambas celebrada en 2010 en un restaurante.

Según el juez, esas grabaciones demostraban la “inexistencia de una relación” entre ambas. A su juicio, además, el hecho de que años después manifestara en una conversación con un tercero que pudo tener dos contactos más sin ninguna trascendencia relacional no encaja en lo que la ley considera delito. 

Armengol y Aznar, exonerados

De forma más reciente, en noviembre de 2024, el Supremo rechazó una querella de HazteOír que acusaba a la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso Francina Armengol de mentir en una de las múltiples comisiones de investigación del caso Koldo. La asociación denunció que Armengol había dicho en el Congreso que las mascarillas que Balears compró a la trama durante la pandemia eran para uso “civil” cuando eran un equipamiento médico para los profesionales sanitarios. Los jueces rechazaron la querella con el argumento de que había una “patente falta de relevancia penal” en esas palabras.

Entonces, el Alto Tribunal insistió en que para que una afirmación falsa encaje en lo que la ley considera delito debe ser “incompatible con la realidad” o dar cuenta de una “realidad inexistente” y que, además, ese testimonio inveraz haya entorpecido significativamente la reconstrucción de lo acontecido. Esto es, que sea un caso palmario y que, además, haya indicios claros de que esa declaración ha tenido efectos sobre la investigación política que se está realizando. 

En ese mismo auto, los jueces aluden al “obvio paralelismo” entre el delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria de investigación (artículo 502.3 del Código Penal) y el delito de falso testimonio en causa judicial (artículo 458 del Código Penal). La abundante doctrina relativa a este último recoge que para reprochar penalmente la falsedad del testimonio es necesario contar la verdad establecida previamente por los tribunales. Y eso no es posible en las comisiones de investigación, que solo pueden establecer la “verdad política”, dado que la “verdad” solo puede ser fijada por el Poder Judicial. 

A este respecto, el Supremo argumenta que si el falso testimonio en causa judicial requiere “la creación de una verdad en todo distinta a la material”, en el caso de las comisiones parlamentarias, el nivel de concordancia de lo testimoniado con la realidad asentada como verdad en sede de comisión parlamentaria “no puede ser superior”. 

Precisamente el alto tribunal tiene pendiente pronunciarse sobre una denuncia presentada el pasado octubre por el pseudosindicato ultra Manos Limpias contra Pedro Sánchez por falso testimonio. Según la organización que dirige Miguel Bernard, el presidente del Gobierno dijo hasta en 55 ocasiones en su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’ expresiones como “no me consta” o “no tengo constancia” a pesar de que, a su juicio, “constan múltiples evidencias documentales y comunicacionales que acreditan su conocimiento directo de los hechos objeto de investigación”, según la denuncia recogida por ABC. 

Incriminación excepcional

Siguiendo el criterio de Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid también rechazó que se investigara al expresidente del Gobierno José María Aznar tras una denuncia de Podemos por sus declaraciones en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal del PP. Podemos denunció que había cometido delito de falso testimonio al “hacer manifestaciones que (...) no se compadecen con el contenido de la sentencia dictada en el caso Gürtel”. 

Aznar negó en varias ocasiones haber tenido relación o incluso conocer a Francisco Correa, cuando fue uno de los invitados a la boda de su hija. También puso en duda la existencia de una caja B del PP, cuya realidad acreditó la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. O afirmó que esa sentencia solo afecta a dos municipios de Madrid. Asimismo, rechazó la participación de soldados españoles en la guerra de Irak de 2003.

Los jueces de la Sección 29 confirmaron la inadmisión de la querella que había acordado un juzgado de Madrid al estimar que solo podía haber delito si esas manifestaciones hubieran sido “relevantes a los efectos de la investigación”. A su juicio, las respuestas de Aznar fueron “opiniones o interpretaciones” sobre una resolución judicial o un acontecimiento sin relevancia para el objeto de esa comisión de investigación. 

Los datos recopilados por la profesora de Derecho Penal en la Universidad Internacional de Catalunya Pilar Rey Peña en el artículo ‘La escasa persecución del delito de falso testimonio: una constatación paradójica’ dan una idea de los excepcionales que son las incriminaciones por falso testimonio en causa judicial en España. En 2015, solo en uno de cada 3.717 procedimientos judiciales se dio alguna declaración que revistiera indicios de falsedad y solo en uno de cada 13.000 esas diligencias dieron lugar a una condena por falso testimonio.

En 2024, de cuando son los últimos datos disponibles, hubo 249 condenas por este delito, según el INE. Se trata de una cifra bastante inferior a la de otros delitos de similares características, como es el de acusación y denuncia falsa, que registró 527 condenas ese año. Son datos que dan una idea de lo excepcional que resulta este delito en la práctica judicial, una rareza todavía mayor cuando se trata de declaraciones ante comisiones parlamentarias.

El exministro socialista José Luis Ábalos ha presentado su escrito de defensa en el caso de las mascarillas, en el que niega haber participado en los hechos por los que se sentará en el banquillo. El exdirigente socialista se presenta como víctima de una investigación “clandestina” y afirma que ha tenido que defenderse “a ciegas” en la causa centrada en los contratos de material sanitario de la pandemia adjudicados a dedo por el Ministerio de Transportes y por la que será juzgado próximamente. 

Además, propone que en esa vista declaren como testigos los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática) y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, entre una batería de testificales. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

El documento lleva la firma del que ha sido su letrado hasta este jueves, Carlos Bautista, que ha renunciado a su defensa porque no ha cobrado los honorarios. En el documento, el que fuera secretario de Organización del PSOE trata de desmontar el relato de la acusación y sostiene que se ha vulnerado su derecho a la defensa y a un juicio equitativo. 

Así, alega que la investigación se cerró sin permitirle analizar evidencias digitales clave, especialmente un disco duro de su propiedad hallado en la casa de Alicante de quien fuera su asesor Koldo García, lo que ha impedido a su defensa poder contrastar algunas de las afirmaciones realizadas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sustentan la acusación.

También afirma que los agentes copiaron “hasta 26 piezas de hardware” en el registro de su vivienda sin presencia de su abogado, lo que “vulnera el principio de contradicción y afecta a la cadena de custodia de efectos digitales”. Además, insiste en presentarse como víctima de una investigación “clandestina” al sugerir que las indagaciones contra él empezaron antes de que el Supremo pidiera la autorización al Congreso. 

Según la UCO, el empresario investigado Víctor de Aldama pagó 10.000 euros al mes durante al menos dos años y medio a Koldo García, quien luego los repartía con Ábalos. Cuando el asesor fue detenido, en febrero de 2024, los agentes hallaron en su domicilio una contabilidad manuscrita en la que reflejaba esos pagos y se incautaron de 24.000 euros en efectivo. “No existe un flujo de 10.000 euros mensuales provenientes del coimputado Aldama, ni directamente, ni a través de intermediarios. Tampoco cobro de comisiones”, dice Ábalos al respecto. 

El exdirigente socialista sostiene que su dinero “tiene tres orígenes”: sus Ingresos oficiales como cargo público, las dietas o anticipos que recibía como miembro de la Ejecutiva del PSOE y los “préstamos” que le hacía Koldo García al abonar algunos de sus gastos y que él luego compensaba. Afirma, en este sentido, que los más de 23.000 euros en transferencias que realizó a su asistente entre 2018 y 2022 demuestran que “no existió un flujo de dinero unidireccional”. 

La UCO concluyó en uno de sus informes que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar y que, al menos en parte, provenía de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes que Ábalos dirigió entre 2018 y 2021, según los investigadores. “Una supuesta comisión por este importe debida a la adjudicación de material sanitario y otras facilidades ante distintas administraciones se antoja bastante ridícula”, dice Ábalos. 

Ábalos también niega las dádivas que le atribuyen las acusaciones. Sobre el chalet de Cádiz del que disfrutó en el verano de la pandemia, el exdirigente afirma que fue un alquiler con derecho a compra del que abonó tres mensualidades y que acabó siendo desahuciado porque no abonó el resto de recibos. Los investigadores, sin embargo, tienen claro que Aldama y otros empresarios de su entorno facilitaron la operación y se hicieron cargo del dinero a modo de comisión. “El propio Ábalos era consciente de que la casa de La Alcaidesa se trataba de una contraprestación económica que Aldama efectuaba a través de terceros”, dice el informe sobre este chalet.

