La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a Jorge Bellver, actual director general de Transparencia del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, con el proyecto urbanístico en el Grau en 2008 de la presunta trama del 'caso Azud' en la etapa de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València. Bellver, que figura como investigado en la causa y recibió regalos de la presunta trama, era el concejal de Urbanismo de Barberá. La UCO repasa en un nuevo informe incorporado a la causa del 'caso Azud, al que ha tenido acceso elDiario.es, las reuniones de Jorge Bellver con el empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de políticos tanto del PP como del PSPV-PSOE.

El informe reseña varias reuniones durante la tramitación del expediente y distingue entre los encuentros “formales” con Bellver como concejal y otros “al margen” de esa condición. Entre las reuniones formales, destacan tres reuniones con el edil en las que participaba, entre otros, Jaime Febrer o Javier Timoner, éste último en representación de la constructora Lubasa, según los correos electrónicos intervenidos en el marco de la causa. Timoner está casado con la actual diputada del PP en el Congreso, Alma Alfonso.

Por otro lado, los investigadores del Instituto Armado anotan una serie de encuentros “al margen de la formalidad” de las reuniones oficiales que se produjeron en “locales de ocio” o “sedes de empresas”, que “se corresponden con comidas o con llamadas de teléfono”. “Sin embargo, en algunas de estas reuniones también se abordan asuntos relativos al desempeño profesional de Bellver”.

La dirección de “su suegra para regalos”

Algunas de las anotaciones de la agenda del empresario Jaime Febrer aluden a reuniones con Jorge Bellver relativas a circuito de Fórmula 1 en la zona del Grau de València. La UCO desglosa una comida entre Febrer y Bellver en 2007, anotada en las agendas del primero con el tema a tratar de “circuito”; otras dos “en similar sentido” celebradas en 2009 sobre el proyecto urbanístico del Grau, además de reuniones en 2010 y 2011.

La UCO ha analizado también una “serie de reuniones en las que se localizan menciones a Jorge Bellver, en cuanto a solicitudes que realizar o comentarios procedentes del mismo, todas ellas relacionadas con la operación urbanística que se investiga”. Uno de los documentos hace referencia, supuestamente, a la petición a Bellver de un “pliego del concurso” de la dársena del Puerto.

El informe también destaca la ficha de Jorge Bellver que mantenía Jaime Febrer, en la que, además de sus datos de contacto, figuraba la dirección postal de “su suegra para regalos”.

Reuniones en el Ministerio de Defensa con una directora general

Por otro lado, el informe también destaca los contactos de Jaime Febrer con una alto cargo del Ministerio de Defensa, la exdirectora general de Infraestructuras, Mónica Melle, relativos al mismo proyecto urbanístico. Así, alude a dos reuniones organizadas en la sede del Ministerio de Defensa por José Luis Vera, un abogado históricamente vinculado al PSPV-PSOE e investigado en la causa.

El proyecto urbanístico del Grau, según explica el informe de la UCO, “afectaba negativamente” a una propiedad de Defensa (la Comandancia Militar de Marina).

Los agentes de la Guardia Civil hallaron en el registro del domicilio de José Luis Vera una tarjeta de visita a nombre de Mónica Melle. La UCO también destaca que en el registro de la vivienda de José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, apareció una papeleta electoral a las elecciones europeas de 2004 en las que Melle figuraba como candidata.

Ha quedado como una foto icónica de la corrupción y el despilfarro de la primera década del milenio en España: Francisco Camps al volante de un Ferrari descapotable azul, junto a Rita Barberá de copiloto y Fernando Alonso y Felipe Massa saludando a la afición desde los asientos traseros. Expiraba el año 2009, ni siquiera era un gran premio de Fórmula 1. Ferrari celebraba su gran fiesta en València, donde comparecía por primera vez Alonso como flamante fichaje de la escudería italiana. La crisis financiera ya arreciaba con fuerza mientras una parte de la política hacía todo lo posible por no darse cuenta. Que la Comunitat acabaría arruinada y teniendo que pedir un crédito para pagar las nóminas de los funcionarios se sabría años después. En el momento de la foto del Ferrari, la Generalitat y el Ayuntamiento, con sus máximos responsables a bordo del descapotable, apuraban el fin de fiesta de la burbuja inmobiliaria. Tras la Ciudad de las Artes de Calatrava había de llegar la Fórmula 1. El president Francisco Camps prometió que no costaría “ni un euro a los valencianos”.

Aquellos discursos de Camps y Barberá en 2007 coinciden punto por punto con los que repiten 18 años después otra presidenta y otro alcalde, también del PP y como aquellos, guarnecidos por sus cómodas mayorías absolutas. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida inciden igualmente en los beneficios que otro circuito urbano llevará a su región cuando desembarquen todas esas escuderías en la capital. Pese a los anuncios de austeridad, igual que en la Comunitat Valenciana también Madrid ha empezado el desembolso millonario. Los primeros pasos del Gran Premio que organizará la capital a partir del año próximo siguen un guion que sufrieron en sus carnes los valencianos y que derivó en una ruina de 300 millones de euros.

Contratos secretos y cláusulas confidenciales con dinero público

En la Comunitat Valenciana el capo de la Fórmula 1 entonces, Berni Ecclestone, puso una condición para celebrar los grandes premios allí: la continuidad del PP en el poder. Lo dijo sin ningún rubor en el inicio de campaña de las municipales de 2007. La mañana después de la pegada de carteles y aunque la Junta Electoral había ordenado retirar el logo de la Generalitat del acto público para no interferir en los comicios, Ecclestone tomó la palabra y dijo: “Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa y me enamoré de ella. Nadie podría hacer mejor este trabajo por la Fórmula 1. Conmigo no van los nombres de las grandes ciudades, creo en las personas. Creo en las personas y siento comunicarles que, aunque el contrato está perfecto, no se firmará hasta después de las elecciones”.

Pero para que el circo de la Fórmula 1 eche a rodar, no solo hacen falta amistades políticas, también dinero, mucho dinero. Y en la Comunitat Valenciana acabó poniéndolo a través de una sociedad pública que finalmente asumió todos los costes, incluida la absorción de la empresa privada que en principio se iba a encargar de todo, Valmor Sport SL, con accionistas amigos de la cúpula del PP regional como el expiloto Jorge Martínez “Aspar”, el empresario Fernando Roig y la entidad Bancaja. Todo en la operación estuvo rodeado de oscurantismo porque además los primeros contratos se firmaron entre Formula One Administration, que manejaba las licencias de las pruebas, y la empresa privada Valmor Sport SL, creada para la ocasión y sin experiencia en la organización de pruebas deportivas e incluían cláusulas de confidencialidad que impedían conocer los números. Ni siquiera la oposición política pudo revisar la documentación, declarada secreta. Pero las pérdidas las acabó asumiendo la Generalitat a través de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU. La oposición calculó que en los cuatro años que se celebraron otros tantos grandes premios se esfumaron más de 300 millones de dinero público. Pese a la opacidad que rodea a la Fórmula 1, acabaron aflorando algunos números: el canon que se pagó a Ecclestone empezó siendo de 19 millones en 2009 y subió hasta 27 millones en 2012.

La vuelta de la competición automovilística a Madrid 45 años después de la última carrera en El Jarama también está envuelta en esa misma opacidad. El circuito urbano bautizado como Madring discurrirá en el entorno de Ifema, consorcio público-privado que gestiona el principal centro de congresos de la capital, al que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento aportan un 62% de su financiación (la mitad cada administración), beneficios operativos al margen. Pese a reiterados requerimientos de los partidos de la oposición madrileña, de la prensa o de entidades vecinales, el acuerdo entre Ifema y las sociedades Formula One Marketing Limited y Formula One World Championship Limited (equivalentes actuales a Formula One Administration) no ha sido publicado y se desconocen sus pormenores.

El modelo de Ifema no solo camufla el origen parcialmente público de la financiación del Gran Premio, al no partir directamente de los Gobiernos de Ayuso y Almeida, sino que permite ejecutar las contrataciones con menos transparencia que si los procesos fueran desarrollados por el Ejecutivo municipal o el autonómico. Ifema tampoco ha compartido ni detallado, ante las solicitudes de este periódico, el estudio económico de la consultora Deloitte según el cual la cita deparará unos ingresos anuales “superiores a los 450 millones de euros” en la región, con un impacto en la creación de los puestos de trabajo estimado en “más de 8.200 empleos”. De la metodología empleada para estas estimaciones o las fuentes a partir de las que han llegado a prever tales cifras tampoco se conocen detalles.

El proyecto, que redefine el modelo de Ifema, ha supuesto ya un gasto de 136 millones de euros: 51 millones para erigir los nuevos pabellones; 83,2 millones para construir el circuito de Madring; un millón por los servicios jurídicos asociados a los contratos con la Fórmula 1 (gasto del que solo computa por el momento el primer ejercicio, pero que será anual) y otros 700.000 euros por el servicio de calidad de contraste para la ejecución de obras. Y el porcentaje de fondos públicos todavía podría aumentar, puesto que la Fundación Montemadrid (también conocida como Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid) aprobó en septiembre abandonar el accionariado de la entidad por su oposición a la Fórmula 1. Este organismo aportaba hasta un 7% de los fondos del consorcio. A ello hay que añadir la inversión directa del Gobierno de Ayuso en acciones promocionales. En 2023, para impulsar el anuncio de la llegada del Gran Premio a Madrid, la Comunidad de Madrid gastó 200.000 euros en el patrocinio de un acto de Red Bull en Madrid, con un circuito urbano en Cibeles. El Ejecutivo autonómico canceló una acción similar en la Puerta del Sol el pasado octubre, a la que iba a destinar otro patrocinio valorado en 120.000 euros.

Todo ello pese a la insistencia de Ayuso, Almeida y sus equipos por negar el uso de fondos públicos para espantar el fantasma pasado de Valencia. Alcalde y presidenta se excusan con declaraciones que remiten irremediablemente a las de Camps: “Si la Fórmula 1 la pagaba Ada Colau [en referencia al Gran Premio de Barcelona-Catalunya en Montmeló] es perfecto (...) pero si a los madrileños no les cuesta un euro de dinero público es fascista”, aseveró el alcalde de la capital en abril. Todo ello después de que la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, le recordase los “300 millones” de agujero que dejó el circuito de València.

En Ifema ya han saltado las primeras señales de alarma. No solo por los dos años de pérdidas que, según fuentes municipales, el Gran Premio causará en la sociedad que gestiona el palacio de congresos y exposiciones (por la inversión en obras y la pérdida de nichos de negocio como la organización de festivales de música). Más notorio si cabe es que, según su balance de cuentas publicado el 31 de diciembre de 2024, el consorcio público-privado calcula un posible impacto negativo a sus cuentas que se puede elevar hasta 270 millones de euros si se produjera algún tipo de incumplimiento en el contrato firmado con la organización de las carreras. Según dicho informe, al final del periodo contratado (en el año 2036, pues el acuerdo es por diez años), la entidad garantiza que se producirían “resultados positivos”. Fuentes de Ifema preguntadas por este periódico sostienen que, de acuerdo a sus estimaciones actuales, “los ingresos derivados de la ejecución de este proyecto serán suficientes para soportar los compromisos económicos del mismo”. Semejantes previsiones también están en las hemerotecas valencianas.

Unos compromisos que aumentan mientras no se cierran inversores con los que mitigar el impacto financiero de la gestión del evento, más allá de las zonas VIP. “Es verdad que sacamos el contrato de gestión y debido básicamente a la cantidad de cláusulas adicionales que pusimos no hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo”, declaró la concejala delegada del área de Hacienda, Engracia Hidalgo. El único acuerdo cerrado hasta el momento es con la multinacional suiza Match Hospitality. Se encargará de diseñar, construir y comercializar las zonas reservadas en el paddock del Gran Premio entre 2026 y 2036 con una inversión total de 400 millones de euros. Como ya hace en otras carreras del calendario, se ocupará de generar los paquetes turísticos, organizar caterings o coordinar los accesos a estas zonas reservadas, entre otras funciones. Conviene apuntar que esta millonaria aportación no repercute en una compensación de otros gastos de Ifema, solo reduce sus gastos al no tener que invertir en las tareas mencionadas. Es lo que buscan para la construcción del circuito y otras muchas inversiones de calado por afrontar, por el momento sin éxito.

