Alfonso Rueda ha decidido dar por bueno el discurso sobre el absentismo de la patronal y conceder la categoría de “asunto urgente” a la gestión -para tratar de reducirlas- de las bajas laborales de los trabajadores gallegos. El presidente de la Xunta aprovechó su intervención en el debate sobre el estado de la Autonomía para calificar la cuestión de “problema muy serio que está lastrando la productividad en Galicia” y anunciar que su gobierno va a poner en marcha “un programa integral de abordaje” que va a tener como una de sus medidas la creación de una unidad que va a controlar lo que, en realidad, ya revisan los médicos: las incapacidades temporales. Y se va a centrar en las más habituales, que son las motivadas por lesiones musculoequeléticas y lo que Rueda denomina asuntos de “psiquiatría menor”.

El presidente gallego puso el foco en el impacto de las bajas en las cuentas empresariales en el mismo discurso en el que insistió en afirmaciones sobre la buena marcha de la economía gallega y su mercado laboral -con un paro en las cifras más bajas de los últimos 20 años, resaltó-. Aseguró que Galicia es la segunda comunidad con más jornadas “perdidas” por incapacidades temporales y con más duración media de las mismas, con unos 60 días de promedio. Siguió con esta línea argumental para afirmar que las “pérdidas” son de 2.200 millones de euros. Así que consideró que “hay mucho margen de mejora” y que el deber de la Xunta es reforzar la vigilancia. En los dos años que lleva de mandato ya puso en marcha un ensayo -se revisaron 130.000 casos y algo más de 30.000 trabajadores fueron dados de alta-, pero ahora anuncia que va a “pisar el acelerador”.

Además de las unidades especializadas para controlar las bajas más frecuentes, la Xunta va a reforzar a las mutuas privadas. Rueda indicó que, si hay una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar y solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para confirmar si debe o no reincorporarse. También va a permitirles hacer una tramitación global de todas las pruebas médicas que requieran, en lugar de que las tengan que solicitar de una en una, dijo. Añadió que todo este plan se va a plantear en el diálogo social, con patronal y sindicatos, a los que ya lanzó la advertencia de que espera que no caigan en “demagogias”.

Lo que no citó Rueda en su discurso fueron las posibles causas para que en Galicia haya bajas más largas que la media estatal o los motivos para el incremento de las incapacidades temporales, que los sindicatos relacionan con el acceso a atención médica, las amplias jornadas laborales o el envejecimiento de las plantillas. Tampoco se refirió al informe del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) que muestra que en 2025 los accidentes laborales con baja crecieron un 1,5% en Galicia -fueron 27.553-, en especial en la industria. El avance del Ministerio de Trabajo de los datos entre enero y diciembre del año pasado indica que la subida gallega de siniestralidad laboral fue la segunda más acusada entre las comunidades. Solo Asturias registró un dato peor, del 3,3%.

Las promesas para atención primaria

El presidente gallego se detuvo en uno de los agujeros de la gestión de la Xunta: una sanidad en la que empeoran todos los indicadores de demoras y que ha encadenado conflictos en los últimos años. Lo hizo para, primero, echar balones fuera y repetir que, si los últimos datos han empeorado, se debe a la huelga de médicos convocada en todo el Estado en reivindicación del estatuto marco. Sin embargo, ha minimizado el impacto de los paros registrados en Galicia contra políticas específicas de su gobierno: dijo que la que mantuvo el sindicato gremial O'Mega en atención primaria tuvo un seguimiento del 5% y que la que sigue, convocada por la CIG, parte de “un sindicato que, por lo general, no quiere llegar a acuerdos”.

Rueda volvió a admitir, como suele hacer, que el de la sanidad es un ámbito en el que hay margen de mejora y lanzó varias promesas para la atención primaria. Una de ellas es la de reducir el papeleo que tienen que hacer los médicos de familia, para lo que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene previsto crear una unidad especial que se centrará en las cuestiones burocráticas. Otra es limitar las agendas para que estos profesionales no tengan que atender a más de 30 pacientes dentro de la jornada ordinaria. Y también avanzó que la Xunta va a crear una Dirección Xeral de Atención Primaria.

Subida de la renta que puede acceder a vivienda pública

El presidente reservó para el debate anuncios también en materia de vivienda. La Xunta va a subir de nuevo -lo hizo ya en 2025- el tope de renta para poder acceder a una vivienda pública, que es la que está pensada para los hogares con ingresos más bajos. El límite va a pasar a ser hasta cuatro veces el IPREM. Ha puesto un ejemplo que lo que va a significar: una pareja con un hijo tiene ahora un tope de 2.250 euros brutos mensuales para poder acceder a este tipo de vivienda y va a pasar a 3.500. En el caso de las familias numerosas el tope va a ser 4,5 veces el IPREM. La otra novedad es que el Gobierno gallego va a reservar el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años.

La Xunta va a insistir en las rebajas de impuestos, que considera que “crean dinamismo”. En lo que va de legislatura, dijo, son 1.100 millones de euros los que han dejado de ingresar las arcas públicas gallegas por estas bajadas fiscales. La siguiente va a ser una bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para las operaciones con viviendas protegidas.

El discurso de Rueda no citó el nombre de Altri directamente, pero sí se detuvo en las críticas a la planificación eléctrica del Estado, a la que la Xunta atribuye tener que haber dado carpetazo al proyecto de macrocelulosa, que provocó un fuerte rechazo social y manifestaciones históricas. Rueda dijo que no incluir la conexión que necesitaría Altri fue una maniobra política. En materia industrial, reafirmó la apuesta por los también muy contestados proyectos de minería y avanzó que habrá este año otro concurso de derechos mineros, después de que el del año pasado quedasen desiertos la mayoría de los ofrecidos.

Su única referencia al sector eólico fue la de reiterar que la Xunta seguirá defendiendo los proyectos en el mar y en tierra. “Vamos a seguir apostando por una eólica terrestre ordenada y respetuosa con el medio ambiente”, manifestó. Precisamente el argumento del posible daño ambiental irreversible ha parado varios de los planes que están en marcha en Galicia para instalar aerogeneradores. El sector acaba de recibir una nueva sacudida con el anuncio reciente del traslado forzoso de dos jueces de la sección del Tribunal Superior de Xustiza encargada de revisar estos litigios.

Rueda dedicó los minutos finales de su intervención en el debate de política general a proponer que la marca 'Galicia calidade', acuñada para promocionar productos alimenticios, se extienda al “estilo de vida” gallego.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado la intención del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de legislar para aumentar la democracia interna de las empresas, con más participación de los trabajadores en su gobernanza, un proyecto apoyado por un informe encargado a un grupo de expertos y expertas internacional sobre la materia. “La empresa es democrática, cuidao, con sus accionistas, que son los que se juegan el dinero”, ha sostenido el empresario vasco.

“Si estáis tranquilos, nos viene la ley del intervencionismo en estado mágico y máximo, que le llaman la ley de la democracia en la empresa”, ha ironizado Garamendi durante un encuentro empresarial organizado en el Hotel Palace de Madrid, por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia.

“Id preparando, tranquilos, el 10% vais a repartirlo, los sindicatos que nos van a dirigir la empresa, van a tener el 50% del Consejo (de Administración) y otras tantas cosas que parece que se plantean”, ha ironizado Garamendi, entre risas del público. El líder empresarial se ha referido a varias medidas del comité de expertos, como facilitar que los trabajadores accedan a la propiedad de las empresas y participen con un peso relevante en las decisiones de su gobernanza, con asientos en los consejos de administración.

El presidente de CEOE ha indicado que, aunque todo apunta a la dificultad de esta ley para salir adelante, “solo el anuncio provoca ya la desconfianza”.

Aunque esta mayor participación de los trabajadores en las empresas existe en la mayoría de países de la UE, como señalaba en esta entrevista la profesora Isabelle Ferreras, presidenta de la comisión de expertos, Antonio Garamendi ha afirmado espera que España no sea “el país del experimento” para estas medidas.

La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que iba a convocar la mesa de diálogo social para negociar esta regulación, pero Garamendi ha deslizado la posibilidad de no sentarse siquiera a hablar con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. “Cuando nos convoquen a esta otra mesa no sé lo que haremos, pero lo que no vamos a aceptar es una premisa que es falta”, ha sostenido. Este mismo argumentó justificó la patronal para no sentarse a negociar una modificación legal del despido improcedente.

Denuncia ahora el “ausentismo”: “Es un dumping a los compañeros”

El líder de los empresarios españoles ha criticado este jueves el aumento de las bajas médicas, ahora no con la palabra “absentismo”, sino con una nueva: “El ausentismo”. Con este término, Garamendi parecía señalar los comportamientos abusivos con las bajas, que no ha cifrado, pero que ha señalado “que existe”.

“Es un dumping, es un daño horrible que le hace una persona a su compañero, porque le está chuleando en algún caso”, ha afirmado el empresario vasco. A renglón seguido ha precisado que las patronales quieren “que la gente sane” y que no dicen que todos los trabajadores sean “ausentistas”.

“Va a ser que la desigualdad es culpa nuestra”

El líder de la CEOE ha mostrado también enfado y perplejidad por el debate sobre la desigualdad, que señala a algunas empresas y empresarios por no repartir la riqueza generada con sus trabajadores, pieza clave en la producción de estas ganancias, y con el conjunto de la sociedad, vía impositiva. También por su reticencia a alcanzar un acuerdo para subir salarios, cuando los márgenes empresariales están en máximos.

“Se habla de desigualdad y, curiosamente, va a ser que la desigualdad es cosa nuestra. Tiene su gracia. Porque se está planteando todo lo público que no se gestiona bien.... Pues al final, la culpa es nuestra. Más fácil, es más sencillo”, ha lamentado.

Garamendi ha denunciado “el mundo en estos momentos, que es terriblemente injusto para quienes creamos progreso, riqueza, que son las empresas”. El dirigente patronal ha señalado que los empresarios son verdaderamente “los progresistas” porque generan “progreso”.

El gran aumento de las bajas por enfermedad de trabajadores protagoniza cada vez más estudios, jornadas y debates públicos, muchos de ellos de la patronal y otros organismos económicos. Aunque no se denuncie fraude expresamente, ni se sustente con datos, se está extendiendo un lenguaje que desliza una supuesta voluntariedad de los trabajadores a la hora de ausentarse de su puesto. Desde la propia palabra “absentismo”, que utilizan los empresarios y cada vez más actores para referirse a las bajas, a recientes estudios que denominan “trabajadores repetidores” a aquellas personas que han tenido más de una baja médica en un año.

Algunas de estas expresiones no son nuevas, como advierten desde hace años los sindicatos. Por ejemplo, está muy normalizado decir que los trabajadores “se cogen una baja”. Como si fuera algo que dependiera de ellos mismos, cuando toda incapacidad temporal (IT) está firmada por un médico, que suscribe que esa persona sufre una enfermedad o una dolencia que le impiden trabajar.

