El PP ha elegido a un expresidente en Bizkaia, Antón Damborenea, como sustituto en la plaza de asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que le ha quedado vacante precisamente porque su anterior inquilina, Amaya Fernández, pasó a ser presidenta de la gestora del partido en Bizkaia. Inicialmente, Fernández quiso compatibilizar ambas funciones, pero un duro informe sobre la necesidad de evitar un conflicto de intereses entre un órgano de control y el día a día de la política terminó con que se decantara por aceptar la propuesta de Génova de asumir el liderazgo de momento transitorio en un territorio en que se interpretaba que el ciclo de Raquel González estaba agotado.

Según ha informado 'El Mundo' y han confirmado fuentes internas, Damborenea ocupará el puesto de asesor o “auditor-jefe” en la jerga interna de la consejera Teresa Crespo. El tribunal tiene siete vocalías y, en 2021, al PP le correspondía una en el reparto político por el que el PNV tiene tres, el PSE-EE dos y EH Bildu la séptima. Los partidos, además, pueden designar al menos un asesor por cada uno de sus consejeros. Se pueden consultar aquí quiénes son.

Damborenea, de 65 años, fue parlamentario del PP desde 1994 hasta 2020, donde ejerció diversas funciones, aunque principalmente la portavocía económica. En paralelo, desde 2008 hasta la llegada de González, en 2017, fue también el presidente del partido en Bizkaia. En los últimos años, el PP lo había mantenido como asesor en el Parlamento y como vocal en la Junta Electoral, otro órgano de control donde los partidos hacen propuestas.

En paralelo, según explicó el presidente del PP vasco Javier de Andrés, Fernández parece mantener abierta la vía del recurso sobre su situación. Ella intentó mantenerse en el Tribunal de Cuentas ya que, por ejemplo, otra asesora, Amaia Ruiz de Viñaspre, pudo compaginar durante años esa posición y la de 'número dos' del PNV de Álava. La propia Fernández había sido autorizada en estos años a tener un papel en otros roles del PP, como el comité electoral o el congreso nacional. Ahora, los letrados del Parlamento Vasco, órgano del que depende el tribunal, entendieron que podía acceder a información confidencial y usarla en beneficio de su partido y contra sus rivales.

En paralelo, en los últimos días han emergido movimientos que cuestionan la operación de Génova en Bizkaia. El partido ha apartado a la anterior presidenta y a su equipo sin un congreso. En paralelo, según publicó 'El Correo', hay cargos que cuestionan que Fernández pueda ejercer el liderazgo de modo indefinido y abogan por un cónclave. La operación ha incluido desginar como secretario general y 'número dos' en Bizkaia a un joven con mucha proyección interna, Santiago López Céspedes, que ahora es parlamentario vasco.

Fernández llegó a ser presidenta interina también en Euskadi. Era la secretaria general de Alfonso Alonso y cuando Génova lo apartó 'de facto' antes de las autonómicas de 2020 e impuso la vía de rescatar a Carlos Iturgaiz, a ella le correspondió temporalmente la dirección del partido. Ya en otoño de 2020 Iturgaiz retomó las labores orgánicas y fue quedando relegada hasta que logró acomodo en el Tribunal de Cuentas.

El Gobierno vasco y el PNV, por boca de variados y cualificados portavoces, ha atacado por varios flancos a la coalición EH Bildu por su “falta de respeto” y de “honestidad” después de que anoche se acabara sin éxito el plazo fijado para cerrar un acuerdo presupuestario en Euskadi para 2019. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, ante la falta de acuerdos y su minoría parlamentaria, ha retirado el proyecto este jueves a primera hora de la mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario y ha iniciado el “análisis” de cómo “aminorará” los “efectos de la prórroga presupuestaria”, que en líneas generales supondrá la necesidad de habilitaciones especiales para movilizar los 300 millones adicionales con los que contaba la Administración vasca de cara al año que viene y, sobre todo, para poder cumplir el compromiso de subir un 2,25% el salario de los 90.000 funcionarios y empleados públicos y las mejoras anunciadas en las rentas de garantía de ingresos (RGI), utilizada también como complemento para 14.000 pensionistas con rentas bajas.

“La actitud de EH Bildu no es compatible con el supuesto de voluntad real negociadora. No ha habido honestidad ni siquiera en las formas. Sus quiebras internas han hecho que la parte más radical en sus posturas haya frenado un buen acuerdo para Euskadi”, ha asegurado el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, en una rueda de prensa en la que no ha escatimado en críticas hacia la izquierda abertzale y en la que incluso ha repartido un pequeño 'dossier' con medio centenar de proyectos sociales y de inversión que no saldrán adelante por el 'no' de EH Bildu. El propio lehendakari ha aludido también al concepto de “honestidad” en un acto público en San Sebastián.

EH Bildu y el Gobierno de PNV y PSE-EE han mantenido un total de siete reuniones y, según Azpiazu, a medida que el Ejecutivo se iba acercando a las demandas de la coalición -básicamente el punto de fricción era la fórmula para subir los complementos de pensiones a través de la RGI- sus interlocutores iban reculando hasta volver “a la casilla de salida”, a posiciones de máximos por un supuesto “pánico escénico” a aparecer como salvador del Gobierno de Urkullu. Ha revelado que, en las últimas horas del miércoles, EH Bildu nunca contestó a la última propuesta del Ejecutivo, que hubiese supuesto subir hasta 858 euros la pensión garantizada vía RGI en varias fases hasta 2021 y estudiar la posible “individualización” de esta ayuda, que ahora se cobra por familias, para que un matrimonio con dos pensionistas, por ejemplo, pudiese tener dos prestaciones.

Preguntado por un documento que, según EH Bildu, fue remitido al Gobierno antes del final del plazo, el consejero ha indicado que “sólo era un papel”, que tenía “fecha del lunes” y que era “una propuesta viaje para ir al punto de salida”. “Cuando me mandan ese papel ya me están diciendo 'Agur, Ben-Hur'”, ha explicado Azpiazu, visiblemente enojado.

El Gobierno de PNV y PSE-EE llevaba dos años pactando los presupuestos con el PP. Pero todo cambió en primavera. Por un lado, los nacionalistas apoyaron la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez. Por otro lado, cerraron un acuerdo con EH Bildu para superar el Estatuto de Gernika en clave soberanista. Sin los 'populares' y con Elkarrekin Podemos como oposición frontal, la única alternativa viable para salvar la minoría en la Cámara (37 de 75 escaños) era negociar con la izquierda abertzale, que ofrecía dos abstenciones.

Las conversaciones, sin embargo, no han llegado a buen puerto y lo mismo que el Gobierno y el PNV atacan a EH Bildu, la izquierda abertzale culpa de este fracaso a la otra parte, toda vez que se había abierto la posibilidad de que mejoraran sustancialmente las ayudas sociales y, fundamentalmente, los complementos de pensiones en la comunidad autónoma donde el movimiento de pensionistas ha sido mas activo. “La prórroga es un fracaso en mayúsculas de un Gobierno en minoría que, con esta decisión, da la espalda a necesidades urgentes de la sociedad y que defrauda, por tanto, las expectativas de una ciudadanía que ve que sus demandas no son atendidas”, ha valorado la coalición abertzale, que ha entendido que las ofertas del Gobierno en torno a estas cuestiones eran “insuficientes” porque no revertían “recortes” sociales de años anteriores.

Para el PNV, en cambio, EH Bildu ha tratado de “confundir” con las pensiones, que realmente se mejoran “en Madrid, en el Pacto de Toledo” y no en Euskadi. Azpiazu ha recordado que las competencias vascas se limitan a la “asistencia social” y a actuar sobre los complementos de las prestaciones que gestiona la Seguridad Social. “EH Bildu rechazó unos presupuestos generales del Estado que incluían mejoras sustanciales para millones de pensionistas [tras el acuerdo del PNV con el PP]”, ha atacado Azpiazu.

Guiños al PP, el viejo socio

El viceconsejero de Presupuestos, Alberto Alberdi, ha explicado que, a partir de ahora, el Gobierno deberá preparar “habilitaciones” si quiere poner en marcha algunos proyectos que quedaran parados por la prórroga presupuestaria. El problema es el mismo, que han de ser tramitados como proyectos de ley en el Parlamento y que el Gobierno seguirá en la misma posición de minoría si las circunstancias no cambian. Alberdi ha recordado que esta fórmula ya se ha empleado esta legislatura para dos cuestiones técnicas en torno a la deuda y a la paga extraordinaria que en su día se retiró a los funcionarios y ha citado que en ambos casos el respaldo de la Cámara fue prácticamente unánime.

En este complejo escenario, el antiguo socio del Gobierno, el PP, se ha mostrado “dispuesta a negociar como siempre”. “Urkullu debe reflexionar. La isla vasca de estabilidad ya no existe y quedan dos años de legislatura. [El PNV] Tendrá que decidir si sigue por la vía soberanista [de EH Bildu]”, ha señalado el portavoz económico de la formación conservadora, Antón Damborenea, que ha considerado que el Ejecutivo vasco “roza el ridículo” tras el “espectáculo lamentable” del fiasco presupuestario.

Azpiazu ha respondido con un elocuente “¡por favor! ¡no!” cuando los periodistas le han preguntado por la posibilidad de que la continuidad del Gobierno y de la legislatura esté en cuestión. Sin embargo, sí se ha abierto a retomar viejas alianzas con el PP, partido del que ha destacado su “fair play” (en su intervención en euskara) y “lealtad” (en castellano) en años anteriores, en contraste con la “decepción” con la que ha terminado su relación con EH Bildu.

El Parlamento vasco ha reproducido en su sesión de este jueves el debate político del miércoles en el Congreso en el que se aprobaron los presupuestos generales del Estado de 2018. Sin Ciudadanos, PP y PNV no suman mayoría y EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE han aprobado una resolución -sin efecto jurídico alguno- de “rechazo” a las cuentas por su “profundo carácter antisocial”. El morbo en el debate, sin embargo, era conocer el argumentario del PNV y singularmente el de su portavoz en la Cámara autonómica, Joseba Egibar, cabeza del sector soberanista y crítico internamente con la decisión de negociar con Mariano Rajoy con el 155 activo en Catalunya. “No hemos cumplido la palabra dada, es verdad. Si hay que reconocer eso, lo reconocemos”, ha afirmado Egibar, que ha hecho sus reflexiones íntegramente en euskara sin que las radios y televisiones en castellano se hayan llevado estas mismas frases.

Egibar, con un lazo amarillo en la solapa de su chaqueta como es habitual, ha denunciado que haya “una autonomía intervenida” y una “expropiación política” en Catalunya y que el Estado pretenda que “toda una generación de políticos termine en la cárcel”. También ha dejado caer que hablará del asunto “dentro del partido”. Pero ha añadido que el PNV se “autoimpuso” el “compromiso” de trabajar por la desactivación del 155, cosa que “nadie más lo hizo”, para continuar explicando que “el esfuerzo ha sido impresionante” para revertir la situación en Catalunya pero “la capacidad [de influencia ante el PP] limitada”.

