Durante casi dos décadas, Silicon Valley operó bajo la premisa de que la tecnología avanza más rápido que la ley y, por tanto, las reglas del mercado tradicional no podían aplicarse a la economía de plataformas. El mantra de “muévete rápido y rompe cosas” de Mark Zuckerberg se convirtió en la declaración de intenciones no solo para Facebook, sino para toda la naciente industria digital.

Una de las regulaciones que se rompieron, al menos tal y como la prensa las entendía hasta entonces, fueron los derechos de autor. Los medios tradicionales, cuyo negocio dependía del soporte físico, vieron cómo sus informaciones eran replicadas en redes y agregadores a cambio de unos ingresos publicitarios residuales. Su respuesta fue utilizar el copyright para reclamar dinero a esas plataformas. La estrategia fracasó a escala global.

En España, la industria de las cabeceras impresas contó con la complicidad institucional. En 2014, lograron que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyera en la ley de propiedad intelectual una nueva tasa para cobrar cada vez que uno de sus artículos fuera referenciado en las plataformas. Se llamó canon AEDE, por la Asociación de Editores de Diarios Españoles, la patronal que agrupa a los grandes grupos editoriales españoles tradicionales como el grupo Prisa (El País, La SER), Unidad Editorial (El Mundo, Expansión, Marca) o Vocento (ABC, las principales cabeceras regionales).

AEDE esperaba recaudar hasta 80 millones al año con el canon, pero, en la práctica, generó menos de medio millón en los siete años en los que estuvo activo. El motivo fue que Google, que se suponía que iba a ser el principal pagador de la tasa a través de Google News, consideró la legislación obsoleta y retiró el servicio de España. Su desaparición supuso un golpe para todos los medios españoles, también para los nativos digitales que se posicionaron contra el canon, al perder el acceso al principal quiosco virtual del momento.

Esta semana ha habido un nuevo capítulo en esta saga. AEDE, renombrada a AMI (Asociación de Medios de Información), ha conseguido una victoria en los tribunales que tendrá eco en toda Europa. Y no ha sido a través de la propiedad intelectual, sino de otra regulación redactada, esta vez sí, con el mundo digital y la economía de plataformas en mente: la protección de datos.

Un dopaje desleal

Facebook se movió rápido y rompió cosas. Meta, su sucesora, está viendo cómo los reguladores rompen su modelo de negocio. Una fecha clave en ese proceso es diciembre de 2022. Entonces, el Comité Europeo de Protección de Datos estipuló que la extracción de datos personales para segmentar la publicidad que hacía la corporación de Mark Zuckerberg era ilegal según las normas europeas. Y lo había sido desde 2018, cuando entraron en vigor dichas normas.

En enero de 2023, Meta recibió una multa de 390 millones de euros de la agencia de protección de datos irlandesa por este motivo. La multinacional cambió sus términos legales y durante años todo quedó en una de tantas sanciones que reciben los de Zuckerberg de este organismo, criticado por su permisividad con los gigantes tecnológicos a que se establecen en su territorio y codirigido por una exdirectiva de Facebook. Sin embargo, la multa ha terminado abriendo la puerta a un movimiento mucho más trascendental.

Con la resolución del Comité Europeo en la mano, AMI se presentó en un tribunal de lo Mercantil de Madrid. Alegó que si Meta había estado mejorando la personalización de sus anuncios con datos obtenidos de manera ilícita, entonces había tenido una ventaja competitiva injusta con los medios de comunicación que también compiten en el mercado publicitario. Siguiendo sus propias cuentas, pidió una indemnización de 551 millones de euros por el dinero que sus cabeceras habían dejado de ganar por culpa de las prácticas de Meta.

Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española

Sentencia AMI vs Meta

Este jueves, el juez le ha dado la razón. El tribunal ha condenado a Meta por competencia desleal y le ha ordenado pagar a los medios reclamantes 479 millones de euros más otros 60 en intereses. “Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española”, refleja la sentencia.

Esos datos supusieron un dopaje que no tuvieron sus competidores. “La ventaja competitiva consiste en que Meta, a través de sus servicios Instagram y Facebook, cuenta con una gran cantidad de datos de cada uno de sus usuarios activos, incomparablemente superior a la cantidad de datos con la que cuenta la prensa digital. Esto le permite hacer una publicidad personalizada mucho más directa y eficaz que la que puede hacer la prensa digital”, desglosa el juez.

Una cuenta por omisión

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. Meta ha anunciado que lo hará, en sus dos vertientes fundamentales. “No estamos de acuerdo con la sentencia del tribunal y la recurriremos. Se trata de una demanda infundada que carece de pruebas del supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente cómo funciona el sector de la publicidad online”, adelantó en un comunicado enviado a este medio.

La multinacional cita las dos vertientes fundamentales de la resolución. Una es la cuantía de la indemnización, en la que el juez ha asumido plenamente lo exigido por AMI debido a que el gigante de las redes renunció a presentar pruebas de que esos cálculos eran exagerados. “La representación procesal de Meta debía extinguir, impedir o enervar esta pretensión y para ello tenía plena facilidad probatoria, pues tiene muy fácil el acceso a las cuentas de Meta en España en el periodo relevante. Sin embargo, no lo ha hecho”, le afea el juez.

AMI interpreta la negativa de Meta como una asunción de que la cuantía solicitada debería haber sido incluso mayor. No obstante, la opacidad de la multinacional hace que este sea uno de los elementos más susceptibles de ser alterados por las instancias superiores de justicia. Fuentes judiciales consultadas avisan que, incluso aunque la condena se ratifique, pasarán varios años antes de que el dinero llegue a los medios.

Rivales directos

Con todo, es el fondo de la sentencia el que reordena el tablero digital. Al condenar a Meta por competencia desleal, el tribunal asume que medios de comunicación y plataformas digitales compiten por el mismo mercado publicitario. Que son competencia directa, pero que Meta jugaba con las cartas marcadas.

Se trata de algo que los editores de los medios de comunicación llevaban años reclamando, al denunciar que habían quedado a merced de gigantes estadounidenses como la propia Meta o Google como meros proveedores de contenidos. Gigantes que pueden cerrarles la llave del tráfico y, por tanto, de los ingresos, con tan solo pulsar un botón, a pesar de que compiten en el mismo mercado.

Meta rechaza de plano esta posibilidad. Asegura que la idea de que existe una “unidad de mercado” en la publicidad online no refleja la realidad del sector y que no es posible asumir que cualquier aumento de sus ingresos se produzca a costa de reducir los de los medios de comunicación. En una explicación que pide que no sea citada textualmente, dice que esa visión no tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión que ha realizado a lo largo de los años en herramientas y tecnología para mejorar la eficacia de su servicio publicitario.

Esa defensa, sin embargo, choca con la nueva doctrina que se está abriendo paso en Europa. Bruselas acaba de abrir una investigación contra Google precisamente por abusar de su posición para asfixiar los ingresos de la prensa, penalizando en el buscador a aquellos medios que incluyen contenidos de socios comerciales. “Puede afectar a la libertad de los editores para llevar a cabo negocios legítimos”, advierte la Comisión Europea.

El nuevo marco entre medios y gigantes

Aún está por ver el recorrido que esta sentencia tendrá en España, puesto que podría hacerse más grande. Fuentes de CLABE (Club Abierto de Editores), la patronal que integran buena parte la mayoría de medios nativos digitales españoles —como elDiario.es— avanzan que están estudiando diversas posibilidades, como personarse en las próximas instancias judiciales.

Todo el proceso se encuadra en un movimiento más grande, pero no solo por la citada investigación de la UE. La pasada primavera, un grupo de 67 grupos mediáticos franceses demandó a Meta inspirándose por la acción de AMI. Ahora, su victoria podría hacer que demandas como estas se repliquen contra los gigantes tecnológicos por todo el continente.

Las reacciones a esta impugnación general del statu quo entre los medios y las plataformas podrían ser imprevistas. En 2014, Google News se retiró de España para no pagar el canon AEDE. Meta hace tiempo que cortó relaciones con los medios, pero en otros países ha llegado a bloquear todos los enlaces de noticias en protesta por regulaciones que no la satisfacían, como Canadá o Australia. Actualmente, la corporación tampoco permite la publicidad política en la UE, negándose a aceptar las nuevas normas que la regulan.

Las grandes tecnológicas cuentan con otro último recurso. Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con tomar represalias contra los países que intenten “sacar dinero” a sus corporaciones mediante impuestos digitales o multas antimonopolio. Si el conflicto escala, la batalla por la supervivencia de los medios dejará de ser solo una disputa mercantil para convertirse en una pieza más en el tablero de la guerra comercial.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que permite a la Comisión de Propiedad Intelectual arbitrar los conflictos entre los medios de comunicación españoles y las tecnológicas que usen sus publicaciones. De esta forma, el Gobierno encarga a este organismo la intermediación entre editores de prensa y servicios digitales cuando estos no puedan acordar un precio por el uso de sus contenidos en Internet, como cuando se distribuyen a través de agregadores de noticias como el de Google o se comparten en redes sociales.

La Comisión de Propiedad Intelectual forma parte del Ministerio de Cultura y es la encargada de realizar los trámites administrativos en la lucha contra la piratería en Internet. Entre sus nuevas competencias, la norma ratificada hoy establece que los medios podrán acudir a este organismo para dirimir las “cuestiones litigiosas” con las tecnológicas antes de abrir un proceso legal en los tribunales.

El real decreto termina de perfilar el nuevo escenario para la relación entre los medios de comunicación y los servicios digitales en España, después de que la reforma de la ley de propiedad intelectual en 2021 permitiera a los editores negociar individualmente el precio de sus publicaciones con las tecnológicas. Ese cambio legal puso fin tras ocho años de bloqueo propiciado por el conocido Canon AEDE, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que provocó la salida de Google News de España y la negativa de los prestadores de servicios digitales a pagar una tarifa unitaria por el uso de los contenidos de prensa.

La negociación individual entre editores y tecnológicas es el camino que han seguido la mayoría de países europeos en la actualización de sus leyes de copyright, como Francia o Italia. Esta actualización de las normas de propiedad intelectual se está produciendo en todo el mundo y en ocasiones está provocando nuevas fricciones entre las grandes tecnológicas y los estados. En Canadá y Australia, por ejemplo, Meta (propietaria de Facebook e Instagram) ha llegado a vetar que los usuarios publiquen enlaces a publicaciones de prensa en sus servicios al no estar de acuerdo con la remuneración a los editores impuesta en esos países.

El real decreto también pretende “mejorar el cumplimiento de los plazos y la eficacia en la lucha contra la piratería en Internet”, actualizando las capacidades de la Comisión de Propiedad Intelectual. Esta modernización era un compromiso del Gobierno con la UE como parte del plan de recuperación y resiliencia por el que España recibirá 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026.