Así, cuando hablamos de bajas laborales nos estamos refiriendo a personas enfermas, accidentadas o con alguna dolencia. Sin embargo, la denominación desde la que se está abordando el aumento de las bajas médicas es –cada vez más– el “absentismo”. “Mientras se habla de subir salarios, sin valorar los problemas de las empresas, hay un problema: el absentismo laboral. Nos falta gente en porcentajes escalofriantes”, subrayó esta semana el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.

La Real Academia Española (RAE) define absentismo como sigue: “Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación” y “abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo”.

Es decir, el debate se suele abordar de partida con una denominación que traslada una supuesta voluntariedad o costumbre de los trabajadores de ausentarse de sus funciones.

Estudios que ponen en la diana enfermar más de una vez en un año

A estas expresiones más conocidas, varios estudios recientes están incorporando en el debate público nuevos términos y marcos conceptuales con claras connotaciones negativas por estar de baja médica (es decir, por enfermar) más de una vez en todo un año.

El Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), uno de los más detallados en su análisis de datos sobre bajas médicas de los últimos años, denomina trabajadores “repetidores” a aquellos que han tenido más de una baja en un plazo de doce meses.

“El porcentaje de repetidores sobre el total de personas en baja por IT no ha parado de crecer, con un aumento de más de 10 puntos porcentuales (pp) en los últimos seis años, es decir, del 27%”, indica por ejemplo el estudio. Esa palabra, personas “repetidoras” de bajas, se está extendiendo en noticias y otros informes, como el que presentó hace unos días la patronal Pimec en Madrid.

El mismo enfoque tiene el reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la incapacidad temporal, que en su caso habla de “reincidencia”. “El porcentaje de trabajadores con más de un episodio anual aumentó del 23% en 2017 al 31,8% en 2024, lo que evidencia una reincidencia creciente”, recoge el estudio del organismo público. Según la RAE, reincidir es “volver a caer o incurrir en un error, falta o delito”.

Entre sus recomendaciones, la AIReF propone “diseñar un sistema de control más intensivo para trabajadores que inicien un segundo episodio de IT o alguno posterior en el mismo año natural”. Es decir, para el organismo fiscalizador de las cuentas públicas, el umbral para extremar la vigilancia de la Seguridad Social es tener más de una baja al año.

Lo que no se puede es culpabilizar a las personas que tienen procesos recurrentes. Pensando que quien cae de baja varias veces en un año, o en años sucesivos, es un defraudador.

Carlos Bravo — CCOO

Por poner un ejemplo práctico: faltar al trabajo por una gripe, que el pasado año arreció con más fuerza en varias Comunidades, y por una gastroenteritis o un lumbago ya sitúa a una persona en este foco de “reincidencia” o bajo la etiqueta de “trabajador repetidor”.

Desde este marco, estos estudios señalan quiénes son las personas que están más de baja, los “perfiles” con más probabilidad de IT o que tienen “más probabilidad” de “repetir”, en el caso del análisis de Umivale y el Ivie. Según su sexo (las mujeres), su edad (las personas mayores), su profesión (cuello azul) o sus patologías (entre las que se suele destacar la salud mental).

“Lo que no se puede es culpabilizar a las personas que tienen procesos recurrentes. Pensando que quien cae de baja varias veces en un año, o en años sucesivos, es un defraudador. Entre otras cosas, porque ahí están todos los enfermos crónicos de este país que tienen un empleo. No parece razonable”, denunció hace unos días Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

La AIReF señala también varias situaciones con más derechos laborales –mejores convenios colectivos o contratos indefinidos frente a temporales– por sus mayores cifras de bajas. Las organizaciones de trabajadores piden hacer también el ejercicio inverso: preguntarse y estudiar si las bajas en situaciones de precariedad son las necesarias. “Evidentemente, quien no puede permitirse estar enfermo, va a trabajar enfermo”, denunció Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT.

La mirada: la sombra del abuso y casi nunca la salud

En otras ocasiones, el vocabulario de algunos actores públicos es mucho más duro y señala directamente un presunto abuso de las bajas. Es el caso de Lorenzo Amor, presidente de la patronal de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE. “Lunes y viernes no hay baja laboral, hay bajaciones”, llegó a decir Amor al ser preguntado en un desayuno informativo de Europa Press por el problema del absentismo laboral.

En este y otros casos, se ponen bajo sospecha las bajas, sin datos que lo sustenten o con cifras cuestionables. Por ejemplo, el informe de la mutua Umivale y el Ivie alerta del mayor aumento y “repetición” en las bajas por problemas de salud mental y por “algias” (dolores), que cataloga como patologías “más difícilmente objetivables”, sembrando la duda sobre posibles abusos de los empleados.

Lunes y viernes no hay baja laboral, hay 'bajaciones'

Lorenzo Amor — Presidente de ATA y vicepresidente de CEOE

Sin embargo, el mismo informe reconoce que entre los autónomos estas patologías “suponen prácticamente la misma proporción de jornadas perdidas (49%)”, un dato que puede cuestionar ese supuesto fraude o abuso de estos trabajadores, que afectaría a sus propios negocios.

A la vez, el debate sobre el aumento de las incapacidades casi nunca se hace eco de otros datos, estadísticas y contexto sobre la salud, el verdadero trasfondo de la prestación. Por ejemplo, se cuestionan las bajas por motivos de salud mental, que se han disparado tras la pandemia y que suponen un mayor coste por su larga duración, mientras la Encuesta Nacional de Salud que publica el INE nos está dando múltiples cifras del deterioro de estas dolencias, como que se ha triplicado la población con depresión en los últimos tres años.

Otro dato: España es el país del mundo líder en consumo de ansiolíticos, señalado como el que más tomaba benzodiacepinas, el principio activo que contienen la mayoría de los fármacos de esta familia, según un informe de 2019 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Un consumo que se ha disparado aún más tras la COVID. Y otro: España es uno de los países europeos con más trabajadores que señalan el ámbito laboral como causa de estrés, ansiedad o depresión (40%), según una encuesta de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Hay población trabajadora va medicada a trabajar y no dejan su actividad a pesar de sus dolencias, como reflejó una encuesta en Catalunya, otra realidad muy pocas veces reconocida en los debates económicos sobre bajas médicas. Tampoco que la salud mental apenas está cubierta por la sanidad pública, al contrario de lo que sucede con otras patologías, lo que lleva a la desatención de muchas personas y al retraso en su recuperación.

Además, los múltiples estudios de las patronales sobre “absentismo” ignoran habitualmente una de sus responsabilidades: la salud laboral. Un caso especialmente llamativo, de hace solo unos días, es el de la construcción. Su patronal publicó un informe sobre el coste de las bajas para el sector, sin abordar el impacto de la siniestralidad. “No hemos entrado justamente en esa problemática”, respondieron. Se trata del trabajo más mortal de España, con un aumento del 22% de personas fallecidas en accidentes laborales el año pasado. Murieron 164 de sus trabajadores en 2025.

Los sindicatos CCOO y UGT piden más responsabilidad con los enfoques y estudios sobre este tema, para no estigmatizar ni culpabilizar a personas en una situación de vulnerabilidad, por estar enfermas, y no poner en cuestión la protección de un derecho básico como es la salud. “Nadie tiene que estar de baja ni un día más de lo necesario, pero nadie tiene que estar de baja ni un día menos de lo que necesita”, advierte Bravo (CCOO).

Tras el informe de la AIReF de la semana pasada sobre bajas laborales, en el que el organismo fiscalizador criticó la “dejación de funciones” de la Seguridad Social y pidió más control sobre los trabajadores de baja médica, el Ministerio de la Seguridad Social ha reactivado este lunes la mesa de diálogo social sobre Incapacidad Temporal con los sindicatos y la patronal, parada desde hace meses. Tras la reunión, ha anunciado la puesta en marcha inmediata de un Observatorio para ahondar en sus causas, medida comprometida hace más de un año.

En concreto, la Seguridad Social ha anunciado “la puesta en marcha de manera inminente de un Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal (IT)” cuya finalidad será “mejorar la salud y la recuperación de las personas trabajadoras y promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social”.

Con esta medida, “se pretende monitorizar la situación de la incapacidad temporal de forma concertada con agentes sociales y Ministerio de Sanidad, que formarán parte del Observatorio”, ha apuntado la Seguridad Social.

Como ha afeado la parte patronal, la medida es –con otro título– la ejecución de un compromiso de diciembre de 2024, cuando se prometió formar “en tres meses” una comisión que analizara una comisión estatal, integrada por Gobierno, sindicatos y empresarios para analizar la incapacidad temporal (IT) por enfermedades comunes, incluyendo el seguimiento de las causas, la incidencia y duración de los procesos.

El Observatorio será regulado en una orden ministerial “que empezará a tramitarse de inmediato mediante una consulta pública previa”, precisan en la Seguridad Social, y tiene “vocación de tener carácter permanente”, ha afirmado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, que ha insistido en el compromiso del Ministerio con “la salud de los trabajadores”.

Malestar en los sindicatos con el informe de la AIReF

El 'número dos' de la ministra Elma Saiz ha reconocido que este lunes se retomaba la mesa de diálogo social sobre bajas por incapacidad temporal tras “una interrupción” de ciertos meses, desde finales de octubre, aunque ha apuntado que el Ministerio ha estado trababajando de manera “constante”.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han criticado que se haya interrumpido este diálogo y que se haya retomado a raíz del informe de la AIReF sobre el aumento de bajas laborales por enfermedad, con el que han sido muy críticos. Las organizaciones de trabajadores han rechazado su enfoque ceñido únicamente al gasto público de la prestación y no en un análisis más amplio, que también considere la situación de los sistemas públicos sanitarios (con largas listas de espera) y la propia situación de salud de los trabajadores.

“Lo que no se puede es culpabilizar a las personas que tienen procesos recurrentes. Pensando que quien cae de baja varias veces en un año o en años sucesivos es un defraudador. Entre otras cosas, porque ahí están todos los enfermos crónicos de este país que tienen un empleo”, ha denunciado Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y protección Social de CCOO.

Bravo ha lamentado también el señalamiento de las bajas por salud mental, en auge tras la pandemia de COVID y que afecta en gran medida a los jóvenes. “Somos el país líder en tratar la salud mental con fármacos”, ha recordado el sindicalista de CCOO. Muchas de estas personas van cada día medicadas a trabajar, pese a sus dolencias.

Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT, ha criticado también el señalamiento de la Autoridad Fiscal del mayor número de bajas de trabajadores con más derechos, respecto a otros más precarios, como los que se han estabilizado tras la reforma laboral. “Evidentemente, quien no puede permitirse estar enfermo, va a trabajar enfermo”, ha lamentado Estévez.

La patronal quiere que las mutuas den el alta

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme han denunciado que el Ministerio ha tenido parado durante meses lo que consideran uno de los “mayores problemas del país”. La representante de los empresarios, Rosa Santos, ha sostenido que el aumento de bajas laborales es, en primer lugar, un problema de salud, pero también es un problema económico para las empresas, de aumento de costes y de organización del trabajo.