Dicho todo eso, Egibar ha lanzado una pregunta al aire: “¿Se puede justificar [el 'sí' a las cuentas de Rajoy]?”. Desde la lealtad hacia el partido y ante la atenta mirada del lehendakari, Iñigo Urkullu, el portavoz parlamentario ha señalado desde la tribuna del Parlamento que “hay argumentos” que justifican la aprobación de los presupuestos. El principal que ha destacado es la subida generalizada de las pensiones. Y, como el miércoles Aitor Esteban, Egibar ha dejado caer que las fuerzas políticas catalanas han sido comprensivas con la difícil decisión del PNV en las Cortes Generales.

El voto favorable al PP ha sido munición para la oposición de izquierdas. Según Miren Larrion (EH Bildu), las explicaciones del PNV son dignas de “un máster en metafísica que ni Cifuentes”. “¿Qué credibilidad tienen en estos momentos?”, ha apostillado Larrion mirando a la situación catalana en todo momento. Igualmente, el parlamentario de IU y de la coalición Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha subrayado que el PNV “ha faltado a su palabra dada” y todo porque “comparte con el PP modelo económico y social”. “Díganselo abiertamente a la ciudadanía. No pasa nada”, ha emplazado.

La votación también ha supuesto el desmarque del PNV de su socio de Gobierno, el PSE-EE, cuya portavoz, Susana Corcuera, ha apelado a la “coherencia” de los socialistas al rechazar en las Cortes Generales unas cuentas que “consolidan la desigualdad”. No obstante, para no hacer sangre, los socialistas entienden que “son acuerdos que desde la discrepancia debemos aceptar porque son legítimos”.

El aludido en todo el debate, el PP, ha calificado por boca de Antón Damborenea de “absurdo” que el Parlamento vasco se haya convertido en Cámara de segunda lectura de unos presupuestos ya aprobados y que ha defendido como los más sociales de la historia. La intervención de Damborenea ha coincidido con la sentencia condenatoria en el 'caso Gürtel' pese a lo cual el portavoz económico 'popular' ha asegurado en referencia a su partido que “los españoles saben quién gestiona bien y quiénes son unos manirrotos”, por el PSOE. Damborenea también se ha dirigido al PNV para recordarle que recurrió al apoyo del PP para sacar adelante los presupuestos vascos “con el 155 vigente” y al PSE-EE para remarcar que sus consejeros en el Gobierno también gestionan merced a los “superantisociales” aliados parlamentarios 'populares'.

Es “infinanciable”, argumentaba a este periódico un miembro del Gobierno de Iñigo Urkullu al término del debate en el Parlamento vasco de este jueves en el que PNV, PSE-EE y PP han rechazado una iniciativa de EH Bildu apoyada también por Elkarrekin Podemos para elevar en cuatro años hasta 1.080 euros (el 60% del salario medio en España) las pensiones mínimas a través de complementos de la renta de garantía de ingresos (RGI) empezando con carácter inmediato con una revalorización del IPC. “Es inasumible que todo lo que no hacen las instituciones pertinentes lo abone la RGI. Es inasumible. Es un brindis al sol. No se puede asumir”, ha reiterado la nacionalista Amaia Arregi.

La Cámara vasca ha retomado el debate sobre las pensiones apenas tres semanas después de aprobar una resolución en la que se instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a garantizar unas prestaciones dignas, un texto al que sólo se opuso el PP. En esta ocasión, tras las mareas humanas del fin de semana, especialmente en Bilbao, EH Bildu quería dar un paso más y potenciar los complementos de pensiones ya existentes en Euskadi y que benefician a unos 16.000 jubilados y viudas con prestaciones bajas. La coalición marcaba como objetivo un umbral de 1.080 euros en cuatro años, como recomienda la Carta Social Europea, aunque reclamaba estudiar ya este año un ajuste para sortear la subida mínima del 0,25% y que los pensionistas vean revalorizados sus ingresos conforme al IPC.

Esta iniciativa -que de haber prosperado no iba a tener carácter vinculante- ha contado finalmente con el apoyo de Elkarrekin Podemos en su votación en el pleno, aunque la coalición de Podemos, IU y Equo ha defendido y mantenido hasta el final una enmienda de totalidad al texto original. PNV, PSE-EE y PP se han opuesto y han dado luz verde a una redacción alternativa genérica propuesta por las dos formaciones del Gobierno y que no suscitaba reparos a los 'populares', cuyo portavoz, Antón Damborenea, ha defendido la gestión de Rajoy en la materia.

La resolución aprobada plantea al Estado que “garantice un sistema público de pensiones suficiente y sostenible” y alude a “fuentes de financiación ciertas”. Igualmente, insta al Gobierno autonómico a “continuar complementando” las pensiones más bajas a través de la RGI en tanto llega la prometida reforma anunciada por la consejera Beatriz Artolazabal para el primer trimestre de 2018 y que, probablemente, no llegue en plazo. Del 1 de marzo aquí se ha caído la reclamación de que sea transferida a Euskadi la gestión económica del régimen de la Seguridad Social, como prevé el Estatuto de 1979.

El resultado del debate no ha gustado a los proponentes. “De espíritus y buenas intenciones los pensionistas no comen. Las políticas simbólicas ya no sirven”, ha protestado Nerea Kortajarena (EH Bildu). Minutos antes del arranque del punto sobre pensiones en el pleno parlamentario, alrededor de un centenar de pensionistas se han concentrado frente a la Cámara. Han expresado que sus reclamaciones de que las pensiones crezcan hasta los 1.080 euros son “legítimas” y “legales” y han salido muy disgustados de la votación, tras la cual han calificado de “hipócritas” a los partidos que no han apoyado el texto original, entre otras palabras gruesas.

El Parlamento vasco ya inadmitió a trámite hace tres años una iniciativa legislativa popular en el mismo sentido. En aquella ocasión, la Cámara emitió un informe jurídico desfavorable que subrayaba que la competencia de pensiones era del Estado. Los manifestantes hoy han recordado que contaban con casi 80.000 apoyos y que esas firmas se fueron a un cajón.

Con la reforma fiscal ya encarrilada en las tres Juntas Generales merced al acuerdo entre PNV, PSE-EE y PP -cuyo punto fundamental es la reducción del Impuesto de Sociedades del 28% al 24%-, el Parlamento -sin competencias efectivas en la materia- ha dado su aval a las modificaciones de estas formaciones en una sesión monográfica de mañana y tarde en la que se han desestimado todas las propuestas de Elkarrekin Podemos y EH Bildu, que habían propuesto el debate para buscar un incremento de la presión fiscal para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

El resultado del debate ha sido que solamente una de las alrededor de 90 propuestas de resolución planteadas por los cinco partidos ha salido adelante por unanimidad. En ella se insta a “proseguir con las actuaciones destinadas a impulsar la implantación gradual de la educación tributaria en la enseñanza no universitaria”. La medida había sido propuesta por las formaciones que sustentan el Gobierno, PNV y PSE-EE, y ha contado en la votación con el respaldo del resto de grupos.

También han recabado una amplia mayoría -todo el hemiciclo excepto EH Bildu- otras dos resoluciones, en las que se plantea “fomentar acciones dirigidas al control de las transacciones en efectivo” y a potenciar “medidas enfocadas a evitar la elusión y la evasión” siguiendo las “recomendaciones” de la Unión Europea.

Los firmantes del acuerdo fiscal -PNV, PSE-EE y PP- han votado de la mano para defender la “actualización” de la normativa tributaria actual, lo que se hará en las tres Juntas Generales a lo largo de este primer trimestre de 2018. En cuanto al Impuesto de Sociedades, que bajará al 24%, menos que el 25% del resto de España, han planteado en un texto genérico que las empresas soporten una “tributación efectiva” y que las deducciones y compensaciones tengan un “límite”. En otro texto de los tres partidos se “reconoce el esfuerzo fiscal de la sociedad vasca en general y de las familias en particular” durante la crisis y se plantea, de nuevo en términos genéricos, que la reforma “en ningún caso” perjudique a rentas medias y bajas y que “favorezca” el ahorro y la inversión de las empresas.

Más simbólica ha sido la resolución, de nuevo redactada a tres manos, que “reafirma la validez y vigencia del Concierto Económico” al ser “el mejor instrumento económico” para regular las relaciones entre Euskadi y el Estado. EH Bildu y Elkarrekin Podemos se han abstenido en este punto.

No ha habido corrillo, conversación de pasillo o 'whatsapp' en la sesión de este viernes del Parlamento vasco, la última de 2017, en la que Catalunya y los resultados electorales no hayan estado presentes. Tan es así que una de las imágenes de la jornada la ha protagonizado la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ondeando con entusiasmo una estelada para un posado en 'El Mundo'. No obstante, en palabras de un colaborador del lehendakari, Iñigo Urkullu, por más que la política de bloques sea cada vez más acentuada en Catalunya, Euskadi sigue su propio camino y el pleno ha servido para que cristalizara el acuerdo alcanzado por los representantes de PNV -incluidos los parlamentarios guipuzcoanos con lazo amarillo-, PSE-EE y PP y para que el Gobierno vasco vea aprobados de manera definitiva sus presupuestos de 2018, numéricamente los más altos de la historia.

La jornada arrancaba a primera hora con una escueta valoración del lehendakari, Iñigo Urkullu, de los datos del escrutinio. Urkullu, que ha ejercido de mediador para evitar el choque de trenes, ha destacado el valor de unos resultados fruto de unas elecciones con tan alta participación y ha pedido al Estado que asume el “problema político” y que busque una salida “política” y no exclusivamente “judicial”. Urkullu ha acudido al Parlamento a aprobar los segundos presupuestos de su segundo mandato tras haber conversado con Carles Puigdemont -no ha querido mojarse preguntado si éste está legitimado para ser investido nuevamente- pero no con Inés Arrimadas, con quien no mantiene ningún tipo de relación.

Ya en el hemiciclo, el fuego lo ha abierto el PP, que ha presentado sus acuerdos en Euskadi con el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE -que se unen a la reforma fiscal y a los pactos en todas las instituciones menos el Ayuntamiento de Vitoria- como un ejemplo de “estabilidad”. Según Damborenea, con esta línea política a Euskadi le irá mejor que a Catalunya en 2018.

No obstante, el representante 'popular' ha expresado sus temores de que el PNV pueda activar un segundo frente independentista. “No es lo mismo la reforma del Estatuto que otra cosa”, ha advertido Damborenea en referencia a la apuesta realizada esta misma semana por el grupo parlamentario nacionalista de activar un acuerdo en torno al derecho de autodeterminación de la mano de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos, decisión adoptada esta misma semana.

En una línea similar, la socialista Alexia Castelo ha enfatizado que la presencia del PSE-EE en los Gobiernos de las principales instituciones vascas garantiza que Euskadi se enfoque al “interés ciudadano” y no a las “obsesiones independentistas”. Castelo ha añadido que su formación está “orgullosa” de los acuerdos alcanzados porque no llevan al país a “despeñarse”.