La inteligencia artificial está reflotando uno por uno los debates que puso sobre la mesa la llegada de Internet. Tras su prohibición en algunas escuelas por el miedo a que los alumnos la usen para hacer trampas y las primeras quejas de la industria musical por su capacidad de crear canciones sin su control, llega el momento de la prensa. La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal que reúne a las cabeceras impresas españolas, ha exhortado a Google y Microsoft a que se sienten a negociar cómo van a pagar por el uso que la IA hace de sus noticias.

“La IA augura nuevas oportunidades pero presenta el riesgo cierto de que usen contenidos sin reconocer y retribuir”, afirmó Irene Lanzaco, directora general de AMI (Asociación de Medios de Información), en unas declaraciones en un foro sectorial recogidas por el portal Red de Periodistas. “Por ello, hago un llamamiento a las grandes tecnológicas para que inicien conversaciones con AMI sobre los derechos explotación de noticias de medios de información”, añadía.

AMI es el nuevo nombre de AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) que dio nombre al famoso canon AEDE impuesto por Mariano Rajoy en 2014. Fue un intento de hacer pagar una tasa a Google News por enlazar sus noticias, aunque los receptores no iban a ser los propios medios sino CEDRO, una SGAE de la prensa que luego repartiría los beneficios entre las cabeceras. El canon AEDE fracasó: Google se negó a aceptar este sistema de remuneración y cerró News en España. En 2022 el Congreso derribó el canon AEDE y permitió que Google negociara con cada medio sin la intermediación de Cedro, lo que provocó la vuelta de Google News ocho años después.

El de la propiedad intelectual es uno de las controversias que han abierto las inteligencias artificiales capaces de generar texto. Estos sistemas reproducen la escritura humana a partir de un análisis estadístico de qué palabra es más probable que venga a continuación, una capacidad adquirida a partir de absorber y analizar miles de millones de comentarios en redes sociales, blogs, páginas de la Wikipedia o libros disponibles online. También de artículos de medios de comunicación.

La nueva exigencia de AMI llega en un momento en el que Google y Microsoft ultiman el añadido de herramientas de IA generativa a sus buscadores, pero cuando aún no están plenamente operativas en España. La más adelantada es la compañía fundada por Bill Gates, que ha añadido un modelo mejorado de ChatGPT a su buscador Bing. No obstante, el sistema sufre habituales caídas de servicio y no ha conseguido impulsar el uso de Bing a nivel mundial: según Statista, su cuota de mercado en marzo fue del 8,2%, por el 8% que registró en marzo de 2022.

Bard, la respuesta de Google al movimiento de Microsoft, está en fase de pruebas cerrada a la que se accede por lista de espera. La herramienta no está disponible en español y la compañía no ha avanzado cuándo podría estarlo.

elDiario.es se ha puesto en contacto con ambas multinacionales para preguntar sobre el requerimiento de AMI. “Tenemos un largo historial de desarrollo de herramientas para ayudar a los editores de noticias a monetizar su contenido y fortalecer sus relaciones con su audiencia”, ha contestado una portavoz de Google, que adelanta que la compañía seguirá “priorizando las experiencias que envían tráfico valioso al ecosistema de noticias” a medida desarrolla nuevas herramientas de AI.

“Es muy pronto y seguimos trabajando con el ecosistema, incluidos los editores de noticias, para obtener su opinión”, concluye la portavoz de Google. Microsoft no ha contestado al requerimiento al cierre de esta información.

El posicionamiento de AMI no es compartido por otras asociaciones que representan a los medios de comunicación. El Club Abierto de Editores (CLABE), que agrupa a unas 1.000 cabeceras de 180 empresas editoras, la mayoría de ellas nativas digitales, comparte la posición de Google. “Nosotros no queremos entrar en esa batalla todavía. La cuestión de cómo se generan los contenidos de la inteligencia artificial es un debate de todos los ciudadanos y no sólo de los medios de comunicación”, explica a este medio Juan Zafra, director general de CLABE.

El entrenamiento de la IA, un melón por abrir

El uso de contenidos con derechos de autor por parte de las inteligencias artificiales no solo se da en el terreno escrito. Los primeros en abrir el debate fueron algunos ilustradores que vieron como los sistemas generativos podían crear imágenes nuevas basadas en su trabajo. El dilema funciona en los dos sentidos, ya que tampoco se ha definido quién ostenta el copyright (o la responsabilidad) de los contenidos generados con IA.

Los detalles de ese entrenamiento están en el centro de la mayoría de conversaciones. Por regla general, las desarrolladoras de esta tecnología no hacen público qué contenidos han proporcionado a sus inteligencias artificiales para que aprendan cómo se expresan los humanos. No obstante, se sabe que se trata de un entrenamiento a lo bruto, donde entran textos con insultos, racistas o machistas. Las empresas han instaurado filtros para impedir que la IA saque a la luz esa parte de su aprendizaje, pero esas medidas no siempre funcionan, con lo que estos sistemas pueden difundir odio y desinformación.

A todo esto hay que sumar la nueva ofensiva abierta por los reguladores de privacidad europeos. Estos han abierto una investigación a gran escala contra ChatGPT para saber si sus sistemas han utilizado datos personales de ciudadanos de la UE en su entrenamiento y si tenían permiso para ello. El regulador italiano decidió prohibir ChatGPT en el país mientras concluye esta investigación tras detectar indicios de que esta IA viola las leyes de privacidad.

Hace siete años el servicio Google News desapareció de España a consecuencia del canon AEDE aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este miércoles la multinacional ha anunciado que un nuevo cambio legislativo hace posible su regreso. “En 2014, nos vimos obligados a cerrar Google Noticias en España debido a la legislación local. Hoy podemos anunciar que Google Noticias reabrirá próximamente en nuestro país”, ha informado en un comunicado Fuencisla Clemares, vicepresidenta de Google Iberia.

La multinacional lo había adelantado este martes tras el anuncio de la renovación de la Ley de Propiedad Intelectual para trasponer la directiva europea de copyright en el Consejo de Ministros. No obstante, emplazó a este miércoles para conocer el detalle del texto del Real Decreto-ley. Una vez publicado en el BOE, Google ha confirmado la vuelta de su servicio de agregación de noticias a España, el único país europeo donde estaba desactivado.

“Es una excelente noticia para los lectores españoles”, declara Clemares. “Desde principios del próximo año, Google Noticias ofrecerá enlaces a noticias útiles y relevantes, procedentes de un amplio espectro de fuentes, que ayudarán al público español a encontrar más información sobre noticias de actualidad y a profundizar en las temáticas”.

La salida de Google News de España se produjo tras la negativa de la multinacional a aceptar las condiciones impuestas por el canon AEDE. Este obliga a los medios de comunicación el cobro sus derechos de autor a través de una entidad de gestión, una 'SGAE de la prensa' denominada CEDRO. El cobro es irrenunciable y debía ser bajo las tarifas por clic impuestas por CEDRO.

Google adelantó que no negociaría con una entidad de gestión de derechos como CEDRO y pidió que se le permitiera hacerlo individualmente con cada editor. Ante la imposibilidad de hacerlo tras la aprobación del canon AEDE, la multinacional desactivó su servicio en España. Con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en Consejo de Ministros se permite a los editores de prensa negociar con las plataformas digitales individual o colectivamente, lo que hace factible la vuelta de Google Noticias, explica la compañía.

Google adelanta además que está trabajando en la llegada a España de un nuevo servicio informativo, Google News Showcase. A través de él la compañía quiere ofrecer a sus usuarios la posibilidad de acceder a noticias y reportajes que están disponibles para los socios o suscriptores de cada medio, con el objetivo de que conozcan su trabajo y consideren la posibilidad de convertirse en suscriptores. La multinacional ya ha llegado a acuerdos de este tipo en algunos países europeos, gracias a la base que ofrece la directiva de copyright.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para adaptar la legislación española a la Directiva europea de copyright de 2019, un mandato en el que Ejecutivo iba a contrarreloj tras la finalización del plazo legal el pasado 7 de junio. El texto definitivo aparecerá en los próximos días en el BOE (previsiblemente este miércoles) e incluirá varias modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual, aunque la primera que ha comunicado el Gobierno es el acta de defunción del canon AEDE aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que eliminará la obligación de que los medios de comunicación negocien de forma colectiva con las plataformas digitales que utilizan sus contenidos. Este era el asidero que mantenía vivo el canon, ideado en 2014 por el Gobierno del PP y los grandes editores de prensa escrita con el objetivo de cobrar a Google por enlazar noticias, pero que nunca despegó debido a la negativa del buscador a aceptar sus condiciones.

El canon AEDE imponía que los medios cobren sus derechos de autor a través de una entidad de gestión, una 'SGAE de la prensa' denominada CEDRO. Con la reforma se dará “la opción y libertad a cada de editor” de gestionar sus derechos de autor, “bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio”, ha informado Cultura en un comunicado.

La imposición de CEDRO como intermediario provocó que Google sacara su servicio News de España, con lo que el canon AEDE fue en la práctica una tasa fallida. Desde 2014 ha recaudado 200.000 euros en total a repartir entre todos los editores. La posibilidad de que los editores lleguen a acuerdos individuales abre la puerta al regreso del Google News.

“Según las informaciones iniciales parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google Noticias en España. Sin embargo, necesitamos tiempo para analizar en detalle la nueva ley, en breve tomaremos decisiones sobre nuestros próximos pasos”, ha explicado una portavoz de la multinacional en un comunicado enviado a elDiario.es.

Parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google Noticias en España

Google

Tanto Google como Meta (antes conocida como Facebook) están llegando a acuerdos con editores de prensa europeos para remunerarles por el uso de sus artículos a través de la base que ofrece la directiva. Consultada por este medio, una portavoz de Meta ha afirmado que la multinacional está “revisando el Decreto de hoy y, aunque es prematuro comentar el resultado de esta legislación, seguimos apoyando plenamente los objetivos de la Directiva europea sobre derechos de autor”.

Los medios de comunicación nativos digitales han aplaudido el movimiento del Gobierno, considerándolo “un cambio de enorme relevancia para el futuro del sector editorial y su relación con las plataformas digitales, buscadores y agregadores de contenidos”. “Estamos satisfechos porque los editores de medios de comunicación recuperamos las riendas de la gestión de nuestros derechos, secuestradas hace unos años por una ley que siempre consideramos injusta y lesiva”, ha afirmado Arsenio Escolar, presidente de la patronal CLABE, la mayor por número de grupos empresariales adscritos y cabeceras de diarios y revistas digitales representadas.

