“Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros”. Así lanzó este miércoles formalmente la precampaña el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de partido en la ciudad autónoma. Las derechas no quieren que la pregunta ante los comicios del 29 de noviembre gire en torno a la vivienda. Prefieren hablar de corrupción e inmigración. Por eso el PP ha redoblado la presión judicial sobre el PSOE e intenta hacer ver que todo sigue mal en Ceuta dos meses largos después.

Feijóo no ocultó sus intenciones durante un acto este miércoles en el que estuvo acompañado por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. “Venir aquí en el inicio de la precampaña es la explicitación de un compromiso, el compromiso de la reconstrucción de España”, dijo en el arranque de su intervención. “No podría ser en otro lugar. Quien aspira a gobernar España debe empezar por donde España necesita más la presencia del Estado”, apuntó.

El líder del PP anunció su viaje a los periodistas un día antes, el martes, justo después de que el Senado entregara precisamente a Vivas y al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, la medalla de oro de la institución. Una condecoración pretendidamente institucional que se convirtió en un acto de partido. 

No acudió ningún representante de ningún otro partido con representación en la Cámara, de izquierdas, de derechas, de la oposición o socio del Gobierno. Solo el PP. En las imágenes que el Senado ha elegido para ilustrar el acto, no solo aparece el presidente, Pedro Rollán, y los condecorados. También Feijóo, que no tiene vínculo con la Cámara Alta.

Feijóo recordó este miércoles el acto del martes: “Ayer o antes de ayer, ya no lo recuerdo, en el Senado, la mayoría absoluta de la Cámara otorgó la medalla de oro a la ciudad de Ceuta. La recogió el presidente de la ciudad. Intervino el presidente de la Real Academia de la Historia [en referencia a Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas] y recordó que hay que distinguir lo que es España y lo que pertenece a España. Ceuta es España desde hace 500 años y va a seguir siendo España en las próximas décadas y en los próximos siglos”.

En los días previos al desahucio de Maricarmen y la reacción social que provocó, la agenda política y mediática estaba dominada por la crisis humanitaria de Ceuta, que desde el PP y Vox han querido convertir en una “invasión”, aunque para ello han tenido que jugar con las palabras.

“Ceuta no ha recuperado la normalidad”, aseguró Feijóo. “Sigue habiendo 15.000 personas que de forma irregular han invadido la ciudad”, añadió. “La única solución es que los 15.000 se vayan de Ceuta y de España. Esa es la única solución y mi compromiso”, remachó.

Feijóo mantiene así el mismo discurso que hace un mes, cuando la crisis migratoria estaba en su máximo pico. El líder del PP prometió implicar a las Fuerzas Armadas en el control de los flujos migratorios en frontera, así como “ampliar la plantilla de médicos, enfermería y personal sanitario” del hospital de la ciudad, que depende del Ministerio de Sanidad, “construir 8.000 viviendas”, así como “una nueva comisaría de policía, una nueva comandancia de la Guardia Civil y una única base militar para concentrar todos los efectivos de las Fuerzas Armadas” para “liberar espacios y construir vivienda”.

“No estoy aquí para probar suerte”, dijo sobre su plan. “No me mueve nada más que poder decir que Ceuta ha recuperado la normalidad y que algún día España también lo hará”, añadió. 

Feijóo reiteró el motivo del viaje: “Me gustaría que este acto fuese el inicio de esta campaña”. Y criticó a Pedro Sánchez: “Lo más importante es la integridad territorial. Aquellos candidatos que no sean capaces de cumplir y comprometer este objetivo no son fiables. Aquellos otros que se ha comprobado que no fueron capaces y no solucionan la crisis en dos meses no merecen el alto honor de ser presidente del Gobierno”.

Un mensaje que, antes que él, expuso Vivas en su alocución. “Pedro Sánchez no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales de proteger nuestra integridad y de proteger los derechos fundamentales de los ceutíes. Y esto lo inhabilita para seguir siendo el presidente del Gobierno”, dijo el presidente de Ceuta. 

Vivas responsabilizó a Sánchez de la “invasión” de la ciudad autónoma. “Hay cosas de las que no nos podemos olvidar”, dijo. “No nos podemos olvidar que el mismo día que el presidente del Gobierno afirmaba que España había sido invadida, también a renglón seguido decía que se iba de vacaciones”, añadió.

“El gabinete de crisis fue irse de vacaciones. Por tanto, es una prueba inequívoca de lo que le importa a Pedro Sánchez la integridad territorial de España, de lo que le importan a Pedro Sánchez los derechos, en particular, de los ceutíes”, zanjó. Vivas no ha insistido en que Moncloa le llamó “pesado”, algo que él mismo reconoció que no era “literal”.

Dudas sobre Correos

Sobre las elecciones, el líder del PP quiso dejar claro que su partido ha aprendido de los errores del pasado. “Hay dos formas de perder: darlas por ganadas y darlas por perdidas”, dijo. “Vamos a jugar todos los balones, no vamos a dar un voto por perdido, nuestro objetivo es ganar sin ningún tipo de confianza previa”, añadió en un claro mensaje a quienes señalan que, como ocurriera en 2023, se dan por ganadores antes de que se coloquen las urnas.

Feijóo, eso sí, volvió a sembrar dudas sobre la limpieza de las elecciones. “He sido presidente de Correos. Primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos de Correos”, aseguró a preguntas de los periodistas. Toda una declaración de intenciones de por dónde puede transitar la campaña del PP en la recta final de la campaña si el resultado pudiera parecer más apretado de lo que prevén las encuestas.

Mentira, intoxicación, insultos… Hay sobredosis de juego sucio. El PP ha traspasado ya los límites de lo tolerable en su labor de oposición manifiestamente destructiva. Da igual que hable Feijóo, que Tellado, que Bendodo, que Almeida, que Ayuso… Asistimos a un espectáculo degradante donde la verdad ha dejado de importar, el respeto institucional brilla por su ausencia y la vileza identifica cada paso, cada declaración, cada estrategia… Tres episodios de los últimos días muestran el mismo método: afirmar primero, exagerar después y dejar que la rectificación, si es que llega, no trascienda, que para eso están los medios amigos que se prestan a eso y mucho más por una buena tajada de la tarta publicitaria.

Si hablamos de Ceuta, y de Juan Jesús Vivas ya no se trata solo de que haya bloqueado cuantos empeños han puesto otros en levantar campamentos para poder filiar a los migrantes o bloqueado el traslado de menores a la península, es que ha mentido deliberadamente ante la Audiencia Nacional. Allí declaró que intentó contactar hasta diez veces con el presidente del Gobierno antes de la llegada masiva de finales de julio, y que solo obtuvo respuesta en tres ocasiones, siempre del director de gabinete de Pedro Sánchez. No contaba el presidente de la ciudad autónoma con que La Moncloa hiciera público el registro de llamadas para ponerle la cara colorada.

Y el documento demuestra , con horas exactas y duración de las llamadas, que Vivas habló con Moncloa hasta en nueve ocasiones durante esos días de julio en los que se produjo la entrada masiva. Y, ahora, una vez descubierto matiza que lo hizo con el director de gabinete Diego Rubio, pero no con el presidente. Oculta además que gran parte de las veces que telefoneó a La Moncloa no lo hizo él, sino también su jefe de gabinete. Lo normal entre altos cargos.

Y de Ceuta nos vamos a Madrid, a la Puerta del Sol y la acampada en defensa del derecho a la vivienda. Una concentración que la Delegación del Gobierno ha dicho que está amparada por el derecho fundamental de reunión, pero que al alcalde de la capital le parece temible, insalubre y peligrosa para el orden público. Si fuera así, la Policía Municipal, que es competencia suya, habría actuado y no ha sido así. Almeida ha denunciado que los acampados llevan “cuchillos de grandes dimensiones” y han hecho acopio de adoquines, por lo que ha remitido al delegado del Gobierno unas fotografías que, lejos de avalar su queja, le dejan a la altura de Cagancho en Almagro. Y es que lo que se muestra son los utensilios lógicos para un lugar donde la gente cocina y duerme, por ejemplo, un cuchillo y humus para untar.

Ayuso, claro, no iba a ser menos que su correligionario en la ofensiva contra la protesta y ha presentado un recurso contencioso-administrativo para pedir la disolución inmediata de la acampada. Una alarmante vuelta de tuerca en el uso del aparato judicial como herramienta de confrontación partidista, pero lo que realmente hay detrás de su decisión, es la presión de uno de sus digitales de cabecera, al que ha subvencionado con más 100.000 euros del ala, para que celebre una exposición con motivo del 12 de octubre en la misma Puerta del Sol que ahora ocupan los defensores del derecho a la vivienda. El mismo diario, por cierto, ha emprendido una campaña de titulares infames contra Maricarmen, la anciana que hoy sigue hospitalizada después de ser desalojada de su casa y que ha movilizado a toda España contra los desahucios y el desorbitado precio de los alquileres en toda España. 

Esta sobredosis de juego sucio nos sitúa en un escenario peligroso porque cuando la mentira de un dirigente se normaliza y la judicialización de la protesta se convierte en la respuesta estándar, la democracia se resiente y el PP da una nueva muestra de que solo se maneja con los códigos de una trinchera embarrada, en la que los ciudadanos son el daño colateral de una guerra sin escrúpulos.

La causa que dirige la jueza María Tardón por la crisis de Ceuta va camino de convertirse en otro frente judicial para el Gobierno. La autoría de los delitos más graves apunta en dirección a Marruecos, pero esa parte de la instrucción permanece secreta y así seguirá por mucho tiempo, dado el volumen de las diligencias dictadas por la magistrada y la dificultad de que colaboren en ellas el país vecino o las tecnológicas responsables de las redes sociales. Por contra, las presuntas responsabilidades del Ejecutivo central por no haber reaccionado a tiempo a la avalancha de migrantes tendrán una publicidad inmediata: este miércoles inaugura las declaraciones en el juzgado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al día siguiente comparecerá el que fuera jefe de gabinete del recién dimitido delegado del Gobierno.

La jueza Tardón ha citado en primer lugar a Vivas porque la ciudad autónoma está personada en la causa como perjudicada y es habitual que el instructor tome declaración a los afectados en primer lugar. En cualquier caso, la declaración del presidente de Ceuta promete convertirse de inmediato en munición política. Vivas recibió la noticia de su citación concediendo sendas entrevistas a Susanna Griso y Ana Rosa Quintana en las que adelantó que ofrecería a la magistrada todas las alertas que, según él, trasladó al Gobierno central en los días previos a la llegada masiva de migrantes. El presidente ceutí llegó a decir que desde el Ejecutivo le habían contestado que era “muy pesado”, aunque después rectificó esta afirmación.

El jueves está citado a declarar Gonzalo Sanz, jefe de gabinete la Delegación del Gobierno hasta la publicación de las comunicaciones que mantuvo con un oficial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las horas previas a la riada de migrantes. Sanz dimitió porque considera incompatible su afirmación de que trasladó el aviso al delegado del Gobierno con la postura de su entonces jefe entonces, Miguel Ángel Pérez Triano, quien niega que le hubiera informado.

La citación de Gonzalo Sanz como testigo es una iniciativa de la jueza Tardón que no responde a una propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Su declaración motivará previsiblemente la de Pérez Triano, toda vez que el exjefe de gabinete mantenga ante la jueza la versión de los hechos que ha ofrecido hasta ahora.

A su vez, un documento que no se encuentra entre los desclasificados por el Gobierno muestra que el delegado del Gobierno avisó a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, del riesgo que vivía Ceuta en los días previos al gran asalto. Aun sin que se pueda determinar el delito que se podría atribuir a las autoridades del Ministerio del Interior, la citación de testigos o investigados dotará de gran relevancia política y mediática al caso.

