El grupo municipal de EH Bildu en Gernika ha cerrado un acuerdo con el alcalde José María Gorroño y su partido actual, Guztiontzako Herria, que permitirá al municipio vizcaíno contar en 2026 con presupuestos nuevos por primera vez en lo que va de legislatura. EH Bildu ha enmarcado este acuerdo en su “voluntad de anteponer los intereses del pueblo por encima de cualquier cálculo partidista, contribuyendo a desbloquear una situación que estaba ralentizando la política municipal y frenando proyectos necesarios”, han señalado, dando por descontado que no va a haber ningún cambio en la alcaldía en lo que queda de legislatura, porque ni Gorroño se va, como prometió, ni es factible una moción de censura.

Hay que recordar que fue EH Bildu quien ganó las elecciones municipales celebradas en el año 2023 y que el PNV llegó a un acuerdo con José María Gorroño para apoyar su investidura con la condición de que dejara el cargo en un mes. Dos años y casi ocho meses después sigue en la alcaldía, -ya se da por descontado que será Gorroño el que acabe la legislatura-, con las relaciones rotas con los jeltzales que impulsaron su nombramiento y que fueron sus socios la pasada legislatura, y es la coalición abertzale la que acaba apoyando las cuentas para el año que viene, lo que permite desbloquear la acción de gobierno del que le quitó la alcaldía. Todo un cambalache de pactos cruzados entre siglas, bastante habitual, por cierto, en la trayectoria del 'eterno' alcalde de Gernika, que lleva 18 años dirigiendo la villa foral y lo ha hecho con cinco siglas distintas.

El propio José María Gorroño, en declaraciones tras anunciarse el acuerdo presupuestario con EH Bildu, reconoce su baile de siglas y de acuerdos, pero poniéndolo en valor. “Nuestra trayectoria es escuchar hablar y acordar. Ahí está la primera legislatura, con ANV, la segunda con Sortu, la siguiente con el PNV y ahora con EH Bildu”, ha señalado. El alcalde se ha mostrado “muy contento de que EH Bildu apoye estos presupuestos, porque todos somos representantes del pueblo y no podemos estar en broncas entre nosotros. Tenemos que pensar en nuestro pueblo. Para eso hemos sido elegidos y si no nos respetamos entre los cargos públicos que estamos elegidos aquí no estamos respetando al pueblo. Llegar a acuerdos es lo que quiere el pueblo y eso es lo positivo. Entonces, estoy contento de que EH Bildu apoye los presupuestos junto a nosotros”, ha insistido, para lazar a continuación una pulla a sus antiguos socios. “Me gustaría que también lo hiciera el PNV. Pero no me voy a meter en otra casa, ellos verán lo que tienen que hacer, con todo el respeto del mundo”, ha señalado Gorroño. 

El alcalde no quiere hablar del tema de su 'no salida' de la alcaldía, pese a que se comprometió a dejar el cargo en un mes. Fuentes cercanas a la alcaldía insisten en que no es Gorroño el que ha roto el acuerdo que permitió la investidura, sino el PNV, que no ha cumplido las condiciones que se fijaron para el traspaso de la makila. Gorroño, de hecho, apostaba desde el principio por su propio hermano como su sustituto, pero el PNV quería otro candidato o candidata. “No se cumplió lo pactado”, insisten.

Mientras tanto, desde el PNV, que han intentado sin éxito sacar a Gorroño del cargo, y que tampoco ha conseguido cerrar un acuerdo con EH Bildu para presentar una moción de censura, consideran que la no marcha es “algo que ya está descontado”. “Ya dejó claro el propio Gorroño que no iba a dejar el Ayuntamiento y que no va a respetar el acuerdo por el cual debía dejarlo. Por lo tanto, eso ya no está en discusión”, señalan fuentes nacionalistas. “Ahora lo que tenemos encima de la mesa son los presupuestos y el acuerdo con EH Bildu”, recuerdan. Un acuerdo que conocerán en profundidad en una reunión el próximo lunes. “A partir de entonces nos pronunciaremos sobre este acuerdo presupuestario”, han señalado.

Desde el grupo municipal de EH Bildu, que encabeza José Ramón Bilbao, 'Buli', destacan que el acuerdo presupuestario “pone fin a una etapa difícil en el Ayuntamiento y abre una oportunidad para recuperar el impulso, el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos, algo imprescindible para que Gernika avance”.

Tras puntualizar que el acuerdo suscrito con el partido de Gorroño “no es un pacto de gobierno, ni un acuerdo de estabilidad, ni son los presupuestos propios de EH Bildu”, han señalado que se trata de “un acuerdo útil para Gernika, que abre la puerta a un clima mínimo de colaboración institucional indispensable para sacar adelante los proyectos que el pueblo necesita”.

También han señalado que se ha llegado a esta situación porque el “PNV, con el único objetivo de impedir que EH Bildu ocupara la alcaldía, suscribió un acuerdo con José Mari Gorroño, para después abandonarlo y proponernos a EH Bildu presentar una moción de censura conjunta”. Han recordado que la moción de censura “no respondía a un interés real por gobernar Gernika, sino a la voluntad de imponer un proyecto ajeno al municipio, como era la instalación del Guggenheim en Dalia. En aquel momento, EH Bildu volvió a anteponer los intereses de Gernika a los de su propio partido”, han señalado, recordando que fue el tema del Guggenheim de Urdaibai el que impidió seguir adelante con la moción de censura para desbancar a Gorroño. “Desde entonces, la política del PNV ha sido la de dinamitar puentes, romper confianzas y bloquear cualquier posibilidad de acuerdo. Es responsable del derribo de Dalia, responsable del caos institucional y de la angustia e incertidumbre que ha sacudido Busturialdea en los últimos años. No hay más que ver lo que ha acabado sucediendo con el Guggenheim”.

EH Bildu ha acusado al PNV de instalarse en el “discurso del 'no' permanente”, por lo que “la situación en el Ayuntamiento se volvió cada vez más difícil y complicada”. “Con el PNV ha sido imposible avanzar”, señala la coalición abertzale. “Sí ha sido posible sentarse con el grupo de Gorroño para alcanzar un acuerdo presupuestario”. “Pedimos al PNV de Gernika-Lumo que supere el victimismo y el 'no por el no', que deje mirar a Sabin Etxea y empiece a mirar a Gernika. Les pedimos que se sumen a los presupuestos y colaboren, porque Gernika necesita acuerdos, y no bloqueos; soluciones, y no cálculos partidistas”.

El acuerdo presupuestario permitirá poner en marcha dos proyectos emblemáticos, como son la Plaza del mercado y la Biblioteca municipal, y además permitirá poner en marcha el servicio de Aulas de estudio de La Vega, tal y como EH Bildu había propuesto en su programa municipal. El acuerdo entre ambas formaciones incorpora una modificación presupuestaria de 820.000 euros. Más de 700.000 euros se destinan a la compra y acondicionamiento del local de La Vega para las Aulas de estudio municipales, junto a un estudio de la situación de la vivienda para avanzar en políticas de vivienda basadas en datos, el estudio de la viabilidad de un circuito de atletismo urbano en Txaporta, el Cierre del proceso de valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, la elaboración de un protocolo frente a agresiones en el polideportivo y dotación presupuestaria para seguir avanzando en igualdad y cuidados.

Estos son los primeros presupuestos del Gobierno de Gorroño en esta legislatura, ya que en los ejercicios anteriores ha tenido que prorrogar las cuentas al no contar con el apoyo de PNV ni tampoco de EH Bildu.

La relación de Gorroño con el PNV se tensó ya al final de la pasada legislatura, en la que el alcalde y los nacionalistas estaban juntos en el Gobierno. Ante las desavenencias de los últimos meses previos a las elecciones y la elección del PNV de presentar su propio candidato a la alcaldía, Xabier Irazabal, José María Gorroño creo su propio partido, Guztiontzako Herria, para volver a presentarse a las elecciones. Era su quinta sigla.

Las urnas auparon a EH Bildu como la fuerza más votada, empatada en 6 concejales con el partido de Gorroño, así que los 4 concejales del PNV dieron la alcaldía de nuevo al eterno alcalde, casi 'in extremis', aunque con la condición de que dejara el cargo en otra persona un mes después.

A partir de ahí, acusaciones cruzadas entre ambos partidos de ruptura del pacto. Gorroño dice que había un compromiso sobre la persona que asumiría el puesto, que en principio se dijo que podría ser su hermano Iñaki. El PNV rechazó que hubiera ese acuerdo y pidió votar otro candidato o candidata. Los dos aplican al otro el refrán 'donde dije digo digo Diego', y ante la posibilidad más que cierta de que no saliera elegido su candidato en una votación, Gorroño ha decidido no dejar el cargo.

El alcalde de Monterde (Zaragoza), el popular José Gracia Ruiz, está siendo investigado junto a otras doce personas por la Guardia Civil por presunto delito electoral cometido previamente a los comicios municipales del año pasado. Gracia, que lleva en el cargo desde 1995, habría llevado a cabo un empadronamiento fraudulento de personas en la localidad en los meses previos a las elecciones, que acabó ganando.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado la investigación en curso, que surgió a raíz de denuncias de particulares. Este pequeño municipio de la comarca de Comunidad de Calatayud, de en torno a 150 habitantes, fue perdiendo progresivamente población en el pasado mandato de Gracia hasta pocos meses antes de la cita electoral, cuando súbitamente se produjo el proceso contrario. Así, en apenas medio año aumentó su censo un 23%, según reflejó elDiario.es días antes del 28-M.

Este hecho llamó la atención al grupo municipal del PSOE en la localidad, que llegó a impugnar el censo electoral, según informó el portal Alto Jalón. Lo hizo en abril, semanas antes de los comicios, ante la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral de Zaragoza. Este organismo denegó la solicitud por no tener “competencias sobre la gestión del padrón municipal” de los ayuntamientos.

“No existe ninguna circunstancia en el municipio que justifique de manera razonable tal aumento de habitantes, ni por razón de nacimientos, ni tampoco por motivos laborales”, denunció al citado medio el edil socialista Jorge Colás. El alcalde justificó el incremento del censo con una supuesta actualización de datos de la oficina del censo tras la crisis sanitaria de la Covid-19.

“No quiero hacer ninguna valoración”, ha trasladado este viernes a elDiario.es el propio José Gracia. “Cuando pones una denuncia, puede prosperar o no; hoy en día es muy fácil interponer una. Estoy muy tranquilo”, ha señalado el primer edil, que ha negado que exista delito electoral: “Cuando una persona viene a empadronarse, yo como alcalde no puedo poner ningún problema”.

“Veo algo de esperanza. Si lleva tantos años de alcalde es por cómo manipula el censo, que es algo que me he cansado de decir en los plenos”, ha expresado por su parte el concejal del PSOE.

Denuncia por inmatriculaciones irregulares

Esta no es la única polémica que arrastra la gestión del primer edil de Monterde. De hecho, Gracia mantiene una agria disputa con un grupo de vecinos que acusan al regidor de haber inmatriculado a nombre del Ayuntamiento casi 200 fincas de todo el término municipal, entre las que se incluyen viviendas particulares, almacenes y bodegas propiedad de diversos vecinos. 

Las inmatriculaciones aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tal y como descubrieron los afectados. Estas personas se han organizado a través de la Asociación de perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde y han llevado a cabo concentraciones frente al Edificio Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón), la Diputación Provincial de Zaragoza y en la plaza del Pilar.

Estos vecinos protestan por la “indefensión” jurídica que supone el hecho de que ellos tengan que asumir el coste económico de llevar a juicio estas inmatriculaciones, mientras que al alcalde le defiende el propio Ayuntamiento.

Presupuesto nulo de pleno derecho

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró recientemente nulo de pleno derecho el acuerdo municipal por el que se aprobaron los presupuestos de 2023 al no haber convocado a la sesión plenaria en que se votaron las cuentas al único edil de la oposición, el socialista Colás.

La Sección nº1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA condenó a su vez al Consistorio a asumir las costas del juicio hasta 1.500 euros.

“La economía española es una de las peores economías en crecimiento económico en la Unión Europea en los últimos cuatro años”. Los líderes del Partido Popular (PP) y de la formación de ultraderecha Vox no han parado de insistir en el catastrofismo sobre la evolución del PIB (Producto Interior Bruto) desde 2020. Incluso, han arrastrado este pesimismo hasta este 2024, con nuestro país liderando el crecimiento y con un mercado de trabajo que roza el récord de los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Este catastrofismo económico fue uno de los principales arietes de la derecha en el ciclo electoral de mayo y junio de 2023 contra el Gobierno de coalición. Entonces, los datos de la Contabilidad Nacional del INE (Instituto Nacional Estadística) amparaban en parte el pesimismo, pese a que múltiples señales positivas (sobre todo la fortaleza del mercado laboral y de la recaudación fiscal) lo discutían frontalmente.

Desde 2021, los expertos Francisco Melis y Miguel Artola empezaron a advertir de la subestimación del PIB por parte del INE en una serie de artículos que han ido y siguen publicando en elDiario.es por la incoherencia con otras fuentes estadísticas (de los beneficios registrados por las empresas en la Agencia Tributaria, de los salarios, de las horas trabajadas o hasta identificaron “fraude negativo” en el IVA, es decir, se pagaban más impuestos de lo que se consumía, según la Contabilidad Nacional).

A ellos, se les fueron uniendo distintas voces. Todas reconocían que el INE afrontaba “un escenario inédito” tras la hibernación de la actividad por la COVID y por el intenso rebote posterior, que apoyó una también inédita protección publica de las rentas de las familias y de las empresas, gracias a las distintas medidas desplegadas por el Ejecutivo.

Es cierto que “la extrema sensibilidad de la economía española a la movilidad internacional de personas [por la importancia del turismo] nos hizo caer más fuerte durante los confinamientos”, recuerda el economista Ignacio Ezquiaga. Pero también es cierto que la reconstrucción ha sido más potente, principalmente por la moderación más rápida de la histórica inflación de la energía por la invasión rusa de Ucrania.

