La jueza imputa al vicepresidente de Vox en Mallorca tras la polémica por el uso particular de los coches oficiales

El juzgado ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Balears contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por el uso supuestamente irregular de los vehículos oficiales de la institución insular. La decisión judicial ha trascendido mientras el dirigente de la formación de extrema derecha se encuentra conduciendo el pleno de la institución insular, donde la portavoz socialista, Catalina Cladera, ha pedido la palabra para cuestionar que continúe dirigiendo la sesión después de conocer su situación procesal.

“Acabamos de saber que usted está imputado, por lo que debería dejar de dirigir el pleno. Seguimos pidiendo su dimisión o cese por parte del presidente, pero hoy ya no debería dirigir este pleno. Que conste en acta porque no es decencia democrática”, ha manifestado Cladera durante su intervención.

El juzgado, tal como ha avanzado Diario de Mallorca y han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es, ha dado así curso a la acción penal impulsada por la Fiscalía para esclarecer si el uso que Bestard hizo de los vehículos oficiales del Consell de Mallorca pudo constituir un delito. Las pesquisas del Ministerio Público se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por el Grupo Socialista, que considera que el dirigente pudo incurrir en delitos de malversación de caudales públicos continuada, prevaricación y falsedad documental.

Veinte desplazamientos que no aparecían en su agenda

La controversia estalló el pasado mayo, cuando trascendió que varios de los coches oficiales utilizados por Bestard habían sido vistos estacionados en su domicilio particular. El dirigente de Vox negó entonces que los empleara para asuntos personales y justificó que se los llevara a casa cuando terminaba tarde su jornada o tenía varios actos: lo hacía, según explicó, “por economía de recursos”.

Las explicaciones no evitaron que el presidente del Consell, Llorenç Galmés (PP), encargara informes internos para examinar el uso de los vehículos. Uno de ellos cruzó los registros de los coches y los repostajes de combustible con la agenda pública del vicepresidente. El resultado fue una relación de al menos 20 desplazamientos, realizados entre mayo de 2025 y abril de 2026, que figuraban en los registros de los vehículos, pero no tenían correspondencia en la agenda institucional de Bestard.

Entre los documentos revisados figura una factura emitida por una empresa de taxidermia de Toledo para la “naturalización de cuerpo entero de macho de boc balear [macho de la cabra salvaje mallorquina] sobre piedra”. El ejemplar disecado fue recogido personalmente por Bestard, quien viajó en marzo hasta Dènia en ferri y completó el trayecto hasta Toledo conduciendo una furgoneta de las brigadas de su departamento antes de regresar a Mallorca al día siguiente.

Las pesquisas internas también constataron que el vicepresidente había dispuesto en exclusiva de tres coches oficiales sin que constara una autorización expresa. Los informes calificaron esta situación de “no apropiada”, aunque los servicios jurídicos del Consell no llegaron a concluir de manera categórica que se hubiera producido un uso indebido. Esa interpretación permitió a la institución cerrar el expediente sin imponer sanciones.

El propio Bestard reconoció, durante una comparecencia ante la Comisión de Transparencia del Consell, que acudía con los vehículos oficiales a carreras hípicas y a reuniones que no figuraban en su agenda pública. “Todos los sábados y domingos voy a las carreras”, afirmó entonces. También admitió que no llevaba un registro detallado de algunos desplazamientos, especialmente los de los fines de semana, aunque defendió que sus viajes estaban relacionados con sus responsabilidades institucionales.

Pese a que los informes internos señalaron la utilización exclusiva de tres vehículos sin autorización expresa y calificaron la conducta de Bestard de “no apropiada”, el Consell descartó adoptar medidas contra el vicepresidente. La institución dio por cerrado el expediente y optó por elaborar una instrucción para regular el uso de los coches oficiales, en lugar de imponer una sanción al responsable del departamento. La decisión de la Fiscalía de llevar el asunto ante los tribunales abrió un escenario distinto al de la revisión interna impulsada por Galmés. Con la querella ya admitida a trámite, será ahora la investigación judicial la que deba determinar qué ocurrió con los vehículos, si los desplazamientos tenían justificación institucional y si los gastos asumidos por el Consell pueden tener relevancia penal.