Un solo párrafo de entre 26 folios sirvió de aviso al Gobierno central de las consecuencias que puede acarrearle la orientación que la jueza Tardón pretende darle a su investigación. Tardón mencionó en su auto de admisión a trámite que “habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes”.

Para ello, despliega la jueza en el mismo párrafo, serán analizadas “la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.

La doctrina de Marchena

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es descartan que la jueza pueda adentrarse en una acusación contra el Gobierno central por el fallecimiento de al menos 83 migrantes que intentaron llegar a Ceuta a nado. Esgrimen la doctrina del Tribunal Supremo durante la Covid-19, expresada en un auto del que fue ponente el entonces presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, por el que se rechazaron las querellas que atribuían las muertes a la actuación, o inacción, del Ejecutivo.

En dicho auto, Marchena escribió: “Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva”. “La imputación de actos homicidas o lesivos no puede construirse en términos estadísticos, sino estrictamente probatorios, ligados a la muerte o a las lesiones padecidas por cada una de las víctimas”, añadía el auto del Supremo.

En otro auto del pasado 16 de septiembre, dedicado a acordar diligencias, la jueza Tardón acepta, con matices, la propuesta de la Fiscalía para ahondar en el origen de la entrada masiva de migrantes. Una de ellas es la apertura de una pieza separada que se denomine “de investigación tecnológica”.

La Policía deberá identificar los llamamientos originales realizados desde Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram para que la Audiencia Nacional pueda dirigirse a través de comisiones rogatorias internacionales y órdenes europeas de investigación a las empresas dueñas de esas redes. La experiencia dicta que las respuestas se eternizarán y su contenido resultará insatisfactorio para la investigación. La jueza Tardón dictó que esa pieza permanezca en secreto y solo la Fiscalía, y no el ramillete de acusaciones populares, conozcan sus avances.

Otra instrucción de la jueza va dirigida a que las unidades especializadas de Policía y Guardia Civil identifiquen a los agentes marroquíes que por acción u omisión contribuyeron a la llegada masiva de migrantes. En el remoto caso de que puedan hacerlo su declaración en calidad de investigados por los delitos contra la Nación que se instruyen se antoja imposible.

Algo similar ocurre con la orden de Tardón de que el Centro Nacional de Inteligencia identifique a los “dinamizadores” de la marcha hacia España, supuestos miembros de los servicios de Información marroquíes que se mezclaron entre los migrantes y sobre los que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía dibujó la sospecha. Con esta petición, Tardón está pidiendo al servicio de Inteligencia español que sacrifique la identidad secreta, uno de los secretos mejor guardados por los estados, de los colegas de un país considerado aliado en asuntos tan relevantes como la lucha contra el terrorismo yihadista.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este viernes “una respuesta estructural” ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y ha planteado que, ante un nuevo intento de entrada “masiva”, se proceda a la “devolución inmediata y automática” de las personas que accedan irregularmente a Ceuta. “Si usted entra por esta puerta, yo le devuelvo por esta puerta”, ha resumido Vivas durante una entrevista en la Cadena Ser. El presidente ceutí ha defendido esta medida como respuesta a una posible entrada de personas y ha reclamado al Gobierno que otorgue un “horizonte definitivo” porque “la ciudad lleva casi dos meses en una situación insostenible”.

Vivas ha cifrado en 15.000 las personas que continúan en la ciudad y ha advertido de que “es inevitable que esto no derive en una situación de tensión social”. “Los ceutíes han perdido la normalidad”, ha afirmado el presidente, al mismo tiempo que ha señalado que, recuperar esa normalidad, pasa por “conseguir que salgan de Ceuta todas las personas que llegaron de forma masiva e irregular”.

El presidente de la ciudad autónoma también ha defendido que la mayoría de quienes llegaron los pasados 30 y 31 de julio a Ceuta eran marroquíes y ha señalado que “Marruecos está considerado un país seguro”. “Estas personas, la mayoría de ellos, salvo casos excepcionales, no son sujetos de protección internacional mediante el derecho de asilo”, ha explicado.

En este sentido, el dirigente ceutí ha defendido que existen procedimientos jurídicos para realizar devoluciones y que debería favorecerse que las personas fueran “conducidas” hasta la frontera. “Yo avalo que se acompañe a los migrantes a la frontera”, ha respondido Vivas al ser preguntado sobre si sería ilegal que el Ejército “acompañara” a los migrantes hasta la frontera. 

Vivas ha defendido además que existen procedimientos jurídicos para permitir las devoluciones “colectivas” en determinadas circunstancias. “Está en una sentencia recogida, pero yo no soy jurista”, ha argumentado.

En cuanto a la situación de los menores que permanecen en la ciudad, el presidente ha asegurado que Ceuta se encuentra “un 8000% por encima de su capacidad de acogida”, en respuesta a las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha reclamado que “se agilice la reubicación de menores en la Península” por una “cuestión de humanidad”. “Nadie está en condiciones de darnos lecciones de lo que significa un comportamiento de humanidad en Ceuta”, ha señalado el dirigente ceutí, y ha recordado al ministro que “hable con sus compañeros de Gobierno”. 

El presidente ceutí ha rechazado que su Gobierno se oponga al traslado de menores a la Península y ha reconocido haber tenido “una postura de colaboración”. Al mismo tiempo, ha reclamado que se tenga en cuenta “ante todo” el interés superior del menor y que se adopten medidas para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse. 

Vivas también se ha referido al campamento habilitado en el Puerto para acoger a parte de las personas llegadas a Ceuta y ha reconocido que, si dependiera de él, cambiaría su ubicación porque ha sido “uno de los errores”. 

Según ha explicado el presidente ceutí, el espacio se planteó para evitar que las personas migrantes permanecieran cerca de “zonas residenciales”, pero posteriormente se desaconsejó su ubicación por tratarse de “una infraestructura crítica y estratégica”. “Si yo pudiera, sustituiría el emplazamiento del puerto a otra zona. Ya lo hemos propuesto al Gobierno”, ha añadido.

¿Armas en el Congreso? Ese es un capítulo sobre el que el PP debería reflexionar a fondo. Pero también sobre su papel en la crisis de Ceuta, la ciudad que envenena los sueños del Gobierno. Otra vez, el interés partidista por delante de los Derechos Humanos. Otra vez, las verdades a medias. Otra vez, una encarnizada lucha por el relato, las medias verdades y las mentiras completas. Otra vez el discurso del odio y la violencia. Otra vez la torcida opinión publicada. Y otra vez el bloqueo como única respuesta. En el medio, más de un centenar de muertos de los que ya nadie se acuerda y miles de migrantes que tienen nombre, aunque solo se hable de ellos en cifras que se utilizan como munición política.

Con todos los errores cometidos por el Gobierno de España, que los hubo durante los dos últimos días de julio y buena parte de agosto, no hay explicación que pueda adornar la falta de cooperación entre administraciones para dar solución LEGAL a los miles de marroquíes -menores y mayores-, que mes y medio después de la entrada masiva siguen a la intemperie por las calles y las playas de Ceuta.

Que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya confirmado que secundará junto a Vox la concentración convocada para este sábado por la asociación Sociedad Civil Española, liderada por personajes como Marcos de Quinto o Mayor Oreja “en defensa de la integridad territorial de España y contra la invasión de las ciudades españolas” es la enésima demostración de que lo que verdad importa no es Ceuta, ni los ceutíes, ni los menores, sino tumbar a Sánchez.

La ciudad autónoma, en realidad, es una excusa porque la protesta incluye desde una presunta defensa a jueces y fiscales, a las Fuerzas Armadas, a la Policía y la Guardia Civil y a “todos los funcionarios públicos y medios de comunicación que cumplen con su obligación”. Todo “para que se devuelva la dignidad y la palabra a los españoles y se publique la convocatoria de elecciones generales antes del 15 de noviembre”. No se trata, pues, de defender a Ceuta, sino de agitar la calle y reclamar unos comicios que, por otra parte, el PP lleva pidiendo desde el mismo día en que Sánchez fue investido.

Lo que no detalla Feijóo es cómo resolvería un hipotético gobierno de PP-Vox la crisis: si con la ley o con la fuerza. ¿O es que las comunidades autónomas gobernadas por las derechas abandonarían con Feijóo en La Moncloa la actual resistencia a acoger a los 3.000 menores? ¿El gobierno de Juan Jesús Vivas volvería a la lealtad y la cooperación que ha perdido? 

Si hoy aún quedan cerca de 1.000 menores sin protección y asistencia en Ceuta es, además de porque el Gobierno de Sánchez minusvaloró la magnitud de la crisis durante semanas, es porque así lo han decidido los populares con una feroz estrategia de confrontación y bloqueo. Vivas ha hecho de la presión sobre La Moncloa su principal respuesta política a la crisis y convertido cada desencuentro en una batalla política. La inmigración, los retornos, el asilo, la protección de los menores y la cooperación con Marruecos están sometidos a leyes y a acuerdos internacionales, pero requiere sobre todo de un trabajo conjunto entre administraciones. 

Ser presidente de Ceuta no consiste en protagonizar el papel de víctima y mucho menos el de marioneta de Feijóo al servicio de los intereses partidistas de Génova, que es el que hoy desempeña Vivas. Repasemos algunos momentos. 

Bloqueo de infraestructuras y espacios logísticos: el Gobierno aprobó el Real decreto de declaración de emergencia y la habilitación de espacios en el marco de la designación del Mando Único, pero la relación de inmuebles sufrió una modificación sustancial motivada por los vetos institucionales de la Ciudad Autónoma. Los pabellones y polideportivos municipales fueron eliminados como centros de triaje y de acogida de urgencia. Fue el caso del polideportivo Díaz-Flor, el de Guillermo Molina, el antiguo Hospital Militar, el Acuartelamiento Coronel Fiscer, la antigua Fábrica de Harinas, que fue desestimada de forma definitiva tras la paralización y el veto técnico-político de la administración local una vez iniciados los primeros trabajos.

El choque institucional y la escalada discursiva: a finales de agosto, Juan Jesús Vivas rechazó de plano ceder cualquier instalación deportiva de titularidad municipal. “Tendrán que sacarme de ellos”, “Ceuta ya se ha quedado sin ferias ni parques y no se va a quedar sin polideportivos”, fueron algunas de sus declaraciones altisonantes para acusar al Gobierno central de falta de “lealtad” por incluir estas opciones en los borradores de trabajo.

Exclusión de los núcleos urbanos: el Ejecutivo autonómico exigió que cualquier dispositivo se ubicara estrictamente fuera de la trama residencial y se desplazara así el perímetro fronterizo o el Tarajal para no asumir el menor impacto operativo en el día a día de la ciudad.

El conflicto en la calle y la rectificación del Gobierno central: la difusión de este plan y la agitación política en torno al uso de espacios comunitarios derivaron en manifestaciones y concentraciones vecinales de protesta contra el uso de pabellones en barriadas. Así que para evitar una fractura social mayor y descomprimir la tensión vecinal alimentada por el gobierno local, el mando único estatal que encabeza el ministro Ángel Víctor Torres transigió con la exigencia de retirar los polideportivos del catálogo de espacios de acogida, tras una modificación del Real Decreto que establecía los espacios a utilizar.