Otros de los indicios que apuntan al cobro de mordidas por parte de Ábalos es el pago del alquiler de su novia por parte de un empresario que era socio de Aldama. Los mensajes evidencian que fue el empresario Alberto Escolano quien pagó el alquiler de un piso en la Plaza de España de Madrid al que Jessica Rodríguez se refiere en un mensaje como “nuestra casita de novios”, en referencia a Ábalos y ella. Ábalos sostiene que él nunca residió allí y que el alquiler fue pagado por terceros para Rodríguez, quien ya conocía a Aldama.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la concessió, a títol pòstum, de la Gran Creu de la Reial Ordre de Carles III a l'expresident del Govern balear Francesc Antich, qui va morir el passat 2 de gener. Es tracta d'una de les màximes condecoracions civils que concedeix l'Estat espanyol a les trajectòries de servei públic considerades especialment rellevants, ja sigui des de la política, l'administració o la societat civil.

A mitjans d'octubre, la concessió d'aquesta mateixa distinció als expresidents autonòmics Javier Lambán i Guillermo Fernández Vara va provocar una reacció unànime de la classe política balear, que va reclamar que el reconeixement s'estengués també a Antich, qui va encapçalar el primer govern d'esquerres de les Balears (1999-2003) i va repetir com a president entre 2007 i 2011.

Sota els seus mandats, Antich va convertir la cultura de pactes en un eix central de la governabilitat a les illes. Va impulsar amplis acords entre forces progressistes i nacionalistes, prioritzant l'estabilitat institucional i els consensos programàtics enfront de la confrontació partidista, i va normalitzar una forma de governar basada en la negociació, el respecte entre socis i la cerca de punts d'encontre. Aquest enfocament no només va permetre tirar endavant reformes clau, sinó que va assentar un model polític que va marcar un abans i un després en la manera d'articular majories i exercir el poder a l'arxipèlag.

Després de conèixer-se l'acord del Govern central, el PSIB-PSOE ha expressat en un comunicat la seva “enorme alegria” per una distinció que, al seu judici, posa en valor la trajectòria política i el llegat que Antich va deixar a les Balears quan està a punt de complir-se un any de la seva mort.

La secretària general del partit a les illes, Francina Armengol, ha posat en valor la trajectòria política d'Antich, la seva honestedat i la seva capacitat per al diàleg i el consens. “El seu llegat i la seva història continuen sent part de la nostra vida”, ha afegit, incidint en què des del PSIB-PSOE intenten “seguir treballant amb el rumb que ell ens va marcar”. “Xisco, a part de ser un gran amic i socialista, ha estat un gran polític, una persona que va innovar moltíssim a les polítiques de les Balears”. “Va ser absolutament pioner, valent i compromès”, ha recalcat.

Per a la líder dels socialistes a les Balears, Antich va entendre la política com una eina “per millorar la vida de la gent, sempre des del diàleg, el respecte institucional i la cerca de grans consensos”. En aquesta línia, ha destacat que aquest reconeixement “és també col·lectiu” en abastar el llegat que va deixar l'expresident, tot allò que va contribuir a construir i l'exemple que “continua inspirant”.

La Gran Creu de la Reial Ordre de Carles III, que té caràcter civil des del 1847, és la segona màxima distinció, per darrere del collaret, que atorga l'Estat espanyol. Va ser fundada per Carles III amb la finalitat de reconèixer aquelles persones que haguessin destacat per les seves bones accions en benefici d'Espanya i la Corona.

En el cas de l'expresident balear, el reconeixement té un doble valor: institucional, perquè situa la seva figura al mateix nivell que altres expresidents autonòmics distingits per la seva contribució a l'Estat i al sistema autonòmic, així com polític i simbòlic, atès que reconeix el seu paper com a impulsor de governs progressistes a les Balears, la seva aposta pel consens i la seva influència duradora en el rumb del socialisme balear.

La concessió a títol pòstum reforça a més la dimensió de memòria i llegat, subratllant la petjada que va deixar a la vida política i institucional de l'arxipèlag.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión, a título póstumo, de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III al expresidente del Govern balear Francesc Antich, quien falleció el pasado 2 de enero. Se trata de una de las máximas condecoraciones civiles que concede el Estado español a las trayectorias de servicio público consideradas especialmente relevantes, ya sea desde la política, la administración o la sociedad civil.

A mediados de octubre, la concesión de esta misma distinción a los expresidentes autonómicos Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara provocó una reacción unánime de la clase política balear, que reclamó que el reconocimiento se extendiera también a Antich, quien encabezó el primer gobierno de izquierdas de Balears (1999-2003) y repitió como presidente entre 2007 y 2011.

Bajo sus mandatos, Antich convirtió la cultura de pactos en un eje central de la gobernabilidad en las islas. Impulsó amplios acuerdos entre fuerzas progresistas y nacionalistas, priorizando la estabilidad institucional y los consensos programáticos frente a la confrontación partidista, y normalizó una forma de gobernar basada en la negociación, el respeto entre socios y la búsqueda de puntos de encuentro. Ese enfoque no solo permitió sacar adelante reformas clave, sino que asentó un modelo político que marcó un antes y un después en la manera de articular mayorías y ejercer el poder en el archipiélago.

Tras conocerse el acuerdo del Gobierno central, el PSIB-PSOE ha expresado en un comunicado su “enorme alegría” por una distinción que, a su juicio, pone en valor la trayectoria política y el legado que Antich dejó en Balears cuando está a punto de cumplirse un año de su fallecimiento.

La secretaria general del partido en las islas, Francina Armengol, ha puesto en valor la trayectoria política de Antich, su honestidad y su capacidad para el diálogo y el consenso. “Su legado y su historia siguen siendo parte de nuestra vida”, ha añadido, incidiendo en que desde el PSIB-PSOE intentan “seguir trabajando con el rumbo que él nos marcó”. “Xisco, aparte de ser un gran amigo y socialista, ha sido un gran político, una persona que innovó muchísimo en las políticas de Balears”. “Fue absolutamente pionero, valiente y comprometido”, ha recalcado.

Para la líder de los socialistas en Balears, Antich entendió la política como una herramienta “para mejorar la vida de la gente, siempre desde el diálogo, el respeto institucional y la búsqueda de grandes consensos”. En esta línea, ha destacado que este reconocimiento “es también colectivo” al abarcar el legado que dejó el expresidente, todo aquello que contribuyó a construir y el ejemplo que “continúa inspirando”.

La Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III, que tiene carácter civil desde 1847, es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, que otorga el Estado español. Fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona.

En el caso del expresidente balear, el reconocimiento tiene un doble valor: institucional, porque sitúa su figura al mismo nivel que otros expresidentes autonómicos distinguidos por su contribución al Estado y al sistema autonómico, así como político y simbólico, dado que reconoce su papel como impulsor de gobiernos progresistas en Balears, su apuesta por el consenso y su influencia duradera en el rumbo del socialismo balear.

La concesión a título póstumo refuerza además la dimensión de memoria y legado, subrayando la huella que dejó en la vida política e institucional del archipiélago.

La presidenta del Congreso de los Diputados llama a emprender nuevas reformas de la Constitución. “Las leyes son nuestras, de la ciudadanía. Emanan de la voluntad popular y sus necesidades, se ajustan, se transforman según avanza la sociedad a la que representan”, ha dicho Francina Armengol durante los actos de conmemoración del 47º aniversario de la Carta Magna.

Armengol pone en el foco la protección del “bienestar” y el avance en la protección de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, a la sanidad o la lucha contra las violencias machistas, que pide garantizar también en la Constitución. “Esos valores son lo que nos ha llevado a ser lo que somos y defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados”, ha dicho durante su discurso, al que no ha asistido la extrema derecha.

“No podemos permitir que la herencia europea —la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, las políticas de redistribución de la riqueza— se cuestione y se destruya. El legado que nos deja Europa se resume en una palabra: bienestar”, ha incidido.

La presidenta de Congreso ha recordado los amplios consensos alcanzados para introducir reformas de la Constitución respecto a las personas con discapacidad. “Eso puede seguir sucediendo: en nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades. La Carta Magna se escribió mirando a Europa, ahora podemos situar Europa en nuestra Constitución. Podemos adecuarla a la diversa realidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI. Esto nos recuerda, además, que las leyes son nuestras, de la ciudadanía; que emanan de la voluntad popular y sus necesidades; que se ajustan, que se transforman según avanza la sociedad a la que representan”.