EH Bildu: el PNV prefiere a los Reyes que a Olentzero

Los acuerdos con PSE-EE y con PP han vuelto a ser esgrimidos por EH Bildu para atacar duramente al PNV. De hecho, aventuran que “mañana” pactará los presupuestos de Mariano Rajoy en las Cortes Generales. “155” ha vuelto a ser la cifra más utilizada por la coalición abertzale en el debate presupuestario y no precisamente porque se trate de una partida de las cuentas de 2018. Una muy enfadada Leire Pinedo, que ha iniciado su intervención en catalán, ha repetido que “hay 155 razones” para “construir” una “alternativa al bloque madrileño”. “¿Con éstos van a construir ustedes un país mejor?”, ha preguntado en varias ocasiones Pinedo a la bancada del PNV, en la que Urkullu seguía el debate con aspecto muy serio.

Pinedo, incluso, se ha permitido una curiosa metáfora navideña para criticar la estrategia del PNV: “Vuelven a plegar los intereses de la ciudadanía vasca a la negociación arbitraria de cada Navidad. Los Reyes Magos están situados esta vez ya sin complejos en el Palacio de Oriente mientras el Olentzero sigue sacando carbón con el sudor de su frente”.

El PNV compromete “lealtad” al PP

La representante del PNV, Miren Josune Gorospe, se ha fajado en la tribuna con no menor contundencia para defender la política del Gobierno de Urkullu. Ha dicho que no se puede “llevar a la marginalidad” a formaciones políticas como el PP y ha agradecido la voluntad de los 'populares' por lograr acuerdos aun quedando “pelos en la gatera”. Gorospe ha comprometido ante Damborenea “lealtad” para el desarrollo de los acuerdos y ha criticado la “jeta” de la izquierda abertzale que acuerdo con los socialistas e incluso con el PP en el día a día parlamentario mientras ataca duramente al PNV cuando lo hace. “Hacen alquimia moral”, ha zanjado Gorospe.

El acuerdo con el PP se traduce en una reforma fiscal en la que la principal novedad es que baja el tipo general del Impuesto de Sociedades del 28% al 24% -un punto menos que en el resto de España, aunque el PSE-EE se ha apostado “100 euros” a que no bajará la recaudación- y en 30 millones en enmiendas que se sumarán al presupuesto. Según Julen Bollain (Elkarrekin Podemos), “160 de las 180” propuestas del PP son “subvenciones a dedo” a entidades afines al PP, partidas que suman 18 millones de euros. Como en 2017, también hay un 'pellizco' para los municipios regidos por la formación conservadora y para su fundación.

Bollain, además, ha lamentado que se mantengan las restricciones en la renta de garantía de ingresos -el recorte del 7% aplicado en 2011 sigue vigente y las subidas ya no van ligadas al SMI sino al IPC desde que el primero es más alto- y no se haga una apuesta decidida por la escuela pública. “¿Y qué sueldo mínimo tienen los altos cargos? 60.000 euros. Para ellos no hay recortes. Para los que se levantan 5.000 al mes no hay recortes”, se ha quejado el parlamentario de Podemos, que ha sido censurado por “demagogo” porque sus señorías tienen asignaciones muy similares en la Cámara.

Tras el cruce de reproches de casi tres horas, la votación definitiva no ha arrojado sorpresas. La mayoría transversal que conforman PNV, PSE-EE y PP ha hecho que prosperen las cuentas de 2018. En este caso, la abstención 'popular' ha sido suficiente frente al 'no' de las coaliciones EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que han mantenido su rechazo hasta el último minuto. La sesión, pese a lo duro de las exposiciones, se ha deseado con buenos deseos navideños entre todos y con el consuelo de que el número de lotería del Parlamento terminaba en 8 y escondía un reintegro.

Tras un intenso debate con reproches cruzados y reflexiones sobre las migraciones, los derechos humanos y la seguridad, el Parlamento Vasco no ha dado cauce a una iniciativa para “condenar” la construcción de un muro de hormigón en el puerto de Bilbao para evitar que continúen accediendo personas a la terminal del ferri al Reino Unido con el ánimo de acceder a los barcos como polizones, como ha ocurrido en más de 5.000 ocasiones en lo que va de 2017, principalmente con jóvenes de Albania como protagonistas. Ante el 'no' de PNV, PSE-EE y PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos se han quedado solos en la crítica a estas obras en una infraestructura de titularidad estatal pero cuyo responsable es designado por el Gobierno autonómico. Así las cosas, la iniciativa ha seguido el mismo camino que otras anteriores en Zierbena, Santurtzi o Bilbao, así como en las Juntas Generales de Bizkaia.

“Los muros crean un imaginario y nos hacen creer que el que viene de fuera es una amenaza”, ha defendido la proponente del debate, Jasone Agirre (EH Bildu), que pedido mirar el puerto desde la perspectiva de quienes “se juegan la vida” por viajar al Reino Unido cada día con operaciones. En la misma línea se ha pronunciado Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos): “Los movimientos migratorios son tan viejos como la humanidad, pero la militarización de las fronteras empeora el tránsito. La construcción del muro en Bilbao y los asentamientos no son ajenos a esto mientras las instituciones miran a otro lado”. Ha aludido a situaciones similares en Cisjordania, en Ceuta, en Melilla o México de las que no se habla como se hablaba del muro de Berlín.

Con diferentes tonos y matices, los partidos de Gobierno (PNV y PSE-EE) y el PP han apelado a la “seguridad” y a la “legalidad” para justificar nuevas medidas de control de personas, mercancías y vehículos en la terminal portuaria, que vienen acompañadas de más seguridad privada y de un nuevo sistema de videovigilancia. Estos argumentos, según han coincidido EH Bildu y Elkarrekin Podemos, pueden suponer una contradicción por el hecho de que se utilice ese mismo puerto para transportar armas de guerra que acaban empleándose contra la población civil “en Siria y en Yemen”.

Para Antón Damborenea (PP), los discursos de Agirre y Guanche han sido “de lo más lamentable” que se ha escuchado en la Cámara vasca. “Este discurso se puede hacer en México y si quiere en Melilla. ¿Pero en el puerto de Bilbao? ¿De verdad?”, se ha preguntado el representante 'popular' en voz alta. Y ha añadido: “¿Desde cuándo existe el derecho humano de asaltar la carga de un buque?”.

Damborenea también ha dicho que los albaneses interceptados no son ilegales ni refugiados en España y que si se les impide el paso es porque el Reino Unido no tiene convenio con Albania para la libre circulación de personas. “Es casualmente donde no pueden ir. A estos señores en Inglaterra no les quieren ni ver. No los quieren ni ver porque saben a qué se dedican allí”, ha apostillado Damborenea refiriéndose a mafias ilegales que operan en suelo británico.

Enfado de EH Bildu y Podemos

Este comentario ha enfadado a las portavoces de EH Bildu y Elkarrekin Podemos por la “criminalización” de estas personas. “Después de escucharle, casi me preocupa más el muro mental”, ha apuntado Agirre. Tirando de ironía, Damborenea ha zanjado que la mejor solución para evitar construir el muro sería suspender las líneas marítimas entre Bilbao y el Reino Unido.

En la bancada del PSE-EE también ha inquietado que el PP “generalice” y diga “que son poco menos que delincuentes” los polizones. Sin embargo, ha votado junto a los 'populares' y al PNV contra el texto de la oposición de izquierdas al entender que pecaba de erorres de “enfoque” y de “terminología” al aludir, por ejemplo, a “refugiados”, cuando los albaneses no lo son.

Por parte del PNV, Joseba Zorrilla también ha rechazado comparaciones con México, Palestina o la frontera sur de España. Zorrilla ha recordado las “obligaciones normativas estatales e internacionales” en materia de control y vigilancia portuaria y ha asegurado que lo deseable sería “que valiera con una raya pintada en el suelo” para evitar la entrada de polizones pero que no se puede ser “iluso”. Y ha concluido: “¿Que derechos humanos se vulneran al impedir el acceso irregular a una infraestructura crítica?”.

Puro trámite. El pleno del Parlamento Vasco, con los votos de PNV, PSE-EE y PP, ha tumbado este lunes las enmiendas de totalidad a los presupuestos vascos de 2018 presentadas por la oposición de izquierdas, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Las cuentas, pactadas entre las tres formaciones, continuarán ahora con su tramitación ordinaria en la comisión de Economía, donde al proyecto de presupuestos se incorporarán hasta 180 correcciones planteadas por los 'populares' y que están valoradas en 30 millones de euros, el 0,26% de un crédito total previsto de 11.486 millones, un 3,9% más que en 2018. Será el 22 de diciembre cuando el proyecto vuelva al pleno para su refrendo definitivo.

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha defendido que la sesión era “un trámite que no puede considerarse menor”, si bien el resultado final ha sido el previsto desde que el portavoz económico del PP, Antón Damborenea, estampara su firma junto a la del propio consejero hace unos días en una sala de la tercera planta de la Cámara. En nombre del Gobierno de PNV y PSE-EE, Azpiazu sí ha aprovechado para destacar la “predisposición” de los 'populares' al entendimiento frente a EH Bildu y Elkarrekin Podemos, si bien ha deseado que “en el futuro” haya también “espacios de colaboración” con estas coaliciones. Sin embargo, hoy por hoy esa puerta está cerrada porque tanto el proyecto como el acuerdo político con el PP han recibido duras críticas de los portavoces Maddalen Iriarte (EH Bildu) y Lander Martínez y Jon Hernández (Podemos e IU, que han dividido el tiempo de la coalición Elkarrekin Podemos).

Bronca entre EH Bildu y el PSE-EE por el 155

Iriarte ha insistido en afear al PNV su acuerdo con los partidos que han apoyado la aplicación del 155 de la Constitución en Catalunya. De hecho, la portavoz de la coalición de Sortu, EA Alternatiba e independientes ha usado mucho más '155' que cualquier cifra de las cuentas vascas. “No será EH Bildu quien apoye los presupuestos del 155. Rechazar el 155 es solidaridad con Catalunya pero también defensa de nuestro propio autogobierno”, ha remarcado Iriarte, que ha llegado a plantear directamente al lehendakari Iñigo Urkullu y a su equipo si se imaginan vivir en carne propia “el exilio en Bruselas” o la cárcel.

En cuanto al contenido económico del proyecto, la representante abertzale ha hecho énfasis en la reforma fiscal acordada por los mismos tres partidos como reverso de la moneda presupuestaria. Y ha criticado que se haya puesto en marcha “la reforma de Confebask”. “Si los ricos aplauden, el pueblo sabe que no se avecina nada bueno”, ha asegurado Iriarte sobre la decisión de bajar del 28% al 24% el tipo nominal general del Impuesto de Sociedades, un punto menos incluso que en el resto de España.