La Seguridad Social enviará de nuevo a los agentes sociales sus propuestas de octubre, entre las que destaca una oferta de “altas progresivas” para que ciertos trabajadores con procesos de enfermedad largos se reincorporen de manera gradual al trabajo, que no convence ni a sindicatos ni a empresarios.

Además, hay algunos cambios en la gestión de la Seguridad Social, para agilizar ciertos procesos, que ven con mejores ojos en los agentes sociales. Aun así, sindicatos y empresarios insisten en que la Seguridad Social debe aumentar sus plantillas que intervienen en la gestión y seguimiento de las bajas médicas, que han tachado de “insuficientes”.

Ante este déficit de recursos públicos, los empresarios reivindican más que nunca una de sus demandas tradicionales: que las mutuas puedan dar el alta médica, una acción que es competencia exclusiva de los servicios públicos de salud.

Los sindicatos rechazan de plano esta petición, dada la actual organización de las mutuas, que siguen siendo organizaciones empresariales, aunque sean tuteladas por la Seguridad Social y gestionen fondos públicos de cotizaciones sociales. Carlos Bravo ha sostenido que, si se quiere dar más competencias a las mutuas, CCOO y UGT ya han planteado que su gestión debe cambiar y que pase totalmente a ser pública, en manos de la Seguridad Social.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido este miércoles más vigilancia de la Seguridad Social de las bajas médicas, ante el aumento de estas ausencias laborales en los últimos años. El organismo público detecta una correlación positiva entre las listas de espera de los sistemas sanitarios y la mayor duración de las bajas, aunque su principal recomendación es aumentar el control de los trabajadores y de manera más temprana, ante lo que tacha de una gestión con “deficiencias” en la actualidad.

El estudio sobre la Incapacidad Temporal (IT) ha sido presentado este miércoles por la presidenta de la AIReF, Cristina Herreno, en sus últimos días en el cargo, junto a José María Casado, director de la División de Evaluación del organismo. Herrero ha sostenido que “la incapacidad temporal es una de las prestaciones principales del sistema del bienestar español”, ya que protege la renta de los trabajadores cuando han sufrido un accidente o enfermedad y no pueden ir al trabajo. “Es una prestación imprescindible”, ha apuntado.

La autoridad fiscal se ha centrado en analizar el aumento del gasto público en esta prestación de la Seguridad Social en los últimos años. “Ha multiplicado por dos el coste desde 2017 y por tres desde 2014”, hasta los 16.500 millones de euros en 2024. Este incremento del coste se produce, principalmente, por un aumento de la duración de las bajas (que se ha incrementado casi en un 41% desde 2017) aunque también por un aumento de la incidencia de estas bajas (un 29% de incremento).

“Me parece muy peligrosa esa idea de que la gente se coge una baja y no va en tres años a trabajar”, ha respondido Herrero sobre las críticas generalizadas al absentismo ante el aumento de bajas médicas. La presidente de la AIReF ha afirmado de que hay que partir de la premisa de que una baja laboral tiene un motivo médico, que acredita siempre un profesional sanitario, pero también ha considerado que “si hay algún caso que no” está justificado, “ahí es donde debe entrar el INSS”.

Una vigilancia y supervisión que el organismo público considera que tiene “deficiencias”. Herrero ha llegado a tachar a la Seguridad de “dejación de funciones” en su tarea de seguimiento de las bajas.

Las causas que destaca la AIReF del aumento de bajas

Desde este marco, la AIReF ha analizado los motivos que causan el aumento de las bajas médicas, entre los que han señalado cinco y, de manera prioritaria, uno: “La falta de supervisión y seguimiento de los procesos de incapacidad temporal” por parte de la Seguridad Social.

Cristina Herrero ha afirmado que, aunque la Seguridad Social (el INSS) tiene competencias para supervisar las bajas desde el primer día, y lo hace en exclusiva a partir del día 365, pero “en la práctica lo que ocurre es que actúa a partir de 366 días”, lo que ha denunciado que “supone una pérdida de las ventajas de una intervención temprana” y aumenta el “riesgo de prolongación” de las bajas.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social han sostenido, en lo que respecta al control y seguimiento temprano, que “el INSS ya cuenta con un sistema de analítica predictiva que permite una gestión avanzada y preventiva” y que “se están realizando importantes avances con la creación de una unidad de seguimiento especializado, para apoyar a los médicos de familia, que permita priorizar determinadas intervenciones”.

Además, la AIReF señala que ha empujado al alza las bajas una “evolución normativa más garantista y mejoras de los convenios colectivos”, que han reflejado con dos ejemplos. El primero, la mayor cobertura de las bajas médicas en los primeros días de los empleados públicos en 2018, que pasó del 50% al 100% del salario, y que según la AIReF elevó “un 40% la probabilidad de iniciar una IT”. Por otro lado, la reforma laboral supuso el traspaso de muchos trabajadores temporales a contratos indefinidos y el organismo ha analizado que “el cambio de un contrato temporal a un contrato indefinido incrementa en un 30% la probabilidad de iniciar” una baja laboral.

El tercer causante que señala la institución es el ciclo económico, ya que en épocas de crecimiento económico aumenta tradicionalmente las bajas médicas. En cuarto lugar, la AIReF constata un notable aumento de las demandas de la Atención Primaria de los ciudadanos desde la pandemia. Es decir, que la gente va más al médico que antes, sobre todo ante enfermedades infecciosas, como son las gripes, por ejemplo.

La quinta causa es una correlación positiva entre la demora de las listas de espera en los servicios públicos de salud y el aumento de la duración de las bajas médicas, lo que más presiona al alza el gasto público, según los datos. “Aquellas Comunidades Autónomas con listas de espera de mayor duración, tienen duraciones de la IT mayores”, ha explicado José María Casado en la rueda de prensa, en la que no se ha señalado

Este punto se ha centrado en los datos de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y para consultas de atención sanitaria especializada, y no en los retrasos en la atención primaria ni en las pruebas diagnósticas, de los que Casado ha afirmado que la AIReF no tenía datos disponibles de las administraciones afectadas.

El estudio de AIReF no ha señalado el envejecimiento de la población como una de las causas del aumento de las bajas médicas, aunque son el colectivo que tiene procesos de IT más prolongados, por la mayor gravedad de sus patologías en general. El director de la División de Evaluación ha sostenido que, aunque el envejecimiento puede ser un motivo del aumento de bajas a largo plazo, en este corto periodo de tiempo (2017-2024) no han considerado que es una de las causas principales del incremento. Además, Casado ha recordado que entre los jóvenes hay un mayor aumento de las bajas, del número de procesos cortos.

En el aumento de las bajas hay un peso importante que se debe al aumento de los procesos por salud mental, que se han disparado desde la pandemia, y que tienen mayores duraciones. Aunque estas patologías apenas están cubiertas por la sanidad pública en la atención especializada, no hay recomendación para ampliar la asistencia pública de esta dolencia, como reclaman los sindicatos y también la patronal.

Alertas automáticas del INSS ante “indicios de absentismo”

Dado este diagnóstico del aumento de las bajas por parte de la Autoridad Fiscal, el organismo público recomienda de manera prioritaria reforzar el control y la vigilancia de la Seguridad Social de las bajas médicas de los trabajadores desde etapas más tempranas, y no solo a partir de los 365 días.

Para ello, la AIReF recomienda que se cree una unidad especializada en Incapacidad Temporal que se encargue de esta vigilancia, gracias a una mayor información sobre los procesos de baja, que incluya más detalles y más datos sobre “si hay desviación de los procesos óptimos”, tanto de los tiempos de baja como de la reincidencia de los trabajadores que tienen más bajas.

El organismo ha destacado que el 5% de trabajadores acumula el 25% de los episodios de baja, aunque ha reconocido que no ha filtrado estos datos por los diagnósticos, como procesos oncológicos o enfermedades crónicas. Casado ha explicado que la AIReF recomienda que la Seguridad Social vigile de manera prioritario este grupo de trabajadores, “no porque pensemos que haya absentismo, sino porque es donde está el volumen fundamental, como medida de eficiencia”.

La AIReF ha recomendado así que se creen “alertas automáticas” en la Seguridad Social cuando se superen ciertos índices considerados como “óptimos”, como “índices” de posibles casos de absentismo, ha considerado Herrero.

Fuentes del Ministerio que dirige Elma Saiz destacan que “la saturación asistencial de los Servicios Públicos de Salud es un factor crítico” del aumento de las bajas, “a lo que se añade la sobrecarga de trabajo de la Inspección Médica del INSS, debido a que las bajas largas (de más de 365 días) cada vez son más numerosas”, añaden en la Seguridad Social.

Desde la Seguridad Social se administran el grueso de las pensiones y prestaciones contributivas y no contributivas del sistema. Tal y como definen desde el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son un conjunto de medidas diseñadas para “prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos”. En concreto, suelen tratarse de prestaciones que abordan contingencias que suponen un exceso de gastos o una pérdida de ingresos de las personas que las sufren.

Aunque las prestaciones más comúnmente conocidas son las pensiones por jubilación, las de incapacidad permanente o el Ingreso Mínimo Vital, desde la Seguridad Social también se ofrecen ayudas para un gran número de escenarios.

Para acceder a cualquier tipo de ayuda es necesario cumplir con los requisitos de afiliación, alta y cotización exigidos para cada caso concreto. En prestaciones de carácter indefinido, el ciudadano debe mantener dichas condiciones durante todo el tiempo de su percepción. Si su situación cambia, deberá notificarlo a la Seguridad Social.

Listado completo de prestaciones de la Seguridad Social

El listado de acciones protectoras de la Seguridad Social cubre un gran abanico de situaciones de necesidad previstas por la legislación vigente. Recuerda que es posible consultarlo de forma completa a través de su página web, donde figuran los requisitos para pedir cada prestación, sus características, plazos y cómo se gestionan. Estas son las ayudas vigentes este 2026:

Ingreso mínimo vital (IMV)

Se trata de una prestación ideada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de individuos que viven solos o que están integrados en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. La cuantía a percibir es la diferencia entre la renta garantizada (que este año se ha establecido en 733,60 para un adulto que vive solo) y los ingresos del solicitante. Para solicitarla deberás visitar esta página o rellenar esta solicitud y presentarla tras pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano.

Pensión de jubilación

Se trata de una prestación vitalicia a percibir cuando se cesa el trabajo al alcanzar la edad establecida, a fin de cubrir la pérdida de ingresos originada por el cese de la actividad laboral. Existe un régimen general (para jubilaciones ordinarias, anticipadas, flexibles, parciales, etc) y uno especial (para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón). La cuantía de esta ayuda depende de un gran número de variables, como la base reguladora y los años trabajados, por lo que puedes calcular cuál sería tu cuantía aquí. Para solicitarla, puedes pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano o en esta página web.