La Asociación de Medios de Información (anteriormente conocida como AEDE, cuyas peticiones al Gobierno de Rajoy terminaron dando su extraoficial apellido al canon) ha preferido no hacer declaraciones al no disponer del texto definitivo del Decreto-ley.

La trasposición de la directiva europea se ha retrasado en casi todos los países europeos debido a uno de los aspectos más criticados de la norma, los filtros automáticos de contenido. Se trata de algoritmos cuya misión sería vigilar todo lo que se suba a Internet y bloquear aquello que viole el copyright. El aviso de tecnólogos y expertos es que esa tecnología no está madura como para reconocer usos tolerados por la ley, como la parodia o la crítica.

Solo 4 de los 27 estados miembros lo hicieron dentro de los dos años de plazo que da la UE, forzando a la Comisión Europea a publicar unas “directrices” para aclarar cómo debía de hacerse la adaptación. En España, tras más de un año de consulta pública, el ex ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes dejó el cargo sin presentar una propuesta de trasposición.

El comunicado emitido este martes por Cultura no da pistas sobre qué interpretación ha hecho el Gobierno de la directiva europea en lo referente a los filtros de contenido. Las organizaciones de derechos digitales que criticaron la directiva piden esperar al texto definitivo del Real Decreto-Ley y su trascendencia para la legislación española antes de posicionarse. No obstante, han criticado que se utilice esta figura para trasponer la directiva ya que se salta una parte de la negociación parlamentaria y no permite participar a estas organizaciones en el debate.

La red social Facebook y la entidad que agrupa a los diarios franceses anunciaron este jueves un acuerdo para el pago de derechos afines a los periódicos y la creación de Facebook News en Francia.

El convenio establece un acuerdo de licencias para los derechos afines de los contenidos de los diarios agrupados en la Alianza de Prensa de Interés General (APIG, que tiene 284 miembros), siguiendo la ley francesa de 2019, la primera que traspuso la directiva de derechos de autor de la UE. Los derechos afines son una normativa similar a los derechos de autor aplicada en Europa en favor de los editores y de las agencias de prensa.

En España aún no se ha producido la trasposición, aunque el ministro de Cultura, Mikel Iceta, ha anunciado que se producirá a través de un decreto ley este mes de octubre. El plazo de dos años para trasponer la directiva caducó en julio, pero el equipo del anterior ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, salió de Cultura sin presentar presentar una propuesta para hacerlo.

La trasposición es muy esperada por el sector puesto que se espera que certifique la defunción del canon AEDE, la norma que impide a los editores negociar de forma independiente con las empresas tecnológicas que usan sus artículos.

Con el pacto alcanzado “se generará una financiación importante para los editores de la Alianza, especialmente para los más pequeños”, explicó en un comunicado de Facebook el presidente de APIG, Pierre Louette, consejero delegado del grupo Les Échos-Le Parisien. Su nota no detalla las cifras económicas del acuerdo ni el sistema de cálculo de la compensación.

Otra novedad del pacto es la creación de Facebook News en Francia a partir de enero próximo, que permitirá a los usuarios de la red social en este país “acceder al contenido de fuentes de información fiables y reputadas”. “Estamos convencidos de que la colaboración continua es el mejor camino a seguir, tanto para los editores como para las plataformas”, recalca el comunicado. El acuerdo no incluye a las revistas ni a las agencias de prensa.

Este anuncio llega pocas semanas después de que dos de los principales diarios franceses, Le Monde y Le Figaro, anunciaran que habían alcanzado por su cuenta sendos acuerdos con Facebook sobre el pago de los derechos afines y el uso de sus contenidos en la red social. Google también alcanzó un acuerdo con APIG en enero de este año, pero su aplicación está pendiente de la justicia. Esta multinacional también ha llegado a un pacto similar con editores italianos.

La Autoridad de la Competencia francesa multó en julio al gigante de internet con 500 millones de euros por no negociar de buena fe y le exigió que negociara una remuneración diferente, aunque Google recurrió en los tribunales.

Cedro, entidad que representa a autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras, ha denunciado a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante en el mercado de la agregación de noticias y en el de la publicidad digital. Según Jorge Corrales, su director general, esta denuncia ha sido presentada para garantizar que los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de noticias no se vean perjudicados por unas prácticas que consideran “abusivas y de posición dominante de Google y que deterioran la independencia, pluralidad y libertad de prensa”.

Cedro funciona como una SGAE de la prensa y su principal función es recaudar el denominado Canon AEDE. Se trata de una tasa por derechos de autor diseñada ad hoc por el Gobierno de Mariano Rajoy y los grandes editores de prensa en papel para que Google pagara una cuota por enlazar sus artículos, cuya cuantía es establecida por Cedro unilateralmente y de cobro irrenunciable para los medios de comunicación, que tampoco pueden salirse de este órgano de gestión de derechos de autor aunque así lo deseen.

La denuncia de Cedro contra Google se produce en un momento en el que el futuro de la organización tal y como está concebida se encuentra en el aire. El Ministerio de Cultura se encuentra en este momento en un proceso de negociación para actualizar la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla la nueva directiva europea de copyright. En caso de que el canon AEDE decaiga y Cultura permita a los medios llegar a sus propios acuerdos con Google la posición de Cedro quedaría en entredicho.

En su comunicado sobre la denuncia a Google, Cedro sostiene que “la actividad abusiva que estaría desarrollando la tecnológica estadounidense a través de Google Discover impide el libre mercado en el sector de la agregación de contenidos”. El pasado mes de noviembre, Cedro ya demandó a Google por el impago de derechos de autor por el servicio de agregación de noticias que ofrece a través de Google Discover.

La aprobación del Canon AEDE provocó la salida de Google News de España, que se negó a pagar las tasas establecidas unilateralmente por Cedro. Esto provocó el fracaso del canon, que apenas ha recaudado unos 10.000 euros al año desde 2014. En el proceso de renovación de la ley la multinacional ha avisado que tomará la misma decisión en caso de que se la obligue a negociar con un organismo de gestión y pide que se le permita llegar a acuerdos individuales con los medios. Google ya ha llegado a este tipo de pactos de remuneración en otros países europeos, como Francia.

“Hasta la fecha, el buscador se niega a remunerar a los editores de periódicos y revistas por la utilización de los artículos en su agregador”, ha reconocido Corrales, quien opina que “esta situación perjudica directamente al resto de agregadores que sí cumplen la ley y remuneran a los editores de periódicos”. “La actuación de Google -subraya- iría claramente en contra de la libre competencia”, ha enfatizado.

Cedro también ha denunciado a la CNMC “la situación de monopolio en el negocio de la publicidad digital por parte de esta tecnológica y cómo estaría afectando al negocio publicitario de los medios de comunicación”. Esta situación, dice el director de Cedro, “tiene consecuencias dramáticas para la diversidad de prensa y los valores democráticos de un país, puesto que esta plataforma está sustituyendo en la cadena de valor del sector periodístico el papel que desempeñan los editores, tanto en su dimensión publicitaria como, ahora, en la difusión de contenidos y sus ingresos correspondientes”.

Asimismo, recuerda que hace unos días la autoridad de la Competencia francesa multó a Google con 220 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de la publicidad digital. Agrega todavía está pendiente la resolución del procedimiento iniciado por varias asociaciones de prensa francesas por prácticas monopolísticas de Google “y que afectan al derecho de los editores de prensa reconocido en el artículo 15 de la directiva de derechos de autor en el mercado único digital”.

Google: “Discover no es un agregador de contenidos”

En un comunicado enviado a este medio, una portavoz de la multinacional ha explicado que todavía no ha recibido la notificación de la denuncia de Cedro, por lo que en este momento no puede posicionarse. En cualquier caso, Google defiende que su servicio Discover no es un agregador, por lo que entienden que no cabe reclamarle el pago del canon AEDE.

“No podemos hacer ninguna declaración sobre la denuncia ya que no hemos recibido ninguna notificación oficial por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y no hemos visto los detalles de la misma. Sin embargo, como hemos declarado en múltiples ocasiones a Cedro, Discover no es un agregador de contenidos”, ha explicado la portavoz. “Además, Google ya es uno de los mayores apoyos financieros del periodismo en el mundo y nuestros productos y herramientas publicitarias facilitan que los editores ganen dinero en Internet”, ha añadido.

RCS MediaGroup, la empresa italiana que edita los diarios Corriere della Sera o La Gazzetta dello Sport y propietaria de Unidad Editorial en España (editora de El Mundo, Marca o Expansión) ha llegado a un acuerdo de remuneración con Google para que la multinacional muestre sus contenidos en su nueva herramienta de recomendación de noticias. Presentada por la multinacional en 2020, Google News Showcase pagará una tarifa a los medios de comunicación a cambio de abrir a sus usuarios noticias reservadas para suscriptores de esos diarios.

“Nos complace haber firmado este acuerdo, que reconoce la importancia de la calidad de las noticias y el prestigio de nuestras cabeceras. Una nueva pieza en la asociación con Google que potencia los periódicos de RCS y ofrece un nuevo impulso al crecimiento de nuestra base de clientes, apoyándola con una cobertura informativa cada vez más amplia”, ha declarado en un comunicado Urbano Cairo, presidente y pirector General de RCS MediaGroup.

Google está llegando a este tipo de acuerdos individuales con editores de todo el mundo en los últimos meses. En España las negociaciones se encuentran a la espera de que el Ministerio de Cultura publique el borrador de la nueva ley de propiedad intelectual. Esta dirimirá si los medios pueden pactar individualmente con Google o si, por el contrario, deben someterse a una negociación colectiva dirigida por un ente intermediario similar a una SGAE de la prensa, algo que la multinacional digital ha avisado que no aceptará.

La gran mayoría de medios nativos digitales, agrupados en la patronal Club Abierto de Editores (Clabe), defienden que se debe permitir que cada medio pueda pactar de manera individual. Por contra, la Asociación de Medios de Información (AMI), que integran grandes grupos editores de cabeceras impresas como Prisa (El País, AS), Vocento (ABC y regionales como El Correo, El Diario Vasco o Ideal), Godó (La Vanguardia) o la propia Unidad Editorial, piden que la nueva ley solo contemple la negociación colectiva.

No obstante, la oposición a los acuerdos individuales no es unánime entre todos los miembros de la AMI. Según ha podido saber elDiario.es, hasta ahora los que más han defendido la necesidad de imponer de la negociación colectiva han sido Unidad Editorial y Vocento. Tras el pacto de su matriz italiana con el gigante digital, Unidad Editorial deja sola a Vocento como único grupo editorial a favor de la creación de una SGAE de la prensa como intermediario forzoso. De hecho, otros miembros de la AMI como Joly (Diario de Cádiz, Diario de Sevilla, EuropaSur o MálagaHoy) o Henneo (20Minutos o La Información) han llegado también a preacuerdos con Google en previsión de que la ley los contemple, ha podido saber este medio.

