Armengol avisará al diputado de Vox que fue expulsado la semana pasada de que puede suspenderle hasta por un mes

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, presentará a la Mesa de la Cámara —su órgano de gobierno— para su aprobación un escrito de cuatro puntos en el que dará un ultimátum al diputado José María Sánchez, de Vox, que la semana pasada tuvo que ser expulsado de una sesión plenaria al ser llamado tres veces al orden por encararse a gritos con el vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Este escrito, que previsiblemente saldrá adelante por la mayoría con la que cuentan en la Mesa el PSOE y Sumar, avisará a Sánchez de que si vuelve a protagonizar un episodio similar se le aplicarán las medidas “más enérgicas” que recoge el reglamento del Congreso.

Dicha normativa establece, en su artículo 106, que “cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no miembro de la Cámara, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsada”. Y, además, especifica que, “si se tratare de un miembro de la Cámara”, como es el caso del diputado de Vox, “la Presidencia le suspenderá, además, en el acto en su condición de tal por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción”.

El escrito también recoge la condena, “en los más enérgicos términos” de “la actuación del señor Sánchez García” la semana pasada, ya que “su intento de intimidar a una funcionaria y su ataque a la Presidencia de la Cámara constituyen un grave cuestionamiento a la institución parlamentaria y a la democracia que representa”. Armengol, asimismo, hace “un llamamiento a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria para que rebajen el clima de crispación al que se está trasladando la vida parlamentaria”, aunque admite que “no todos los integrantes del arco parlamentario son igualmente responsables de la situación, pues algunos grupos parlamentarios han hecho de la crispación una herramienta política para deslegitimar las propias instituciones”.