Incapacidad permanente

Esta prestación pretende cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales de una persona que ve reducida o anulada su capacidad laboral a causa de un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente. De forma similar a las pensiones por jubilación, existe un régimen general y uno especial para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón. Existen distintos grados de incapacidad (permanente parcial, permanente total, permanente absoluta y gran incapacidad), que determinan los requisitos para acceder a esta prestación y la cuantía a percibir. El grado de incapacidad lo determinan los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de cada Comunidad Autónoma, compuestos por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Para solicitarla, deberás rellenar este formulario y presentarlo tras pedir cita en Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Pensión de viudedad

Se trata de una prestación vitalicia para aquellos que han compartido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida. Entre los requisitos se encuentra, por supuesto, el vínculo matrimonial o de pareja de hecho entre la persona fallecida y el solicitante (con requisitos especiales para separados); periodos mínimos de cotización o la causa del fallecimiento (por ejemplo, si la muerte tiene como causa un accidente, sea o no de trabajo; o una enfermedad profesional, no se exige período previo de cotización). La cuantía a percibir será entre el 52 y el 70% de la base reguladora, en función de si se cumplen o no una serie de requisitos. Es posible solicitar la pensión de viudedad a través de este enlace, que te permitirá además gestionar la pensión de orfandad de forma conjunta.

Pensión de orfandad

Esta prestación está dirigida a los hijos menores de 21 años o que estén incapacitados de un progenitor fallecido (o reconocidos en el matrimonio si la unión se ha celebrado dos años previos a la muerte). Se trata de una pensión compatible con la viudedad y que además, como hemos comentado, se pueden tramitar de forma simultánea, pero debes tener en cuenta que interaccionan entre sí y que varíe la cuantía final a percibir de ambas. En el caso de orfandad a causa de la violencia contra la mujer, deberás rellenar este documento y presentarlo en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Otras prestaciones disponibles en 2026

La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha valorado positivamente el anuncio del Gobierno de Cantabria de sufragar las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos durante los dos primeros meses de baja por enfermedad.

Con esta medida, el Ejecutivo regional atiende la petición que el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, planteó el pasado 4 de diciembre en un desayuno organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), al que también asistió el consejero de Industria, Eduardo Arasti. Ha sido precisamente Arasti quien ha comunicado este miércoles la decisión durante el pleno de la Mesa de Empleo Autónomo.

“El pasado día 4 en Santander solicité al Gobierno de Cantabria que ayudara a los autónomos de baja asumiendo el coste de la cuota de Seguridad Social durante los primeros 60 días de baja. Hoy lo han confirmado y autónomos y autónomas cántabras tendrán una ayuda fundamental”, ha señalado Amor. “Es un alivio saber que una administración apuesta por nosotros”, ha añadido, subrayando que los trabajadores por cuenta propia “siguen asfixiados por las trabas, trámites, impuestos, cotizaciones...”.

En concreto, el Gobierno cántabro ha dado a conocer esta mañana que cubrirá a los autónomos sin asalariados a su cargo las cuotas a la Seguridad Social de los dos primeros meses de situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir, enfermedad o accidente no laboral, así como a todos los autónomos, tengan o no asalariados a su cargo, en caso de enfermedad grave.

ATA ha celebrado que con esto los autónomos “tendrán el respaldo y alivio que proporcionará el Gobierno de Cantabria”, que cubrirá el 100% de la cuota ingresada hasta un máximo de 700 euros en total.

“Los autónomos también nos ponemos malos”

La presidenta de ATA Cantabria, Ana Cabrero, ha valorado “muy positivamente” la medida. “Los autónomos también nos ponemos malos, y aunque tiene que ser grave para que nosotros nos demos de baja, se agradece poder tener este apoyo”, ha señalado. Además, ha respaldado la solicitud del Gobierno cántabro de declarar el 10 de marzo como Día Europeo del Autónomo, porque “es necesario que nos vean, que nos oigan”.

El lumbago es con diferencia la incapacidad temporal más frecuente en Canarias. La causa es fundamentalmente “el estrés, la ansiedad, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos o la sobrecarga de esfuerzo”. Así se desprende del estudio Incidencia de la enfermedad común y del accidente no laboral, y costes económicos generados por la incapacidad temporal. Canarias (2018-2021) publicado recientemente y en el que se recuerda que “el grupo ocupacional de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, es el más afectado”.

Los autores de esta investigación, Óscar González Morera, Luis M. Bello Luján y Patricia Barber Pérez, destacan entre sus conclusiones que “la tasa de incidencia de la incapacidad temporal ha sufrido un aumento progresivo entre los años 2018 y 2021, que nos sugiere un empeoramiento de la situación de la Salud Laboral en Canarias, influida por la pandemia de la COVID-19 con el aumento de casos relativos al virus, y la disminución de otros diagnósticos debido a las medidas de confinamiento”.

El lumbago copó tanto en 2018 como en 2019 el mayor número de incapacidades temporales (12.487 y 14.738 casos respectivamente) y en 2020 y 2021 aunque los casos de COVID-19 lideraron esas bajas temporales, el lumbago siguió ocupando los primeros puestos con 10.176 casos de IT en 2020 y 12.781 solo por detrás del COVID-19, que en esos años debido a las medidas restrictivas de confinamiento para atajar los contagios por la pandemia se dispararon las bajas por esta enfermedad.

“La lumbalgia sigue destacando como primera enfermedad o proceso crónico, sobre todo a partir de los 55 años, pero yo incluso diría que un poco antes. Y realmente no tiene que ver exclusivamente con tomar un peso determinado, sino que tiene que ver con la repetición de los ejercicios. Por ejemplo, las camareras de piso de los hoteles. Pero es que además, esa lumbalgia aparece también por la contractura muscular, por el estrés que el trabajador vive”, resume Luis M. Bello a esta redacción. Los autores creen que al estrés del trabajo se le suma el estrés de vivir.

Los problemas de salud mental han entrado en esta tabla en los últimos años. Si en 2018, la segunda causa de incapacidad temporal era la gripe (9.684) y la décima el “estado de ansiedad no especificado” (3.173); en 2021, el estado de ansiedad se ha incrementado una frecuencia de 9.116 casos.

“La duración media de la incapacidad temporal oscila entre los 32,9 días del año 2020 y 52 días del año 2018. A partir del 2018, disminuye año tras año, excepto en 2021 que aumenta a 33,9 días”, destaca el estudio, que añade que “durante el período de estudio se ha reducido significativamente la duración media de las bajas, si bien las mujeres se mantienen algo más en esa situación”.

Además, “el grupo de edad que ocasiona el mayor gasto por incapacidad temporal en cada año del cuatrienio estudiado es el de 46 a 55 años, y el que ocupa el segundo lugar es el de 36 a 45 años en cada año del conjunto estudiado, excepto en el 2021, que lo representa el grupo de edad entre 56 y más años”.

En cuanto a la distribución territorial, el área de Salud de Gran Canaria mantiene durante todo el periodo estudiado la proporción más alta de casos. Entre el 43% y el 45%. En segundo lugar, se encuentra la isla de Tenerife, con una proporción entre el 36% y el 41%. Y, en tercer lugar, con proporciones entre el 7% y el 9% se encuentra Lanzarote.

El estudio indica que “los costes por incapacidad temporal en enfermedad común y accidente no laboral en Canarias durante el cuatrienio 2018-2021 oscilaron entre los 568 millones de euros en 2018, 663 millones en 2019, 412 millones en 2020 y 589 millones en 2021. La suma total de este gasto asciende a una cifra superior a los 2 ́2 mil millones de euros”. No obstante, añade que en 2020, año de la pandemia, a pesar de los numerosos casos de COVID, las políticas de confinamiento para evitar los contagios, incluidos el teletrabajo, redujeron las bajas por incapacidad y, por tanto, los costes imputables a este concepto.

“La pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto notable en la incapacidad temporal, tanto en el aumento de casos relacionados con el virus como en la reducción de otras bajas debido a las medidas de confinamiento”, incide el informe.

Cómo afrontar esta realidad y prevenir

En el estudio, se determina que “la incidencia de la incapacidad temporal derivada de las enfermedades comunes y de los accidentes no laborales disminuiría si actuáramos contra los factores que la producen” y en este sentido, los autores hablan de la promoción de la salud, también en el ámbito laboral, la prevención de la enfermedad, las actuaciones tempranas en la asistencia sanitaria o la rehabilitación pacientes, así como la correcta organización de los servicios de salud para conseguir entre otros objetivos, la disminución de las listas de espera quirúrgicas, consultas externas o las de exploraciones complementarias, son todas ellas actuaciones que conducirían a la disminución de este tipo de inasistencia al trabajo“.

Pero además creen que “hay que contar con un control adecuado de su gestión, y por último es de suma importancia la responsabilidad personal de la ciudadanía que depende de otros factores económicos, sociales y culturales”.

“Es recomendable que los médicos de familia realicen una valoración integral y personalizada de los pacientes, teniendo en cuenta no sólo los aspectos médicos, sino también los factores psicosociales y laborales que puedan estar influyendo en la aparición de una incapacidad temporal. Además, deben fomentar la comunicación con los empresarios para impulsar medidas preventivas y adaptar las condiciones laborales, favoreciendo un enfoque multidisciplinario en la gestión de la incapacidad temporal”, subrayan.

El estudio apunta que “en Canarias, más de cien mil trabajadores trabajan en el sector de la hostelería y que la lumbalgia constituye la primera causa de ausencia al trabajo durante el cuatrienio estudiado, que la misma, está influida especialmente por factores como el estrés y la ansiedad, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos o la sobrecarga de esfuerzo”.

Por tanto, los autores ven clave poner en marcha programas para las empresas que incluyan medidas como “la organización de talleres de ergonomía, evaluación y rediseño de los espacios de trabajo, actividad física programada, alimentación saludable en el lugar de trabajo, pausas activas durante la jornada laboral con el fin de reducir el estrés y la fatiga y apoyo psicológico para mejorar la ansiedad”. Con ello creen que “podríamos evaluar con métodos sencillos, los efectos que se producirían en la mejora del estado de salud, y en consecuencia, sobre las tasas de incapacidad temporal por enfermedad”.

Un enfoque de género

Los autores Óscar González Morera y Luis M. Bello señalan a esta redacción que es importante aplicar la perspectiva de género en este estudio, ya que el estudio refleja que “el número de mujeres que han podido acceder al trabajo durante el cuatrienio estudiado ha aumentado de tal forma que la diferencia con respecto a los hombres es de solo tres puntos, sin embargo, la proporción de mujeres que han presentado una incapacidad temporal no ha disminuido, sospechando que los factores de orden social como las cargas domésticas y familiares, ya puestas de manifiesto por otros autores, continúan estando presentes”.

González Morare y Luis M Bello recalcan que las mujeres siguen sosteniendo los cuidados, que son las que además de ocupar sus puestos de trabajo son las que se encargan mayoritariamente de los cuidados tanto de los menores como de las personas mayores. “Las mujeres todavía siguen atendiendo más estas cargas familiares”, insisten. En ello inciden la falta de políticas de conciliación, añaden.