Fuentes de Cultura han explicado a elDiario.es que la publicación de borrador es “inminente”. La negociación colectiva fue la vía impulsada en la actual ley de propiedad intelectual, aprobada en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy y su mayoría absoluta en el Congreso. Se creó el denominado canon AEDE para cobrar a Google por el copyright de los artículos de prensa, haciéndolo irrenunciable incluso para los medios que no quisieran recibir dicha compensación.

Google, que ya antes de la aprobación de la ley había manifestado su oposición a la negociación colectiva, decidió eliminar el servicio Google News de España. Desde entonces el canon AEDE apenas ha recaudado unos 60.000 euros en total.

Las normas que regulan los derechos de autor de la prensa española están a punto de cambiar. Uno de los puntos que ha derivado en la consolidación de dos posturas opuestas dentro de la industria de los medios es definir cómo debe ser su relación con Google: libertad para negociar por su cuenta la remuneración por el uso de sus artículos; o la obligación de adscribirse a un organismo intermediario –con un rol paralelo al que desempeña la SGAE con los autores musicales– que hable por ellos. El PP ha tomado partido a favor de la segunda opción, la que defienden Unidad Editorial (editora de El Mundo, Marca o Expansión) y Vocento (ABC y diarios regionales como El Correo, El Diario Vasco, Ideal, etc.), y se dispone a intentar que el Congreso haga lo mismo.

Los de Pablo Casado defenderán este jueves una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Cultura de la cámara baja que asegura que es “indispensable” imponer “la gestión colectiva como mecanismo de gestión” de los derechos de autor en los medios. “La gestión colectiva es solidaria, eficiente, transparente, democrática y europea”, insiste el texto para el que el PP tratará de conseguir el apoyo del Congreso. [Tras la publicación de esta información, el PP ha solicitado posponer el debate y la votación de la PNL. La explicación oficial del grupo parlamentario ha sido que su portavoz de Cultura quiere defender su postura personalmente y este jueves no le ha sido posible].

El problema es que esa gestión colectiva es un método que rechazan hasta 800 cabeceras editadas por 154 medios, en su mayoría nativos digitales. Agrupados en Clabe (Club Abierto de Editores), defienden que la ley debe permitir que cada uno pueda negociar por sí mismo las condiciones de su relación con Google. “Queremos ser libres de gestionar nuestros derechos, no tenemos por qué someternos a un criterio superior de otros”, afirma Arsenio Escolar, presidente de esta asociación de editores.

La maniobra del PP llega en un momento clave. El Ministerio de Cultura está ultimando el primer borrador de la nueva ley, que debe transponer las medidas incluidas en la directiva europea de copyright aprobada en 2019. Se espera que su publicación sea inminente. La aprobación de la PNL, aunque carezca de valor legislativo, sería una vía de presión para que Cultura adopte una posición continuista con respecto a la ley de propiedad intelectual actual, ratificada en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy y su mayoría absoluta en el Congreso.

Imponer la gestión colectiva en la nueva ley supondría, además, insuflar una nueva vida al moribundo canon AEDE. Ese canon fue una tasa que la Asociación de Editores de Diarios Españoles impuso a Google para que pagara derechos de autor por enlazar sus noticias. El precio es el dictaminado por su SGAE particular, que en el caso de la prensa recibe el nombre Cedro. El canon no ha funcionado, ya que Google reaccionó retirando Google News de España y la tasa apenas ha recaudado unos 10.000 euros al año desde 2014.

Actualmente, España sigue siendo el único país donde Google News no está disponible. La multinacional americana ha avisado que si Cultura decide imponer de nuevo un mecanismo similar su postura será la misma, ya que no está dispuesta a negociar con un organismo de gestión. Al contrario, según ha podido saber elDiario.es, Google ya ha llegado a un acuerdo con una docena de medios para remunerarles por el uso de sus noticias, en previsión de que la nueva ley permita estos acuerdos individuales.

“El canon AEDE es una medida que no ha funcionado en absoluto y cuyo verdadero objetivo era dificultar que los pequeños y medianos editores de prensa digital entraran en el mercado”, expone Escolar. “Sacando del mercado a los agregadores, a los que obligaba a pagarte aunque tú no quisieras cobrar, pretendía convertir Internet en un campo de juego exclusivo de los ya instalados, que eran la vieja prensa tradicional con pata en Internet”.

Los grandes grupos editoriales, divididos

En 2014, los grandes grupos editores de prensa en papel, agrupados en AEDE, estuvieron de acuerdo en imponer la gestión colectiva y el canon como medida de relación con Google. Hoy en día AEDE, renombrada como AMI (Asociación de Medios de Información) está dividida. Aunque la postura oficial sigue siendo la misma, según ha podido saber elDiario.es, solo Unidad Editorial y Vocento se aferran al canon AEDE como única opción.

AMI agrupa a 80 empresas editoras entre las que se encuentra otros grandes grupos como Prisa, pero no cuenta entre sus socios con ningún nativo digital. “Que la negociación se haga a través de una entidad de gestión garantiza que va a haber luz y taquígrafos sobre todo el proceso. Es una negociación bilateral entre las plataformas y las entidades de gestión, en las que los editores también tendrían su posibilidad de opinar”, explicó en declaraciones a este medio Ramón Alonso, su director general.

Mientras Cultura presenta el borrador sobre el que negociar y la pugna entre los medios llega al Congreso, Google ha tomado posiciones. Recientemente llegó a un acuerdo con los editores franceses para negociar pactos individuales con cada uno de ellos y remunerarles en base a su tráfico y “su contribución a la información política y general”. La tendencia es internacional, ya que uera del contexto europeo el gigante tecnológico firmó este miércoles un acuerdo similar con News Corp., editora de medios como The Times, The Wall Street Journal, The Sun o The New York Post.

Como base de esta nueva estrategia, el gigante tecnológico esta ofreciendo a los editores su nuevo servicio News Showcase. Se trata de una nueva versión del servicio Google News especialmente diseñada para ayudar a los medios a conseguir suscripciones y socios, el modelo de financiación al que están migrando ahora las grandes cabeceras y que ha sostenido a elDiario.es desde su fundación.

Hay pocas normas más importantes que las de derechos de autor y propiedad intelectual para entender cómo funciona Internet. Por eso cuando la UE renovó su directiva de copyright en 2019 provocó un pequeño terremoto entre usuarios, creadores de contenido, empresas y gigantes digitales, que no acabó en Bruselas: los países tienen dos años para adaptar sus leyes a las normas europeas, por lo que será en 2021 cuando se vean muchas de las consecuencias de ese seísmo. Uno de los tótems que ya está tambaleándose es el canon AEDE, el responsable de que España sea el único país del mundo donde no existe Google News.

Ese canon es el aro por el que hace siete años las grandes cabeceras de prensa impresa del país intentaron hacer pasar a Google, sin éxito. Agrupados en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), negociaron con el Gobierno de Mariano Rajoy una modificación de la ley de propiedad intelectual para forzar a la multinacional a pagar una tasa por todas las noticias que enlazara desde su agregador Google News. Ese canon debía ser cobrado por una entidad de gestión de derechos de autor llamada Cedro, que luego sería la que se encargada de repartir el dinero entre los medios.

Se trataba de un modelo de gestión de derechos de autor a la española, muy similar al impuesto en el terreno musical con la SGAE. Como ocurre con esta entidad y los autores musicales, el canon AEDE también impide a los medios decidir por su cuenta cómo gestionar sus derechos de autor. Deben pasar siempre por Cedro como intermediario obligatorio. También convierte en “irrenunciable” el cobro del copyright, dificultando, como en el caso de los músicos y la SGAE, los modelos de negocio alternativos que primen la visibilidad del contenido por encima de la propiedad intelectual.

Google avisó de que no se plegaría al pago del canon AEDE y a negociar con una entidad como Cedro. Cuando se aprobó, la multinacional simplemente retiró Google News de España. Del resto de plataformas, el canon AEDE apenas ha podido recaudar unos 10.000 euros al año. La situación ha pasado siete años años enquistada, pero la transposición de la directiva europea de copyright en la que trabaja el Ministerio de Cultura y cuyo primer borrador estará listo en esta primera parte de 2021 ha abierto la posibilidad de que España deje de ser un caso único en el panorama internacional.

Cultura prepara la ley que puede rematar al canon AEDE

Cultura está ultimando el texto para reformar la ley de propiedad intelectual en base a la directiva europea. Junio es la fecha límite. La supervivencia del canon AEDE pasa por que el Ministerio que dirige José Manuel Rodríguez Uribes respete el actual artículo 32.2, que detalla que el cobro de derechos de autor es obligatorio y debe pasar forzosamente por Cedro. Una de las claves es que la directiva, en su artículo 15, indica que los editores pueden llegar a acuerdos individuales con las plataformas tecnológicas.

“Estamos en fase de escucha”, explican fuentes de Cultura a elDiario.es. “El ministro está reuniéndose con todos los actores involucrados”, detallan las mismas fuentes, que adelantan que aún no se ha tomado ninguna decisión respecto al artículo 32.2 y el canon AEDE. No obstante, apuntan que el texto “será coherente con el espíritu y la letra de la directiva”.

Aunque el canon AEDE es typical spanish, no ocurre lo mismo con el debate sobre si la nueva directiva europea permite imponer que sea una entidad como Cedro la que gestione los derechos de autor de todos los medios de comunicación. En noviembre, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, contestó negativamente al ser preguntado por un eurodiputado checo: “El artículo 15 otorga a los editores los derechos exclusivos para autorizar o prohibir la distribución y puesta a disposición de sus publicaciones”, respondió el comisario francés: “La imposición de una gestión colectiva obligatoria privaría a los editores de este derecho”.

Francia, el primer país que ha resuelto la situación en base a la nueva directiva, permitirá a los medios gestionar por su cuenta los derechos de autor. Google firmó la semana pasada un acuerdo con los editores de prensa franceses, pionero a nivel europeo, para compensarlos por el uso de sus artículos desde sus herramientas. Los acuerdos serán individuales y se basarán en el tráfico de cada medio y “su contribución a la información política y general”.

Google prepara 850 millones de euros para pagar a los medios europeos, pero no a Cedro

La multinacional pretende aplicar en toda Europa la línea del pacto firmado en Francia. Afirma que ha reservado para ello unos 1.000 millones de dólares (850 millones de euros). También en España, donde está preparando el nuevo desembarco de Google News. Eso sí: pide que la nueva ley de propiedad intelectual elimine la obligatoriedad de negociar con Cedro y que se le permita pactar individualmente con cada medio de comunicación las condiciones de la remuneración. Según ha podido saber elDiario.es, Google ya ha llegado a preacuerdos con una decena de ellos.