“Con estos socios, la coalición de PNV, PSOE y PP condena a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a ser una comunidad autónoma de España. Han elegido ustedes jugar en la liga española, mejor dicho, en la Copa del Rey o en la Copa del 155, si lo prefieren”, ha remachado Iriarte.

Las palabras de Iriarte han merecido una durísima réplica por parte de la representante socialista Susana Corcuera. “¿Quién es EH Bildu para decidir quién puede o no formar parte de un Gobierno?”, ha preguntado a la bancada abertzale la parlamentaria del PSE-EE, que ha recordado la “terrible amenaza” de ETA y que la izquierda abertzale trató de “aniquilar” a los socialistas mientras el partido impulsaba en Euskadi y en España la sanidad pública, la educación, el derecho a la vivienda o la renta de garantía de ingresos. “Mientras EH Bildu está en la república imaginaria, [...] los socialistas, plan a plan, reforma a reforma, buscamos la estabilidad política que demanda la ciudadanía vasca. Esto es la realidad”, ha zanjado Corcuera.

En cuanto a la reforma fiscal, que ha supuesto un viraje del PSE-EE respecto a su deseo inicial de no tocar el tipo de Sociedades, Corcuera ha remarcado que los socialistas están “comodísimos” con los cambios y que a pesar de la bajada de los tipos crecerá la recaudación por haber menos deducciones y subir los tipos mínimos. En similares términos se ha expresado el PNV sobre la recaudación.

Desde la bancada de este partido ha salido el propio portavoz, Joseba Egibar, que ha criticado que EH Bildu afee sus alianzas con socialistas y 'populares' cuando nunca ha mostrado disposición para el acuerdo. “¿Qué posibilidades reales teníamos de acuerdo?”, le ha espetado a Iriarte. “Si viene el apocalipsis como dicen, ¡haber puesto aunque sea dos abstenciones sobre la mesa!. ¿Que el PP ha aprovechado su oportunidad? Claro. Pero eso no quiere decir que vayan a cambiar nuestra posición con el 155. El tiempo será testigo. Al tiempo, como decía aquel”, ha señalado Egibar en euskara.

Podemos da la 'enhorabuena' al PP por su influencia

Desde las filas de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha tirado de ironía para felicitar al PP, y no al Gobierno, por la aprobación de los presupuestos y la reforma fiscal que rebaja la tributación de las empresas. “Hoy no se aprueban los presupuestos del Gobierno, son los del PP, las políticas austeridad y antisociales. Habéis conseguido algo increíble, que PNV y PSE-EE aprueben vuestros presupuestos. Enhorabuena por lo que les toca”, le ha dicho Martínez al líder 'popular', Alfonso Alonso, que seguía el debate desde su escaño. Acto seguido, el también candidato a nuevo secretario general de Podemos en Euskadi, asimismo, ha dado “el pésame a todos aquellos que piensan que merecemos otra cosa”.

Según ha repetido, los 38 de 75 escaños que han tumbado las enmiendas de Elkarrekin Podemos y de EH Bildu no representan a la mayoría social. Y ha añadido sobre el PP: “Es el partido menos querido de Euskadi pero tienen más poder que nunca gracias a los tejemanejes del PNV y su muleta del PSE-EE. Ahora pueden codearse con la patronal, con los colegios del Opus y con la sanidad privada”.

De nuevo la socialista Corcuera ha salido a replicar a Martínez, que ha afeado que las enmiendas presentadas por la coalición de Podemos, IU y Equo apenas modifican el sentido del 1% del total de gastos. “Es un 1% del total presupuestario y eso nunca es una alternativa, un modelo alternativo”, ha enfatizado. La otra pata del Gobierno, el PNV, se ha centrado en rebatir las acusaciones de políticas “antisociales”. La 'jeltzale' Miren Josune Gorospe ha aportado un dato frente a las acusaciones de “recortes” en la renta de garantía de ingresos: en 1990 se destinaban 20 millones a esa partida y ahora “500 millones más”.

El PP sólo ha participado en el debate tras la votación, en el denominado turno de explicación de voto. Damborenea, en apenas cinco minutos, ha dicho simplemente que es “bueno para los vascos” que haya “estabilidad”. “No es nuestro presupuesto, pero ni de lejos. Otra cosa es que cada uno asume políticamente qué quiere y nosotros queremos que a los ciudadanos les vaya mejor. Y eso lo vamos a conseguir con la reforma fiscal y con las enmiendas”, ha señalado el representante 'popular', que ha tenido un recuerdo para las víctimas del atentado contra el cuartel de Zaragoza.

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, y el portavoz económico del PP, Antón Damborenea, han firmado este miércoles en el Parlamento con una representante del PSE-EE, Alexia Castelo, y otra del PNV, Jone Berriozabal, como testigos, el acuerdo que posibilitará la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2018. Los 'populares' ganan influencia respecto al 2017 al movilizar 30 millones frente a 29 y, sobre todo, al haber logrado cambios de calado en la política fiscal vasca que se articularán en forma de enmiendas conjuntas de los tres partidos en las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

La firma de un acuerdo alcanzado en gran medida anoche y cuyos detalles se han redactado a lo largo de la mañana se ha producido a las 13.00 horas en una pequeña sala de la tercera planta de la Cámara vasca que antes se utilizaba como almacén. Sonrientes, Azpiazu y Damborenea han repetido el apretón de manos de hace unos meses. “Bene benetan”, ha agradecido el consejero nacionalista el apoyo del PP a las cuentas, lo que permite lanzar un mensaje de “responsabilidad y estabilidad”.

Presupuestos: el PP se queda en la abstención

En cuanto a los presupuestos, según el texto del acuerdo, “el grupo parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde Popularra presentará enmiendas [al proyecto original del Gobierno] hasta un máximo de 30 millones de euros”. Según ha explicado Damborenea en rueda de prensa -todas esas partidas se conocerán con detalle el jueves a mediodía-, el grueso de ese dinero (el 0,26% del presupuesto total) irá a parar a Sanidad (5 millones para conciertos, inversiones en infraestructuras y asociaciones de familiares de enfermos), a empleo (1 millón), al comercio minorista (2 millones), a Educación (5 millones para conciertos, FP dual, AMPAs e institutos con alto porcentaje de alumnado extranjero) o a incrementar un 10% la Justicia gratuita.

Asimismo, y como adelantó eldiarionorte.es, el PP ha logrado que el Gobierno de PNV y PSE-EE acceda a eliminar el recorte del 7% introducido en 2011 en las ayudas para las familias por nacimiento de hijos y para conciliación. Habrá una enmienda al articulado que dejará esa reducción en el 5% en 2018 y un compromiso de que baje hasta el 0% de cara a 2020. Asimismo, la dotación de las ayudas en sí misma crecerá en 3 millones de euros en 2018 respecto a 2017. Los cambios no se harán extensivos a la renta de garantía de ingresos (RGI) que sufre ese mismo recorte del 7% desde 2011.

Finalmente, las cuentas recogerán medidas para iniciar el estudio de algunas infraestructuras como la nueva línea de metro en Bilbao hacia el barrio de Rekalde, la conexión con el aeropuerto de Loiu y la reforma del estadio de Mendizorroza como demanda el presidente de el grupo Baskonia-Alavés Josean Querejeta.

Damborenea ha matizado que este acuerdo no supondrá el 'sí' del PP a las cuentas del Gobierno de Iñigo Urkullu. “En principio la idea, salvo que se pueda mejorar alguna cosa, será la abstención”, ha explicado el representante del PP sobre el sentido del voto de su partido en los debates presupuestarios. Para el Gobierno, esta abstención en suficiente ya que PNV y PSE-EE tienen 37 escaños por 29 de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que votarán 'no' y que se han mostrado muy críticos tanto con las cuentas del Ejecutivo como, sobre todo, con el acuerdo con los 'populares'.

Reforma fiscal: el Impuesto de Patrimonio más barato

El acuerdo a tres bandas también acarreará novedades en la política fiscal vasca. Los detalles se han cerrado en Álava, donde PNV y PSE-EE necesitan del concurso del PP, pero se harán extensivos automáticamente a Bizkaia y Gipuzkoa también. El cambio fundamental, ya conocido, es la bajada en dos años del Impuesto de Sociedades del 28% al 24%, un punto menos que en el resto de España.

Fuentes del PP han añadido que hay acuerdo también para que las empresas tengan 20 años de margen (y no 15) para compensar bases negativas hasta un máximo del 70% para 'pymes' y 50% para grandes empresas. Asimismo, las sociedades podrán descontar de la cuota líquida las inversiones en I+D+i hasta alcanzar el 70%, tal como se preveía en la propuesta PNV y PSE-EE.

En cuanto al Impuesto de Patrimonio, quedará homogeneizado en todo el País Vasco al nivel de Bizkaia, el más “barato” de los tres territorios en este terreno. Gipuzkoa, asimismo, retomará el denominado “escudo fiscal” de modo que quienes sólo declaren patrimonio y no renta no vean mermada su situación económica al cierre del ejercicio.

Finalmente, el mayor escollo negociador ha sido el IRPF. Sólo hay retoques en las deducciones por hijos y dependientes a cargo (del 1,5% más) y para el alquiler juvenil de viviendas (del 25 al 30%), así como un compromiso de “flexibilizar” para los autónomos el fraccionamiento de pagos. En Álava, eso sí, habrá un 'plus' fiscal para evitar la despoblación de la zona rural (municipios de menos de 5.000 habitantes) con deducciones especiales para vivienda (+20% respecto a lo ordinario) y para familias con hijos y mayores a su cargo (+20% también en relación a la media). El PP, en todo caso, ha arrancado a PNV y PSE-EE el compromiso de abordar una reforma general del IRPF de cara a 2020.

La negociación entre PNV, PSE-EE y PP en dos mesas para cerrar, por un lado, la reforma fiscal y, por otro, los presupuestos vascos de 2018, “avanza” a buen ritmo pero sin que este lunes se hayan cerrado los acuerdos, a pesar del anuncio de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia - “espero comunicarlo en las próximas horas”-. En el primer capítulo la situación está desbloqueada una vez asumida por las tres partes la petición del PP de bajar del 28% al 24% el Impuesto de Sociedades, menos que en el resto de España (25%), lo que ha enervado ya a regiones vecinas 'populares' como La Rioja. En cuanto a las cuentas vascas, el escollo fundamental pasa por que el Gobierno de Iñigo Urkullu haga desaparecer el recorte del 7% en las ayudas a las familias, vigente desde 2011 como el que afecta en la misma cantidad a la renta de garantía de ingresos (RGI).

El PP entiende que el esfuerzo económico de plantear que de aquí a 2020, final de legislatura, se revierta ese 7% en las ayudas a las familias por nacimiento de hijos es casi simbólico, de alrededor de 1,5 millones anuales. “Es algo prioritario para nosotros. ¿No lo era también la natalidad para el lehendakari?”, se preguntan los negociadores 'populares' consultados por eldiarionorte.es y que este lunes han continuado con sus conversaciones (no presenciales) con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, el comisionado por el Gobierno de PNV y PSE-EE en esta negociación.

