El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, se perfila como segundo clasificado en la primera vuelta electoral y previsiblemente disputará el cargo a la derechista Keiko Fujimori tras superar conforme ha ido avanzando el escrutinio al ultraderechista Rafael López Aliaga, que ha llamado a sus seguidores a la “insurrección civil” tras los problemas logísticos en la votación. La oficina electoral decidió ampliar el plazo de voto al lunes en varios distritos de la capital, Lima. Aliaga asegura, sin pruebas, que ha habido fraude.

Los resultados todavía no son definitivos, pero con el 92% escrutado, la vencedora es Fujimori, con 2,65 millones de votos (el 17,1%), seguida de Sánchez, con 1,88 millones de sufragios (el 12,1%) y Aliaga, con 1,85 millones (el 11,9%). Desde que el escrutinio iba al 70%, Sánchez fue logrando reducir una desventaja de 500.000 votos respecto a López Aliaga y superarle, justo en el momento en que comenzó a computarse el voto de zonas rurales, donde el izquierdista es el candidato más votado.

Los comicios del domingo estuvieron protagonizados por largos retrasos en la apertura de locales de votación debido a la demora en la llegada del material electoral, lo que provocó que 13 centros de Lima y dos mesas en el extranjero no pudieran abrir y más de 52.000 personas tuvieron que votar un día más tarde.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció los problemas y pidió disculpas, pero la medida no evitó la airada respuesta de López Aliaga —miembro del Opus Dei y aficionado al cilicio—, que reclamó que no se proclamen los resultados, y de sectores de la patronal peruana, que piden la destitución del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La fiscalía e incluso Fujimori señalan que no hay pruebas de fraude. Corvetto lleva en el cargo desde 2020 y durante su mandato se han organizado más de 12 procesos electorales. Fujimori también se quejó sin pruebas de un supuesto fraude cuando fue derrotada en segunda vuelta en 2021 por Pedro Castillo, hoy encarcelado por intentar formar un Gobierno de excepción a finales de 2022.

El protagonista de la remontada, Roberto Sánchez, fue precisamente ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el mandato de Castillo y uno de sus más fieles, aunque acabó dimitiendo tras la maniobra autoritaria de Castillo. Hoy, tras agradecer la remontada a “Dios, la Pachamama y el Pueblo Milenario” asegura que, de resultar elegido, lo primero que hará será indultarlo.

La segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, determinará ahora si Keiko Fujimori —hija de Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en los escuadrones de la muerte de la inteligencia militar en los 90— concentra el voto de la derecha y ratifica su victoria en primera vuelta o si la izquierda protagoniza un sorpresivo vuelco. Es la cuarta vez que la candidata derechista supera la primera fase, pero nunca ha logrado ganar, condicionada por un sentir “antifujimorista” sobre cuya prevalencia se muestran divididos los analistas consultados por elDiario.es.

El país arrastra una larga etapa de inestabilidad institucional. En los últimos 10 años ha tenido ocho presidentes, con mandatos lastrados en varios casos por acusaciones y condenas por corrupción.

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se ha vuelto sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones. Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú ha sido gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien ha cumplido arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que han convertido la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 han convocado la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

Luciana Peker llega a la entrevista con prisas, culpa de una agenda cargada de compromisos en plena presentación de su último libro, La odiocracia. Al fondo a la derecha (Libros del KO), un ensayo que en sus páginas propone justo lo contrario a esa velocidad: “leer con profundidad, con tiempo, porque se necesitan diagnósticos certeros para lo que estamos viendo”. La periodista y escritora feminista vive desde hace un tiempo en Madrid, y reconoce que el libro es una forma de contar sin autocensura Argentina, ese país del que se siente “expulsada”, un país “contradictorio, bipolar y muy extremo” que se ha convertido en “el gran laboratorio de la extrema derecha”.

A través de las páginas de La odiocracia, y casi en cada respuesta, Peker advierte de que España no está viendo con suficiente claridad el peligro de ese “gobierno del odio” que la ultraderecha busca instalar como sistema: “La gente cree que camina segura sobre un suelo de derechos, que pueden cambiar las baldosas, pero el suelo permanece. Y no es así. Claro que se perfora ese suelo”. 

La conversación va y viene uniendo líneas de puntos entre la construcción de la masculinidad y las motosierras o los pañuelos verdes y el falso espejo del regreso a un pasado de hombres proveedores y mujeres deseosas de protección, sin olvidar la lógica extractivista que alimenta las relaciones de Estados Unidos y Europa con Latinoamérica. Peker sostiene que todavía hay tiempo para entender y actuar contra el “patriarcado recargado” que sostiene esta ola reaccionaria, y apuesta por el periodismo, aunque no le ahorra críticas: “Con la extrema derecha, está mirando la selfie y no la foto panorámica”.

¿Qué es la odiocracia, en pocas palabras? 

Es un sistema en el que se llega al gobierno con odio, se gobierna con odio y se genera una sociedad que reproduce ese odio, tanto en quienes están de acuerdo como en quienes no lo están. Así, el sistema de relaciones acaba hegemonizado por el odio hacia los demás.

La portada del libro muestra una gran motosierra. La motosierra es un símbolo, pero ¿de qué? 

La motosierra emula una masculinidad productiva que es leñadora, que puede usarse para hacer una casa, pero en la mano de varones inútiles que nunca sabrían hacer una casa y que, en cambio, usan la motosierra desde un lugar de terror. De hecho, la motosierra de Javier Milei está inspirada en una película de terror sobre un feminicida real norteamericano. Es el símbolo mundial más grande de amenaza hacia una sociedad con derechos y protección social. Y que en el caso de Argentina se concreta con el ajuste más grande de la historia. 

Argentina es un país contradictorio, bipolar y muy extremo, muy apasionado. Es un país con enormes avances en derechos humanos, el que llegó más lejos en el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Y ahora es el gran laboratorio de la extrema derecha

El libro habla mucho de Argentina, un país que ha vivido una especie de renacer feminista en las calles y que ahora tiene como presidente a uno de los mayores representantes del mundo de la ultraderecha y el “patriarcado recargado”, como lo describe. ¿Qué pasó? 

Argentina es un país contradictorio, bipolar y muy extremo, muy apasionado. Es un país con enormes avances en derechos humanos, el que llegó más lejos en el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Y ahora es el gran laboratorio de la extrema derecha. Es el país del movimiento que organizó la huelga feminista que se replicó en España, que fue el germen de lo que se conoce como MeToo, que en realidad empezó el 3 de junio del 2015, que vio nacer el pañuelo verde y generó una ola feminista en toda América Latina. Y por eso para la extrema derecha es tan importante que sea el lugar de su normalización: es como un disciplinamiento a un país que tenía una tradición de derechos humanos, de feminismo, de protesta social muy importante.

¿Cómo funciona esa normalización?

Paso a paso. José Antonio Kast no podría haber ganado en Chile si Europa no normalizaba a Milei en América Latina. No es casualidad que Milei haya venido ya seis veces a España. Creo que había –y todavía hay– un concepto erróneo de que existe un suelo de derechos que no se puede perforar. La gente cree que camina segura, que pueden cambiar las baldosas pero el suelo permanece. Pero esta extrema derecha es otra cosa y claro que perfora ese suelo. 

En el caso de Argentina, una inflación del 260% resulta enloquecedora, claro. En El Salvador podemos ver también una inseguridad que era real. Pero ni la inflación ni la inseguridad pueden justificar el autoritarismo. 

La sensación de frustración y la pérdida de un horizonte es algo que la ultraderecha explota especialmente bien. 

La indignación o el odio con el que hablan personajes como Milei podría funcionar bien en una campaña electoral, pero ellos no lo usan solo para que los voten. Lo usan como un mecanismo permanente. Las extremas derechas no vienen a proporcionar soluciones a esos problemas. Lo que proponen es castigar a otros. Entonces necesitan un electorado y una opinión pública que se conforme con la venganza hacia los demás, en lugar de exigir soluciones.

Hoy no hay libertad de expresión plena en Argentina

¿Este libro es una forma de contar esa Argentina que te expulsó, de alguna manera? 

Me siento expulsada. No es casualidad que la extrema derecha buscara en las periodistas feministas a sus primeras enemigas. Hoy no hay libertad de expresión plena en Argentina. Lo dicen Reporteros sin Fronteras, Fopea o Amnistía Internacional, que fue quien llevó mi querella por la violencia explícita, la censura, la autocensura y el acorralamiento. Para mí es importante contar cómo Argentina es un laboratorio de la extrema derecha y los lazos con España y con Estados Unidos, que parece que no se están mostrando lo suficiente. 

¿Por qué? 

El periodismo está mirando demasiado la letra chica y poco los titulares. Está mirando la selfie y no la foto panorámica. Y la extrema derecha tiene muy clara la panorámica. Las explicaciones locales tienen sentido y hay que hacerlas. Pero estamos perdiendo de vista una estrategia que va más allá de las realidades locales, una unidad que la ultraderecha tiene completamente aceitada.

En un momento del libro afirma que Milei es más un símbolo de la ultraderecha que un jefe de Estado. ¿A qué se refiere?

De hecho, es un embajador. Cuando Milei dice 'yo tengo incidencia en el mundo', tiene razón. De hecho creo que en Argentina se lo subestima. Te subís a un taxi en Panamá, en El Salvador, Guatemala, Honduras, y no saben quién es el presidente de España pero sí el de Argentina.

¿También un agitador? 

El agite es parte del vocabulario popular argentino, del fútbol, de la cumbia… Él toma eso para decir y hacer lo que Santiago Abascal no puede. Y luego está la red trasnacional de la que participan, y que hace que Javier Negre esté acreditado como periodista en la Casa Rosada, y que su socio en Argentina, Fernando Cerimedo, que estuvo imputado por el intento de golpe de Estado en Brasil, ahora sea asesor del presidente de Honduras, Nasri 'Tito' Asfura, que fue el elegido de Trump. 

El afán aprovechador de Trump no es único: Europa no frena a Milei porque también tiene intereses extractivistas y neocolonialistas

¿La influencia de Donald Trump resucita el fantasma de las “relaciones carnales” de Argentina con Estados Unidos? 

La expresión “relaciones carnales”, que usó en los años 90 el ministro de Exteriores menemista Guido Di Tella, forma parte de una violencia sexual explícita en el lenguaje que no es casual. No se habla de tener relaciones cercanas, sino que implica una posición de abuso y sometimiento. Milei usó la metáfora de un pedófilo frente a “niños vaselinados”. De hecho mi editora me pidió que comprobara varias veces ese dato. ¡No lo podía creer! 

Detrás de esa ayuda que EEUU ofrece a su socio Milei y a otros presidentes latinoamericanos hay unos intereses económicos que en esta ocasión ni siquiera se ocultan. 

Trump se pone públicamente la medalla de haberle hecho ganar a Milei las elecciones legislativas, porque ambos son hombres que humillan y que se dejan humillar por otro más poderoso. De hecho, las bases militares ya se están cediendo, los cambios en el puerto de Ushuaia están sucediendo. Milei va a regalar los recursos naturales: litio, oro, cobre, tierras raras, agua. Lo más grave es que quiere derogar la Ley de Glaciares para dejar de protegerlos: es la última riqueza de agua antes de la Antártida. 

¿Y esto no genera sospechas o resistencia en la población? 

Argentina sabe que su posición es de endeudamiento. Y el afán aprovechador de Trump no es único: Europa no frena a Milei porque también tiene intereses extractivistas y neocolonialistas con esos recursos. En cuanto a la gente, sí destaco que hay un fenómeno ciudadano muy importante: más de 60.000 personas inscritas en las audiencias públicas para defender los glaciares. Eso muestra que hay una democracia participativa que va más allá de las elecciones y que están queriendo callar. 

Ellos simulan ser los varones de antes. Hablan de tradición, familia y propiedad, pero no son varones clásicos. Ni siquiera Abascal, que está más cerca de un hombre tradicional, fue capaz de resignarse, por ejemplo, a vivir con una mujer para toda la vida

En el libro destaca que Milei y Elon Musk reconocen tener resentimiento hacia sus padres. ¿Cree que eso tiene que ver con la construcción de una cierta masculinidad?

Para mí es central. Porque además fueron víctimas de violencia. Milei fue un niño golpeado, lo contó él mismo en televisión, y el padre de Musk fue señalado como abusador de menores de su familia. Son varones víctimas de la violencia patriarcal. La diferencia es que las feministas denunciamos para que no siga pasando. En cambio, la posición de ellos es: como yo fui víctima, ahora voy a ser más malo que los que me hicieron mal. Por eso es un patriarcado recargado, opuesto al feminismo de la reparación, de la sanación y de que otros vivan mejor. 

¿Son víctimas de un modelo de hombre al que defienden volver? 

Ellos simulan ser los varones de antes. Hablan de tradición, familia y propiedad, pero no son varones clásicos, no son ni fuertes ni productivos. Y el problema es que muchos jóvenes se miran en un espejo que en realidad no es lo que les están vendiendo. Y también muchas mujeres, cansadas de cargar con toda la mochila solas, pueden pensar que necesitan ese varón proveedor y protector que venga a cuidarlas. Más allá de poder pensar ‘qué horror que las mujeres vuelvan a la casa’, lo importante es que es mentira. Porque hay muchos chicos queriendo emular ese modelo cuando ni van a tener dinero para ser proveedores ni van a estar dispuestos a las obligaciones que tenían esos varones de antes. Ni siquiera Abascal, que está más cerca de un hombre tradicional, fue capaz de resignarse, por ejemplo, a vivir con una mujer para toda la vida.

Hay una parte de los cambios que impulsó el feminismo que sí les interesan. 