“El canon AEDE es una medida que no ha funcionado en absoluto y cuyo verdadero objetivo era dificultar que los pequeños y medianos editores de prensa digital entraran en el mercado”, expone Arsenio Escolar, presidente del Club Abierto de Editores (Clabe). “Sacando del mercado a los agregadores, a los que obligaba a pagarte aunque tú no quisieras cobrar, pretendía convertir Internet en un campo de juego exclusivo de los ya instalados, que eran la vieja prensa tradicional con pata en Internet”, continúa.

El canon AEDE es una medida que no ha funcionado en absoluto y cuyo verdadero objetivo era dificultar que los pequeños y medianos editores de prensa digital entraran en el mercado

Arsenio Escolar — presidente de Clabe

Ya en 2014 la gran mayoría de los medios del entonces incipiente ecosistema informativo digital se posicionaron en contra del canon. Ahora las posiciones se repiten, pero el equilibro de fuerzas ha cambiado. AEDE ya no es la asociación mayoritaria en la prensa. Sus 80 afiliados, ninguno de los cuales ha nacido como nativo digital, quedan lejos de los 154 de Clabe, aunque la primera sigue contando con grandes grupos de comunicación como Prisa (El País) o Unidad Editorial (El Mundo) o Vocento (ABC). “En Clabe agrupamos unas 800 cabeceras. Queremos ser libres de gestionar nuestros derechos, no tenemos por qué someternos a un criterio superior de otros”, razona Escolar.

Siete años después, en frente a esa postura se sigue encontrando AEDE, ahora renombrada AMI (Asociación de Medios de Información), partidaria de obligar a los medios a cobrar derechos de autor a través de Cedro. “Que la negociación se haga a través de una entidad de gestión garantiza que va a haber luz y taquígrafos sobre todo el proceso. Es una negociación bilateral entre las plataformas y las entidades de gestión, en las que los editores también tendrían su posibilidad de opinar”, afirma Ramón Alonso, director general de AMI.

Esta asociación defiende que el canon AEDE tiene como objetivo “la equidad y la transparencia”: “Que todos los medios independientemente de su tamaño, puedan tener las mismas opciones de obtener ese rendimiento económico”, razona Alonso. ¿Por qué hacerlo obligatorio? “Para impedir la desaparición del derecho y que en ningún caso pueda haber ningún tipo de presión para renunciar a los ingresos”, contesta

La incógnita de si Cultura presentará un texto continuista o, por el contrario, dará carpetazo al canon AEDE, se resolverá pronto. El departamento de Uribes avisa que lo tendrá listo antes de la fecha límite de junio. Mientras tanto, Google ya ha lanzado una nueva versión de su agregador. Su nuevo formato, denominado Google News Showcase, está pensado para los muros de pago que se extienden como modelo de negocio entre los medios: su objetivo es permitir a los usuarios acceder a los contenidos que las cabeceras elijan para permitir a los usuarios valorar el periodismo que realizan antes de suscribirse, detalla la compañía.

24 horas. Es el plazo que quiere dar la Unión Europea a las “plataformas de Internet” para borrar los comentarios relacionados con el terrorismo que aparezcan en sus webs. Si una vez pasado ese tiempo no han eliminado las expresiones, y si esto ocurre repetidas veces, entonces se enfrentarán a sanciones “de hasta el 4% de su volumen de negocios mundial”, según la Comisión Europea. La norma también prevé que el contenido no pueda volver a subirse al sitio del que fue eliminado.

Todavía es una propuesta, pero si sale adelante lo hará en el mismo lugar donde este miércoles perdimos la batalla contra el canon AEDE y los filtros de contenido. De esta forma, tanto YouTube como el administrador de una página en WordPress tendrán que afrontar, en el mismo plazo de tiempo, el borrado de los comentarios “que incite a la comisión de delitos de terrorismo o abogue por ella, fomente las actividades de un grupo terrorista u ofrezca instrucciones técnicas para la comisión de estos delitos”, según Bruselas.

Este texto es la punta del iceberg, pero la cuestión viene de largo. En el 2017, la Comisión ya publicó un comunicado para borrar contenido ilegal de Internet. En marzo de este año hizo una Recomendación sobre esto mismo y ahora, según la Asociación de Derechos Digitales Europeos (EDRi), la propuesta ha cristalizado gracias a la presión de Francia y Alemania.

“En principio son medidas positivas y en las que el delito, aparentemente al menos, está justificado”, explica a eldiario.es Sergio Carrasco, abogado especializado en Internet y miembro del bufete de faseconsulting.es. La Comisión especifica que la eliminación de esas expresiones tenga que hacerse “en el plazo de una hora” desde que se publican, “franja crítica en la que se producen los mayores daños” según los parlamentarios. Será la policía de cada país quien avise a los dueños de las webs de que hay algo que deben borrar.

“Siempre se ha dicho que las primeras horas de difusión son las más fuertes, es cuando tiene esa repercusión más grande; y por eso han puesto este plazo de una hora, que es llamativo”, continúa Carrasco. Bruselas dice que es en este tiempo cuando el 33% de los links que incluyen contenido terrorista se expande en Internet. En las siguientes cuatro horas lo hace el 75% de los enlaces.

“Mal aplicada será censura”

La Comisión Europea no especifica cómo deben hacer frente estas “plataformas de Internet” a la medida. “No todos los prestadores tienen la misma capacidad”, continúa Carrasco, quien asegura que la norma “no distingue entre grandes y pequeños”. El abogado se refiere a las herramientas que cada medio, página web, red social o blog tenga disponibles para salvar el factor tiempo.

Bruselas obliga así a los webmasters y a los dueños de los blogs a estar permanentemente alerta por si alguien o algo (un bot programado a propósito, por ejemplo) hace apología del terrorismo en los comentarios de su sitio. A pesar de ello, Carrasco recuerda que “no es igual el riesgo que puede haber en un prestador grande que en uno pequeño: la difusión de contenido terrorista en Facebook no es igual que ponerlo en el blog de una persona que normalmente tiene 10 seguidores”.

La pregunta es qué pasaría si un enlace que lleva a los comentarios contenidos en un sitio pequeño se viraliza. ¿Cómo afrontaría el dueño de ese sitio el borrado de los comentarios si, por ejemplo, no se encuentra en su casa o se trata de un blog que abandonó hace años? Esos escenarios no están contemplados en la norma que próximamente prevé aprobar la Comisión.

“Esta norma, mal aplicada, podría llegar a suponer un acto de censura. Va a provocar que el prestador del servicio, ante cualquier tipo de petición, proceda a la retirada”, anticipa el abogado. La libertad de expresión está contenida en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se trata, según Carrasco, de “uno de los derechos más complejos que existen, por lo que en una hora es muy complicado discutir y analizar un contenido así”.

Sin expectativas de privacidad en las comunicaciones

No es el único apartado comunitario que la norma pretende volar por los aires. Como recuerda la EDRi, “la Comisión propone la posibilidad de la derogación explícita del artículo 15 de la Directiva sobre comercio electrónico, que impide a los gobiernos exigir a las empresas de Internet que controlen todo lo que digamos y publiquen en línea”.

Ese artículo garantiza la confidencialidad de las comunicaciones dentro del territorio europeo y previene ante lo contrario: “los Estados miembros deben prohibir cualquier forma de interceptar o vigilar esas comunicaciones por parte de cualquier persona que no sea su remitente o su destinatario salvo que esté legalmente autorizada”. Con la nueva norma, Bruselas se reserva el derecho a derogar este apartado “considerando los riesgos particularmente graves que entraña la difusión de contenidos terroristas”, según se refleja en el artículo 19 de la propuesta.

Las “plataformas de Internet” que no cumplan serán sancionadas por los Estados correspondientes. “Los que tengan medios irán a los tribunales de justicia y los que no, pues se verán afectados por esto”, dice Carrasco con cierto aire de resignación. Otra lectura que ofrece el abogado es que solo se apliquen las primeras multas a modo de sanciones ejemplares “para demostrar la fuerza de la norma” y que, según pase el tiempo, se la considere como “una sanción no ya solo disuasoria, sino también desproporcionada”.

Por si todo esto fuera poco, la propuesta también exige a las autoridades de cada país “detectar e identificar los contenidos terroristas” y les anima a “pedir órdenes de borrado y auditado” de los sitios que alberguen este tipo de comentarios. Los países de la UE también podrán pedir a las webs que les informen de las medidas que estén llevando a cabo. “Si tales medidas no se consideran suficientes, los Estados miembros deben tener la posibilidad de imponer determinadas medidas adicionales”, dice Bruselas. No lo olviden: será la policía de cada país la que denuncie y obligue a borrar cada comentario, no un juez.

Tras varios amagos, ya es oficial. El portal de agregación de noticias Menéame ha recibido finalmente una carta del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) que hace referencia al conocido como canon AEDE y por el que tendrían que pagar a la entidad por publicar extractos de informaciones de otros medios.

Según confirma Daniel Seijo, consejero delegado de Menéame, “hace unos días” recibieron la misiva de la entidad de gestión de derechos de autor. De momento prefieren no dar más datos del contenido de la misma porque están evaluando la estrategia legal a seguir.

Javier Díaz de Olarte, director jurídico de CEDRO, detalla en declaraciones a eldiario.es que en ella consideran “que la actividad que desarrolla Menéame puede incluirse en la descripción que se incluye en la Ley de Propiedad Intelectual” por lo que “les invitamos, simplemente, a que se pongan en contacto con nosotros para comentar el asunto”.

Añade, que en la carta no se les pide ninguna cantidad económica concreta y que “el objetivo sería poder comentar con ellos cómo hacer efectivo el pago de la compensación prevista en la ley”.

El apartado 2 del artículo 32 de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor en enero de 2015 contempla que los editores de información reciban una compensación económica irrenunciable por parte de agregadores cuando se usen fragmentos de sus contenidos.

Se situaron en ese momento bajo el foco no solo agregadores como Menéame, también buscadores como Google y redes sociales que muestran en sus timelines extractos de noticias. Google News anunció entonces el cierre de su servicio en España en respuesta a la ley.

Hasta ahora CEDRO no había hecho ninguna comunicación a Menéame para reclamar la compensación que establece el texto por enlazar informaciones de terceros, aunque en julio del año pasado la entidad publicaba en su web unas tarifas generales que aplicar a los “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos”.

Estas tarifas fijaban que los agregadores tendrían que abonar 0,05044854 euros por usuario activo al día.

El responsable de Menéame informa de que en 2016 tuvieron de media 139.525 usuarios al día, es decir 50.926.787 al año. Haciendo cálculos (hipotéticos) el importe resultaría superior a los 2,5 millones de euros anuales, una cifra muy por encima de los ingresos de la web que el año pasado fueron de 125.000 euros.