La formación de Alfonso Alonso ya incorporó en su acuerdo presupuestario con el Ejecutivo en 2017 esta cuestión, como también la apuesta por una fiscalidad que diera mayor “competitividad” a las empresas o la extensión del trilingüismo en el sistema educativo. Esta pata política del documento firmado en 2017 se sumaba a las partidas por valor de 29 millones de euros impulsadas por el PP. Los 'populares' entienden que el Gobierno no se puede desentender de ese compromiso con las familias y que debe hacerlo ya desde 2018.

La fórmula pasaría por una doble enmienda, una al articulado donde se prevé ese recorte del 7% -sin que revierta la situación de los perceptores de la RGI- y otra a las partidas económicas concretas para abonar las subvenciones por nacimiento. Se estima que esa mejora no supondría más de 1,5 millones de euros en un presupuesto global de 11.486. Fuentes cercanas a la negociación remarcan que las exigencias del PP “no descuadran” el planteamiento del Ejecutivo ni en lo político ni en lo económico. El propio Damborenea ya explicó hace unos meses por qué esta medida sólo tenía que ser aplicable a las familias y no a los perceptores del resto de prestaciones como la RGI: “Todo es posible. Otra cosa es que nosotros estemos de acuerdo. Con perdón, pero no estamos de acuerdo con subir la RGI. Es más, el 1,5% [la cuantía que subió en 2017 esta prestación y que se repetirá en 2018] nos parece excesivo”.

El proyecto presupuestario del Gobierno sí plantea algunos ajustes en estas ayudas, pero no satisfacen al PP. La propuesta de PNV y PSE-EE pasa por “ampliar en una nueva anualidad las ayudas recibidas por las familias por segundo hijo o segunda hija, así como algún otro aspecto del mismo”. La cuantía de estas oscila entre los 450 y 900 euros en función de la renta de los solicitantes. El presupuesto de este programa estaba cifrado de 31,4 millones en 2018, por 30,7 de 2017. Según datos oficiales, 8.600 familias recibirán este año la prestación por el primer hijo, 19.451 por el segundo y 9.754 por los siguientes.

Las distintas partes insisten en que la negociación a tres avanza a buen ritmo, pero también en que no está cerrada. En este sentido, en las filas del PP se ha extendido cierto malestar por las palabras de Mendia anunciado el acuerdo para hoy. “La reunión del viernes aproximó bastantes posiciones y quedamos en cerrarlo a lo largo de hoy y espero comunicarlo en las próximas horas”, ha dicho la dirigente del PSE-EE. Alonso, por su parte, ha sido más cauto desde Madrid y ha ampliado el margen hasta el miércoles, día en que se cierra el plazo para que en el Parlamento la oposición pueda presentar una enmienda de totalidad a los presupuestos vascos.

No fue trato, fue truco. El acuerdo de “retoques” fiscales que PNV y PSE-EE presentaron la noche de Halloween tras meses de negociaciones ya es historia sin que ni siquiera se haya aprobado formalmente. Los socialistas han accedido ahora a renunciar a su gran empeño entonces, mantener en el 28% el tipo general del Impuesto de Sociedades (24% para ‘pymes’), para poder sumar al PP al acuerdo tributario y que pueda prosperar en las tres Juntas Generales y para que, como segunda derivada, se abra la puerta también a los presupuestos vascos en el Parlamento. Euskadi apostará ahora por una bajada de la tributación de las empresas al 24% (en el resto de España es del 25%) y el PSE-EE acepta con el compromiso de que la bajada nominal de los tipos no merme la recaudación general y se garantice la “suficiencia financiera” de los servicios básicos, lo que implicará otros cambios en el sistema de deducciones, compensaciones y bonificaciones.

“El gesto puede servir para desatascar el asunto”, explican fuentes socialistas sobre el viraje político, cerrado el miércoles por la noche. En línea con el deseo de dotar de “estabilidad” a las instituciones vascas expresado el lunes por la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, el partido explica que “si hay que hacer modificaciones” para ampliar los consensos los socialistas están dispuestos a hacerlas, pero “sin que ello afecte a la recaudación”.

La bajada de Sociedades del 28% al 24% será en dos años. El tipo para 'pymes' también disminuirá cuatro puntos, del 24% al 20%, igualmente en dos ejercicios. Para compensar el “obvio” efecto negativo de estos cambios en los ingresos, el PSE-EE ha arrancado al PNV una subida de los tipos mínimos, también de cuatro puntos en dos años, que serán ahora del 15% para 'pymes' y del 17% para las grandes empresas. Finalmente, se endurecerá el régimen de compensación de pérdidas de años anteriores en la factura anual de Sociedades. Las grandes compañías y las medianas sólo podrán descontar el 50% de esas bases negativas y las pequeñas el 70%. Se limitar al 70%, finalmente, la deducción por inversiones en I+D.

La nueva posición conjunta de PNV y PSE-EE, que mantienen coaliciones en el Gobierno vasco, en las tres diputaciones y en las tres capitales, será presentada ahora al PP para cerrar la redacción definitiva de la reforma fiscal. En realidad, un sector importante del PNV encabezado por el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, defendía desde hace tiempo este planteamiento. La reunión con el partido de Alfonso Alonso, previsiblemente, se celebrará este viernes.

Los ‘populares’ habían hecho bandera de la bajada del Impuesto de Sociedades en sus conversaciones con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que necesita un escaño de la oposición para sacar adelante las cuentas de 2018, que ya en 2017 fueron acordadas con el PP. “¿Reforma fiscal? Está todo inventado, el PP, Montoro, recauda mucho más con tipos inferiores. Pudiendo recaudar más, nos han planteado la situación contraria. Nosotros sabemos para qué estamos, sabemos cómo se hace. Está demostrado. Si funciona bien en España, ¿a qué están jugando? Si no saben hacerlo, copien lo que se hace en España”, manifestó la pasada el portavoz económico del PP, Antón Damborenea, tras la primera reunión de negociación de los presupuestos vascos de 2018, que marcó la senda de los acontecimientos posteriores.

“Ménage à trois”

Operativamente, el acuerdo fiscal se cerrará en Álava, el único de los tres territorios donde PNV y PSE-EE no tienen mayoría y donde el PP es imprescindible para articular los cambios en fiscalidad. Allí, la portavoz ‘popular’ Ana Morales y el exdiputado de Hacienda Aitor Uribesalgo han mantenido ya varios encuentros con el Gobierno foral y han planteado, además de la bajada de tipos en Sociedades, algunos ajustes en el IRPF de las familias. Como explicó eldiarionorte.es, cuando ese acuerdo se cierre en Álava se hará extensivo automáticamente a las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa para evitar la desarmonización entre territorios. Asimismo, eso será la llave para que el PP dé luz verde a los presupuestos vascos. En 2017 el precio de la abstención ‘popular’ fue de 29 millones.

Antes de que se conociera el acuerdo, EH Bildu había ofrecido una rueda de prensa para denunciar el “ménage à trois” que el PNV ha montado con los partidos “del 155” en Catalunya. La portavoz, Maddalen Iriarte, ha repetido hasta en seis ocasiones la expresión en francés y ha querido resaltar también que el PSE-EE, a su entender, ha hecho el “ridículo” al haber accedido finalmente a la bajada del Impuesto de Sociedades. Según Iriarte, detrás de este cambio de rumbo está “la gran patronal”, en alusión a las quejas que suscitó la primera propuesta fiscal de PNV y PSE-EE.

La izquierda abertzale ha revelado que presentarán una enmienda de totalidad a los presupuestos vascos, movimiento que es probable que haga también Elkarrekin Podemos. EH Bildu exigía la movilización de 220 millones en partidas para iniciar la negociación (el 2% del gasto total) y la coalición de izquierdas entre 110 y 145. El plazo para formalizar esas enmiendas finaliza el próximo miércoles, momento en el que el acuerdo entre PNV, PSE-EE y PP debería estar perfilado.

En los “próximos días”, anticipan fuentes conocedoras de las conversaciones, el PNV -y por extensión su socio de Gobierno el PSE-EE y el PP ultimarán un doble acuerdo económico en Euskadi que dará continuidad y estabilidad al pacto suscrito a comienzos de este año en el Parlamento que propició la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2017. Será refrendado conforme al calendario de votaciones previsto tanto en la Cámara vasca como en las tres Juntas Generales. Por un lado, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, y el portavoz económico del PP, Antón Damborenea, intercambian llamadas telefónicas y mensajes para allanar el terreno a las cuentas vascas de 2018. Pero, sobre todo, por otro lado, el diputado general de Álava, Ramiro González, y su responsable de Hacienda, José Luis Cimiano, buscan hacer converger la propuesta fiscal de PNV y PSE-EE con las exigencias del PP, que aspira a rebajar el Impuesto de Sociedades y también demanda cambios en el IRPF para las familias. Éstas modificaciones se harán “extensivas” automáticamente a Bizkaia y Gipuzkoa.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes que “formalmente” se sigue negociando con todos los partidos de la oposición en Euskadi para lograr el escaño que le falta al Ejecutivo de PNV y PSE-EE para sortear su minoría parlamentaria (37 de 75 representantes). Erkoreka ha remarcado tras el Consejo de Gobierno semanal que, al menos en lo que a los presupuestos vascos se refiere, el encargado de liderar las conversaciones, el consejero Azpiazu, “sigue en contacto” tanto con EH Bildu como con Elkarrekin Podemos.

No ha mentido el consejero-portavoz. “Formalmente” los canales de comunicación siguen abiertos con las tres formaciones opositoras. Lander Martínez, portavoz de Elkarrekin Podemos, sigue en contacto con Azpiazu para fijar una reunión en la que analizar la propuesta de la coalición de izquierdas, que aspira a movilizar 110-145 millones para mejorar las políticas de industria o educación. La cita, quizás la última, podría producirse muy pronto. Incluso EH Bildu, con quien el Ejecutivo cree “incompatible” los acuerdos porque exige que el PNV rompa su Gobierno con los socialistas a raíz de su apoyo al 155 en Catalunya, tiene previsto que el consejero de Hacienda tenga un documento de propuestas sobre la mesa cuando llegue a su despacho este miércoles a la mañana.

Pero estas conversaciones multilaterales y cruces de documentos sólo operan “formalmente”. Lo explicitó el lehendakari, Iñigo Urkullu, el lunes: el PP es ya la única posibilidad. Y son conscientes de ello tanto en las filas 'populares' como, sobre todo, en EH Bildu y Elkarrekin Podemos, en cuyos despachos parlamentarios cunde cierta sensación de que su intercambio de documentos es baldío y de que el resultado final de este proceso ya está escrito.