Los varones toman los beneficios del fin de los estereotipos. Un hombre como Milei, sin hijos, que se considera ‘invicto’ por no haberse casado y vive con sus perros, nunca hubiera llegado a presidente en Argentina. Un hombre que puede ser emocional y contar sus problemas públicamente. Las mujeres deconstruimos qué era el amor, qué era la familia, y ellos toman esas construcciones para castigarnos.

Los que se querían hacer los progres, los feministos, los aliados, demonizaron y echaron la culpa al feminismo. Y otros se pasaron a la posición de ‘no te conozco’

¿Cree que hubo una tentación de cierta parte del progresismo de despegarse del feminismo frente a la ola reaccionaria? 

El feminismo tenía capacidad para rearmar una oposición, una resistencia a esta extrema derecha a través de sus redes, su masividad y sus alianzas trasnacionales. Pero eso quedó desmantelado cuando el progresismo le soltó la mano. 

Desde lo partidario y lo político hasta los medios de comunicación, los que se querían hacer los progres, los feministos, los aliados, demonizaron y echaron la culpa al feminismo. Y otros se pasaron a la posición de ‘no te conozco’. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, la cooperación internacional se desligaron completamente del feminismo.

¿Cómo convive eso con la militancia de jóvenes mujeres que se ven a sí mismas como feministas pero apoyan a partidos de ultraderecha? 

Disputo que sean feministas, pero sí creo que instrumentalizan al feminismo. En Argentina peleamos por el cupo femenino, y es cierto que ayudó a que llegaran a puestos de poder mujeres que ahora intentan sacar adelante una ley para criminalizar a quienes denuncian violencia machista.

Esta extrema derecha no es alternancia electoral. Está a la derecha de la corona española y a la derecha del Vaticano, de Francisco y del actual Papa

Hablaba de las mujeres que llegan a los lugares de poder. ¿Cuál es el papel de políticas como Giorgia Meloni, Alice Weidel o Isabel Díaz Ayuso en esta odiocracia?

Meloni, Ayuso o Weidel serían lo que Laura Bates describe como mujeres que odian a las mujeres. Son también una estrategia de la extrema derecha. Weidel es lesbiana, está casada con una inmigrante y lidera un partido [Alternativa para Alemania (AfD)] que defiende deportaciones masivas. En una sociedad a la que le cuesta mucho leer las cosas de manera compleja y que se queda con las fotos de Instagram, diluyen de manera simbólica y efectiva la idea de que las mujeres vamos a hacer la oposición a este neofascismo.

Alvise Pérez, emulando a Milei, prometió que sortearía su sueldo de eurodiputado, pero diversas informaciones indican que en realidad el dinero iba a parar a campañas de agitación de personajes como Vito Quiles, con quien el presidente argentino compartió evento hace pocos días en Madrid. ¿Milei es un modelo a seguir? 

Más allá de que haya o no un efecto imitación, es un modelo de representación social y por eso es tan peligroso. Generan un odio que queda legitimado, que lleva a personas a creer que pueden tener impunidad con el racismo, con la violencia sexual… La excentricidad de Milei es funcional, pero la extrema derecha es muy inteligente y no ha replicado tantos modelos similares: en Chile, Kast tiene mejores modales; en Honduras, Afura hace un discurso más moderado. Distintos modelos que en el fondo generan lo mismo: la impunidad social de la violencia.

¿La ultraderecha juega al despiste? 

Creo que España no llega a tener un diagnóstico certero de lo que pasa y de lo que le puede pasar. La directora argentina Dolores Fonzi lo dijo hace poco en la gala de los Goya: “Yo vengo del futuro. No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo”. Ese futuro es que no solo pueden ganar unas elecciones. Esta extrema derecha no es alternancia electoral. Está a la derecha de la corona española y a la derecha del Vaticano, de Francisco y del actual Papa.

 ¿Y frente a la odiocracia, qué? 

Periodismo. Creo que la odiocracia no hubiera podido llegar a tener el poder político y social que tiene hoy si no fuera por la degradación del periodismo que produjeron las redes sociales, con Elon Musk y Mark Zuckerberg a la cabeza. La gente se tiene que volver a informar a través de medios y no solo por lo que las redes le muestran. Creo que hay que volver a los libros, a leer con profundidad, con tiempo, porque se necesitan diagnósticos certeros para lo que estamos viendo. Hay que impulsar más leyes mientras se pueda, apelar a la unidad social y política con un proyecto a largo plazo. Apoyar a los varones jóvenes, y confiar en esas mujeres que dieron la mayor parte de su vida para generar transformaciones sociales. Ahí hay fortaleza.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha reunido este sábado en Madrid con el líder de Vox, Santiago Abascal. El mandatario argentino ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

Esta empresa, o más bien el 51% de ella, fue expropiada por el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner a la empresa española Repsol en 2012. Tras más de año y medio de conflicto, el Ejecutivo argentino y la petrolera llegaron en Buenos Aires a un “principio de acuerdo” para recibir una compensación.

“Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones”, ha escrito Abascal en su cuenta de X.

El líder de Vox no mencionaba que, desde que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, treinta empresas cerraron por día en Argentina. Unos 330.000 trabajadores perdieron sus empleos entre noviembre de 2023 y noviembre del 2025 tras el cierre de más de 22.000 fábricas.

En esta ocasión, Milei ha venido a España para clausurar este sábado el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha. Allí el presidente argentino habló de los socialistas como “zurdos roñosos”, llamó “impresentable” a Pedro Sánchez y animó al público a no dejarse “psicopatear por los zurdos”.

Es la quinta vez que viene a España en los poco más de dos años desde que es presidente. Anteriormente también vino para asistir a otros eventos de corte ultra que han coincidido con alguno de los escándalos que cercan al mandatario argentino. Así, en septiembre de 2025 visitó nuestro país para asistir al acto 'Europa Viva 25' a la vez que su imagen se desplomaba en Argentina después de que un caso de corrupción envolviese a su Gobierno.

Solo tres meses antes había asistido al foro ultra y cripto Madrid Economic Forum, que coincidió con la polémica por la presunta estafa con la moneda $LIBRA. Al hilo de ese escándalo, Abascal calificó a Milei de “titán”. Este último viaje coincide con la revelación de nuevos detalles sobre la estafa de $LIBRA.

El presidente argentino también se ha visto este fin de semana en la capital española con su compatriota, el empresario Martín Varsavsky, y la esposa de este, Nina Varsavsky. El primero, fundador de Jazztel y Ya.com, huyó de España a Alemania como “refugiado del COVID” en septiembre de 2020. Alabó el modelo de Suecia, que decidió 'ignorar' el virus, frente al “arresto domiciliario” español, pero meses antes había abogado por el aislamiento social.

Además, el millonario Varsavsky, que se ha mostrado en numerosas ocasiones en contra de los impuestos a las grandes fortunas, promovió un artículo de Elon Musk en defensa de AfD en el dominical delWelt enero de 2025. La jefa de opinión del diario presentó su dimisión tras la publicación y la Asociación Alemana de Periodistas publicó una nota en la que acusó al diario de haber dado a Musk “carta blanca para hacer publicidad de la AfD”.

Con el triunfo de José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, llega por primera vez la ultraderecha al gobierno de Chile desde el retorno a la democracia. Con él, el tablero de Latinoamérica suma una nueva ficha a un panorama que se ha ido escorando en los últimos años. Kast se sube al podio de las figuras más relevantes de la extrema derecha, en el que ya están el salvadoreño Nayib Bukele (en el poder desde 2019) y el argentino Javier Milei (2023). Pero aunque son los más visibles, no son ni mucho menos una excepción.

Si la década de los 2000 fue el gran momento de la izquierda en América latina, a partir de 2019 –con el triunfo de Bukele y Jair Bolsonaro– la región ha experimentado un crecimiento sostenido de opciones políticas cada vez más a la derecha, en una familia heterogénea de populismos ultraconservadores, libertarios o neopatriotas, en algunos casos con rasgos antidemocráticos. 

Incluso en los países en los que gobierna la izquierda –México (Claudia Sheinbaum), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsú)– la ultraderecha se ha convertido en una alternativa política con líderes relevantes y posibilidades de expansión electoral.

“Esta ola de derechas no se explica tanto porque la mayoría de la población se haya vuelto más conservadora, sino porque temas que tradicionalmente ha manejado la derecha, como la seguridad y la inmigración, se han vuelto más importantes en la agenda de la opinión pública, además de un efecto castigo a los gobiernos de izquierdas de las últimas décadas”, explica la investigadora del CEU Democracy Institute Lisa Zanotti.

Desde abril de 2025, las urnas latinoamericanas sonríen particularmente a la derecha, con triunfos en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica, además de las legislativas que fortalecieron a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Este año hay tres elecciones importantes –en Perú en abril, a finales de mayo en Colombia y en Brasil, en octubre– en las que la ultraderecha tiene posibilidades.   

PERÚ

Rafael López Aliaga, entre el Opus Dei, Vox y MAGA 

Tras un presidente provisional como José Jerí, que se encargó de emular a Nayib Bukele, y el actual, José María Balcázar, que se opuso a la ley que prohíbe el matrimonio infantil con polémicas declaraciones sobre las relaciones con menores, Perú debe elegir mandatario en las elecciones que se celebrarán el 12 de abril. Será el noveno en una década. 

Uno de los mejor posicionados, según las encuestas, es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Lima, 1961). Su partido, Renovación Popular, es el núcleo conservador más duro de una ultraderecha que se expande en el país, con una cerrada defensa de la familia tradicional, la economía de libre mercado y la “reconstrucción” de valores conservadores. 

Miembro numerario del Opus Dei, López Aliaga, apodado ‘Porky’, ha declarado practicar la abstinencia sexual y que está “enamorado de la virgen María” y el uso diario del cilicio para autolesionarse. Su discurso se caracteriza por expresiones radicales, machistas y misóginas. Insiste en negar el aborto legal a niñas víctimas de violación y en Lima reemplazó las políticas de género por la promoción del Día de la Familia. Llegó a decirle a una mujer que luchaba por su derecho a una muerte digna, que “el que se quiere matar, se tira de un edificio”.  

Se enfrenta a varias investigaciones por lavado de dinero –está en los Papeles de Panamá– y contratos irregulares en su etapa como alcalde. Tiene una fluida relación con Vox y con el movimiento MAGA. 

COLOMBIA

Abelardo de la Espriella, ‘el tigre’ que viste como un dandy

Según varias encuestas, los candidatos mejor posicionados para las elecciones del 31 de mayo son, en este orden, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico (PH), y el abogado Abelardo de la Espriella, apodado ‘El tigre’. 

De la Espriella, un excéntrico penalista sin experiencia política, centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción, con promesas de “mano dura” al estilo Bukele. Su partido político, Defensores de la Patria, se apoya en la clásica trinidad de la extrema derecha: empresa, Dios y familia. 

La popularidad de De la Espriella –que ha crecido a medida que se radicalizaban sus críticas al presidente Gustavo Petro– se ha alimentado en buena medida de su estilo de millonario bon vivant: sus negocios incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de algunos discos de versiones en los que ha volcado sus aspiraciones de cantante.  

La irrupción de la candidata uribista Paloma Valencia parece restarle posibilidades, en la medida en la que pueda conseguir votos del electorado crítico con Petro pero que no comulga con el discurso radical de De la Espriella. Aunque en Colombia los límites en entre el centro y la radicalidad pueden ser difusos: el partido Centro Democrático tiene en sus filas a quien muchos expertos consideran como una de las figuras con mayor proyección a futuro de la extrema derecha: la senadora María Fernanda Cabal, con un discurso plagado de punitivismo, posturas antiizquierda y oposición a lo que llama “ideología de género”.

BRASIL

El clan Bolsonaro: Flávio, Michelle y el militar privatizador

El expresidente Jair Bolsonaro sigue siendo la gran figura de la derecha radical, pero –inhabilitado por la Justicia por promover un golpe de Estado– oficia como referente político alrededor del cual orbitan sus hijos, su esposa, además de algún exasesor y exministros. 

Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente, es de momento el candidato oficial para las elecciones de octubre. El parecido físico con su padre –que es quien lo designó desde la cárcel– es notable, pero él se encarga de marcar diferencias para reducir el rechazo que genera su apellido en un país altamente polarizado: “Siempre pidieron un Bolsonaro más moderado y yo siempre he sido así, ese Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado”. Lejos de las declaraciones homófobas de su progenitor, este abogado de 44 años y senador desde 2018, ha llegado incluso a usar el lenguaje inclusivo en algún tuit. 

Pero igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio tiene que lidiar con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados. Su hermano Eduardo, diputado, actualmente está huido de la Justicia, exiliado en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro acudió esta semana a la toma de posesión de Kast –el presidente Lula no fue– en un momento en el que las encuestas ensalzan sus posibilidades: ahora mismo, una hipotética segunda vuelta contra Lula Da Silva acabaría en empate técnico. 

Pero el ambiente en el clan Bolsonaro no es idílico. Flávio es hijo de un primer matrimonio de Jair, por lo que no tiene el apoyo de la actual esposa de su padre, Michelle, quien también llegó a insinuar su propia candidatura. Los expertos explican que ella tiene especial llegada en los estratos sociales más bajos, y creen que puede incluso seducir a algún votante de Lula. 

Como tercero en discordia en esta carrera aparece el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que como ministro de Bolsonaro fue el encargado de anunciar la privatización de un centenar de empresas estatales. De formación militar, alinea públicamente su posición con el faro de la ultraderecha en el continente, Donald Trump. Su discurso, cercano al establishment, genera apoyos sobre todo en las clases medias y altas. 

Las candidaturas definitivas se oficializarán a mediados de agosto. 