Bloqueo al Hospital Militar y el cuartel Fiscer. Dentro del despliegue estatal, se proyectó la utilización de infraestructuras en desuso dependientes o vinculadas al ámbito estatal/militar (como el antiguo Hospital Militar y el acuartelamiento Coronel Fiscer), al contar con edificaciones sólidas, perimetradas y con capacidad para instalar módulos asistenciales sin invadir espacios de ocio vecinal. Pero, la mera inclusión del Hospital Militar y del acuartelamiento en el borrador de contingencia desató de nuevo una fuerte oposición política y social. Tanto, que, a finales de agosto, la propuesta originó concentraciones y marchas de protesta frente a la Delegación del Gobierno y el propio hotel donde se alojaban miembros del dispositivo estatal 

La retirada por veto político-social. Ante la falta de respaldo del gobierno de la ciudad y el clima de hostilidad vecinal en torno a las instalaciones militares, el Gobierno de España tuvo que renunciar expresamente al uso del Hospital Militar. 

La polémica del puerto. Mediante un acuerdo alcanzado el 13 de agosto entre Vivas y el Gobierno de España, se convino que el puerto constituía la infraestructura prioritaria por amplitud y capacidad de respuesta inmediata para descongestionar el resto de recursos. Iniciados ya los trabajos de adecuación, el 17 de agosto la ciudad autónoma rectificó unilateralmente, amenazó con la ruptura de relaciones institucionales y estableció la infraestructura como una “línea roja innegociable”. Hubo que esperar hasta el 18 de septiembre para que finalmente el recinto fuera usado como campamento para empezar el triaje, a pesar de una denuncia del sindicato policial SUP que pidió que se paralizara la decisión.

Pérdida de recursos en la antigua fábrica de harinas. Habilitada como solución complementaria de alojamiento, el Gobierno comenzó los trabajos de acondicionamiento el 17 de agosto, pero un veto sobrevenido del gobierno de Vivas frenó el proyecto y echó a perder las actuaciones técnicas ya ejecutadas.

Dejación de competencias en seguridad y orden público local. Tras acordarse el traslado de personas a nuevas ubicaciones, el gobierno local asumió el saneamiento del arenal y el despliegue permanente de la Policía Local para evitar reubicaciones, pero tres horas después de culminar el desalojo, el dispositivo local se desentendió de la zona, que volvió a ser ocupada por los migrantes.

Retirada de fondos a la entidad Luna Blanca. A finales de agosto, el gobierno de Vivas suprimió la financiación municipal a la asociación benéfica Luna Blanca, que garantizaba más de 1.000 comidas diarias. Sin mediar explicación y habiendo recibido ya casi 100 millones de euros para asumir cualquier gasto o contingencia.

Abandono del dispositivo escolar en el inicio de curso. Pese a participar de forma testimonial el primer día, al segundo día la ciudad autónoma retiró a la Policía Local de la custodia perimetral de los centros educativos. Así que la negativa municipal obligó a reasignar efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar el orden en el entorno escolar, desatendiendo de facto sus funciones esenciales de tráfico y seguridad ciudadana en el ámbito urbano.

Gestión y tutela de Menores No Acompañados. Siendo una competencia autonómica exclusiva, la dejación de responsabilidad de mayor calado se ha producido en lo que respecta a la protección de la infancia, pese a contar con cobertura financiera estatal expresa. El gabinete de Vivas se niega a tutelar y trasladar a los menores que ya han sido identificados y filiados en las dependencias estatales de adultos, descargando así la custodia en los dispositivos del Gobierno central. Más de 500 menores se encuentran en instalaciones habilitadas por el Gobierno de España para adulto.

Falta de intervención activa en calle: Menores no tutelados acuden diariamente a puntos de reparto de alimentos estatales (como el de la playa) sin que los servicios sociales de la Ciudad procedan a su filiación ni a su ingreso en centros de acogida infantil. Pese a estimarse entre 500 y 1.000 menores pernoctando en la vía pública, el gobierno local ha llegado a solicitar formalmente a la Policía Nacional que ralentice las nuevas filiaciones bajo el pretexto de falta de plazas. Y este colapso asistencial coexiste con la transferencia extraordinaria de 25 millones de euros aprobada por el Gobierno de España como primera medida de auxilio financiero específica para la atención de estos menores.

¿Por qué no quieren sacar a los menores de la calle?

El Pacto de Asilo europeo establece como imprescindible la figura de representante de los menores para poder llevar a cabo el expediente de un menor. El trabajo no pudo comenzar hasta el 14 de septiembre porque Ceuta se negaba a designar la preceptiva representación, a pesar de que el Gobierno central había decidido asumir el coste de esos representantes.

Traslado de menores a la península. Los menores ya filiados tienen dos futuros inmediatos: la reagrupación familiar o entrar en el sistema de acogida de menores no acompañados. Es el gobierno de Ceuta quien tiene la tutela de los menores y es, por tanto, Vivas quien debe solicitar al Gobierno que, al amparo del artículo 35 de la ley de Extranjería, sean redistribuidos entre las Comunidades autónomas. Y, pese a que Vivas siempre ha sido partidario de ello, ahora rechaza la redistribución.

Y a todo ello la derecha lo llama “Ayudar a Ceuta”. Que cada cual saque sus propias conclusiones, pero la crisis de Ceuta exige soluciones urgentes. Y una administración que necesita al Estado para resolver una emergencia de esta magnitud debería, además de no bloquear respuestas, un mínimo de lealtad y sobre todo no convertir al Estado en el enemigo permanente porque las víctimas de todo ello, además de los migrantes, son sus ciudadanos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitó este lunes Ceuta por cuarta vez desde la crisis migratoria de finales de julio. Esta vez lo hizo acompañado por el jefe de su partido a nivel europeo, el alemán Manfred Weber. El anfitrión fue el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Los tres comparecieron ante los medios, y Feijóo desgranó los puntos centrales de su discurso sobre Ceuta, que se asienta en algunas trampas y falsedades.

1. “El presidente Vivas lo vio venir, entendió la magnitud”

El PP ha intentado establecer desde el primer momento que el presidente de Ceuta avisó de lo que iba a pasar en los días previos a la entrada de decenas de miles de personas en la ciudad que dirige. Pero la realidad es que ni él ni nadie previó lo que iba a ocurrir. No hubo avisos de tal “magnitud”. Lo reconoció el propio Vivas en Madrid el pasado 7 de septiembre cuando, ante el propio Feijóo, dijo: “No podíamos presumir que se iba a producir esa entrada masiva de 80.000 personas”.

Es verdad que el propio Vivas ya no es partícipe de su propia opinión legal de hace 60 días. El presidente de Ceuta planteó este lunes “el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron de manera ilegal vulnerando fronteras de manera masiva”. Algo que, según él mismo, no es posible.

2. “La prioridad de Europa es el retorno inmediato de todas las personas, con independencia de su edad o condición”

Es uno de los mantras de Feijóo. Lo ha dicho una y otra vez desde el pasado mes de agosto. El líder del PP ha explicitado su intención de que sean expulsados “mayores y menores”. De que no quede “ninguno”.

Para justificar la frase, Feijóo se refirió al comisario de Migraciones, Magnus Brunner. Agradeció a Brunner haber “coincidido” ambos “que la prioridad de Europa en este momento es conseguir el retorno inmediato de todas las personas, con independencia de su edad o condición hacia el país de donde han venido”.

Pero Brunner no ha dicho eso, al menos en público. El comisario austriaco, compañero del PP Europeo, ha asegurado que “todos los que entraron ilegalmente y no tengan el derecho a permanecer, deben regresar inmediatamente”. Feijóo ignora ese “no tengan el derecho a permanecer”.

3. “Primera propuesta: Ceuta y Melilla son territorio europeo porque son territorio español”

Feijóo desgranó en su intervención un puñado de “propuestas” que, dijo, el PP ha ideado para Ceuta. La primera de ellas, que las ciudades autónomas españolas son territorio europeo, algo que no está en duda en ningún caso. Ceuta y Melilla forman parte de España y de la Unión Europea, aunque cuentan con un régimen específico y están fuera del espacio Schengen.

“La legislación europea permite el retorno de todos los que entraron irregularmente y de forma inmediata”. Es otra de las frases recurrentes de Feijóo y demás portavoces del PP, y abunda en la confusión que el jefe de la oposición española quiere instalar sobre la vigencia y aplicación del pacto migratorio y el pacto de retorno de la UE.

Pero otra vez son las palabras del propio Juan Jesús Vivas las que desmienten a su jefe de filas. El presidente de Ceuta lo dejó claro el pasado 29 de julio, un día antes de la entrada masiva: “Con la legislación en la mano, no se puede hacer. Quien lo haga estaría cometiendo un delito. No es solamente que lo prohíba la legislación española o la europea, es que lo prohíben las convenciones internacionales que España tiene suscritas”.

Esta vez, Feijóo recibió también una corrección en vivo y en directo por parte de Manfred Weber, quien en su turno aseguró que hay que “llevar a cabo las inscripciones y registros legales” previos. Y solo posteriormente, “el retorno completo de todos y cada uno de los inmigrantes”.

4. “España debe contar con presencia de Frontex”.

Feijóo planteó así su “tercera propuesta” para Ceuta. Pero llega tarde, porque el Gobierno ya ha reclamado tanto las líneas económicas que la UE establece para este tipo de situación, como que Frontex se establezca de forma permanente.

Y, otra vez, fue el propio Weber quien le quitó la razón minutos después. El líder del PP europeo aseguró: “Frontex está presente. Tarde, pero por lo menos ya están presentes”.

5. “El PP ha garantizado la presencia permanente de Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones de la UE”

Esta institución consultiva de la UE tiene los miembros tasados para cada Estado, y solo los gobiernos pueden modificar la representación. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció la semana pasada que España ha reclamado sentar a Ceuta y Melilla en dicho foro.

“Vamos a salir más conscientes de nuestras fortalezas, como la solidaridad mostrada por millones de españoles el 2 de septiembre”. Feijóo señaló en dos ocasiones que las concentraciones convocadas por su partido bajo el subterfugio de la FEMP coincidiendo con el día de Ceuta reunieron en las plazas de España a “millones de españoles”.

“Desde Barcelona a Santiago de Compostela, a Valencia o Madrid o el sur, millones de personas [salieron] a la calle para defender Ceuta”, apuntó después. La concentración más numerosa de aquel día fue la de Madrid. Según los propios organizadores, asistieron 150.000 personas, lo que hace complicado sostener que en todo el país se movilizaron “millones”.

6. “El Gobierno tiene que hacer su trabajo. Si un país ofrece recoger a todos sus menores, hay que activar esa solución”

Desde el PP se asegura que Marruecos está dispuesto al retorno de todas las personas que quedan en Ceuta tras la entrada masiva de julio. La mayoría ya volvió voluntariamente en 48 horas, algo que la legislación permite. Pero los que permanecen están sujetos a un procedimiento que implica al propio Gobierno de Marruecos.

Y la realidad es que, aunque el país vecino ha comunicado en público su voluntad de admitir a todos de regreso, a la hora de la verdad no pone los mecanismos necesarios en marcha. Lo atestiguaron este mismo lunes los dos compañeros de rueda de prensa de Feijóo, Vivas y Weber.

El presidente de Ceuta recordó que en una reciente visita a Bruselas pidieron “un grupo de trabajo entre el Gobierno de España, la Comisión Europea y Marruecos, encargado de solventar los obstáculos que impedían” el retorno. Vivas concluyó: “El problema es que Marruecos luego no colabora todo lo que debiera a la hora de emitir los informes correspondientes sobre la situación familiar del menor”. Manfred Weber se limitó a reclamar “al Reino de Marruecos que cumplan con sus compromisos como socio clave”.