Declaración de interés público y planes especiales para agilizar las obras

Ambos gobiernos, tanto el de Camps en la Comunitat Valenciana como el de Madrid, han recurrido a maniobras administrativas para agilizar plazos. En el caso de la Generalitat, a través de la declaración de interés público del evento para acelerar los permisos y saltarse trámites para acelerar las obras. La aventura arrancó con el decreto 15/2008 aprobado el 8 de febrero de 2008 por el gobierno que presidía Francisco Camps y que regulaba las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la capital. Básicamente, suponía declarar de “interés general” todas las obras, proyectos, actividades e iniciativas de cualquiera naturaleza, ya fuesen públicas o privadas, a realizar con ocasión de la prueba deportiva, autorizar el procedimiento excepcional para las expropiaciones y la tramitación de urgencia de los órganos de contratación, así como eximir de la obligación de obtener permisos de actividad y licencias urbanísticas y la aplicación. En otras palabras, vía libre para expropiar, construir y adjudicar contratos sin pasar por los trámites ordinarios de la administración.

En Madrid, las obras echaron a rodar (talas mediante) con una ampliación de la superficie urbanizable de Ifema por valor de 51 millones de euros, amparada en un plan especial elaborado para la ocasión por el Ayuntamiento (con el concejal de Urbanismo y mano derecha de Almeida, Borja Carabante, como gran valedor). Aunque los trabajos incluyen un aparcamiento y tres pabellones en los que se instalarán talleres o los paddocks, Ifema no incluye este presupuesto en el dirigido específicamente al Gran Premio. El PSOE de Madrid considera “ilegal” esta actuación al desviar una vía pecuaria, la Vereda de los Leñeros, con ese plan especial. Creen que “no hay espacio suficiente” y que este hecho exigiría modificar el Plan General de Ordenación Urbana, un procedimiento imposible de completar en los meses que quedan para el Gran Premio.

Denuncias ante la Justicia de la oposición

También el PSOE, en este caso el valenciano, acabó presentando una extensa denuncia de centenares de páginas en la Fiscalía, donde se detallaban todo tipo de delitos contables de los socios privados de la Generalitat y se acusaba de prevaricación a los promotores políticos de la Fórmula 1, que finalmente acabó archivada. El escándalo llegó al punto de que el gabinete de Camps empujó a Canal Nou a firmar un contrato para retransmitir una carrera cuyos derechos tenía La Sexta y que llevó a la cadena autonómica a acabar pagando 16 millones de euros por su renuncia a dar el Gran Premio en directo.

En abril, Más Madrid llevó el polémico plan especial del equipo de Almeida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y elevó un recurso contencioso-administrativo. Las motivaciones del partido de Rita Maestre estaban centradas en las “graves deficiencias en el proceso de aprobación” del plan especial, así como en los “significativos impactos negativos” que tendrá sobre la ciudad. En particular, sobre los vecinos de los distritos más afectados por las obras o el funcionamiento del circuito, Barajas y Hortaleza. El juzgado rechazó las cautelares, aunque fue admitido a trámite y continúa su periplo legal. Además, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estudia desde mayo otro recurso interpuesto contra el plan especial por la Plataforma Ecología Madrileña y requirió al Gobierno municipal que remita el expediente administrativo del proyecto. A los argumentos de Más Madrid en su propio procedimiento, la Plataforma Ecologista añade que los trabajos de construcción en el entorno de Ifema “están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota”.

El proceso de construcción de Madring tampoco ha estado exento de contratiempos. Importantes compañías que se presentaron a la licitación, como FCC, Ferrovial y Sacyr, se retiraron en etapas posteriores, algunas después de manifestar que los plazos temporales de ejecución de las obras estaban “muy ajustados” (aunque Ayuso sostiene ahora que van “más rápido de lo esperado”). Además, Más Madrid solicitó igualmente al TSJM la suspensión cautelar de las obras con otro recurso. Lo reclaman por el importante impacto sonoro asociado al proyecto y por considerar un fraude de ley que el Ayuntamiento de la capital haya tramitado como licencia temporal la de una infraestructura pensada para albergar al menos diez años de carreras, con algunos elementos permanentes aunque otros se desmonten durante varios meses. Un permiso de estas características reduce los requerimientos técnicos y permite agilizar trámites, aunque debe estar debidamente acreditado. De nuevo, el TSJM ha rechazado por el momento las medidas cautelares, pero el recurso de Más Madrid sigue su curso.

Viajes presidenciales a grandes premios de otros países

El pasado octubre, coincidiendo con su cumpleaños (que Ayuso ha pasado los dos últimos años en Estados Unidos), la presidenta viajó a Texas para asistir en persona al Gran Premio de las Américas. La dirigente madrileña estuvo en la zona de las escuderías, recibió unos guantes firmados por el piloto madrileño Carlos Sainz jr. (cuya figura de embajador de Madring remite a la de Fernando Alonso en València) y justificó el viaje institucional para “conocer de primera mano” cómo se organiza una prueba de estas características. Tuvo tiempo de conceder pequeñas entrevistas a medios deportivos, incluido Dazn, la cadena que cuenta con los derechos de retransmisión de las pruebas y a quien dejó unas declaraciones sobre el buen ritmo al que avanzan las obras para el circuito madrileño.

También se vio con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Figura mucho más comedida que Ecclestone, sus elogios a las administraciones madrileñas han levantado menos ampollas, aunque han sido igual de firmes: “Estamos muy contentos con lo que Madrid está ofreciendo. Madrid llegó con una propuesta seria y es un buen lugar para ir”, aseguró Domenicali el pasado año, durante la presentación del Banco Santander como nuevo patrocinador la Fórmula 1. Un apoyo que compagina con buenas palabras también hacia el Gran Premio de Montmeló, cuya inclusión en el calendario está en entredicho a partir de 2027: “Estamos muy contentos con lo que siempre ha hecho Barcelona y lo que está haciendo de cara al futuro”.

La oposición ha pedido los gastos de las facturas de Ayuso y ha cuestionado la utilidad de esas visitas. También eso sucedió en la Comunitat Valenciana en tiempos de Camps, cuando el president cargó todo tipo de gastos suyos y de la expedición que lo acompañaba a los diferentes destinos vinculados a la Fórmula 1. Informes policiales recopilaron gastos de un vuelo a Londres con el único motivo de cenar con Ecclestone, y facturas de otros acompañantes en el mismo restaurante británico. En los expedientes constan media docena de viajes de ese tipo. Hay incluso facturas de hoteles a los que no se presentaron los huéspedes, como los 2.317 euros que se pagaron en 2011 por dos habitaciones durante dos noches en un hotel de lujo de Jérez que el president ordenó reservar para poder acudir al Gran Premio de Motociclismo y al que decidió no viajar a última hora. Las reservas, para él y su personal de confianza, las acabó pagando la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU.

El procesamiento de Camps acabó con la aventura de la F1

Los contratos para acoger nuevas pruebas no se renovaron porque la prórroga que Camps intentó firmar con el patrón del negocio y para entonces amigo suyo, Bernie Ecclestone, en julio de 2011 para organizar más grandes premios a partir del año siguiente fue considerado nulo por los servicios de Intervención de la Generalitat. Camps lo tramitó la víspera de ser procesado en la causa de los trajes, en la que finalmente salió absuelto. El Gobierno que lo sustituyó se negó a ratificar el contrato y los monoplazas ya no regresaron a Valencia.

Este historial, unido a la celeridad y las dudas del proceso, explica que ahora en Madrid surjan conflictos políticos, judiciales e internos dentro de Ifema. También una fuerte contestación vecinal, estructurada a través de la Plataforma Stop F1 Madrid. Las talas, el ruido, el “despilfarro de fondos públicos” o el “lucro directo de promotores privados gracias al precio desorbitado de las entradas” (de las que todavía quedaban 30.000 sin vender después de que Ayuso asegurara que se despacharon “en dos minutos”) provocan que cientos de residentes duden de que el Gran Premio genere beneficios en sus barrios. “Tal vez la Justicia sea lenta, pero estoy bastante seguro de que un campeonato mundial en mitad de un barrio residencial no tiene ningún sentido legal”, afirmaba en declaraciones a este diario Ricardo Ayala, abogado que colabora con la asociación vecinal. Un sinsentido que, para muchos, tiene un precedente evidente a poco más de 300 kilómetros.

Por donde un día circularon los bólidos de Alonso y Hamilton en otro megaevento que prometía llevar riqueza a toda la región, hoy se extiende un asentamiento interminable de chabolas que no para de crecer. Tampoco dejó de hacerlo la factura de aquella Fórmula 1 que no iba a costar ni un euro a los valencianos y que alcanzó más de 300 millones de euros y deudas que todavía se mantienen trece años después del último gran premio... La última, de 45 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital tiene que pagar todavía a la Generalitat.

El jutge del cas Azud ha desestimat el recurs de les nebodes de Rita Barberá contra la interlocutòria del 4 de juliol passat que va acordar transferir a l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA) els 4,8 milions intervinguts a la presumpta trama corrupta, a més d’altres béns. Es tracta de María Asunción i María José Corbín Barberá. La resolució del jutge substitut també va ser recorreguda pel lletrat Diego Elum, investigat en la causa per presumptament repartir-se una pretesa comissió amb José María Corbín, cunyat de la difunta alcaldessa de València. Tots figuren com a investigats en el procediment que investiga el Jutjat d’Instrucció número 13 de València. Els béns, en mans d’un organisme dedicat a la gestió patrimonial dels efectes decomissats i embargats propietat dels investigats, inclouen fons en comptes bancaris, vehicles i el xalet de Corbín en una luxosa urbanització de Xàbia. Es tracta, segons indica el jutge en una interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es, d’una “extraordinària massa de béns embargats i decomissats” a la presumpta trama.

La Fiscalia Anticorrupció demanava que es desestimaren els recursos de l’advocat i de les nebodes de Rita Barberá. Així doncs, el jutge considera que de l’argumentació de les defenses “no es desprén que la decisió judicial infringisca cap norma legal, ni siga il·lògica o manque de fonament”.

Per contra, les defenses de les filles de Corbín i d’Elum demanaven que foren les persones investigades en la causa les que “com a propietàries i usuàries (...) gestionen i cuiden els béns”. El fiscal Pablo Ponce, per part seua, sostenia que la interlocutòria de l’instructor no modifica “cap mesura cautelar, ni afecta la possessió i els drets dels investigats”.

Fent-se ressò de la tesi d’Anticorrupció, el jutge conclou que la mesura en cap cas limita drets o modifica les mesures cautelars, “sinó que tan sols sol·licita l’auxili d’un òrgan administratiu”, sempre dependent de la decisió del magistrat.

El jutge, en la mateixa línia, recorda que l’ORGA es va crear per llei “precisament per a situacions com l’actual”, en el marc de procediments especialment complexos que impliquen la gestió i la supervisió de “nombrosos” béns i de “grans quantitats”.

El suport de l’òrgan d’auxili de l’Administració de Justícia resulta, segons el parer de l’instructor, “de gran ajuda”, atés que està conformat per un grup de professionals “dedicat a tasques no judicials sinó de logística”.

L’ORGA, al·lega el magistrat, “no decideix per si mateixa, sinó que ha de sol·licitar autorització, o fins i tot la realització pel mateix òrgan judicial, dels actes que es consideren adequats per a una millor conservació i pèrdua de valor o deterioració dels béns administrats”.

En aquest cas, “òbviament”, les parts interessades “gaudirien de la deguda audiència abans de prendre cap decisió que poguera afectar-los, sense perjudici dels seus recursos corresponents, que, encara que no ho foren a ambdós efectes, per prudència elemental hauria de ser esperada la seua resolució prèvia per la superioritat a fi de no causar perjudicis irreparables a les parts”.

El juez del 'caso Azud' ha desestimado el recurso de las sobrinas de Rita Barberá contra el auto del pasado 4 de julio que acordó transferir a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) los 4,8 millones intervenidos a la presunta trama corrupta, además de otros bienes. Se trata de María Asunción y María José Corbín Barberá. La resolución del juez sustituto también fue recurrida por el letrado Diego Elum, investigado en la causa por presuntamente repartirse una supuesta comisión con José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa de València. Todos figuran como investigados en el procedimiento que investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de València. Los bienes, en manos de un organismo dedicado a la gestión patrimonial de los efectos decomisados y embargados propiedad de los investigados, incluyen fondos en cuentas bancarias, vehículos y el chalet de Corbín en una lujosa urbanización de Xàbia. Se trata, según indica el juez en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, de una “extraordinaria masa de bienes embargados y decomisados” a la presunta trama. 

La Fiscalía Anticorrupción pedía que se desestimaran los recursos del abogado y de las sobrinas de Rita Barberá. Así, el juez considera que de la argumentación de las defensas “no se desprende que la decisión judicial infrinja norma legal alguna, ni sea ilógica o carezca de fundamento”.

Por el contrario, las defensas de las hijas de Corbín y de Elum pedían que fueran las personas investigadas en la causa quienes “como propietarias y usuarias (...) gestionen y cuiden los bienes”. El fiscal Pablo Ponce, por su parte, sostenía que el auto del instructor no modifica “medida cautelar alguna, ni afecta a la posesión y derechos de los investigados”.