“Es imprescindible responder a la crisis de vivienda con medidas transformadoras desde lo público y que garanticen el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución que hoy celebramos”, ha proseguido antes de hacer una mención expresa a las violencias machistas. “Es necesario erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, hasta que ser mujer deje de ser indicador de riesgo para morir asesinada o sufrir discriminación. Y luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas”, ha añadido.

La tercera autoridad del estado ha pedido también “defender los principios democráticos ante los discursos que ven, en la pérdida de libertades, una ventaja y un atractivo”. Y ha planteado expresamente poner el foco en los jóvenes. “Es imperativo afrontar la era de la digitalización y la inteligencia artificial desde una mirada enfocada en los derechos, sobre todo en los de la infancia. De nuestra respuesta a estas realidades dependerá nuestro presente y nuestro futuro”

“Debemos ser capaces de ofrecerles, a ellos, a ellas, a su generación y a las que les siguen, una vida que valga la pena ser vivida. Un espacio de progreso, de libertad, donde los valores que hoy nos definen no estén en cuestión, sino reforzados, ampliados, consolidados. Porque en ningún lugar está escrito que una generación tenga que vivir peor que la de sus padres y ese no puede ser el mensaje que mandemos a los y las jóvenes de nuestro país”, ha concluido en referencia a los alumnos y alumnas del Colegio Público Vázquez de Mella de Madrid, invitados este año a los actos de conmemoración de la Constitución en el Congreso.

El PP avanza en su estrategia de elevar de categoría al Senado e intentar equipararlo con el Congreso. La Cámara, controlada por la mayoría absoluta del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, ha aprobado el plan de reestructuración interna ideado por la secretaria general, Sara Sieira, cuyo eje central es la creación de una Dirección de Comunicación, una vacante que ya ha sido publicada para ser cubierta. Fuentes del Senado sostienen que la idea es tener una estructura interna “como la del Congreso”, creada hace 20 años.

La nueva estructura implica la creación de una veintena de nuevos puestos laborales, lo cual no conlleva necesariamente la ampliación de la plantilla en ese número, ya que algunas personas serán reasignadas a nuevas funciones por la desaparición de las anteriores. Tampoco se activarán todas las vacantes de golpe, sino que se hará de forma paulatina y según las necesidades futuras de la Cámara Alta.

El cambio es más bien político, según las fuentes parlamentarias consultadas por elDiario.es, que ponen como ejemplo que la elección de la persona que esté al frente de la nueva Dirección de Comunicación será por libre designación. Será dependiente de la Secretaría General y, por primera vez, se abre la puerta a que lo ocupe un letrado, es decir, un experto en derecho.

Será la letrada mayor del Senado quien elija a la persona que dirigirá la comunicación de la institución. El nombramiento deberá pasar por la Mesa de la Cámara Alta, que controla el PP con su mayoría absoluta. Este mismo organismo fue el que aprobó el plan propuesto por Sieira el pasado 25 de noviembre, con el voto en contra de los representantes del PSOE. El acta de dicha reunión no está todavía disponible en la web del Senado.

Pero no solo el director será de libre designación, algo habitual. De las cuatro jefaturas creadas, tres serán de libre designación, y solo una por concurso directo entre los funcionarios de la casa. Y esa sí es una novedad. “Es algo totalmente contrario a la tradición de la administración parlamentaria, en la que la provisión de puestos se rige por el principio de mérito y capacidad”, apuntan las fuentes consultadas por elDiario.es. ¿El motivo?. “Se pretende una dirección hiperpolitizada”, zanjan.

Abierto al cuerpo de letrados

Otra de las novedades más llamativas para quienes conocen las interioridades de las Cortes Generales es que el cargo para la Dirección de Comunicación no estará solo abierto al personal especializado. Sieira ha establecido en su plan, con el respaldo del PP, la posibilidad de nombrar a personas del cuerpo de letrados para ese puesto. 

Sieira es integrante de ese cuerpo y, antes de ser la secretaria general del Senado, ejerció como letrada en el Congreso. Su traslado a la Cámara Alta, ascenso incluido, se produjo poco después de la investidura de Pedro Sánchez y llegó con el encargo de realizar el informe que pudiera parar la ley de amnistía. También se modificó el Reglamento para intentar impedir la tramitación de la norma, pero el Constitucional lo tumbó. El PP amagó con un conflicto hasta entonces inédito con el Congreso que no se llegó a producir.

Pese a los intentos del PP de usar el Senado para impedir o retrasar la aprobación de la ley, esta volvió al Congreso, donde fue finalmente ratificada. Después, el Tribunal Constitucional la avaló.

La remodelación también afecta a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un departamento normalmente anodino políticamente que saltó de forma sorpresiva a los medios cuando dos de los informáticos del Senado fueron despedidos por acceder sin permiso a equipos de los senadores y de la propia institución. La Fiscalía de Madrid investiga lo sucedido.

El cambio se ha activado precisamente coincidiendo con el aniversario de la Constitución, que establece que España tiene un sistema de representación popular bicameral, pero con una prelación del Congreso sobre el Senado. Así lo explican los propios letrados de las Cortes en sus comentarios a la ley fundamental, de cuya aprobación se han cumplido este sábado 47 años. Pero el PP ha recurrido desde el principio a su mayoría absoluta no solo para introducir enmiendas y ejercer como cámara de segunda lectura, su principal función.

El PP ha modificado el Reglamento del Senado en diversas ocasiones para poder usarlo contra el Congreso y contra el Gobierno. Ha planteado diferentes conflictos de atribuciones al Ejecutivo y a la Cámara Baja. Ha introducido enmiendas ajenas al asunto de las leyes debatidas para anotarse tantos. Hasta el esperpento de tener que enviar un coche a recoger unas enmiendas que el Senado retrasó entregar, como es preceptivo. 

Al Senado fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ser interrogado en una comisión de investigación. Y es también donde el PP tiene a sueldo al abogado de Manos Limpias en el proceso contra el ya ex fiscal general del Estado, Víctor Soriano. 

El PP ha controlado históricamente el Senado, gracias a un diseño que da una enorme representatividad a las provincias menos pobladas y más afines a la derecha. La actual es la primera legislatura en la que los partidos gobernantes tienen un Senado en contra y con mayoría absoluta. Una situación que difícilmente va a cambiar en el corto o medio plazo. La actual distribución electoral invita a pensar que el PP controlará el Senado de forma habitual durante los próximos años. Y lo está preparando para sacarle el máximo rendimiento.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España el próximo martes, 18 de noviembre, y será recibido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la tarde, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, en la que será la segunda vez que el mandatario internacional esté en Madrid tras el inicio de la invasión rusa.

También ese mismo día tiene previsto un acto en el Congreso de los Diputados al que acudirán la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Zelenski acudirá al Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, en un acto programado a las 9.30 horas en el que será atendido por las autoridades.

Hasta ahora no se había revelado la fecha exacta del desplazamiento del mandatario de Ucrania por razones de seguridad, pero ya está confirmada la visita el Congreso, donde será recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. Se reunirá con ambos en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de la Cortes, según se detalla

Zelenski retoma así un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

El presidente de Ucrania estará el lunes en París, donde será recibido por su homólogo francés, Emmanuel Macron -con quien abordará las garantías de seguridad que podrán ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia- y desde allí se desplazará a Madrid.

La agenda completa, aún por concretar

A falta de que se dé a conocer la agenda completa de este viaje a España, es posible que Zelenski acuda al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para ver el 'Gernika' de Picasso, una obra de arte convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.

El mandatario ucraniano estuvo en España en 2022, cuando pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil para compararlo con la situación de su país, atacado por Rusia: “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937”.

El Gobierno aprovechará su presencia para trasladarle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a Rusia, según anunciaron recientemente fuentes gubernamentales.

El pasado 21 de octubre Zelenski, acordó, en una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una nueva reunión entre ambos que aún no ha sido anunciada por Moncloa.

En aquella conversación el presidente ucraniano agradeció el envío por parte de España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

Sánchez explicó en un mensaje en X que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz “justa y duradera”.