ECUADOR

La deriva antidemocrática de Daniel Noboa

Noboa se convirtió en presidente de Ecuador en noviembre de 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso, que abandonó anticipadamente el Gobierno para evitar un juicio político. En 2025, en contra de lo que decían las encuestas, se impuso ampliamente en la segunda vuelta en unas elecciones envueltas en sospechas y fake news. Un monitoreo recogido por el informe de la OEA indicaba que el 74% de los contenidos virales en campaña resultaron ser falsos. 

Noboa presume de una muy buena relación con Nayib Bukele y del apoyo de Donald Trump. Y tras el cuestionado pero contundente triunfo, ha acelerado las medidas más polémicas de su agenda política: eliminar en Ministerio de la Mujer, despidos generalizados de funcionarios públicos y el impulso a proyectos extractivistas que han supuesto que cientos de hectáreas de selva amazónica protegida hayan acabado arrasadas por la minería. 

“Daniel Noboa ha renunciado a proponer un proyecto de país y se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente”, asegura un informe de la organización Celag Data. Se ha enfrentado a la Corte Constitucional, ha establecido nuevos requisitos y exigencias a ONG y fundaciones con el pretexto de combatir el lavado de dinero, y tiene una enorme influencia en los medios de comunicación. Varios periodistas han salido del país denunciando amenazas. 

COSTA RICA

Laura Fernández, “megacárceles” y “familia tradicional” 

La candidata y exministra del presidente Rodrigo Chaves arrasó en las elecciones del 1 de febrero y tomará posesión como presidenta el 8 de mayo. Con una campaña centrada en la “mano dura” contra la delincuencia y el narcotráfico, esta admiradora confesa de Nayib Bukele ha prometido megacárceles, leyes para endurecer las penas y el desarrollo de tecnología de vigilancia masiva: drones, reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones… todo bajo su control directo. Ante la polémica por sus propuestas, esta politóloga de 39 años ha asegurado que si el parlamento se opone a sus planes, forzará los cambios a través de referéndum. 

También defiende reducir el tamaño del Estado y políticas antiderechos: por ejemplo, promete revisar la ley que permite abortar cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro. Tiene fuertes lazos con grupos evangélicos y católicos, y ha centrado su discurso en la defensa de la “familia tradicional” y en contra de la “ideología de género”. 

HONDURAS

Nasri 'Tito' Asfura, el 'Papi a la Orden' de Donald Trump

Donald Trump lo calificó como el líder necesario “para detener el avance del socialismo” en la región en la campaña tras la que Asfura, un empresario de 67 años conocido como ‘Papi a la Orden’ se convirtió en presidente de Honduras. Construyó su popularidad como alcalde de Tegucigalpa (2014-2020) haciendo hincapié en su capacidad de trabajo y su rechazo a las élites, vistiendo informal y utilizando un lenguaje sencillo. 

Es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica, y tiene también buenas relaciones con Vox. Se define como representante de la “derecha valiente”, enfocada en el orden –lucha contra el narcotráfico y contención migratoria–, la fe –instauró jornadas de oración en instituciones públicas– y la desregulación económica –colaboración público-privada, incentivos fiscales, achicamiento del Estado–.

Dominicana, Uruguay, México...

“Una de las razones que explican la oleada de ultraderecha en la región es la reacción al hecho de que diversas minorías se hayan hecho visibles y hayan ganado derechos”, explica Lisa Zanotti. Quizá por eso en México el surgimiento de fuerzas de extrema derecha no es tan evidente. “Gobiernos como el de Manuel López Obrador han defendido desde la izquierda posturas abiertamente conservadoras en temas como la moral pública, la legalización de drogas, las tareas del Ejército o la inmigración”, señala Rodrigo Castro Cornejo en un estudio del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha.

Sin embargo, con el gobierno de Sheinbaum empiezan a surgir proyectos emparentados con la tendencia de derecha ultraconservadora que se extiende por el resto del continente e impulsados por actores externos, como el argentino Agustín Laje o el español Javier Negre, que ha llevado su proyecto La Derecha Diario a ese país a finales del año pasado. Negre es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, a quienes muchos ven como el nombre más prometedor de una ultraderecha en ciernes, por delante de otro político del espectro, Eduardo Verástegui. A Salinas Pliego se lo relaciona con la sociedad secreta religiosa El Yunque, que también tiene vínculos con Vox.  

En Uruguay la ultraderecha está representada por el partido Cabildo Abierto, que irrumpió en las elecciones nacionales de 2019 como cuarta fuerza política en el país. La “defensa de la familia” en oposición a la idea de la “ideología de género” es el elemento central en los discursos de su líder, Guido Manini Ríos, que se opone abiertamente a las políticas de igualdad de género y los derechos LGBTI. “Cabildo Abierto ejerce presión sobre el régimen político democrático por sus vínculos con los militares”, analiza la investigadora Talita São Thiago Tanscheit. Al punto de que, como José Antonio Kast en Chile, no ha condenado abiertamente los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Una de las propuestas de Manini Ríos es la declaración de una “emergencia de seguridad”, una de las obsesiones de la extrema derecha en el continente, y uno de los discursos que más réditos electorales les deja. En él se centró la campaña de Luis Abinader, presidente reelecto de República Dominicana, un hombre de negocios cuya política migratoria es considerada “racista” por Amnistía Internacional a causa de las deportaciones masivas y la falta de derechos que sufren las personas de origen haitiano.

Cuatro años después, poco queda hoy del Gabriel Boric que llegó a La Moneda con espíritu renovador, deseoso de un cambio profundo y dispuesto a convertir Chile en la “tumba del neoliberalismo”. A las puertas de entregar la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, el presidente saliente finaliza un mandato en el que las expectativas se fueron apagando poco a poco a base de golpes de realidad.

Rodeado de exlíderes del movimiento estudiantil de 2011 —como él—, Boric recogió, en marzo de 2022, la banda presidencial del conservador Sebastián Piñera (que gobernó en los períodos 2010-2014 y 2018-2022), tras vencer a Kast, que ya entonces aspiraba a la presidencia, y de la mano de una nueva coalición de izquierda formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pasó de la calle al poder en tan solo una década y, con 36 años, se convirtió en el mandatario más joven de la historia de Chile. “Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar”, expresó en su primer discurso oficial.

Chile venía entonces de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, ocurrida en 2019, tras la cual una mayoría aplastante votó a favor de cambiar la Constitución vigente, instalada en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban

Cristóbal Bellolio — Analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

“Tenían el viento a favor porque asumieron [el poder] en un momento en el cual el estallido social y luego el proceso constituyente navegaban un poco en la misma dirección transformadora, refundacional”, recuerda a elDiario.es el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Era una generación joven, añade, que venía a “renovar la política” y a “saldar las deudas” de las generaciones anteriores que, según ellos, “no fueron suficientemente corajudas para demoler el legado neoliberal de la dictadura”.

Hablaban de subir los impuestos a los más ricos, de refundar a los carabineros —un cuerpo policial con estructura militar—, indemnizar a las víctimas de la violencia policial de las protestas, y de que migrar es un derecho, recuerda el experto. Sin embargo, dice la académica Nerea Palma, de la Universidad Alberto Hurtado, “la luna de miel del Gobierno fue muy corta”.

Fracaso constituyente y fin de las expectativas

El mayor desafío del Gobierno de Boric fue gestionar los dos procesos constituyentes, casi seguidos, para sustituir la actual carta magna, de 1980, el primero con un texto de corte progresista, que cambiaba de raíz los sistemas privados de pensiones, salud y educación, y el segundo, de corte conservador. Pero ambos fracasaron. En el primer intento, y con menos de un año en el poder, el Ejecutivo se posicionó sin matices a favor de la nueva Constitución, y supeditó parte de su programa a su aprobación, pero una contundente mayoría de ciudadanía lo rechazó y, con ello, la propuesta de transformación del Gobierno.

“Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban”, dice Bellolio. El triunfo del “rechazo” al nuevo texto fundamental fue “un duro golpe” para Boric, comenta Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, quien cree que supuso “un antes y un después” para la coalición de izquierda. Figuras clave y cercanas a Boric fueron apartadas del gabinete y en su lugar entró el centroizquierda tradicional, lo que dio inicio al camino hacia la moderación, a la vez que las prioridades ciudadanas se centraban cada vez más en la economía y el orden público. “Desde entonces, el Gobierno se dedicó a administrar y hacer transformaciones en la medida de lo posible”, considerando que tampoco tenían mayoría en el Congreso, explica el académico.

Con la nueva coalición progresista, el Gobierno logró varias de sus grandes promesas de campaña, como la reforma de pensiones —el mayor cambio en 40 años del modelo creado durante la dictadura—; la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un aumento histórico del salario mínimo (a poco más del equivalente a 500 euros) o el fin del copago en el sistema público de salud. “Se impuso una lógica mucho más pragmática, más propia de los gobiernos de centroizquierda previos, de negociar y alcanzar acuerdos, aunque no permitieran cumplir con todo y generaran resistencias en el ala más de izquierda de la coalición”, explica a elDiario.es Andrés Scherman, experto en Comunicación Política de la UAI.

Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida

María Cristina Escudero — Politóloga de la Universidad de Chile

El cambio de prioridades dejó en segundo plano varias de las propuestas estrella de la campaña que no lograron cumplirse, como la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación o la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), una forma de financiación universitaria que endeudó a los estudiantes durante décadas. Otras, simplemente, fracasaron, como una reforma tributaria rechazada por el Parlamento para subir los impuestos a los más ricos y con la que iba a financiar parte de su programa.

Las expectativas terminaron de difuminarse tras conocerse un caso de presunta financiación irregular de varias fundaciones y por la cuestionada gestión de la denuncia por violación de una funcionaria contra el número dos del Ministerio del Interior.

“La narrativa de superioridad moral, de ser una coalición libre de corrupción y de que iban a ser un gobierno transparente no se logró”, opina Bellolio. Tuvieron, prosigue, “la necesidad imperiosa de adaptarse en el camino” y “administrar un país distinto al que, originalmente, pensaban que iban a gobernar”, dice, aunque ni el crecimiento económico ni la seguridad “fueran su especialidad”.

¿Boric 2.0?

Los expertos coinciden en que aún es pronto para saber cómo será recordado el Ejecutivo de Boric. Por ahora, su sucesor, que será el primer mandatario ultraderechista y pinochetista en democracia, ha instalado la idea de que Chile “se cae a pedazos”, por lo que diseñó un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano han disminuido en este mandato.

Para Scherman, Boric será recordado como un presidente joven que intentó “construir una fuerza única de izquierda”, un objetivo que el propio mandatario ha admitido que quiere seguir persiguiendo desde fuera del palacio. El Gobierno, para Palma, perdurará en el recuerdo como el impulsor de un proceso de cambio “truncado” por falta de mayorías parlamentarias, cambios en la agenda y por los propios “errores importantes” que cometió.

Espinoza señala que, a pesar de su “falta de experiencia”, logró sacar proyectos relevantes como las pensiones, que tendrán efectos positivos en el tiempo, y mantener una aprobación en torno al 30%, una cifra que —dice— “no es despreciable, pensando en una futura candidatura presidencial”.

Con 40 años recién cumplidos y una larga trayectoria por delante, su figura se convirtió en uno de los liderazgos más fuertes de su sector. “Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida”, apunta la politóloga María Cristina Escudero, de la Universidad de Chile. “Quedó posicionado como una de las figuras más importantes para, más adelante, volver a ser presidente”, concluye Bellolio.

Chile parecía haber dejado atrás los peores años de un pasado marcado por la represión y la violencia de una dictadura militar de ultraderecha. En 2021, el país había elegido al presidente más joven y más progresista de su historia reciente que intentó recuperar el Estado del bienestar destruido por el dogma neoliberal del régimen de Pinochet. Pero cuatro años más tarde, los chilenos han votado mayoritariamente por un candidato ultra que reivindica ese pasado oscuro. 

Con Natalia Chientaroli, periodista de elDiario.es especializada en extrema derecha, y con Meritxell Freixas, corresponsal de la agencia Efe en Chile, analizamos quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente chileno que ensalza el régimen de Pinochet. También intentamos explicar cómo y por qué la ultraderecha ha conseguido ganar las elecciones en un país que ya conoce la violencia de un régimen fascista.

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Las encuestas vaticinaban desde el principio un triunfo holgado de José Antonio Kast. De nada valió que la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ganara la primera vuelta de las elecciones, porque la suma de las formaciones de derecha y ultraderecha le daban margen de sobra a Kast para verse ganador. Y así ha sido, aplastando a Jara por 20 puntos. Los resultados del domingo confirman el apoyo del electorado chileno al político ultraconservador y defensor de la dictadura de Pinochet. Pero si no hubo sorpresas en la noche electoral, sobran los interrogantes sobre lo que viene.  

Los próximos cuatro años, la ultraderecha ocupará el palacio de La Moneda. Pero, más allá de la retórica machacona sobre la inseguridad que ha catapultado a Kast a la presidencia en su tercer intento, ¿cómo puede bajar a la realidad la amenaza de deportar a más de 300.000 migrantes?, ¿cuándo y cómo volverá a la agenda ultra antiderechos que enmascaró detrás de una supuesta moderación?, ¿cómo será la relación con su vecino Javier Milei, convertido en líder de los ultras y ‘niño mimado’ de la Administración Trump?

Seguridad, sí, pero ¿cómo?

“La mayoría que lo lleva a la presidencia no es ideológica, sino contingente”, señala Lisa Zanotti para introducir el análisis. Y eso es relevante a la hora de pensar cómo y a qué ritmo puede Kast desplegar su ideario de extrema derecha conservadora. “Es probable que intente una transición suave para evitar el peligro de una eventual movilización social, y se centre en la supuesta crisis de seguridad que vive el país. Ahí es donde podrán verse más erosiones democráticas en el corto plazo”, sostiene la investigadora del Democracy Institute. 