Según explicaba Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en propiedad intelectual, a este mismo diario el pasado mes de febrero, la tarifa es ilegal .“Por ley no se establece ninguna cuantía”, algo que queda en manos de la sociedad gestora, e “infringe el apartado 157-1b, que establece que el importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes”.

Pagar o negociar

El responsable jurídico de CEDRO defiende en cambio que las tarifas “se ajustan plenamente a lo establecido por la ley”.

“Esta tarifa general no se puede fijar de cualquier manera, sino que hay una orden [del Ministerio de Cultura] de metodología de tarifas que se aprobó en diciembre de 2015 que nos dio un plazo para fijar la tarifa general, que se comunicó y es la que está disponible en la web”, explica De Olarte.

El responsable de CEDRO continúa diciendo que “si los usuarios consideran que la tarifa no se ajusta, hay una obligación de negociar”. “Como no hay una organización de usuarios de agregadores electrónicos de contenidos”, explica sobre el proceso, hay que negociar caso por caso.

Así se llega al acuerdo del pasado mes de febrero con Upday, una aplicación del gran grupo editorial alemán Axel Springer que ofrece el acceso a un agregador con fragmentos de noticias obtenidas de medios digitales

“Le comunicamos la tarifa que teníamos aprobada, no la consideraron ajustada y hemos estado negociando durante meses. A partir de ahí surgió el acuerdo”, explica De Olarte sobre un pacto alcanzado con una 'app' que pertenece a un grupo de editores que son los beneficiados, precisamente, por el canon de AEDE.

Con este ejemplo como precedente, CEDRO solo ofrece a agregadores como Menéame dos opciones: o aceptan la tarifa, o negocian una cantidad.

Por el momento no se conocen las cifras del pacto con Upday. Desde CEDRO aseguran que no lo pueden revelar porque es el mismo acuerdo que se va a ofrecer al resto de agregadores. “Se ha encontrado una fórmula más flexible [que las tarifas] para el pago y las bases del acuerdo serán idénticas o muy similares para todos”, añade.

Desde CEDRO explican que han enviado esta comunicación a “una decena” de agregadores, aunque no especifican quiénes están en la lista, además de Menéame, y reconocen que “a fecha de hoy el acuerdo solo existe con Upday”.

La entidad se da de plazo hasta finales de año para pactar una solución con las partes implicadas.

¿Y las redes sociales?

Otra de las muchas polémicas del canon AEDE es qué se considera un agregador y si las redes sociales tendrían que pagar por mostrar extractos de noticias. Preguntado expresamente por si hay redes sociales en la lista y si estas entrarían dentro del concepto de agregador, De Olarte se ha limitado a afirmar que “habría que analizar con detalle la actividad que se desarrolla en cada una de ellas”.

A este respecto, Seijo se pregunta “¿qué es una red social?”, y añade que “al final Menéame es todo contenido de los usuarios” destacando “que no hay ninguna agregación manual”.

Servicios como Flipboard, también estaban en el punto de mira. Eva Morell, responsable de estrategia editorial del agregador en España, afirma a eldiario.es que de momento no han recibido notificación alguna.

Morell aclara que la sede de Flipboard se encuentra en San Francisco, y que en España no hay oficina física. Además, diferencia el servicio que ofrecen desde Flipboard del de otros agregadores como Menéame. “Nosotros lo que hacemos siempre es llegar a un acuerdo con el medio y redirigimos el contenido destacado en la plataforma al medio de comunicación”, explica.

Añade que su sistema de agregación no funciona a través de un lector de feeds o de las noticias que envían los propios usuarios, sino que se realiza “mediante equipos que gestionan las relaciones con los medios” que quieren estar en su red porque les genera tráfico.

El responsable jurídico de CEDRO no ha querido tampoco aclarar si Flipboard queda fuera o dentro de la lista de los agregadores con los que buscará llegar a un acuerdo.

Menéame, más que un agregador

Menéame ha anunciado la llegada de la carta a través de Twitter, a la vez que ha informado de cambios en el portal. Entre otros la puesta en marcha de un sistema de publicación de contenidos creados por los usuarios. Inciden así en el componente social de la plataforma y la idea defendida por sus creadores de que la web y la comunidad de usuarios que aglutina es mucho más que un agregador.

Se da la paradoja, además, de que desde que se aprobó esta reforma en Menéame los usuarios no envían noticias de medios de AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) que fueron los que reclamaban un pago porque buscadores y agregadores mostraran sus contenidos.

En Menéame se puso en marcha un boicot por parte de los usuarios. Seijo deja claro que desde la plataforma no están de acuerdo “porque consideramos que perjudica a la herramienta en sí”. “Al eliminar unos medios, sean los que sean, no es positivo para propio agregador”, añade el responsable incidiendo en que “la decisión la toman los usuarios” y que por eso “en el fondo, somos una red social”.

Seijo afirma que detrás de toda la polémica por el canon de AEDE hay una cuestión “ya no legal, sino de filosofía: nosotros beneficiamos a los medios derivándoles tráfico”, afirma, “y todos lo saben”. Por ello siguen denunciando que se les obligue a pagar. “Esta tarifa no tiene ningún sentido”, concluye.

La Nueve, el grupo hacktivista vinculado a Anonymous ha entrado en los servidores de CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos, coincidiendo con el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. “No requería nada más que un poco de imaginación para averiguar la contraseña de acceso”, explican los ciberactivistas a eldiario.es.

Como ya hicieron en diciembre del año pasado cuando accedieron a la Cámara de Comercio de Madrid, La Nueve reivindica el ataque y anticipa que no publicará datos personales de nadie. “No es nuestro estilo”, dicen en el comunicado emitido tras la acción en la web unanueartxiboa.org. El nombre podría hacer referencia a José Unanue, un metalúrgico vasco, cofundador de Comisiones Obreras y luchador antifascista contra la dictadura de Franco. No lo confirman ni lo desmienten: “Se podría decir. Sigue al conejo blanco, Alicia”, responde La Nueve.

En varios tuits, el grupo hacktivista anuncia haber accedido a toda la base de datos de CEDRO, la 'SGAE' de los libros, por dos motivos: uno, celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y dos, “señalar cómo se llenan los bolsillos con el canon pero no lo usan ni para respaldar a sus socios en este ámbito tan básico”.

CEDRO, el organismo que teóricamente se debería encargar de monetizar el canon AEDE, también gestiona los derechos de autor de libros, revistas y otras publicaciones. Fue precisamente la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) que da nombre a la ley quien, en 2014, echó a Google News de nuestro país y propició que CEDRO fuera designado como el ente que habría de reclamar la famosa Tasa Google al buscador y al resto de publicaciones digitales. Algo que, ahora mismo, es una quimera.

“La seguridad de este país es tercermundista en materia informática”

“Lo que va a salir aquí es que CEDRO se está llevando lo de todo el mundo y está pagando a unos pocos”, explica el abogado Javier de la Cueva a eldiario.es. De momento, el grupo hacktivista asegura que, “si tuviésemos algo jugoso como ocurrió con El Corte Inglés ya lo habríamos publicado, pero no ha sido el caso”. De la Cueva no duda en comparar el canon AEDE con las cláusulas suelo: “Es como si se declaran ilegales por Europa las cláusulas suelo y el Gobierno lo que establece es que no se tienen que devolver. Eso hizo con el canon”. Aunque desde este diario nos hemos intentado poner en contacto con CEDRO, no hemos recibido respuesta.

La Nueve asegura haber llevado a cabo la acción “para demostrar, una vez más, que la seguridad de este país es tercermundista en materia informática y de protección de datos privados”. El grupo hacktivista critica en uno de sus tuits que, “con la pasta que robáis mediante el canon ya podríais destinar unos céntimos a mejorar la seguridad”. Han accedido al sistema integrado de contactos, donde “vemos lo que se les ha pagado a los socios, pero no el dinero que maneja la entidad”. También han entrado en los directorios de CEDRO, como el de 'Instituciones del Estado', 'Congreso', 'Senado' o 'Partidos Políticos': “Hasta 74.000 registros de personas varias”, asegura La Nueve.

De la Cueva explica que, entre los datos hackeados por Anonymous, podría salir “cómo se producen los repartos dentro de esas entidades de gestión, porque el problema gravísimo que tienen es que, como están recaudando lo de todos, no saben a quien pagar. ¿Y a quién se lo pagan? Obviamente a los que mandan. ¿Y quiénes son los que mandan? Pues las grandes editoriales. ¿Y de quién son las grandes editoriales? Pues de los que están vinculados a Cuatro, a La Sexta, al grupo Planeta, etcétera, etcétera”.

Mientras tanto, La Nueve asegura “no llevar la cuenta de las denuncias que nos han puesto” y creen que “probablemente sea mejor así”. También aconsejan a CEDRO “tirar abajo el sistema y deshacerse de él”. Terminan su pequeña charla con nosotros recomendando a la entidad “pedir disculpas a sus socios”, y se lamentan acerca de dónde se situará el foco mediático. Desde luego, no en la seguridad del organismo: “Como siempre nos culparán a nosotras presentándose ellos como víctimas ante la opinión pública”.

Antes de nada, bajar la alarma: nadie ha pedido a Menéame 2,5 millones de euros al año. Al menos, de momento. “La realidad es que hay una tasa publicada en la web de CEDRO desde julio de este año -explica Daniel Seijo, consejero delegado de Menéame, a eldiario.es- y han echado las cuentas con nuestro número de usuarios. Pero no nos han llamado, ni nosotros a ellos”.

El documento de CEDRO establece unas tarifas de “las licencias basadas en el ejercicio de derechos exclusivos” de reproducción, distribución y puesta a disposición de fragmentos de obras protegidas de su repertorio. En el documento hay muchos precios distintos; uno para administraciones públicas (10,31 euros anuales por empleado), empresas (10,54 anuales por empleado), bibliotecas, universidades, etc. En el apartado 20 está la tarifa de “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos”.

El precio que marca la gestora es de 0,05044854 euros diarios por usuario único. Las cuentas que se han publicado son hipotéticas, el resultado de multiplicar esa tarifa por los 139.000 usuarios que tuvo Menéame en 2016. Salen 7.012 euros al día, más de dos millones y medio de euros al año. Pero, aunque el documento dice que “la tarifa entrará en vigor el 15/7/2016”, la gestora no se ha puesto en contacto con Menéame para cobrarles nada. Y, si lo hiciera, probablemente daría igual.