Haciéndose eco de la tesis de Anticorrupción, el juez concluye que la medida en ningún caso limita derechos o modifica las medidas cautelares, “sino que tan solo solicita el auxilio de un órgano administrativo”, siempre dependiente de la decisión del magistrado.

El juez, en la misma línea, recuerda que la ORGA fue creada por ley “precisamente para situaciones como la actual”, en el marco de procedimientos especialmente complejos que implican la gestión y supervisión de “numerosos” bienes y de “grandes cuantías”.

El apoyo del órgano de auxilio de la Administración de Justicia resulta, a juicio del instructor, “de gran ayuda”, dado que está conformado por un grupo de profesionales “dedicado a tareas no tanto judiciales cuanto de logística”.

La ORGA, alega el magistrado, “no decide por sí misma, sino que debe solicitar autorización, o incluso la realización por el propio órgano judicial, de los actos que se consideren adecuados para una mejor conservación y pérdida de valor o deterioro de los bienes administrados”.

En ese caso, “obviamente”, las partes interesadas “gozarían de la debida audiencia antes de tomar decisión alguna que pudiera afectarles, sin perjuicio de sus correspondientes recursos, que aun cuando no lo fueren en ambos efectos, por prudencia elemental debería ser esperada su previa resolución por la superioridad a fin de que causar perjuicios irreparables a las partes”.

“Comisiones de naturaleza ilícita” de 63.720 euros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, entre 2010 y 2012, una empresa participada por la Universidad Católica de València (UCV) pagó esa cifra al cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, a través de una suerte de firma pantalla. Un informe de la UCO incorporado a la causa del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es, acredita que la empresa Inversiones Sociosanitarias SL (Inverso), participada por la UCV y por varios capitostes de la institución académica perteneciente al Arzobispado de València, abonó la presunta mordida a Corbín, uno de los principales investigados en la causa, para un proyecto de hospital universitario vinculado a la trama. Los investigadores del Instituto Armado consideran que la UCV se erige en uno de los “actores fundamentales” del abono de la presunta mordida y el informe incluye hasta el nombre y DNI del exarzobispo de València, Carlos Osoro, entonces gran canciller de la universidad privada, posteriormente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y, actualmente, cardenal presbítero de Santa María de Trastevere (título concedido en 2016 por el papa Francisco).

La mercantil que acabó pagando la presunta mordida a Corbín estaba participada, entre otros, por la Fundación Universidad Católica San Vicente Mártir, la empresa de Jaime Febrer (considerado el presunto conseguidor de la trama), la sociedad Hermanos Alcaide SL, catedráticos como Javier Romero y Vicente Saez o el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UCV, Carlos Barrios. El entonces gerente de la universidad católica, Juan Morote, era miembro del consejo de administración de la empresa en representación de la fundación de la UCV.

A la institución académica también estaba vinculado otro de los principales investigados del 'caso Azud', el entonces vicealcalde de València, Alfonso Grau. Juan Morote explicó en su declaración ante la jueza instructora que “más o menos” en 2009 o 2010, el entonces arzobispo Osoro le encargó ponerse a las órdenes de Alfonso Grau en el proyecto del hospital universitario que la UCV pretendía levantar en València. “El Arzobispo me dice: usted haga lo que diga Don Alfonso y todo arreglado”, según reza su declaración.

Grau, cirujano de profesión, no era un desconocido para la institución universitaria de la Iglesia valenciana. El 'número dos' de Rita Barberá era patrono y miembro del consejo de administración de la UCV. “Y por tanto mi jefe en ese momento”, aseguró Morote. De hecho, según detalla la UCO, Grau había sido previamente patrón de la Fundación del Santo Celo, que acabaría fusionándose en la UCV con otras entidades de la diócesis y, de cuya Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de los Desamparados (situada “de toda la vida” en la calle de Jesús de València, según recordaba Juan Morote), el vicealcalde había cobrado una retribución neta de 43.615 euros entre 2003 y 2005.

Fue precisamente Alfonso Grau quien le presentó al gerente de la UCV a Jaime Febrer, a quien describió como un “empresario con muchísima experiencia en el sector de la gestión inmobiliaria” que “podría ayudar” en el proyecto del codiciado hospital universitario (la universidad católica ofrece el grado de Medicina en València). 

La empresa de la UCV “asumió el coste íntegro”

La empresa de Febrer firmó un contrato con el despacho de Corbín para el asesoramiento jurídico al proyecto de hospital universitario. El bufete del cuñado de Rita Barberá ingresó de la mercantil de Jaime Febrer un total de 63.720 euros. Sin embargo, el informe de la UCO acredita que esos pagos habrían sido “finalmente asumidos” por Inverso SL, la mercantil participada por la UCV, que fue la que, en realidad, “asumió el coste íntegro de los emolumentos del despacho” mediante dos transferencias que suman la cifra de la supuesta mordida: 41.720 euros en 2011 y 22.000 al año siguiente.

La cifra que abonó Febrer al despacho de José María Corbín coincide exactamente con los ingresos del empresario provenientes de la empresa participada por la UCV. Es decir, la firma de Febrer se habría erigido en una mera pantalla para el pago de la presunta comisión a Corbín. 

Miguel Fernández, director financiero de la promotora inmobiliaria de Febrer declaró como testigo ante la UCO y aseguró que “el proyecto en sí no necesitaba la participación de José María Corbín”, de cuyo despacho ni siquiera conocía la “especialidad” de la que era “experto”. Alberto Sánchez, otro trabajador de la empresa de Febrer, declaró en condición de investigado: “En relación a José María Corbín existía el rumor de que si trabajabas con él, en el Ayuntamiento de Valencia te trataban mejor”.

Por su parte, Juan Morote manifestó ante la jueza que, cuando la UCV entró en la empresa Inverso SL, ya figuraban “varios catedráticos de Medicina que estaban vinculados a la universidad de una u otra forma”. “Todos están en esa sociedad previamente, entonces cuando la Universidad entra a formar parte, toda la parte legal la llevó siempre Jaime Febrer”, afirmó Morote, quien aseguró que ni siquiera conocía a Corbín: “No lo he visto en mi vida”, dijo.

Al gerente de la UCV el abono de los más de 63.720 euros no le pareció “ningún pago extraordinario”, ya que la “parte jurídica” de la empresa, según la declaración de Morote, trabajaba con los despachos de Broseta y de Sánchez-Tarazaga y mantenía un contrato con un decano del Colegio de Economistas, Leopoldo Pons.

La UCO detecta “connivencia” de una funcionaria

La UCO localizó en las agendas del empresario inmobiliario varias reuniones en aquellas fechas entre Grau y Febrer relativas al proyecto. Una UTE, formada por la UCV e Idom Ingeniería, se hizo con la concesión de una parcela municipal para la construcción del centro universitario.

Los investigadores de la Guardia Civil sospechan que la firma de Jaime Febrer habría participado en la confección de las bases de la concesión, con la supuesta “connivencia” de la funcionaria Carmen Saurí, jefa de servicio de Patrimonio, para la introducción de aspectos concretos que habrían favorecido la propuesta de la empresa licitadora. Una sospecha reforzada por la declaración de Jose Luis Camarero, jefe de sección de la Oficina Técnica de Patrimonio y uno de los firmantes de las bases del concurso.

Otra de las pretensiones de la mercantil que se introdujo era que los pliegos exigieran que el concesionario tuviera en su objeto social la actividad sanitaria y universitaria, con autorización “concretamente” de impartir la licenciatura de Medicina y Cirugía.

Solo se presentó la UTE formada por la UCV e Idom Ingeniería y un arquitecto, que fue descartado al no cumplir los requisitos. Sin embargo, el procedimiento fue recurrido por el Grupo Nisa ante el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de València.

“Alfonso me ha insistido en la confidencialidad”

La UCO halló documentación que “evidenciaba” que el vicealcalde Grau habría “facilitado” el recurso a la mercantil adjudicataria y, concretamente, a Juan Morote, gerente de la UCV. También queda rastro de la operación en los 'mails' que intervinieron los investigadores de la Guardia Civil en los registros del 'caso Azud' practicados a la presunta trama corrupta.

En un correo electrónico de Morote que consta en el sumario, el gerente de la universidad le envía el recurso al empresario Jaime Febrer con esta advertencia: “Alfonso me ha insistido en la confidencialidad del documento porque lleva los sellos internos del Ayto”.

En un segundo 'e-mail', Morote remitió a Febrer y a Grau unas notas para la “contestación” del recurso del Grupo Nisa. Aunque no literalmente, en esencia la mayor parte de las motivaciones sugeridas coinciden con la inadmisión del recurso por parte del consistorio.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha aportat al jutge substitut que instrueix la causa del cas Azud un ofici en què atorga a l’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá, la “capacitat de viabilitzar o afavorir la consecució d’adjudicacions o decisions d’acord amb els interessos empresarials provinents de l’Ajuntament de València”. A més d’una pretesa comissió d’1,7 milions d’euros de l’empresa Acciona pel contracte de sanejament de l’Ajuntament de València i una altra de 2,2 milions de l’adjudicatària de l’execució i la gestió de la planta d’escombraries Los Hornillos de Quart de Poblet, cobrades indiciàriament per Corbín, els investigadors de l’UCO centren les seues perquisicions en el marc del procediment en la licitació del Servei d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament de València el 2008, amb Barberá d’alcaldessa.

La Guàrdia Civil va intervindre en l’escorcoll a l’empresari Jaime Febrer, investigat en la causa, documentació sobre una reunió que va mantindre amb Corbín, específicament una llista amb contractes licitats pel consistori en què es fixaven els lots de “màxima prioritat”. Febrer, segons l’UCO, va sol·licitar a José María Corbín que “comprovara les possibilitats”.

Una de les empreses participada per Jaime Febrer va resultar adjudicatària del lot “pretés”, relata l’UCO. En la reunió, esdevinguda el 30 d’abril de 2008, l’empresari també va lliurar al cunyat de Rita Barberá documentació de l’empresa Gesmed relativa pretesament a “residències de la tercera edat”, que també li va remetre per correu electrònic amb l’assumpte “Projectes Ajuntament de València”.

En el correu electrònic, destaca la Guàrdia Civil, figura com de “màxim interés” un dels lots del Servei d’Ajuda a Domicili. “Et pregue que comproves les possibilitats i ens reunim la setmana que ve per parlar-ne”, indica el correu.

Aquest fet, a parer policial, “seria indicatiu” de la “capacitat” de Corbín “sobre aquesta mena de gestions” i de la contractació de l’advocat “en relació amb altres tràmits o projectes vinculats a aquest consistori”, del qual en aquella època la seua cunyada era alcaldessa i la seua dona, cap de gabinet de la primera edil. Un informe d’Hisenda que consta en el sumari del cas Azud va concloure que el lletrat va arribar a ingressar 1,2 milions en efectiu i xecs.

Més incidència la “component subjectiva”

L’UCO ha analitzat l’expedient de contractació, requerit a l’ajuntament. A la licitació, dividida en tres lots, va concórrer una unió temporal d’empreses (UTE) formada per Gestió Sociosanitària del Mediterrani (Gesmed), amb una representació del 60%, Construcciones Valencia Constitución SL (vinculada a Jaime Febrer i amb el 30%) i Gero Residencials Solimar SL (10%). La firma majoritària de l’UTE ha estat històricament vinculada a diversos excàrrecs del PSPV-PSOE.

L’UTE va obtindre la màxima puntuació per al lot a què optava. L’UCO destaca que en la valoració de l’oferta va tindre més incidència la “component subjectiva”, amb 53 dels 60 punts en total. Per contra, en la primera fase relativa a l’oferta econòmica, tan sols va obtindre 5,5 de 40 punts.

Amb una “descripció succinta” de les ofertes, l’informe de valoració usava uns “criteris” i “trams de puntuació” que no figuren recollits en els plecs de contractació de la licitació municipal.

Una baixa de l’UTE al cap de sis mesos

Els investigadors de l’UCO també van detectar que l’empresari Jaime Febrer va eixir de l’UTE uns sis mesos després que s’iniciara l’execució del contracte. El comité de gerència de l’UTE, en la sessió extraordinària del 18 de març de 2009, va acceptar l’eixida de Construcciones Valencia Constitución SL (CVC), la quota de participació de la qual va assumir Gesmed.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València va acceptar l’acord, condicionant-lo a la formalització de la transmissió de les participacions i la seua acreditació davant el consistori.