El inédito choque institucional entre el Congreso y el Senado fraguado durante toda la legislatura ha alcanzado este martes una nueva cota. El Congreso tiene previsto aprobar de forma definitiva este jueves la Ley de Movilidad Sostenible. Los diputados deben debatir y votar las enmiendas introducidas por el Senado la semana pasada. El problema es que este martes la Cámara Alta no había remitido el texto oficial a la Cámara Baja, bloqueando así el proceso parlamentario. El Senado ha alegado falta de personal para enviar la documentación, y el Congreso ha enviado un coche propio, con conductor, a recorrer los menos de dos kilómetros que separan ambas cámaras de las Cortes Generales.

El procedimiento administrativo exige un cauce oficial para las comunicaciones entre las instituciones del Estado. Cuando el Congreso o el Senado aprueban una norma que afecta al otro, debe comunicarlo en tiempo y forma a través de un oficio firmado por la persona que ocupe la Presidencia de la Cámara. Más allá de tenerlo en formato digital, se exige formato físico.

Pero con la Ley de Movilidad Sostenible el Senado había alargado los plazos. La norma pasó el filtro de la Cámara Alta el miércoles de la semana pasada. El PP, con su mayoría absoluta, introdujo algunas enmiendas al texto. Entre otras, una que prorroga la vida útil de las centrales nucleares.

De fondo, la pugna por mantener abierta la central de Almaraz en plena precampaña de las elecciones, y la posibilidad de que Junts muestre por primera vez su tres veces escenificada ruptura con el Gobierno y permita que la enmienda sea aprobada definitivamente en el Congreso.

El Congreso ha reclamado el texto oficial al Senado sin éxito. Según fuentes parlamentarias, la Cámara Alta ha alegado la falta de personal para enviar la documentación. En concreto, que no había ningún conductor disponible. La respuesta de la Cámara Baja ha sido la de cortar por lo sano: usar un coche propio.

El Congreso y el Senado apenas están separados por menos de dos kilómetros a pie, un recorrido que se puede hacer en apenas 20 minutos, un tiempo que se reduce en poco si se opta por el coche.

Desde la Presidencia del Senado que ocupa Pedro Rollán han asegurado a elDiario.es que se “estaba cotejando” la documentación antes de remitirla. A esa misma hora, el coche enviado por el Congreso estaba ya de vuelta en la Cámara Baja con el oficio y el texto definitivo de las enmiendas.

“La avaricia no es delito”. Con esta frase justificaba un fiscal Anticorrupción su decisión de no abrir una causa penal contra un empresario que consiguió un lucro colosal durante la pandemia vendiendo a la administración cientos de miles de mascarillas a un precio desorbitado. Ese fiscal había investigado y archivado varios casos parecidos durante 2021 y 2022, como el que permitió al hermano de Isabel Díaz Ayuso y a su socio ganar un millón de euros de beneficio tras vender a la Comunidad de Madrid 250.000 mascarillas compradas en China por solo 500.000 euros.

Los delitos vinculados a la compraventa de mascarillas en pandemia que han permitido abrir causas penales tienen que ver con tres aspectos muy concretos del negocio:

— El pago de comisiones ilegales por parte del empresario vendedor a los funcionarios que adjudicaron los contratos, como el caso que afecta al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su asesor principal, Koldo García, y al denominado nexo corruptor, el empresario comisionista Víctor Aldama.

— El fraude fiscal de quienes no pagaron los impuestos debidos por el beneficio conseguido, como Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña.

— La entrega de material defectuoso, como en el caso de Alberto Luceño y Luis Medina, comisionistas que vendieron material chino al Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción presentó en 2023 una querella contra Koldo García y Víctor Aldama, quien logró diversos contratos a dedo, sin concurso ni competencia, para vender mascarillas al ministerio de Transportes, al ministerio del Interior, y a las comunidades de Canarias y Baleares.

En esa querella, Anticorrupción aclaró que su acusación no tenía que ver con los contratos de mascarillas, sino con el hecho de que los beneficiarios del contrato hubieran repartido una parte de sus beneficios con quienes le habían facilitado el negocio en el Ministerio: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Y es que, en pandemia, saltaron todos los controles administrativos de la contratación mediante el decreto 463/2020 de 14 de marzo: “A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia sujeta a un régimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no están sometidos a la obligación de tramitar el expediente de contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley”.

La interpretación de este decreto hizo que la Fiscalía Anticorrupción archivase algunas investigaciones abiertas por venta de mascarillas que podrían resultar a simple vista escandalosas. El argumento de los fiscales era siempre el mismo: “El material comprometido se entregó al precio estipulado y en las condiciones pactadas. Si el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho más de lo que pagaron en China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos penalmente, porque las normas de contratación que regían en aquellos meses, al inicio de la pandemia, permitían a los contratistas poner el precio que les diera la gana”.

Medios de comunicación afines al PP llevan meses alentando la teoría de que quienes fueron presidentes de Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres, acabarían imputados en el caso mascarillas porque compraron estas protecciones al empresario Víctor Aldama, corrupto confeso, por mediación de Koldo García, procesado en este caso junto a su jefe, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El virus Aldama contamina todo lo que toca, según algunos. Pero la investigación no ha encontrado hasta ahora un solo indicio de que Torres o Armengol cobraran comisiones por facilitar ese contrato de mascarillas al comisionista que supuestamente sobornó al exministro Ábalos, y a su asesor, Koldo García. Contratar a Aldama en pandemia no era ilegal, ni puede ser delictivo, salvo que haya otros detalles en la operación como el pago de comisiones ilegales a quienes facilitan el negocio. Que la Comunidad de Madrid comprara mascarillas en lo peor de la pandemia con el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso al triple del precio pagado por el material en China fue legal. La avaricia no es delito.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha criticado los ofensivas ultras que quieren retroceder en memoria democrática en un acto por las víctimas del franquismo al que no han acudido ni PP ni Vox. “¿Cómo se va a pedir silencio si queda tantas cosas por decir todavía?”, se ha preguntado.

La presidenta del Congreso ha asegurado este jueves que, 50 años después de la muerte de Franco, España todavía “sigue en duelo” por las víctimas de la guerra y la represión posterior, ha pedido no derogar sino aplicar las leyes de memoria democrática y ha aprovechado para honrar a los miembros de la guerrilla que lucharon contra el franquismo en los montes españoles.

Así lo ha hecho durante su discurso en el acto organizado por la Cámara con motivo de la celebración este viernes del Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Entre los asistentes estaban Esperanza Martínez García y Francisco Martínez López, supervivientes de la guerrilla antifranquista, y Marisol González viuda de otro guerrillero, que han sido ovacionados con el auditorio puesto en pie.

Armengol ha agradecido “toda aquella lucha durante mucho tiempo criminalizada” y ha recordado que todavía son muchas las familias que “hoy esperan noticias de los combatientes” pues 87 años después aún hay personas “buscando restos”. “¿Cómo se va a pedir silencio si queda tantas cosas por decir todavía?”, se ha preguntado la presidenta del Congreso, para quien pese a que la democracia se empezó a fraguar hace 50 años, “la realidad es que nuestro país sigue en duelo, en muchas ocasiones, silenciado todavía”.

Por eso, ha subrayado que “no hay que derogar leyes que protegen los derechos humanos, sino aplicarlas”, pues todavía quedan por recuperar los restos de unos 11.000 fusilados “en montes, cunetas y campos” y hacen falta “recursos políticos y el empeño democrático” para seguir reparando a todas y cada una de las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura.

Armengol ha resaltado los significativos avances que se han dado con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pero ha insistido en que queda mucho por hacer. Ha mencionado, en concreto la “asignatura pendiente” que, a su juicio, queda con la juventud y el “desconocimiento” de la represión franquista.

“El porcentaje de quienes desearían vivir en una dictadura no es menor y esto sólo puede afianzarnos alrededor de la necesidad de seguir desenterrando la verdad que tenemos escondida en demasiados lugares”, ha subrayado la presidenta, antes de pedir un aplauso para los familiares de dos de los cinco últimos fusilados -José Luis Sánchez Bravo y José Humberto Baena- que estaban entre el público.

Ellos dos, junto con Ramón García Sanz eran miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y fueron condenados a muerte junto con Juan Paredes Manot, alias 'Txiki', y Ángel Otaegui, dos miembros de la rama político militar de ETA

Armengol ha acabado haciendo un reconocimiento a la entidades memorialistas. “Nuestra sociedad está en deuda con todos vosotros sigamos trabajando ahora sí codo con codo por la dignidad y la memoria de todas y cada una de las víctimas sin distinción ideológica, por preservar su recuerdo, por la democracia, por la justicia, por la paz”, ha dicho.