Uno de los grandes problemas estadísticos es que parte de esa reparación no quedó reflejada en el PIB hasta septiembre de 2023, cuando el INE realizó la revisión más importante al alza del nivel de la actividad económica (especialmente de 2021) y adelantó la recuperación del golpe de la COVID al tercer trimestre de 2022, eliminando de raíz el catastrofismo comparativo con el resto de la UE. En total, las actualizaciones han sumado 1 décima más de actividad en 2020, 9 décimas en 2021 y 3 décimas en 2022.

1,4 puntos porcentuales más, de momento, puesto que las distintas fuentes estadísticas siguen discrepando y, según defienden distintos expertos, el PIB podría seguir subestimado. Este miércoles, la jornada 'El futuro de las cuentas nacionales tras la pandemia', celebrada en el Congreso de los Diputados, reunió a representantes de algunas de las principales instituciones económicas de nuestro país (Banco de España, AIReF y el propio INE), a académicos y a sindicalistas para abordar esta cuestión.

De hecho, en septiembre de este 2024, el INE publicará otra profunda actualización de la Contabilidad Nacional durante los últimos 5 años. Aunque la representante de Estadística en la jornada, María Antonia Martínez Luengo, directora de cuentas nacionales de la institución, echó un jarró de agua fría al afirmar: “No tenemos resultados numéricos aún, pero a priori y quizá me arrepienta de dar esta información, no esperamos que la revisión de niveles sea significativa”.

El asunto es crucial porque la subestimación del PIB sigue condicionando debates como el de la productividad o eficiencia del trabajo (que se mide en términos macro como el PIB entre las horas trabajadas) y el margen que existe en España para reducir la jornada laboral oficial, según se ha comprometido el Gobierno de coalición. O distorsiona la ratio de endeudamiento (que también compara la deuda pública con el PIB). O, del mismo modo, influye en la presión fiscal (los impuestos que se pagan en relación con la actividad económica), que es clave para abordar una reforma de nuestro sistema tributario.

Los participantes en la jornada impulsada por el presidente de la comisión de Presupuestos del Congreso y portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, Carlos Martín Urriza, coincidieron, en su mayoría, en que la medición de Contabilidad Nacional por parte del INE necesita más recursos, y también en que se deberán incorporar a los diferentes indicadores que agrega el PIB los nuevos comportamientos de los agentes económicos (pagos o servicios online, por ejemplo), la digitalización de muchos sectores o los efectos de la transición ecológica.

“Tenemos un sistema [de medición] elaborado hace 80 años, y, con mejoras y adaptaciones, tiene que afrontar una realidad que es que ha cambiado significativamente”, lamentó Juan Manuel Rodríguez Poo, catedrático de la Universidad de Cantabria y miembro de la European Statistical Governance Advisory Board, y ex presidente del INE.

El historiador económico Miguel Artola lanzó algunas propuestas: “Un mayor esfuerzo por utilizar registros administrativos y explicar las diferencias. Por otra parte, que cualquier cambio relevante en los procedimientos de estimación se detallen a la opinión pública. Además, que el INE publique la guía-inventario de las cuentas anuales. O una mejor integración entre el INE, otros organismos públicos (Seguridad Social, Banco de España, Agencia Tributaria...) y la comunidad académica”.

“Hay países que han avanzado más y que son mucho más dependientes de los registros administrativos que de los de los datos procedentes del muestreo [encuestas]”, añadió Juan Manuel Rodríguez Poo. “Soy ciertamente escéptico en lo que es la modernización de los de los sistemas de producción de datos de cuentas nacionales. Creo que se puede avanzar mucho más”, concluyó.

La supuesta “inducción al voto” a usuarios de una residencia propiedad del candidato del PRC en Castro Urdiales durante las elecciones municipales del 28M ha llegado a los tribunales. En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de este municipio ha abierto juicio con fecha de 24 de abril, según ha podido saber elDiario.es. La Fiscalía inició el pasado mes de junio una investigación por un presunto delito de fraude electoral y coacción a raíz de los hechos acaecidos la noche electoral del 28 de mayo durante el recuento de votos de los comicios locales.

La denuncia interpuesta ante la Guardia Civil partió de un familiar de una usuaria del centro de mayores y dependientes del que es gerente el entonces líder del partido de Miguel Ángel Revilla en este municipio. La presunta “inducción al voto”, que tuvo lugar en una de las mesas electorales de una pedanía, tuvo repercusión en el reparto final de los escaños de una Corporación de 21 concejales para una población que supera los 30.000 habitantes censados.

Y es que la polémica estalló durante un recuento de infarto y muy ajustado la misma noche electoral. Así, a falta de tan solo un 3% de que se completara el escrutinio, el PSOE perdió un concejal clave para la gobernabilidad en favor del PRC. Y es que la mesa electoral de Sámano, ahora en el foco de las pesquisas, tuvo paralizado el recuento durante varios minutos por este incidente y, finalmente, por un puñado de votos, el edil en disputa cayó del lado regionalista, dejando un escenario político mucho más abierto de cara a formar gobierno: siete ediles para los socialistas -vencedores de los comicios- en vez de ocho, y tres para los regionalistas en lugar de dos.

La usuaria de La Loma denunció que se les estaba “induciendo al voto” hacia el PRC, cuyo candidato era Jesús Gutiérrez, gerente de esta residencia. La Guardia Civil trasladó la denuncia a la Junta Electoral, la cual días más tarde desestimó el recurso presentado por el PSOE contra el acta de escrutinio, manteniendo así el resultado electoral que arrojó el recuento final y dejando en manos de la Fiscalía la investigación en torno a lo ocurrido.

Ahora, nueve meses después, esa investigación ha derivado en apertura de juicio, que se celebrará el miércoles 24 de abril. Los hechos serán juzgados ya con la legislatura habiendo echado a andar con el reparto de escaños resultante del controvertido recuento y con un gobierno de coalición conformado por PSOE y CastroVerde.

Polémica trayectoria

El líder regionalista en Castro Urdiales, que renunció al acta de concejal tras sufrir un batacazo en las urnas, ha estado buena parte de su trayectoria política en el foco de la polémica. Y es que durante dos legislaturas en la oposición trató sin éxito de impulsar un convenio para recalificar el suelo de su fábrica de anchoas (Conservas Lolín), con el objetivo de trasladarla del centro de la ciudad a un polígono industrial a las afueras y ubicar en su localización actual un supermercado.

Pese a que intentó por todos los medios que la modificación urbanística saliera adelante, el Ayuntamiento tumbó hasta en dos ocasiones el convenio -avalándose en informes técnicos-, decisión que fue respaldada posteriormente por la Justicia. Al respecto, su hermano le acusó públicamente en una entrevista a las puertas de la campaña electoral de “utilizar al Ayuntamiento para sus negocios”. Además, reveló otras presuntas irregularidades del líder regionalista, como haber introducido en España “hasta ocho millones de Suiza” o “haber malgastado el dinero de los cántabros” de las ayudas públicas que recibió su empresa.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha ordenado a última hora de este martes el ingreso en prisión de los cuatro detenidos de CPM de los seis arrestados durante esa jornada en la ciudad española del norte de África -los otros dos fueron detenidos en la península- por su presunta implicación en varias irregularidades cuando esta formación ostentó el Gobierno de la Ciudad en coalición con PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos) entre 2019 y 2023.

Los exconsejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar y la exviceconsejera Yonaida Sel-lam fueron conducidos durante la noche hasta el Centro Penitenciario de Melilla, esta última con la posibilidad de salir en libertad con cargos si abona la fianza que se le ha impuesto.

El actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussián, y la diputada de la oposición y exconsejera de Hacienda, Empleo y Comercio Dunia Almansouri, fueron puestos la tarde de esta martes a disposición judicial tras haber sido detenidos a primeras horas del día, dentro una operación contra el anterior principal partido del Gobierno de Melilla entre los años 2019 y 2023, Coalición por Melilla (CPM) por presuntos delitos de fraude en la contratación pública y malversación.

También fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla el exconsejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar y la exviceconsejera de la Vivienda, Yonaida Se-lam, también exdiputados de CPM en la pasada la legislatura y que no fueron incluidos en las listas electorales de su formación en los comicios de mayo de 2023.

Estos cuatro cargos del Ejecutivo de coalición que gobernó Melilla desde junio de 2019 a mayo de 2023, conformado por CPM, PSOE y el presidente de la Ciudad Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos en abril de 2021 acusado por su partido de no comunicar su imputación en un presunto caso de corrupción), forman parte de las seis detenciones realizadas este miércoles por la Policía Nacional en Granada y fundamentalmente en Melilla.

El quinto detenido es el presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, que, según informó la Cadena Ser, fue arrestado en Santander, ciudad a la que acudió para una acción formativa en su condición de médico.

El sexto detenido sería Mohamed Ahmed, ex consejero de Distritos, cuyo arresto se produjo en su actual lugar de residencia, Granada.

Según fuentes policiales, los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según informan fuentes policiales.

La Policía Nacional ha detenido este martes a seis personas por la compra de votos en Melilla en las pasadas elecciones del 28 de mayo. Fuentes policiales confirman a elDiario.es que las detenciones se han producido en el marco de la Operación Santiago-Rusadir en la ciudad autónoma. Esta operación la dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla.

La operación afecta a la formación Coalición por Melilla (CpM), liderada por Mustafá Aberchán, que es uno de los detenidos este martes, según fuentes de la investigación. La formación, que ya fue investigada hace un año, formó parte del gobierno local con el PSOE bajo la presidencia de Eduardo Castro.

La operación guarda relación con la detención en la última semana de campaña de los comicios municipales de 2023 de una decena de personas por presunto fraude electoral, entre ellas Mohamed Al-Lal, el número 3 de las listas de Coalición por Melilla y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del gobierno melillense hasta que fue cesado por el entonces presidente de Melilla, Eduardo de Castro.

Otro de los detenidos hace un año fue el yerno de Mustafá Aberchán, quien ya fue condenado con anterioridad por delito electoral. La operación se inició con la desarticulación de una presunta trama de captación de voto por correo a cambio de dinero, lo que, de no detectarse, podría haber puesto en riesgo la limpieza de las elecciones. Los arrestados quedaron en libertad el 23 de mayo, a la espera de nuevas diligencias de investigación.

Fraude en contratos públicos

La intervención policial de este martes tiene relación con la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de encargar el 26 de mayo de 2023 a Anticorrupción que asumiera el caso de la presunta trama de compra de voto “a gran escala” en Melilla debido a “su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular” en las elecciones municipales y autonómicas.

El decreto detallaba que las pesquisas realizadas por la Policía Nacional --que dieron lugar a la apertura de una investigación judicial en Melilla-- habían puesto de manifiesto la “existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”.

Precisaba que “esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla”.

“Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma”, indicaba.

“Estabilidad política absoluta”

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha transmitido “estabilidad política absoluta” y “tranquilidad” tras las detenciones, que ha calificado como un “grave” asunto.

“Es preocupante, muy preocupante”, ha continuado Imbroda sobre la operación policial de este martes. Imbroda se ha puesto “a disposición de la Justicia” y ha advertido que este caso no va a apartar a su gobierno de su “camino”. Según ha indicado el presidente autonómico, desde su equipo sabían que había una investigación abierta pero no sabían “el alcance que podía tener”, ha asegurado. 

La alcaldesa del Ayuntamiento de Cantillana, Rocío Campos, ha resuelto liberar y asignar responsabilidades de gobierno a María Rosario Pérez, una de las cinco concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, que percibirá 30.800 euros de las arcas públicas. Este fichaje se suma al de Manuel Camacho (Levantáos), que se materializó con anterioridad, y supone la formación de un Gobierno del que participan tres fuerzas políticas: PSOE, PP y Levantáos.

En la resolución de Alcaldía número 1656/2023, firmada el pasado 7 de noviembre, de la que se ha dado cuenta en el Pleno el 29 de noviembre, la alcaldesa socialista Rocío Campos reconoce la “dedicación exclusiva” para la concejal del PP María del Rosario Pérez, y le asigna labores relacionadas con la participación ciudadana.

Polémica en la investidura  

La Corporación Municipal la forman 17 concejales de cuatro fuerzas políticas, de los cuales 7 son del PSOE, 5 del PP, 4 de IU y 1 de Levantáos. Los socialistas lograron la vara de mando para la alcaldesa Rocío Campos en un Pleno de investidura marcado por el voto en blanco de una concejal popular que frustró las intenciones del candidato del PP, Luis de Luque, de alcanzar la Alcaldía con un acuerdo con IU, y poner fin a 35 años de gobiernos del PSOE en el consistorio.

El voto en blanco de la concejal Natividad Pastora Sastre en la sesión de investidura hizo que el empate a 8 votos entre la candidata Rocío Campos y el candidato popular Luis de Luque se resolviera en favor del PSOE, la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales. Así, Ángeles García pasó el bastón de mando a la también socialista Rocío Campos al término de aquella sesión plenaria.

En los micrófonos de Radio Cantillana, el candidato del PP mostró entonces su sorpresa por la investidura. “Ha ocurrido un imprevisto que no teníamos en la agenda y alguien ha votado en blanco, supongo que por eso se explica el voto secreto, y tendremos una reunión en nuestro partido ante esa falta de disciplina porque ha sido de nuestro partido”, sostuvo De Luque, al tiempo que calificó de “muy bueno” el acuerdo que habían suscrito con IU para garantizar la gobernabilidad durante los 4 años de mandato. “El pueblo mayoritariamente había pedido cambio y por eso, aunque hemos hablado con todas las fuerzas políticas, habíamos llegado a un acuerdo de gobierno muy bueno para los cantillaneros, y vamos a seguir luchando ahora desde la oposición, y más adelante no se sabe, para luchar por una Cantillana mejor”, expresó en caliente el dirigente popular.