Descartada por “incompatible” la opción de EH Bildu, a nivel de presupuestos vascos la oferta de Elkarrekin Podemos podría verse como razonable a nivel económico (sus 110-145 millones sólo suponen alterar el 1% del gasto total). Pero la partida se juega también en otro tablero, el de la reforma fiscal. Y ahí la situación en Álava es determinante. PNV y PSE-EE, que cogobiernan no sólo en Euskadi sino en las tres diputaciones y en las tres capitales, no pueden sacar adelante su propuesta de retoques tributarios por sí solos en las Juntas Generales de Álava, pero tampoco lo pueden hacer con nadie que no sea el PP si la izquierda abertzale queda ya fuera del tapete (Podemos, con cuatro junteros expulsados, no es suficiente).

Desbloqueo: “en los próximos días”

Desde hace semanas, la portavoz 'popular' en Álava, Ana Morales, y el exdiputado de Hacienda Aitor Uribesalgo, están manteniendo reuniones con el PNV, en concreto con Ramiro González y José Luis Cimiano. Desde el PP apuntan que su oferta no se limita solamente a la comentada bajada del tipo nominal del Impuesto de Sociedades -el PSE-EE forzó al PNV a mantenerlo al 28%, por encima del 25% del resto de España-, sino también a reformar el IRPF. “Bajar los impuestos a las familias de renta media y que las empresas sean capaces de generar empleo” son los dos objetivos, explican en la formación en Álava.

La secretaria general socialista, Idoia Mendia, ya abrió la puerta a modificar el acuerdo inicial de su partido con el PNV en materia fiscal y el lehendakari también ha dado a entender en el Parlamento que se “implicará” para posibilitar el acuerdo con el PP, que no entrará a los presupuestos vascos sin resolver el enredo fiscal. Fue un mensaje coordinado que también ha sido trasladado en privado a los interlocutores 'populares'. Además, bajar el tipo de Sociedades no sería algo que desagradaría a determinados sectores del PNV, sobre todo en Bizkaia.

Todas las fuentes consultadas dan por hecho que en los “próximos días” se desbloquearán ambas negociaciones a falta de que los pactos se rubriquen definitivamente tanto en el Parlamento como en las respectivas Juntas Generales. En cuanto a Bizkaia y Gipuzkoa, donde PNV y PSE-EE sí podrían aprobar su propuesta fiscal, la intención es hacer extensivo el catálogo de cambios que se pacten en Álava para evitar cualquier atisbo de desarmonización. “Sería una chapuza si no fuese así”, indican las fuentes consultadas.

Una fecha de referencia para que puedan cristalizar estas conversaciones es la del miércoles 29 de noviembre. Ese día expira el plazo para que en el Parlamento se registren las enmiendas de totalidad, las solicitudes de la oposición para la devolución del proyecto de presupuestos al Gobierno. “En el PP tenemos la enmienda de totalidad redactada desde el minuto uno por si acaso, aunque nuestro deseo es llegar a un acuerdo antes de esa fecha y no tener que presentarla”, revela un negociador 'popular'. Quedan sólo siete días.

El portavoz económico del PP, Antón Damborenea, ha comparecido en Lakua este martes por la tarde con un único documento entre manos. En un portafolio, Damborenea ha acudido a su reunión con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, la segunda en el marco de las negociaciones presupuestarias de 2018, la primera con el detalle de las cuentas sobre la mesa, con el acuerdo que el Gobierno y los 'populares' suscribieron de cara a la aprobación de las cuentas de 2017 hace tan sólo unos meses. En él, se aludía someramente a una reforma fiscal de cara a 2018. “No nos parece de recibo que vengan ahora con esta engañifa de que es un tema de Juntas Generales”, ha protestado Damborenea a la salida mostrando a los periodistas el documento firmado y respondiendo así al portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, que horas antes de las reuniones negociadoras con la oposición había pedido “disociar” las conversaciones de las cuentas de la polémica reforma fiscal propuesta por PNV y PSE-EE y que ha disgustado al PP porque, a su juicio, lastra la “competitividad” de las empresas.

El PP insiste en priorizar una 'reforma de la reforma fiscal' en esta negociación presupuestaria. “Evidentemente el presupuesto consta de ingresos y de gastos”, ha repetido Damborenea, que ha remarcado que no es posible pactar los segundos sin tener una visión concertada de la política fiscal. En este sentido, el PP tiene claro que hay que caminar hacia fiscalidad más ventajosa para las empresas y aboga abiertamente por bajar el Impuesto de Sociedades. Según Damborenea, tipos nominales más bajos (Euskadi tiene el 28% y el resto de España el 25%) no sólo no lastran los ingresos, sino que mejoran la recaudación. Ha cifrado en 100 las empresas que se han ido de Euskadi en los últimos tres años.

“¿Reforma fiscal? Está todo inventado, el PP, Montoro, recauda mucho más con tipos inferiores. Pudiendo recaudar más, nos han planteado la situación contraria. Nosotros sabemos para qué estamos, sabemos cómo se hace. Está demostrado. Si funciona bien en España, ¿a qué están jugando? Si no saben hacerlo, copien lo que se hace en España”, ha insistido Damborenea, que no hablado en ningún de partidas y gastos. El pasado año, los 'populares' condicionaron el destino de 29 millones a cambio de su apoyo al presupuesto, que no fue un 'sí', sino una abstención.

A la búsqueda del tercer socio

El Gobierno de PNV y PSE-EE, con 37 escaños de 75 en el Parlamento, necesita de un tercer socio para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio. A pesar de las reticencias del PP en esta primera fase de las conversaciones, Damborenea ha reiterado que están “dispuestos” a llegar a acuerdos por el bien de los vascos y de sus empresas. Una clave importante puede ser lo que suceda en Álava, el único de los tres territorios donde nacionalistas y socialistas no tienen mayoría para sacar adelante la propuesta fiscal.

Tras la reunión con el PP, Azpiazu ha tenido otra con una delegación de Elkarrekin Podemos. A la salida, el portavoz de la coalición que integra a Podemos, IU y Equo ha explicado que la 'oferta' de su formación pasa por mover partidas por valor de entre 110 y 145 para política industrial y contra el paro, para construir y reformar colegios y para planes de igualdad. A pesar de que esas cifras sólo suponen alrededor del 1% del gasto total (11.486 millones), Martínez ha salido con la sensación de que hay poco “margen” para el acuerdo. El portavoz morado ha hablado textualmente de 'feedback' negativo.

Elkarrekin Podemos, en todo caso, se ha quedado a la espera de la respuesta del consejero Azpiazu y ha esperado que este año existe una negociación “real” y no una escenificación como, a su entender, hubo en 2017, cuando apreciaron que el Gobierno ya tenía decidido el pacto con el PP. La ronda se completará el jueves con el encuentro del Ejecutivo de PNV y PSE-EE con EH Bildu, quien antes valorará con el sindicato ELA la política presupuestaria.

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha reclamado que la crisis en Catalunya no contamine las negociaciones de los presupuestos vascos de 2018, un proceso iniciado este viernes en el Parlamento con tres reuniones consecutivas del consejero, su equipo y representantes de PNV y PSE-EE con delegaciones de las tres formaciones de la oposición, PP, Elkarrekin Podemos y EH Bildu. “No se deben mezclar las cosas. Son unos presupuestos para Euskadi. Lo repito y espero que esto no pase desapercibido: esto va de Euskadi, de nuestra educación, de nuestra sanidad”, ha remarcado Azpiazu en la Cámara tras los encuentros con las tres formaciones.

Azpiazu respondía así a las primeras valoraciones realizadas el miércoles sobre todo por EH Bildu y PP después de la presentación de las cuentas, que prevén un crecimiento del gasto en 426 millones, aunque también un incremento de más de 300 millones del coste de la deuda. La portavoz de la izquierda abertzale, Maddalen Iriarte, reclamó al PNV que no repitiera de cara a 2018 un pacto “con los del 155”, en referencia a PSE-EE y PP. Mientras, los 'populares' instaron al Gobierno de Iñigo Urkullu que escogiera entre “estabilidad” o radicalidad.

El consejero, en todo caso, no ha querido posicionarse aún sobre sus preferencias para lograr el escaño que le falta al Ejecutivo de PNV y PSE-EE para tener mayoría parlamentaria y sacar adelante las cuentas. Ha explicado que este primer encuentro negociador se ha hecho “por deferencia” para explicar a los partidos las grandes líneas del proyecto, cuyos tomos se entregarán al Parlamento el próximo lunes.

El PP, en todo caso, ha indicado que lo “más razonable” sería una reedición del acuerdo de 2017, que procuró a los 'populares' la posibilidad de mover 29 millones de euros del presupuesto. “Nosotros no tenemos una situación de necesidad que pueda venir de fuera. Nos preocupa lo que pasa en Euskadi. Lo que es fundamental es que haya estabilidad y lo que se da en Cataluña afecte de la menor manera posible en Euskadi”, había dicho el presidente Alfonso Alonso en Radio Euskadi antes de las reuniones y de la comparecencia de Azpiazu.

Por su parte, el portavoz de la coalición Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha lamentado que el proyecto presupuestario no incluya una “apuesta clara” por el empleo y la industria con tantas empresas en crisis. Sobre Catalunya, Martínez reconoce que “complica” la negociación en Euskadi, pero se ha mostrado dispuesto a explorar un acuerdo. EH Bildu, por su parte, no ha realizado una valoración oficial de su encuentro con Azpiazu.

Analizaban el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno de Iñigo Urkullu para el ejercicio 2018, pero tanto el PP -socio en 2017 del Ejecutivo en materia económica- como EH Bildu han mirado de reojo desde el Parlamento Vasco a la crisis catalana para dar a entender que la negociación presupuestaria de cara a 2018 será para el PNV poco menos que una elección de “modelo”. Según Maddalen Iriarte (EH Bildu), Urkullu tiene que optar o por “los de 155” -es decir, PSE-EE y PP- o por los del “derecho a decidir y la mayoría social” -la izquierda abertzale-. En similares términos, aunque con palabras muy distintas, se ha expresado Antón Damborenea (PP), que ha pedido al lehendakari que se decante bien por la “estabilidad” o por los “populistas e independentistas”.

Iriarte ha explicado que si Urkullu quiere acordar con EH Bildu ha de “cambiar la actitud”. No sólo se refería a una posible reedición de los pactos en las cuentas de 2017 con el PP, sino a que los nacionalistas “gobiernan en todas las instituciones con un partido que aplica el 155”, en referencia a los socialistas y a su apoyo a las medidas propuestas por el presidente, Mariano Rajoy, para frenar la apuesta soberanista de Carles Puigdemont. En todo caso, a preguntas de los periodistas, Iriarte no ha querido aclarar si realmente EH Bildu exige una ruptura del Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE antes de sentarse a negociar unos presupuestos. “Tenemos que ver qué pasa”, se ha limitado a reseñar.