“No obstant això, analitzada l’activitat notarial de l’UTE, així com de les societats que hi participen, no s’ha localitzat cap transmissió d’aquestes participacions, i es desconeixen, per tant, els termes d’aquesta o, per exemple, els fons que CVC hauria percebut a conseqüència d’aquesta”, indica l’UCO.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez sustituto que instruye la causa del 'caso Azud' un oficio en el que otorga al abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, la “capacidad de viabilizar o favorecer la consecución de adjudicaciones o decisiones acordes a los intereses empresariales provenientes del Ayuntamiento de Valencia”. Además de una supuesta comisión de 1,7 millones de euros de la empresa Acciona por el contrato de saneamiento del Ayuntamiento de València y otra de 2,2 millones de la adjudicataria de la ejecución y gestión de la planta de basuras Los Hornillos de Quart de Poblet, cobradas indiciariamente por Corbín, los investigadores de la UCO centran sus pesquisas en el marco del procedimiento en la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de València en 2008, con Barberá de alcaldesa.

La Guardia Civil intervino en el registro al empresario Jaime Febrer, investigado en la causa, documentación sobre una reunión que mantuvo con Corbín, específicamente una lista con contratos licitados por el consistorio en la que se fijaban los lotes de “máxima prioridad”. Febrer, según la UCO, solicitó a José María Corbín que “comprobase las posibilidades”.

Una de las empresas participada por Jaime Febrer resultó adjudicataria del lote “pretendido”, relata la UCO. En la reunión, celebrada el 30 de abril de 2008, el empresario también entregó al cuñado de Rita Barberá ddocumentaciónde la empresa Gesmed relativa supuestamente a “residencias de la tercera edad”, que también le remitió por correo electrónico con el asunto de “Proyectos Ayuntamiento de Valencia”.

En el e-mail, destaca la Guardia Civil, figura como de “máximo interés” uno de los lotes del Servicio de Ayuda a Domicilio. “Ruego compruebes las posibilidades y nos reunimos la semana próxima para hablar de ello”, indica el correo.

Ese hecho, a juicio policial, “sería indicativo” de la “capacidad” de Corbín “sobre este tipo de gestiones” y de la contratación del abogado “en relación con otros trámites o proyectos vinculados a este consistorio”, del que en aquella época su cuñada era alcaldesa y su mujer jefa de gabinete de la primera edil. Un informe de Hacienda que consta en el sumario del 'caso Azud' concluyó que el letrado llegó a ingresar 1,2 millones en efectivo y cheques.

Mayor incidencia la “componente subjetiva”

La UCO ha analizado el expediente de contratación, requerido al ayuntamiento. A la licitación, dividida en tres lotes, concurrió una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Gestió Sociosanitària del Mediterrani (Gesmed), con una representación del 60%, Construcciones Valencia Constitución SL (vinculada a Jaime Febrer y con el 30%) y Gero Residenciales Solimar SL (10%). La firma mayoritaria de la UTE ha estado históricamente vinculada a varios excargos el PSPV-PSOE.

La UTE obtuvo la máxima puntuación para el lote al que optaba. La UCO destaca que en la valoración de la oferta tuvo una mayor incidencia la “componente subjetiva”, con 53 de los 60 puntos en total. Por el contrario, en la primera fase relativa a la oferta económica, tan solo obtuvo 5,5 de 40 puntos.

Con una “descripción somera” de las ofertas, el informe de valoración usaba unos “criterios” y “tramos de puntuación” que no aparecían recogidos en los pliegos de contratación de la licitación municipal.

Una baja de la UTE a los seis meses

Los investigadores de la UCO también detectaron que el empresario Jaime Febrer salió de la UTE unos seis meses después de que se iniciara la ejecución del contrato. El comité de gerencia de la UTE, en su sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2009, aceptó la salida de Construcciones Valencia Constitución SL (CVC), cuya cuota de participación asumió Gesmed.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aceptó el acuerdo, condicionándolo a la formalización de la transmisión de las participaciones y su acreditación ante el consistorio.

“Sin embargo, analizada la actividad notarial de la UTE, así como de las sociedades que participan en la misma, no se ha localizado ninguna transmisión de estas participaciones, desconociendo por lo tanto los términos de la misma o, por ejemplo, los fondos que CVC habría percibido como consecuencia de esta”, indica la UCO.

Un total de 4,8 millones de euros, entre cuentas bancarias o fondos de inversión; 61 bienes inmuebles, entre parcelas, locales, viviendas, chalets, garajes o trasteros, y seis vehículos. Son los bienes decomisados en el marco de la instrucción del 'caso Azud', una causa de corrupción urbanística que investiga los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y organización criminal. Tres de los vehículos los usa provisionalmente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas.

En el procedimiento, del que se encarga el Juzgado de Instrucción número 13 de València, figuran los decomisos a más de una veintena de personas investigadas de los 56 imputados en total, además de a 13 empresas implicadas.

El juez sustituto ha acordado encomendar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), órgano de la Administración General del Estado, la administración de los bienes decomisados a la presunta trama. La resolución, adelantada por Las Provincias y a la que también ha tenido acceso este diario, acuerda transferir los 4,8 millones a la ORGA.

Se trata de un órgano de la Administración General del Estado con competencias para la localización, recuperación o conservación de bienes y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal. La ORGA actúa cuando se lo encomienda un juez, ya sea de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia oficina.

Dos chalets en la urbanización El Tossalet

De la familia de Rita Barberá, el cuñado y tres sobrinas de la exalcaldesa están imputadas. Al letrado José María Corbín le decomisaron el chalet familiar en la urbanización de lujo El Tossalet de Xàbia, en la comarca de la Marina Alta, además de 559.051 euros en cuentas bancarias y depósitos y seguros, que se suman a los fondos de 157.347 euros a nombre de su empresa.

La UCO sospecha que Corbín habría cobrado una comisión de 1,7 millones de euros de la empresa Acciona por el contrato de saneamiento del Ayuntamiento de València y otra de 2,2 millones de la UTE adjudicataria de la ejecución y gestión de la planta de basuras Los Hornillos de Quart de Poblet. Por otro lado, un informe de Hacienda concluyó que el letrado llegó a ingresar 1,2 millones en efectivo y cheques.

El auto también detalla los bienes decomisados a su socio, Diego Elum: dos residenciales (en Godella y en El Tossalet de Xàbia), la sede de su despacho y un almacén, además de fondos por un importe de 30.631 euros.

La UCO, al volante del BMW X4 de Alfonso Grau

Por otro lado, también figura como investigado Alfonso Grau, vicealcalde de València en la etapa de Rita Barberá, y dos de sus hijas. La familia suma decomisos por un importe total de 454.811 euros, además de tres viviendas, un entresuelo, dos garajes, un trastero y un local. El BMW X4 de Alfonso Grau lo usa provisionalmente la UCO, según acordó la magistrada titular del juzgado en 2021. La jueza sospecha que Grau cobró, entre otros importes, una comisión de un millón de euros a través de Panamá y Suiza.

El abogado José Luis Vera, históricamente vinculado al PSPV-PSOE, también está imputado en el 'caso Azud', con fondos decomisados por 41.939 euros y dos viviendas (una de ellas, unifamiliar, construida en una finca rústica en el término de Dos Aguas), dos garajes y un trastero. La jueza autorizó a Vera disponer del Land Rover decomisado.

Rafael Rubio, exconcejal socialista en el Ayuntamiento de València y ex subdelegado del Gobierno, también figura en la lista con fondos por un importe de 291.556 euros, que se suman a los 97.741 euros decomisados a su mujer. Su Mercedes Benz también lo usan los agentes de la Guardia Civil, al igual que un Ford Kuga de su esposa.

La UCO, según un reciente informe incorporado a la causa, sostiene que el expolítico socialista habría obtenido presuntas comisiones ilícitas de entre 300.000 y 750.000 euros del empresario Jaime Febrer, investigado en el procedimiento.

Febrer, además de una vivienda, tiene decomisados fondos por 86.618 euros. También dos vehículos Porsche (un 911 Targa 4 y otro modelo Macan). El uso de uno de los dos deportivos fue autorizado a su mujer.

Los 2,4 millones de la empresaria Mónica Montoro

Sin embargo, la empresaria a la que más dinero se le decomisó fue Mónica Montoro: 2,4 millones de euros. A una empresa vinculada a la familia Montoro también se le decomisó su sede, situada en pleno centro de València, en la plaza del Ayuntamiento.

Al también empresario Federico Ferrando se le decomisó una vivienda y seis fincas (tres rústicas y tres urbanas) a nombre de una empresa y fondos por 190.470 euros. Además de una parcela en Sagunto a nombre de otra mercantil (actualmente extinguida) de la que fue presidente.

A Rosa Verdú, exalcaldesa popular de Xixona (Alicante), se le decomisaron dos fincas y una vivienda, además de una cuenta con un importe de cero euros y otra con saldo deudor.

El Suzuki “inservible y en la calle” de un exedil del PP

A Francisco Doménech Asensi, exconcejal del PP en Xixona, se le decomisaron una decena de fincas y una vivienda en la localidad alicantina, además de un Suzuki. Sin embargo, el vehículo está a disposición de su titular, al figurar actualmente como “inservible y en la calle”, según indica el auto. Eso sí, a la promotora inmobiliaria a la que está vinculado se le decomisaron cinco viviendas y un local.

La resolución también detalla los bienes y fondos intervenidos al constructor Francisco Antonio Gigante Madrigal y a sus dos hijos: David y Francisco José. La UCO sospecha que los Gigante participaron en una “estructura de generación de fondos en efectivo”, a modo de pantalla, para ocultar el pago de gastos electorales para las campañas del 2007 del PP y del PSPV-PSOE.

A los tres se les decomisaron fondos por un importe total de 14.011 euros y una vivienda en Tomelloso (Ciudad Real). La empresa Gigante Edificaciones y Obras SL tenía dos cuentas bancarias con sendos importes de cero euros.

Al asesor fiscal Joaquín Pastor Rico, supuestamente vinculado a la “estructura de generación de fondos en efectivo” con los Gigante como pantalla, se le intervinieron fondos por 92.991,87 euros. A la empresa de la que es administrador único, se le decomisó un conjunto residencial en Alicante, una casa en El Campello y dos garajes.

En la lista también figuran bienes intervenidos a varias inmobiliarias y constructoras: Cleop (un bajo comercial en València); Ocide (su sede en un entresuelo) y Saprico (un bien industrial en Quart de Poblet).

Un total de 4,8 milions d’euros, entre comptes bancaris o fons d’inversió; 61 béns immobles, entre parcel·les, locals, habitatges, xalets, garatges o trasters, i sis vehicles. Són els béns decomissats en el marc de la instrucció del cas Azud, una causa de corrupció urbanística que investiga els presumptes delictes de blanqueig de capitals, falsedat documental, prevaricació, suborn, tràfic d’influències, associació il·lícita i organització criminal. Tres dels vehicles els usa provisionalment la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, encarregada de les perquisicions.

En el procediment, del qual s’encarrega el Jutjat d’Instrucció número 13 de València, figuren els decomisos a més d’una vintena de persones investigades dels 56 imputats en total, a més de 13 empreses implicades.

El jutge substitut ha acordat encomanar a l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA), òrgan de l’Administració general de l’Estat, l’administració dels béns decomissats a la presumpta trama. La resolució, avançada per Las Provincias i a què també ha tingut accés aquest diari, acorda transferir els 4,8 milions a l’ORGA.

De la família de Rita Barberá, el cunyat i tres nebodes de l’exalcaldessa estan imputades. Al lletrat José María Corbín li van decomissar el xalet familiar a la urbanització de luxe El Tossalet de Xàbia, a la comarca de la Marina Alta, a més de 559.051 euros en comptes bancaris i depòsits i assegurances, que se sumen als fons de 157.347 euros a nom de la seua empresa.

L’UCO sospita que Corbín hauria cobrat una comissió d’1,7 milions d’euros de l’empresa Acciona pel contracte de sanejament de l’Ajuntament de València i una altra de 2,2 milions de l’UTE adjudicatària de l’execució i la gestió de la planta d’escombraries Los Hornillos de Quart de Poblet. D’altra banda, un informe d’Hisenda va concloure que el lletrat va arribar a ingressar 1,2 milions en efectiu i xecs.

La interlocutòria també detalla els béns decomissats al seu soci, Diego Elum: dos residencials (a Godella i en El Tossalet de Xàbia), la seu del seu despatx i un magatzem, a més de fons per un import de 30.631 euros.

L’UCO, al volant del BMW X4 d’Alfonso Grau

D’altra banda, també figura com a investigat Alfonso Grau, vicealcalde de València en l’etapa de Rita Barberá, i dues de les seues filles. La família suma decomisos per un import total de 454.811 euros, a més de tres habitatges, un entresol, dos garatges, un traster i un local. El BMW X4 d’Alfonso Grau l’usa provisionalment l’UCO, segons va acordar la magistrada titular del jutjat el 2021. La jutgessa sospita que Grau va cobrar, entre altres imports, una comissió d’un milió d’euros a través de Panamà i Suïssa.