Ausencia de PP y Vox

Al acto han acudido representantes de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Bildu, así como el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y la abogada laboralista Francisca Sahuquillo, pero no han estado ni el PP ni Vox.

La portavoz del Grupo Popular Ester Muñoz, aseguró el pasado martes que no discute que los últimos ejecutados por el franquismo puedan ser considerados víctimas del régimen, pero que su partido se niega a convertir en “héroes” a “cinco terroristas”, en referencia a los cinco integrantes de ETA y del FRAP que fueron ejecutados pese a la fuerte oposición internacional y a falta de dos meses para que Franco muriera. Por su lado, Vox no ha acudido por su rechazo a las leyes de memoria histórica.

Tras el discurso de Armengol ha tenido lugar una charla entre los escritores y periodistas Aroa Moreno, autora del libro 'Mañana matarán a Daniel', y Roger Mateos, autor de la obra 'El verano de los inocentes', ambos sobre los últimos fusilamientos en concreto sobre los de los miembros del FRAP.

El Senado ha incluido conversaciones privadas entre el presidente de esa institución, Pedro Rollán, y la del Congreso, Francina Armengol, en un informe de los letrados emitido este lunes para justificar su rechazo al nuevo Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que actualiza las condiciones laborales para más de un millar de trabajadores. La Presidencia de la Cámara Baja ha mostrado su “estupor” ante una actuación que, consideran, “traspasa las líneas de la institucionalidad y la legalidad”.

La mayoría progresista de la Mesa del Congreso ha aprobado este martes la actualización del estatuto y queda a las puertas de su aprobación definitiva en una mesa conjunta de las dos Cámaras. Pero este lunes, el Senado envió un informe firmado por la secretaria general de esa institución, Sara Sieira, en el que cargan contra el proceso de negociación, que consideran nulo. Para justificarlo, el texto, al que ha tenido acceso este diario, incluye conversaciones de mensajería entre la senadora del PP y secretaria primera de la Mesa del Senado, Eva Ortiz, y la diputada socialista y secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, así como entre Rollán y Armengol.

El informe considera que la última reunión de la mesa negociadora, celebrada el 23 de octubre, en la que además de los representantes de las instituciones están presentes también los sindicatos y las asociaciones de los grupos profesionales, fue convocada “viciada de nulidad” toda vez que no se contó, alegan, con “el consentimiento de la representación del Senado en la misma”. Fuentes de la Cámara Alta argumentan que los letrados mayores habían quedado en cerrar los detalles del texto antes de la convocatoria de la mesa de negociación, pero que el Congreso decidió adelantar los tiempos de forma unilateral.

Para argumentar esa posición es que el texto incluye las conversaciones textuales de esas conversaciones de WhatsApp. Según fuentes de la Cámara Alta, esos mensajes se incorporan como la prueba existente de que no había un consentimiento previo por su parte para que la reunión quedara convocada. En el Senado argumentan que la negociación estaba todavía abierta, en concreto en el punto que incluye la posibilidad de extender la jubilación de forma voluntaria de los 72 a los 75 años, y que Rollán le respondió a Armengol por privado que tenía previsto estudiar las propuestas y a continuación dar los pasos correspondientes, por lo que no entienden que aun así se mantuviera la convocatoria. También indican que los representantes del Senado y también algunos sindicatos se levantaron de aquella última reunión.

Fuentes del Congreso trasladan, sin embargo, que los servicios de Administración Parlamentaria “convocaron la reunión con una semana de antelación y el mismo día del encuentro, 15 minutos antes de la reunión, el Senado protestó por lo que consideraban una convocatoria incorrecta y pidieron un nuevo aplazamiento”. “Los propios representantes de los trabajadores, que consideraron una falta de respeto la actitud del Senado, se negaron a posponer la cita, y apostaron mayoritariamente por concluir la negociación”, aseguran en el Congreso.

“El Senado no ha explicado los motivos de base para su rechazo a la aprobación, pero en su escrito de petición de paralización ante la Mesa del Congreso utiliza mensajes privados entre los presidentes de ambas cámaras que en nada modifican las cuestiones que aquí se están tratando y que suponen traspasar las líneas de la institucionalidad y la legalidad. Nunca se había visto que un documento oficial reflejara el contenido privado de conversaciones entre miembros de ambas Mesas, además de manera parcial y torticeramente manipulada”, denuncian fuentes del Congreso.

Discrepancia sobre la jubilación voluntaria

En el Congreso recuerdan además que la reforma del estatuto lleva 18 meses en marcha, con más de 19 reuniones de trabajo y tras el consenso de la negociación colectiva. El foco de conflicto sobre el contenido del texto está relacionado con la jubilación voluntaria, que con el redactado actual pasa a extenderse de los 72 a los 75 años, “aunque sin poder ostentar puestos de promoción desde los 67 para facilitar así el relevo generacional”.

En el Senado quería estudiar esa medida con más “profundidad”. Rollán había reclamado por ejemplo que la medida se implantase de forma “progresiva” y con la supervisión de ambas Cámaras, así como con la planificación de oposiciones para cubrir las vacantes durante los próximos años, toda vez que en próximamente va a jubilarse “el 50%” de las plantillas actuales.

En el Congreso contraponen que la cuestión sobre la jubilación ha estado redactada en los mismos términos “desde hace un año y medio” y no se ha modificado en el curso de la negociación. “Si no se lo habían estudiado antes, han estado negociando de mala fe frente al Congreso y a los representantes de los trabajadores”, protestan, al tiempo que consideran que este punto en concreto no es “la razón real” sino una excusa que demuestra que ha roto “todos los puentes” y no es importa “tomar como rehenes a los trabajadores de las Cortes para seguir con su agenda de ruptura institucional”.

La reforma del estatuto es la primera que se aborda en casi 20 años y afecta a sus 685 funcionarios y funcionarias, al tiempo que “contiene amplias mejoras de las que se podrán beneficiar el conjunto de sus 1.261 trabajadores”, según explican fuentes parlamentarias.

“Con esta reforma, se incorporarán todos los derechos laborales conseguidos por el resto de los trabajadores españoles en las dos últimas décadas”, añaden. Entre ellos, la protección a víctimas de violencia de género, la ampliación de 15 días a 4 meses en permisos de paternidad, la carrera horizontal, la mejora en las condiciones de promoción interna o la cuestión de la jubilación.

El auto en el que el juez del Supremo Leopoldo Puente mantiene a José Luis Ábalos en libertad incluye una sugerencia dirigida al Congreso: que realice una reforma que impida al exministro socialista seguir siendo diputado. Estos párrafos han molestado a la presidencia del Hemiciclo, que ha replicado que la modificación de las normas no es competencia del Poder Judicial, sino de la propia Cámara.

El magistrado alude en su texto al “estupor” que produce, a su juicio, el hecho de que el exministro socialista siga siendo diputado. “Como coda final, este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos (...) pueda mantenerse ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso”, escribe el magistrado, que señala que es “un buen motivo para la reflexión”.

Así, propone “que pudiera articularse por ley algún mecanismo apto para impedirlo”, aunque reconoce que “la modificación de las normas” no es “una competencia que corresponda a los miembros del Poder Judicial”.

El Congreso ha respondido al juez del Supremo que su papel no es opinar sobre las leyes. “Nosotros creemos en la separación de poderes y en que el papel del poder judicial es cumplir las leyes, no opinar sobre ellas”, apuntan fuentes de la presidencia de la Cámara, que además reprochan que el magistrado no haya dado traslado de ese auto. El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha invitado este jueves por la mañana al juez a que, si tal como apunta, aspira a cambiar la ley, se presente a las elecciones. “Hay una forma de participar del legislativo que es presentarse a las elecciones”, ha dicho en los pasillos del Congreso.

El miércoles por la tarde fuentes del Congreso también reprocharon al magistrado que el Reglamento del Congreso “obliga al Supremo a comunicarle los autos y sentencias que se dicten que afecten a Ábalos”: “No nos ha comunicado nada. Quizá en vez de recomendar que cambiemos las leyes, sería mejor que cumplan las ya existentes. El Congreso está cumpliendo su reglamento vigente”.