“Constatamos cómo la mujer presenta la baja en edades más tardías en relación con el hombre en casi todo el periodo de estudio (2018-2021), hecho en el que podría estar influyendo el retraso en su incorporación al mercado laboral, el aumento de la edad del embarazo o la mayor atención en esas edades a las cargas familiares”, resalta el estudio.

Los autores concluyen en que es clave insistir en la prevención y en el refuerzo de la Atención Primaria en este sentido. También valoran que se haya puesto en marcha desde Sanidad un sistema para prescribir actividad física, aunque creen que habría que seguir ampliándolo.

En Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, hay centenares de trabajadores que cada día acuden al tajo con miedo. Vestas, una multinacional de la energía eólica que produce palas para los aerogeneradores, da empleo en la localidad a un millar de personas. En los últimos años, hasta seis decenas de ellas han terminado con la incapacidad total o parcial debido a una enfermedad de origen laboral. Los productos tóxicos con los que trabajan hacen que los empleados desarrollen alergia a las resinas epoxi, lo que les granjea fuertes dermatitis y asfixia crónica. La compañía asegura que vela por la seguridad de la plantilla mientras los trabajadores no dejan de movilizarse para reclamar mayores y mejores medidas de seguridad en el entorno laboral.

El presidente del comité de empresa, José Miguel Martín, cifra en 800 los operarios de producción en la planta. A ellos se suman otros dos centenares de trabajadores dedicados a la parte de ingeniería, almacén y oficina. “En realidad da lo mismo. Aquí ha habido gente que ha enfermado y le han dado la incapacidad aunque no trabajara directamente con las sustancias tóxicas”, denuncia este sindicalista de CCOO.

Los datos que manejan desde el comité son, como mínimo, “llamativos”, tal y como los describen: aseguran que a partir de 2016 se han dado unos 60 casos de incapacidad total o parcial por enfermedad laboral, aunque otros tantos no estén documentados por tratarse de empleados procedentes de empresas de trabajo temporal. En lo que ha transcurrido de 2025, ya ha habido seis nuevos casos confirmados y ocho más están en estudio. Asimismo, a cinco antiguos trabajadores incapacitados, con el paso de los años, les han diagnosticado también sensibilidad química múltiple.

En general, estos trabajadores han desarrollado una fuerte alergia a las resinas epoxi, presentes en un alto nivel en el desarrollo de las palas eólicas. “La consecuencia es un asma y una dermatitis no habituales, sino muy incapacitantes”, añade Martín. Además, trabajan con productos reprotóxicos, y desde el comité sostienen que los casos de aborto entre la plantilla son más altos que la media de la población, lo que ha provocado problemas a algunos trabajadores para poder tener descendencia.

Medidas colectivas de seguridad

La situación es tan alarmante que un compañero que estaba destinado en el almacén de Vestas Daimiel falleció por neumoconiosis, una enfermedad pulmonar, tal y como aparece en el informe forense, donde se apunta que puede ser originada por el entorno laboral. “Hemos denunciado decenas de veces a la empresa ante Inspección de Trabajo. Solo este año llevamos diez requerimientos y tienen dos propuestas de sanción, porque la propia Inspección atestigua que la evaluación de riesgos laborales es confusa e incompleta al no identificar los productos de reacción de las resinas epoxi, y por eso enfermamos”, comenta el presidente del comité, quien agrega que la compañía “prefiere pagar las multas que aplicar las medidas colectivas de seguridad pertinentes”. Una de sus principales reivindicaciones es que los procesos operacionales se puedan aislar.

La empresa ha respondido a elDiario.es que la seguridad de sus trabajadores “es la máxima prioridad” para ellos “con un estricto cumplimiento de la regulación”. La compañía ha subrayado que desde mediados de 2024 se han invertido más de 700.000 euros en mejoras de seguridad colectivas. “Para los próximos meses se finalizarán mejoras adicionales por valor de casi un millón de euros, fruto del consenso con los empleados”, han añadido. Vestas ha declinado responder sobre cualquier otra cuestión denunciada por la plantilla.

Miedo a las consecuencias a largo plazo

Muy diferente es lo que piensa Jesús Maximiliano Martín, integrante del comité de Seguridad y Salud de la empresa y delegado de prevención por CSIF. “Lo más problemático es que nos tememos que esto sea solo la punta del iceberg. Todavía desconocemos qué consecuencias tendrá a largo plazo esta exposición a los productos tan tóxicos con los que trabajamos”, introduce. Jesús teme que tras las graves alergias que incapacitan a numerosos trabajadores se puedan esconder casos de cáncer, trastornos metabólicos y problemas de fertilidad debido a los disruptores endocrinos que poseen algunos de estos materiales.

Este delegado de prevención esgrime que Vestas culpabiliza al trabajador cuando enferma y le acusa de no utilizar correctamente los EPI. “Eso es totalmente mentira. Cuando hemos llegado a juicio, a la empresa le han preguntado en varias ocasiones si el empleado en cuestión ha sido apercibido por ello y han tenido que responder que no”, comenta el delegado de prevención. También se queja de que la empresa debe realizar una investigación exhaustiva para determinar el origen de esa enfermedad laboral en la que participe un delegado sindical. “Nunca nos han permitido participar en estas investigaciones, ni nos han facilitado ninguna de sus resoluciones desde 2017”, apuntilla.

Actualmente, la plantilla espera la señalización de fecha para juicio oral por una denuncia grupal que interpusieron en 2019. “Hemos llevado la cuestión por lo penal, porque la situación es inaguantable. No podemos venir al trabajo a enfermar”, reivindica Jesús. Desde su punto de vista, el incremento de las enfermedades laborales a partir de 2016 se debe a un cambio en los productos utilizados en la factoría y en el proceso de fabricación. “Tenemos miedo a que esto se convierta en una crisis como la del amianto. No queremos llegar tarde a salvar nuestras vidas”, comenta el delegado de prevención.

Afectaciones psicológicas tras la incapacidad

Antonio Villalta trabajó en Vestas desde el año de su apertura, en 2007, hasta que le diagnosticaron alergia a la epoxis, en 2016. Su caso fue uno de los primeros que, tras conseguir la incapacidad total y permanente por un tribunal médico, la empresa recurrió. “Veían que detrás vendrían otros tantos como yo, y es lo que ha pasado”, cuenta a este medio mientras vuelve a Membrilla, el pueblo de Ciudad Real en el que reside, tras haber participado en la última movilización que los trabajadores han realizado en la capital frente a las oficinas centrales de Vestas.

A sus 58 años todavía recuerda cómo hace algo más de una década se le truncó la vida. “Yo ya tenía irritaciones, y siempre he hecho mucho deporte, pero últimamente me asfixiaba con facilidad. No lo dije entonces porque temía perder el trabajo, y tenía dos hijos adolescentes”, relata. En cambio, llegó un día que la irritación cubrió todo su cuerpo. En la planta le enviaron a la mutua, en Madrid se sometió a varias pruebas y poco después le comunicaron que no podría volver a trabajar ahí.

Actualmente cobra el 75% de su antigua base de cotización en 12 pagas abonada por la mutua y lucha porque la empresa le pague también el 40% por el recargo de prestaciones que ya le ha aprobado el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero recurrido por Vestas. El 3 de julio espera el juicio para determinar si la compañía hará frente a este pago.

Más allá de la problemática irritación y asfixia que acompañará a Villalta de por vida, este electricista no ha vuelto a trabajar en ningún lugar. “Nadie te quiere, tienes colgado un sambenito y todo son trabas”, dice con cierto pesar. Por otra parte, la afectación psicológica le ha pasado factura. Todavía se emociona al recordar los momentos que transitó: “Nos pintaron Vestas como la panacea, como lo mejor, pero al final ha supuesto pasarlo muy mal. Cuando pasó todo me daba vergüenza que me vieran mis hijos. Llegué a creerme un inútil total. Lo he pasado muy mal”, desarrolla.

Heridas que impiden coger una cuchara

No es el único. Ignacio Vázquez tiene ahora 49 años, vive en Manzanares y comenzó a trabajar en Vestas en 2010. Once años después, cayó enfermo. “Había veces en la planta que realmente, según olías el ambiente, pensabas que algo estaba mal. Son sustancias muy peligrosas”, expresa. Este antiguo trabajador de la factoría de palas eólicas de Daimiel a día de hoy no puede bañarse en una piscina por el cloro ni estar en un lugar recién limpiado con lejía, por ejemplo. Tampoco puede salir con sus amigos a montar en bici, como tanto le gustaba hacer, ya que se asfixia.

“Empecé a sentir unos picores fortísimos que se convirtieron en heridas. Me salieron burbujitas de pus por los brazos. Las manos las tenía tan agrietadas por el pus que no era capaz de coger una cuchara”, ilustra este antiguo reparador de palas en Vestas. Él también desarrolló alergia a las epoxi. Cuando tuvo que ir a recoger unos documentos a la planta, ni siquiera pudo entrar en ella por la reacción que experimentaba su cuerpo. A día de hoy goza de una incapacidad parcial del 55% que le certificaron en 2022. “Puedo trabajar pero muy limitado. No me quieren en ningún sitio”, determina.

Cuando todo esto sucedió, Vázquez, quien tiene tres hijos, admite que se sintió avergonzado. “He sido siempre una persona muy activa que ha hecho de todo y ahora me veo muy constreñido. Ni siquiera soy capaz de hacer un dibujo con sprays con mi hija por la reacción que me sale”, ejemplifica su frustración.

Sin trabajo y sin paro

Otro antiguo empleado de Vestas con la incapacidad total que empezó a trabajar en Daimiel en 2016 prefiere no dar su nombre. Todavía sigue litigando con la empresa. Su positivo a las resinas epoxi llegó en agosto del año pasado. “El día que me asusté de verdad fue cuando sufrí una inflamación increíble en la cara. La tenía totalmente dormida y desconfigurada y no sentía nada, con los labios muy inflamados, y sin sensibilidad”, describe .

Al igual que sus compañeros, admite que se le vino el mundo abajo cuando le dijeron que no podía seguir trabajando en Vestas, en sus propios términos. “Te quedas sin trabajo y no tienes derecho a paro porque no te finiquitan al no ser despedido, cuando en realidad no puedes trabajar por una enfermedad que han generado ellos”, denuncia. Actualmente, por su incapacidad total cobra la mitad de su antiguo salario.

Si mira lo sucedido con cierta retrospectiva, este antiguo trabajador de Vestas asume que “cuando llevas casi una década trabajando para una empresa y enfermas y nadie se interesa por ti, te sientes desamparado y defraudado”. Y agrega: “Nos pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo cuando en realidad somos un numerito más para ellos. Si te vas porque estás enfermo por su culpa, les da igual”. Por el momento, sigue litigando para que su incapacidad continúe siendo total, ya que una de las mutuas a las que está sujeto ha recurrido para que sea considerada incapacidad parcial.