“El problema migratorio que tiene Chile es fundamentalmente con Venezuela, que en el discurso se vincula con el narco y delitos que afectarían la seguridad de la ciudadanía, aunque no sea absolutamente comprobable. Kast ha hecho campaña con la promesa de sacar del país a unas 300.000 personas sin papeles, escenificando incluso una cuenta regresiva. Sin embargo, no está claro cómo se podrá llevar esto a la práctica. 

Es paradójico, porque el sistema económico que defienden necesita de un número muy significativo de migrantes para poder funcionar, pero a la vez su política se alimenta de los discursos excluyentes 

Micaela Cuesta — Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM

El ahora presidente ha sugerido que sean los mismos migrantes los que paguen el billete de avión de su deportación en aviones de 100 plazas. Y dijo que confía en que muchos de ellos se vayan por su cuenta antes de los poco más de 100 días que ha puesto de margen, una afirmación que hasta en el espectro de la derecha ha sonado absurdamente optimista. 

“Hay muchas dudas respecto a cómo pasar esta idea del papel a la acción, pero lo que sí sucede cuando se imponen estas retóricas antiinmigración es un aumento de la xenofobia a nivel social, y eso puede ser complicado para la convivencia”, apunta Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Cuesta subraya además la contradicción que subyace en este pilar de la ultraderecha: “Es paradójico, porque el sistema económico que defienden necesita de un número muy significativo de migrantes para poder funcionar, pero a la vez su política se alimenta de estos discursos excluyentes”. 

Hablamos de una ultraderecha conservadora, incluso reaccionaria en lo ideológico, a la vez que soberanista, ultranacionalista y antiglobalista

José Antonio Sanahuja — catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense

Un discurso fundamental para entender el resultado de estas elecciones. “Hay que distinguir el voto del electorado con claros rasgos de ultraderecha –muy a favor del libre mercado, extremadamente conservador en temas morales, con posturas antifeministas y pocas credenciales democráticas– del electorado mucho más circunstancial, más bien moderado y de centro, que ha votado a Kast por su promesa de ‘mano dura’ contra la delincuencia”, insiste Cristóbal Rovira Kaltwasser, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Una agenda oculta tras la bandera

Los investigadores José Antonio Sanahuja y Camilo López Burian formularon en 2020 el concepto “ultraderecha neopatriota” para definir el cruce entre la ideología y las posiciones ante una globalización en crisis. “Hablamos de una ultraderecha conservadora, incluso reaccionaria en lo ideológico; a la vez que soberanista, ultranacionalista y antiglobalista que arremete contra Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial de Davos, la Agenda 2030, o las reglas de la Organización Mundial de comercio en nombre de la libertad y la soberanía de las naciones y los individuos”, explica a elDiario.es Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

El relato antimigratorio que en Europa se envuelve en cuestiones étnicas y culturales, en Latinoamérica se vincula más a la inseguridad o los efectos del ‘globalismo’ de izquierdas que contamina y unifica. “En el caso de Kast está clara esa relación con la inseguridad y no con el nativismo: no se trata de preservar la homogeneidad o 'pureza' étnico-cultural de Chile, un país mestizo y plurinacional”, sino evitar una serie de supuestos delitos, ahonda Sanahuja.  

Este nacionalismo también justifica que en países como Chile, Brasil o Argentina, políticos de ultraderecha defiendan las sangrientas dictaduras militares. Kast lo hizo en Madrid en 2022, en la Cumbre de la Iberosfera organizada por Vox. Habló del “llamado del pueblo a las fuerzas armadas” para evitar un “régimen marxista” al referirse al golpe de Estado de Pinochet que derrocó al presidente democrático Salvador Allende. 

Con Kast y Milei en el gobierno se va a generar una situación inédita, porque más allá de las alianzas puede haber una disputa por quién se erige en el gran representante de la ultraderecha en la zona

Soledad Vallejos — Autora del libro 'Los dueños de la libertad'

Además, en el demonizado globalismo encaja otro de los pilares de los neopatriotas: una pretendida amenaza comunista que viene a atacar las bases de la libertad y la prosperidad. Ideológicamente, la extrema derecha entiende la desigualdad como algo natural, y la defiende como oposición a las políticas sociales. “La izquierda ya no va de la lucha de clases, sino de la lucha por las causas”, ha repetido Kast en sus discursos. Y en esas causas es donde radica la verdadera agenda reaccionaria del flamante presidente, encaramada detrás de una bandera. 

“El mensaje de Kast se fue moderando porque evitó entrar en ciertos temas y porque otros candidatos desplegaron un discurso mucho más radicalizado”, explica Soledad Vallejos, autora del libro Los dueños de la libertad. Pero esto no quiere decir que haya dejado de estar en contra del aborto, las políticas feministas o los derechos de los homosexuales, contra los que despotricaba en sus anteriores intentos presidenciales. 

En este sentido, Kast representa una ultraderecha mucho más conservadora y tradicional que la de Javier Milei o Johannes Kaiser, que ya maniobra para entrar en el futuro Gobierno. La conformación de ese gabinete puede influir también en la urgencia o no con la que afloren las políticas antiderechos. 

Milei, ¿amigo o competidor?

Kaiser es también un nexo potente con el líder de la extrema derecha en Sudamérica, Javier Milei. “Está claro que la ultraderecha argentina y chilena tejerán lazos, porque ya existen”, recuerda Vallejos. El hermano de Johannes, Axel Kaiser, es miembro de la Fundación Faro y trabaja con la Fundación Libertad y Progreso, ambas vinculadas a La Libertad Avanza. 

“Sin embargo, con Kast y Milei en el gobierno se va a generar una situación inédita, porque más allá de esas alianzas se puede haber una disputa por quién se erige en el gran representante de la ultraderecha en la zona”, sugiere Vallejos. 

El especialista en extremas derechas Franco Delle Donne tiene dudas sobre que Kast pueda competir por ese espacio: “Chile no es un país tan influyente y los cambios que llevaría adelante desde el punto de vista económico no son tan radicales como los de Milei. Y si hablamos de seguridad, ese podio lo ocupa ya Nayib Bukele, de El Salvador”. 

Otro elemento es la competencia entre los dos países por acaparar el interés de los inversores o de los acuerdos comerciales con gobiernos afines. Argentina es ahora mismo el foco de atracción para el gran poder de la ultraderecha en el continente: Estados Unidos. Donald Trump presume de haber conseguido el triunfo de Milei en las elecciones de medio término con su rescate económico y espera su recompensa: condiciones favorables para las oportunidades de negocio que presenta Argentina en forma de privatizaciones y también en recursos naturales –agua, minerales, sobre todo el litio– y aquí es donde Chile puede presentarse como una alternativa. 

Las credenciales ultras de José Antonio Kast le vienen de familia. Su hermano Miguel fue el primer ministro civil a las órdenes de Augusto Pinochet. Su padre, Michael Kast (Alemania, 1924-Chile, 2014) militó en el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial, como reveló una investigación de la agencia Associated Press (AP). Y Kast, la gran figura de la ultraderecha que se convertirá en próximo presidente de Chile tras arrasar a la candidata progresista, no es alguien que viva a disgusto con el pasado.

Tras el revuelo mediático que causó la noticia de AP en 2021, Kast acabó reconociendo la presencia de su padre en las filas de Adolf Hitler, pero dijo que lo hizo “obligado por las circunstancias”. Con la dictadura chilena ha tenido menos remilgos: en una entrevista llegó a afirmar que si Pinochet estuviera vivo, lo votaría, y ha defendido públicamente a un miembro del Ejército condenado a más de 800 años de cárcel por secuestros y desapariciones. 

Admirador de Donald Trump y Javier Milei, Kast (Santiago de Chile, 1966) ha cultivado sin embargo un perfil muy diferente, de hombre firme pero dialogante, una fuerza transformadora que busca devolver el país a un orden perdido y –de paso– a las buenas costumbres. Quizá tenga que ver con que, a diferencia del magnate estadounidense o el tertuliano argentino con ínfulas de estrella de rock, Kast no es un outsider de la política. Muy al contrario. 

Militó desde muy joven en la Unión Demócrata Independiente (UDI), precisamente defendiendo el legado pinochetista y los valores tradicionales. Fue concejal de 1996 hasta el año 2000, y en 2002 ganó una banca en el Congreso como parte de la Alianza por Chile. Desde allí hizo oposición sobre todo a los Gobiernos de Michelle Bachelet, con iniciativas centradas en la oposición al aborto y en su obsesión y caballo de batalla: la seguridad. Sin embargo, las malas lenguas lo señalan por aquellos años como un diputado con escasa asistencia y aún menor actividad. 

Las derrotas que suman

Cuanto más se instalaba como referente de la derecha, más se alejaba Kast de la UDI, que acabó abandonando en 2016 para fundar el Movimiento de Acción Republicana y en 2019 el Partido Republicano, que agrupa a veteranos militantes derechistas e independientes. Si en 2017, cuando se presentó a las presidenciales como independiente, sorprendió con casi el 8% de los votos, en las de 2021 ya se alzaba con el 28% en primera vuelta, forzando un balotaje que perdió ante Gabriel Boric. “La tercera es la vencida” ha sido su muletilla esta campaña y, finalmente, lo ha logrado. 

Lo cierto es que Kast ha ido ganando incluso con las derrotas. Por ejemplo, la del plebiscito de 2020 sobre el proceso constituyente, cuando defendió conservar la Carta Magna de Pinochet. Y el de 2022, en el que propuso una Constitución ultraconservadora que fue rechazada. Alrededor de estos ‘tropiezos’ democráticos Kast ha ido forjándose como líder frente a una derecha desdibujada.

Este licenciado en Derecho por la Universidad Católica, que pertenece a la élite económica del país –y también a la élite política– ha aprovechado el descontento social y el desgaste de los partidos históricos con un discurso antiestablishment. Un discurso similar al de Milei o Trump, pero atravesado por valores tradicionales y conservadores. “Él habla de sí mismo como ‘la derecha original’, y desprecia al resto con un discurso parecido al de la ‘derechita cobarde’ de Vox en España”, resume Lisa Zanotti, investigadora del CEU Democracy Institute y experta en nuevas derechas latinoamericanas. 

La familia como eje y el comodín de la seguridad 

Kast es un hombre tradicional. Viste formal, habla con corrección y en tono pausado, y su familia es casi un calco de aquella en la que se crió como el menor de diez hermanos. Tras combatir como teniente de la Wehrmacht, las fuerzas armadas de Hitler, aquel militante forzoso del partido nazi llamado Michael Kast consiguió salir de Alemania en los años 50 y emigrar a Chile, donde hizo fortuna con una fábrica de embutidos. Su benjamín, José Antonio, tiene a su vez nueve hijos y pertenece a un grupo ultracatólico de raíces alemanas llamado Schöenstatt, uno de los que estaba en la mira del papa Francisco, como el Sodalicio y el Opus Dei.

En la campaña de 2021, el candidato jugó fuerte su carta conservadora. Proponía derogar la ley de supuestos que permite abortar en caso de riesgo para la salud de la madre, del feto o por violación, se oponía al matrimonio igualitario y aseguraba que eliminaría el Ministerio de la Mujer. “Kast ha entendido que casi la mitad de la población de Chile está concentrada en Santiago, y que la gente de las zonas metropolitanas es menos conservadora, por eso ha ido moderando su discurso en cuestiones sociales para centrarse en un asunto transversal: el de la seguridad”, analiza Zanotti.  

De hecho, en el último debate Kast rehuyó prácticamente cualquier tema que no tuviera que ver con economía o seguridad. Evitó contestar sobre aborto o derechos de los homosexuales, y esquivó la pregunta sobre los crímenes de la dictadura: “Hoy en día se violan los derechos humanos de miles de personas, de 40.000 personas que mueren al año esperando una lista de espera (...) Lo que importa ahora es elegir al presidente que lidere al país para enfrentar los problemas que tienen los chilenos”, aseguró.

Y el principal problema que perciben los chilenos es precisamente el de la seguridad. El 63% piensa que es el principal, según una encuesta de Ipsos, lo que revela un nivel de preocupación mayor que en México (59%) o Colombia (45%), pese a que ambos tienen tasas de homicidios cuatro veces superiores. “Aunque la situación del país no tan mala como en otros puntos de América latina, sí que ha empeorado comparativamente respecto a hace algunos años”, reconoce Zanotti. La llegada de grupos criminales vinculados al narcotráfico le ha permitido a Kast vincular la delincuencia a la inmigración, desplegando un discurso nacionalista y xenófobo. Incluso llegó a decir que apoyaría una invasión de Estados Unidos a Venezuela para luchar contra el narco. Su propuesta se resume en la lucha implacable contra el crimen y los indocumentados, a los que ha advertido que como “entraron por la ventana” deben “salir del país” cuanto antes. 

Kast promete mano dura y más margen de acción a la policía. Además, defiende el derecho a poseer armas –de hecho, ha asegurado tener una en casa–. Una idea polémica que entusiasma a casi un 54% de los que se reconocen como posibles votantes del utraderechista, tal y como recoge el estudio sobre Democracia y Derechos Humanos de Cristóbal Rovira Kaltwasser publicado en 2024.

El de la seguridad ha sido un asunto capaz de llevar a José Antonio Kast finalmente al Palacio de la Moneda. Por eso lo la ha explotado al máximo y envuelto en la lógica y la escenificación del miedo. “No le temo a nada, pero sí los delincuentes tienen que tenerle miedo a un Gobierno de emergencia nuestro”, dijo tras su cierre de campaña. El discurso lo pronunció detrás de un cristal blindado. 