40 años después, Europa tiene unas arrugas tan profundas que ni el bótox conseguiría camuflar. Es el resumen que podría extraerse de la conferencia que impartieron Felipe González y Miquel Roca en el Auditorium de Palma para conmemorar el 40 aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Faltaba Matutes, que no pudo asistir por cuestiones sobrevenidas, pero que quiso estar a través de un vídeo en el que don Abel aparecía en camiseta oscura de manga corta y con El País presidiendo la mesa de su despacho.

Que Felipe sigue en (su) forma lo demostró él mismo cuando apenas había pasado un cuarto de hora y soltó que “en lugar de conmemorar los 50 años de la muerte de Franco” era mejor hacerlo sobre el tema que tocaba. Y ya no paró hasta que acabó el acto: “Putin o los hijos de Putin” (tímidos regocijos), que España le da la risa con el gasto en defensa, que a Trump le falta “quitarle la corona al otro y ponérsela él” (por el rey Carlos), que “el sátrapa no está demasiado maduro” (pero con mayúscula en la M), que en Gaza está habiendo “una limpieza étnica”, que Trump es transitorio y Putin es permanente, que el origen de Hamás lo financió Israel, que lo de Yolanda Díaz “desde el río hasta el mar” fue una boutade, que lo único que no puede perder Israel es a la opinión pública, que nadie contextualiza mejor que un italiano (por Draghi y Letta) pero que hacerlo ya es harina de otro costal, que Trump necesita más a Europa que al revés y que si de verdad España quiere ser sólo el destino paradisíaco “de los nuevos ricos y no nuevos también”. En el aire quedó la duda de si habría hecho esa misma afirmación delante del amo de media Ibiza. ¡Ah! Y que el tren llegue a su hora. Hola, Óscar Puente.

- ¿De aquí sale algún mensaje de esperanza?- preguntó la periodista Rosa Paz.

Y siguieron a lo suyo.

Miquel Roca puntualizaba discretamente los comentarios de Felipe González porque, como él mismo dijo, no tiene tanta responsabilidad en lo que diga como el expresidente. Roca afirmó que “la gobernanza de Europa no existe” y que las voces de los europeístas ni se oyen ni se escuchan. Que el reto de Europa y de España es no defraudar a su propia conciencia, que quien más necesita a Europa son los europeos y que “después de haberlo hecho tan bien” ahora se lo han cargado todo. Entonces, el público aplaudió.

Uno de los primeros en llegar al acto fue Fulgencio Coll, que se protegió del sol de las cinco de la tarde con un sombrero. Acudió la plana mayor del Govern, del Consell y del Ajuntamient de Palma. Por supuesto, empresarios, abogados y las fuerzas vivas de las Islas. Varios coches de alta gama se arremolinaron en una zona reservada, pegada al auditorio, donde los distintos chóferes esperaron a sus jefes haciendo corrillo entre ellos y compartiendo tabaco. En los alrededores permaneció el personal de seguridad propio de quien fue presidente y de un padre de la Constitución.

Al terminar el bloque europeo, se rindió homenaje a Félix Pons, el primer balear presidente del Congreso de los Diputados, al cumplirse 15 años de su muerte. Un hombre “que cantaba ópera en casa”, según su abogado y amigo Lluís Morell. Un “europeísta yeyé”, como lo definió el periodista Andreu Manresa y cuya “voz era absolutamente sedante”, en palabras de Miquel Roca. El ex portavoz de CiU destacó que “la forma de Félix Pons, por sí sola, merece hoy este homenaje”. Un político admirado que “servía a la política y no se servía de ella porque su construcción humana tenía una autonomía significativa”, sentenció Felipe... para pasar a la acción.

Porque Félix Pons “era el presidente del Congreso de los Diputados, de todos”, recalcó, y “aunque no se le notara, era la tercera autoridad del Estado. Y ahora, ¿qué?”, dijo aludiendo a la otra mallorquina que ocupa ahora ese lugar. Entonces, la Sala Magna murmuró. Cuando la presidenta Prohens subió al escenario para clausurar el acto, recogió las palabras de González para recalcar que Félix Pons, en efecto, fue el presidente del Congreso “de todos”. Francina Armengol no acudió al acto.

Felipe González no quiso contestar a la pregunta de Andreu Manresa sobre cómo ofreció ser ministro a Félix Pons porque no se acuerda. Y se refirió al rey como “mi tocayo coronao”.

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha titllat de “traïció” els ciutadans de Balears el fet que el Govern de Marga Prohens (PP) rebutgi la condonació de deute aprovada aquesta setmana pel Consell de Ministres, que en el cas de Balears puja als 1.741 milions d'euros, una quantitat tancament registrat el 2023.

A la roda de premsa celebrada en el marc de les jornades parlamentàries que els socialistes celebren aquest dijous per donar inici al nou curs polític, Armengol ha carregat contra la negativa de l'Executiu de Prohens d'acceptar la quitació: “Amb quin dret ens diuen que no ens condonin aquests recursos sense parlar amb ningú”, ha asseverat, reclamant al Govern que convoqui una reunió amb tots els grups polítics, el Cercle de Economia, la Universitat de les Illes Balears i tota la societat civil per a consensuar una posició per part de Balears i rectificar així “la decisió presa per la presidenta”.

En aquest sentit, ha retret al Govern que no s'hagi assegut amb els diferents grups polítics, especialment el principal partit de l'oposició, per tractar una qüestió que ha considerat “un tema d'Estat”: “És gravíssim que es renunciï a la condonació sense parlar ni pactar amb ningú”.

La també presidenta del Congrés ha manifestat, en aquesta línia, que “la gent que no té un habitatge, que està en una llista d'espera o que espera el certificat de dependència no pot entendre” que Prohens renunciï a la condonació, que implica “30 o 40 milions d'interessos que podrien activar-se de manera immediata cada any per millorar els serveis públics”.

La quitació del deute, ha incidit, era una de les propostes que ella mateixa va dirigir al Govern central quan va ser presidenta de Balears amb el suport de la societat civil. “¿Algú pot pensar que jo, quan hi havia el senyor Rajoy, hagués renunciat a 1.741 milions d'euros de deute i ningú no hauria posat el crit al cel?”, ha insistit.

“La realitat, tot i això, és que el Govern ha triat anar contra el Govern d'Espanya, quan Balears mai havia rebut un finançament com el d'ara per part de l'Estat”, ha subratllat Armengol, que ha demanat al PP que “confronti per defensar els interessos de Balears i treballi amb projectes i demandes reals per millorar la vida de la gent”.

En aquest context, l'expresidenta de l'Executiu balear ha avançat que, “davant d'un Govern lliurat al populisme més ranci de l'extrema dreta, que menteix i que no té paraula”, el Grup Parlamentari Socialista “presentarà alternatives centrades en els problemes de la gent”.

Creu que el PP acabarà acceptant

Al contrari, ha lamentat, l'Executiu autonòmic ha fet servir aquesta qüestió per “anar contra” el president del Govern, Pedro Sánchez, i seguir el plantejament marcat des de la direcció general del PP. Tot i això, ha vaticinat que “moltes” de les comunitats autònomes que ara s'oposen a la quitació del deute l'acabaran acceptant una vegada la mesura sigui aprovada pel Congrés dels Diputats. “Crec que Prohens els ho hauria de repensar”, ha sentenciat.

Al fil de l'anterior, Armengol ha subratllat que el més important, segons ell, és la carestia d'habitatge, davant la qual ha lamentat “la nul·la política d'habitatge del Govern, amb un problema que compliquen cada vegada més”, criticant que amb el PP “és més difícil i més car accedir a un habitatge”. Un exemple clar, ha abundat, és l'illa de Formentera, on “fa dos anys que no s'inverteix ni un sol euro públic en aquesta matèria, mentre els projectes iniciats pel Govern anterior estan paralitzats”.

Mentrestant, ha remarcat, Prohens “continua negant-se a aplicar la llei estatal d'habitatge i a topar els preus del lloguer, ja que, segons la seva opinió, ”l'objectiu de la presidenta és que tot sigui confrontació amb el Govern d'Espanya i que tot sigui culpa de Pedro Sánchez, i aquesta estratègia no serveix per a res a la ciutadania de Balears“.