Tasa unilateral, arbitraria y probablemente inútil

En sus declaraciones a El Confidencial, el portavoz de CEDRO dice que quieren “hacer efectivo el cobro de la remuneración estipulada por ley”. Ocurre que la ley no establece una remuneración, ni explica en qué casos concretos debe cobrarse, ni cómo.

eldiario.es ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con CEDRO y con el Ministerio de Cultura para reflejar sus impresiones.

“Por ley no se establece ninguna cuantía, por lo tanto son los propios autores los que deciden lo que van a cobrar”, explica el abogado Carlos Sánchez Almeida, especializado en derecho digital y propiedad intelectual. Y los autores -o, en este caso, la sociedad gestora que los representa- puede establecer el precio que le venga en gana, otra cosa es que lo puedan cobrar.

La ley establece que “la metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”, explica Almeida. “En el momento que les reclamen, Menéame debe dirigirse al Ministerio de Cultura a pedir una mediación”. En ese momento verán que la tarifa, además, es ilegal.

“Esta tarifa infringe el apartado 157-1b, que establece que el importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes”, dice el abogado. Es decir, que no puede ser que Menéame tenga que pagar mucho más de lo que gana. Que es exactamente el caso: “el beneficio total de 2016 equivale a un día de canon -asegura Seijo. - Duraríamos un día”.

Menéame ha boicoteado a AEDE desde 2015

El chiste final es que Menéame ni siquiera enlaza medios englobados en AEDE (la patronal de los editores de prensa). Los usuarios decidieron hacerles el vacío cuando el canon entró en vigor, imitando en cierto modo la política de Google: si nos castigas por darte visibilidad, te apagamos la luz.

“Nosotros estamos en contra del boicot porque el boicot a medios va en contra de nuestra filosofía -dice Seijo- que es la diversidad informativa, pluralidad de medios, la posibilidad de trafico para medios más pequeños”. Pero en Menéame manda el usuario, y el usuario quiere castigar a AEDE. “Qué extraña paradoja, tener que pagar un canon para no enlazar a quien quiere que le paguemos para ser enlazado”.

El patrón amenaza con repetirse en Europa. “Hacen una ley contra Google que puede acabar con un montón de empresas y economías digitales -se lamenta Seijo-. Pero que haya herramientas de democracia dentro de los medios es relevante para que cumplan su papel de cuarto poder”.

La principal diferencia entre el canon español y la propuesta que puso en la mesa la Comisión Europea es que no es obligatorio cobrar. “No estoy de acuerdo con ella pero comparada con la española es positiva”, dice Seijo. “Aquí la ley me prohíbe, por ejemplo, llegar a un acuerdo con eldiario.es para enlazaros”.

“Este canon responde a la presión de la misma prensa que recibe la publicidad institucional del gobierno”, dice Almeida, que no cree que se ponga nunca en funcionamiento, especialmente con estas tarifas “unilaterales y calculadas sin atender de modo alguno al perjuicio o al beneficio del que representa”.

El argumento es que el gobierno en su momento se extralimitó legislando en una materia que no esta aprobada por el Parlamento Europeo, y que probablemente no lo esté nunca. Poner trabas al enlace en Internet puede vulnerar la libertad de expresión y el derecho de creación literaria, científica artística o técnica“. Europa tiene la última palabra. Hasta entonces, el canon AEDE sigue no-muerto, soñando con la resurrección.

“Quiero que los periodistas, editores y autores reciban una justa remuneración por su trabajo, se lleve a cabo en un estudio o en el salón de su casa, se difunda en línea o fuera de línea, se publique mediante una fotocopiadora o un hipervínculo comercial en la web”. Esto es lo que ha dicho este miércoles Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en su discurso sobre el estado de la Unión en Estrasburgo.

Para conseguirlo, la Comisión Europea propone entre otras cosas hacer que los agregadores de noticias, plataformas de contenidos y redes sociales paguen a las empresas editoras de las noticias por usar, total o parcialmente, contenidos que no son suyos. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se trata de unos “derechos conexos”, cuyo objetivo es “proteger los intereses legales de personas físicas o jurídicas que contribuyen a hacer un contenido accesible al público”.

La diferencia entre Europa y España se llama CEDRO

Si esta regulación produce una cierta sensación de deja vu, es porque en España ya la tenemos, se llama canon AEDE -Tasa Google para los amigos- y es parte del artículo 32.2 de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. La importantísima diferencia es que el modelo propuesto por la Comisión  no es obligatorio. Las empresas de noticias tendrían derecho a reclamar ese dinero pero también pueden renunciar a hacerlo. Y tampoco hay un cobrador intermediario que se beneficia del proceso sin haber producido contenido alguno.

En España, el cobro de estos derechos “conexos” es irrenunciable, pero no los cobra el periódico, la productora o la revista que los ha generado sino CEDRO, con carácter retroactivo desde enero de 2015. Las empresas de noticias que no son socias de CEDRO no reciben un céntimo de la recaudación generada de su propiedad intelectual y las que son socias, todavía no saben cuándo ni cuánto cobrarán.

La tasa AEDE no es popular. En su corta vida ha conseguido ser rechazada por la mayor asociación de editores de prensa de España (AEEPP) y por colectivos, autores culturales, empresas y organizaciones. También ha sido destacada por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos como una de las principales barreras del comercio digital global, además de afectar profundamente al sector de los anunciantes. Google tampoco está contento 

La Directiva sobre los derechos de autor propone “reforzar la posición de los titulares de derechos para negociar y ser remunerados por la explotación en línea de sus contenidos en plataformas de distribución de vídeos como YouTube o Dailymotion” pero sin mencionar las famosas sociedades recaudadoras que intermedian por defecto en nuestro país recibiendo pingües beneficios. Además, quiere obligar a los editores y productores “a ser transparentes e informar a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes de los beneficios que han obtenido con sus obras”. No es de extrañar que la SGAE ya haya manifestado su decepción, argumentando que, aunque tiene buenas intenciones, “no cumplen las expectativas de los creadores”.

Google también la rechaza y ha enviado una circular: “La propuesta parece similar a las leyes fallidas tanto en España como en Alemania y representa un paso atrás para los derechos de autor en Europa. La innovación va a ser todavía más complicada para cualquiera que escriba, lea o enlace a una noticia, sin mencionar las complicaciones para las múltiples startups que trabajan en Europa en el sector de medios, a la hora de desarrollar un negocio online sostenible.

La propuesta podría incluso limitar la posibilidad de Google de mandar tráfico de manera gratuita que pueda ser monetizable, a los medios de noticias, a través de Google News y el buscador. Después de todo, pagar por mostrar fragmentos de información no es una opción viable para nadie.

El canon AEDE, impuesto en la última modificación de la Ley de Propiedad Intelectual a través del artículo 32.2, es una de las principales barreras actuales al comercio digital global, según un informe de 474 páginas de la USTR.

El presidente los Estados Unidos tiene dentro de su oficina ejecutiva a una agencia que se encarga de recomendarle y desarrollar una política comercial para su país. Se llama USTR, (por sus siglas en inglés Office of the United States Representative, oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos) y acaba de emitir su informe 2016 donde expone y analiza las que considera son las principales barreras al comercio digital en todo el mundo.

Bajo el apartado “Servicios de Internet y comercio electrónico” y al mismo nivel que los bloqueos de tráfico de internet en China se encuentra marcada como uno de esos agujeros negros el llamado Canon AEDE, también definido como una tasa al enlace (“Link Tax”).

La agencia estadounidense compara la situación de la tasa en España con la de otros países de su entorno europeo. Señala que después de que Alemania implementara una medida para que los agregadores remuneraran a otras fuentes de noticias por el uso de snippets, muchos dejaron de enlazarles, lo que hizo que gran cantidad de medios optaran por no requerir esos pagos. Luego explica que sin embargo, la ley que España aprobó a fines de 2014 es similar pero que esos pagos son obligatorios, es decir que los medios no pueden optar por no recibir los pagos cuando sus contenidos sean enlazados.

“Como resultado de esta nueva ley, muchos agregadores, incluidos algunos de Estados Unidos, se han retirado del mercado español”, dice el informe, que también se refiere al estudio (documento) que llevó a cabo la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) sobre las consecuencias de la implementación de esta ley. Según este estudio, el coste para los lectores de noticias online podía estimarse en 1.850 millones de euros anuales a seis meses de la entrada en vigor de la ley, y también afecta al sector de los anunciantes.

La agencia dice que los ingresos de los editores decayeron y que muchos editores pequeños dependientes de agregadores para obtener tráfico se vieron “desproporcionadamente afectados”. La USTR considera que esta cuestión merece una atención especial, así como un compromiso de la Unión Europea para asegurar que los modelos innovativos de negocio sean positivos para los proveedores de contenidos.

Un informe económico que analiza el impacto de la nueva ley de propiedad intelectual y más específicamente su artículo 32.2, que contiene el llamado Canon AEDE o tasa por enlace, señala que la irrenunciabilidad supone un perjuicio para muchos editores, especialmente los medianos y pequeños digitales. Este impacto negativo del canon también se extiende a la competencia, un grupo que abarca agregadores, publicaciones online y para los consumidores, entre los que distinguen lectores y anunciantes.

Este es uno de los aspectos más novedosos del informe: el impacto en los anunciantes. Aunque antes otros estudios, como el de AFI o los de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia señalaban la posibilidad de un impacto negativo en los editores digitales y los lectores, NERA analiza también el alcance de las consecuencias negativas para anunciantes: por un lado un menor impacto de la publicidad y la mayor concentración del mercado, y por el otro la pérdida de presencia en canales especializados e innovadores.

La caída del número de visitas, principalmente para cabeceras pequeñas, tiene un efecto directo en el alcance de la publicidad online, lo que, según el informe, conlleva una mayor concentración en el mercado de la publicidad y un alza en los precios para los anunciantes. Esta publicidad es muy difícil de reemplazar a través de otros medios, como los offline, ya que el mercado de anuncios online se considera un mercado diferenciado.

Por otro lado, el freno a la innovación de agregadores y prensa online también afectará negativamente a los anunciantes por la pérdida de alcance en canales especializados, como por ejemplo la publicidad en el móvil. Una parte sustancial de las innovaciones de la prensa se enfocan en plataformas móviles, ya que los usuarios cada vez más las prefieren para consumo de noticias.

El estudio establece que tanto en el medio como en el largo plazo, el deterioro o desaparición de estos canales como medio publicitario necesariamente afectará sus ingresos, algo particularmente relevante para anunciantes que suelen recurrir a pequeñas publicaciones de carácter local para su publicidad. En esta situación, las grandes empresas se verán fortalecidas por la desaparición de dichos competidores, lo que implicará mayores precios.