L’advocat José Luis Vera, històricament vinculat al PSPV-PSOE, també està imputat en el cas Azud, amb fons decomissats per 41.939 euros i dos habitatges (un dels quals, unifamiliar, construït en una finca rústica en el terme de Dosaigües), dos garatges i un traster. La jutgessa va autoritzar a Vera disposar del Land Rover decomissat.

Rafael Rubio, exregidor socialista en l’Ajuntament de València i ex-subdelegat del Govern, també figura en la llista amb fons per un import de 291.556 euros, que se sumen als 97.741 euros decomissats a la seua dona. El seu Mercedes Benz també el fan servir els agents de la Guàrdia Civil, igual que un Ford Kuga de la seua dona.

L’UCO, segons un informe acabat d’incorporar a la causa, sosté que l’expolític socialista hauria obtingut presumptes comissions il·lícites entre 300.000 i 750.000 euros de l’empresari Jaime Febrer, investigat en el procediment.

Febrer, a més d’un habitatge, té decomissats fons per 86.618 euros. També dos vehicles Porsche (un 911 Targa 4 i un altre model Macan). L’ús d’un dels dos esportius es va autoritzar a la seua dona.

Els 2,4 milions de l’empresària Mónica Montoro

No obstant això, l’empresària a qui més diners es va decomissar va ser Mónica Montoro: 2,4 milions d’euros. A una empresa vinculada a la família Montoro també es va decomissar la seua seu, situada en ple centre de València, en la plaça de l’Ajuntament.

Al també empresari Federico Ferrando es va decomissar un habitatge i sis finques (tres rústiques i tres d’urbanes) a nom d’una empresa i fons per 190.470 euros. A més d’una parcel·la a Sagunt a nom d’una altra mercantil (actualment extingida) de què va ser president.

A Rosa Verdú, exalcaldessa popular de Xixona (l’Alacantí), es van decomissar dues finques i un habitatge, a més d’un compte amb un import de zero euros i un altre amb saldo deutor.

El Suzuki “inservible i al carrer” d’un exedil del PP

A Francisco Doménech Asensi, exregidor del PP a Xixona, es van decomissar una desena de finques i un habitatge en la localitat alacantina, a més d’un Suzuki. No obstant això, el vehicle està a la disposició del seu titular, perquè figura actualment com a “inservible i al carrer”, segons indica la interlocutòria. Això sí, a la promotora immobiliària a què està vinculat es van decomissar cinc habitatges i un local.

La resolució també detalla els béns i els fons intervinguts al constructor Francisco Antonio Gigante Madrigal i als seus dos fills: David i Francisco José. L’UCO sospita que els Gigante van participar en una “estructura de generació de fons en efectiu”, a manera de pantalla, per a ocultar el pagament de despeses electorals per a les campanyes del 2007 del PP i del PSPV-PSOE.

Als tres se’ls van decomissar fons per un import total de 14.011 euros i un habitatge a Tomelloso (Ciudad Real). L’empresa Gigante Edificaciones y Obras SL tenia dos comptes bancaris amb sengles imports de zero euros.

A l’assessor fiscal Joaquín Pastor Rico, pretesament vinculat a l’“estructura de generació de fons en efectiu” amb els Gigante com a pantalla, se li van intervindre fons per 92.991,87 euros. A l’empresa de què és administrador únic, es va decomissar un conjunt residencial a Alacant, una casa al Campello i dos garatges.

En la llista també figuren béns intervinguts a diverses immobiliàries i constructores: Cleop (un baix comercial a València), Ocide (la seua seu en un entresol) i Saprico (un bé industrial a Quart de Poblet).

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a petición del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia que investiga el caso Azud, ha realizado un informe sobre una tarjeta de El Corte Inglés a nombre del cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y donde estaba autorizada María Asunción Barberá, hermana de la política del PP fallecida. Además de un importante tren de vida, la guardia civil revela que el matrimonio gastó entre 2005 y 2015 más de 250.000 euros en los grandes almacenes, a una media de 22.000 euros anuales. La UCO destaca que la cuenta corriente vinculada a esa tarjeta recibió solo entre 2005 y 2008 ingresos en efectivo por valor de casi 170.000 euros, “fondos de aparente naturaleza ilícita”, señalan.

La pista sobre esta tarjeta la dio la Agencia Tributaria tras un informe sobre el despacho de José María Corbín entre 2012 y 2015. Solo en ese periplo, la tarjeta de El Corte Inglés se utilizó para gastar 101.700 euros. Fue en ese momento cuando el juzgado encargó a la guardia civil que averiguara todo el historial de gastos desde 2005. Así, en los 11 años investigados, la UCO ha podido rastrear el dispendio de más de 250.000 euros asociados a una cuenta que habría recibido fondos ilícitos, según los agentes. Y no solo de dinero en efectivo, sino también de pagos por servicios prestados a empresas vinculadas al sector urbanístico de la ciudad de Valencia, donde el cuñado de la exalcaldesa de Valencia habría cobrado presuntamente mordidas, según la investigación del juzgado.

La UCO preguntó por los gastos realizados a los grandes almacenes, que han contestado de manera detallada. Así, y según en informe de la Guardia Civil, el matrimonio Corbín Barberá usó la tarjeta el Corte Inglés no solo para comprar trajes de más de mil euros o bolsos de 700, sino todo tipo de electrodomésticos o comida para el día a día. El llamativo tren de vida de gastar 22.0000 euros al año en los grandes almacenes coincide con los peores años de la crisis de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y no se disipó hasta 2015.

Entre la información entregada por los grandes almacenes aparecen las firmas asociadas a las compras, una manera de vincular la tarjeta a quién fue la persona física que realizó los gastos. “Entre 2009 y 2015, se habrían emitido un total de 1.305 documentos de venta, cuyo importa conjunto asciende a 190.589 euros. Mayoritariamente, estos gastos habrían sido llevados a cabo por parte de María Asunción Barberá Nolla, la cual figura como firmante de 1.062 de los 1.305 documentos, que supondrían una cuantía total de 143.960,61 euros”, concluye el informe de la guardia civil que ya ha sido aportado a la causa.

El juez del 'caso Azud' ha rechazado archivar a Esmeralda Orero, alta funcionaria municipal de Valencia, la investigación de la rama de la causa relativa a la permuta para supuestamente entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio mantenía con varias congregaciones religiosas. La defensa de la funcionaria, actualmente jefa de servicio de Responsabilidad Patrimonial, pidió el sobreseimiento libre de la causa al no haber, a su juicio, ningún “hecho imputable penalmente” a Orero y constar “acreditado documentalmente la nula participación en los hechos”, tal como informó este diario. Tras el levantamiento parcial del secreto de las comisiones rogatorias, solicitadas a Estados Unidos, Suiza y Panamá, la defensa de Orero considera que los hechos no afectan a la veterana funcionaria, apodada la “Araña Negra”. Sin embrago, el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, sostiene que en la fase actual de la instrucción “no puede acomodarse” la petición de sobreseimiento de Orero.

Anticorrupción recuerda, en un escrito adelantado por Las Provincias y al que también ha tenido acceso este diario, que la instrucción del 'caso Azud' se prorrogó recientemente, por lo que “se siguen practicando diligencias” y, además, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “tampoco están agotados”.

El fiscal considera que la instrucción “sigue vigente” para todos los investigados en la causa. El levantamiento parcial del secreto de las comisiones rogatorias “nada tiene que ver con la finalización de la instrucción ni con la práctica de las diligencias pendientes”, agrega el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

El sustituto del Juzgado de Instrucción número 13 de València, en un auto del pasado 13 de enero, avala la postura del Ministerio Público “por las mismas razones” expuestas por el fiscal. El instructor comparte el criterio de Anticorrupción y recuerda que la Audiencia Provincial de València resolvió el pasado 11 de septiembre que continuaran las pesquisas.

El juez acordó recientemente una nueva prórroga de la instrucción, aún pendiente de las declaraciones de los investigados y de diversos informes policiales, que “bien podrían arrojar nuevos indicios de criminalidad” contra la alta funcionaria del Ayuntamiento de València “u otras personas con ella relacionadas”. “O quizá no”, apostilla el juez.

El instructor considera “precipitada” la petición de sobreseimiento de Esmeralda Orero, que debería ser “examinada” en todo caso “una vez que todo el acervo probatorio haya sido recopilado y se pueda resolver sobre el fondo en atención a los indicios de criminalidad que en aquel momento procesal final existan”.

Dos testigos que declararon en la causa señalaron que la funcionaria era una persona de la máxima confianza de la alcaldesa Rita Barberá. La UCO de la Guardia Civil sospecha, por su parte, que la investigada podría haber entregado documentación municipal al empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados del 'caso Azud', en relación con la supuesta 'operación colegios', una de las múltiples ramas de la compleja causa. 

Por el contrario, la funcionaria alegó que no tuvo participación alguna en los hechos ni recibió regalos o dinero de la presunta trama y lamentó haber sufrido “escarnio público” y un “juicio mediático paralelo”.

La Agencia Tributaria, en funciones de auxilio judicial al Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado de la investigación del 'caso Azud', ha detectado que el cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín, defraudó 631.287 euros y su vicealcalde, Alfonso Grau, 187.664 euros. Se trata de dos de los principales investigados en la causa, que investiga la presunta corrupción en el urbanismo de la etapa de la fallecida alcaldesa del PP al frente del Ayuntamiento de València. El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que Corbín habría cometido tres delitos contra la Hacienda Pública en la “defraudación” del IRPF de 2005, 2007 y 2008. Por otro lado, a Grau le adjudica un posible delito relativo al IRPF no declarado en 2008.

El inspector de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se basa en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los fondos presuntamente ilícitos que manejaba el entonces 'número dos' de Rita Barberá: ingresos en efectivo de 17.820 euros en cuentas bancarias, de los que no existe justificación sobre su origen; pagos en efectivo de una cantidad parecida (17.372 euros) a una empresa por la cesión de uso de una plaza de estacionamiento; “fondos ocultos” y de “procedencia desconocida” por 315.230 euros en la operación de la compra de su céntrica vivienda en València, y de 108.182 euros por la adquisición de un bajo en la avenida de Fernando el Católico.

En total, en el ejercicio 2004, el patrimonio de Alfonso Grau sin justificar se disparó hasta los 458.605,79 euros. Así, Hacienda concluye que las rentas no declaradas por Grau tendrían la consideración de “incrementos no justificados de patrimonio”.

El importe total de ganancias patrimoniales no justificadas asciende, según calcula el inspector de Hacienda, a un total de 198.554,89 euros. Grau, recuerda el informe, firmado el pasado 18 de noviembre, adquirió unos inmuebles por un precio, “del cual solo satisface una parte con fondos declarados”.

Corbín disparó sus “rentas ocultas” hasta 1,1 millones

Por otro lado, Hacienda también analiza los ingresos de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá investigado en la causa por el presunto cobro de mordidas de empresas contratistas del Ayuntamiento de València.

En 2005, Corbín obtuvo unas “rentas ocultas” por un total de 825.168 euros, entre pagos por servicios jurídicos a empresas contratistas que, a ojos de Hacienda, no eran reales, ingresos en efectivo en cuentas bancarias y compras, también en metálico, de papeletas de lotería. Al año siguiente, la aplicación de la tarifa del impuesto no supondría cuotas descubiertas superiores a 120.000 euros, por lo que la pericial descarta el posible delito específicamente en ese ejercicio.

En 2007, el informe detecta rentas de las que Corbín no declaró el IRPF por un valor de 1,1 millones de euros. Al año siguiente, sus rentas no declaradas fueron de 814.906,44 euros.

Rita Barberá que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pasado fin de semana, la alcaldesa de Valencia rindió otro homenaje a la mujer que dirigió los destinos de la ciudad durante 24 años. “Hoy hace ocho años que Rita Barberá nos dejaba. La quiero recordar con una frase suya que me ha inspirado siempre: 'Valencia es mi pasión y ser alcaldesa es mi amor'”, escribió María José Català. Es posible que Català también la recuerde por otras razones, porque ella la ajustició en una votación en la que se le exigía que dimitiera de su escaño en el Senado.

La corrupción es un arma que mata por acumulación. Durante años, el PP había desdeñado las acusaciones en todas las más variadas formas delictivas que existieron en esa comunidad. Para entendernos, la cosa fue tan loca que hubo un tiempo en que ser el concejal de Urbanismo del PP en la Comunidad Valenciana suponía presunción de culpabilidad. Los sumarios judiciales fueron cayendo en oleada. Aunque no todos concluyeron en una sentencia condenatoria, los más graves terminaron convenciendo al PP de Rajoy de que debía librarse del peso muerto que suponía Barberá. Català y el resto del grupo parlamentario del PP votaron a favor de pedir su dimisión en el Senado, donde se había refugiado para conseguir el aforamiento. El partido la abandonó y ella lo encajó muy mal.