Ruptura del grupo popular en Cantillana

Aunque en una primera instancia en las filas del PP anunciaron que tomarían medidas disciplinarias a nivel interno por el voto de la concejal popular que frustró la intención del candidato De Luque, el Grupo Municipal del Partido Popular optó después por elevar al Registro General del Ayuntamiento el nombramiento de la misma Natividad Pastora Sastre como portavoz, en detrimento de quien fuera cabeza de cartel en las últimas elecciones municipales.

A nivel provincial, desde el partido que preside Ricardo Sánchez se pronunciaron el 19 de junio anunciando una investigación para esclarecer aquel voto en blanco de una de sus concejales que impidió la formación de un gobierno alternativo al PSOE liderado por su candidato, Luis de Luque. Este medio ha requerido desde el pasado 4 de julio al PP de Sevilla las conclusiones de dicho expediente sin obtener respuesta.

La ruptura en el seno del PP de Cantillana se evidenció con la dimisión del concejal Manuel Jesús Ortíz, que fuera número 5 en la lista en las pasadas elecciones municipales, justo después de la primera sesión plenaria. En dicha sesión, la nueva alcaldesa, Rocío Campos, sacó adelante la resolución para la organización del Gobierno Municipal y dispuso retribuciones de las arcas públicas para los 7 concejales del PSOE y otras dos personas. Estas dos retribuciones extra han recaído finalmente en el concejal de Levantáos, Manuel Camacho, y en la concejal popular María Rosario Pérez.

Tras anunciar su dimisión, Manuel Jesús Ortíz publicó una carta abierta dirigida a la militancia del PP en la que manifestó haber cumplido “con mi candidato, con mi candidatura, con la ejecutiva local del PP, con la dirección provincial y con los socios del fallido gobierno”.

La primera edil Rocío Campos ha pasado a contar en su equipo de Gobierno con 3 de las 4 fuerzas políticas que lograron representación en el Ayuntamiento, PSOE, PP y Levantáos, dejando a la cuarta, IU (sin liberaciones ni funciones de Gobierno) en la oposición. 

El pequeño municipio de Ocentejo, en el Alto Tajo de Guadalajara, volverá a tener previsiblemente alcalde socialista esta legislatura después de que el sorteo celebrado este viernes, 1 de diciembre, en la Junta Electoral de Zona, entre cuatro de los candidatos que empataron a votos, se haya resuelto con un segundo concejal del PSOE y otro del PP.

Así, de acuerdo a este resultado, el futuro alcalde de esta pequeña localidad de Guadalajara se elegirá a partir de esta fecha entre los tres concejales del municipio. Aún no hay fecha para la celebración del pleno en el que tomará posesión, sin embargo, no se vaticinan sorpresas respecto a la formación que gobernará en Ocentejo, ya que dos ediles son del PSOE y uno del PP.

De los tres concejales que por número de habitantes corresponden a Ocentejo, en las elecciones del pasado domingo solo resultó elegido el que fuera alcalde de la localidad en la pasada legislatura, el socialista Pedro Manuel Arribas, y este viernes, el azar ha querido que los otros dos que le acompañarán en el equipo de Gobierno sean: el también socialista Julio Antonio Arias, y Cirilo Vergara, del PP.

Tras reclamación por el acta

Ocentejo ha sido uno de los más de cuarenta municipios de toda España donde el pasado domingo 26 de noviembre se repetían elecciones locales, proceso electoral en el que estaban llamados a las urnas 18 vecinos, de los que emitieron el voto un total de 16, siendo el candidato socialista Pedro Manuel Arribas el que más votos obtuvo, con siete apoyos, y por tanto, el único concejal fijo.

Este pueblo del Alto Tajo tuvo que volver a celebrar elecciones municipales tras la decisión de la Junta Electoral Central de repetirlas al dar la razón a la candidatura de Unidas Podemos-IU, que reclamó que el acta no recogía a todos los candidatos.

El problema que se detectó en ese momento en Ocentejo tuvo que ver con el recuento de votos que se realizó el día de las elecciones, adjudicando cada voto a un partido político cuando en este caso iban directamente a las personas, algo que no se hizo y que motivó la repetición de las elecciones.

El PSOE mantiene la Alcaldía en Fiñana, Almería, después de repetir las elecciones en dos mesas debido a la anulación parcial de los comicios del 28 de mayo. La repetición no alteró los resultados, dejando a los socialistas con cinco concejales, mientras que el Partido Popular y Vox conservan sus dos cada uno. Rafael Montes (PSOE) fue elegido como alcalde.

El PSOE, que contaba con 273 votos validados, obtuvo 375 votos en las mesas repetidas, alcanzando un total de 648 (46.32% del total). El PP sumó 388 votos, Vox 329, IU 13 y Ciudadanos 12, con nueve votos en blanco. Un total de 1.399 vecinos de Fiñana participaron en las tres mesas.

Cerca de mil personas fueron convocadas nuevamente para elegir alcalde, compitiendo Montes (PSOE), el independiente Jesús González (PP), Félix Morales (CS), José Manuel Vallejo (Vox) y José María Martínez (Con Andalucía-IU con Fiñana).

El secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, felicitó a Rafa Montes y destacó en redes sociales: “Enhorabuena a Rafa Montes por revalidar la alcaldía de Fiñana. Las urnas reflejan la apuesta por la buena gestión y el progreso, frente a quienes buscan retroceder y enfrentar a los vecinos”.

Los habitantes de 38 municipios navarros acudirán el próximo domingo 26 de noviembre por tercera vez a las urnas este año. Lo harán para votar a su nuevo alcalde o alcaldesa en una especie de segunda vuelta de las elecciones municipales del 28 de mayo en las que en estas localidades no hubo candidaturas. Esta circunstancia ha sido aprovechada por Escaños en Blanco, un partido que buscar dar representación en las instituciones a la abstención como forma de castigo a los políticos, y que deja en el aire el futuro de una docena de ayuntamientos.

Esta formación ha presentado candidatura en 13 de las 38 localidades en las que se volverán a celebrar las elecciones municipales. Además, en cuatro de ellas son la única lista, por lo que sus opciones de hacerse con alguna de estas alcaldías son reales. Se trata de Areso, Atez, Muruzábal y Urroz, municipios de la navarra vaciada que no superan los 300 habitantes y en los que Escaños en Blanco ha “aterrizado” con una lista en la que no hay ningún habitante del pueblo y, en muchos casos, ni siquiera de Navarra.

No es la primera vez que sucede algo así en la comunidad foral. En 2011 en Garinoain a los seis meses de quedar desiertas las elecciones, el partido ultracatólico y de extrema derecha Derecha Navarra y Española se presentó para encabezar el Ayuntamiento con una lista en la que no había ningún vecino. Todos los habitantes del pueblo se unieron para tratar de que la lista no llegara al 5% de los votos (la barrera electoral para conseguir representación en un Consistorio) votando en blanco, pero fue en vano, 18 votos fueron suficientes para que este partido se hiciera con el poder.

En estas cuatro localidades temen que un gobierno municipal de Escaños en Blanco conlleve cuatro años de desgobierno y bloqueo municipal por el vacío de poder que promueve esta formación. Es el caso de Urroz, donde los vecinos se muestran preocupados por el escenario que se abrirá en el municipio tras las elecciones. “Muchos nos preguntan ahora qué tienen que votar el 26 de noviembre para que el Ayuntamiento no se quede sin nadie que lo gestione”, señala a este periódico un miembro del equipo municipal saliente.

Desde esta formación, sin embargo, niegan que se vaya a dar ese escenario. “En aquellos municipios en los que tengamos representación no vamos a tomar posesión”, explica a elDiario.es Luis María Ormaetxea, responsable de comunicación de Escaños en Blanco y cabeza de lista por este partido en Arantza. En el caso de los pueblos es los que son la única lista que se presenta, al no tomar posesión no se podrá constituir el pleno del Ayuntamiento y, por tanto sucederá lo mismo que si no se hubiera presentando nadie. Según informan desde la Confederación de Municipios y Concejos de Navarra, ante este escenario le corresponde al Gobierno de Navarra nombra una comisión gestora que se encargue de liderar el Consistorio los próximos cuatro años y que suele estar formada por integrantes del equipo municipal anterior.

“Nuestra única voluntad es dar la opción a la gente que está descontenta con la clase política de que su voto en blanco o su abstención tenga de verdad valor, no queremos bloquear nada y así se lo hemos hecho saber a vecinos que se han puesto en contacto con nosotros preocupados tras ver que somos los únicos que nos hemos presentado”, aseguran desde Escaños en Blanco, que reconocen estar “sorprendidos” por la situación que se ha generado. “No esperábamos encontrarnos este escenario de ser los únicos candidatos, eso también dice mucho del interés que tienen el resto de partidos que se presentan en Navarra por estos pueblos”, apuntan.

Más allá de estos cuatro pueblos en los que este partido ha sido el único que ha presentado lista, en el resto se han conseguido elaborar listas de candidatos independientes que han dado un paso al frente para gestionar su municipio. En otros también ha presentado candidatura EH Bildu, la formación que más ayuntamientos lidera en la comunidad foral.

José María Gorroño seguirá siendo el alcalde de Gernika. No va dimitir del cargo que asumió el 17 de junio con la condición de dimitir en el plazo de un mes hasta que no esté “clarificado” que su sucesor será su hermano, Iñaki Gorroño. “Le hemos pedido al alcalde que no cese en su cargo hasta que no esté todo claro”, han señalado representantes de su partido Guztiontzako Herria, creado por el propio Gorroño para presentarse a las pasadas elecciones municipales. Nerea Revuelta e Iñaki Gorroño junto a otros miembros de la formación, sin la presencia del alcalde, han comparecido este miércoles en Gernika para explicar las razones de que el alcalde, que está en su quinta legislatura, no deje el cargo, y han acusado al PNV de haber roto 'de facto' el acuerdo al que llegaron el día de la constitución de los ayuntamientos y que posibilitó a Gorroño contar con los votos nacionalistas y hacerse con la alcaldía pese a que las elecciones las había ganado EH Bildu.

Nerea Revuelta ha asegurado que ambas formaciones suscribieron un “pacto por escrito” en el que José María Gorroño dimitiría del cargo para ser sustituido por su hermano Iñaki. “Primero dijeron que lo de que el sustituto fuera su hermano era cosa suya, ahora que mejor que sea un alcalde de consenso, alcalde o alcaldesa, ...”. Y ha seguido: “Los acuerdos están para cumplirse, sí, pero por las dos partes”, ha señalado en relación con las acusaciones por parte del PNV de que Gorroño no ha cumplido la parte del acuerdo que le permitió hacerse con la 'makila' de mando por quinta vez.

El temor del partido de José María Gorroño es que el alcalde presente su dimisión y, después, el PNV no vote como sustituto a su hermano Iñaki y fuerce la presentación de otro candidato. “Hasta que no se ponga en duda que el próximo alcalde será Iñaki”, José María Gorroño, seguirá como alcalde, tal y como se lo han pedido desde su partido. Es decir, el alcalde será Gorroño, sí o sí.

Así las cosas, el pleno ordinario de este miércoles no será el de la dimisión de Gorroño, que parece abocado a una legislatura en minoría salvo acuerdos de última hora, algo por otra parte habitual en el entorno del alcalde, aunque desde su partido han señalado que las negociaciones están en este momento en punto muerto.

El PNV niega un pacto por escrito pero ve posible un acuerdo

Desde el PNV sin embargo, han considerado que “hay mimbres suficientes para que, en las próximas semanas, podamos tener cerrado un acuerdo” ya que ambas formaciones mantuvieron este mismo martes una encuentro encabezado Itxaso Atutxa, presidenta del BBB, y el alcalde José María Gorroño, que los jeltzales han calificado de “constructiva y positiva”. De ahí que hayan manifestado su “sorpresa” por la convocatoria de rueda de prensa Guztiontzako Herria y las declaraciones de sus responsables.

No obstante, a través de un comunicado, han puntualizado que “no hay un documento escrito” sobre el acuerdo de las dos formaciones. “Sí de palabra, vinculación más que suficiente para EAJ-PNV. En dicho acuerdo se concretaba que EAJPNV ponía a disposición de Guztiontzako Herria sus 5 votos con la premisa de que Josá Mari Gorroño, cabeza de lista de la formación, cediera la 'makila' a alguna persona de su grupo político. Fue él mismo quien planteó el nombre de su hermano, Iñaki Gorroño”, señalan, sin concretar si apoyarían o no este candidato.

Cinco legislaturas, cinco siglas

Un acuerdo 'in extremis' con el PNV, minutos antes de la constitución del ayuntamiento, fue el que permitió a Gorroño hacerse de nuevo con la alcaldía de Gernika, a la que accedió por primera vez en 2007. Gorroño ya gobernó la pasada legislatura con el PNV como socio, pero la coalición acabó mal, con desencuentros constantes al final del mandato que se acrecentaron cuando el PNV le comunicó que presentaba su propio candidato a la alcaldía, Xabier Irazabal, por encima de Gorroño, que a lo largo de su historia política no está acostumbrado a ir de 'número dos'. Eso hizo saltar la relación por los aires y la campaña electoral fue bastante tensa, con críticas constantes entre ellos, que pesan ahora en una negociación en la que Gorroño quiere poner en valor que su formación tuvo mayor respaldo ciudadano que el PNV, partido que le rechazó como candidato. Pero los nacionalistas quieren a su vez rentabilizar en el acuerdo el hecho de que sin sus votos el alcalde de Gernika no sería de la formación de Gorroño, sino de EH Bildu.