El dirigente alemán mostró también su pesar porque las personas migrantes hacen caso de “fake news” que dicen “que se puede entrar en Europa” desde Ceuta. “Siento que se crean esas ‘fake news’, esas noticias falsas”, lamentó. Un espaldarazo a las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el origen de la avalancha de personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

José María Figaredo, diputado de Vox, dijo en una entrevista televisiva que había que “cazar a los inmigrantes uno a uno”. El alcance de las represalias se ha extendido en Ceuta y llega ahora a cualquiera que se solidarice con ellos o intente ayudarlos. La agresión sufrida este domingo por la diputada ceutí Julia Ferreras, la abogada Sofía Cánovas y el activista Rafael Borrego por una turba enfurecida es una consecuencia previsible tras varias semanas de denuncias desde la derecha y la extrema derecha sobre la “invasión” de la ciudad. No se tiene piedad con unos invasores y mucho menos con los que son catalogados de cómplices.

Ese lenguaje bélico ha impregnado las declaraciones de dirigentes del PP y Vox, que han terminado por ser indistinguibles. En numerosas ocasiones, Santiago Abascal ha calificado lo ocurrido el 30 y 31 de julio como una invasión protagonizada por “hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras”. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo repitió ese mensaje al escribir que los que llegaron a Ceuta no son migrantes: “Son soldados. Usan a las mujeres y los niños de atrezo”. En una guerra, los soldados del otro lado son el enemigo y los que les ayudan, unos colaboracionistas que terminarán pagando el precio de la traición.

No es polarización, sino una acusación directa, una de las más graves que existen, desde la oposición contra el Gobierno, los partidos y los movimientos sociales que defienden los derechos que la ley reconoce a los migrantes.

Primero, fueron contra Borrego, que estaba solo esperando a que Ferreras lo recogiera en su coche cerca del puerto de Ceuta. Después, se abalanzaron contra el vehículo. Ferreras se identificó como diputada en varias ocasiones, pero no les sirvió de nada: “Hubo un momento en el que miré a Rafa y no le pude garantizar que pudiésemos salir de ahí. Venían a por nosotros, a lincharnos”. “Nos iban a matar”, dijo Borrego a este diario. “Se agolparon sobre nosotros. Nos han tirado huevos, nos han tirado piedras, han reventado el cristal por alante, por atrás, nos han abierto la puerta para meterse dentro”, describió Borrego.

La diputada de Ceuta Ya comprobó que varios de los agresores eran ceutíes: “Yo reconocí muchas caras de mis vecinos y vecinas que sé que son personas que se han quitado la careta y que están actuando como quieren ser”.

Los manifestantes esperaban la llegada de representantes de una ONG de Pamplona a la que varios medios de comunicación nacionales habían llamado “proetarra”. “Lo que estamos esperando es que viene gente del País Vasco, de la kale borroka. Viene una ONG a hacerse cargo de los menores. Nosotros aquí no queremos etarras”, dijo una mujer antes de que se produjeran los incidentes.

Es lo que habían leído antes y después en OK Diario: “La Policía de Marlaska reprime a golpes y con pelotas de goma a los ceutíes que impedían la entrada de una ONG proetarra”. En El Español: “Negu Gorriak, los proetarras que llegan a Ceuta para repartir 'ayuda' y 'vigilar' las agresiones contra los migrantes”. En los informativos de Antena 3. En ABC: “Vecinos ceutíes protestan contra la llegada de organizaciones proetarras a la ciudad: 'No les vamos a dejar pasar'”. Ese diario llegó a escribir en ese artículo que se trataba de “Negu Gorriak, el grupo musical liderado por Fermín Muguruza”.

Esa banda de los años noventa existió hasta 1996, aunque celebró dos conciertos en 2001 para celebrar una victoria jurídica contra el general Galindo. Obviamente, no tiene nada que ver con la ONG Negu Gorriak / Derecho a Techo, un grupo navarro que defiende a inmigrantes. Al menos, en una ocasión ha convocado una manifestación contra la decisión del Ayuntamiento de Pamplona, cuyo alcalde es Joseba Asiron, de EH Bildu, de desalojar en abril a los migrantes que vivían en un antiguo convento abandonado.

En una rueda de prensa el lunes, responsables de la ONG han denunciado que sus miembros han recibido amenazas de muerte en Ceuta: “No ha surgido de la nada. Hay medios que llevan semanas llamando etarras y yihadistas a nuestro colectivo. Han estado preparando el terreno. Lo que ha pasado después es la consecuencia”.

Algunos de los asistentes a la manifestación de Ceuta han contado a un medio local que la culpa de todo fue de uno de los agredidos, Rafael Borrego. Le acusan de haber grabado imágenes de la concentración y recuperan escritos suyos críticos con una parte de la población de la ciudad. Lo llaman “el abogado malagueño que está poniendo a parir a los ceutíes en sus redes”. Dicen que se enfurecieron cuando le vieron refugiarse en el coche de la diputada. “No vamos a dejar que nadie de fuera venga a decirnos lo que está pasando aquí”, dice uno de ellos.

El lenguaje de la confrontación entre políticos favorece que se extienda el lenguaje violento entre los ciudadanos, y este último siempre precede a la violencia física. Y en el momento en que se desencadena esta, es difícil saber dónde parará. Los medios que se inventaron que la ONG navarra era “proetarra” contribuyeron a calentar un ambiente que ya está muy tenso en Ceuta.

“En democracia, la violencia no tiene cabida bajo ninguna circunstancia”, dijo Alberto Núñez Feijóo, que condenó los hechos el lunes mientras realizaba su cuarta visita a la ciudad para reunirse con su presidente. Juan Jesús Vivas explicó que “la inmensa mayoría de los ceutíes condena la violencia venga de donde venga”. Le valió con esa crítica genérica a cualquier conducta violenta mientras insistía en afirmar que Ceuta ha sido invadida y que el Gobierno pretende que la crisis se eternice.

Vivas planteó escenarios ominosos de los que responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez: “O se quiere utilizar a Ceuta como un escenario de confrontación y polarización, o quieren acabar con la paciencia de los ceutíes hasta el agotamiento o el destierro”.

Ese ya es un dilema bastante negativo, pero aún había más. Otra alternativa nada deseable y que no se sabe de dónde sale, por la que se quiere convertir a Ceuta en un centro temporal de inmigrantes con el equivalente al 15% de toda su población. “No lo vamos a consentir porque eso sería la muerte de la ciudad”, anunció Vivas. No es el tipo de lenguaje que contribuye a calmar los ánimos. Si las opciones que se presentan a los ciudadanos incluyen la posibilidad de la muerte de Ceuta, habrá gente que decida que no lo permitirá por cualquier medio que sea necesario.

“Señor Sánchez, usted es el responsable del polvorín que está viviendo Ceuta. El único responsable. Tiene que solucionarlo y poner los medios”. La frase la pronunció este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de su partido en Melilla. A esa misma hora, la Policía Nacional conducía a cientos de personas migrantes desde los asentamientos improvisados en playas de la ciudad autónoma al campamento temporal, levantado en el puerto pese al rechazo de Juan José Vivas. El PP no ha ayudado en la gestión de una crisis que este lunes cumple 53 días. Ni tiene la más mínima intención de hacerlo: “Puede ir a peor”.

La orden fue pública y aplica a las once comunidades autónomas que gobierna el PP. La dio el propio Feijóo hace una semana, en una entrevista en El Mundo. “Nosotros no vamos a aceptar el traslado de los menores de Ceuta a la Península”, dijo, en referencia a las 500 niñas que el Gobierno quiere trasladar ante la imposibilidad de garantizarles atención y seguridad en la ciudad autónoma. La frase constituye una renuncia de las regiones gobernadas por el PP a asumir sus responsabilidades legales.

En España, la gestión de los menores es una competencia autonómica, independientemente de su origen y nacionalidad. De hecho, en el último lustro se han repartido cientos de chavales por toda España, sobre todo provenientes de Ceuta y de Canarias, aunque desde la dirección del primer partido del Congreso nieguen la realidad. Que las legislaciones española e internacional no permiten devolver sin más a Marruecos a estas personas no es algo que diga el Gobierno o las ONG. Lo decía expresamente el presidente de Ceuta, Juan José Vivas. Y no hace meses o años: el 29 de julio, un día antes de la “invasión” de su ciudad.

“Con la legislación en la mano, no se puede hacer”, aseguró Vivas en un vídeo difundido por su propio Gobierno. “Quien lo haga, estaría cometiendo un delito”, añadió el presidente ceutí, quien se explayó: “No es solamente que lo prohíban la legislación española o europea, es que lo prohíben las convenciones internacionales. Es imposible, y ya sabemos lo que dijo el Supremo de lo que pasó en esta ciudad”, afirmó, en referencia a la condena por prevaricación contra la exdelegada del Gobierno y la que fuera vicepresidenta de Ceuta por la devolución ilegal de menores a Marruecos tras otra entrada masiva en 2021.

El discurso de Vivas, y el del PP, han girado 180 grados. En las primeras 48 horas tras la entrada masiva de julio, el Gobierno también habló de una devolución completa e inmediata. Pero tras el regreso voluntario de la mayoría y la confirmación de que varios miles de esas personas optaron por quedarse en España, se abandonó. Los de Feijóo han leído las encuestas y son conscientes de que Ceuta puede ser un punto final para el Ejecutivo, y no piensan aflojar la presión. Ni siquiera con los menores.

Este miércoles, desde la dirección del PP fueron taxativos ante las preguntas de los periodistas sobre el acogimiento de menores por parte de las comunidades autónomas. La respuesta es clara: “no”. Y seguirá siendo “no”.  No importan los acuerdos bilaterales que Ceuta tiene firmados con cada una de las Autonomías para agilizar estos traslados. Tampoco el plan del Gobierno para repartir a 500 niñas de forma urgente. Vivas es la persona que legalmente debe autorizar esos traslados. De momento, solo ha autorizado cinco, a Navarra. Y no quiere firmar más.

Si lo hiciera, las comunidades autónomas no tendrían más remedio que asumir la gestión de esos menores. Así lo reconoció el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en una entrevista en la que aseguró que “Andalucía está por encima del 100% de capacidad” de acogimiento y que “el acuerdo [de Gobierno de coalición] con Vox dice que voluntariamente no acogemos”. Y zanjó: “Pero la ley la cumplimos”. Y la ley obliga a asumir el cuidado.

El PP sumó sus votos en el Congreso a los de Vox en una proposición no de ley (meramente declarativa) que rechazaba acoger a los menores. La iniciativa decayó porque las derechas se quedaron solas. En su defensa del voto, la diputada Ana Alós atacó a la bancada socialista por Marruecos: “¿Qué le deben? ¿Qué temen de Marruecos para semejante sumisión?”.

El bloqueo por parte del PP es total. Hasta el punto de que, tal y como desveló el Gobierno esta misma semana, la negativa de Vivas a asumir la defensa legal de las menores bloqueó durante más de un mes la tramitación de los expedientes individualizados, un requisito imprescindible para intentar su retorno a Marruecos.

“Invasión” como coartada

El PP se aferra a la Ley de Seguridad Nacional, que establece que “la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación”. Esas “autoridades competentes” serían designadas por el propio Gobierno, que tendría que asumir toda la gestión. El problema es que el Ejecutivo no ha decretado esa “situación de interés”, y mantiene abierta una guerra dialéctica con el PP. Mientras Pedro Sánchez habló de “agresión”.

Por eso el PP insiste tanto en decir que aún se mantiene la “invasión” de Ceuta, y se aferra a las palabras de Sánchez a principios de agosto. De ser así, todos los migrantes, mayores y menores, pasarían a ser una competencia del Gobierno central.

La estrategia es clara. La mencionada diputada Ana Alós aseguró en su intervención en el Congreso que un traslado de los menores a la península avalaría que “puedan instrumentalizarse como arma de presión en las fronteras y lo volverán a hacer”. La referencia no es gratuita. El pacto migratorio europeo establece expresamente una cláusula de salvaguarda para que, en caso de “instrumentalización” de las personas migrantes los estados puedan obviar las peticiones de asilo o la presencia de menores. Ese pacto europeo no está todavía vigente en España. Pero es que ni siquiera la UE asume en este momento el marco que quiere imponer el PP. 

La presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, avaló la posición del Gobierno esta misma semana ante el Parlamento. En su discurso sobre el estado de la unión, la dirigente del PP europeo asumió que la crisis de Ceuta se produjo por “la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y redes de contrabando sin escrúpulos y por parte de nuestros adversarios”.

Lo hizo también el comisario de Migraciones, el austriaco Magnus Brunner. También del PP europeo, aseguró que “todos los que entraron ilegalmente, y no tengan el derecho a permanecer, deben regresar inmediatamente”. El problema es el inciso “y no tengan el derecho a permanecer”, que el PP español siempre obvia en sus declaraciones. Su compañera de Comisión, la croata Dubravka Šuica, dijo estar satisfecha con la colaboración marroquí.

“Puede ir a peor”

Šuica también es del PP europeo. Para equilibrar la balanza, este mismo lunes Feijóo viajará a Ceuta con el presidente del partido en el continente, el también alemán Manfred Weber. El plan, en sus palabras, es explicarle a su “amigo bávaro” que “Ceuta es tan europea como Alemania”.

Lo dijo en un acto de su partido en Melilla en el que aseguró que los miles de personas que permanecen en Ceuta no son inmigrantes “porque no buscan trabajo”. “El PSOE se ha esforzado más en defender que Groenlandia le pertenece al Estado danés y, por lo tanto, es un territorio europeo, que en defender a Ceuta y Melilla y, por lo tanto, a España”, dijo Feijóo.

El líder del PP insistió con las referencias a EEUU y a su presidente. “¿Qué necesitaría el señor Sánchez para indignarse? ¿Que el señor [Donald] Trump invadiese Ceuta y Melilla?”, se preguntó. Sánchez apuntó en una reciente entrevista que espera tener resuelta la crisis de Ceuta antes de final de año. En el PP creen que, cada día que pasa, ellos salen ganando porque los problemas “pueden ir a más, y a peor”. Y no harán nada para evitarlo.

La crisis de Ceuta sigue muy lejos de ver la luz al final del túnel, pero ha entrado esta semana en una fase distinta tras la puesta en marcha de miles de nuevas plazas de acogida. Los dos puntos de la ciudad en situación más crítica, Loma Colmenar y El Trampolín, se han visto aliviados ostensiblemente con la habilitación por parte del Gobierno de 2.500 alojamientos en solo cinco días. Sin embargo, aún son miles las personas migrantes que permanecen en la calle, una parte de ellas niños y niñas solas bajo tutela del ejecutivo local. Y tanto la gestión de esos menores como la discusión sobre los nuevos emplazamientos para adultos ha derivado en un choque frontal entre administraciones que escala ya al cruce de acusaciones directas entre Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas.

El reproche más explícito por parte del presidente del Gobierno llegó el miércoles, tras la sesión de control en el Congreso. Y sorprendió por el tono y porque Sánchez nunca suele responder en los pasillos de la Cámara Baja a las preguntas al aire que le lanzan los periodistas al salir del hemiciclo. Pero esta vez sí lo hizo. “Presidente, ¿cómo explica que haya todavía mil menores en las calles de Ceuta?”. “Eso pregúntenselo a Vivas”, contestó. El dardo saltó inmediatamente a las portadas de los periódicos y los informativos de radio y televisión.

Después de la lluvia de reproches del presidente de Ceuta, que esta misma semana aseguró que Sánchez “no está capacitado” para seguir en el cargo por no estar a la altura “de sus obligaciones constitucionales”, el Ejecutivo ha decidido pasar a la ofensiva. En la Moncloa explican que detrás de ese “desahogo” del presidente, que algún otro miembro del Gobierno y del PSOE considera “inapropiado”, hay una motivación fundada. “Hasta ahora le guardábamos el aire a Vivas, pero, ante tanta mentira y tantos ataques, hemos decidido defendernos. Nosotros entendemos que haya mil niños en las calles porque es difícil de gestionar, porque es mentira que se puedan devolver sobre la marcha y porque hay problemas de espacio. Pero si nosotros empatizamos con esa situación, que es competencia exclusiva suya, lo que le demandamos es que empatice él con nosotros y deje de machacarnos con populismo barato”, apuntan en la Moncloa.

Un ejemplo claro del choque del Gobierno con Vivas tiene que ver, precisamente, con esa situación de los menores bajo tutela legal de la ciudad autónoma. Desde principios del mes de agosto, el Ministerio de Juventud e Infancia plantea a la administración ceutí el traslado temporal a la Península de 500 niñas solas en situación de especial vulnerabilidad. Una acogida que tendría lugar con recursos del Estado y bajo la gestión de entidades especializadas en la atención a la infancia. Esa propuesta se ha trasladado de manera recurrente y a todos los niveles, desde las reuniones más técnicas con la consejería de Infancia hasta conversaciones personales entre la ministra Sira Rego y Juan Jesús Vivas. Pero es la ciudad, como depositaria de la tutela, quien tiene que dar el visto bueno. Y, por el momento, se niega a hacerlo.

En el departamento de Sira Rego defienden que ese traslado temporal, mientras se tramitan los expedientes de reagrupamiento familiar o de inserción en el sistema de acogida, no solo garantizaría una atención digna a medio millar de niñas solas, sino que ayudaría a aliviar la presión asistencial que soporta ahora la ciudad autónoma. Pero lamentan chocarse continuamente con el bucle de la contradicción de Vivas, que clama por el colapso de la ciudad al mismo tiempo que impide la fórmula que permitiría destensarla. Y todo, con alrededor de mil niños y niñas que, según el cálculo de las administraciones, permanecen sin atender por falta de capacidad de acogida.

Desde el Ministerio aseguran que la propuesta de traslado no solo está vigente, sino que se ofrece de manera sistemática a los responsables locales de Infancia para ponerla en marcha “en cuanto den el 'ok'”. Aunque se muestran cautos a la hora de entrar al choque político con sus interlocutores de la consejería ceutí, de los que destacan su plena disposición a la búsqueda de soluciones, en el Gobierno existe el convencimiento de que se trata de un bloqueo que traspasa la responsabilidad tanto de los técnicos como del Ejecutivo de Vivas en su conjunto, atado de pies y manos por las directrices políticas de la calle Génova, a juicio del Gobierno central.

“No son capaces de darnos una razón o explicarnos qué pasa. Tan solo nos ponen excusas y nos trasladan que eso tienen que negociarlo. Y no sabemos con quién, pero nos lo imaginamos”, sostienen fuentes del Ejecutivo involucradas en primera persona en el dispositivo de coordinación ministerial que trabaja en Ceuta. Esta semana, la Cadena SER desveló un correo electrónico remitido el 28 de agosto en el que se daba traslado nuevamente de la propuesta y que no recibió respuesta. El Consejero de Presidencia de Vivas, Alberto Gaitán, aseguró en TVE no tener conocimiento de ese mensaje, pero insistió en la única idea que repite insistentemente el Gobierno ceutí y el PP de Feijóo: “Esta era una opción más, pero para nosotros la prioridad es la repatriación de menores”.

Los continuos choques con “un Vivas muy diferente”

La lectura política que se hace en el Gobierno de los choques con el presidente de Ceuta es que el Partido Popular ha encontrado un filón en la crisis migratoria en plena cuenta atrás de un año electoral. Y que esa presión de Génova se está llevando por delante el perfil de gestor moderado que hasta ahora ostentaba Juan Jesús Vivas. “La verdad es que nos hemos encontrado un Juan Jesús Vivas muy diferente al de 2021, cuando gestionamos codo con codo otra crisis migratoria muy grave también”, dijo en laSexta Pedro Sánchez este pasado lunes.

Lo que más sorprende en las filas del Ejecutivo es el giro de Vivas respecto a las devoluciones a Marruecos. Un cambio de posicionamiento drástico que es, además, constatable. Porque el 29 de julio de este año, el día antes del paso fronterizo masivo, el presidente de Ceuta afirmó durante una comparecencia institucional: “Puede existir la percepción de quien diga que, si llegan inmigrantes de manera irregular, ¿por qué no se devuelven? Pues hay que decir que porque, con la legislación en la mano, no se puede hacer. Quien lo haga estaría cometiendo un delito (...) Una condición necesaria para que el menor pueda retornar es que el menor quiera retornar. Y ninguno quiere retornar. Por tanto, es imposible, y ya sabemos lo que dijo el Supremo de lo que pasó en esta ciudad. En el caso de que los adultos soliciten asilo, y todos lo solicitan, ya no se pueden retornar al país de origen. Sencillamente, la ley no lo permite”. El vídeo continúa visible en las redes sociales oficiales del Gobierno ceutí.

Antes de que todo saltara por los aires los días 30 y 31 de julio, los posicionamientos del Ejecutivo de Vivas en el mismo sentido eran constantes. En septiembre de 2024, por ejemplo, el Partido Popular de Ceuta votó en contra en la Asamblea de la propuesta de Vox para instar al Gobierno “a activar los mecanismos necesarios para la repatriación inmediata de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma”. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, llegó a hablar de “temeridades ilegales” y reconoció que la ciudad había remitido 600 expedientes a Marruecos y no había sido respondido ninguno.

Ahora, el gobierno de la ciudad alega que se dan “nuevas circunstancias” por la entrada masiva de finales de julio y se pone sus ojos en la supuesta cobertura legal que otorgaría el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y el reglamento de Retornos. Según el PP, esas normas eliminan la opinión del menor a la hora de realizar o no su reunificación familiar, aunque la realidad es que ambas siguen exigiendo garantías individualizadas. Y, en cualquier caso, el reglamento no está en vigor.

Boicot a los emplazamientos

El otro gran campo de batalla política en la gestión de esta crisis tiene que ver con la búsqueda de emplazamientos. Ya a principios del mes de agosto, mucho antes de que Pedro Sánchez aceptara al fin la figura del mando único que reclamó Vivas desde el primer día, los departamentos implicados lanzaron la voz de alarma por el bloqueo a la búsqueda de plazas de acogida que encontraron en el gobierno de la ciudad. Las negociaciones entre el Ejecutivo ceutí y el Ministerio de Migraciones se prologaron días con vetos explícitos a poner carpas en el entorno del hospital militar, en la antigua fábrica de harinas o en las naves del Tarajal. Con argumentos siempre parecidos: rechazo de las asociaciones vecinales, presión de algunos empresarios con negocios en las zonas afectadas y portazo final de la propia administración local.

Cuentan en el Gobierno central que a menudo se han consensuado ubicaciones en reuniones al más alto nivel entre ambas administraciones y que, posteriormente, han sido boicoteadas. Y ponen el ejemplo de los 16.000 metros cuadrados del Puerto habilitados desde este viernes para acoger a 1.700 personas. Tras pactarlo, la autoridad portuaria se desmarcó con un informe desfavorable. Y entonces el Ministerio de Transportes tomó la decisión de manera unilateral. El nivel de desconfianza ha llegado a tal punto que, según ha podido saber elDiario.es de fuentes directas de los equipos ministeriales implicados, en algunos de los operativos desplegados en los últimos días para el realojo de personas migrantes se ha evitado trasladar información precisa a las autoridades locales con demasiada antelación por temor al boicot.