La defunción política había comenzado antes. En las elecciones locales de 2015, su candidatura perdió la mitad de los votos que había recibido cuatro años antes. Barberá falleció sola y amargada en 2016 y el PP pasó ocho años en la oposición. Hubo que esperar a 2024 para contar con la sentencia del caso Taula que acreditaba la financiación ilegal de las campañas municipales del PP de Barberá. Ahora Català busca blanquear la figura de la exalcaldesa, una salida que tiene su coherencia teniendo en cuenta la extensión del blanqueo de dinero en esos años.

En el PSOE, están aún en la fase de ruptura de relaciones con José Luis Ábalos, al que le exigieron sin conseguirlo que renunciara a su escaño en el Congreso. La intención es similar a la del PP con Barberá años atrás: hacer todo lo posible para que la caída del exministro no manche al partido hasta niveles irreparables.

Hay que decir que las posibilidades de éxito no son muy altas. Cualquier indicio que cuestione a Ábalos impactará en la credibilidad del PSOE. Ya no valdrá preguntarse cómo pudo Ábalos elegir a alguien como Koldo García en el Ministerio, sino cómo pudo Pedro Sánchez elegir a alguien como Ábalos para su Gobierno o para mantenerlo en las listas electorales en 2023.

La declaración de Víctor de Aldama la semana pasada ha permitido al PP anunciar que lo mejor está por venir en el caso Koldo y prever el fin inmediato del Gobierno, pero también ha posibilitado al PSOE ignorar lo que ese testimonio dice sobre Ábalos. La descripción fantasmagórica de la preparación de una supuesta cena de casi la mitad de los ministros socialistas con la venezolana Delcy Rodríguez les permite tachar toda su declaración de sarta de mentiras. Lo mismo en relación a la denuncia de que un ministro y el número tres del PSOE aceptaron corromperse por unos miles de euros, según el testimonio de Aldama. Sobre Ábalos, no tienen mucho más que decir que hay que dejar trabajar a la justicia y que su nombre les suena, pero que ya no tiene nada que ver con ellos.

La responsabilidad política ante los casos de corrupción es uno de esos conceptos difusos ante los que se reacciona con firmeza y claridad cuando afecta al adversario y con una extraña distancia si ocurre en tus propias filas. Los otros siempre tienen que dimitir, faltaría más. Con los tuyos, al final se dice que ese tema ya se cerró hace tiempo.

¿Alguien debe asumir una responsabilidad específica por la presencia anterior de Ábalos en el Gobierno? Ahora, cuando el tema está más caliente, se dirá que ni siquiera ha sido procesado o imputado, pero esto último es solo porque está aforado y el Tribunal Supremo querrá el caso bien cocinado antes de permitir que se lo sirvan en un plato.

Hasta entonces, a los socialistas solo les queda la opción de seguir sudando mientras esperan. Este fin de semana, celebran el congreso del partido con lo que podían escapar de la realidad durante unos momentos, abrazarse y desearse lo mejor. Hasta que llegó Juan Lobato, el pariente que siempre pone nerviosos a todos en las cenas familiares.

El líder del PSOE madrileño se vio expuesto por una información de ABC que revelaba que había registrado ante notario los mensajes de una conversación con la jefa de gabinete del ministro Óscar López sobre la supuesta filtración del correo que envió el novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía reconociendo sus delitos. ¿Un notario? ¿Guardando pruebas por si necesita usarlas contra compañeros de partido o porque es una persona olvidadiza? Este martes, dijo como ejemplo que era por si perdía el móvil, lo que es una respuesta involuntariamente cómica. Como sacada de uno de los personajes frikis de una serie tipo 'La que se avecina'.

La conversación se produjo en marzo, pero no fue hasta noviembre cuando Lobato decidió hacer una visita al notario. Este mes es cuando se han extendido los comentarios sobre el interés del PSOE de buscar otro candidato para las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid y ha circulado el nombre del ministro Óscar López. ¿Estaba Lobato maniobrando para contar con una baza que le permitiera neutralizar a Ferraz? Si fue así, la bomba que estaba preparando le ha estallado en la cara, eso sin contar el estado de shock en que ha quedado su partido.

La duda es si esos mensajes confirman que el email del abogado de González Amador estaba en poder del PSOE antes de que llegara a los medios de comunicación. Lobato dio unas explicaciones el martes –no muchas, menos de tres minutos y sin aceptar preguntas de periodistas– que solo sirvieron para dejarlo todo más confuso.

A él le dijeron que ese email ya había aparecido en medios de comunicación, por lo que podía usarlo en el pleno de la Asamblea. Y aquí viene lo que Lobato considera una aclaración: “Ahora, vista la reacción de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto desde luego no lo contemplo, no contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave”.

Es como gritar en medio de la calle ante las cámaras: ¡Oiga, es posible que me hayan engañado y que todos sean culpables del delito de revelación de secretos menos yo, pero no creo que haya sido así, porque sería gravísimo! Y luego enviar la cita de la grabación a la sede más cercana del PP para que la disfruten.

La gracia de todo esto es que los dirigentes socialistas prefirieron no hablar mucho en público sobre la extraña relación de Lobato con su notario. En privado, la discreción no ha sido tal. Por eso, Lobato comenzó su intervención ante los periodistas con una frase tremebunda: “Os he convocado ciertamente porque estoy preocupado por la reacción, barra, linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido que sinceramente no entiendo”. Como forma de declarar la guerra a Moncloa, no está mal. Sobre su forma de hablar (“reacción, barra, linchamiento”), no se puede hacer nada.

El viernes, cuando comienza el congreso socialista, es también el día en que Lobato tendrá que declarar ante un juez del Supremo y llevar consigo las copias de los mensajes que entregó al notario. Algunos van a aguantar la respiración hasta saber qué sale de todo eso. Asumir el error que supuso tener a Ábalos en el Gobierno, cosa que hasta ahora Sánchez no ha hecho, ya es una tarea bastante complicada. Eso sin contar con que Lobato aparezca de improviso y empiece a dar saltos en el escenario con unas cerillas y varios cartuchos de dinamita en la mano.

Una de las primeras decisiones que tomó y firmó el nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, fue la de destituir de la entidad al jefe de Investigación, Gustavo Segura, y a la directora adjunta y responsable jurídica, Teresa Clemente. Beut aludió en la resolución toda una serie de faltas y argumentos contra los despedidos que los mismos han recurrido y que revelan datos más que llamativos del aterrizaje del nuevo gestor. Así, según el recurso de reposición presentado por Segura ante la agencia al que ha tenido acceso elDiario.es, en su primera y única reunión con Beut que no duró más de una hora, el director “se interesó fundamentalmente, por la situación de los informes periciales que desde la DAI (departamento de investigación) se habían emitido, y expresamente preguntó sobre aquellos que podían tener una ”mayor repercusión“, (sic) y se interesó y preguntó por los informes emitidos en el caso Azud, solicitando el detalle de las Administraciones afectadas, el contenido del objeto del informe, las personas funcionarias de la DAI que habían elaborado dichos informes, así como el fiscal que llevaba el caso concreto”.  

El caso Azud investiga la corrupción del entorno de Rita Barberá e importantes empresas contratistas durante su etapa en el Ayuntamiento de València. La causa sigue investigándose en el juzgado y por la Fiscalía Anticorrupción, aunque las pesquisas realizadas ya apuntan a un escándalo mayúsculo de cobro de mordidas por el que fuera número dos de la exalcaldesa Alfonso Grau, y de familiares de la misma. La Agencia Valenciana Antifraude ha realizado hasta cuatro informes periciales solicitados por el juzgado y que podrían ayudar a apuntalar las acusaciones. Y es que la entidad realizó 35 informes para auxilio judicial cuando Joan Llinares era director y Segura jefe de Investigación, algunos de ellos claves en grandes casos de corrupción del PP, como el que elaboró sobre la trama Erial por el amaño del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. En ese sentido, fue el propio Gustavo Segura quien defendió el informe en el juicio del caso que juzgó el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.

El interés por los informes del caso Azud ha generado un importante revuelo en la Agencia y entre los abogados defensores de los acusados y se han convertido en un bien más que preciado. De momento, se desconoce el alcance de los mismos, aunque lo que está claro es que será difícil que Gustavo Segura los pueda defender en una vista oral. ¿Tienen interés las defensas en anular estos informes? ¿A quién más le puede interesar que los informes de la agencia se vacíen de contenido o acabaran retirados? ¿Por qué Beut preguntó expresamente por estos informes del caso Azud cuando hay hasta 26 encargos de auxilio judicial y un total de 35 trabajos?

En ese sentido, y siguiendo con la única conversación que mantuvieron Segura y Beut, el exjefe de Investigación relata que el nuevo director: “también preguntó por los fiscales anticorrupción con los que trabajamos habitualmente y la dinámica de trabajo en las colaboraciones con la UCO, UDEF, OLAF…”. “Facilité las explicaciones pertinentes y se le informó que existía un registro con todos los encargos de informes periciales recibidos, tanto por fiscalía como por órganos judiciales, y que le facilitaría copia con los 26 encargos recibidos y que habían implicado solicitar 35 informes (dado que en un mismo procedimiento se solicitaban distintos informes, como ejemplo en Azud hay 4 informes distintos de administraciones diferentes en el mismo procedimiento) y que ya se habían entregado en dicha fecha 30 informes, el día de mi cese, 2 de septiembre de 2024, se habían entregado 32 informes periciales de los 35 encargados”, añade.

Desde un primer momento, la intención de Beut ha sido la de poner en cuestión la colaboración entre la Agencia Valenciana Antifraude y los órganos judiciales. De hecho, es uno de los argumentos que esgrime para destituir a Segura. En el punto 8 de la carta de despido, Beut relata que Segura realizó “un desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales (Fiscalía) mediante realización de un elevado número de peritaciones, todo ello en detrimento de las funciones de investigación propias de la DAI y la consiguiente acumulación de expedientes”. Toda una declaración de intenciones de las nuevas prioridades. El exjefe de Investigación de la Agencia le replica en su recurso al despido, que la entidad continuó cumpliendo con el trabajo. Mientras se atendían los auxilios judiciales, apunta, “se ha mejorado la gestión de los expedientes propios de investigación en un 100% del 2020 al 2023”.

Además, defiende Segura, la acción de la Agencia, y en concreto de la Dirección de Análisis e Investigación, ha posibilitado recuperar recursos económicos a las administraciones o entidades públicas afectadas, en cuantía superior a 34 millones de euros, “lo que supondría, teniendo en cuenta el coste de la Agencia durante este período, una ratio de retorno 201,12 %, sin perjuicio de los intangibles que supone contar en nuestro territorio con un órgano de control externo de estas características lo que sin duda es un factor o ha sido hasta el momento muy relevante para intentar combatir la corrupción en nuestra Comunidad”. 

El exdirector de Investigación considera que “todos y cada uno de los motivos de cese invocados son inciertos, por no decir radicalmente falsos”. “Lo que sí es cierto es que el nuevo Director confunde la idoneidad o capacidad profesional (o su pérdida) con la confianza política (o su pérdida). Lo que puede explicarse dada su trayectoria previa, pero no es esto lo que dice la jurisprudencia al respecto. Estamos hablando además de una entidad que lucha contra el fraude y la corrupción y de sistemas de provisión de funcionarios públicos, donde no se puede nombrar y cesar a la gente o a los 'afines' con independencia de los principios de mérito y capacidad, y conforme a la idoneidad profesional real”, denuncia. Y remata su recurso con un aviso a navegantes: “Pero quizás lo peor es ser plenamente consciente de que con este cese y otros, así como con otras decisiones adoptadas por el nuevo Director de la AVAF, sencillamente lo que se pretende es privarla por motivos puramente de designación política de la capacidad que había desarrollado -no sin trabajo y sin coste- de su capacidad de luchar contra el fraude y la corrupción”.

La Agencia Valenciana Antifraude, que ha sido premiada por la Comisión Europea y ha ayudado a consolidar otras entidades similares, está ahora en entredicho.

Una de les primeres decisions que va prendre i signar el nou director de l'Agència Valenciana Antifrau, Eduardo Beut, va ser la de destituir de l'entitat el cap d'Investigació, Gustavo Segura, i la directora adjunta i responsable jurídica, Teresa Clemente. Beut va al·ludir a la resolució tota una sèrie de faltes i arguments contra els acomiadats que aquests han recorregut i que revelen dades més que cridaneres de l'aterratge del nou gestor. Així, segons el recurs de reposició presentat per Segura davant l'agència a què ha tingut accés elDiario.es, a la seva primera i única reunió amb Beut que no va durar més d'una hora, el director “es va interessar fonamentalment, per la situació dels informes pericials que des de la DAI (departament d'investigació) s'havien emès, i expressament va preguntar sobre aquells que podien tenir una ”més gran repercussió“, (sic) i es va interessar i va preguntar pels informes emesos en el cas Azud, sol·licitant el detall de les administracions afectades, el contingut de l'objecte de linforme, les persones funcionàries de la DAI que havien elaborat aquests informes, així com el fiscal que portava el cas concret”.