Esta es la quinta legislatura en que Gorroño es el alcalde de Gernika y con su quinta sigla. Arrancó su andadura en la alcaldía de Gernika en 2007 con las siglas de Eusko Alkartasuna (EA), único partido al que dice que ha pertenecido al margen de los que ha creado él. Y formó Gobierno de coalición en el municipio con ANV (Acción Nacionalista Vasca) antiguo partido de la izquierda abertzale que fue ilegalizado por el Tribunal Supremo por ser considerado sucesor de la también ilegalizada Batasuna.

En las siguientes elecciones, EA se había integrado en Bildu -en 2011 todavía no era EH Bildu- y José María Gorroño volvió a encabezar la lista a las electoral, esta vez en representación de la coalición abertzale. Consiguió gobernar con mayoría absoluta. Transcurridos cuatro años, Bildu quiso presentar otro candidato en la siguiente cita con las urnas porque consideraba que la gestión de Gorroño era demasiado “personalista”. Como no aceptó que Bildu le relegara en la lista, Gorroño organizó una nueva formación. Se llamaba Eusko Abertzaleak. Casualmente con las mismas siglas del primer partido con el que ganó la alcaldía, EA.

Antes de llegar a las elecciones de 2015, llegó a un acuerdo con el PNV para ir en coalición. Eso se saldó también con éxito en las urnas, con lo que ganó el pulso a Bildu y demostró que el 'tirón Gorroño' estaba entonces por encima de las siglas con las que concurría. Junto al PNV ganó también las elecciones de 2019, con 10 de los 17 concejales. Hasta que en el último tramo de la legislatura el acuerdo saltó por los aires. El 28-M se presentó con la denominación Guztiontzako Herria (GH) para que el elector no confundiera Eusko Abertzaleak (EA) con el PNV por haber ido con ellos en dos elecciones. 

José María Gorroño (Gernika, 1953) cogió la makila de alcalde de Gernika por quinta vez el pasado 17 de junio con la fecha de caducidad puesta. El acuerdo al que llegó 'in extremis' con el PNV -a pocos minutos antes de la constitución del Ayuntamiento- llevaba como condición expresa que debía dejar su cargo en el plazo de un mes. El propio Gorroño anunció entonces que la makila pasaría a manos de su hermano, Iñaki Gorroño, integrado en las filas de la nueva formación que creó justo para presentarse a las municipales del 28 de mayo, Guztiontzako Herria, la quinta sigla con la que ha conseguido ser alcalde de la villa vizcaína.

El acuerdo dejó sin la alcaldía a José Ramón Bilbao 'Buli', de EH Bildu, formación que ganó las elecciones en votos aunque empató en concejales con Gorroño: seis cada uno frente a los cinco del PNV, que fueron definitivos para inclinar la balanza. Tres meses después de aquel acuerdo, el futuro del Ayuntamiento es todavía incierto: Gorroño sigue aferrado al cargo 106 días después de sentarse en el sillón de alcalde, y se resiste a las presiones del PNV para que cumpla su acuerdo.

El eterno alcalde de Gernika, porque accedió por primera vez a gobernar el ayuntamiento de esta localidad hace 16 años, en 2007, dice ahora que nunca fijó un plazo para salir de la alcaldía. En julio, al haberse cumplido ya un mes, dijo que se había hablado de “un mes o un mes y pico” y que quizá el acuerdo llegara en verano. Estamos en otoño y ahora desde su entorno dejan la fecha en el aire, porque “hay que llegar a un acuerdo”, que todavía no se ha cerrado.

En estos momentos el PNV y la formación de Gorroño están en conversaciones para intentar dar forma a un acuerdo de gobierno y que se materialice el cambio de alcalde. Los nacionalistas presionan para que sea cuanto antes. La propia presidenta del Bizkaia Buru Batzar, (BBB) Itxaso Atutxa, ha instado en declaraciones públicas al alcalde a “normalizar” la situación del ayuntamiento. Pero Gorroño no tiene prisa. El acuerdo no es fácil porque de manera previa a la investidura como alcalde no se había llevado a cabo ningún tipo de reparto de áreas de Gobierno y Gorroño no quiere ceder al PNV más de la cuenta, sobre todo porque se parte de una relación que no es especialmente buena, aunque hayan aunado sus votos para desbancar a EH Bildu de la alcaldía.

Gorroño gobernó la pasada legislatura con el PNV como socio, pero la coalición acabó mal, con desencuentros constantes al final del mandato que se acrecentaron cuando el PNV le comunicó que presentaba su propio candidato a la alcaldía, Xabier Irazabal, por encima de Gorroño, que a lo largo de su historia política no está acostumbrado a ir de número dos. Eso hizo saltar la relación por los aires y la campaña electoral fue bastante tensa, con críticas constantes entre ellos, que pesan ahora en una negociación en la que Gorroño quiere poner en valor que su formación tuvo mayor respaldo ciudadano que el PNV, partido que le rechazó como candidato. Pero los nacionalistas quieren a su vez rentabilizar en el acuerdo el hecho de que sin sus votos el alcalde de Genika no sería de la formación de Gorroño, sino de EH Bildu.

Si hay acuerdo, Gorroño puede dimitir en cualquier pleno ordinario y habrá que convocar uno extraordinario para el nombramiento del nuevo alcalde. El pleno que se tenía que celebrar este pasado miércoles se aplazó para la semana que viene, para el día 4. Aunque hoy por hoy ninguna de las partes pone un fecha para el pleno definitivo del cambio.

“Juego de sillas”

“Mientras tanto, todo está parado en el Ayuntamiento en este juego de sillas para ver cómo se reparten los cargos”, denuncia José Ramón Bilbao desde EH Bildu. “Todo en funciones, todo provisional, porque no se sentaron antes de la investidura a cerrar un acuerdo de Gobierno”, critica.

Desde EH Bildu plantearon a los otros dos partidos un acuerdo de gobernabilidad. Un reparto de poder entre las tres formaciones, que, de momento, no ha tenido respuesta, aunque conociendo la trayectoria de Gorroño no puede cerrarse ninguna posibilidad. Gorroño no sólo ha cambiado de socios de gobierno con facilidad, sino también de partido. De hecho, ha arrancado su quinta legislatura con su quinta sigla. “Yo gobierno para las personas, no para los partidos”, justificaba Gorroño su cambio de siglas. “Gernika está muy por encima de cualquier partido político, llámese PNV, llámese EH Bildu llámese como se llame”. Esta máxima le ha llevado a una continua sopa de letras en los últimos 16 años, y también de buenos resultados electorales, que han demostrado muchas veces que su carisma se ha colocado por encima de los aparatos de partido.

Arrancó su andadura en la alcaldía de Gernika en 2007 con las siglas de Eusko Alkartasuna (EA), único partido al que dice que ha pertenecido al margen de los que ha creado él. Y formó Gobierno de coalición en el municipio con ANV (Acción Nacionalista Vasca) antiguo partido de la izquierda abertzale que fue ilegalizado por el Tribunal Supremo por ser considerado sucesor de la también ilegalizada Batasuna.

En las siguientes elecciones, EA se había integrado en Bildu -en 2011 todavía no era EH Bildu- y José María Gorroño volvió a encabezar la lista a las electoral, esta vez en representación de la coalición abertzale. Consiguió gobernar con mayoría absoluta. Transcurridos cuatro años, Bildu quiso presentar otro candidato en la siguiente cita con las urnas porque consideraba que la gestión de Gorroño era demasiado “personalista”. Como no aceptó que Bildu le relegara en la lista, Gorroño organizó una nueva formación. Se llamaba Eusko Abertzaleak. Casualmente con las mismas siglas del primer partido con el que ganó la alcaldía, EA.

Antes de llegar a las elecciones de 2015, llegó a un acuerdo con el PNV para ir en coalición. Eso se saldó también con éxito en las urnas, con lo que ganó el pulso a Bildu y demostró que el 'tirón Gorroño' estaba entonces por encima de las siglas con las que concurría. Junto al PNV ganó también las elecciones de 2019, con 10 de los 17 concejales. Hasta que en el último tramo de la legislatura el acuerdo saltó por los aires. El 28-M se presentó con la denominación Guztiontzako Herria (GH) para que el elector no Eusko Abertzaleak (EA) con el PNV por haber ido con ellos en dos elecciones. El juego de mayorías les ha vuelto a juntar. O no. Porque hasta que Gorroño no presente su dimisión en el pleno, todo puede pasar en el Ayuntamiento de Gernika.

“Yo me considero un activo del partido, creo que era un muy buen candidato y creo que hice una muy buena gestión en el año y medio que estuve de alcalde”. En la primera entrevista que concede tras perder la Alcaldía hispalense el pasado 28 de mayo, el socialista Antonio Muñoz (La Rinconada, 1959) se declara de nuevo “tremendamente ilusionado” y dispara por tierra, mar y aire contra el actual regidor, José Luis Sanz (PP), al que acusa de “citar más a Pedro Sánchez que a Sevilla”. “Me está defraudando mucho como alcalde”, asegura, al tiempo que le acusa de “renunciar a una Sevilla que en el futuro pueda pisar fuerte en Europa”.

¿Ha pasado ya el luto tras dejar de ser alcalde?

Indudablemente, el no ganar las elecciones supuso un mazazo inesperado y por tanto la recuperación anímica requería un tiempo que puedo decir que ya ha transcurrido. El verano me ha ayudado bastante a oxigenar la mente y a ver las cosas con mayor objetividad, y en este momento me siento tremendamente ilusionado para desarrollar un trabajo de oposición constructiva y recuperar la Alcaldía en 2027.

¿Barajó la posibilidad de dejar el Ayuntamiento?

En los primeros momentos es normal que después de un resultado inesperado, que no era lo que el termómetro de la calle me anunciaba que iba a ocurrir, pues uno baraja todas las posibilidades y una de ellas fue abandonar el Ayuntamiento. Pero hay un principio muy sabio que es no tomar las grandes decisiones en caliente, había que dejar enfriar las cosas para, con una mayor objetividad, tomar la decisión adecuada. Y la decisión adecuada era permanecer en el Ayuntamiento por dos factores fundamentales: primero, porque me siento tremendamente respaldado por mi organización política, desde Ferraz hasta Luis Montoto, pasando por San Vicente, me consideran un activo del partido en Sevilla. Si me hubiera encontrado reproches en mi partido, habría sido el primero en irme. Y en segundo lugar, por el apoyo y el cariño que estoy recibiendo de gente anónima por la calle. Eso para mí ha sido crucial, fundamental. 

¿No se considera entonces políticamente amortizado pese a haber perdido la Alcaldía?

No, no me considero amortizado, pero quizás es una pregunta que deberían de responder los ciudadanos. Creo que la gente en términos generales guarda un recuerdo ilusionante del año y medio que estuve como alcalde, porque no en vano en ese año y medio en Sevilla sucedieron muchísimas cosas.

Yo me considero un activo del partido, creo que era un muy buen candidato y creo que hice una muy buena gestión en el año y medio que estuve de alcalde

Si la gente tiene ese recuerdo, ¿por qué no ganó entonces las elecciones?

Bueno, siempre se ha dicho que en las elecciones municipales se vota a la persona por encima de las siglas, pero el PP logró hacer una campaña en la que le dio protagonismo a muchísimos asuntos que tenían que ver poco con Sevilla. Y eso, a la vista de los resultados, tengo que decir que caló a la hora de echar la papeleta en la urna, lo que es perfectamente compatible con el hecho de que la gente pueda tener un buen recuerdo de un alcalde que estaba en la calle, transversal, que estaba en todas las Sevillas posibles, y sobre todo un alcalde que ponía el interés general de la ciudad por encima de cuestiones partidistas.

Comenta que en las municipales se votó en clave nacional, pero luego hubo unas elecciones generales y el PSOE obtuvo mejores resultados, ¿el fallo estuvo en el candidato, en usted?

Hay una frase de Nietzsche que dice que hablar de uno mismo es una manera de esconderse. Hablar de uno mismo siempre es complicado. Yo me considero un activo del partido, creo que era un muy buen candidato y creo que hice una muy buena gestión en el año y medio que estuve de alcalde, lideré muchísimos proyectos en tan poco espacio de tiempo. Estoy seguro de que si hubiera estado más tiempo como alcalde quizás los resultados habrían sido mejores porque la gente me habría conocido más.

Dice que cuenta con el respaldo del PSOE federal, ¿habló con Pedro Sánchez de la pérdida de la Alcaldía?

Sí, tuve una conversación con Pedro Sánchez en la que me manifestó dos cuestiones: que estaba muy orgulloso del trabajo que había hecho como alcalde en Sevilla y que ganar la Alcaldía en 2027 me dará el doble de satisfacción.

A propósito de Sánchez, ¿respalda que pueda haber una amnistía en Cataluña?

Lo que tengo claro es que no podemos hablar de una ley de amnistía que no sabemos todavía ni su alcance ni su contenido, de hecho ni si va a haber propiamente una ley de amnistía. Lo que es evidente, y me parece loable, es que Pedro Sánchez tiene que intentar resolver el problema catalán dentro del marco constitucional. Defender el interés general de España significa resolver el problema catalán, garantizar la convivencia de los distintos pueblos que configuran el Estado español. Ya lo iremos viendo, pero desde luego esta cuestión como no se resuelve es permaneciendo impasible y cruzados de brazos, que es la estrategia del PP. Repito, dentro del marco constitucional y defendiendo el interés general, pero hay que mover ficha.

Veo con pena cómo la agenda de José Luis Sanz se llena de anécdotas, de temas domésticos sin ilusión y renuncia totalmente a una Sevilla que pueda pisar fuerte en el futuro en el contexto europeo

Volviendo a lo local, ¿le molesta quedar como el alcalde más efímero de la historia de Sevilla?