Y en mitad de ese clima, la situación de Ceuta, de los ceutíes y de las personas que se jugaron la vida a nado los días 30 y 31 de julio en busca de un futuro digno continúa lejísimos de solucionarse. El mismo viernes, tras la recepción de 1.700 personas en las naves del Puerto, el Gobierno actualizó los datos para asumir implícitamente, una vez más, su fracaso en la gestión. Las cifras oficiales hablan ahora de al menos 10.000 el número de personas migrantes que quedan en Ceuta. Muy lejos de las 2.000 que dijo el Ejecutivo a principios de agosto, de las 5.000 que apuntó Pedro Sánchez a principios de septiembre y, en cualquier caso, muchas más de las 6.000 plazas comprometidas y que ya están en marcha. Asegura el presidente del Gobierno que espera tener la situación arreglada a final de año.

“Sencillamente no se puede hacer”. Son palabras del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pronunciadas el 29 de julio, justo el día antes del cruce de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma. Entonces, el dirigente explicaba que no se puede devolver a todos los migrantes de forma inmediata porque eso es incumplir la ley —que es garantista y recoge excepciones—, una posición que difiere con la que su partido, el PP, ha mantenido en las últimas semanas.

Entonces, el presidente ceutí decía entonces que “con la legislación en la mano” no se podía retornar a su país a los migrantes directamente, pese a que se supiera que estos estaban en una situación irregular. “Entiendo que entre la población pueda existir esa percepción, pero sencillamente nadie lo puede hacer”, defendía Vivas. En esa misma rueda de prensa pidió un mando único y alertó de la “extrema presión migratoria”.

Por ello, el dirigente del PP advertía que quien devolviera a los migrantes sin seguir el procedimiento “estaría incumpliendo la Ley” y por tanto “cometiendo un delito”. De hecho, sobre el asilo, Vivas subrayaba que “en el momento en el que un adulto solicita asilo, y todos lo solicitan, ya no se puede retornar al país de origen. Imposible”.

En el caso de los menores, continuaba, recordaba que en Ceuta ya se devolvieron en el pasado a través de un convenio entre España y Marruecos y el Supremo condenó al Gobierno porque el procedimiento no se ajustó a las garantías de la legislación. “No es solamente por la legislación europea que lo prohíbe, también las convenciones internacionales que España tiene suscritas y que dicen que una condición necesaria para que el menor pueda retornar es que este quiera volver”, aseguraba el político del PP.

“Las personas que llegan a Ceuta, en su gran mayoría son adolescentes, ninguno quieren retornar. Por lo tanto es imposible”, zanjaba Vivas.

Su discurso tan solo un día antes contrasta enormemente con la posición actual del PP, que ha reiterado a lo largo de la crisis que los migrantes deben ser devueltos “todos”. Este mismo viernes, el propio presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que “la única solución es la expulsión y el retorno”, pese a las trabas enumeradas por Vivas en su discurso de julio. Igualmente, el líder del PP ha criticado que lo que sucede en Ceuta “no es inmigración” porque “los inmigrantes no se enfrentan a la policía” sino que “intentan buscar un trabajo, aunque sean regulares”, queriendo decir irregulares.

Otras figuras destacadas, como el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido en X “devolución inmediata” de los migrantes y la dimisión del Gobierno tras las imágenes de los traslados al Puerto de Ceuta de la madrugada de este viernes. En términos parecidos ha reaccionado la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que ha pedido devolver a “todos” los migrantes a Marruecos “en defensa de Ceuta, de España y de Europa”. A raíz de las imágenes del puerto, también la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de dejar “vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares”, mientras Ceuta queda “abandonada a su suerte”.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado citar como testigos tanto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como al ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en el marco de la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en esa ciudad los días 30 y 31 de julio.

Además, la magistrada ha solicitado a diferentes organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que hubieran emitido en relación con los hechos, los destinatarios de los mismos y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar. “Resulta de particular relevancia la diligencia que tiene como finalidad reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado”, explica.

Entre esos organismos incluye a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior: quiere que aporten “todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva” y que detallen que respuesta se dio.

Por otro lado, la jueza, en su auto, atiende a la práctica totalidad de la batería de diligencias que ha solicitado recientemente en un informe el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Las considera necesarias para el esclarecimiento de los hechos y para arrojar luz sobre quién está detrás de esa entrada masiva de migrantes. Así, explica que con la finalidad de identificar el origen de la convocatoria, reconstruir el proceso de difusión y coordinación y determinar la existencia de una dirección organizada de la movilización, se reclama al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que aporte su informe íntegro sobre la organización digital de esa entrada con una relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes.

También quiere la geolocalización y la identificación de los perfiles usados de Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada. En este sentido, ya adelanta que será necesario emitir las pertinentes comisiones rogatorias internaciones y las órdenes europeas de investigación a las propietarias de esos datos sensibles y personales: “Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación”. Quiere dar así con los números de teléfono usados, los canales, su contenido y los perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026. Para esas indagaciones concretas acuerda formar una pieza separada tecnológica que mantendrá bajo secreto.

Tardón, también quiere dar con los agentes dinamizadores que sobre el terreno pudieron alentar la entrada de migrantes en Ceuta, tal y como destacaba el informe del Cenif. Así, pide a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial que procedan “al análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores”. Quiere un informe individual de cada uno de los sujetos identificado. Esta diligencia se la remite, también, al CNI, al Cenif y a la Policía Científica por si pueden ayudar a la detección con sus bases de datos.

Por otro lado, sobre los uniformados que aparecen en las fotografías anexadas al informe principal de la Cenif, Tardón quiere conocer también sus identidades, el cuerpo concreto al que pertenecen, su unidad operativa, su graduación, las funciones desarrolladas y la actuación observada en cada uno de los episodios documentados. Quiere conocer, en lo posible, la cadena de mando operativa de las fuerzas marroquíes que estaba presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.

El brazo financiero de la operación

Tanto Alonso como la jueza ven conveniente también que la UDEF elabore un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada. A su juicio, ese documento debe analizar los movimientos económicos relevantes detectados en la zona, la utilización de sistemas informales de transferencia de fondos (como el sistema hawala, habitual en financiación de terrorismo yihadista), la contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada.

Y considera también necesario la elaboración de un informe relativo “a los traslados irregulares de inmigrantes desde Ceuta a la Península efectuados con posterioridad a los hechos investigados”. Quiere tener sobre su mesa la identificación de las embarcaciones utilizadas, los propietarios, patrones, y financiadores, las rutas empleadas y las personas beneficiadas por dichos traslados. Quiere también tener identificados los inmuebles, locales, garajes y viviendas utilizados como lugares de “alojamiento, ocultación o tránsito” de migrantes.

La magistrada, con el objetivo de dar con los planificadores de esa entrada masiva, acuerda que la Comisaría General de Información, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cnif) emitan un informe en el que que arrojen luz sobre “qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas, quiénes pudieron diseñar la operación, qué vínculos pudieran existir entre los diferentes niveles de actuación”. Quiere que ese informe se extienda en analizar “las similitudes existentes entre los acontecimientos ocurridos en Ceuta con otras entradas masivas, saltos o avalanchas acaecidos en los años 2021, 2024 y 2026, así como los vínculos que pudieran existir entre ellos”.

Sobre la petición de la Fiscalía de que se cite a otros “responsables y mandos operativos”, la magistrada entiende que ese testimonio puede resultar más útil y esclarecedor una vez se disponga de los informes que ha solicitado. Por eso, solo acuerda citar como testigos a Vivas para el 30 de septiembre y al ex jefe de Gabinete para el 1 de octubre. El mismo día 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es destacan que en el informe presentado por el Ministerio Público en ningún momento se incluía la petición de la testifical de Vivas o del ex jefe de Gabinete, por lo que Tardón ha adoptado esta decisión sin contar previamente con el criterio del fiscal jefe Jesús Alonso.

Las sillas de playa no estaban colocadas en dirección al sol; todas miraban hacia una pantalla gigante. Decenas de personas, rodeadas con banderas de España, montaron un picnic particular frente a la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma. Comían queso, jugaban a las cartas, bebían refresco, vino o incluso un gintonic en copa de balón, rodeados de pancartas y performance jocosas sobre los migrantes que malviven en la playa del Trampolín. El ambiente podría llegar a asemejarse a la previa de un partido de fútbol o de una conexión en directo donde los vecinos apoyan a un concursante de Operación Triunfo nacido en su ciudad, pero aquí están reunidos para ver El Hormiguero y aplaudir a su presidente, Juan Vivas.

Decenas de vecinos ceutíes se reunieron este lunes en la Plaza de los Reyes en lo que algunos llamaron su “15-M particular” para, además de pedir soluciones ante la prolongación de la crisis migratoria en la ciudad, que ellos califican de “invasión”, apoyar al presidente de la ciudad, Juan Vivas (PP), en su entrevista con Pablo Motos en el programa de El Hormiguero. Una pantalla gigante, coronada con una pancarta en contra del Gobierno de Pedro Sánchez —donde Vivas aparece vestido de Superman—, retransmitió para los vecinos el programa de televisión, entre aplausos e incluso lágrimas de los asistentes. El evento, financiado por empresarios locales, incluía también actividades infantiles, música y descuentos en las consumiciones.

A las 21:46 horas, Pablo Motos aparece en la pantalla y estalla la locura. Los ceutíes concentrados aplauden al inicio del programa y gritan “presidente” cuando el presentador anuncia la entrevista con Juan Vivas. Algunos incluso bailan y siguen la coreografía de la sintonía que da inicio al programa, pero los vítores aumentan cuando el líder del Gobierno ceutí aparece en pantalla. Cuando la cámara le enfoca, su público le recibe en la distancia como a una estrella de rock.

El patio de butacas al aire libre escuchaba atento cuando Vivas empezó a hablar. Sus primeras frases, convertidas en lemas entre una parte de los ceutíes, animó aún más a los asistentes que, orgullosos, repitieron algunas de las palabras del presidente.

“Lo ocurrido en Ceuta no era una crisis migratoria, sino una invasión en toda regla”, dijo Vivas. “Ceuta no se vende, se defiende”, añadió, una frase convertida en un cántico y un eslogan que empapela los comercios del centro de la ciudad y adorna las camisetas de muchos vecinos. Muchos visten camisetas en favor de la Legión o la Guardia Civil. Otros muchos, la camiseta de la Selección española. El clímax de la velada llegó cuando se abordó las relaciones con el país vecino.

Vivas señaló que no se puede externalizar la frontera en manos de Marruecos, y defendió apostar por un refuerzo de la frontera propio sin depender tanto del control marroquí. Como solución, Vivas apostó por la expulsión de todos los migrantes al recordar que la UE considera a Marruecos un “país seguro”. “Tan seguro como para organizar un Mundial de fútbol”, añadió. “¡Olé!” resonó entre copas de gintonic y tapas de queso.

Vivas destacó la “unión” del pueblo ceutí “sin importar credos u orígenes”, pero lo cierto es que elDiario.es no encontró a ninguna persona musulmana. Muchos vecinos de la periferia han expresado en las últimas semanas su preocupación ante la posible división que se está generando ante el enfoque de algunas de las protestas organizadas en el centro de la ciudad, donde se han denunciado algunas situaciones de acoso racista incluso contra personas ceutíes debido a sus rasgos.

“A los ceutíes nos han quitado todo: las playas, las fiestas de la ciudad, la feria medieval”, decía horas antes uno de los promotores y fundadores del evento, Ernesto Valero, mientras a sus espaldas las terrazas de la Plaza de los Reyes estaban repletas. Era un lunes, pero el ambiente del casco histórico parecía de sábado. El empresario dedicado a la electrónica explica que la convocatoria nació de un grupo que busca protestar ante la prolongación de la crisis en Ceuta.

Según asegura, varios empresarios han aportado una parte para hacerse cargo de la instalación de la pantalla, el DJ y las actividades infantiles. Entre los colaboradores figuran entidades como la Cámara de Comercio de Ceuta, medios locales como Ceutaaldia.com y firmas de moda como Intimissimi o Bimba y Lola.