El cas Assut investiga la corrupció de l'entorn de Rita Barberá i importants empreses contractistes durant la seua etapa a l'Ajuntament de València. La causa segueix investigant-se al jutjat i per la Fiscalia Anticorrupció, encara que les indagacions ja apunten a un escàndol majúscul de cobrament de mossegades pel qual fos número dos de l'exalcaldessa Alfonso Grau, i de familiars de la mateixa. L'Agència Valenciana Antifrau ha fet fins a quatre informes pericials sol·licitats pel jutjat i que podrien ajudar a apuntalar les acusacions. I és que l'entitat va fer 35 informes per a auxili judicial quan Joan Llinares era director i Segura cap d'Investigació, alguns claus en grans casos de corrupció del PP, com el que va elaborar sobre la trama Erial sobre el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, va ser Gustavo Segura mateix qui va defensar l'informe en el judici del cas que va jutjar l'expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana.

L'interès pels informes del cas Assut ha generat un important enrenou a l'Agència i entre els advocats defensors dels acusats i s'han convertit en un bé més que preuat. De moment, se'n desconeix l'abast, encara que el que és clar és que serà difícil que Gustavo Segura els pugui defensar en una vista oral. Les defenses tenen interès a anul·lar aquests informes? A qui li pot interessar més que els informes de l'agència es buidin de contingut o acabessin retirats? Per què Beut va preguntar expressament per aquests informes del cas Azud quan hi ha fins a 26 encàrrecs d'auxili judicial i un total de 35 feines?

En aquest sentit, i seguint amb l'única conversa que van mantenir Segura i Beut, l'excap d'Investigació relata que el nou director: “també va preguntar pels fiscals anticorrupció amb què treballem habitualment i la dinàmica de treball en les col·laboracions amb la UCO, UDEF, OLAF…”. “Vaig facilitar les explicacions pertinents i se li va informar que existia un registre amb tots els encàrrecs d'informes pericials rebuts, tant per fiscalia com per òrgans judicials, i que li facilitaria còpia amb els 26 encàrrecs rebuts i que havien implicat sol·licitar 35 informes (atès que en un mateix procediment se sol·licitaven diferents informes, com a exemple a Assut hi ha 4 informes diferents d'administracions diferents en el mateix procediment) i que ja s'havien lliurat en aquesta data 30 informes, el dia del meu cessament, 2 de setembre de 2024, es havien entregat 32 informes pericials dels 35 encarregats”, afegeix.

Des d'un primer moment, la intenció de Beut ha estat la de posar en qüestió la col·laboració entre l'Agència Valenciana Antifrau i els òrgans judicials. De fet, és un dels arguments que esgrimeix per destituir Segura. Al punt 8 de la carta d'acomiadament, Beut relata que Segura va fer “un desviament inusual de la càrrega de treball cap a la col·laboració amb els òrgans judicials (Fiscalia) mitjançant realització d'un elevat nombre de peritatges, tot això en detriment de les funcions d'investigació pròpies de la DAI i la consegüent acumulació d'expedients”. Tota una declaració d'intencions de les noves prioritats. Atenien els auxilis judicials, apunta, “s'ha millorat la gestió dels expedients propis d'investigació en un 100% del 2020 al 2023”.

El departament d'Anàlisi i Investigació, ha possibilitat recuperar recursos econòmics a les administracions o entitats públiques afectades, en quantia superior a 34 milions d'euros, “cosa que suposaria, tenint en compte el cost de l'Agència durant aquest període, una ràtio de tornada 201,12 %, sens perjudici dels intangibles que suposa comptar al nostre territori amb un òrgan de control extern d'aquestes característiques el que sens dubte és un factor o ha estat fins ara molt rellevant per intentar combatre la corrupció a la nostra Comunitat”.

L'exdirector d'Investigació considera que “tots i cadascun dels motius de cessament invocats són incerts, per no dir radicalment falsos”. “El que sí que és cert és que el nou Director confon la idoneïtat o capacitat professional (o la seva pèrdua) amb la confiança política (o la seva pèrdua). El que es pot explicar atesa la seva trajectòria prèvia, però no és això el que diu la jurisprudència al respecte, estem parlant a més d'una entitat que lluita contra el frau i la corrupció i de sistemes de provisió de funcionaris públics, on no es pot anomenar i cessar la gent o els afins amb independència dels principis de mèrit i capacitat , i conforme a la idoneïtat professional real”, denuncia. I remata el seu recurs amb un avís a navegants: “Però potser el pitjor és ser plenament conscient que amb aquest cessament i d'altres, així com amb altres decisions adoptades pel nou Director de l'AVAF, senzillament el que es pretén és privar-la per motius purament de designació política de la capacitat que havia desenvolupat -no sense feina i sense cost- de la seva capacitat de lluitar contra el frau i la corrupció”.

L'Agència Valenciana Antifrau, que ha estat premiada per la Comissió Europea i ha ajudat a consolidar altres entitats similars, està ara en dubte.

El ex vicealcalde de València y considerado mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, participó en al menos ocho tramas de corrupción urbanísticas a favor del empresario Jaime María Febrer y de empresas de su grupo (Axis) desde el año 2003 al año 2013.

En uno de los autos en los que la Justicia española reclama información bancaria a las autoridades de Inglaterra, la instructora del caso Azud realiza una radiografía de la operativa corrupta que supuestamente siguió durante lustros Alfoso Grau para lucrarse a cambio de favorecer a empresarios de la construcción.

Grau, de 83 años, ha sido condenado recientemente por la Audiencia de Valencia a cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales públicos y al pago de una multa de 5 millones de euros por un delito continuado de cohecho en otra causa, la del caso Imelsa, y en octubre de 2023 recibió condena firme por cohecho en otro caso aparte, concretamente por aceptar regalos por parte de un contratista municipal.

En el caso Azud, que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de València, se ha investigado la supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción, que afectan tanto a dirigentes del PP como del PSPV-PSOE, y entre las diferentes líneas de investigación se encuentra la relativa a la supuesta mediación de Grau para lograr beneficios urbanísticos para los promotores investigados.

El que fue vicealcalde de València entre 2002 y 2015 y presidente de la entidad pública para iniciativas urbanísticas Aumsa “fue sobornado por varios empresarios, que concursaban y licitaban para la obtención de adjudicación de obra y servicios públicos”.

“Uno de los principales empresarios que procedió al soborno de Grau con entrega de grandes cantidades de dinero en metálico como comisiones fue Jaime María Febrer. La investigación ha podido constatar la participación del investigado -Alfonso Grau- en al menos ocho tramas a favor del empresario”, detalla la jueza en uno de los escritos que constan en el sumario, al que ha tenido acceso EFE.

En la investigación se destaca que el empresario “cohechador” (sic) Febrer “no sólo realizaba los sobornos a Alfonso Grau, sino que dichos sobornos alcanzaban a otros funcionarios públicos o intermediarios en el amaño de las contrataciones públicas”.

A juicio de la instructora, Grau “faltó a su deber de lealtad como funcionario público” y “amañó varios concursos logrando que la adjudicación de terrenos públicos o derechos sobre terrenos públicos recayera en alguna de la empresas propiedad de Jaime María Febrer, perjudicando los intereses del Ayuntamiento de València”.

Este promotor utilizó sociedades 'offshore' para abonar las mordidas a Grau, concretamente una radicada en Panamá, “de tal forma que se dificultase averiguar el origen del pago”.

Ayuda familiar para ocultar y blanquear el dinero

La segunda actividad delictiva que se imputa a Grau en esta macrocausa de corrupción urbanística es el blanqueo de capitales, un delito en el que colaboraron, según la jueza instructora, sus dos hijas María Ángeles y Sofía y sus dos yernos, Kent Baker y Eugenio Cámara, respectivamente.

“Grau hizo participar en la tarea de ocultación del dinero a sus hijas y a sus maridos. En España, la actividad de lavado de capitales Grau la centró en la introducción en sus cuentas, de pequeñas cantidades de dinero, de tal forma que entre 2002 y 2014 realizó imposiciones en efectivo en sus cuentas y las de sus hijas por 412.725 euros, siempre en cantidades inferiores a 3.000 euros, es decir, que no estaban sujetas a control financiero o administrativo”, detalla la jueza en el referido auto.

En este mismo periodo, el ex vicealcalde de València alquiló tres cajas de seguridad en el BBVA y Bancaja, en las que autorizó a sus hijas.

De forma similar, su hija María Ángeles realizó sucesivos ingresos de menos de 3.000 euros en una cuenta en España del Citibank en la que estaba autorizado su marido, Kent Baker. Y en referencia a este proceso la instructora advierte que “ni ella ni su marido -residentes en Wisconsin (EEUU)- desarrollaban actividad empresarial, industrial o comercial alguna en España que les permitiese disponer de ese dinero.

Los fondos obtenidos en esa cuenta española fueron transferidos a otra radicada en Estados Unidos.

Respecto al pago de los sobornos que recibió la familia Grau, la investigación a constatado que buena parte salieron de la sociedad Panameña Edimboro, que gestionaba fondos depositados en Suiza.

Sociedades pantalla

Esta sociedad es considerada por la instructora un “instrumento del delito”, por “carecer de actividad comercial alguna” y haberse dedicado exclusivamente al pago de “los sobornos por el amaño de contrataciones públicas”.

“Teniendo Alfonso Grau una cuenta abierta en JP Morgan (EEUU), no emplea la consignada a su nombre para recibir los sobornos, sino la de su hija y yerno, velando el destinatario real del pago del soborno, como también es ocultado el nombre del sobornador, que emplea para ello una sociedad panameña y dinero radicado en una cuenta en Suiza”, subraya la magistrada.

En esta parte del relato, la jueza considera “especialmente relevante la actividad que se realiza en la ciudad de València durante los años 2006 a 2009 como consecuencia de los eventos de la Fórmula 1 y de la Copa América”. 

El Ayuntamiento de València gobernado por el PP y Vox, de la mano de la alcaldesa María José Catalá, ha nombrado recientemente jefa de servicio de Responsabilidad Patrimonial por el sistema de libre designación a Esmeralda Orero, una de las altas funcionarias de más confianza de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá que además consta como investigada en el 'caso Azud', en el que está previsto que se levante el secreto de sumario el próximo 25 de septiembre.

Según la documentación recabada por elDiario.es, Orero se presentó al proceso junto a otra candidata que fue descartada. Su trayectoria en el Consistorio es muy dilatada. Es funcionaria de carrera en plaza de Técnica de Administración General del Ayuntamiento de València desde el 24 de octubre de 1983 y tiene el título de Doctora en Derecho.

Durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa fue jefa de servicio de Patrimonio (1991-2007), de Coordinación Jurídica con las Delegaciones (2007-2011), directora general de Coordinación Jurídica, Ordenanzas, Licencias e Inspección (2011-2014) y de Actividades (2014-2015). Posteriormente estuvo como jefa de la Oficina de Responsabilidad Patrimonial.

Orero es una de las funcionarias del Ayuntamiento de València investigadas en el 'caso Azud'. Precisamente, el pasado mes de febrero negó a través de un escrito de su defensa que recibiera comisiones de la supuesta trama. Orero, apodada La araña negra y, según dos testigos, funcionaria de confianza de Rita Barberá, declaró ante la jueza instructora el pasado 12 de enero.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha, por su parte, que la investigada podría haber entregado documentación municipal al empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados del 'caso Azud', en relación a la supuesta 'operación colegios', una de las ramas de la compleja causa.

Se trata de la operación en la que el Ayuntamiento de València, durante el mandato de Rita Barberá, aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el Consistorio mantenía con varias congregaciones religiosas.

En el mencionado escrito, la defensa de Orero, que ejerce el letrado Guillermo Llago, pidió a la instructora que dicte el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución) al no haber, a su juicio, ningún “hecho imputable penalmente” a Orero y constar “acreditado documentalmente la nula participación en los hechos”. El abogado lamenta las “nefastas consecuencias en la esfera profesional y personal” para Esmeralda Orero, además del “escarnio público” y del “juicio mediático paralelo” que asegura haber sufrido.