No, porque creo que la gestión hay que valorarla, hay que hablar en función de los logros que se hayan conseguido para la ciudad. Y yo puedo hablar de la Agencia Espacial Española, de la financiación del Metro, de desbloquear la parálisis de la SE-40, de poner en marcha el estudio entre el aeropuerto y Santa Justa, de activar y multiplicar la agenda cultural de enero a diciembre, de albergar grandes eventos y grandes congresos, de haber reactivado la política de vivienda, de hacer del Ayuntamiento un referente en políticas de igualdad o derechos Lgtbi, de reorientar los presupuestos para la lucha contra el cambio climático… Ahora veo con pena cómo la agenda de José Luis Sanz se llena de anécdotas, de temas domésticos sin ilusión y renuncia totalmente a una Sevilla que pueda pisar fuerte en el futuro en el contexto europeo.

¿Haber sido alcalde le limita para liderar la oposición?

No, no me invalida, ni muchísimo menos, sobre todo porque al actual gobierno municipal le hemos dejado el frigorífico lleno de grandes y de pequeños proyectos, y pongo un pequeño ejemplo actual como es el Bono Sevilla para comprar en comercios, que ahora escuchas al delegado de Economía y está exultante. Es una satisfacción, pero echo de menos un poco más de honestidad política por parte del gobierno municipal a la hora de recordar que es una medida que dejamos encauzada.

¿El PP les puede sacar algún cadáver político del armario?

Rotundamente no. Cuando hay una sucesión en un gobierno indudablemente siempre hay proyectos o servicios que mejorar, la herencia de un gobierno a otro nunca es perfecta. No hay ningún muerto, lo que hay sencillamente son ámbitos de la prestación de los servicios públicos que son mejorables. Y yo entiendo que es donde se tiene que centrar la acción de gobierno, no tanto en desmontar y deshacer proyectos que estaban funcionando bien, no se entiende esa obsesión tan torpe del borrón y cuenta nueva. José Luis Sanz me está defraudando mucho como alcalde.

El PP les achaca una deuda de 14 millones de euros en la empresa Contursa, y denuncia que no actuaron en situaciones en las que sabían que la cosa estaba mal, como el teatro Lope de Vega o el ficus de la Encarnación.

Eso son mentiras, las cuentas de Contursa que se presentan en 2022 no dicen eso, y son cuentas auditadas y aprobadas. ¿De dónde sacan esa cantidad? Eso es sencillamente mentira. Además, conseguimos reducir la deuda bancaria del Ayuntamiento en más de 300 millones de euros, lo que creo que es aval de una buena gestión económica. Y con el Lope de Vega, es un edificio histórico que requiere intervenciones de mantenimiento todos los años, pero no hay ningún informe que diga que el teatro tiene que cerrarse. Ha habido una decisión frívola de no abrirlo, no hay ninguna razón objetiva. Les han temblado las piernas, como con todo lo relacionado con cultura. Son muchísimos indicios de que la política cultural heredada no les gusta, pero la política cultural no es de ningún gobierno, pertenece a los ciudadanos. Este gobierno del señor Sanz ama poco a la cultura, y cuando uno ama poco la cultura es que se quiere poco a sí mismo y quiere poco a los ciudadanos.

Reconozco que el objetivo de que Sevilla estuviera más limpia no lo alcancé en su totalidad y fue uno de los puntos más cuestionados de mi gestión, pero Sanz ha creado unas expectativas que no se van a cumplir

¿Sevilla está ahora más limpia que en su etapa? El alcalde dice que “un poquito” más.

Pues yo diría que no. La única decisión que han tomado en limpieza se llama un gerente que cobra 150.000 euros brutos anuales y que compagina el trabajo con la gerencia de Tussam. Por la información que tenemos de la mayoría de los barrios, a día de hoy Sevilla está más sucia. No es que esté un poquito más limpia, es que está más sucia.

¿La falta de limpieza fue su mayor error como alcalde?

Está claro que sí, reconozco que el objetivo de que Sevilla estuviera más limpia no lo alcancé en su totalidad y fue uno de los puntos más cuestionados de mi gestión, pero Sanz ha creado unas expectativas que no se van a cumplir: dijo que esto lo resolvía en tres meses, ya han pasado y Sevilla está más sucia.

¿Cómo espera que sea el presupuesto para 2024? Sanz asegura que va a ser votable por todos los partidos políticos porque estará descargado de ideología política. 

En primer lugar, le recordaría al señor Sanz qué sería de su gestión en este momento si no estuvieran los presupuestos aprobados, que eso también forma parte de la herencia del anterior gobierno, a pesar de ser un año electoral. En segundo lugar, ¿qué significa unos presupuestos descargados de ideología? ¿Eso significa que el señor Sanz se va a sumar al negacionismo del cambio climático? ¿Que van a menguar en materia de igualdad porque niega la violencia machista? ¿Que van a torpedear la programación cultural, que debe ser libre, o que vamos a olvidarnos de la memoria democrática y de los barrios de actuación preferente? En todas esas cuestiones soy partidario de aplicar la ideología. Lo que además tienen que saber los sevillanos es que, al no tener mayoría para aprobar los presupuestos, el PP o se apoya en la extrema derecha o se apoya en el grupo socialista, e indudablemente vamos a pedir que todo eso se incluya.

¿Cree que Vox acabará entrando en el gobierno municipal? 

Bueno, el debate público entre el señor Sanz y la señora Peláez [portavoz municipal de Vox] recuerda a una canción de Pimpinela, lanzándose reproches con si entran o no entran en el gobierno municipal. Lo único que puedo decir es que Sanz no está necesitando a Vox para aplicar políticas retrógradas que en otros ayuntamientos y comunidades autónomas las está haciendo un gobierno PP-Vox. Lo digo por memoria democrática, igualdad, una agenda cultural que está siendo saqueada y destrozada, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático… Con la derogación del Plan Respira se vuelve a una ciudad pensando más en los coches que en las personas, y eso se llama ir en sentido contrario de lo que demandan los tiempos. El señor Sanz representa a la derecha de la derecha dentro del PP. 

Con el crecimiento de los pisos turísticos Sanz está tomando de su propia medicina y es un ejemplo de que Sevilla le viene grande, que no le gusta la ciudad que ha heredado y no sabe qué hacer con ella

¿La subida del precio del agua es por la dejadez del PSOE estos años, como denuncia el alcalde?

Sanz se tiene que dar cuenta de que es el alcalde y tiene que gobernar, que no puede estar de manera continua haciéndole oposición a la oposición, está continuamente citando a Pedro Sánchez, que lo cita más que a Sevilla, o mirando hacia atrás con reproches al anterior gobierno. Esa es una manera de esconder su falta de modelo de ciudad, está improvisando continuamente y nos hemos dado cuenta muy pronto de que no sabe qué hacer con Sevilla. Nosotros, desde luego, una subida del 20 o del 30% no la vamos a aceptar. Y lo que tiene que hacer es presentar ya su modelo de política fiscal, porque dijo que no iban a subir los impuestos y ahora nos encontramos con esta propuesta, y dijo que no iba a haber más pisos turísticos y hay más. Con el crecimiento de los pisos turísticos, Sanz está tomando de su propia medicina y es un ejemplo de que Sevilla le viene grande, que no le gusta la ciudad que ha heredado y no sabe qué hacer con ella.

Dígame algo positivo de José Luis Sanz como alcalde.

Bueno, pues quizás la principal virtud es que está rectificando en algunos casos cuando, fruto de la improvisación, ha tomado decisiones erróneas. Y que le ha dado continuidad al Bono Sevilla, una medida de apoyo al pequeño comercio de la ciudad, pensaba que no los iban a sacar por el simple hecho de que tenían el sello del gobierno socialista.

¿Qué es lo que más pena le ha dado no solucionar en su etapa?

Me hubiera gustado haber dejado resuelto un problema inmediato como son los cortes de luz en las barriadas periféricas.

¿Su recuerdo más feliz como alcalde?

Por la trascendencia que va a tener en la economía en el futuro, cuando el Consejo de Ministros eligió a Sevilla como sede de la Agencia Espacial.

Al haber sido alcalde, tarde o temprano su nombre estará en el callejero de la ciudad, ¿qué prefiere, calle, avenida o plaza?

Jejeje, no estoy en esa clave todavía, y además primero se la tienen que poner a Juan Espadas. Y a Zoido.

Pinto tendrá a partir del próximo mes de octubre servicio de urgencias diario y también los fines de semana. Así se lo ha hecho saber la Comunidad de Madrid al alcalde de esta localidad del sur de Madrid, Salomón Aguado Manzanares, del PP. Lo ha hecho a través de una carta que ha sido publicada por la cadena Ser en la que la Gerencia Asistencial de Atención Primaria confirma que las urgencias extrahospitalarias del Punto de Atención Continuada (PAC) contarán “en la primera quincena del mes de octubre con atención médica en horario de lunes a viernes de 21 a 8 horas y las 24 horas en fines de semana”. El propio Ayuntamiento ha confirmado la información asegurando que el servicio contará con “cuatro miembros”.

La petición había sido cursada previamente por el regidor de Pinto en una reunión con la Consejera de Sanidad de la CAM, Fátima Matute, para cumplir así con el compromiso que adquirió con Pinto Avanza, el partido local gracias al cual los populares gobiernan en coalición en el Ayuntamiento desde el pasado 17 de junio. La puesta en marcha de este servicio había sido también reclamado insistentemente por los vecinos, pero la petición había caído en saco roto.

La Consejería de Sanidad justifica ahora la decisión “por el análisis de la situación asistencial”, si bien hace un año excluyó a Pinto de la revisión del modelo de urgencias extrahospitalarias. Entonces, de los municipios del sur del Madrid solo se garantizaron médicos de urgencia en Fuenlabrada y Getafe, mientras que Leganés, Parla, Valdemoro y Pinto se quedaban fuera. Este mismo verano seguían sin disponer de este servicio pese a las promesas del PP de Madrid.

Las elecciones del pasado 28 de mayo no dieron al PP mayoría suficiente para gobernar en solitario. El partido de Feijóo logró pasar de 7 a 9 concejales y Vox también subió de 1 a 2 concejales. Pero les faltaba uno para llegar a la mayoría absoluta. Los populares tuvieron que recurrir a los dos ediles de Pinto Avanza –que tenían la llave– para asegurarse el bastón de mando. De esta manera Salomón Aguado desbancó del cargo al socialista Diego Ortiz, que obtuvo 8 concejales, uno menos que en los comicios anteriores, mientras Unidas Pinto (Podemos- IU) mantuvo los dos que tenía y Más Madrid entraba con 2 ediles.

A primeros de este mes de septiembre, el PSOE y Unidas Pinto impulsaron una moción reclamando la puesta en marcha inmediata de esta atención medica. Sin embargo, la solución no ha llegado hasta esta semana. El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, ha agradecido “la disponibilidad y pleno interés de la consejera y del gobierno regional para proceder a la contratación del personal médico en el PAC de Pinto”. “En el mes de octubre este compromiso se convertirá en una realidad para beneficio de los vecinos de nuestra ciudad”, ha destacado.

La polémica está servida. Las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid vivieron hace un año un caos sin precedentes. El plan para la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias, que habían estado cerradas desde marzo de 2020 por la pandemia, supuso que los centros se abrieron sin los médicos necesarios. El compromiso de Ayuso fue que todos contarían con equipos completos de medicina, enfermería y celadores. Según los datos recabados por la Plataforma SAR y Apertura SUAP, la primera noche solo 28 de los 78 puntos de urgencias contaban con los tres estamentos. La ausencia de personal en todos los servicios de urgencias se fue repitiendo desde entonces día a día.

El caos supusieron nueve días de huelga en las urgencias extrahospitalarias y una multitudinaria manifestación a principios de noviembre. La Consejería y el sindicato de médicos Amyts –convocante de la huelga– alcanzaron el 17 de noviembre un acuerdo. El pacto alcanzado suponía la dotación de médicos en 49 centros de urgencias extrahospitalarias (39 de los antiguos Servicios de Atención Rural –SAR–y diez Servicios de Urgencia de Atención Primaria –SUAP–). En cuanto a los SUAPS, se abrirían diez con una plantilla de cuatro médicos y refuerzos de fin de semana, o de cinco y sin refuerzo. Todos estos números han sido incumplidos por el Gobierno de Ayuso. Solo Pinto, a cambio de su apoyo para que gobierne el PP, lo conseguirá a partir de octubre.

La doble cita electoral de este año (municipales el 28 de mayo y generales el 23 de julio) ha supuesto una serie de acuerdos pro parte de la Junta Electoral Central (JEC) contra representantes de la Junta de Andalucía (los consejeros Ramón Fernández-Pacheco y Antonio Sanz, y las consejeras Carmen Crespo y Patricia del Pozo) por aprovecharse de los medios públicos que tienen a su disposición para hacer uso partidista en sus declaraciones vertidas en convocatorias de prensa. Hasta en cinco ocasiones ocurrió en otras tantas comparecencias entre los meses de abril y junio, con resoluciones muy similares y en las que el organismo vigilante ha reprochado la actitud de los hombres y mujeres de Juan Manuel Moreno. Destaca en especial su portavoz, imagen y voz del Gobierno autonómico cada martes después de cada Consejo de Gobierno de la Junta, que incluso se tiene que rascar el bolsillo con multas de 2.200 y 2.600 euros, pese a ser advertido, por “manifestaciones valorativas con connotaciones electoralistas”.

A raíz de reclamaciones del PSOE andaluz, la JEC ha venido resolviendo con multas económicas o con reproches algunas de las manifestaciones hechas por los cargos públicos por saltarse las prohibiciones fijadas en los apartados 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) relativas a la obligación de “neutralidad institucional” en los actos convocados en periodo electoral y de conformidad con la interpretación que ha venido haciendo el Tribunal Supremo en abundante jurisprudencia. Antiguos portavoces de la Junta en la época de Susana Díaz como presidenta, consultados por este periódico, aseguran que no fueron objeto de este tipo de sanciones en periodo preelectoral como ahora ha sucedido con el PP en San Telmo. El precedente en la otra parte está en la multa de 4.700 euros a la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, por hacer “electoralismo” desde la Moncloa.

