El presidente ultra del Parlament balear esquiva un pacto e irá a juicio por romper la foto de varias víctimas del franquismo

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), será juzgado del 25 al 29 de octubre de 2027 por romper, el 18 de junio de 2024, una fotografía de tres víctimas del franquismo, expuesta en la tapa del ordenador de la vicepresidenta segunda de la Mesa, mientras se debatía la propuesta de PP y la formación de extrema derecha de derogar la ley autonómica de memoria democrática. Los hechos provocaron una oleada de indignación dentro y fuera de Balears, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoco le ha forzado a abandonar el cargo. 

El acusado se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears en una vista preliminar en la que su defensa ha negado que incurriese en irregularidad alguna -se le acusa de un delito de odio-, lo que ha frustrado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las acusaciones para evitar el juicio. Los tribunales deberán determinar durante el juicio si el también presidente de Vox en Balears actuó de forma deliberada o si, como sostiene, la ruptura de la imagen fue accidental. Varios familiares de víctimas de la represión franquista se han congregado a las puertas del órgano judicial en protesta por los hechos.

Hasta el momento, Le Senne ha defendido que se limitó a aplicar el reglamento parlamentario, mientras que las acusaciones sostienen que el episodio constituyó un ataque a la dignidad de las mujeres asesinadas por el franquismo. La Fiscalía, por su parte, mantiene su criterio de que no existen elementos suficientes para acreditar un delito de odio.

Entre otras cuestiones, la Sala ha rechazado que se cite como testigo perito al historiador David Ginar, autor de la biografía sobre Aurora Picornell, conocida popularmente como 'la Pasionaria de Mallorca', al entender que el peso de su figura no es un hecho controvertido. Sobre este asunto, el letrado del colectivo Estimada Aurora, Sebastià Frau, ha explicado que el objetivo era contraponer la ideología de Picornell y el resto de víctimas con “la ideología del acusado”.

Hasta cuatro años de prisión y once de inhabilitación

En concreto, la entidad Memòria de Mallorca -en unión con los descendientes de Aurora Picornell y de las activistas Maria y Antònia Pascual, quienes figuraban en la fotografía- solicita para Le Senne 20 meses de prisión; Colectivo Aurora reclama un año y cuatro meses de cárcel, 11 años de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa, mientras que el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) pide hasta cuatro años de cárcel, otros cuatro de inhabilitación y 13.000 euros de multa. Éste último también pedía que Vox fuese llamado a juicio como responsable civil subsidiario, un extremo que, sin embargo, el juez instructor rechazó.

Le Senne, en cambio, solicita su absolución al aseverar que no ha quedado acreditada la intención de humillar a las víctimas ni una motivación discriminatoria. Durante la declaración que prestó como investigado en septiembre de 2024, Le Senne se aferró a los mismos alegatos que hasta ese momento había esgrimido públicamente: que el episodio fue “accidental” y que éste tuvo lugar después de que Garrido se negara a retirar el retrato, lo que, en opinión del presidente, contradice la neutralidad requerida en la Mesa del Parlament.

Al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, el máximo representante de la Cámara autonómica respondió que sí. El parlamentario se negó a responder a las acusaciones particulares, pero sí lo hizo a preguntas del Ministerio Público, de su abogado y del juez.

Por su parte, el Ministerio Público, que se ha pronunciado en varias ocasiones para apoyar el archivo de la causa, sostiene que, aunque la conducta de Le Senne de fue un acto de califica de “colérico” -motivo por el que censuró sus formas-, considera que no ha quedado acreditado, con las exigencias propias del derecho penal, el dolo que llevaría a hablar de un delito de odio, concretado, en este caso, en la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista. Tampoco aprecia en los hechos motivación discriminatoria.

El juez apreció indicios de una actuación intencionada

En el auto que puso fin a la instrucción del caso y dejó al dirigente de extrema derecha a las puertas del juicio, el juez consideró que su gesto lesionó “la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes, y acredita la clara intención de humillarlos”. La resolución se apoyaba en las diligencias practicadas hasta entonces, entre ellas las imágenes aportadas al procedimiento, en las que “se puede apreciar cómo el señor Le Senne, después de arrebatar la fotografía, no la tira inmediatamente al suelo sino que la mantiene en la mano izquierda, la deja un momento en la zona situada sobre de sus piernas, donde podría parecer que la esté manipulando de alguna manera, y después la tira con la mano derecha”.

La Sala de la Audiencia Provincial que confirmó la apertura de juicio oral también consideró que las imágenes aportan indicios compatibles con la posible existencia de dolo, es decir, de una actuación consciente e intencionada. Los magistrados señalaron que corresponde al juicio determinar si la ruptura fue deliberada o accidental, una cuestión central para esclarecer la responsabilidad penal del acusado. La defensa y la Fiscalía rechazan esa interpretación.