El escrito de la defensa, incorporado al sumario del 'caso Azud', sostiene que la funcionaria “desconocía la denominada operación colegios” y que “nunca recibió ningún tipo de comisión o dinero” por parte de la empresa de Jaime Febrer “ni de nadie”. De hecho, la documentación sobre las parcelas correspondía a otro servicio municipal y no al de Patrimonio, dirigido por Orero entre 1991 y 2007. Además, el escrito recuerda que Febrer “ya las conocía”. Por su parte, el entonces vicealcalde de València y también investigado, Alfonso Grau, “conocía perfectamente” los expedientes.

La funcionaria también matiza la recepción de regalos navideños por parte de la presunta trama. “Jamás ha recibido cantidades de dinero ni regalos, salvo en Navidad”, indica el escrito. Orero “los consideró como actos de cortesía” pero “en ningún caso se le pasó por la cabeza que quienes obsequiaban pudieran pensar que de este modo comprometerían la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, favorecerían sus intereses particulares, ni desde luego, influirían en el ejercicio de su función pública”.

En un auto inicial, la instructora del 'caso Azud', la magistrada Pepa Tarodo, caracterizó los hechos como una presunta “trama creada en el Ayuntamiento de València en la que autoridades, funcionarios, personal laboral, asesores y técnicos” habrían obtenido “grandes beneficios para su peculio mediante el pago de cantidades de dinero y regalos que efectuaban los grupos empresariales para obtener la adjudicación de obra pública”.

La jueza contextualizaba la presunta trama en el “boom inmobiliario”, al estar la ciudad en “pleno desarrollo urbanístico”, con una “gran cantidad de obra pública que adjudicar a empresas constructoras o inmobiliarias”.

Compromís pide explicaciones

El concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha presentado una pregunta al pleno pidiendo explicaciones por el nombramiento de Orero teniendo en cuenta su situación procesal. Puchades expone que “con fecha 13 de septiembre de 2024, la Junta de Gobierno Local ha procedido al nombramiento por el régimen de libre designación a Esmeralda Orero como jefa de servicio de responsabilidad patrimonial” y añade que “la referida funcionaria consta como persona investigada en las actuaciones judiciales conocidas como 'caso Azud' en el que se encuentran igualmente investigadas anteriores responsables políticos del Ayuntamiento de València por los delitos de soborno, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y asociación ilícita”. Por todo ello, pregunta: “Cuáles son las razones por las que ha estimado adecuado nombrar por libre designación a esta funcionaria?”.

El PP y Vox en el Ayuntamiento de València votaron este lunes en contra de la moción presentada por Compromís en la que pedía que se retiraran los honores y distinciones a la exalcaldesa Rita Barberá tras la sentencia firme que el pasado mes de julio condenó al PP local por corrupción en el caso Taula.

En concreto, la sección segunda de la Audiencia Provincial de València condenó a cuatro años y medio de prisión y a nueve de inhabilitación a Alfonso Grau, ex vicealclade de València durante los mandatos de Rita Barberá, por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho en relación a la financiación irregular de las campañas electorales de Rita Barberá en 2007 y 2011. José Salinas, exgerente de la Fundación Turismo Valencia, también fue condenado, mientras María del Carmen García Fuster, ex secretaria del grupo municipal popular, y Juan Eduardo Santón, exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo , fueron absueltos.

Compromís por València anunció la convocatoria de este pleno extraordinario en julio después de hacerse pública la sentencia y pidió a la actual alcaldesa del PP, María José Catalá, que pida perdón por la corrupción de su partido y retire los honores dedicados a Rita Barberá, en alusión a su declaración como alcaldesa vitalicia, así como su nombre del Puente de las Flores. También exigió a Catalá que trabaje para recuperar todo el dinero robado y que se prohíba contratar con las empresas vinculadas a esta trama de corrupción.

“No hay que ser demasiado astuta para ver lo que todos los valencianos vieron en 2015, que la señora X de la corrupción en València era, precisamente, su alcaldesa: la señora Barberà. Que Rita Barberà no solo era consciente de la corrupción, sino que era coordinadora de la corrupción, a través de su mano derecha Alfonso Grau; administradora de la corrupción, a través de su cuñado José María Corbín; y benefactora de la corrupción, en calidad de candidata a la alcaldía de València” dijo la portavoz valencianista, Papi Robles, en su intervención.

“No hay rebaja del IBI que pague la corrupción de dos décadas de gobierno de su partido. Por eso pedimos que devuelvan hasta el último céntimo hurtado en esta ciudad, que pidan perdón, que retiren los honores a la corrupción y que mantengan la imagen que tanto nos costó rehacer”, exigió Robles.

En la misma línea, la concejala socialista Elisa Valía, manifestó que, tras la sentencia judicial, “nadie duda de que Barberá estaba al frente de ese saqueo” y señaló que el PP tiene la oportunidad de “rectificar” y de “no condenar a València a revivir la época más oscura y corrupta de la etapa democrática”.

Sin embargo no fue así por incomparecencia de los partidos del Gobierno municipal, que eludieron intervenir, pasando la moción directamente a una votación rechazada con los votos de los regidores de PP y Vox. “Hoy se debatía sobre si la demostrada corrupción en esta ciudad tiene que ser objeto de glorias o de censura. Sobre si la corrupción se entiende como un horror o como un honor. Sobre si cerramos las puertas de la muralla a la corrupción o si le ponemos un puente de plata, o de flores. Era un asunto capital. Pero, demostrando su talante democrático, PP y Vox de la mano han eludido el debate político”, lamentó Robles al acabar el pleno, que se hizo coincidir con el debate por estado de la ciudad.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Juan Carlos Caballero, reprochó en el turno final de intervenciones a Compromís y al PSPV que su política sea “embarrar la política e intentar mancharla”, y defendió que no retirarán los honores concedidos a Barberá porque la exalcaldesa “jamás ha estado condenada” y el suyo “es legado de todos los valencianos”.

Caballero pidió a los miembros de la oposición “altura de miras” y que “dejen de hacer el ridículo”, al tiempo que insitió en que no van a “entrar en su juego” ni a retirar los honores concedidos a la exalcaldesa popular.

El Comité de Derechos y Garantías del PP en la Comunitat Valenciana se ha reunido en la tarde de este viernes para acordar la pérdida de la condición de afiliado del que fuera vicealcalde de València en los mandatos de Rita Barberá, Alfonso Grau.

La decisión se adopta después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia haya condenado a Grau a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.

El comité de garantías, que preside Eduardo Dolón, se ha reunido esta tarde para decidir la expulsión, confirman a Europa Press fuentes 'populares', que recuerdan que contra esa resolución Alfonso Grau puede recurrir en alzada ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías alegando lo que considere.

Varias empresas contratistas del Ayuntamiento de València, fundamentalmente constructoras e inmobiliarias, hincharon la caja B del PP de Rita Barberá que la formación usó para abonar sus gastos electorales. La sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, detalla los pagos en B a la campaña de Barberá para las elecciones municipales de 2007, mayoritariamente a través de aportaciones de empresas privadas y, en menor medida, con fondos desviados de dos fundaciones municipales. No es la primera vez que afloran los financiadores valencianos del PP. Relevantes empresarios confesaron en el marco del 'caso Gürtel' que habían dado dinero en B a los populares: Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina Coepa), Enrique Gimeno (de Facsa) o los constructores Vicente Cotino y Enrique Ortiz, entre otros.

Para la campaña de las municipales de 2007, en las que la fallecida alcaldesa arrasó, el PP contrató al grupo Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez Tormo, a modo de empresa pantalla. El importe de la campaña “osciló alrededor de los 2.583.731,98 euros”, según la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València relativa a la pieza separada A del 'caso Taula'.

Quienes pagaron los gastos, al menos en parte, fueron constructoras, inmobiliarias o empresas de servicios embarcadas en aquella época en la burbuja inmobiliaria. Las aportaciones se abonaron “bajo la apariencia” de pagos a Laterne por prestaciones que esta empresa “no realizó”, explica la sentencia. 

Los pagos en B no se hicieron, ni mucho menos, por amor al arte. “Los responsables de tales empresas efectuaron dichos pagos para significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal, como entidades dispuestas a apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando el Ayuntamiento de Valencia y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales”, indica la sentencia.

El fallo afirma que los pagos se hicieron “a petición de” Alfonso Grau, el antiguo 'número dos' de Rita Barberá condenado a cuatro años y medio de prisión y a una multa millonaria por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.

La caja B para las municipales de 2007

La caja B del PP de València se nutrió con, al menos, 210.000 euros provenientes de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), financiada básicamente por el consistorio y cuyo exgerente, José Salinas, ha sido condenado como cooperador necesario de un delito continuado de malversación a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación. También se usaron, al menos, 178.150 euros del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), también financiado mayoritariamente por el Ayuntamiento de València.

Sin embargo, la mayoría de los fondos de la caja B del PP de Rita Barberá provenían de empresas dedicadas a la construcción o a la prestación de servicios, muchas de ellas adjudicatarias de la corporación municipal. En una primera fase, cebaron la caja B con 1,6 millones de euros.

– Nou Litoral SL, sociedad de gestión de suelo del expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler (actualmente extinguida), encabezó la lista de generosas aportaciones en B: pagó 360.000 euros entre 2006 y 2007. Esta firma estuvo vinculada a operaciones bancarias que causaron un perjuicio al Banco de Valencia de 198 millones de euros.

– La Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), histórica contratista de servicios del Ayuntamiento de València, abonó 300.000 euros entre 2006 y 2007, un periodo en el que facturaba más de 30 millones de euros al año al consistorio.

– El antiguo grupo Secopsa pagó 225.000 euros entre 2006 y 2007, dos ejercicios en los que facturó entre 20 y 30 millones de euros anuales al Ayuntamiento de València.

– Lubasa, del empresario Luis Batalla, puso 200.000 euros en 2007.

– Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con una facturación al consistorio superior a los 30 millones anuales, aportó 200.000 euros entre 2006 y 2007.

– La UTE RULV, vinculada a Secopsa, Construcciones Nagares SL y a Servicios y Contratas Prieto SA, tras haber facturado nueve millones anuales, aportó 100.000 euros entre 2006 y 2007.

– Pavasal, que facturaba al Ayuntamiento entre ocho y 12 millones anuales, abonó 90.000 euros en 2007.

– El grupo Rover Alcisa pagó 60.000 euros en 2006.

– La inmobiliaria PKL Real Estate, domiciliada en Castelló, inyectó 30.000 euros en 2006.

– Ágora Patrimonial, vinculada al empresario Andrés Ballester, abonó 30.000 euros en 2007.

– Construcciones Luján, entonces presidida por Javier Luján, pagó 20.600 euros en 2007.

Los 789.000 euros para gastos

Sin embargo, tales cantidades no fueron suficientes. Alfonso Grau tuvo que movilizar de nuevo a los empresarios para asumir gastos. Como “medio de financiación” de la misma campaña electoral, varias empresas aportaron nuevos fondos para atender los gastos generados. En total, fueron 789.000 euros suplementarios.

Las mismas sociedades, y alguna nueva, asumieron una participación en Product Management Council SL, del entramado empresarial de Vicente Sáez: SAV, Secopsa, Pavasal y Lubasa pusieron 150.000 euros por cabeza. La promotora inmobiliaria Inmotec colocó 100.000 euros mientras que la constructora Edival asumió 54.800 euros y Ágora Patrimonial, 34.800. “Dichas cantidades”, afirma la sentencia, “fueron destinadas, finalmente, a atender gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de Valencia en 2007”.

Los 318.073 euros recaudados por Alfonso Grau

Además, Alfonso Grau recaudó un total de 318.073 euros para pagar a proveedores por servicios prestados durante la campaña (entre ellos, la firma Orange Market, filial de la trama Gürtel en València). Grau “recaudó 350.000 euros y consiguió que el Grupo Secopsa entregara un cheque de 150.000 euros”, explica la sentencia. La mano derecha de Rita Barberá entregó los fondos a Jesús Gordillo, el asesor del PP que trabajó precisamente en Laterne.

El dinero recaudado procedía de Saprico, Edificaciones Prieto, SAV, Xilxes Golf Resort SL (encargada de un proyecto urbanístico en el que participaba el empresario José Luis Ulibarri) y las inmobiliarias Costa Malvarrosa SL, Prodese y Urbana Ducat SL (que ostentaba una participación minoritaria en la firma municipal Plan Cabanyal-Cnyamelar SA). 

La “mediación” de Grau

De nuevo, abunda la sentencia, los empresarios inyectaron fondos “por mediación” de Grau, “en razón” de la posición que ocupaba en el Ayuntamiento de València y “atendiendo a la capacidad que podía ejercer para tomar decisiones que pudieran beneficiar a tales empresas”.

Rita Barberá definió aquella campaña como “rigurosa, transparente, limpia y sin demagogia ni crítica fácil”. La candidata popular cosechó sus mejores resultados hasta entonces: obtuvo 235.158 votos, que se tradujeron en 21 concejales del PP.