“Merma del principio de igualdad”

En los recientes acuerdos se repiten las mismas conclusiones por parte de la JEC tras analizar las manifestaciones de los consejeros y que, en resumen, aluden a que se “aprovecharon” en el ejercicio de sus responsabilidades para hacer manifestaciones de carácter partidista al criticar a representantes del Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos) o para “vender gestión” de la Junta de Andalucía, provocando el “quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral” y también “la consiguiente merma del principio de igualdad entre las formaciones políticas contendientes en las elecciones”.

Otro acuerdo de la JEC, a escasos cinco días del 28M, hizo referencia directa al presidente Moreno pero en otro tipo de cuestiones a raíz de denuncias de PSOE y Con Andalucía, coalición por entonces integrada a Podemos, IU y Más País Andalucía, entre otras formaciones. En aquel caso, la Junta Electoral Central pidió suspender el envío de propaganda del PP firmada por Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Volviendo a los acuerdos sancionando la conducta de los consejeros de la Junta en estos meses, la última resolución que ha trascendido ha sido la multa de 2.200 euros a Antonio Sanz, consejero de Presidencia, por “elogiar” la gestión del Gobierno autonómico al presentar el Plan ante el Riesgo de Maremotos en un acto celebrado el 7 de junio de este año, cuando ya habían sido convocadas las elecciones generales del 23 de julio.

Fuentes oficiales de la Junta de Andalucía indican que las multas económicas a los dos consejeros citados, aunque no son aún firmes, son “a la persona”, “ni a la institución ni al partido”, si bien “se recurren desde los servicios jurídicos” de cada consejería. Al final del proceso, cada consejero tendría que hacer frente personalmente a la sanción, explican las fuentes.

En este sentido, el representante público al que le saldrían más caras sus manifestaciones partidistas desde un atril de la Junta, si bien es cierto que es el que más se expone como portavoz de la Junta una vez a la semana, sería el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. Pese a todo, es reincidente pese a haber sido advertido por la JEC cuando se le abrieron los primeros expedientes al requerirle “que extremase su diligencia para evitar nuevas vulneraciones del principio de neutralidad institucional”, incluso en aquellas situaciones “en las que haya periodistas que le formulen preguntas que puedan comprometer su deber constitucional de neutralidad”, en las que se amparaba el portavoz en sus recursos a la JEC.

“No puedo decirles más porque este atril me lo impide”

De hecho, en uno de esos acuerdos (el de 2.200 euros, del 14 de agosto), argumentó la JEC que la falta de intencionalidad y la voluntad de no interferir en el proceso electoral, que alegó el portavoz, se contradecía con sus palabras (“No puedo decirles más porque este atril me lo impide, pero se pueden hacer una idea de lo que pienso”) justo después de decir de Yolanda Díaz “que permanentemente insulta a la Junta de Andalucía y que permanentemente insulta al conjunto de los andaluces”), y todo ello “se acompaña de un elogio de los avances alcanzados por Andalucía gracias a la gestión del Gobierno” de la Junta.

El primer reproche, aunque descartando sanciones para él, para Antonio Sanz y para la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, llegó el 23 de mayo en alusión a sus declaraciones tras los consejos de Gobierno de los días 4, 11, 18 y 25 de abril y 2 de mayo, ya con las elecciones municipales convocadas. Pacheco y Sanz fueron reprochados por la JEC por sus críticas con “connotaciones electoralistas” dirigidas al Gobierno de España.

Aparte de las multas económicas citadas al principio, Fernández Pacheco también protagonizó otro acuerdo de la JEC junto a la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, quienes en sus declaraciones tras el Consejo de Gobierno del 8 de mayo “rebasaron” su “deber de objetividad” como cargos públicos “para entrar de lleno en un debate electoralista impropio de un acto institucional”.

El hombre de 33 años detenido en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo por negarse a sustituir al presidente de la mesa en la que votaba -en el Colegio Jesús Cancio de Santander y al que dio un ataque de pánico- ha sido condenado al pago de una multa, de 480 euros, por un delito electoral.

Así se ha acordado en el juicio, celebrado esta semana con acuerdo de las partes, fiscal y abogada defensora, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En la vista, el joven ha reconocido los hechos al manifestar su conformidad con la pena interesada por la representante del ministerio público, de multa durante cuatro meses, a razón de cuatro euros diarios.

Fue el tercero de los votantes en asistir el 28M a ejercer ese derecho en el citado colegio electoral, y como los dos primeros eran mayores de 65 años quedaron eximidos, por edad, para sustituir al presidente de mesa tras el problema de salud que tuvo.

Lo decidió así la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número tres de Santander, que era la presidenta de la Junta Electoral de Zona.

Pero al negarse el chico a ocupar ese puesto, la presidencia fue ocupada por otra persona y él fue detenido -por incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General- y trasladado después a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en La Albericia.

Se acogió a su derecho a no declarar en comisaría -el juzgado que estaba de guardia durante la jornada electoral acordó no practicar declaraciones- y fue puesto en libertad pasadas las doce del mediodía, con la obligación de comparecer cuando fuera citado por la autoridad judicial.

Concretamente, fue arrestado por incumplir el artículo 143 de la Ley Electoral, relativo a delitos por abandono o incumplimiento en las mesas electorales.

Junto a este joven y por el mismo incidente hubo otro detenido: el suplente de presidente, que tras ser arrestado pidió ser asistido por un médico y que todavía no ha sido enjuiciado al separarse ambos procedimientos.

La Sindicatura de Cuentas, el órgano valenciano de control externo económico y presupuestario, reprocha a Vox el incumplimiento del plazo legal establecido para presentar la contabilidad electoral y emplaza a la Junta Electoral autonómica a sancionar al partido de Santiago Abascal, según se desprende de su informe de fiscalización de la regularidad de la contabilidad de las elecciones del pasado 28 de mayo. El plazo máximo para presentar la contabilidad detallada y documentada de los ingresos y gastos electorales era el 27 de junio, según la Ley Electoral Valenciana (LEV). Sin embargo, la administradora general de Vox solicitó, dos días después de haber expirado el plazo legal, un aplazamiento para cumplir la obligación.

Así, el partido de extrema derecha presentó finalmente la documentación el pasado 7 de julio. “Al respecto, debemos señalar que el artículo 46.1 de la LEV establece que toda infracción de las normas obligatorias establecidas en dicha ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente”, indica el informe de la Sindicatura de Cuentas. La norma impone sanciones de entre 120 y 1.202 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de entre 30 y de 601 euros en el caso de particulares.

El informe recomienda a la formación que adopte las medidas necesarias para presentar a tiempo la contabilidad o, en su caso, que solicite la prórroga dentro del plazo que establece la ley. En las autonómicas valencianas, Vox gastó un total de 235.720 euros. La gran mayoría de los fondos —231.695 euros— provenían de aportaciones del partido, mientras que los restantes 4.025 euros se ingresaron con medio centenar de aportaciones particulares o donativos de personas físicas. Sin embrago, la documentación aportada para acreditar la identificación de las 50 aportaciones particulares o donativos es “insuficiente respecto al domicilio de los aportantes”, incumpliendo así la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), según indica el órgano de control externo.

La Sindicatura de Cuentas también reprocha a Vox que no contabilizara adecuadamente la subvención por el resultado electoral, que debe efectuarse por su importe total cuando los resultados son definitivos “y de forma correlacionada con los gastos electorales que están financiando”. El desahorro neto de la actividad electoral reflejado en la cuenta de resultados del partido ultra, por 131.056 euros, descendería a un ahorro neto de 4.025 euros. El informe recomienda a Vox que mejore el control interno contable para que las subvenciones públicas por resultados electorales “se registren adecuadamente, conforme a la normativa contable de aplicación”. La Sindicatura de Cuentas cifra en 235.988 euros el importe subvencionable para el partido de Abascal en la Comunitat Valenciana.

PP: préstamo y póliza de crédito de 372.000 euros

El PP valenciano, por su parte, declara unos recursos (los fondos líquidos ingresados en la cuenta electoral) de 830.077 euros. De esa cantidad, 271.923 euros provenían de la sede central de la calle Génova de Madrid mientras que 186.153 euros eran un anticipo de la subvención electoral. Además, el partido que lidera Carlos Mazón formalizó ante dos entidades financieras un préstamo de 250.000 euros y una póliza de crédito con una entidad financiera de 122.000 euros.

El importe subvencionable para los populares valencianos asciende a 838.458 euros.

PSPV-PSOE: préstamo de 400.000 euros

El PSPV-PSOE declaró unos recursos electorales de 950.097 euros, de los cuales 247.997 euros corresponden al anticipo de la subvención electoral. El partido que lidera Ximo Puig también formalizó un préstamo con una entidad financiera de 400.000 euros y obtuvo 58 préstamos particulares en forma de microcréditos, por un valor total de 302.100 euros.

“Del análisis efectuado de los gastos electorales presentados, se han detectado gastos por importe de 18.221 euros que no se corresponden con gastos electorales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 de la LOREG, y 1.210 euros que no han sido suficientemente justificados por el PSOE”, indica el informe.

El importe subvencionable para los socialistas valencianos asciende a 927.312 euros.

Compromís: le piden mejor control interno

Compromís declaró unos recursos para financiar gastos electorales de 435.046 euros, de los cuales 270.875 euros corresponden a aportaciones de los miembros de la coalición y 164.172 euros a anticipos de la subvención electoral. La Sindicatura de Cuentas ha detectado 10.244 euros que no se corresponden con gastos electorales. Al cierre de la contabilidad electoral quedaban pendientes de pago 192.927 euros a proveedores. Sin embargo, según el informe, hasta el 24 de julio, se habían pagado 106.067 euros, por lo que Compromís aún debía 86.860 euros.

El órgano autonómico de control externo económico y presupuestario detectó que la formación valencianista no contabilizó adecuadamente la subvención por el resultado electoral, que debe efectuarse por su importe total cuando los resultados son definitivos “y de forma correlacionada con los gastos electorales que están financiando”. Al no cumplir con esta norma, la formación registró la subvención por un importe inferior. Así, el desahorro neto de la actividad electoral reflejado en la cuenta de resultados de Compromís, por 462.052 euros, descendería a 166.787 euros. Al igual que a Vox, el informe recomienda a Compromís la mejora del control interno contable para que las subvenciones públicas por resultados electorales “se registren adecuadamente, conforme a la normativa contable de aplicación”.

La Sindicatura de Cuentas cifra en 459.437 euros el importe subvencionable para el partido de Joan Baldoví.

Unides Podem - EUPV: sólo aportaciones de militantes

La coalición formada por Unides Podem y Esquerra Unida del País Valencià, que se quedó fuera del Parlamento autonómico al no superar la barrera electoral, declaró unos recursos para financiar gastos electorales de 284.500 euros, que corresponden en su totalidad a las aportaciones de sus militantes.

Al cierre de la contabilidad electoral, la coalición tenía pendiente el pago de 61.369 euros a proveedores y de 7.089 euros a administraciones públicas. Hasta el pasado 20 de julio, Unides Podem y Esquerra Unida tan sólo habían abonado el pago correspondiente a las administraciones públicas.

El importe subvencionable para la coalición asciende a 61.706 euros.

Ciudadanos se queda sin subvención electoral

Ciudadanos ha sido el partido valenciano peor parado en términos contables. Al no obtener diputados ni alcanzar el 3% de los votos, no tiene derecho al cobro de la subvención electoral. La formación naranja declaró unos recursos para financiar los gastos electorales de 173.000 euros, provenientes en su totalidad de aportaciones del partido.

Eduardo Fernández Rubiño (Madrid, septiembre, 1991), portavoz adjunto de Más Madrid del Ayuntamiento capitalino, es uno de los activistas madrileños más comprometidos en la defensa de los derechos LGTBI, colectivo al que pertenece. Comenzó su andadura política muy joven, en 2015, cuando con apenas 24 años logró un acta de diputado en la Asamblea de Madrid en representación de Podemos, la formación que acababa de nacer fruto del descontento social con los partido tradicionales. Rubiño participó en los movimientos que sirvieron de embrión al proyecto de Pablo Iglesias, como Juventud Sin Futuro o el 15M. Durante esos inicios, fue nombrado responsable de redes sociales del partido asesorando a Iglesias en esa materia.

Su idilio con Podemos acabó cuando en las elecciones de mayo de 2019 optó por ir en la lista autonómica de Más Madrid de Iñigo Errejón junto con otros compañeros y compañeras de su antiguo partido, entre las que figuraba Mónica García. Rubiño logró de nuevo acta en el Parlamento regional y ese mismo año fue elegido senador autonómico por la Asamblea de Madrid.

En 2023 fue designado portavoz de la campaña municipal del 28M de Más Madrid, situándose como número 4 en la candidatura de Rita Maestre, a la que sustituyó cuando esta dio a luz. Tras salir elegido concejal, Rubiño fue nombrado portavoz adjunto del grupo municipal, encargándose este verano de nuevo de dar los mensajes de su partido después de que Maestre decidiera completar su baja por maternidad.

Rubiño, que está a punto de cumplir 32 años, comenta en esta entrevista lo que cree que le espera a la oposición en Cibeles con el PP gobernando con mayoría absoluta. También reflexiona sobre los resultados en Madrid de su partido y de las fuerzas de izquierda que no lograron frenar ese holgado triunfo de Almeida y Ayuso. Pero cree que esos resultados fueron 'corregidos' a tiempo por la ciudadanía en las elecciones del 23J en las que el PP y Vox no sumaron los apoyos suficientes para gobernar.

¿Se esperaban la mayoría absoluta de Almeida el 28M?

Nosotros trabajamos hasta el último momento para evitar un gobierno del PP en Madrid. Pero éramos conscientes del contexto general en el que se movieron esas elecciones, que no permitió hablar de los problemas de Madrid, sino que centró la discusión a escala nacional. El PP y Vox en toda España lograron un resultado muy preocupante para nuestro país, pero a eso ha seguido una respuesta ciudadana por parte de la izquierda que se ha movilizado y que es lo que ha impedido su llegada al Gobierno a partir del 23 de julio.