Tras su victoria el domingo, ha afirmado: “Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor”.

Habla con un tono afable y seguro detrás de un micrófono de radio. La imagen que devuelve la videollamada se parece a la de los capítulos de Epidemia ultra, el pódcast que Franco Delle Donne (Buenos Aires, 1983) lanzó en 2020 para analizar “lo que esconde la derecha radical”. Cinco años después, este doctor en Comunicación por la Universidad Libre de Berlín y máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid lanza un libro con el mismo título para indagar, entre otras cosas, en el inicio de un ascenso de la ultraderecha y los autoritarismos que parece imparable.

Didáctico y reflexivo, Delle Donne –actualmente investigador en la Werkstatt für Sozialforschung en Berlín– propone en el libro que acaba de publicar (Ed. Península) y durante la charla una mirada sin prejuicios sobre el fenómeno, que explica con un símil sanitario: un virus latente, un peligro desatendido, el efecto contagio, la expansión difícil de detener.

¿El primer error que hemos cometido ante el avance de la ultraderecha ha sido subestimarla? 

Creo que sí, y ese es el punto de partida no solo de este libro sino de todo mi trabajo divulgativo. En general parece un fenómeno nuevo y sorprendente, pero en realidad no hay nada de nuevo en su discurso, que la academia lleva mucho tiempo analizando. Pienso que se minimizó su capacidad para mostrar desde otro punto de vista problemas sociales, contradicciones o desigualdades, porque resulta que tal vez entiende mejor cómo funciona la comunicación actual de lo que nosotros creemos. 

La frase de 'mejor malo conocido que bueno por conocer' ha mutado en 'mejor malo por conocer que malo conocido'

Y a la vez que subestimamos a la ultraderecha, sobrevaloramos nuestras propias capacidades para analizar lo que pasa, lo que nos lleva a caer en el asombro y la estupefacción. Es como si estuviéramos constantemente escandalizados. Pasó hace años cuando surgió aquí Alternativa por Alemania (AfD) y también hace poco, cuando Javier Milei ganó las elecciones de medio término en Argentina. 

¿Ese estado de estupefacción es lo que nos impide enfrentar esta epidemia?

Quizá tiene que ver con una mirada un poco naif de la historia. Creíamos que después de la Segunda Guerra Mundial habíamos alcanzado un consenso acerca de cómo convivir, de cómo no matarnos cuando pensamos diferente o de cómo no generar marginación o discriminación, y pensábamos que ese consenso era tan fuerte que se iba a imponer siempre. Pero no es tan así, y es duro admitirlo. 

La ultraderecha está gobernando en Italia, en Argentina, está creciendo en Alemania, en Francia, en España. Y, por supuesto, está en el poder en Estados Unidos. Ya prácticamente no hay países en los que tenga una intención de voto por debajo del 15%, y en algunos llega al 50%. En lugar de atajarla desde el primer momento, dejamos que la epidemia ultra creciera a tal punto que se volvió difícil de contrarrestar. 

Vamos a ese primer momento. El libro comienza con el triunfo de Jean Marie Le Pen en la primera vuelta de las elecciones francesas de 2002: ahí sitúa el “nacimiento simbólico” de la epidemia ultra. ¿El virus estaba en fase de incubación?

Si subestimas algo, ignoras la presencia de esa amenaza. Como en la segunda vuelta de esas elecciones Francia se movilizó para que Le Pen no gobernara, parecía que ese peligro ya no existía. Con la caída del muro de Berlín, hay una teoría política y un modelo económico que se imponen: frente al comunismo, el fascismo, la monarquía, triunfan el liberalismo, la democracia y la economía de mercado. Y con ello una sensación de que todo va a ir siempre a mejor. Parecía que estábamos casi condenados al éxito. Pero después llegó la gran decepción. 

¿La crisis de 2008 dinamita esa idea de futuro prometedor?

La gran crisis económica desata fuerzas similares a las del crack del 29, y deja en evidencia que ese sistema triunfante, ese ‘perfecto fin de la historia’ tiene un montón de cosas para resolver. Y la ultraderecha plantea de manera inteligente una alternativa ante esa expectativa incumplida.

Hay gente pasándolo mal, o tal vez simplemente no como le prometieron. El problema es que ante esa frustración la respuesta no puede ser ¿qué quieres, una dictadura? Probablemente, no sea lo que todos los que apoyan a la ultraderecha quieren, pero tampoco quieren lo que hay. La frase de “mejor malo conocido que bueno por conocer” ha mutado en “mejor malo por conocer que malo conocido”.

En el libro explicas que este avance ultra no es coyuntural, sino estructural y transnacional. 

Hay corrientes que se convierten poco a poco en movimientos transnacionales. O al menos las narrativas lo son, independientemente de las realidades. ¿Qué tiene que ver Polonia con El Salvador? Y aun así ves puntos en común. 

¿Qué son los neopatriotas?

Sería una especie de fusión entre una visión económica liberal y la dimensión nacionalista en su discurso político. Es un concepto que acuñaron dos politólogos, José Antonio Sanahuja y Camilo López Burian, para analizar el fenómeno de la ultraderecha en Latinoamérica incluso antes de que Bolsonaro fuera un actor relevante. 

El feminismo puede generar incomodidad, pero si los hombres jóvenes son más permeables al discurso ultraderechista, tal vez la explicación no sea que el feminismo se ha radicalizado en sus reivindicaciones y ‘cancelaciones’ sino qué sociedad le estamos ofreciendo a esos jóvenes que optan por volver al pasado

Es que las categorías europeas a veces ayudan y a veces dificultan nuestra capacidad de comprender fenómenos políticos en América latina, para explicar qué es la derecha y la izquierda, qué es el peronismo en Argentina, qué es el PRI en México… En estos países, los símbolos nacionales no se vinculan necesariamente con la derecha –como sí ocurre en Alemania o en España– porque fueron colonias y con la independencia construyeron un sentido de país y una identidad. Los neopatriotas defienden una nación para unos pocos, algo que hasta ahora no estaba muy extendido allí, pero eso puede cambiar con el triunfo de José Antonio Kast en Chile y su discurso antinmigración. 

¿Por qué Trump representa un cambio de fase en esta epidemia?

A través de él se normaliza lo que hasta ese momento no había logrado ser mainstream. Había habido chispazos, sí. En los 90 con Pat Buchanan, que fue candidato independiente, después con el Tea Party, ambos encarnando el conservadurismo más rancio, pero todavía democrático. Lo que encarna Trump es la ventana de Overton: hacer aceptable algo que no era aceptable. Normaliza lo que hasta ese momento era indecible, y ese es el inmenso cambio de era.

La nouvelle droite sostenía que la izquierda dominaba el discurso cultural y proponía una batalla contra eso. ¿La izquierda sigue dominando el discurso cultural? ¿O esto cambia a partir de que la tecnología permite una multiplicidad de canales? 

Yo creo que estamos viendo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que está en disputa esa hegemonía cultural. A partir de Mayo Francés, por poner una fecha, se empiezan a dar unos cambios sociales sostenidos y constantes: el rol de la mujer, la orientación sexual o un montón de cuestiones de corte social que eran moralmente condenables hace 60 años y ahora no. O mejor dicho, que no lo eran hasta hace cinco años. Los líderes ultras y sus portavoces, incluyendo a think tanks, periodistas o pseudoperiodistas, tienen claro que el objetivo es disputar conceptos básicos como libertad. Y lo están consiguiendo.

Muchas veces se responsabiliza al crecimiento del feminismo de la ola reaccionaria que propicia el ascenso de la ultraderecha. ¿Qué tiene que ver la cuarta ola feminista con este fenómeno? 

Lo veo como un falso dilema. Además de antifeminismo, la ultraderecha utiliza muchos otros instrumentos: el nacionalismo, el nativismo, el racismo… Atribuir su crecimiento a un movimiento que busca igualdad donde nunca la hubo es convertirlo en un chivo expiatorio, y lo único que consigue es más polarización. 

Si no entendemos sus razones, seguiremos estupefactos y sin saber cómo actuar mientras la epidemia se extiende

Seguro que el feminismo puede generar mucha incomodidad, pero si los hombres jóvenes son más permeables al discurso ultraderechista, tal vez la explicación no sea que el feminismo se ha radicalizado en sus reivindicaciones y ‘cancelaciones’, sino qué sociedad le estamos ofreciendo a esos jóvenes que optan por volver al pasado. Una encuesta reciente en Alemania señalaba que uno de cada tres jóvenes varones veía la violencia hacia la pareja como un recurso aceptable. 

La cuestión es cómo actuamos frente a esta epidemia ultra. Hemos probado de todo: cordones sanitarios, indiferencia, informar sobre ello sin más o entrar en sus debates, normalizando el discurso… ¿Hay algo que se pueda hacer? 

La ultraderecha hace un diagnóstico basado en mini verdades para apuntalar un discurso directo, fácil, efectivo y que, sobre todo, señala un culpable. Porque es cierto que hay desigualdad, pero eso no quiere decir que el responsable de que tu abuela cobre una pensión de miseria sea el migrante. Por eso, desde la esfera política copiar a la ultraderecha es un error. Quizá se trata de poner el foco en otras cosas. La idea de cobrar más impuestos a los millonarios está bien, pero tal vez no hay que hacer campaña necesariamente con eso, o sí, pero llevándolo a un plano más personal. 

¿Así no se corre el riesgo de desdibujar ideas y valores?

Hay valores de esta sociedad que tenemos que seguir sosteniendo. La cuestión es cómo construir una visión del mundo a partir de la autocrítica y que a la vez proponga un modelo diferente. El objetivo no puede ser volver al mundo en el que nosotros crecimos, sino que hay que pensar una construcción nueva. No quedarnos en la nostalgia ni en la idea de que la gente debería agradecer por todo lo que tiene. Lo que hay que ofrecer son miradas a futuro que generen esa confianza que muchos ya no tienen. 

¿Si entrar en el marco discursivo de la ultraderecha es un error, no existe debate posible?

El problema es que tendemos a pensar que si el otro defiende cosas que nos parecen inasumibles es idiota o mala persona. Hay que encontrar mecanismos para discutir sin necesariamente descalificar al que piensa distinto. La palabra clave es empatizar. Sostener nuestras banderas sin la superioridad que nos acerca a un discurso de pensamiento único que es lo mismo que les criticamos. Al menos con las personas que tenemos cerca, compartimos un universo de experiencias y valores desde el que poder acercar posturas o simplemente comprender. Si no entendemos sus razones, seguiremos estupefactos y sin saber cómo actuar mientras la epidemia se extiende.

José Antonio Kast no fue el candidato más votado en las elecciones presidenciales chilenas, pero es el que más posibilidades tiene de conseguir la presidencia. Todos los análisis publicados tras la primera vuelta del domingo señalan al aspirante de la ultraderecha como el mejor posicionado. Por razones diversas, pero sobre todo por un simple ejercicio matemático: Jeannette Jara, la apuesta de la izquierda, no ha alcanzado ni siquiera el suelo de votos que dibuja la aprobación del presidente Gabriel Boric (más del 32%) mientras que las derechas sumadas aglutinan la mitad de los votos. 

¿Quiere decir esto que la sociedad chilena se ha derechizado? ¿Chile puede convertirse en un escalón más en el avance de las opciones de extrema derecha en América Latina? De concretarse el giro conservador, Chile se convertiría en el sexto país sudamericano en elegir un presidente de derechas, siguiendo el camino de Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y, más recientemente, Bolivia. Kast se sumaría a los grandes referentes ultras del continente por debajo de los Estados Unidos de Donald Trump: el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Para Franco delle Donne, experto en el tema y autor del libro Epidemia ultra, lo que muestran estos comicios claramente es una normalización de la extrema derecha. “Y no solo en términos de definir la agenda, dominar el discurso o reapropiarse de conceptos como la libertad, las buenas costumbres, el sentido común”, sino también ampliando el espectro con una opción incluso más a la derecha que Kast, al menos en el plano discursivo. 

Pero la división de la derecha no le resta a Kast. Al contrario: tanto Kaiser como Evelyn Matthei, representante de la UDI, el ala más tradicional de ese espectro, anunciaron de inmediato su apoyo al candidato del Partido Republicano, lo que le deja de facto a las puertas de La Moneda.

El efecto Kaiser

La candidatura del libertario Johannes Kaiser, más dura y vociferante, consiguió el 13,9% de los votos. Pero sobre todo permitió a Kast ocupar un lugar más moderado, ampliando su base electoral. “Kaiser era un candidato mucho más cercano al perfil de Javier Milei”, reflexiona Lisa Zanotti, investigadora del CEU Democracy Institute en Chile. “Kast, en cambio, pudo explotar una imagen que desde el populismo se acerca más a un nacionalismo de tipo cívico, vinculado a la idea de patriotismo. Y eso se vio en sus constantes apelaciones a los ‘chilenos de bien”, sostiene Zanotti. 

Los partidos de la derecha son conscientes de que están ante una oportunidad histórica

Soledad Vallejos — Autora del libro Los dueños de la libertad, sobre el libertarismo en Latinoamérica

“Kast se melonizó –apunta Delle Donne– ofreciendo una derecha de buenos modales”. “En un sentido estricto, los republicanos y los libertarios tienen objetivos similares, pero al aparecer un político aparentemente más radicalizado, más bestial, el cerebro necesariamente los ordena y coloca a alguien como Kast en un lugar más moderado”, señala. 

Estratégicamente, Kast evitó en campaña entrar en temas sociales que pudieran generar rechazo, y se centró en dos ejes muy transversales: la economía y la seguridad. “Aquí está claro que tiene una ventaja comparativa frente al progresismo, al que le resulta un tema más difícil de abordar”, explica Soledad Vallejos, autora del libro Los dueños de la libertad, sobre el libertarismo en Latinoamérica. 