Armengol, d'altra banda, ha manifestat que els socialistes prioritzaran les conseqüències del canvi climàtic, davant del qual contemplen impulsar iniciatives dirigides a fer front a l'escassetat d'aigua: “Molts ciutadans veuran com aturaran la seva aixeta mentre tenim una Conselleria del Mar que encara no sabem què fa. El PP serveix a interessos particulars i privats, per això no parlen de la sequera”, ha afegit. En aquest sentit, la secretària general del PSIB-PSOE ha anunciat que el Grup Parlamentari proposarà la creació d'una agència balear d'emergències que serveixi per preparar la comunitat autònoma davant els fenòmens climàtics que puguin afectar les illes.

Quant a la saturació turística, la dirigent ha lamentat que no hi hagi cap iniciativa per a limitar l'accés de vehicles o places turístiques. “Van en la direcció contrària. Tenim una llei que és un escàndol urbanístic de primer nivell que permetrà urbanitzar en rústic, la qual cosa suposarà més places turístiques, més gent, menys aigua i urbanitzar la Serra de Tramuntana”.

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha tildado de “traición” a los ciudadanos de Balears el hecho de que el Govern de Marga Prohens, en línea de otros barones del PP, rechace la condonación de deuda aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, que en el caso de Balears asciende a 1.741 millones de euros, una cantidad que permitiría a la comunidad reducir su débito en un 20 % respecto al cierre registrado en 2023.

En la rueda de prensa celebrada en el marco de las jornadas parlamentarias que los socialistas celebran este jueves para dar inicio al nuevo curso político, Armengol ha cargado contra la negativa del Ejecutivo de Prohens de aceptar la quita: “Con qué derecho nos dicen que no nos condonen estos recursos sin hablar con nadie”, ha aseverado, reclamando al Govern que convoque una reunión con todos los grupos políticos, el Cercle de Economia, la Universitat de les Illes Balears y toda la sociedad civil para consensuar una posición por parte de Balears y rectificar así “la decisión tomada por la presidenta”.

En este sentido, ha reprochado al Govern que no se haya sentado con los diferentes grupos políticos, especialmente el principal partido de la oposición, para tratar una cuestión que ha considerado “un tema de Estado”: “Es gravísimo que se renuncie a la condonación sin hablar ni pactar con nadie”.

La también presidenta del Congreso ha manifestado, en esta línea, que “la gente que no tiene una vivienda, que está en una lista de espera o que espera el certificado de dependencia no puede entender” que Prohens renuncie a la condonación, que implica a su vez “30 ó 40 millones de intereses que podrían activarse de forma inmediata cada año para mejorar los servicios públicos”.

La quita de la deuda, ha incidido, era una de las propuesta que ella misma dirigió al Gobierno central cuando fue presidenta de Balears con el apoyo de la sociedad civil. “¿Alguien puede pensar que yo, cuando estaba el señor Rajoy, hubiera renunciado a 1.741 millones de euros de deuda y nadie hubiera puesto el grito en el cielo?”, ha insistido.

“La realidad, sin embargo, es que el Govern ha elegido ir contra el Gobierno de España, cuando Balears nunca había recibido una financiación como la de ahora por parte del Estado”, ha subrayado Armengol, quien ha pedido al PP que “confronte para defender los intereses de Balears y trabaje con proyectos y demandas reales para mejorar la vida de la gente”.

En este contexto, la expresidenta del Ejecutivo balear ha avanzado que, “ante un Govern entregado al populismo más rancio de la extrema derecha, que miente y que no tiene palabra”, el Grupo Parlamentario Socialista “presentará alternativas centradas en los problemas de la gente”.

Cree que el PP acabará aceptando

Al contrario, ha lamentado, el Ejecutivo autonómico ha empleado esta cuestión para “ir contra” el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y seguir el planteamiento marcado desde la dirección general del PP. Pese a ello, ha vaticinado que “muchas” de las comunidades autónomas que ahora se oponen a la quita de la deuda la acabarán aceptando una vez la medida sea aprobada por el Congreso de los Diputados. “Creo que Prohens se lo tendría que repensar”, ha sentenciado.

Al hilo de lo anterior, Armengol ha subrayado que lo más importante, a su juicio, es la carestía de vivienda, ante la cual ha lamentado “la nula política de vivienda del Govern, con un problema que complican cada vez más”, criticando que con el PP “es más difícil y más caro acceder a una vivienda”. Un ejemplo claro, ha abundado, es la isla de Formentera, donde “hace dos años que no se invierte ni un solo euro público en esta materia, mientras los proyectos iniciados por el Govern anterior se encuentran paralizados”.

Mientras tanto, ha remarcado, Prohens “continúa negándose a aplicar la ley estatal de vivienda y a topar los precios del alquiler, dado que, en su opinión, ”el objetivo de la presidenta es que todo sea confrontación con el Gobierno de España y que todo sea culpa de Pedro Sánchez, y esta estrategia no sirve para nada a la ciudadanía de Balears“.

Armengol, por otro lado, ha manifestado que los socialistas priorizarán las consecuencias del cambio climático, ante el cual contemplan impulsar iniciativas dirigidas a hacer frente a la escasez de agua: “Muchos ciudadanos verán como pararán su grifo mientras tenemos una Conselleria del Mar que todavía no sabemos qué hace. El PP sirve a intereses particulares y privados, por eso no hablan de la sequía”. En este sentido, la secretaria general del PSIB-PSOE ha anunciado que el Grupo Parlamentario propondrá la creación de una agencia balear de emergencias que sirva para preparar a la comunidad autónoma ante los fenómenos climáticos que puedan afectar a las islas.

En cuanto a la saturación turística, la dirigente ha lamentado que no haya ninguna iniciativa para limitar el acceso de vehículos o plazas turísticas. “Van en la dirección contraria. Tenemos una ley que es un escándalo urbanístico de primer nivel que permitirá urbanizar en rústico, lo cual supondrá más plazas turísticas, más gente, menos agua y urbanizar la Serra de Tramuntana”.

Enmig del creixent debat sobre els efectes de la massificació turística a Balears –amb la carestia d'habitatge i la degradació del territori com a principals símptomes– i la necessitat de repensar un model econòmic històricament dependent del turisme, el Govern del PP fa gala del seu Pacte per la Sostenibilitat. L'arxipèlag, no obstant això, ja tenia tenia traçat en 2019 un diagnòstic integral del model balear avalat per desenes de científics de les illes i que, amb el vistiplau de reconeguts assessors externs, va proposar reformes estructurals de gran importància. Aquell document, que va comptar amb la participació de més de 400 persones, va ser, a més, referendat pel Consell Econòmic i Social (CES) a Brussel·les.

Dilluns passat, la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, feia lliurament al rei Felip de les 'Bases de l'Agenda de Transició', que recull les propostes sorgides de la primera fase del Pacte per la Sostenibilitat impulsat per l'Executiu del PP i que, en una segona fase, seran analitzades i debatudes en cinc grups de treball. El document conté, en concret, 59 objectius estratègics, 65 objectius de desenvolupament i 528 aportacions ciutadanes dirigits a transitar, en paraules de la líder autonòmica, cap a la “sostenibilitat econòmica, social i ambiental” de Balears. En declaracions als mitjans després de reunir-se amb el monarca a Palma, Prohens al·ludia a “aquesta manera pionera que tenim de treballar i de pensar més enllà d'una legislatura” i assegurava que aquest “procés de transformació” és “únic en tota Espanya i pioner en la resta de regions europees”.

La iniciativa, no obstant això, es presenta sis anys després que més de 60 científics (biòlegs, físics, economistes, juristes, enginyers, especialistes en intel·ligència artificial i geògrafs, entre altres) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ja posessin sobre la taula, a través del seu 'Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de Balears en l'Horitzó 2030 (H2030)', els reptes als quals s'enfronten les illes a escala econòmica, laboral, social i mediambiental i establissin les bases per a afrontar-los. Per a això, van comptar amb l'experiència analítica de la Fundació Folch, de Barcelona, i amb les recomanacions i la supervisió de vuit “savis”, entre els quals es troben l'actual president del CES a Espanya, Antón Costas, el catedràtic d'Economia Emilio Ontiveros o el doctor en Ciències Físiques Enric Banda.