¿Esos resultados del PP tanto en la comunidad como en el ayuntamiento certifican que Madrid es de derechas?

En absoluto. Madrid es una región que ha demostrado, en muchos momentos, ser clave para el cambio político y que ha tenido periodos progresistas como el de Manuela Carmena. Vamos a seguir trabajando con la misma determinación, creyendo en que en absoluto Madrid está perdido. Madrid es un lugar que espera que haya políticas progresistas, verdes, que haya un proyecto diferente al laboratorio neoliberal en el que lo han intentado convertir desde el PP. Y nosotros, con el resultado que hemos tenido liderando la oposición tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, vamos a trabajar con la misma convicción para mantener esos principios progresistas firmes.

¿Qué esperan de este nuevo mandato de Almeida?

Creemos que se está evidenciando una realidad que veníamos apuntando ya hace bastante tiempo. Y es que el problema no es Vox. El PP, incluso cuando ya no necesita a Vox, como es el caso de Ayuso y de Almeida, se comporta exactamente de la misma manera. Vox ahora mismo está entrando en descomposición. Solamente hay que ver lo que ha ocurrido con Iván Espinosa de los Monteros.

Ya que lo menciona, ¿le ha sorprendido su dimisión?

Como decía, creo que por una parte es el reflejo de la descomposición de Vox pero, por otra, también del triunfo de las posiciones más radicales y peligrosas que habitan en Vox. Es que el ala que está triunfando en Vox es la que está íntimamente relacionada con los sectores de El Yunque y esa secta es peligrosísima, ha sido denunciada a nivel internacional y está ligada a los elementos que están en este momento haciéndose con el control de Vox. Así que creo que los sectores más radicales son los que están fortaleciéndose en Vox, lo cual coloca en una situación aún más comprometida a un PP que ha encadenado su destino a gente tan peligrosa como la que está causando fantasmas tan terribles en todo el mundo. El PP ha sido colonizado por los principios ideológicos y por algunas de las actitudes de Vox. No los necesita para aplicar una determinada agenda.

Supongo una de las pocas cosas de las que se alegraron de los resultados del 28M es que Vox no haya entrado en el Gobierno. Se lo digo porque en otros ayuntamientos de Madrid en los que los dos partido han cerrado acuerdos ya se ha visto que están censurando eventos, eliminando símbolos LGTBI o tomando medidas contra los derechos y libertades de la ciudadanía.

Claro, pero es que la primera medida que están tomando los gobiernos de PP y Vox es subir el sueldo a los alcaldes y a los cargos públicos de los consistorios, con lo cual todo el discurso que enarbolaba Vox de venir a acabar con la grasa política y con el gasto político es una auténtica estafa. Y hay que dejar muy claro que esa es la primera medida que hacen allí donde tocan poder: aumentar el gasto político y aumentar los sueldos de los cargos públicos. Y, en segundo lugar, lo siguiente que hacen es una agenda ultraconservadora destinada a practicar unas posiciones ideológicas radicales que van en contra de cuestiones básicas de igualdad de género, de igualdad de derechos de las personas LGTBI, de negacionismo climático. Y eso lo estamos viendo con esa obsesión por borrar banderas LGTBI o retirar un simple banco pintado de arcoíris, hasta cosas mucho más graves como directamente eliminar las concejalías de Igualdad y aquellas políticas que van destinadas a luchar contra la violencia machista.

El alcalde prometió tras su investidura que, pese a gozar de esa mayoría absoluta, dialogaría con los grupos de la oposición para intentar alcanzar consensos en las medidas que tome el Ayuntamiento. La primera que se aprobó en un Pleno extraordinario a toda prisa fue la de las nuevas normas urbanísticas. ¿Cumplió su palabra y se reunió previamente con ustedes y con los demás portavoces para conocer sus posturas?

En absoluto. Lo que han demostrado las nuevas normas urbanísticas es cómo el PP siempre muestra su cara más sectaria en cuanto tiene una mayoría absoluta, aplicando un rodillo y actuando de forma completamente unilateral sin atender ni una sola de las alegaciones que se habían presentado.

¿Qué es lo que más les preocupa de lo aprobado por esa nueva normativa?

Las normas urbanísticas son una oportunidad perdida para la ciudad de Madrid. No han regulado las cocinas fantasma que amargan la vida a cientos de vecinos. No han hecho nada para acabar con las casas de apuestas que están acabando con la vida en los barrios. En mi barrio, Usera, por ejemplo, hay una cada 50 metros y son una auténtica lacra. Tampoco ha servido para abordar uno de los problemas más importantes que tiene la ciudad de Madrid como es la vivienda. Las normas urbanísticas podían haber servido para regular en esa dirección y ganar instrumentos para abordar ese problema. En definitiva, son una oportunidad perdida y una forma de profundizar en el modelo neoliberal del PP.

A la vuelta de vacaciones empezarán a tramitarse los nuevos presupuestos, ¿qué esperan de ellos?

Que se escuchen las demandas ciudadanas, que no sean unos presupuestos que profundicen en la desigualdad que asola a Madrid y que atiendan a las cuestiones que de verdad importan a los madrileños. Nosotros vamos a poner el centro en las políticas sociales de Madrid, pero sobre todo la vivienda, que nos preocupa muchísimo y que creemos que es el problema más grave que tiene la ciudad. Los nuevos presupuestos tienen que ser sociales, verdes y apostar por una ciudad sostenible que mira al futuro y que sea más respirable. Eso es lo que vamos a reclamar.

¿Cree que el alcalde, una vez ganadas las elecciones, olvidará su promesa de bajar impuestos con el fin de paliar el déficit con el que acabó la anterior legislatura?

Ya veremos. El PP siempre se llena la boca con las bajadas de impuestos. Conviene recordar que Mariano Rajoy fue quien más subió los impuestos. Normalmente esas promesas solamente benefician a los más ricos y a los más privilegiados, mientras que la pequeña cantidad que se detrae de los impuestos de las rentas medias y bajas luego se multiplica en gastos que tienen que abordar las familias. Por ejemplo, a la hora de llevar a sus hijos a una escuela infantil. Es indecente que en la ciudad de Madrid las familias se tengan que gastar cientos de euros todos los meses para llevar a sus hijos a una escuela infantil, que debería ser un derecho, gratuito y con suficientes plazas públicas a disposición de las familias. Y podríamos hablar de tantas otras cosas más, como los comedores escolares, porque luego se multiplican los gastos que las familias abordan por otros sitios al reducirse las prestaciones que ofrece el Ayuntamiento de Madrid.

Una de las medidas urgentes que ha reclamado Más Madrid este verano es acondicionar los colegios ante las olas de calor.

Sí. Hemos reclamado con muchos meses de antelación que había que acondicionar los colegios para las olas de calor que había y para una emergencia climática, que ya es evidente. Pero lo que tuvimos fue una contestación por parte del alcalde llamándonos alarmistas y diciéndonos que no había que hacer ninguna actuación. Bueno, pues ahora estamos en repetidas olas de calor y en alertas extremas por altas temperaturas y no se ha hecho ni las cuestiones mínimas como poner toldos y pérgolas en los colegios. Ese proceso de adaptación sería tan barato y muy sencillo y se podría acometer si hubiera una mínima voluntad política. Tampoco podría haber para evitar que en la ciudad haya auténticas sartenes, porque el modelo de construcción de la ciudad es el de un urbanismo totalmente duro y que no tiene elementos de sombra. En Madrid se han perdido 80.000 árboles en la última legislatura. Pero no se ha hecho nada porque para Almeida nunca ha sido una prioridad abordar esta cuestión de la emergencia climática y de las altas temperaturas.

Más Madrid sigue liderando la oposición en Cibeles pero el PSOE les ha pisado los talones en estas últimas elecciones. Los resultados de su grupo no fueron los esperados. ¿Alguien puso en cuestión el liderazgo de Rita Maestre? 

Yo creo que nosotros hemos tenido un resultado muy importante. Seguimos liderando la oposición en la ciudad de Madrid y seguimos ofreciendo una alternativa allí donde algunos decían que Más Madrid era un proyecto que no venía para quedarse. Nos hemos consolidado como proyecto líder de la oposición y como alternativa en Madrid. Los resultados en ese sentido saltan a la vista en un contexto muy difícil para el resto de las fuerzas progresistas en toda España, donde hemos visto cómo otras fuerzas progresistas alternativas al PSOE directamente han desaparecido y, sin embargo, Más Madrid no solamente no lo ha hecho, sino que mantiene el liderazgo de la oposición y supera al Partido Socialista en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid.

Todo el mundo ha reconocido que la campaña de su candidata fue muy buena pero en cambio luego, a nivel práctico, reconozca que no dio los resultados esperados. La propia Maestre en el Pleno de investidura dijo que era “importante ser autocrítico, pero sin martirizarse”. ¿Qué análisis han hecho ?

Creo que fue determinante el factor nacional de la campaña y que hicimos una campaña de la que estamos a día de hoy orgullosos, porque planteamos muchísimas propuestas, muchísimos proyectos concretos para cambiar la ciudad de Madrid. Intentamos hablar de los problemas de cada barrio, hicimos más de 200 actos, nos recorrimos toda la ciudad planteando mejoras específicas para cada uno de ellos.....Sin embargo, evidentemente, esos resultados no han sido suficientes para cambiar el gobierno y para que haya un gobierno progresista. Y en ese sentido, por supuesto que hay mucho que analizar, pero creo que es un análisis que tenemos que hacer en el conjunto de las fuerzas progresistas, porque el mapa del 28 M es un mapa que se tiñó de azul, De todas formas, creo que ese análisis ya ha empezado a hacerse en la medida en que el 23J ya ha supuesto un cambio de paso y el declive de ese supuesto tsunami azul que iba a venir y que al final se ha quedado parado gracias a la reacción y a la movilización de mucha gente progresista que no quería que llegaran al Gobierno de la nación, que no hubiera un gobierno del PP de Feijóo y Vox.

Centrándonos en los resultados en Madrid, ¿se arrepienten de no haber logrado una lista de unidad con Podemos e Izquierda Unida? El candidato de la primera, Roberto Sotomayor, dijo que ustedes se negaron. Y Podemos no entró por poco en el Ayuntamiento.

Bueno, el debate sobre la unidad creo que siempre provoca ríos de tinta, pero me parece que no hay que hacer análisis simplistas. Hay que hacer un análisis más profundo y desde luego nosotros tenemos que estar abiertos a seguir trabajando para que las fuerzas progresistas logren el mejor resultado. Pero sí que es verdad que los resultados han ofrecido una lectura muy clara y las políticas que más éxito han tenido en la izquierda en la Comunidad de Madrid han sido el proyecto, el tipo de política y el discurso que ha ofrecido Más Madrid. Creo que todos los actores políticos tienen que hacer una reflexión crítica con sus propios resultados. Y desde luego, creo que hay que hacer una reflexión mayor cuando directamente no ha obtenido representación.

¿Y a qué achaca ese retroceso de su antiguo partido? ¿Cree que terminará desapareciendo?

No lo sé, y desde luego no me corresponde a mí analizarlo. Sí que creo que estamos en un momento en el que tiene que primar el respeto, el diálogo, y, sobre todo, hay que pedirle a los todos actores políticos que no se miren el ombligo. Eso es lo que hemos demostrado con Sumar. En Más Madrid estamos orgullosos de haberlo hecho con generosidad, aportando propuestas, insistiendo en políticas verdes y siempre intentando reforzar los objetivos que eran comunes para las fuerzas progresistas. Y eso creo que ha sido clave y lo que esperamos es que no haya la tentación de mirarse el ombligo y que no se entre en una dinámica por parte de algunos totalmente egocéntrica y que creemos que es destructiva. Cada partido tiene que ser responsable y en este momento más que nunca, porque es ahora cuando tenemos una oportunidad de cerrar el paso a la derecha. La gente no está para cuestiones autorreferenciales ni para una dinámica que parece que lo que busca permanentemente es diferenciarse a cualquier precio sin tener en cuenta los objetivos mayores que nos trascienden a cada una de las formaciones.

Hay enfado por el trato que le ha dado Yolanda Díaz a los dirigente de Podemos dentro de Sumar.

Insisto en que lo que toca en este momento es no mirarse el ombligo y es trabajar por lo común y dejar de pensar en las cuitas particulares. Hay que dejar de mirar a las cuestiones propias para pensar en un horizonte que es mucho más importante que los partidos políticos en cada uno de sus intereses, que pueden ser legítimos pero que no pueden eclipsar la realidad. Y la realidad es que la gente está pidiendo que en este momento seamos responsables y aprovechemos la oportunidad que han dado las urnas, que es importantísima, para parar a la derecha, para impedir que haya un gobierno del PP. Pero sobre todo, para una cosa más importante, que es para que continúen las políticas progresistas para poder seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, para continuar ampliando derechos a nivel laboral, o para que continuemos haciendo políticas de vivienda que vayan en una dirección contraria a la del Partido Popular. Eso es lo que la gente está pidiendo y no se entendería en absoluto una actitud que fuera contraproducente en este sentido.

¿Usted opina que hizo bien Yolanda Díaz en dejar fuera de las listas a Irene Montero?

Me parece que en el acuerdo dificilísimo que hizo Yolanda Díaz puede haber insatisfacciones de todos los actores porque se alcanzó con 16 o más fuerzas políticas. Fue un acuerdo amplísimo que no se había hecho nunca. Y yo puedo hablar por la actitud que mantuvimos nosotros que en todo momento dispuestos, con generosidad, sabiendo que cualquier acuerdo iba a implicar renuncias, cesiones y que las cosas no son exactamente como tú quieras, pero es la única manera de trabajar en política. Y así es como nosotros entendemos la política. No fijarnos permanentemente en las diferencias y en los obstáculos, sino en intentar que rememos en la misma dirección para lograr cosas tan importantes como la que hemos logrado el 23 de julio, que es precisamente cerrar el paso al Gobierno del PP y Vox, con un resultado muy importante por parte de Sumar que ha conseguido 31 diputados.