Jara, una opción que no convence 

“Kast tiene todas las de ganar”, defiende Vallejos, que apunta a la falta de una alternativa potente desde la izquierda. “La derecha es la única que está ofreciendo algo distinto en este momento, porque hace tiempo que no gobierna en su expresión más franca”, analiza. 

“Cuanto más se radicaliza el discurso, más se polarizan las elecciones”, explica Delle Donne. Y en este terreno el progresismo y los discursos más elaborados y abstractos tienen menos efecto. Los dos coinciden en que desde la izquierda se peca muchas veces de minimizar el potencial de la estrategia ultra: “Lo desestimas y le haces el vacío, pero al final el relato que prevalece es el otro”. 

A esa polarización se suma la situación particular de Chile, donde por ejemplo “el pinochetismo sigue siendo una opción, y no vergonzante”, apunta Vallejos. Llamativamente, lo que sí puede generar rechazo en ciertos votantes es que la candidata de la izquierda pertenezca al Partido Comunista. “Creo que hay gente que se identifica con la izquierda que no quiso votar a Jara, y que el anticomunismo puede tener que ver”, defiende Zanotti. 

Para ella, recuperar ese voto es “muy difícil”, pero Jara puede intentarlo “jugando con el miedo a la ultraderecha, y hablando de cuáles son efectivamente las políticas de estos partidos”. Porque Kast ha dicho muchas veces que si llega a la presidencia va a eliminar la ley de supuestos que permite abortar, y ha hecho declaraciones contra las minorías.

El mensaje de la mano dura frente a la inseguridad –aunque Chile sigue siendo uno de los países con menos criminalidad de la zona– es fácil de entender. “Es visceral”, resume Vallejos. Por eso Zanotti apuesta por un discurso en el que se ponga sobre la mesa que lo que está en juego no son solo los derechos de los migrantes venezolanos para los que Kast plantea deportaciones masivas, sino los de muchos votantes: “Tiene que ir a por los votos de Parisi, que son los únicos que están poco definidos”.

La sorpresa de Parisi

Si los resultados de Kaiser fueron similares a los que señalaban las encuestas y los de Jara destacaron por ser más bajos de lo esperado, los de Franco Parisi resultaron la sorpresa de la noche. El Partido de la Gente se convirtió en la tercera fuerza con el 19,7% de los votos y un discurso indefinido desde el punto de vista ideológico pero “muy antisistema”. 

“Es curioso porque estas fuerzas desconfían de la política tratando de conseguir puestos políticos”, apunta Vallejos. Y Delle Donne coloca este fenómeno dentro de la lógica de las nuevas derechas de outsiders rupturistas frente a una caída en picado de la derecha “liberal, mainstream y democrática”. Son fuerzas nuevas capaces de “capitalizar el descontento, como hemos visto en muchos casos en Europa en los últimos años”, explica. 

El caso es que Kast tiene la oportunidad de contar con un capital político pocas veces visto en la historia del país, porque los comicios han sido también muy favorables a la derecha en el poder legislativo. 

En cualquier caso, Chile no es un caso aislado, sino que se inscribe en un panorama –cuando menos– continental que camina hacia las derechas extremas. “Hay redes transnacionales que operan desde hace años en el continente y en un ida y vuelta con España, y se están empezando a ver los resultados. Sin ir más lejos, el hermano de Johannes Kaiser, Axel, es un habitual en ciertos foros en Argentina: es miembro de la Fundación Faro y trabaja con la Fundación Libertad y Progreso, ambas muy cercanas al presidente Javier Milei. Hay diálogos que están impulsando estas dinámicas que llevan al menos dos décadas, y se están fortaleciendo”, explica la experta, que aborda este tema en su último libro. 

“Los partidos de la derecha son conscientes de que están ante una oportunidad histórica”, sugiere Vallejos. De ahí el apoyo evidente de Kaiser y Matthei a Kast. “Una vez que llegas al poder puedes pelearte por el rincón que quieres ocupar. Pero primero hay que llegar”. 

El resultado de esta estrategia se verá en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Las credenciales ultras de José Antonio Kast le vienen de familia. Su hermano Miguel fue el primer ministro civil a las órdenes de Augusto Pinochet. Su padre, Michael Kast (Alemania, 1924-Chile, 2014) militó en el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial, como reveló una investigación de la agencia Associated Press (AP). Y Kast, la gran figura de la ultraderecha en Chile, y quien disputará la presidencia con la progresista Jeannette Jara en segunda vuelta, no es alguien que viva a disgusto con el pasado.

Tras el revuelo mediático que causó la noticia de AP en 2021, Kast acabó reconociendo la presencia de su padre en las filas de Adolf Hitler, pero dijo que lo hizo “obligado por las circunstancias”. Con la dictadura chilena ha tenido menos remilgos: en una entrevista llegó a afirmar que si Pinochet estuviera vivo, lo votaría, y ha defendido públicamente a un miembro del Ejército condenado a más de 800 años de cárcel por secuestros y desapariciones. 

Admirador de Donald Trump y Javier Milei, Kast (Santiago de Chile, 1966) ha cultivado sin embargo un perfil muy diferente, de hombre firme pero dialogante, una fuerza transformadora que sin embargo busca devolver el país a un orden perdido y –de paso– a las buenas costumbres. Quizá tenga que ver con que, a diferencia del magnate estadounidense o el tertuliano argentino con ínfulas de estrella de rock, Kast no es un outsider de la política. Muy al contrario. 

Militó desde muy joven en la Unión Demócrata Independiente (UDI), precisamente defendiendo el legado pinochetista y los valores tradicionales. Fue concejal de 1996 hasta el año 2000, y en 2002 ganó una banca en el Congreso como parte de la Alianza por Chile. Desde allí hizo oposición sobre todo a los Gobiernos de Michelle Bachelet, con iniciativas centradas en la oposición al aborto y en su obsesión y caballo de batalla: la seguridad. Sin embargo, las malas lenguas lo señalan por aquellos años como un diputado con escasa asistencia y aún menor actividad. 

Las derrotas que suman

Cuanto más se instalaba como referente de la derecha, más se alejaba Kast de la UDI, que acabó abandonando en 2016 para fundar el Movimiento de Acción Republicana y en 2019 el Partido Republicano, que agrupa a veteranos militantes derechistas e independientes. Si en 2017, cuando se presentó a las presidenciales como independiente, sorprendió con casi el 8% de los votos, en las de 2021 ya se alzaba con el 28% en primera vuelta, forzando un balotaje que perdió ante Gabriel Boric. “La tercera es la vencida” ha sido su muletilla esta campaña. 

Lo cierto es que Kast ha ido ganando incluso con las derrotas. Por ejemplo, la del plebiscito de 2020 sobre el proceso constituyente, cuando defendió conservar la Carta Magna de Pinochet. Y el de 2022, en el que propuso una Constitución ultraconservadora que fue rechazada. Alrededor de estos ‘tropiezos’ democráticos Kast ha ido forjándose como líder frente a una derecha desdibujada.

Este licenciado en Derecho por la Universidad Católica, que pertenece a la élite económica del país –y también a la élite política– ha aprovechado el descontento social y el desgaste de los partidos históricos con un discurso antiestablishment. Un discurso similar al de Milei o Trump, pero atravesado por valores tradicionales y conservadores. “Él habla de sí mismo como ‘la derecha original’, y desprecia al resto con un discurso parecido al de la ‘derechita cobarde’ de Vox en España”, resume Lisa Zanotti, investigadora del CEU Democracy Institute y experta en nuevas derechas latinoamericanas. 

La familia como eje y el comodín de la seguridad 

Kast es un hombre tradicional. Viste formal, habla con corrección y en tono pausado, y su familia es casi un calco de aquella en la que se crió como el menor de diez hermanos. Tras combatir como teniente de la Wehrmacht, las fuerzas armadas de Hitler, aquel militante forzoso del partido nazi llamado Michael Kast consiguió salir de Alemania en los años 50 y emigrar a Chile, donde hizo fortuna con una fábrica de embutidos. Su benjamín, José Antonio, tiene a su vez nueve hijos y pertenece a un grupo ultracatólico de raíces alemanas llamado Schöenstatt, uno de los que estaba en la mira del papa Francisco, como el Sodalicio y el Opus Dei.

En la campaña de 2021, el candidato jugó fuerte su carta conservadora. Proponía derogar la ley de supuestos que permite abortar en caso de riesgo para la salud de la madre, del feto o por violación, se oponía al matrimonio igualitario y aseguraba que eliminaría el Ministerio de la Mujer. “Kast ha entendido que casi la mitad de la población de Chile está concentrada en Santiago, y que la gente de las zonas metropolitanas es menos conservadora, por eso ha ido moderando su discurso en cuestiones sociales para centrarse en un asunto transversal: el de la seguridad”, analiza Zanotti.  

De hecho, en el último debate Kast rehuyó prácticamente cualquier tema que no tuviera que ver con economía o seguridad. Evitó contestar sobre aborto o derechos de los homosexuales, y esquivó la pregunta sobre los crímenes de la dictadura: “Hoy en día se violan los derechos humanos de miles de personas, de 40.000 personas que mueren al año esperando una lista de espera (...) Lo que importa ahora es elegir al presidente que lidere al país para enfrentar los problemas que tienen los chilenos”, aseguró.

Y el principal problema que perciben los chilenos es precisamente el de la seguridad. El 63% piensa que es el principal, según una encuesta de Ipsos, lo que revela un nivel de preocupación mayor que en México (59%) o Colombia (45%), pese a que ambos tienen tasas de homicidios cuatro veces superiores. “Aunque la situación del país no tan mala como en otros puntos de América latina, sí que ha empeorado comparativamente respecto a hace algunos años”, reconoce Zanotti. La llegada de grupos criminales vinculados al narcotráfico le ha permitido a Kast vincular la delincuencia a la inmigración, desplegando un discurso nacionalista y xenófobo. Incluso llegó a decir que apoyaría una invasión de Estados Unidos a Venezuela para luchar contra el narco. Su propuesta se resume en la lucha implacable contra el crimen y los indocumentados, a los que ha advertido que como “entraron por la ventana” deben “salir del país” cuanto antes. 

Kast promete mano dura y más margen de acción a la policía. Además, defiende el derecho a poseer armas –de hecho, ha asegurado tener una en casa–. Una idea polémica que entusiasma a casi un 54% de los que se reconocen como posibles votantes del utraderechista, tal y como recoge el estudio sobre Democracia y Derechos Humanos de Cristóbal Rovira Kaltwasser publicado en 2024.

El de la seguridad es un asunto capaz de acercar a José Antonio Kast finalmente al Palacio de la Moneda, y él es muy consciente de ello. Por eso lo explota al máximo, y lo envuelve en la lógica y la escenificación del miedo. “No le temo a nada, pero sí los delincuentes tienen que tenerle miedo a un Gobierno de emergencia nuestro”, dijo tras su cierre de campaña. El discurso lo pronunció detrás de un cristal blindado. 

Glauber Braga (Nova Friburgo, 1982) se ha convertido en uno de los diputados de izquierda más populares de Brasil. Desde que comenzó su primer mandato como diputado en 2009, Braga ha sido una de las voces más contundentes contra las privatizaciones, contra la extrema derecha y contra cualquier intento de injerencia extranjera en el país.

Diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), principal fuerza política a la izquierda del presidente Lula da Silva, Braga se ha convertido en uno de los principales enemigos del bolsonarismo y de la élite política conservadora. En abril, hizo una huelga de hambre para denunciar un proceso que pretendía quitarle el cargo de diputado por haber expulsado del Congreso a un militante de extrema derecha.

El diputado argumenta que al Gobierno Lula “le falta ser más osado contra el sector privado” y que la defensa de la izquierda del establishment “es una táctica” para proteger la democracia frente a los ataques de la extrema derecha. En una entrevista telefónica, repasa la vertiginosa política de Brasil, la condena a Jair Bolsonaro y al núcleo duro del intento de golpe de Estado, las gigantescas manifestaciones de izquierda de septiembre, la injerencia estadounidense en Brasil y las elecciones presidenciales de 2026, que en su opinión serán “durísimas”.

Las principales capitales de Brasil vivieron en septiembre manifestaciones masivas contra la amnistía a Jair Bolsonaro y los condenados por golpismo. No estaban lideradas por partidos políticos. Partieron de la ciudadanía ¿Cómo interpreta ese día histórico?

Fue una prueba de que las calles tienen fuerza para darle la vuelta a la tortilla. Es muy significativo que unos días después el Senado archivara por unanimidad un proyecto para blindar a los diputados de procesos judiciales [se tramitaba paralelamente y como paquete al proyecto de ley de amnistía]. Lo paró la fuerza de la calle. Tenemos que continuar movilizándonos para otros asuntos.

La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común

Se esperaban manifestaciones de extrema derecha e incluso disturbios tras la condena a Bolsonaro. No hubo. La condena representa también el fin de la impunidad de los militares y, por lo que parece, está sirviendo de herramienta de pacificación. Los medios conservadores argumentaban lo contrario: que Brasil solo se pacificará con amnistía para los golpistas.

Cualquier pacificación pasa por la responsabilización de los golpistas. Porque la extrema derecha, cuando no se siente responsabilizada, dobla la apuesta. [La condena] hace que ellos retrocedan y demuestra que no existe espacio para lo que están intentando hacer. La condena de Bolsonaro fue un momento muy importante para la historia del país.

¿El movimiento a favor de la amnistía perdió fuerza tras las protestas masivas? ¿Se aprobará algún tipo de amnistía light con reducción de penas?