“Los empresarios no podemos más, hay que sacar a Ceuta de esta situación. Por eso, en solo un día se ha conseguido organizar todo esto”, destaca el empresario. Desde la plaza, señala orgulloso la azotea de su casa, situada tras la Delegación del Gobierno. Su terraza está cubierta con una bandera de España luminosa. Pese a que habían calculado un presupuesto inicial de 8.000 euros, los empresarios ceutíes acabaron recopilando “unos 20.000” euros, añade Valero, quien en un primer momento dio el paso de adelantar los costes.

Antes del inicio del programa de Antena 3, los vecinos habían instalado varios puestos de comida, imitando los levantados en el principal asentamiento de migrantes de la ciudad, localizado en la playa del Trampolín. Esos puestos sirven a algunos de los migrantes para sacar algo de dinero y, a su vez, permiten a quienes duermen en el campamento improvisado comprar algo de comida sin tener que moverse por el resto de la ciudad, en un momento en que denuncian violencia por parte de las fuerzas de seguridad cuando no se encuentran en los asentamientos donde les permiten pernoctar.

Esta red de más de noventa comercios y empresas locales se ha unido para convertir la entrevista del presidente Juan Jesús Vivas en El Hormiguero en un acto público. Según el impulsor del evento, el Ejecutivo autonómico se ha limitado a tramitar los permisos de ocupación de la vía pública sin aportar fondos públicos. “Estamos con Vivas. Tenemos que apoyar a nuestro presidente”, defiende Valero.

Más de un mes y medio después de la entrada de más de 70.000 migrantes a Ceuta (de las que según el Gobierno quedan unas 5.000 personas en la ciudad, pero todo apunta que la cifra es muy superior), la lenta respuesta del Gobierno central y los choques con el Ejecutivo local para encontrar espacios donde acogerles ha prolongado una crisis humanitaria en sus calles, donde los asentamientos informales se han perpetuado en distintos puntos de la ciudad. La falta de plazas de acogida o traslados a la península aumenta las tensiones y el rechazo de la población local, generando una sensación de inseguridad entre los vecinos. Sobre ello, Vivas defendió que no se trataba de una “percepción”, como indicó el ministro del Interior, y destacó el incremento de llamadas recibidas por parte del 112 desde el pasado 30 de julio. Sin embargo, la mayoría de incidentes proceden de reyertas entre los propios migrantes o agresiones contra los marroquíes que aún malviven en la calle ante la imposibilidad de dormir bajo un techo de manera temporal, según fuentes policiales.

El tono festivo mutó cuando Vivas habló de la gestión del Gobierno central. Según indicó, Marlaska habló de “normalidad” en Ceuta hace semanas en una conversación informal con el presidente ceutí. “¡Sinvergüenzas!”, “¡mentirosos!”, espetaron varios espectadores sentados en sus sillas de playa. Mientras algunas de las personas presentes exigían la expulsión de los migrantes “por donde han entrado”, empezaba una nueva noche de redadas por las calles ceutíes. En el momento en que muchos coreaban “invasores, expulsión”, cuando otros tantos bromeaban con algunos de los puestos de comida creados en los asentamientos de migrantes, una vecina ceutí llamaba a elDiario.es entre lágrimas para avisar de un menor migrante que acababa de encontrarse golpeado en la calle. “Muchos solo repiten ”expulsión“ o solo ven ”invasores“, no ven lo que está pasando en la ciudad. No ven que son personas”, decía nerviosa la mujer después de dejar al chaval, evidentemente menor, en el centro sanitario.

Dos adjudicaciones millonarias en plena crisis migratoria que la ciudad autónoma de Ceuta acaba de formalizar sin publicidad previa y que han ido a parar a familiares directos de cargos de la máxima confianza del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Tal y como puede comprobarse en el perfil oficial de Contratación Pública, los dos contratos tienen fecha de 27 agosto, una de las jornadas más duras vividas en la ciudad desde la entrada fronteriza masiva del 30 de julio.

Ese jueves tuvo lugar el brote de violencia explícita más grave hasta la fecha. A las manifestaciones masivas que se convocaron bajo el lema “invasores, expulsión”, y que fueron secundadas por el propio Vivas y por el Partido Popular, les siguieron después ataques a la prensa y fuertes disturbios que incluyeron el bloqueo de ayuda humanitaria y el incendio de los asentamientos de migrantes en la playa de Benítez. Ese mismo día, dos viejos conocidos de Juan Jesús Vivas se garantizaron ingresos de varios millones de euros del presupuesto público.

El contrato más cuantioso de los que hasta ahora ha adjudicado durante la crisis migratoria el gobierno ceutí ha ido a parar a la empresa Absercon. En concreto, 3.267.698,08 euros para “obras de adecuación y habitabilidad de los espacios de acogida de menores motivada por la situación generada tras la entrada masiva de inmigrantes provenientes del Reino de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio de 2026”.

Según el boletín oficial del registro mercantil, el propietario y administrador único de Absercon es Bartolomé Sánchez-París Contreras, un hombre que forma parte incluso de un círculo personal cercano a Juan Jesús Vivas. Porque su hermano, Javier Sánchez-París Contreras, es un hombre de la máxima confianza del presidente y ostenta actualmente un puesto de asesor en el gobierno autónomo, donde desempeña el cargo de secretario administrativo de presidencia con un sueldo público de 35.635 euros. Ingresos que compagina con los de su trabajo en la federación ceutí de fútbol. Pero ese vínculo personal tan directo no se entiende sin la figura del padre de Bartolomé y Javier, Francisco Sánchez París, exjefe de gabinete de Vivas en la Asamblea de Ceuta entre 2006 y 2011 y amigo íntimo desde la infancia.

Hay un segundo contrato, de 2.483.175 euros, que también ha ido a parar a la empresa de otro familiar directo de un cargo de confianza de Juan Jesús Vivas. El mismo 27 de agosto, y también sin anuncio de licitación en el portal de contratación, se formalizó la adjudicación de un encargo de “mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza” para los espacios de acogida de menores. Y fue a parar a la Ferretería Doncel, un comercio local que, según el registro mercantil, dirige Manuel Jesús Doncel de Luna, primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta y otro de los hombres de máxima confianza de Vivas.

La trayectoria de Doncel está ligada estrechamente a la carrera política de Vivas. El presidente ceutí lo llegó a nombrar consejero de fomento de su gobierno en 2008 y, años después, su propio jefe de gabinete, dando cuenta de la máxima cercanía y confianza entre ambos. También Vivas fue quien lo nombró en 2019 presidente del Puerto de Ceuta, cargo que desempeña hoy día.

Contactados por este periódico, desde el gobierno ceutí admiten que se trata de dos contratos adjudicados sin publicidad y sin que otras empresas, locales o de fuera de Ceuta, tuvieran posibilidad de acceder a esas adjudicaciones. Pero niegan que el motivo tenga que ver con los vínculos familiares de los cargos de confianza del presidente.

“Los contratos se han tramitado al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite recurrir a la contratación de emergencia cuando una situación excepcional exige una actuación inmediata por parte de la Administración. Los días 30 y 31 de julio se produjo una situación extraordinaria que hizo necesario actuar con carácter inmediato para habilitar espacios de acogida, adecuar instalaciones y disponer de suministros y equipamientos en el ámbito de menores no acompañados. En estas circunstancias, la ley permite no acudir al procedimiento ordinario de licitación, precisamente para que los plazos administrativos no impidan dar una respuesta inmediata”, argumentan desde la ciudad autónoma.

Defiende el gobierno de Vivas que “la contratación de emergencia no supone ausencia de control ni de expediente administrativo” y que, en cualquier caso, está “respaldada por los informes técnicos y jurídicos del Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma, que justifica la necesidad de actuar por la vía de emergencia”. “Hay que distinguir entre la contratación ordinaria, que está sometida a los procedimientos de publicidad y concurrencia correspondientes, y la contratación de emergencia, que tiene un régimen jurídico específico. Esperar a una licitación ordinaria habría sido incompatible con la necesidad de respuesta inmediata que planteaba la situación”, concluyen.

El Gobierno central aprobó a finales de agosto una inyección de emergencia de 65 millones de euros y posteriormente anunció un plan de choque integral de 309 millones para responder de forma directa a la crisis migratoria. Un paquete económico, presentado a principios de septiembre de 2026 por el Consejo de Ministros, que representa aproximadamente el 16% del PIB de la ciudad autónoma y engloba tanto las medidas de emergencia iniciales como los planes de recuperación.

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“En los días previos, la situación era alarmante. Desde luego, no podíamos presumir que se iba a producir esa entrada masiva de 80.000 personas. Pero sabíamos, por los medios de comunicación locales, que en una semana habían entrado 1.500 personas, y que en una semana la acogida de menores había pasado de 180 a 800, un ambiente que indicaba que algo pasaba”. Así ha explicado este lunes en Madrid el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cómo vivió las horas previas a la entrada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

Vivas ha participado en un acto informativo en el hotel Four Seasons de la capital, rodeado por la plana mayor del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza y presentando al dirigente ceutí, y por un nutrido grupo de presidentes autonómicos del partido. De todos, el moderador solo ha elegido a Isabel Díaz Ayuso para que tomara la palabra.

En su presentación, el líder de la derecha ha sostenido que “el Gobierno actual está a la deriva” y que “no garantiza la seguridad del Estado”, y ha reiterado su petición de que sean deportados en bloque todos los inmigrantes que permanecen en Ceuta, pese a las limitaciones que impone la ley.

“Defender Ceuta no consiste en incendiarla, sino en protegerla para que esta crisis no acabe por destruirla”, ha sostenido Feijóo, que ha dado la palabra a un Vivas que ha dibujado una ciudad postapocalíptica a punto de la implosión social.

El presidente de Ceuta ha desvelado durante su intervención la conversación que mantuvo con el jefe del Estado en el Palacio de Marivent el pasado mes de agosto. Según el presidente ceutí, Felipe VI se comprometió ya entonces a realizar una visita oficial a Ceuta.

No es la única conversación que ha revelado Vivas. El presidente de Ceuta ha asegurado que Feijóo le dijo en una primera conversación tras la entrada masiva “que cuando está en juego la integridad territorial, la soberanía, lo más importante es defender la integridad y la soberanía por encima de cualquier cosa”.

“Una olla a presión”

“Ceuta ha dejado de ser lo que era. Es un trauma enorme”, ha sostenido Vivas, quien ha asegurado que sus conciudadanos “han perdido la tranquilidad y la alegría”. “Viven con el alma en vilo”, ha zanjado, a causa de las alrededor de 10.000 personas que permanecen en la ciudad autónoma desde los pasados 30 y 31 de julio.

Según Vivas, los ceutíes “han tenido que cambiar sus hábitos de vida”. “La crispación social crece por momento. Los altercados son continuos”, ha asegurado.

“La capacidad de acogida está sobrepasada”, ha dicho Vivas. “Ceuta se está llenando de albergues provisionales” y la gente se pregunta si “tendrá fin” o “será para siempre”.

“Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar” porque está en “una situación límite que no puede aguantar”. “Ceuta no tiene margen temporal”, ha explicado.

Vivas ha señalado a Marruecos y al Gobierno como responsables directos de la entrada masiva de personas. “¿Quién está detrás del golpe? Yo estoy convencido de que está Marruecos. Lo digo abierta y responsablemente, pero todos los indicios apuntan a eso”, ha asegurado Vivas, sin exponerlos. En su opinión, “Marruecos utiliza el control fronterizo y la presión migratoria como un instrumento al servicio de sus fines, para poner en jaque a un Estado miembro de la UE”.