Martín, el presidente del comité de empresa, asegura que también acude a la factoría con miedo. “Aquí vemos cómo cada día caen más compañeros. No sé si en el futuro me quedaré unido a una máquina de oxígeno de por vida porque no pueda respirar con normalidad o si tendré un problema de salud que me impida disfrutar de la vida”, comenta. Por eso, entre marzo y mayo la plantilla ha realizado 18 paros parciales. Cuatro jornadas completas de mayo fueron a la huelga, y han repetido este 12 y 13 de junio. “La gente nos apoya. Todo el mundo que se entera de lo que sucede piensa que esto tiene que terminar”, finaliza el presidente del comité.

La Seguridad Social ha trasladado a los sindicatos y las patronales mayoritarias su primera propuesta de lo que se han denominado “altas progresivas”, la reincorporación progresiva al trabajo que plantea la ministra Elma Saiz para bajas médicas prolongadas en algunas patologías, entre las que ha mencionado los procesos oncológicos. La propuesta, adelantada por El Economista y a la que ha tenido acceso elDiario.es, plantea que esta vuelta gradual pueda extenderse hasta un mes, en el que la persona trabajaría la mitad de su jornada y cobraría esa proporción de salario y también el 50% de la prestación por baja médica.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha respondido este martes que el Ministerio ha “puesto encima de la mesa una panoplia amplia de medidas” en la negociación sobre las bajas por incapacidad temporal, que ha destacado que tienen como objetivo “mejorar la salud de los trabajadores” y “lograr una más rápida recuperación”.

Entre estas medidas, figura el primer planteamiento de la vuelta progresiva al trabajo en determinadas bajas médicas prolongadas, una posibilidad que no existe en la actualidad. La primera concreción del Ministerio, que busca despejar las dudas y los recelos que se generaron con el primer anuncio de la ministra de una baja “más flexible”, es que esta reincorporación gradual “solo se producirá cuando el trabajador haya recuperado la salud y tras recibir el alta médica”.

Para bajas de más de seis meses

El Ministerio plantea que la vuelta progresiva se aplique “en procesos de baja de larga duración (más de 180 días)”, superiores a seis meses, frente a los tres meses planteados inicialmente por Saiz, y no en todo caso, sino en “determinadas patologías”.

Estas enfermedades no quedan concretadas en el documento trasladado al diálogo social, pero en este debate la ministra Elma Saiz ha destacado los procesos oncológicos. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) lleva tiempo reclamando alguna medida en este sentido por las dificultades que viven algunos pacientes al volver a sus puestos de trabajo con mucha intensidad.

La Seguridad Social plantea que este regreso paulatino pueda alargarse un mes (“una duración máxima de 30 días”) y acota la medida para las personas que trabajan con jornadas completas y a tiempo parcial, pero con “una jornada superior al 80% de la jornada ordinaria”.

La Seguridad Social plantea que en la reincorporación progresiva se trabaje la mitad de la jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario y a la vez una prestación del 50% de la baja médica

En concreto, la vuelta gradual se concretaría en que la persona trabajaría la mitad de su jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario y, a la vez, recibiría también una prestación equivalente al 50% de la prestación por incapacidad temporal (la baja laboral), por la mitad de la jornada que no trabaja.

El secretado de Estado de la Seguridad Social ha afirmado que esta es una de las medidas que se han trasladado a los agentes sociales para ser negociadas a partir de ahora y conseguir “una articulación de mejorías” al sistema de incapacidad temporal actual, que experimenta un gran aumento de bajas médicas –que también viven otros países europeos– por múltiples factores, como el envejecimiento de la población trabajadora, un empeoramiento de la salud mental y las largas listas de espera en la sanidad pública, entre otras.

Baja parcial en casos de pluriempleo

Otra de las novedades que ha planteado la Seguridad Social es que los médicos puedan permitir a una persona que trabaje en uno de sus empleos, si es pluriempleado o tiene plurieactividad (autónomos), y siempre que esté capacitado para desempeñar alguna de sus tareas, otra opción que ahora no existe y que habían reclamado las patronales de empresarios. Antonio Garamendi, líder de la patronal CEOE, ha puesto alguna vez de ejemplo una persona con una lesión que le impida el movimiento y un trabajo físico, pero no el teletrabajo.

“Se permitirá que aquellos trabajadores que desempeñen más de una ocupación, bien sea en pluriempleo o en pluriactividad, cuando se encuentren en situación de IT [incapacidad temporal], puedan continuar desempeñando, en su caso, aquella actividad para la que, a juicio médico, no se encuentren impedidos”, propone el Ministerio.

Esta opción se ciñe a dos situaciones: “Cuando en el momento de la baja inicial se emita un parte de baja médico para una actividad y para otra no”, o “cuando en el momento del hecho causante se emita un parte de baja médico para todas las actividades, pero, posteriormente, se emita un parte de alta que afecta únicamente a alguna de estas”.

El documento también recoge algunas modificaciones para “agilizar la gestión” de la incapacidad temporal, “reducir las cargas administrativas” en el proceso que llevan a cabo tanto los servicios públicos de salud, la Seguridad Social y las mutuas, así como “aliviar la sobrecarga de trabajo de la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social y reforzar las estructuras de gestión de los procesos de incapacidad (Equipos de Valoración de Incapacidades)”.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han enfocado esta mesa de negociación con cautela, conscientes del problema del aumento de las bajas médicas y su duración en algunos casos, pero insistiendo en la necesidad de que esta reforma no suponga un recorte de derechos para los trabajadores enfermos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la Ley 2/2025, de 29 de abril, que modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social para eliminar la incapacidad permanente como causa automática de extinción del contrato laboral. 

La norma entrará en vigor mañana, 1 de mayo de 2025, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo. Esta reforma responde a un compromiso del Ministerio de Trabajo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y busca “promover la igualdad de oportunidades laborales para las personas con discapacidad”. 

Hasta ahora, el reconocimiento de una incapacidad permanente podía llevar al despido automático del trabajador, sin considerar su voluntad o la posibilidad de adaptar su puesto. Con la nueva normativa, se establece que el trabajador dispone de diez días naturales desde la notificación de su incapacidad para solicitar mantener su empleo. La empresa, por su parte, tiene un plazo de tres meses para adaptar el puesto, ofrecer uno alternativo o, si se cumplen ciertos requisitos, proceder a la extinción del contrato. 

¿Qué cambia exactamente?

La reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores elimina la incapacidad permanente como causa automática de despido. Esto significa que, a partir de ahora, el trabajador podrá optar libremente entre solicitar la extinción de su contrato o pedir que la empresa adapte su puesto actual o le ofrezca otro compatible con su nueva situación. 

Tiene un mes desde la notificación de su incapacidad para solicitar mantener su empleo. La empresa, entonces, dispone de tres meses para adaptar el puesto, ofrecer uno alternativo o proceder a la extinción del contrato si se cumplen los requisitos necesarios. 

¿Cuándo podrá la empresa extinguir el contrato?

La extinción solo será posible en tres supuestos muy concretos:

Para valorar si los ajustes suponen una carga excesiva, se tendrán en cuenta el tamaño de la empresa, sus recursos económicos, su volumen de negocio y si existen ayudas públicas que permitan asumir dichos costes.

Además, en empresas de menos de 25 personas trabajadoras se considerará carga excesiva cuando el coste de adaptación supere la indemnización correspondiente o seis meses de salario del trabajador.

¿Y si el trabajador quiere mantener el empleo?

En caso de que el trabajador manifieste su voluntad de mantener el empleo, y la empresa tenga capacidad para adaptar el puesto o asignarle otro compatible, la relación laboral no se extingue. Durante este proceso de adaptación -o mientras se concreta el cambio de puesto-, la relación laboral quedará suspendida, pero se mantiene la reserva del puesto de trabajo hasta un máximo de dos años.

Cuando se mantenga la relación laboral gracias a la adaptación del puesto o a un nuevo destino compatible, la pensión de incapacidad permanente quedará suspendida mientras el trabajador siga activo en ese nuevo puesto. Si la relación laboral termina posteriormente, se reactivará la pensión.

Además, el Gobierno se compromete a presentar en un plazo de seis meses una propuesta normativa para regular la compatibilidad entre trabajo y pensión de incapacidad permanente, como ya recomendaba el Pacto de Toledo.

Por otra parte, los procedimientos judiciales derivados de despidos por incapacidad permanente serán tramitados con carácter urgente y preferente, conforme a una modificación de la ley reguladora de la jurisdicción social.

En definitiva, la ley trata de “garantizar, de una manera más eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad”, eliminando una “discriminación” estructural que, hasta ahora, permitía a las empresas romper el vínculo laboral unilateralmente.

El Senado ha aprobado definitivamente el Proyecto de ley que elimina el despido automático por incapadidad permanente, por una amplia mayoría de 251 votos a favor y tres votos en contra. “Saldamos una deuda histórica con las personas con discapacidad y avanzamos en derechos. Hoy España es un país más justo”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Congreso de los Diputados ya había dado luz verde a la norma a finales de marzo, en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con competencia legislativa plena. La ley había sido aprobada por el Gobierno el pasado julio, tras una sentencia europea en contra de la legislación española, y fruto de la tramitación parlamentaria ha incorporado enmiendas y cambios que han fraguado la gran mayoría de votos a favor de este martes.

“El Senado aprueba el Proyecto de Ley del Gobierno de eliminación del despido automático por incapacidad permanente total, absoluta o la hasta ahora denominada Gran Invalidez”, ha celebrado esta tarde el Ministerio de Trabajo.

El departamento de Yolanda Díaz destaca que “el objetivo de esta medida es proteger el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad”.

Fin al despido automático

El Ministerio de Trabajo explica que la norma elimina el acceso a la situación de incapacidad permanente como causa automática de la extinción del contrato laboral.

“Las empresas deben realizar los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho al trabajo, incluso para las personas que accedan a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional”, subraya el departamento de Yolanda Díaz.

“A partir de ahora, la persona trabajadora tiene la posibilidad de extinguir el contrato o solicitar su adaptación. Hasta ahora la empresa decidía unilateralmente”, añade el Ministerio.

Trabajo explica que, si la persona trabajadora opta por la continuidad de la relación de trabajo, puede solicitar “una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada” o, cuando esto no sea posible, “el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a un trabajador al que se le retiró la prestación por incapacidad temporal por no acudir a una cita médica en la mutua y ha obligado a que le sea abonada, según ha informado el TSJPV. El alto tribunal ha estimado el recurso interpuesto por el trabajador y ha revocado una sentencia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao, que dejó sin efecto la extinción de la prestación de incapacidad temporal dictada con efectos del 3 de octubre de 2023, y ha condenado a las demandadas -Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua MC Mutual y empresa Bizkaiko Edari Komertzialak S.L.- a que, “en sus respectivas posiciones”, abonen al trabajador “la prestación de incapacidad temporal dejada de percibir desde dicha fecha hasta que procediera su extinción”.