Damborenea, por su parte, ha insistido en que “hay dos modelos” posibles y que “el Gobierno vasco tendrá que elegir”. “Es evidente que somos incompatibles”, ha dicho el portavoz económico del PP en relación al deseo verbalizado en la presentación de las cuentas por parte del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, de querer pactar con “todos”. “Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, aunque no tenemos ninguna necesidad de votar los presupuestos de PNV y PSE-EE porque no son nuestros presupuestos”, ha insistido Damborenea, quien ha hecho un análisis somero de las grandes cifras presentadas para concluir que el “mayor presupuesto de la historia” ve recortada en “120 millones” la inversión mientras sigue creciendo la deuda.

El PP también ha parecido sugerir que si el PNV persigue la estabilidad en Euskadi no puede pretender no facilitarla también en España. “El País Vasco no es una isla y, cuando España va mal, el País Vasco va aún peor. Cuando España hay estabilidad, las cosas van bien”, ha señalado Damborenea. Pero tampoco, preguntado por los periodistas, ha vinculado directamente un posible apoyo en Euskadi a que el PNV vuelve a pactar con Rajoy en las Cortes Generales, posibilidad que se ha enfriado ahora por las dudas de los 'jeltzales' en torno a la gestión de la crisis catalana. “No estamos celosos ni nada parecido”, ha ironizado Damborenea, que ha destacado que los calendarios de ambas negociaciones no transcurrirán en paralelo.

El tercer partido de la oposición en discordia, Elkarrekin Podemos, tampoco ha visto con buenos ojos el proyecto de presupuestos -especialmente que algunas áreas sociales crezcan menos que la media del conjunto del Gobierno- y ha asegurado que “los precedentes [de pacto en 2017 con el PP] no ayudan” para intentar un posible acuerdo. “El año pasado se pactó con el PP y no vemos difícil que pase este año también”, ha indicado Julen Bollain en rueda de prensa.

El consejero Azpiazu arrancará formalmente el viernes la negociación con la oposición parlamentaria para lograr el escaño que le falta en la Cámara a los partidos del Gobierno para obtener una mayoría suficiente. Ese mismo día, antes incluso de que se registre el detalle de las cuentas en el Parlamento el lunes, el titular de Hacienda se reunirá con representantes tanto de EH Bildu como de Elkarrekin Podemos y del PP. Hasta ahora ningún partido -ni siquiera los actuales socios del PP- habían tenido información del proyecto del Ejecutivo.

El Parlamento Vasco, con los votos de PNV, PSE-EE y PP, ha aprobado una larga resolución de “apoyo” al sector industrial en general y a las empresas en crisis en particular. La Cámara, entre otros puntos, traslada su “solidaridad” a los miles de trabajadores afectados por la delicada situación de compañías como La Naval, CNA-Fagor, CEL o Xey, insta a los propietarios a que realicen “todos los esfuerzos” para mantener la actividad y exhorta al al Gobierno vasco a que utilice todos los instrumentos a su alcance en política industrial y revisar su política de subvenciones para que éstas sean realmente eficaces. El debate ha sido seguido con atención desde los palcos del hemiciclo por trabajadores de algunas de estas empresas, quienes se han mostrado decepcionados con el acuerdo adoptado. “Seguimos viendo bonitas palabras y poquitas acciones”, ha señalado un trabajador de La Naval, que mañana entrará formalmente en concurso de acreedores.

El debate sobre la situación de la industria vasca lo ha impulsado la oposición de izquierdas, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, cuyas intervenciones han sido aplaudidas por los trabajadores invitados y que también han lamentado el resultado de la sesión. Desde la bancada de EH Bildu, Iker Casanova ha criticado duramente que la Cámara haya pospuesto hasta octubre un asunto que estalló a principios del verano. Ha recordado que en julio planteó un debate “urgente” en la diputación permanente y que PNV, PSE-EE y PP lo impidieron. “No sé si vamos a arreglar el mundo aquí, pero creo que teníamos derecho en julio y que fue muy feo decirles [a los trabajadores] que el debate sobre su situación no tenía ninguna prisa. A los de Xey les podremos mandar la resolución a su casa para que la guarden al lado de la carta de despido”, ha ironizado Casanova.

Y ha seguido: “No vamos a entrar en la casuística, pero no son situaciones aisladas. Es un síntoma claro de la crisis de la política industrial. No hace falta caer en catastrofismo, en la industria hay sectores en que la cosa va razonablemente bien, no estamos diciendo que nos encontremos en el apocalipsis, pero sí hay una crisis de la política industrial del Gobierno vasco. No lidera la transición hacia un modelo industrial más sólido. No hay política industrial, hay política para la industria. No decimos que no se trabaje, pero hace falta coherencia y orientación estratégica”. Casanova también ha lamentado que el Ejecutivo sólo se haga fotografías con la patronal y que el PNV ataque al sindicalismo como lo hacía “Margaret Thatcher” en el Reino Unido.

El representante de IU y del grupo Elkarrekin Podemos, Jon Hernández, ha aludido a que es necesario hincar el diente a un problema “estructural” en el sector que es el motor de la economía vasca. “Hay que mirar a más largo plazo para intentar admitir que el problema no es ni sólo producto de la crisis, que lógicamente ha incidido, ni de una serie de empresas que no se sabe por qué o simplemente por malas gestiones, están en riesgo. Todos los sindicatos del país han opinado lo mismo: todos han coincidido en decir que no es una cuestión coyuntural”, ha enfatizado.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos habían transaccionado una propuesta de resolución muy contudente que criticaba la gestión del Gobierno y en la que, dentro de otras reflexiones, le exigía que dejara de ser “correa de transmisión” de la patronal Confebask y que aparcara su “fobia” hacia los sindicatos. El texto ha decaído por falta de apoyos y el que ha prosperado es el presentado por los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, al que se ha sumado el PP. Es el mismo texto que el PNV planteó en julio como declaración institucional urgente como alternativa al dabate que demandaban EH Bildu y Elkarrekin Podemos y que ambas coaliciones rechazaron también entonces, extremo que ha querido recordarles el representante 'jeltzale', Luis Javier Tellería.

Tellería, como también la socialista Susana Corcuera, ha denunciado la demagogia de la oposición de izquierdas. “¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es su plan industrial?”, se ha preguntado en voz alta el portavoz del PNV, quien incluso ha asegurado que apuestan más por “destruir” que por construir. “Hacen un discurso populista, explotan la situación coyuntural de unas pocas empresas [para] provocar una situación de malestar muy superior a la que se está viviendo. Está trabajando el Gobierno vasco pero en la medida que corresponde, que no como si el país se estuviera hundiendo”, ha replicado Tellería, quien ha dicho que la industria ha creado más de 20.000 empleos en el último año y que indicadores como el IPI o la facturación han mejorad incluso en verano respecto a 2016.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos también han criticado que en julio, mientras se rechazaba el debate sobre política industrial en el Parlamento, la consejera Arantxa Tapia presentase su plan de industria para el período 2017-2020 como una suerte de plan de choque ante la crisis de grandes compañías como La Naval. Tellería ha respondido que un Ejecutivo “no puede preverlo todo” y “sobre todo” el modo de gestionar de “todos y cada uno de los empresarios”, pero ha destacado los esfuerzos del equipo de Tapia, que ha seguido el rifirrafe con atención desde su escaño en la bancada del Gobierno.

El PP, que había presentado un texto alternativo, finalmente ha acabado apoyando el de PNV y PSE-EE. Antón Damborenea ha reconocido que la oposición de izquierdas lleva razón cuando lamenta el retraso del debate sobre industria en el Parlamento -“nadie ha venido a explicar nada” o “es inadmisible que con la que está cayendo nos digan que a mediados de noviembre es posible que el Gobierno comparezca”- pero ha rechazado que haya una crisis estructural ya que “cada una de estas empresas es un problema distinto”.

El PP entiende que un hipotético traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al Gobierno vasco -ninguna comunidad autónoma ha logrado esa competencia desde la aprobación de la Constitución en 1978- debería estar acotado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto por su definición del carácter unitario de la caja y del principio de solidaridad interterritorial del sistema. Esas cautelas informan una enmienda a una iniciativa de EH Bildu en torno a una Seguridad Social vasca propia y diferenciada firmada el pasado 11 de septiembre por el portavoz económico de los 'populares' en el Parlamento Vasco, Antón Damborenea, en la que se insta a los Ejecutivos central y autonómico a “establecer los convenios para que la comunidad autónoma vasca asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”.

A pesar de la sucesión de las declaraciones por parte del PP en torno a este asunto desde que el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE lo fijaron como una “prioridad” para esta legislatura junto con el traspaso de Prisiones -Cataluña ya recibió esta competencia-, los 'populares' defienden que no han variado su postura a pesar de que en algunos titulares han apuntado a la Seguridad Social y a su unidad como “línea roja”. Damborenea, en su enmienda, copia un texto ya sometido a debate en 2016 y al que se adhirió el PSE-EE. La formación conservadora, de esta manera, tratará de buscar una grieta en el acuerdo de Gobierno entre PNV y los socialistas, aunque el Ejecutivo ya ha dejado claro que la transferencia únicamente se planteará siguiendo la letra del Estatuto, es decir, “sin ruptura de la caja única”, en palabras de esta misma semana del portavoz y consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka.

Según los 'populares', además, es imprescindible no poner “en riesgo” el equilibrio económico del sistema en Euskadi. La comunidad autónoma tiene las pensiones más altas de España, un ratio menor de contribuyentes por cada beneficiario y una sociedad más envejecida, una ecuación de difícil resolución. Además, el PP entiende que habría que garantizar los derechos de los pensionistas que han cotizado en el País Vasco y actualmente residen en otras zonas de España. No obstante, la Seguridad Social es deficitaria en su conjunto y la denominada 'hucha de las pensiones' ha ido adelgazando durante los mandatos de Mariano Rajoy.

El debate sobre la Seguridad Social retomará protagonismo en el Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu. La coalición, ahora que el consejero Erkoreka está a expensas de iniciar una negociación con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, desea refrendar esta legislatura su acuerdo de 2016 con el PNV, precisamente en oposición al texto pactado entre PP y PSE-EE. Ese texto, que fue aprobado en la Cámara, fijaba que “como mínimo” el Gobierno vasco deberá asumir “capacidad ejecutiva” sobre la “recaudación de las cuotas” y el “pago de las prestaciones”, la fijación de “altas y bajas en el sistema”, la “vigilancia y supervisión del sistema” y una “presupuestación autónoma del resultante económico” de todas esas operaciones.

Los nacionalistas, sin embargo, no votarán de nuevo este texto en principio, ya que harán valer su pacto con el PSE-EE. Como líneas generales, ambos partidos plantean “culminar sin más demora” el proceso transferencial y, en el caso de la Seguridad Social, darle un tratamiento “prioritario” para dar satisfacción al Estatuto de 1979, con mención expresa a su disposición transitoria quinta, que hace alusión a la 'caja única'.