Perdió fuerza, sin duda. Pero tenemos que estar atentos, porque la amnistía aglutina la base de la extrema derecha. Ellos van a continuar movilizándose hasta que encuentren su próximo gran asunto, la próxima cloroquina [el medicamento ineficaz contra el virus de la COVID-19 defendido por Jair Bolsonaro] o su próxima urna electrónica [el bolsonarismo difundió falsamente que se podía manipular el voto]. Hasta que configuren su nueva agenda van a continuar presionando por la amnistía.

El bolsonarismo había encontrado ya su próximo gran asunto: el tarifazo de Donald Trump y la supuesta culpa de Lula y el Tribunal Supremo de Brasil. Pero el tiro les está saliendo por la culata. Las maniobras de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en EEUU le están saliendo caras. Puede ser procesado como traidor a la patria y no será candidato presidencial, su gran sueño.

Son dos tiros de bazuca en el pie. ¿Cuáles fueron las principales banderas de Bolsonaro y la extrema derecha en su primera campaña presidencial [de 2018]? Un discurso de falso patriota y un discurso de falso moralista de combate a la corrupción. Cuando Eduardo Bolsonaro va a Estados Unidos, conspira contra Brasil, ayuda a un ataque imperialista, con aranceles que representan un verdadero embargo... La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común. También perdió el discurso de combate a la corrupción con el intento del proyecto de ley del blindaje de diputados. 

Hablando de banderas. Unos días antes del juicio a Bolsonaro, una manifestación de extrema derecha en São Paulo usó una bandera gigante de EEUU. En las manifestaciones de izquierda, se vieron también grandes banderas brasileñas. ¿La izquierda ha recuperado por fin los símbolos patrios, secuestrados hace años por la extrema derecha?

Simbólicamente, recuperó la bandera. Pero esa recuperación tiene que tener un carácter práctico. Tiene que defender elementos que protejan la soberanía, como por ejemplo, las tierras raras. Estoy recogiendo firmas para garantizar que el monopolio de la explotación de tierras raras sea público.

La interferencia de Estados Unidos en la política y justicia de Brasil tiene un motivo visible: defender a su aliado extrema derechista Jair Bolsonaro y crear inestabilidad política. ¿Existen otros motivos?

Los principales motivos son económicos. Además, de los intereses de las grandes empresas tecnológicas, yo añadiría otros, como el control del agua y lo que representa la Amazonia, el papel de Brasil en América del Sur y ante un posible ataque a Venezuela, que cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Trump sabe que la familia Bolsonaro entregaría todo eso a EEUU sin pestañear... Saben que tendrían a un presidente muy afable y sumiso.

El papel protagonista que Brasil está teniendo en los BRICS y en una nueva articulación geopolítica del sur global también parece haber irritado a Trump.

El papel de Bolsonaro como presidente fue lamentable, vergonzoso. Que tengamos ahora una posición soberana y de diálogo con el mundo es muy importante. Pero deberíamos ir más allá. Por ejemplo, ante el genocidio contra el pueblo palestino, Brasil debería romper relaciones y garantizar que no llega nada de nuestro petróleo al Estado de Israel.

Usted está en medio de un proceso que le puede costar el cargo de diputado. Después de ser agredido, expulsó del congreso a un militante del movimiento extrema derechista Movimento Brasil Libre (MBL). Abrieron un expediente disciplinario contra usted. Tuvo que comenzar una huelga de hambre para llamar la atención. ¿Qué hay detrás de ese intento de quitarle el cargo de diputado?

El MBL es un movimiento muy golpista, peligroso. Tiene un discurso megarreaccionario, incluso con elementos de supremacismo blanco. Yo fui atacado siete veces en locales públicos por un provocador profesional del MBL. En el caso específico de mi proceso, el altercado es un pretexto. El motivo real es que yo denuncié constantemente la existencia en el Congreso del presupuesto secreto, soy incluso testigo en la Policía Federal (PF).

A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado

¿Cómo explicaría didácticamente en qué consiste el “presupuesto secreto”?

Es la entrega de un presupuesto a una determinada región (a través de diputados concretos), sin decir que es dinero público del Gobierno. A veces se entrega ese dinero al diputado, sin que se sepa para qué va a ser usado. Cuando Jair Bolsonaro se enfrentaba a un crecimiento exponencial de su impopularidad como presidente, cerró un acuerdo con los diputados del centrão [diferentes partidos de centro y derecha necesarios para aprobar cualquier proyecto legislativo en el Congreso] y les entregó buena parte de la administración del presupuesto. Así nació ese mecanismo que hoy se conoce como presupuesto secreto.

Usted es diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), a la izquierda de Lula. La izquierda todavía no critica al Gobierno, a pesar de que está pegado al centro. Parece que la izquierda sacrifica su programa e ideas para defender la democracia y para no dar alas a la extrema derecha. ¿No es también un riesgo no criticar nada y normalizar las alianzas de Lula con la derecha en aras de la gobernabilidad?

Yo formo parte de un grupo de militantes de izquierda que tiene radicalidad política y prioriza la movilización, más allá del espacio institucional. Por eso nos alegra tanto lo que ocurrió [en las marchas de septiembre]. Las manifestaciones presionan para que se aprueben medidas para la clase trabajadora. A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado. Lo que es cierto es que nos unimos para defender a Brasil cuando sufre un ataque como el de EEUU.

El bolsonarismo, sobre todo al principio, usó una narrativa antisistema y la izquierda acaba pareciendo como la gran defensora del establishment. ¿No es un error dejarle a la extrema derecha el discurso sistema? ¿Llegó el momento de retomar cierta radicalidad de la izquierda contra el sistema capitalista?

Nunca fue tan fácil explicar y mostrar qué es el imperialismo, qué es soberanía, qué es la clase trabajadora. Se puede defender el establishment para que la extrema derecha sea responsabilizada, como lo prueba el juicio contra Bolsonaro, sin olvidar que el papel de la izquierda es la movilización. No podemos olvidarnos de nuestras banderas. Nuestro papel es exactamente demostrar que no somos un apéndice del establishment. Tenemos que organizarnos mucho más allá de la institucionalidad para superar el capitalismo. En determinados momentos, tácticamente tenemos unidad de acción con otros campos políticos para afrontar a la extrema derecha, pero eso no puede confundirse con una estrategia de defensa del establishment. 

Lula ha confirmado que será candidato presidencial en 2026. De momento, lidera las encuestas. Aun así, no parece que vaya a haber ningún control de la desinformación por parte de las grandes empresas tecnológicas, más bien lo contrario. La interferencia de Trump en las elecciones se da por hecha. ¿Cómo ve el escenario para las elecciones de 2026?

Durísimo, preocupante. Aun así, creo que la extrema derecha va a ser derrotada, y tenemos que trabajar para que eso ocurra. Ahora bien, lo que consolida una mayoría social para derrotar a la extrema derecha es la agenda económica.

Es fundamental priorizar medidas que mejoren la vida de la gente, como la exención del impuesto de renta a los que ganan menos, la estatalización de empresas como Eletrobras, la reducción de la semana laboral por debajo de seis días... La noticia positiva es que las últimas encuestas demuestran que una parte significativa del electorado que fluctúa de un espectro político al otro, que representa un 40% del total, se mueve hacia la izquierda cuando se le pregunta si los golpistas tienen que ser responsabilizados.

El ambicioso proyecto de construir un radiotelescopio único en Sudamérica, capaz de ver lo que los telescopios normales no pueden, ha quedado misteriosamente varado en la aduana argentina. La “obra faraónica” que nació de un acuerdo científico con China, está completada en un 50%, y debía recibir un gran impulso este año, para empezar a funcionar el siguiente. Pero en medio de las negociaciones con Donald Trump para el rescate financiero que le permitió a Javier Milei ganar las elecciones, la colaboración con el país asiático empezó a encontrar más y más trabas, a pesar de que el convenio para la construcción de CART (Radiotelescopio Chino-Argentino, por sus siglas en inglés) se firmó hace más de una década. 

A principios de octubre, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anticipaba la intención de apoyar económicamente a Milei, y en una entrevista con Fox News dejaba claro cuál era el objetivo: “El presidente Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”. Algo parecido diría algunos días después el propio Trump, tras la firma del crucial cheque de 40.000 millones de dólares. 

Mientras eso sucedía en Washington, en Buenos Aires las partes enviadas desde China para montar la mole, que cuenta con una antena parabólica de 40 metros de diámetro, 60 metros de altura y 1.300 toneladas, no conseguían los permisos para ingresar en el país. Solo ese instrumento cuesta unos 15 millones de dólares, confirman fuentes vinculadas al proyecto. En la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el equipo responsable de CART desesperaba: nadie respondía a sus solicitudes y la coyuntura les hacía temer la paralización total del plan.

La guerra contra los científicos

“Dejar caer esto es un cientificidio”, resume el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), Jorge Castro, en conversación con elDiario.es. “Insistimos e insistimos en nuestras peticiones hasta que nos dijeron que la última palabra la tenía Cancillería”, relata Castro. Aparentemente, la pelota pasaba al terreno del Ministerio de Exteriores. Pero el interlocutor seguía –y sigue– sin aparecer.

La inversión en investigación se ha reducido prácticamente a la mitad desde que el ultraderechista llegó a la Casa Rosada, cuando alcanzaba el 0,30% del PIB

Mientras los medios de comunicación intentaban dilucidar sin éxito las condiciones del rescate de Trump, la Universidad lanzaba un comunicado advirtiendo del peligro para el futuro del radiotelescopio, y días después el Gobierno de Milei contestaba, vía publicación en el Boletín Oficial, que todos los centros de la categoría de CART deben ser auditados y autorizados por el Ministerio de Defensa.

“Ese estudio de Defensa ya fue hecho en el momento del acuerdo, durante la presidencia de Mauricio Macri”, rebate Castro. “Entendemos que si el Gobierno quiere aplicar esa resolución lo tendrá que hacer de acá en adelante, no en nuestro caso”, expone.

Porque CART nació con el visto bueno de las autoridades nacionales y de un acuerdo con cuatro firmantes: La UNSJ, el CONICET (el centro de investigación público), el Gobierno provincial y la NAOC (National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Science) de China. El convenio se firmó por diez años, y debía ser renovado en junio, cuando Milei estaba enfrascado ya en su guerra contra el CONICET: “Lo único que hace es favorecer a parásitos”, dijo el presidente en una entrevista del equivalente al CSIC español. 

La inversión en investigación se ha reducido prácticamente a la mitad desde que el ultraderechista llegó a la Casa Rosada, cuando alcanzaba el 0,30% del PIB. Según la proyección del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), este año caerá hasta el 0,15%. 

Más que un telescopio

CART se construye en un paraje llamado El Barreal, a 240 kilómetros de la capital de la provincia de San Juan, en el noroeste del país, y a 2.348 metros de altura. Este lugar fue elegido por los científicos chinos por sus condiciones meteorológicas, sus cielos límpidos y una dilatada trayectoria de observación astronómica. De hecho, el observatorio sanjuanino lleva décadas trabajando en colaboración con entidades chinas y de numerosos países, incluido Estados Unidos. “Actualmente tenemos un proyecto con la Universidad de Texas, por ejemplo”, señala Castro. 

CART está diseñado para operar en conjunto con antenas similares de otros sitios del mundo y obtener datos únicos: desde estudios de geodesia (como la orientación y posición de la Tierra en el espacio) a georreferenciación (aplicada a técnicas de posicionamiento espacial). Además, es capaz de recabar información de alta sensibilidad para investigaciones en astrofísica.

“El radiotelescopio puede ‘observar’ el espacio durante todo el día. Porque capta las ondas electromagnéticas de los cuerpos celestes. Puede ‘ver’ lo que un telescopio no: pequeños agujeros negros, restos de explosiones de supernovas, misteriosas estrellas binarias emisoras de rayos X y galaxias activas muy distantes en el universo”, ejemplifica el decano. 

La repercusión mediática del tema ha ido escalando y la semana pasada ya se recogía en la prestigiosa revista Science. Pero la importancia del proyecto contrasta con el silencio abrumador por parte del Gobierno de Javier Milei. “Lo de que sea una cuestión de geopolítica es una presunción. Yo espero que esta demora se deba a la ineficiencia de alguien, al desinterés o el desconocimiento. Cualquiera puede venir aquí y ver lo que estamos haciendo y cuáles son los planes: será un observatorio abierto a científicos de todo el mundo”, explica Castro. “Aquí no hay países, esto es simplemente ciencia”, reivindica. 

Mientras tanto, Trump escenifica un acercamiento a China con un encuentro con el presidente Xi Jinping. “No podemos ser nosotros más papistas que el Papa”, se queja Castro. 

Argentina siempre fue compleja. Y sigue ajustándose a ese chiste tan gastado: si uno cree entenderla es porque no se la han explicado bien. Cualquiera diría que con un presidente tan estrafalario como Javier Milei, y sometidos a una política económica de brutalidad pocas veces vista en tiempos modernos, los argentinos estarían movilizados, tensos, furiosos o, en el caso de quienes siguen creyendo que la cura de caballo acabará funcionando, esperanzados. Pero no parece el caso. Lo que se percibe es desaliento y resignación. Y una oposición peronista en horas bajísimas.

En las importantísimas elecciones parlamentarias del pasado domingo, la abstención alcanzó un máximo histórico: casi el 35 por ciento. Eso es mucho. En especial si se tiene en cuenta que el voto es teóricamente obligatorio.

En septiembre, sólo unas semanas atrás, la oposición peronista había ganado con claridad las elecciones provinciales de Buenos Aires, donde vive más de un tercio de la población argentina. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se veía ya como líder indiscutible del peronismo y presidente de la República en un par de años. El propio Milei descontaba una derrota, o un empate insatisfactorio, en las parlamentarias, y preparaba cambios en su gabinete y algunas reformas para capear el temporal. Resulta que ganó con holgura.