La integración de Más Madrid en Sumar benefició a Iñigo Errejón [que fue como número cuatro de la candidatura por Madrid, por debajo de  la activista saharaui Tesh Sidi, que fue de tres]. ¿Cree que va a tener mucho protagonismo?

Más Madrid es una fuerza autónoma que hemos formado parte, como digo, con generosidad, de esa coalición. Y lo que vamos a hacer es seguir trabajando desde todas las instituciones con nuestros diputados, que estamos muy orgullosos de haber conseguido que sean nuestros representantes en el Congreso. Creo que tanto Íñigo Errejón como Tesh Sidi van a hacer un trabajo fundamental para todos los españoles. La labor como diputado de Íñigo ha sido sobresaliente, llevando temas que importan a la ciudadanía, como la salud mental o como la reducción de la jornada laboral, y es un trabajo que va a continuar y que se va a fortalecer, ahora integrados con un montón de actores y con el proyecto que representa Sumar y Yolanda Díaz.

¿Qué le parece que el PP pida ahora que gobierne la lista más votada?

Bueno, en primer lugar, lo que significa es un escaso conocimiento de la Constitución española y un auténtico ejercicio de hipocresía. Que salga Almeida a decir ahora que tiene que gobernar la lista más votada cuando precisamente él llegó al poder mediante un 'acuerdo de perdedores', que es como como ellos lo llaman, pues es un ejercicio de hipocresía absoluta. Nos parece absolutamente legítimo que Almeida, por ejemplo, en su momento llegara al poder después de perder las elecciones frente a Manuela Carmena porque obtuvo más apoyos gracias a Vox y Ciudadanos. Así es como funcionan las instituciones españolas y nuestro ordenamiento jurídico. Quien decide quién lidera los gobiernos es quien ha obtenido más apoyos de los representantes de los ciudadanos. Por eso tenemos un sistema plural que reconoce la pluralidad de fuerzas que después pueden llegar a acuerdos y que tienen que explicar sus pactos a los ciudadanos.

Pese al encargo del rey a Feijóo, ¿cree que Sánchez logrará al final de nuevo gobernar?

Estoy convencido de que vamos a lograr que haya un gobierno progresista que profundice en las mejores políticas sociales que se han llevado a cabo en la pasada legislatura y que, ante las dificultades terribles que hemos vivido, ante una guerra con efectos económicos tremendos, yo creo que la gente ha pedido que sigan políticas que ofrecen salidas y respuestas colectivas. Respuestas que no van a dejar tirada a la gente en el peor momento, sino que van a seguir subiendo el salario mínimo, que han ofrecido una reforma laboral para ampliar derechos y reducir la precariedad, que han logrado cifras de empleo récord, incluso en los peores momentos, porque se han hecho las cosas bien gracias, entre otras cosas, al Ministerio de Trabajo que ha encabezado Yolanda Díaz. Yo creo es lo que la gente está pidiendo que se revalide y creo que es lo que se va a lograr gracias al resultado que hubo el 23 de julio, que además desmiente todo el destino que habían dibujado algunos con las encuestas.

Si se repiten las elecciones, ¿a quién cree que beneficiarán? ¿Cree que se mantendrá la marca Sumar?

Si hubiera una repetición electoral, que yo estoy convencido de que no la va a haber, el proyecto de Sumar estaría en mejores condiciones para abordarla de lo que lo ha estado hasta ahora. Porque, pese a las dificultades con las que se ha enfrentado Sumar, la coalición ha tenido un resultado muy importante y relevante y ha sido clave y decisiva para lograr que se pueda revalidar el gobierno progresista. Aunque es verdad que una de las dificultades evidentes es que a Sumar [las elecciones] le pillaron con el pie cambiado, sin haber hecho las negociaciones ni todo un proceso de ordenación y de configuración de la estructura de campaña. Claro que, evidentemente, en el caso de que hubiera una repetición electoral estaría mucho más preparada y las alianzas estarían mucho más engrasadas como para poder abordarlas en unas condiciones óptimas.

¿Ve ya a Ayuso entrenando por la banda para salir si Feijóo no logra gobernar, como pretende pese a carecer de apoyos suficientes?

Ayuso lleva mucho tiempo mirando a la Moncloa y yo no descarto en absoluto que en algún momento haga con Feijóo lo mismo que hizo con Casado. Desde luego, ha demostrado que no es una persona de fiar y que siempre tiene los cuchillos afilados frente a sus propios compañeros de partido. No respeta ni a los que fueron sus amigos personales en el pasado. Pero, en ese caso, sería una mala noticia porque desde luego Ayuso representa la postura más trumpista dentro del PP y un modelo que yo estoy convencido de que no encontraría un respaldo por parte de los españoles, sino todo lo contrario.

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Cómo frenar las mentiras

En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.

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El pequeño municipio toledano de La Guardia, de apenas tres mil habitantes, se convirtió en noticia tras las elecciones municipales del 28 de mayo cuando el Partido Popular logró hacerse con la alcaldía gracias a tres tránsfugas de Podemos. Ambas formaciones unieron sus votos para desbancar al PSOE, que había gobernado durante los últimos 28 años.

Así, la candidata del PP, Marta Maroto, que en 2021 cuando era presidenta de Nuevas Generaciones del PP castellanomanchego, lució una camiseta con el lema de Isabel Díaz Ayuso 'comunismo o libertad', no dudó en pactar con ex de Podemos para hacerse con el Gobierno local.

El acuerdo convirtió a Maroto en alcaldesa de La Guardia, pese a que la dirección autonómica de Podemos intentó impedirlo hasta el último momento. Ahora, dos meses después de la constitución del Ayuntamiento en la que logró el bastón de mando, la Diputación de Toledo la ha fichado como administrativa adjunta al Gabinete de la Presidencia. Dependerá directamente de su compañera de partido, Conchi Cedillo, que preside la Institución provincial gracias a un pacto con Vox y a pesar de que el PSOE fue el partido más votado en la provincia de Toledo.

Esta semana el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Toledo publicó el nombramiento de Marta Maroto detallando que ejercerá su trabajo como administrativa en “régimen de jornada completa y con plena disponibilidad”. Es decir, cobrará de la Diputación. No se especifica cuál será su sueldo, pero sí que será equivalente a un puesto funcionarial C1 de nivel 20.

Sin embargo, como alcaldesa no recibirá salario alguno. Al menos es lo que explica Víctor Hernández, exconcejal de Podemos y actual teniente de alcalde. Él será el único cargo del Ayuntamiento de La Guardia que sí cobrará al ser el único liberado, según detalla en declaraciones a elDiarioclm.es

La Corporación municipal cuenta con un total de 11 ediles: cuatro del PP, cuatro del PSOE y tres de La Guardia Primero. Así se llama ahora la formación en la que militan los exconcejales de Podemos que, pese a la expulsión, mantuvieron su acta en el Ayuntamiento.

Su expulsión de la formación morada fue comunicada el 16 de junio al Ayuntamiento de La Guardia –un día antes de constituirse–, incluyendo un requerimiento que solicitaba la aplicación del Pacto Antitransfuguismo. Nunca se produjo. Ahora los ex de Podemos gobiernan con los 'populares'.

“Es una liberación parcial, no dedicación exclusiva”, puntualiza el propio Víctor Hernández, pero no aclara a cuánto asciende su sueldo.

Más de dos meses después de la constitución del Ayuntamiento, el nuevo Gobierno local no ha hecho público ningún detalle sobre el reparto de las funciones de Gobierno. Según Hernández, el retraso se debe a un cambio de secretario en el Consistorio y eso, sostiene, ha impedido que los acuerdos se hayan publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, donde sí constan otras dos publicaciones relacionadas con el municipio desde el pasado 17 de junio.

De la misma forma, señala que los cambios en el Consistorio han impedido modificar la página web. Este martes, todavía constaba como alcalde el socialista Francisco Javier Pasamontes, junto a los cargos de la anterior legislatura.

El exconcejal de Podemos explica que ya se han celebrado dos plenos en los que, entre otras cuestiones, se ha aprobado que las sesiones plenarias tengan lugar “cada dos meses”. Además, la cuantía por asistencia para los ediles pasará de 100 a 70 euros.

“Las dietas también se han modificado a la baja, como anunció la alcaldesa”, explica el ya teniente de alcalde, quien prefiere no dar más detalles acerca del importe de estos gastos ni de sus propias retribuciones. “No puedo desglosar ninguna medida pero nuestro programa electoral contempla una bajada de la asignación de los que somos concejales”, afirma.

“Reducir el gasto en sueldos y dietas de los miembros de la Corporación”, era uno de los principales compromisos del acuerdo de gobierno entre el PP y el nuevo Grupo Municipal, según avanzó Marta Maroto en su investidura como alcaldesa, aunque de momento habrá que esperar para conocer los detalles de ese acuerdo y el reparto de concejalías.

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Llegó al Congreso de los Diputados y desembarcó en Castilla-La Mancha con el objetivo de “regenerar la política” de la mano de Ciudadanos. Pero Orlena de Miguel es hoy concejala de Seguridad con el PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) y muestra en sus redes sociales un discurso algo afín a Vox. De hecho, su última reunión oficial ha sido con su homólogo en Guadalajara, el concejal de la extrema derecha Chema Antón, para coordinar medidas de seguridad en el Corredor del Henares. Una pequeña muestra del viraje político de esta filóloga madrileña en los últimos diez años.

Tras dar clases de español y trabajar para una empresa de formación, Orlena de Miguel se afilió a Ciudadanos en 2014, con el despegue de los denominados partidos emergentes y el tirón del entonces líder estatal, Albert Rivera. Un año después concurrió a las elecciones municipales como candidata a la Alcaldía de Torrejón del Rey (Guadalajara) por la formación naranja, consiguiendo acta de concejala pero quedándose en la oposición.

Con ese cargo llegó también a ser diputada nacional de Ciudadanos por Guadalajara en las elecciones generales de 2015, aunque ese acta le duró tan solo un año ya que en los nuevos comicios generales de junio de 2016 no revalidó el escaño en el Congreso. No obstante, en 2017 consiguió entrar en la directiva nacional de Ciudadanos.

Allí ocupó la secretaría de Área de Movilidad y Seguridad Vial en la Ejecutiva del partido. Y dos años después, en 2019, anunció que concurriría a las primarias para ser la candidata autonómica de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y enfrentarse en mayo al socialista Emiliano García-Page. Pero la dirección del partido le pidió que diera un paso a un lado y así lo hizo. Fue Carmen Picazo quien se presentó y tomó las riendas de la formación naranja en Castilla-La Mancha. Esta última consiguió cuatro diputados en Castilla-La Mancha hasta la caída en picado del partido hace tan solo unos meses.

Desde ese momento, poco o nada se sabía de Orlena de Miguel. Fue crítica con Carmen Picazo tras haberse visto relegada en la dirección regional del partido. “Cada uno estaremos donde seamos más útiles. Hasta aquí puedo leer”, había apostillado entonces, y también había criticado que había que hacer “los cambios pertinentes” y que en el partido había “cierta intolerancia la discrepancia”.

Todo esto hasta que llegó la debacle de Ciudadanos y se cambió de partido: se presentó con el PP en la lista para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, su ciudad natal, en las últimas elecciones municipales del 28 de mayo. Y ahora es concejala de Seguridad Ciudadana, Comercio y Recursos Humanos.

A los ‘populares’ no pareció importarles las duras acusaciones que contra ellos lanzó mientras estaba en Ciudadanos ni tampoco las contradicciones en las que incurrió en algunas de sus declaraciones. Por ejemplo, De Miguel llegó a acusar al PP de “comprar cargos electos que no puede obtener en las urnas”. Lo más curioso es que realizó estas declaraciones después de que los dos concejales de CS en Talavera de la Reina aceptasen entrar a formar parte del equipo de Gobierno municipal del PP, en contra de las directrices de la formación naranja.

La foto de su última reunión con el concejal de Vox en Guadalajara es significativa. En sus redes sociales, Orlena de Miguel es muy activa. Su discurso político no tiene desperdicio. Así lo demuestra una reciente publicación donde, irónicamente, dice que si el “apocalipsis climático” no llega “le daremos un empujoncito”. Se trata de una crítica sarcástica a Pedro Sánchez debido al extendido bulo de la demolición de presas por parte del Gobierno de España.

Además de cuestionar implícitamente el cambio climático, estas declaraciones en defensa de los embalses resultan contradictorias con posiciones anteriores de la concejala, que siendo portavoz de CS, llegó a afear al expresidente Mariano Rajoy su defensa del trasvase Tajo-Segura, un acueducto que parte de los embalses de cabecera del río Tajo.

La concejala también se adentra en el debate sobre la amnistía que sobrevuela los posibles pactos entre el PSOE con ERC y Junts de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez. Pero lo hace equiparando la situación con el filósofo y jurista Montesquieu quien “murió con otro gobierno socialista”. “Este (en referencia a Sánchez) le quema la tumba”.

También dedica palabras al presidente castellanomanchego. En relación a las últimas declaraciones de Emiliano García-Page lamentando el papel que el expresidente catalán Carles Puigdemont debe jugar en las negociaciones para la investidura, De Miguel afirma que “ya sólo hace falta que se desmarquen sus diputados nacionales” y añade que “en sus manos (las de Page) está facilitar un gobierno que no sea rehén de prófugos, independentistas y proetarras”. ¿Una llamada al transfuguismo? De cualquier forma, esta concejala, tras saltar de CS al PP afirma decírselo, eso sí, “sin acritud”.

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