El Parlamento Vasco ha vivido este jueves una efímera representación de la mayoría de izquierdas que alumbraron las elecciones autonómicas de 2016 pero que quedó desactivada por la coalición de Gobierno entre PNV y PSE-EE con apoyo externo del PP en materia presupuestaria. En el pleno de esta semana y por vez primera en la legislatura, el PSE-EE ha votado en el mismo sentido que las coaliciones EH Bildu y Elkarrekin Podemos para rechazar los presupuestos generales del Estado presentados por el PP y pactados con el PNV. El representante del PP, Antón Damborenea, ha interpretado desde la tribuna de oradores que la oposición de izquierdas ha buscado “meter el dedo en el ojo” a los nacionalistas y ha criticado que el PSE-EE “ha picado como un panchito, que, por si no lo saben, es el alevín del besugo”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya había apuntado que la Cámara autonómica no era el mejor foro para discutir sobre las cuentas del Estado.

El debate lo habían planteado con sendas iniciativas EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Inicialmente, el representante de IU y de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha dado a entender que no iba a prosperar ninguna resolución crítica con los presupuestos de Mariano Rajoy por las reticencias de los socialistas a estampar su firma en una enmienda conjunta con ellos y con EH Bildu. “Entendíamos que el PSE-EE debería estar de acuerdo con esto, pero parece ser que les ha pesado más sus pactos de Gobierno con el PNV”, ha enfatizado Hernández.

En efecto, los socialistas no sólo no han firmado ningún texto conjunto, sino que tampoco han apoyado ni la iniciativa de Elkarrekin Podemos ni la de la izquierda abertzale, que han decaído. Pero estas dos formaciones sí han dado su voto al primer punto de un texto alternativo presentado por los socialistas (sólo el primero, no al segundo, que aludía a la solidaridad entre las regiones de España) y han logrado de esta manera la fotografía deseada, la ruptura la unidad de acción de los partidos del Gobierno vasco y un puntapié político a PNV y PP.

La resolución aprobada por PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos ha sido la siguiente: “El Parlamento Vasco rechaza el proyecto de Presupuestos Generales del Estado porque consolidan la desigualdad acentuada durante los años de crisis y porque renuncian a revertir las reformas que han provocado un empobrecimiento de gran parte de la población y a impulsar medidas que garanticen la calidad en el empleo, el blindaje de los servicios públicos y derechos sociales, y un nuevo modelo económico”. Esas cuentas serán aprobadas de manera definitiva próximamente con los votos de PP y PNV.

Fuego cruzado entre PNV y EH Bildu

El debate, en todo caso, ha quedado monopolizado por el fuego cruzado entre el PNV y EH Bildu, una segunda parte del 'cara a cara' de hace un par de semanas en el que la abertzale Larraitz Ugarte llegó a acusar a los 'jeltzales' de dar cobertura a los “fachas” y los “amigos” de los golpistas de 1936. Ha sido el propio portavoz peneuvista, Joseba Egibar, el que ha salido a la arena política a responder a Ugarte. 

Egibar ha remarcado que “al PP y a Rajoy lo han elegido los españoles” y que, por lo tanto, no está “inhabilitado” para alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas. Y ha lamentado que EH Bildu cuestione estos pactos cuando varios de sus dirigentes “llegan a un acuerdo con el fiscal de la Audiencia Nacional del Reino de España” para evitar la cárcel y una condena por pertenencia a ETA.

El veterano dirigente del PNV ha continuado con su cuerpo a cuerpo con la bancada abertzale y ha lamentado también el “delirio” de EH Bildu por vincular a su partido con la corrupción desvelando que la coalición ha pedido “auxilio a la UCO”, a la unidad especializada en delitos económicos de la Guardia Civil, para sacar adelante el denominado 'caso Bidegi'. “Bua, chavala”, ha ironizado Egibar, parafraseando a la propia Ugarte, que usó esa expresión juvenil para mostrar su enfado por el pacto del PNV con el PP.

Este nuevo encontronazo llega tras unas semanas en las que EH Bildu y especialmente Sortu han elevado el tono contra los 'jeltzales'. Además, se han registrado pintadas en batzokis e incluso la organización juvenil Ernai atacó la sede del Gipuzkoa Buru Batzar. 

Al negarse a salir del hemiciclo por orden de la presidenta, Bakartxo Tejeria, un ertzaina de paisano y dos de uniforme han tenido que acceder a los palcos de la Cámara para llevarse a los activistas, que han contado con la "solidaridad" de Podemos

El último debate para la aprobación de los presupuestos vascos, pactados por el Gobierno de PNV y PSE-EE con el PP, se ha desarrollado este martes con una manifestación contra los recortes en la renta de garantía de ingresos en la puerta. Se trataba de los huelguistas de la campaña ‘No tragamos’, que ayunan para denunciar tanto el mantenimiento de la reducción del 7% de las ayudas sociales establecida en 2011 como la no subida del 8% en el SMI en estas prestaciones. Varios de los activistas han entrado como invitados a los palcos de la Cámara y cuando el representante del PP, Antón Damborenea, ha pronunciado por vez primera las siglas RGI han empezado a gritar ‘No tragamos’ o ‘No a los recortes’.

Los gritos de los huelguistas han interrumpido el discurso de Damborenea y la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, ha ordenado a los invitados que salieran del hemiciclo. No lo han hecho, han mantenido su protesta durante varios minutos, y Tejeria ha solicitado a los responsables de seguridad que procedieran a su expulsión. Dos agentes de uniforme y otro de paisano han tenido que acceder a los palcos para sacar uno a uno a los activistas, que han seguido gritando hasta el final.

Tras la intervención policial, muy excepcional en el Parlamento, Damborenea ha podido proseguir su alocución. “No parecían beneficiarios de la RGI”, ha zanjado el representante del PP. Y ha añadido: “El gasto social, con perdón de algunos grupos, se incrementa”. Ha asegurado también que la de la RGI (500 millones) es la tercera partida más grande de las cuentas autonómicas tras la deuda (1.000 millones) y farmacia (800 millones).

Desde Elkarrekin Podemos, Julen Bollain ha manifestado su “solidaridad” con los huelguistas y ha denunciado la “entente liberal”. “El PP no permite unos presupuestos más sociales y más justos”, ha criticado.

El Parlamento Vasco, tras prácticamente tres horas y media de debate, ha despachado este jueves las enmiendas de totalidad presentadas por las coaliciones EH Bildu y Elkarrekin Podemos a los presupuestos de 2017 merced al acuerdo entre el Gobierno (PNV y PSE-EE) y PP, lo que garantiza también su aprobación en un próximo pleno. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha aprovechado la sesión para asegurar que este pacto con los ‘populares’ no se ha fraguado “fuera de esta Cámara, ni en Madrid ni en ningún sitio”, aunque ha dicho también que si el PP se hubiese sumado al resto de la oposición para bloquear la acción del Ejecutivo “Mariano Rajoy ni presentaría el proyecto de presupuestos generales tras el consejo de ministros” de este viernes. ¿Era una condición previa para que los nacionalistas salven al presidente en las Cortes Generales?

Las dos formaciones de izquierdas han sido muy críticas con la alianza del Gobierno con el PP y desde luego que han insinuado que éste es un partido que se juega en dos escenarios. Según Iker Casanova (EH Bildu), el PNV ha optado por el partido de la corrupción y por el que rechaza la paz y la nación vasca en detrimento de la “soberanía” y de la “mayoría social”. “El PNV ha elegido mirar a Madrid y a la derecha. Esperamos que este acuerdo con aroma de gran coalición no sea el inicio de una decantación estratégica. No sé qué tipo de país quiere construir el PNV con el PSOE y con el PP”, ha apostillado el representante de la izquierda abertzale, al que Egibar ha replicado que el PP sólo dispone de 29 millones de un total de 11.059 –“no sé si hay mucho cambio estratégico en el 0,2%”-.

En nombre de Elkarrekin Podemos han tomado la palabra Lander Martínez, de Podemos, y Jon Hernández, de IU. El primero de ellos ha cuestionado también que en un Parlamento de mayoría “progresista” (la izquierda tiene 38 de 75 escaños) conceda a la derecha la condición de fiel de la balanza. “Los presupuestos estaban destinados a ser votados por el PP”, ha remachado el representante morado, para quien las cuentas de 2017 “olvidan o dejan en segundo plano las principales preocupaciones de la sociedad vasca”.

“Esto no es así”, se ha apresurado a responder el portavoz económico del PP, Antón Damborenea, quien ha parecido dirigirse al PNV y, en concreto, a Egibar para conminarle a que aclarase sus referencias a Madrid y a que dejase claro si el pacto en Euskadi iba a quedarse en “papel mojado” antes de “estrenarse”. Damborenea, que no ha llevado la sangre al río y ha seguido el guion en la votación junto al resto de sus compañeros, ha querido despejar las críticas sobre la supuesta negociación en Madrid mostrando el documento firmado entre el Gobierno y el PP, que se ciñe exclusivamente a la política vasca.

Acento social

En el plano más económico, el consejero de Hacienda y promotor de estos presupuestos, Pedro Azpiazu, ha agradecido la disposición al acuerdo del PP: “Simplemente hemos llegado hasta un punto en el que no parecía posible una convergencia real [con la izquierda]. Por el contrario, hemos encontrado que el Partido Popular no impugnaba los pilares básicos del modelo de presupuestos del Gobierno y eso es lo que ha permitido un diálogo dirigido a proponer puntos concretos que merecían ser reforzados”. Ha destacado que el pacto permitirá sacar adelante unos presupuestos realistas en lo económico pero con acento social. “Puede parecer un presupuesto de transición pero en 2017 se van a producir hitos importantes”, ha abundado Azpiazu. El PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo, se ha hecho “corresponsable” de estas cuentas “al 100%”, según Susana Corcuera.

Desde EH Bildu han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una “profunda reforma fiscal” que genere más ingresos. El año 2018, ha aventurado Casanova, el mayor coste de la deuda y el menor margen de déficit rebajarán el techo de gasto en 500 millones si no se mueve la palanca de los ingresos. Ha criticado que el PNV esté “sentado en el sofá fumándose un puro” sin encarar esta realidad y ha alertado de futuros recortes.

Elkarrekin Podemos, en la misma línea, ha exigido esa subida de impuestos urgente. No hay buenos presupuestos tanto si no se gasta bien como si no se recauda bien, ha venido a decir Martínez, que ve “los dos errores” en el proyecto que este jueves ha superado el antepenúltimo trámite para su aprobación definitiva.

El PNV, por boca de Miren Josune Gorospe, que ha tenido una intervención muy dura y que ha sido muy felicitada en su bancada, ha criticado especialmente las propuestas de Elkarrekin Podemos. Ha denunciado, como también el PSE-EE, que la coalición pretende vender que plantea una alternativa económica cuando sus enmiendas sólo modifican el 2,4% de las cuentas. En efecto, ésos son los números en los que se mueve Elkarrekin Podemos aunque públicamente anunciaran cambios por valor de 1.600 millones de euros, “uno de cada ocho euros” gastados por el Gobierno. “Están engañando a la gente en un ejercicio de irresponsabilidad política. ¿Dónde se ve ese cambio de modelo?”, ha preguntado Gorospe.