Lo que ocurrió el pasado domingo dice menos sobre Milei que sobre el peronismo. Cierto, los punteros peronistas, esos “delegados” barriales que saben cómo manejar al vecindario y arrastrarlo a las urnas, no fueron tan activos esta vez: sus jefes, los barones del Gran Buenos Aires, ya habían ratificado sus cargos en septiembre y se tomaron las cosas con calma.

Cierto, la victoria peronista en las provinciales alarmó a todos los antiperonistas, mileístas o no, e hizo que se movilizaran: una derrota clara de Milei habría tenido el mismo efecto devastador que la sufrida por Mauricio Macri en 2019 y habría hecho casi imposible su reelección.

Hay, sin embargo, explicaciones más profundas. Una, la mediocridad y el balance lamentable del anterior presidente peronista, Alberto Fernández, que asumió la presidencia con una inflación del 54% y en cuatro años la elevó hasta el 212% (pandemia mediante, cabe reconocerlo).

Dos, la corrupción acumulada por el peronismo, mucho más zafia y visible, con sus bolsas de billetes y sus enriquecimientos inexplicables, que la usualmente practicada por la derecha en la discreción de los despachos.

Y tres, la más importante: el peronismo-kirchnerismo parece no haber aprendido nada tras su tremenda derrota de 2023 ante un rival como Milei, que se limitó a prometer sufrimiento, destrozos y purgas, motosierra en mano. Los argentinos eligieron cambio, aunque fuera a peor.

Y ha ido a peor: los pensionistas y funcionarios no llegan ni a mitad de mes; la inflación ha caído pero los artículos de consumo están más caros que nunca; el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, un organismo más o menos colegiado que debe rendir cuentas, ha sido sustituido por una total dependencia de alguien tan caprichoso como Donald Trump; las sospechas sobre un posible desequilibrio psicológico del candidato Milei no han sido disipadas, más bien al contrario, por el presidente Milei.

Aun así, Javier Milei ha ganado las elecciones y su reelección en 2027 parece bastante posible. En una sociedad mortificada y desencantada, cuyos dirigentes políticos han acumulado fracaso tras fracaso, los horrores de Milei siguen suscitando algo más de esperanza que la alternativa peronista. Y eso lo dice todo sobre el estado del peronismo.

Una fila de cadáveres sobre el asfalto, frente a una guardería pública, colocados unos junto a otros en una sucesión que parece interminable, que se pierde en el punto de fuga de la foto. La imagen del megaoperativo policial de esta semana en Río de Janeiro es la de los muertos recuperados y trasladados por sus propios familiares a esa especie de fosa común callejera. Una imagen que cristaliza la idea que la ultraderecha intenta instalar como nueva norma: la seguridad como derecho justifica incluso saltarse otros, en concreto, los derechos humanos. 

El gobernador bolsonarista Claudio Castro aseguró que la operación policial –que tenía como objetivo un centenar de detenciones en dos favelas– fue un “éxito”, pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña, con más de 130 muertos. “Exceptuando la vida de los (cuatro) policías fallecidos, el resto fue un éxito”, afirmó Castro, que aseguró que si hay “errores en la clasificación” de los asesinados, serán “residuales”.

Esta misma semana, Estados Unidos ha perpetrado otro ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico, matando a cuatro personas. Es el último de los bombardeos contra pequeñas embarcaciones que, sostiene el Gobierno de Donald Trump sin aportar ninguna prueba, transportan droga para supuestas organizaciones criminales. Este tipo de operaciones realizadas en jurisdicción de otros países, como Venezuela o Colombia y sin orden judicial, han dejado ya más de 60 muertos. 

Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona. Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica

Sonia Andolz — Universidad de Barcelona

También esta semana, el presidente de El Salvador Nayib Bukele celebraba en sus redes que un periódico húngaro convirtiera su apellido en verbo. The European Conservative, un medio en inglés alineado con el líder ultra Viktor Orban, hablaba de bukelear como “solucionar un problema que los liberales consideran ‘demasiado complicado’, simplemente ignorando sus excusas prolijas y haciendo lo obvio”.

Excusas prolijas como un proceso o un juicio justo, el respeto por el orden institucional e incluso la soberanía de los países. “Hay una progresiva normalización de las ideas de extrema derecha, una maximización de temas, lemas y discursos cada vez más radicales. En buena medida porque partidos de la derecha mainstream compran parcialmente estos relatos”, explica Steven Forti, historiador especialista en extremas derechas. 

La guerra contra ‘los otros’

La idea de la seguridad como bien a defender sobre todas las cosas no es nueva. “El 11S se aprovechó para iniciar lo que Bush llamó la guerra global contra el terror”, analiza Sonia Andolz, profesora asociada de Política Internacional en la Universidad de Barcelona. “En cambio, en la última década el discurso de las ultraderechas está más vinculado con la seguridad policial y la mano dura”.

Este discurso apela a sectores de la población muy claros: “A los que saben que la desigualdad es muy grande y entonces sienten que necesitan proteger sus bienes y a los más desfavorecidos, que sienten que lo poco que tienen también está en peligro”, desarrolla Andolz.

En Estados Unidos, la supuesta preocupación por los índices de criminalidad –desmentidos por las estadísticas oficiales– ha justificado otra de las grandes políticas de seguridad de Trump: la militarización de varias ciudades –casualmente, demócratas–. En total ya son cinco las urbes en las que el presidente ha intentado imponer la intervención de las fuerzas federales: además de la capital, Washington, ha desplegado tropas en Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis. Ha desplegado una fuerza militar (ICE) para perseguir a personas migrantes, que acaban en centros de detención en los que están ilocalizables y muchas veces no saben ni siquiera de qué se les acusa. 

“El de la seguridad es un caballo de batalla de la extrema derecha desde siempre, como mínimo desde los años 80, con partidos como el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia, que lo vinculaba directamente a la inmigración”, apunta Forti.

El problema se agrava cuando lo replican otras fuerzas y acaba instalándose en el discurso como una realidad. “La verdad es que cuando un partido bombardea con un tema constantemente, tarde o temprano le empieza a ser rentable. Y desde ahí se copia y se expande. Basta ver lo que sucede con Vox y el PP”, remacha el historiador. 

Bukele como referente (y como verbo)

¿Y de qué hablan los medios ultras cuando dicen bukelear? Tras el 'milagro' de la reducción de los niveles de criminalidad en El Salvador, el presidente se ha convertido en un verdadero referente de la persecución del delito, incluso cuando es señalado por llevar sus políticas al límite de la legalidad e incluso atravesando de las líneas rojas de los derechos humanos. 

Un informe de Amnistía Internacional recoge que desde el comienzo del estado de excepción en El Salvador en 2022 hasta el final de 2024 se habían registrado 83.900 detenidos, acusados de delitos relacionados con las pandillas. Pero según las organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de esas personas no pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes penales. Un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el estado de excepción había dado lugar a detenciones arbitrarias masivas, violaciones sistemáticas de derechos humanos y restricciones sobre el derecho a la defensa. 

Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, la Sala de lo Constitucional admitió solo el 1,6% de las peticiones de hábeas corpus presentadas en el estado de excepción y sólo el 0,4% de los casos se resolvió favorablemente. Además, las organizaciones destacan los niveles de hacinamiento críticos del sistema penitenciario, con un índice de ocupación del 350%, según las ONG locales. 

Pero el que se autodefine como “el dictador más cool del mundo” en su perfil de redes sociales ha introducido un elemento que se ha vuelto fundamental para este relato de las nuevas ultraderechas: el espectáculo. 

La foto de los cadáveres o de parte del operativo tomada con drones en Río de Janeiro, los vídeos de bombardeos a las lanchas que la propia administración Trump difunde en redes, son una forma de generar más impacto en la población y fijar el mensaje. Y tuvieron su punto más disruptivo cuando Bukele hizo posar a los detenidos con las cabezas gachas en filas interminables, vestidos solo con ropa interior y dejando ver sus característicos tatuajes. 

“La ‘espectacularización rebelde’ es la manera en que la extrema derecha está comunicando estos discursos”, confirma Forti. “Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona”, agrega Andolz. “Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica”, explica. 

El señalamiento del otro como enemigo, la espectacularización del castigo y la exhibición de fuerza y poderío transmiten la idea de que hay alguien al mando para protegerte del peligro que sientes. Una sensación amplificada por el discurso en las redes, y “alimentada por la circulación de fake news y bulos, que mueven pasiones tristes y emociones negativas como el miedo y el odio”. Y así la rueda sigue andando.

El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, ha conseguido una victoria inapelable e inesperada en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina. Con un 40% de los votos, los argentinos han respaldado un proyecto político que en menos de dos años ha sido salpicado por la sombra de la corrupción, ha reducido el poder adquisitivo de jubilados y pensionistas, ha terminado con políticas públicas en materia de educación, igualdad o medio ambiente, y ha sido rescatado por el gobierno de Donald Trump.

Con Mercedes López San Miguel, colaboradora de elDiario.es en Argentina, y con Natalia Chientaroli, periodista argentina de elDiario.es, analizamos las causas de esta inesperada victoria y qué se puede esperar a partir de ahora de un gobierno ultraliberal tutelado por Trump. 

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La condena a 27 años de prisión para el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en 2023 es una noticia histórica en un contexto político caracterizado por el auge de un nuevo fascismo y la impunidad del autoritarismo en grandes países del mundo. Aquella intentona golpista se inspiró en el asalto al Capitolio de Estados Unidos de enero de 2021 por los seguidores de Donald Trump. Por eso, la sentencia es un espejo en el que no se quieren mirar otros líderes seducidos por el autoritarismo. 

Hacemos un breve repaso que ayuda a comprender cómo se ha llegado a los hechos que se han juzgado este verano en Brasil, y con Bernardo Gutiérrez, colaborador de elDiario.es en Brasil, analizamos las claves de esta sentencia.

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido este viernes en defensa del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado la víspera a 27 años y tres meses de prisión por varios delitos graves entre los que se incluyen los de liderar una organización criminal armada, el intento de abolición del Estado Democrático de Derecho o golpe de Estado, además de otros delitos como daño cualificado con violencia o de amenaza grave contra el patrimonio de la Unión.

Abascal, que no ha dudado en calificar el juicio del Supremo Tribunal Federal de Brasil de “venganza política y represiva de Lula y sus secuaces”, ha enviado públicamente su apoyo tanto al ultraderechista, que ya se encontraba en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, como a su familia.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), el líder del partido Vox ha compartido una publicación de 'La Gaceta' en la que se recuerda que el juez que presidió el juicio del Supremo, Cristiano Zanin, fue abogado de la defensa del presidente Lula da Silva desde 2013. Zanin Martins participó como miembro del despacho Teixeira Martins Advogados en la defensa de Lula en el marco de la causa Lava Jato, que terminó siendo archivada por el Tribunal Supremo por irregularidades en la obtención de las pruebas.

Cristiano Zanin fue propuesto como magistrado del Supremo el 1 de junio de 2023 y, a pesar de las críticas de una parte de la oposición, en concreto de la ultraderecha, Zanin fue ratificado como juez del Supremo Tribunal Federal primero en la Comisión de Justicia con 21 votos a favor y 5 en contra y después en el pleno del Senado federal con 58 votos favorables frente a 18 en contra. El Senado brasileño está presidido desde las últimas elecciones por Rodrigo Pacheco, miembro del PSD, uno de los partidos de centroderecha que apoyó la destitución de Dilma Rousseff en 2016. El Partido de los Trabajadores de Lula tiene una representación de apenas 8 de los 81 senadores desde las elecciones de octubre de 2022.

“Lo único que persiguen es acabar con la esperanza de millones de brasileños que representa Bolsonaro”, asegura Santiago Abascal, que trata de enfrentar a su colega Bolsonaro con la supuesta “corrupción y la deriva totalitaria” de la que acusa a Lula da Silva.

Sin embargo, en sus sesiones de los últimos días, los magistrados del Supremo Tribunal brasileño han puesto de manifiesto con detalle cómo fue Bolsonaro quien, apoyándose en autoridades políticas, policiales e incluso militares, difundió una narrativa falsa sobre un supuesto mal funcionamiento de las urnas electrónicas de votación para crear un estado de opinión propicio para la promoción de un golpe de Estado.

Así mismo, en el juicio se relató cómo después esta organización criminal promovió y facilitó el ataque de miles de seguidores bolsonaristas contra las instituciones de la República brasileña en Brasilia con el objetivo de mantener a Jair Bolsonaro en el poder así como de restringir la capacidad de actuación de los distintos poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial.

Cada día muchas mujeres periodistas, sobre todo las que se dedican a informar desde una perspectiva de género, reciben insultos, amenazas y son hostigadas en las redes sociales, donde se desenvuelve gran parte de su trabajo. Es una violencia digital que a veces pasa a lo terrenal y que impacta de forma grave en la salud y en el trabajo de las mujeres afectadas. Estos ataques son muchas veces orquestados y tienen como objetivo debilitar el feminismo, erosionar las democracias, al impedir la libertad de expresión, y favorecer el crecimiento de la ultraderecha y los movimientos autoritarios.

De todo esto hablamos hace unos días durante el Encuentro Iberoamericano de Periodismo de elDiario.es con las periodistas Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género de elDiario.es; Catalina Ruiz-Navarro, periodista y escritora colombiana, creadora de la revista feminista Volcánicas; con Macarena Baena, directora de Efeminista, un proyecto de la Agencia EFE, y con Luciana Péker, escritora y periodista argentina.

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