Entitats i partits abandonen el Pacte

Mentre el Govern de Prohens assegura que Balears “continua endavant de manera pionera” amb el seu Pacte per la Sostenibilitat –amb la posada en marxa de 12 taules de treball i la participació de més de cent entitats– per a abordar la necessitat de canviar el rumb de l'actual model turístic, des de diferents àmbits es recrimina l'absència d'una metodologia “participativa, rigorosa i transparent”, motiu, entre altres, pel qual col·lectius com el GOB, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma o el Fòrum de la Societat Civil i partits com el PSIB–PSOE i Més per Mallorca han anat abandonat el Pacte de manera progressiva. Així mateix, lamenten que les taules treballin “des de zero” tenint en compte que bona part dels objectius marcats –com la diversificació econòmica, el canvi climàtic, la precarització laboral o la massificació turística— ja apareixien recollits en l'estudi elaborat pel CES i la UIB a petició de l'anterior Govern, presidit llavors per Francina Armengol.

“Estem parlant d'un procés que va durar més d'un any amb l'objectiu d'obtenir una visió general d'arxipèlag, però també per illes”, subratlla, en declaracions a elDiario.es, el llavors secretari general del CES a Balears, Josep Valero, qui en aquest moment ja tenia clar que un canvi de model era imprescindible per al futur de les Illes. L'economista recorda que es van dur a terme quatre fòrums insulars en els quals es van aportar propostes sobre les especificades de cadascuna de les illes i assenyala, en aquest sentit, com en el fòrum d'Eivissa ja se'ls va advertir “molt especialment sobre el problema de l'aigua”. La intenció, explica, passava per dur a terme una planificació estratègica de cap a on havia de caminar l'arxipèlag “marcant prioritats, calendaris i mecanismes de finançament”.

Després de l'anàlisi de les propostes, l'execució de les mateixes havia de dur-se a terme sobre la base d'aquesta planificació estratègica. “Era un procés de cogovernança que implicava una participació estructurada, contínua i participativa”, aclareix Valero, qui expressa la sorpresa que li va suposar la posada en marxa de l'actual Pacte de Sostenibilitat i de les seves diferents taules quan, en realitat, “ja estava tot diagnosticat”. Recrimina, a més, el “batibull” d'entitats incloses “en el mateix sac”, com el Fòrum de la Societat Civil, associació que engloba a 27 entitats, la Junta de les quals compta amb uns 300 membres i amb més de 30.000 associats, “amb una associació de lloguer de cotxes”. “I tot això en unes sessions en les quals no hi ha actes i en les quals tot s'envia cap a una suposada comissió d'experts”, abunda.

Al capdavant de la mateixa es troba Antoni Riera, director tècnic de la Fundació Impulsa Balears i catedràtic d'Economia aplicada de la UIB. Consultat per aquest mitjà, Riera explica que per a l'elaboració de les 'Bases de l'Agenda de Transició' han partit d'anàlisi DAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) per àrees i subàrees realitzats pels 12 grups de “reflexió–acció” que componen el Pacte per la Sostenibilitat, integrant, assegura, tots els informes i documents aportats pels participants. Entre ells es troba, assenyala, l'estudi 'H2030', que continua sent “una referència valuosa dins del conjunt d'aportacions rebudes”.

Les “taules fantasmagòriques” de Prohens

Per part seva, Carles Manera, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques, exconseller d'Economia i president del CES quan aquest va dur a terme l'informe 'H2030' –que va coordinar al costat de Valero i el també economista Ferran Navinés–, posa en valor el treball realitzat per a tirar endavant aquest document, que es va concretar en més de 140 propostes d'actuació en terrenys com el turístic, l'agrari, l'industrial i el tecnològic. “Va ser un estudi àmpliament consensuat i únic a nivell regional. El president del CES de Brussel·les va informar que tampoc existia un document semblant en la resta de regions europees”, destaca.

En aquest sentit, Manera lamenta que, tractant-se d'un document estratègic que “va més enllà d'una conjuntura determinada” per a fer front als desafiaments de Balears, “dormi el somni dels justos” i que no hagi estat implementat, revisat o assumit. No en va, l'economista, en l'actualitat conseller del Banc d'Espanya, posa l'accent en els nous camps d'anàlisis que va incorporar l'equip tècnic del CES –demografia; perspectives i qualitat de l'ocupació; canvi climàtic; economia del coneixement; sectors industrials i clústers empresarials; infraestructures i capacitat de càrrega dels territoris; educació; noves tecnologies, i benestar social–, amb un vector transversal a tots ells: la importància del turisme de masses per a les economies de les illes.

Envelliment i expansió demogràfica

Entre les seves conclusions principals, l'estudi 'H2030' revela que Balears registrarà un increment de 58.000 persones (46,4%) en la població major de 70 anys, gairebé el doble del que registrarà Espanya. Així mateix, l'informe apunta al fet que l'esperança de vida passarà dels 82,9 als 84,8, la qual cosa suposarà multiplicar per dos la població dependent, que passarà de les 20.103 persones que hi havia en 2018 a les 40.209 en 2030. En aquesta línia, el document llança una dada clau: Balears continuarà sent la Comunitat Autònoma amb el creixement demogràfic més important (+18,6%), seguida de Canàries (+14,8%) i Madrid (+10,9%), apuntant a una rellevant congestió demogràfica i a una pressió humana “en augment” sobretot en determinats dies d'estiu.

“La població és el principal element que condiciona tota la resta: si aquesta creix, implica més necessitats, més reptes i més actuacions per part de les administracions públiques”, subratllava llavors Manera, que afegia que “aquest problema inferirà en la necessitat d'una major oferta d'habitatge públic”, atès que vaticinava, davant “una absència d'oferta”, un major encariment dels preus de lloguer i, amb això, “un risc d'increment de la desigualtat”, com està succeint en Balears. L'estudi apunta, així mateix, al fet que el progressiu augment de l'envelliment de la població dispararà la despesa de les famílies en salut (+17,6%) enfront del destinat a l'educació (–11%).

Manera subratlla que, per a tirar endavant un treball com 'H2030', es necessita de “tot un procés” i de “l'ingent esforç de moltes persones” bolcades a aglutinar idees i arguments, així com a dissenyar propostes abans d'arribar als consensos necessaris. En cas contrari, com augura en el cas de les “taules fantasmagòriques” del Pacte per la Sostenibilitat del PP, “el treball resultant serà molt cosmètic i molt poc arrelat amb la realitat”.

Una metodologia “a l’inrevés”

Unes consideracions que també comparteix el catedràtic i doctor en Economia Aleix Calveras, qui sosté que és el Govern el que hauria d'haver llançat una proposta “general, global, coherent, oberta i amb matisos” que després fos sotmesa a un debat democràtic amb la participació dels agents socials. “Ho han fet a l’inrevés, sense res damunt de la taula”, lamenta Calveras, qui es mostra especialment crític amb la designació d'Antoni Riera al capdavant del comitè tècnic del Pacte, un perfil, en la seva opinió, més allunyat dels qui aposten per posar límits clars a la massificació o abordar un increment de la fiscalitat per a compensar les externalitats negatives del turisme.

L'economista, qui va ser present en una de les dotze taules de treball –la de Competitivitat Turística i Demanda Turística Sostenible–, qualifica així de “qüestionable” el disseny inicial de les taules, que considera més aviat dirigit a calmar el malestar social existent davant la massificació turística, l'escalada de preus en matèria d'habitatge i l'especulació immobiliària. “Portem mesos en què ningú sap res. Potser és una maniobra de distracció tret que es produeixi un canvi final, perquè, fins al moment, les polítiques que ha adoptat el Govern en termes d'urbanisme i lloguer turístic no s'han basat en absolut en aquest document sortit del Pacte”, sentència.

Mentrestant, fonts del Govern defensen la metodologia implantada per l'Executiu de Prohens, amb la qual, subratllen, volen “fer partícip a tothom”, incorporant les seves propostes perquè, en una segona fase com la que preveu iniciar-se, aquestes siguin sotmeses a l'assessorament expert. Les mateixes fonts assenyalen que, per contra, els llibres blancs i informes de recomanacions sobre diversificació econòmica i canvi de model realitzats fins al moment han estat efectuats per “experts des de dalt a baix”. “Nosaltres ho fem al revés: les entitats elaboren el seu informe per a després passar-ho a l'administració. Al final és un procés participatiu que no ha tingut lloc en altres ocasions”, al·leguen. L'objectiu pansa, incideixen, per “buscar els punts en comú i els consensos i anar recollint les aportacions de tot el món”. “És una dinàmica bastant nova que en Balears mai s'havia implantat”, comenten.