El TSJPV analiza en su sentencia si la comparecencia del trabajador al reconocimiento médico en la mutua “estuvo o no suficientemente justificada”, así como la relevancia de sus posteriores actuaciones, y concluye que “este sí justificó suficientemente esa ausencia”. Por ello, cree que “no hay razón suficiente para dar por extinguida” la incapacidad temporal. El Superior vasco explica que, según los hechos declarados probados en instancia, ha quedado “acreditado” que el trabajador, que estaba de baja desde diciembre de 2022, fue citado por la mutua para un reconocimiento médico el 2 de octubre de 2023 y que este no compareció, pero envió al día siguiente, a las 15.11 horas, un email indicando que estaba enfermo y que se había olvidado de la cita, según recoge Europa Press.

También recuerda que consta en la causa que el 3 de octubre de 2023 el trabajador acudió a un centro de salud en el que se le atendió por una clínica vírica respiratoria y se le pautó reposo domiciliario de 24 horas. El TSJPV destaca que el trabajador reaccionó al día siguiente de su incomparecencia, de manera “espontánea” y sin haber recibido ninguna comunicación de la mutua, reconociendo “un error involuntario y su puesta a disposición” de esta “para cualquier otro reconocimiento”, a lo que hay que añadir “su acreditada situación de enfermedad”. El Superior vasco afirma que “todo ello revela que el demandante no ha intentado en momento alguno sustraerse al control de la mutua o dilatar el proceso de incapacidad temporal”, y añade que la incomparecencia no ha supuesto una “desvinculación del tratamiento ni de los exámenes o reconocimientos médicos a los efectos del seguimiento de la situación de incapacidad temporal, toda vez que el trabajador se excusó 'motu proprio' en la mutua y se puso a su disposición”.

El TSJPV concluye que “no hay razón suficiente para dar por extinguida la situación de incapacidad temporal”. Sin embargo, no estima la pretensión del trabajador de ser indemnizado con 7.501 euros por la indefensión y los daños causados por la decisión de retirarle la citada prestación. El Tribunal argumenta que los perjuicios causados ya van a ser reparados con la estimación de su demanda “en cuanto al reconocimiento de la prestación de incapacidad temporal” y añade que “no se aprecian o acreditan daños o perjuicios distintos o adicionales”. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Una magistrada ha condenado a Burger King a pagar 7.250 euros a una empleada por vulnerar sus derechos fundamentales al trasladarla a un nuevo centro de trabajo alejado de su hogar y que implica un gran desplazamiento para la afectada. La sentencia concluye que el movimiento fue una represalia de la multinacional ante la larga enfermedad que sufre la trabajadora, por la que encadenó varias bajas médicas.

La empleada, que trabaja en Burger King Spain desde hace 18 años, empezó un proceso de incapacidad temporal en verano de 2022, que se alargó durante más de un año. En febrero de 2024, la Seguridad Social desestimó la incapacidad permanente y la trabajadora se comunicó con la empresa para volver a su puesto de trabajo.

Según consta en la sentencia del juzgado de lo Social número 15 de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que puede ser objeto de recurso, la empleada mandó un burofax a Burger King para conocer su horario en la reincorporación, en el que expone que había intentado preguntarlo previamente. A principios de marzo, la trabajadora vuelve a la situación de baja médica, en la que continúa.

Traslado tras recaer de baja médica

Ese mismo mes, Burger King le notifica el traslado a otro centro de trabajo, en una localidad distinta a la que vive y donde trabajaba. El cambio alarga notablemente el desplazamiento (de 35 minutos a una hora y 40 minutos) y, dado que a veces la empleada termina su horario más allá de las 12 de la noche, el regreso puede complicarse porque “las secuencias de determinados transportes públicos finalizan a las 00.30 horas”, destaca la jueza.

Además, la inversión del tiempo hasta el trabajo es “superior al 25%” de la jornada de la empleada, lo que se considera también “desproporcionado”.

Burger King, que no ha querido hacer comentarios sobre este caso, informó a la propia trabajadora de que, como alternativa a la movilidad geográfica, tenía derecho a poner fin a la relación laboral. Es decir, a la extinción de su contrato con una indemnización de veinte días de salario por año (con un máximo de doce mensualidades). La trabajadora percibe un sueldo algo superior al salario mínimo interprofesional.

La empleada denunció la decisión de la empresa como una represalia por su situación de recaída de baja médica, conclusión que es respaldada por la magistrada. Burger King no realizó “el menor atisbo probatorio” para justificar las supuestas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifican el traslado de la trabajadora, subraya la sentencia.

Indemnización por vulnerar derechos fundamentales

La magistrada recuerda el refuerzo de la protección de la salud en el terreno laboral fruto de la Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, que regula que “la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública”.

Así, “la ausencia de acreditación de las razones que fueron esgrimidas para proceder al traslado determinan la falta de justificación y con ello, la nulidad de la medida”, resuelve la jueza, que concluye que Burger King vulneró el derecho fundamental a la integridad física y moral de la empleada.

Como consecuencia, condena a la multinacional a pagar una indemnización de 7.250 euros por daños morales, como había pedido la demandante. “La compensación debe encuadrarse en la escala prevista para las infracciones muy graves dada la afectación a derechos fundamentales”, indica la magistrada, que también destaca la finalidad disuasoria de la indemnización.

La multinacional defendió que no había perjuicio alguno, dado que la afectada seguía de baja y nunca llegó a trasladarse al nuevo centro de trabajo. La jueza tumba este argumento y considera que la afectación a la salud de la demandante “se agrava ante la situación que genera el ejercicio de acciones legales frente a la empleadora”.

“La demandante debió adoptar una decisión en un plazo perentorio (dadas las previsiones normativas), acudir a una persona que le asistiera en la defensa de sus derechos y con ello, se perjudicó su salud, se afectó en mayor medida la recuperación o mejoría”, contempla la sentencia.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha retomado este lunes una de las reformas que anunció el año pasado: habilitar la reincorporación progresiva al trabajo tras una baja médica. Saiz, que ha citado a los líderes sindicales y al de la patronal en el Ministerio, ha dado el “pistoletazo de salida” a esta negociación, sobre la que ha adelantado algunas “líneas de trabajo”. Por ejemplo, que la propuesta inicial de la Seguridad Social se enfoca hacia las bajas médicas de larga duración, “que superan los 90 días”, ha explicado Saiz.

La reunión de este lunes de diálogo social ha sido una reunión más formal que de contenido, han indicado fuentes sindicales, en la que la ministra Elma Saiz pretendía relanzar el diálogo social sobre esta medida, que la enfrentó hace meses a los sindicatos. En la mesa se han sentado los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y el de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, con sus negociadores habituales.

En un primer momento, Saiz hizo alusión a la necesidad de hacer “más flexible” la incapacidad temporal, es decir, las bajas laborales, lo que rechazaron CCOO y UGT. Tras la polémica suscitada, la Seguridad Social dio un giro y explicó que su propuesta se centrada en habilitar una reincorporación progresiva al trabajo, una vez se hubiera acordado el alta.

Tres “líneas de trabajo”

Elma Saiz ha afirmado que la reunión ha sido “muy positiva” y ha adelantado a los periodistas “tres líneas de trabajo”. En primer lugar, ha acotado que la propuesta inicial de la Seguridad Social para “los procesos de larga duración, que superan los 90 días”.

En segundo lugar, en el Ministerio señalan que se “debatirá la duración máxima de la reincorporación” progresiva. “Tendrá que decidirse si es un número de días concretos o, dependiendo de la patología causante de la situación, que se establezca una duración”, ha afirmado Saiz.

Por último, la tercera línea de trabajo apunta al “tipo de patologías que pueden traer origen de estas situaciones”. Saiz ha mencionado en concreto que “hay evidencias” al respecto de procesos oncológicos y los accidentes cerebrovasculares, entre otras.

La ministra Saiz ha enfatizado que la vuelta gradual al trabajo solo se acordaría una vez se ha dado el alta a la persona trabajadora. “Un trabajador o una trabajadora no puede trabajar estando de baja”, ha sostenido y ha destacado que la medida se plantea para cuando “se acredite que esa reincorporación progresiva al trabajo puede ser beneficioso para el trabajador”.

Los sindicatos piden un estudio médico previo

Este lunes, los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, se han abierto a hablar del tema, aunque con recelos. “CCOO no va a negociar ningún esquema para acelerar el alta”, ha advertido Unai Sordo. Pepe Álvarez también ha precisado que UGT no participará en la reforma si el enfoque es el de la reducción del “absentismo y el coste de la incapacidad temporal” para la Seguridad Social.

Los sindicatos mayoritarios han reclamado primero un informe técnico que respalde que la medida es favorable para las personas trabajadoras desde un punto de vista médico.

Como respuesta, la ministra ha anunciado que la convocatoria “de manera inmediata” de los grupos técnicos que estudiarán esta reforma, en la que “se va a citar al Ministerio de Sanidad”. Elma Saiz ha defendido el debate “desde rigor técnico y sanitario” para que se avance en esta nueva vía de vueltas graduales al trabajo.

En la patronal CEOE no han dado declaraciones este lunes. En el pasado, los empresarios se han mostrado a favor de explorar este debate, en el que destacan “el aumento del absentismo”, en referencia a las ausencias de los trabajadores por bajas médicas.

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha confirmat concedir la incapacitat permanent total a un ajudant de cuina que pateix diverses limitacions funcionals a una cama provocades per un accident de moto.

La Sala ratifica així la decisió d'un jutjat Social de Palma que va declarar el seu dret a percebre una pensió mensual equivalent al 55 per cent de la base reguladora de 1.362,99 euros.

El demandant va patir un accident de moto el febrer del 2021 que li va causar diverses lesions en una cama que van motivar la baixa temporal. El succés li va provocar un quadre d'artrosi posttraumàtica severa amb el consegüent menyscabament funcional.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va recórrer la sentència en sostenir que la patologia que pateix l'home com a conseqüència de l'accident li permet fer les tasques fonamentals de la seva professió. Per a l'INSS, no s'han esgotat les possibilitats terapèutiques per recuperar la mobilitat i conserva capacitat funcional per desenvolupar la seva professió d'ajudant de cuiner.

El tribunal avala el raonament de la magistrada d'instància en el qual assenyala que les malalties del demandant no són compatibles amb el treball d'ajudant de cuiner, que “és de tall físic, requereix bipedestació prolongada i moviments forçats durant tota la jornada laboral”. Aquestes funcions, apunten, “inhabiliten per al seu adequat i normal acompliment amb el mínim rendiment i professionalitat exigibles”.

La sentència no és ferma i contra ella hi ha recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha confirmado conceder la incapacidad permanente total a un ayudante de cocina que padece varias limitaciones funcionales en una pierna provocadas por un accidente de moto.

La Sala ratifica de este modo el fallo de un juzgado Social de Palma que declaró su derecho a percibir una pensión mensual equivalente al 55 por ciento de su base reguladora de 1.362,99 euros.