El informe fue encargado por la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) a NERA para que se valorase el impacto de la introducción del nuevo artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga al pago de una tasa por parte de los agregadores de noticias online a los editores por el hecho de enlazar sus contenidos. El artículo también señala que el cobro de este canon es irrenunciable y que debe realizarse a través de una entidad de gestión, que según el Ministerio de Cultura será CEDRO. 

El análisis se centra principalmente en los efectos sobre la competencia, principalmente para el sector de los agregadores y para las publicaciones, así como para los consumidores (lectores de prensa digital) y los anunciantes en medios digitales.

Un canon negativo: quién debería pagar

Así respondió uno de los autores del informe, Pedro Posada de la Concha, a la duda de si es posible definir tarifas de lo que deberían pagar los agregadores o medios que enlacen a AEDE.

Existe amplia evidencia empírica que corrobora el impacto profundo de internet en diversos aspectos de nuestra vida, y el sector editorial se ha beneficiado de las ventajas de la Red. Los beneficios son no son sólo los obvios de distribución de contenidos sino también los de modelos de negocio, ya que al reducir los costes de operación, bajan las barreras de entrada de nuevos medios. 

En España han surgido en los últimos años diarios llamados “nativos digitales”, con modelos de negocios con costes operativos reducidos y que suelen ser gratuitos y dependen de la publicidad como fuente única o principal de financiación.

Ante la falta de una marca consolidada y una base de lectores, estas empresas buscan la innovación en la forma de editar y distribuir sus contenidos. En paralelo a la creciente cantidad de información online, los agregadores de contenido se han desarrollado de manera significativa y juegan un papel fundamental al reducir los tiempos de búsqueda del vasto material informativo disponible en la red.

El impacto de los agregadores

Con datos de distintos estudios empíricos hechos desde 2011 en distintos países (tres de ellos en España), el estudio concluye que los agregadores son servicios complementarios a las publicaciones, más que competidores; y esto es más marcado para publicaciones pequeñas y poco conocidas.

El estudio indica que no hay ninguna justificación económica para este canon, y que la introducción de una legislación sólo se justifica en circunstancias muy específicas, como por ejemplo cuando hay fallos de mercado y que aún así lo mejor es dejar que las partes lleguen a acuerdos privados, como los que han ocurrido con editores en otros países europeos. En el caso español, no sólo no existe externalidad negativa, sino que es positiva.

Los efectos de la LPI sobre la competencia

Con base de datos de tráfico de Comscore, Chartbeat y análisis empíricos, uno de los apartados que el informe presenta con más detenimiento es el impacto sobre la competencia, tanto a corto como a largo plazo. Afirma que desde su puesta en vigor “es claro que afecta de manera directa o indirecta no solo a los propios agregadores de noticias sino a todo el ecosistema relacionado con la provisión de contenidos”. Hay dos tipos de efectos:

Pérdidas para los consumidores

El impacto sobre los consumidores es una menor variedad de contenidos y disfrute de innovaciones tecnológicas y a corto plazo, el incremento en el tiempo que dedican a buscar contenidos en internet, algo que el informe calcula en 1.850 millones de euros, una cifra que excede los 1.133 millones que estimaba el informe de Afi (Analistas Financieros Internacionales) cuando la reforma de la ley aún era un borrador, en julio del año pasado. 

La cifra parece demasiado alta y difícil de medir cuando hablamos de la lectura de contenidos gratuitos en internet. La ausencia de un precio hace difícil estimar una “función de demanda” y por tanto, el excedente o beneficio neto que obtienen los consumidores.

Recientemente, en la literatura económica se han desarrollado algunas metodologías para la estimación de los productos y servicios digitales “gratuitos”. La idea es que el coste se relaciona con el tiempo que se invierte para su consumo, y a este valor se le puede asociar fácilmente un importe, considerando el coste de oportunidad de ese tiempo invertido medido, por ejemplo a través del salario medio de los usuarios. De esta manera, NERA hace un cálculo de “cambio en el excedente del consumidor” de 1.850 millones de euros anuales en pérdidas para los lectores de prensa online.

Consecuencias para las publicaciones online

El informe señala que el nuevo artículo de la LPI ha supuesto daños en el corto plazo para los editores: menores ingresos por publicidad, barreras de entrada y expansión, reducción del excedente del productor de unos 10 millones de euros anuales, freno a la innovación y a la libertad de empresa.

Además, el análisis desagrega ese tráfico según el tamaño del diario y puesto en Comscore, y comprueba que el efecto ha sido desigual: los periódicos más pequeños son los más perjudicados. También consideran razonable esperar que la caída en el tráfico a largo plazo será mayor, particularmente para ese mismo grupo, cuando los lectores se concentren en las grandes cabeceras.

AEEPP pide retirar el 32.2

Arsenio Escolar es director de la AEEPP, que con 114 editores asociados que editan cerca de 2000 cabeceras, representa especialmente a estas publicaciones pequeñas y medianas. Escolar recordó las declaraciones de Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA (que declaró recientemente que mientras él esté en el cargo ningún medio de su grupo va a cobrar ese canon), para señalar que AEDE está dividida internamente en torno a esta ley.

Escolar también señaló que “es significativo que los grandes editores -de los cuales el primero es El País- son los principales beneficiados de esta ley y fueron los principales promotores de esta reforma”, a la que calificó de “un ataque directo a la libertad de prensa y a la de empresa, a la libre competencia”.

El Parlamento Europeo rechazó ayer la enmienda que a última hora había presentado la eurodiputada alemana del Partido Popular Europeo (PPE) Angelika Niebler y que abría la puerta una Tasa Google en la Unión Europea parecida a la que existe en España con la Ley de Propiedad Intelectual. La votación realizada en la Eurocámara sobre la reforma de la Ley de Copyright frenó esta posibilidad.

Además, el Parlamento avaló una de las propuestas que más polémica ha generado en los últimos días: la libertad de panorama que, de momento, no será restringida –como había pedido el eurodiputado francés de los liberales Jean Marie Cavada, aunque después se retractó -y no será necesario pedir permiso a los arquitectos para comercializar imágenes de edificios que estén en la vía pública.

Al término de la votación que aprobó por mayoría el informe de la eurodiputada alemana del Partido Pirata, Julia Reda, esta se mostraba exultante. “El Parlamento ha escuchado al medio millón de personas que se han unido a mí y han defendido la libertad de panorama”, recalcó con respecto al uso de las imágenes. En las últimas semanas, la propia Reda había hecho campaña insistiendo en que en trece países de la UE, entre ellos España, sí estaba permitida.

De hecho, Francia, donde sigue prohibida por su ley nacional de derechos de autor, fue uno de los países más beligerantes. Allí se da la circunstancia de que mientras la Torre Eiffel se puede fotografiar de día –hace más de 70 años de la muerte de su arquitecto Carl Gustave Eiffel – y vender la imagen, no ocurre lo mismo de noche debido a que el diseño de la iluminación –ha habido varios en los últimos años- conserva sus derechos. Reda insistió durante días en que esto podría pasar en toda la UE si no se aprobaba la libertad de panorama.

Precisamente, uno de los movimientos más perjudicados hubiera sido Wikimedia y por ende sitios como Wikipedia, que habrían tenido que borrar miles de imágenes de edificios y esculturas. También durante las últimas semanas, sus miembros hicieron un esfuerzo por convencer a los eurodiputados del perjuicio de esta prohibición. Y, de hecho, consiguieron que muchos parlamentarios, incluso de la Alianza de los Liberales –el grupo de Cavada- presentaran una enmienda a favor de esta libertad. Finalmente, aunque esta enmienda no se aprobó sí se eliminó la de Cavada con lo que la situación queda como estaba: los países que tenían la libertad de panorama, como España, la seguirán conservando.

“No es habitual que, en política, un problema se resuelva con la satisfacción de todos, pero esta es una excepción. Las consecuencias de restringir la libertad de panorama en Europa habrían sido negativas en todos los ámbitos, y solo ha hecho falta informar mejor de esta amenaza a los parlamentarios para que comprendiesen la situación y que pudiesen emitir la respuesta lógica: no. Cabe dar las gracias a quienes han invertido tiempo y esfuerzos en dar a conocer este problema, del que ya nos hemos librado”, señalaba ayer a eldiario.es David Abian, miembro de Wikimedia España.

Abian a su vez insistía en “la importancia de estar atentos a lo que sucede con las leyes que nos rigen y, aunque esta constituye la amenaza más reciente al conocimiento libre, ni es la primera ni será la última. De hecho, no olvidemos que otros países europeos seguirán sin disfrutar de la libertad de panorama que sí continuaremos teniendo en España”.

No a la 'tasa Google'

Con respecto al rechazo a la Tasa Google –que ya había sido rechazada en el Comité de Asuntos Jurídicos en la votación del pasado 16 de junio-, la europarlamentaria Reda también se mostró satisfecha con que no hubiera pasado el corte.

“Este debería ser el golpe final a la idea de introducir una tasa que ya ha fallado espectacularmente en España y Alemania”, agregó. Desde el inicio y como ya afirmó a eldiario.es, Reda había defendido la libertad de enlaces de noticias y había criticado duramente la Ley de Propiedad Intelectual española, que podrá verse entredicho si la nueva norma europea impide este tipo de cánones.

Tras su paso por el Parlamento los deberes llegan ahora a la Comisión Europea, que será la encargada de elaborar, a partir de este texto, la nueva Directiva, prevista para finales de año. El comisario de Economía y Sociedad Digital, el también alemán Günther Oettinger, que pertenece a la CDU (partido conservador), ya dijo ayer vía Twitter que no habrá restricciones para la libertad de panorama –en Alemania también está permitida- sin embargo no hizo alusiones al canon por los enlaces.

Por este motivo, la eurodiputada Reda también quiso lanzar un mensaje a la Comisión. Señaló que la aprobación del informe era un “gran paso adelante”, pero también “una oportunidad perdida” puesto que se podía haber avanzado más, como por ejemplo con una aprobación de la Libertad de Panorama para todos los miembros de la Unión. No obstante, manifestó que “por primera vez el Parlamento exige unos estándares mínimos para los derechos de los usuarios [no sólo los titulares de derechos de autor] que no deben ser restringidos por medidas técnicas [por ejemplo, los DRM en los libros electrónicos]. Hay una llamada a que se eliminen los obstáculos fronterizos para que se permita el acceso a los contenidos online [por ejemplo, poder ver los mismos vídeos de YouTube en todos los países]”. A su vez, Reda insistió en que se acabe con la inseguridad jurídica en Internet con una ley común a todos los estados miembros. Sin embargo, la eurodiputada se mostró optimista y confió en que la Comisión será “atrevida” para asegurar los derechos de los usuarios.

La pelota está en el tejado de la Comisión y Günther Oettinger. De momento, es una victoria de Julia Reda y el Partido Pirata que puede tener sus consecuencias en España.