Declara ante el juez el jefe de Gabinete de la presidenta balear, acusado de enchufar a un familiar que estrelló el coche oficial

Cuando el coche oficial de la líder balear, Marga Prohens (PP), acabó convertido en un amasijo de chapa tras un accidente en las inmediaciones del aeropuerto de Palma, el episodio parecía limitarse a un incidente incómodo dentro del parque móvil del Govern. Sin embargo, el siniestro terminó abriendo una grieta mucho mayor en el corazón del Consolat de Mar, sede de la Presidencia autonómica. Este martes, el jefe de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, está citado a declarar como investigado por presuntamente alterar las reglas de un proceso selectivo para colocar como chófer oficial a un familiar suyo: el hijo de su primo. El mismo que, apenas unos meses después de acceder al puesto, acabó estrellando el vehículo nada más dejar a la dirigente popular en la terminal.

Jurado no es un cargo secundario. Es la mano derecha de Prohens, uno de sus hombres de máxima confianza y una figura histórica del aparato popular balear. En concreto, la jueza le atribuye la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa. La querella interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera con más de tres décadas de servicio público apunta también a un delito de tráfico de influencias. Junto a Jurado también está citado a declarar este martes el chófer supuestamente beneficiado.

El relato del denunciante, quien la pasada semana acudió al Juzgado para ratificarla, dibuja un proceso supuestamente manipulado desde dentro para garantizar que la plaza acabara en manos del pariente de Jurado. De acuerdo a la querella, en 2023 se convocó la cobertura de una vacante de chófer mediante concurso de méritos, pese a que el puesto figuraba como de libre designación. El veterano chófer acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaría General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del Boletín Oficial de Balears (BOIB), una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El nuevo chófer fue nombrado conductor personal de la presidenta sin contar siquiera con diez días de antigüedad, según la parte demandante. El 22 de diciembre de 2023, el director de gabinete de la Presidencia del Govern habría reunido a los cinco chóferes del departamento y comunicado que relegaba al denunciante y a otro trabajador. El 10 de enero de 2024 firmó el escrito que oficializaba el relevo, sin contar con el visto bueno de la representación de los trabajadores, de acuerdo a la denuncia.

Despedido y sustituido “por un joven afín sin experiencia”

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó entonces Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

Preguntado sobre esta cuestión tras trascender la interposición de la denuncia, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, admitió que el Ejecutivo sabía que se había producido un accidente con un vehículo oficial de la presidenta Prohens. “Es cierto que el vehículo quedó en situación de siniestro. Pero fue un accidente. Hubo un accidente. Sí. No tengo mucho más que añadir. Quiero decir: ¿una persona puede tener un accidente? Sí”, se limitó a señalar. “¿Habría sido deseable que no lo tuviera? Sí, pero como en cualquier otro caso”, justificó.

Es a partir de aquel suceso cuando, según sostiene el querellante, comenzaron las irregularidades. Añade, además, que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. El percance probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reunía los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

El denunciante incide en que las bases habrían sido modificadas posteriormente introduciendo criterios que favorecían específicamente al candidato finalmente seleccionado y describe una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” orientada a asegurar la contratación del familiar de Jurado. La jueza instructora ha apreciado suficientes indicios como para citar a declarar al máximo asesor de la presidenta balear como investigado.

El Govern, en defensa de la contratación

Desde el primer momento, el Govern ha defendido la legalidad del procedimiento. El pasado viernes, Costa expresó la “máxima y absoluta tranquilidad” del Ejecutivo después de que, el día anterior, el denunciante ratificara su querella. Desde el Ejecutivo autonómico remiten a estas declaraciones de Costra tras la petición de su versión por parte de elDiario.es.

Al ser preguntado por esta temática, Costa señaló que “el posicionamiento del Govern sigue siendo el mismo”: “No ha cambiado ni un milímetro del que expresamos en su momento y me remitido por tanto a ese pronunciamiento. El Govern tiene la máxima y absoluta tranquilidad, eso sí lo puedo confirmar con total seguridad”. El pasado mes de diciembre, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Mercedes Estarellas, defendió que el procedimiento de sustitución del funcionario a través del bolsín siguió todos los cauces reglamentarios.

Petición de dimisión

Por su parte, el PSIB-PSOE reclamó en enero el cese inmediato de Jurado tras su citación judicial como investigado. El portavoz socialista, Rubén Castro, acusó además a la presidenta balear de intentar esquivar el escándalo. “Que deje de esconderse ante los casos de corrupción que cada vez más salen a su alrededor y que dé explicaciones a la ciudadanía”, aseveró.

“Escuchamos a Prohens desde hace dos años difundiendo mentiras y noticias falsas en relación al PSIB, pero la realidad es que el único partido que tiene a personas investigadas por su gestión durante la pandemia y que tendrán que declarar en juicios por presunta corrupción es el PP de Prohens”, incidió Castro. Entre tales causas, aludieron a la investigación contra el presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), por presunta prevaricación administrativa y coacciones a una funcionaria por el caso de ‘La vida islados’.