El demandante sufrió un accidente de moto en febrero de 2021 que le causó diversas lesiones en una pierna que motivaron su baja temporal. El suceso le provocó un cuadro de artrosis postraumática severa con su consiguiente menoscabo funcional.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recurrió el fallo al sostener que la patología que sufre el hombre como consecuencia del accidente le permite realizar las tareas fundamentales de su profesión. Para el INSS, no se han agotado las posibilidades terapéuticas para recuperar la movilidad y conserva capacidad funcional para desarrollar su profesión de ayudante de cocinero.

El tribunal avala el razonamiento de la magistrada de instancia en el que señala que las dolencias del demandante no son compatibles con el trabajo de ayudante de cocinero, que “es de corte físico, requiere bipedestación prolongada y movimientos forzados durante toda la jornada laboral”. Estas funciones, apuntan, “inhabilitan para su adecuado y normal desempeño con el mínimo rendimiento y profesionalidad exigibles”.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones creará en el plazo de tres meses una comisión estatal, integrada por Gobierno, sindicatos y empresarios, para analizar la incapacidad temporal (IT) por enfermedades comunes, incluyendo el seguimiento de las causas, la incidencia y duración de los procesos.

Así lo recoge el Real Decreto-ley para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo aprobado este lunes por el último Consejo de Ministros del año y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta comisión estudiará el impacto que la respuesta del Sistema Nacional de Salud, en cada uno de los ámbitos, tiene en los procesos de incapacidad temporal, y establecerá líneas de actuación dirigidas a proteger la salud de los trabajadores y reducir el número de procesos y su duración, incluido el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones.

Asimismo, según precisa el texto, esta comisión estatal se encargará de vigilar y controlar la ejecución de los convenios de los servicios públicos de salud con las mutuas, así como de evaluar el funcionamiento operativo de los mismos, estudiar y proponer la adopción de medidas necesarias para mejorar su efectividad e impulsar su aplicación.

Igualmente, en cada comunidad autónoma se constituirá una comisión de seguimiento de los convenios para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal y de asistencia sanitaria entre la respectiva Consejería competente en materia de Sanidad, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la que formarán parte cada uno de los agentes sociales que tengan representación en las comisiones ejecutivas del INSS en ese territorio.

Reforma de la jubilación parcial y activa

El Real Decreto-ley que incluye la creación de esta comisión incorpora la reforma que acordó el Ministerio de Elma Saiz con los agentes sociales para mejorar la regulación de la jubilación parcial, la jubilación activa y de la jubilación demorada.

Con esta mejora, se busca que los trabajadores puedan realizar una salida del mercado de trabajo más progresiva y flexible y más adaptada a las condiciones y situaciones de cada trabajador.

Respecto a la jubilación activa, se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa para facilitar su acceso.

Este tipo de jubilación será compatible con los incentivos de demora y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se demore, de manera que cada año de demora en la jubilación activa, se incrementará el porcentaje a aplicar en el percibo de la pensión e irá del 45%, cuando la demora sea de un año, hasta el 100% de la pensión si el acceso a la misma se ha demorado cinco años o más.

Además, el porcentaje de la pensión se irá incrementando cinco puntos por cada 12 meses de actividad profesional ininterrumpida, sin que, en ningún caso, se supere el 100% de la pensión.

Sobre los cambios en la regulación de la jubilación parcial, se establece ampliar de dos a tres los años la posibilidad de anticipo de acceso a la edad de jubilación, eso sí, con adaptaciones en la reducción de la jornada. Además, se mejoran las condiciones del trabajador relevista: su contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo.

Estas modificaciones introducidas en la jubilación parcial y activa entrarán en vigor el 1 de abril de 2025. Respecto a la regulación especial de la jubilación parcial para los trabajadores de la industria manufacturera, se prorroga el marco actual hasta 2029 incluido.

Esta prórroga incluye algunos ajustes para mejorar las condiciones del trabajador relevista y el diseño de una regulación más equilibrada y flexible para la empresa en lo que respecta a la organización de la jornada del relevista y del jubilado parcial.

Además, se prevé que el Gobierno realice en el último trimestre de 2028 una evaluación del impacto de la reforma de la jubilación parcial.

Jubilación demorada

Asimismo, la reforma mejora la jubilación demorada con la posibilidad de recibir un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de demora a partir del segundo año. Este complemento adicional será compatible con la jubilación activa.

En el plazo de seis meses, el Gobierno deberá modificar el régimen jurídico del complemento económico por demora, con el fin de adaptar la fórmula mixta para el percibo del complemento económico a los cambios operados por esta reforma.

Estas medidas, que se encuentran en el marco del Pacto de Toledo, y en concreto en su recomendación 12 sobre la edad de jubilación, completan el proceso de reformas iniciado en 2021 que buscaban acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal ordinaria y establecían un nuevo abanico de opciones para el trabajador de cara a la jubilación.

Además, el Real Decreto-ley se establece un mandato para el Gobierno para que en un plazo de seis meses analice los requisitos de la jubilación flexible para incentivar esta modalidad.

El texto también incluye mejoras en las condiciones de acceso a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos que recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

3.000 personas trabajadoras están de baja médica como consecuencia de la DANA y están percibiendo la incapacidad temporal especial de la Seguridad Social aprobada por el Gobierno en el primer paquete de medidas y ayudas por la catástrofe, según ha afirmado este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La responsable de la Seguridad Social ha cifrado la cantidad en “más de 3.000” incapacidades temporales extraordinarias registradas hasta el momento. Aunque la cifra puede aumentar, dado que el decreto previó esta protección especial para las bajas médicas de afectados por la DANA que se cursaran entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre.

Estas bajas laborales que cubren a trabajadores asalariados y autónomos tienen mayor cuantía, ya que se asimilan a los accidentes de trabajo, lo que supone que cobren la prestación desde el primer día (no el cuarto) y el 75% del salario. Además, no requieren un periodo mínimo de cotización.

La ministra Saiz ha subrayado que la prestación amplía la protección ante “los daños físicos y psicológicos” por la catástrofe que ha afectado especialmente la Comunitat Valenciana. Las bajas se están tramitando y que no requieren de ninguna solicitud por parte de los afectados más allá de que la cursen los profesionales sanitarios del sistema público de salud (como en cualquier otra baja).

700 nuevas solicitudes del Ingreso Mínimo Vital

“Estamos absolutamente inmersos en el despliegue del importante paquete de medidas que se han desplego de una manera rápida y efectiva”, ha sostenido Elma Saiz, en respuesta a las críticas del PP sobre el supuesto retraso de las ayudas.

Además de la cifra de estas bajas especiales, Elma Saiz ha afirmado también que hay alrededor de “700” nuevas solicitudes del ingreso mínim o vital (IMV). Esto supone que estas familias se han visto en una situación de gran vulnerabilidad, ya que se trata de una prestación para hogares en situación de pobreza severa. El segundo paquete de ayudas aprobado por el Gobierno facilitó la solicitud de esta ayuda por “pobreza sobrevenida” en el año en curso.

Elma Saiz ha recordado que el Gobierno aprobó un aumento temporal de la cuantía del ingreso mínimo vital del 15% durante tres meses, que ya cuenta con “más de 70.000 perceptores, 30.000 niños y niñas”. Además, se ha aprobado un incremento del 30% en la cuantía del complemento de ayuda a la infancia (CAPI), las ayudas mensuales por hijo asociadas al IMV, pero que también pueden recibir hogares con hasta tres veces más renta.

Sin datos aún oficiales de peticiones cursadas de la ayuda especial por cese de actividad para los autónomos afectados por la dana, la ministra Saiz ha mencionado que ya hay “2.000” consultas en las mutuas sobre estas prestaciones.

El Ministerio de Trabajo ha actualizado este lunes los datos sobre ERTE por la catástrofe de la DANA, con 1.498 empresas han solicitado la medida, que alcanzan a 18.668 personas trabajadoras.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha confirmat la concessió de la incapacitat permanent total a una animadora turística que pateix una malaltia degenerativa de columna cervical, lumbar i maluc.

La Sala ha ratificat així la decisió del Jutjat Social número 1 d'Eivissa que va declarar el seu dret a percebre una pensió mensual equivalent al 55% de la base reguladora de 1.009,51 euros més les revaloracions legals.

La resolució, contra la qual es pot interposar recurs de cassació davant el Trubunal Suprem, assenyala que la dona pateix una patologia cronodegenerativa a nivell de columna cervical, lumbar i de maluc dret. A més, pateix coxartrosis i coxàlgia dretes, així com limitacions raquis cérvico-lumbar per força membres superiors, càrregues moderades/altes i requeriments sostinguts.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va recórrer la decisió de primera instància en sostenir que la malaltia de la treballadora no es manifestava en episodis de dolor constants, per la qual cosa no es podia parlar d'incapacitat permanent atès que les seves limitacions no li impedien exercir el seu lloc d'animadora, unes funcions que majoritàriament són de planificació, avaluació, organització i desenvolupament de plans. Per a l'INSS, aquestes tasques tenen un caràcter intel·lectual i, per tant, sedentari.

Davant d'això, la Sala Social del TSJ, presidida pel magistrat Antoni Oliver, detalla que entre les funcions dels animadors socioculturals en el camp de l'oci i de l'entreteniment, com en el cas de l'afectada, es troben les de dinamitzar i desenvolupar projectes i activitats, planificar projectes culturals i de lleure, organitzar la infraestructura per desplegar i executar la programació cultural, realitzar activitats de lleure aplicant tècniques d'animació i mitjançant el joc i la pràctica de jocs físicoesportius, efectuar activitats de temps lliure relacionades amb la natura i progressar amb eficàcia i seguretat i conduir bicicletes, piragües en aigües braves, embarcacions propulsades per aletes, tipus hidrotrineu i les embarcacions pneumàtiques en aigües braves.

La sentència exposa, així mateix, que, a l'hora de valorar la capacitat laboral d'una persona, el jutjador d'instància pot apreciar amb més garanties d'encert l'autèntic estat de salut i la repercussió invalidant de les malalties de l'actora degut al “contacte directe i personal amb el material probatori”.

Els magistrats asseveren, en aquest sentit, que aquest tipus de procediments “han de resoldre's a favor del manteniment de la sentència recorreguda, excepte quan aquesta aparegui amb claredat com a desencertada, notòriament equivocada o sense tot fonament”. “I aquest no és el supòsit que ara se sotmet la nostra consideració”, abunden.

La Sala incideix que la jutgessa d'instància va dur a terme una valoració conjunta d'un quadre pluripatològic “greu i crònic”, recalcant que la Sala “no disposa d'elements de judici per qualificar de desencertada la decisió adoptada per la jutgessa instància en qualificar la demandant en situació d'incapacitat permanent total per a la seva professió habitual i, en conseqüència, fracassa el motiu i amb això el recurs, que es desestima amb expressa confirmació de la sentència recorreguda”.