Contra el Gobierno

Pese a ser responsable “del golpe”, las críticas de vivas se han dirigido contra otro actor: el Gobierno.

“El comportamiento del Gobierno no ha sido el adecuado. No ha estado a la altura de las obligaciones constitucionales. Ni antes, ni durante ni después” de la crisis, ha dicho.

Vivas ha abundado en que el Gobierno tenía la información pertinente para haber predicho lo que iba a suceder, aunque ha reconocido que él mismo no sabía de la magnitud de la crisis.

“En los días previos, la situación era alarmante. Desde luego, no podíamos presumir que se iba a producir esa entrada masiva de 80.000 personas, pero sabíamos por los medios locales que en una semana habían entrado 1.500 personas. Que en una semana, la acogida de menores había pasado de 180 a 800, un ambiente que indicaba que algo pasaba”, ha sostenido.

“Espero que la verdad se conozca en todos sus términos”, ha dicho.

Para Vivas, “la vuelta a la normalidad solo tiene un camino, el retorno a su país de origen a todos los que entraron y aún permanecen en la ciudad. No hay otra salida”. Una opción que pasa por saltarse la ley aunque Vivas ha defendido que “es una alternativa posible” que “solo supone voluntad política”. “Si se quiere y se pone medios, se hace”, ha zanjado.

Vivas ha reclamado que el Gobierno marque ya cuándo va a ocurrir: “Le pedimos al Gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad”.

“Quiero dar las gracias a los ceutíes por lo que han soportado, por la serenidad con la que han respondido y por haber demostrado, una vez más, que Ceuta puede ser un ejemplo de convivencia incluso en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo”. Así cerró el jueves el presidente Pedro Sánchez una de las comparecencias parlamentarias más delicadas en uno de los momentos más difíciles de sus ocho años de Gobierno. Fueron más de seis horas en el Congreso para responder a un mes de vértigo, con Ceuta golpeada por una entrada masiva de inmigrantes que dejó al Ejecutivo sin respuesta en pleno inicio de vacaciones. Seis horas de debate parlamentario que evidenciaron la soledad del capitán del barco ante la tormenta perfecta.

Solo 36 horas antes de esa cita clave en el Congreso, una información adelantada por El Español sobresaltó al presidente y a medio gobierno. Un informe policial enviado a la jueza que investigaba lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta apuntaba supuestamente a Marruecos como promotor de la entrada masiva de inmigrantes con la perversa intención de colapsar la frontera y los servicios sociales de la ciudad autónoma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sabía nada del informe y se movilizó ante un hecho que dejaba en ridículo al Ejecutivo español. Fue la madrugada más tensa tras un mes de sobresaltos casi diarios. “Estaban indignados y preocupados”, cuenta a elDiario.es una fuente próxima al Ejecutivo y conocedora de aquella situación. “Les estaban haciendo dudar y su preocupación no era tanto que aquella información policial complicara las relaciones con Marruecos, sino que habría que declarar poco menos que una guerra. Si hay un informe que tiene una prueba sólida, un mensaje, una llamada telefónica, algo que implique a un ministro del Gobierno marroquí en la organización o planificación de la entrada masiva de inmigrantes, te cambia la política exterior de este país para los próximos diez años”.

Entre la inquietud y la ignorancia, Sánchez, Marlaska y el resto de dirigentes del Ejecutivo que vivieron ese momento intentaron buscar una interpretación tranquilizadora. Alguien comentó que la información de El Español era incompleta. Que todo podía quedar, como al final ocurrió, en un informe policial sin pruebas definitivas y sin conclusiones claras. El documento, que conocieron horas después, no incluía ninguna afirmación sobre la participación directa del Gobierno de Marruecos en los hechos, pero hablaba de la posible connivencia de gendarmes marroquíes.

“Pero que diez agentes estuvieran en ello, como señalaba el informe, incluso demostrándose con pruebas de fuentes abiertas, no evidencia que el Gobierno de Marruecos ordenase, planificase o indujese la entrada masiva”, insisten fuentes del Ejecutivo. “El problema es de una complejidad extraordinaria pese a lo que cuenten supuestos expertos, porque cuando se producen los hechos el rey Mohamed VI está celebrando el Día del Trono a solo unos kilómetros de la frontera mientras decenas de miles de marroquíes cruzan la frontera gritando 'viva España' y repudiando al régimen marroquí. Vaya una manera de celebrar el Día del Trono promoviendo esta huida de sus compatriotas a suelo español”, ironiza un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro del Interior intentó en aquella madrugada tensa del 2 de septiembre conocer todos los detalles del documento policial que podía dejar en papel mojado la intervención que el presidente Sánchez preparaba para su comparecencia en el Congreso. Fernando Grande-Marlaska difundió una carta que había enviado a su director general de la Policía pidiéndole explicaciones. “Pero fue imposible saber nada a esas horas porque ni siquiera el DAO [Director Adjunto Operativo] de la Policía había visto el papel”, explican fuentes próximas al Ministerio del Interior. “No hay providencia o al menos no la hemos visto. Nos dijeron que la jueza había dado una orden verbal por teléfono para prohibir informar a los superiores sobre el informe que había pedido”.

Sánchez acudió más tranquilo al Parlamento. Defendió la gestión de su Gobierno e hizo equilibrios para no responsabilizar a Marruecos de lo que él mismo denominó como una “violación a la integridad territorial de España”. Sus explicaciones no convencieron a nadie. Recibió insultos y descalificaciones desde la derecha y la ultraderecha, críticas sin matices de sus socios parlamentarios y duros reproches desde los partidos a la izquierda del PSOE. Todos le acusaron de “pusilánime” por evitar un mínimo reproche al país de Mohamed VI. “Por responsabilidad”, explican dirigentes próximos a Sánchez consultados por elDiario.es, “un presidente del Gobierno no pueda traspasar ciertas líneas ni lanzar según qué acusaciones contra otro país aunque ello implique quedarse solo frente a todo el arco parlamentario”. Y Sánchez no traspasó esas líneas. “El Gobierno de España no se puede permitir especular y acusar a un Gobierno extranjero sin pruebas”, insisten.

En el Palacio de La Moncloa son conscientes de que manejan una posición perdedora, porque la mayoría ve la mano de Marruecos tras los graves sucesos del pasado 30 de julio cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta con el beneplácito de la gendarmería marroquí.

“No se trata de taparlo. El Gobierno nunca ha dicho tajantemente que Marruecos sea inocente por lo ocurrido”, explica otro alto cargo del Ejecutivo. “No hay pruebas sólidas y los hechos constatados son de cooperación. El retorno del 90% de los que entraron el 30 de julio y regresaron un día después fue posible gracias a la cooperación de Marruecos tras una llamada del Gobierno”, explica.

Sánchez bajó del atril cabizbajo mientras la bancada del PSOE le aplaudía puesta en pie. Cuando segundos después la presidenta del Congreso dio por concluida la sesión, el presidente se fue directo hacia Ángel Víctor Torres, el ministro elegido para ejercer el mando único encargado de lidiar con la crisis en Ceuta. Abandonaron el hemiciclo juntos, conscientes del amargo trago parlamentario pero decididos a mantener que, sin pruebas, un Gobierno no puede acusar a otro de hechos tan graves como los que propiciaron la entrada de más de 70.000 personas en un solo día a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

La “permisividad” que se atribuye a las fuerzas marroquíes y que acreditan las imágenes de la entrada masiva que se pudo ver en las televisiones de todo el mundo no es suficiente para responsabilizar a Marruecos. “Si tuviera pruebas de esa conducta”, explica otro dirigente socialista, “el Gobierno habría tenido que llamar directamente a la OTAN ante el riesgo prácticamente inevitable de un conflicto armado”.

Sin avisos previos, pero “Robles defiende a su gente”

“Lo sabía y lo tapó. Es un traidor”. La cantinela con la que PP y Vox zarandean a Sánchez desde hace semanas resonó en el Congreso. La entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma pilló por sorpresa al Gobierno. Los servicios de inteligencia no alertaron de esa posibilidad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se puso en contacto en los días previos a la crisis con Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, para alertarle de una creciente presencia de menores extranjeros en la localidad, consciente de que la ley no permite su expulsión, como en el caso de los mayores, y sus servicios estaban colapsados.

“Rubio se lo comunicó a Marlaska, que adoptó las decisiones policiales pertinentes. Pero en ningún caso Vivas, por mucho que cuenten, alertó sobre lo que venía. Ni mucho menos. Su gran preocupación eran los menores, de su falta de capacidad para atenderlos”, señala otra fuente del Ejecutivo.

Para apuntalar la idea de que no existían avisos previos de lo que venía, Sánchez anunció en el Congreso que desclasificará y facilitará todos los informes de esos días. Margarita Robles, ministra de Defensa, no aplaudió el anuncio del presidente. Alguien quiere ver los síntomas de un desencuentro irremediable. “El CNI”, cuentan desde el Ejecutivo, “no alertó sobre esa entrada masiva. Y el presidente es comprensivo con esa situación porque tampoco lo hicieron los servicios de inteligencia europea. Si un servicio extranjero conoce que ese ataque se va a producir, está obligado a informar a España. Nadie nos informó”.

Sánchez siempre apoyó la versión de su ministro del Interior frente al relato de la ministra de Defensa. “Margarita Robles estuvo en todo momento difundiendo una media verdad porque eso le permitía defender a su CNI. Siempre cierra filas con su gente. Pero Sánchez le adelantó que iba a hacer en el Congreso el anuncio de los dosieres para demostrar que nadie les avisó de la entrada masiva de inmigrantes y ella estuvo de acuerdo. Su actitud de no aplaudir cuando se produjo el anuncio no es muy distinta a la que mantiene en otras ocasiones. No le gusta ir al Congreso”, señalan fuentes parlamentarias. De hecho, Robles se ha borrado la próxima semana de las sesiones de control del Congreso y del Senado con dos decenas de preguntas de la oposición sobre la crisis de Ceuta. Algunas debía responderlas la ministra de Defensa y le tocarán a sus compañeros.

El 30 de julio era jueves y Sánchez tenía una cita el viernes en la sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la que se coordinan los trabajos para la extinción de incendios. El fuego en Madrid estaba casi controlado y se había retirado el nivel 3. Pero esa tarde del 30 de julio se desencadena en Ceuta una crisis de seguridad nacional porque han entrado decenas de miles de personas y Sánchez habla por teléfono con los ministros de Interior y de Defensa. Podría haber convocado un Consejo de Seguridad Nacional, pero en su lugar decide visitar Ceuta a la mañana siguiente.

“Se va a un territorio invadido, según los términos utilizados por Vox, donde no sabíamos exactamente qué pasaba. Algunos le dijeron que tuviera prudencia porque en Ceuta había decenas de miles de inmigrantes que habían cruzado la frontera. Pero el presidente habló el día anterior con Vivas, y el jefe del Ejecutivo ceutí le transmite la gravedad de la situación”.

Pese a la entrada de decenas de miles de inmigrantes, Interior informó al presidente que durante la noche no se produjeron incidentes graves en las calles de la ciudad autónoma. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí para pedirle que abriera la frontera y facilitara el regreso de decenas de miles de personas. “Marruecos se asustó como nosotros y aceptó”, señala una fuente del Ejecutivo. “Ese es el gran éxito y por eso no podemos culpar a Marruecos. ¿Nos pudo engañar? Sí, pero lo que nos transmitieron es que vino una riada de gente y no la pudieron parar, al igual que no la podíamos parar nosotros”.

“No fuimos conscientes de cuánta gente se quedaba”

La decisión de Sánchez de viajar el sábado al mediodía a Lanzarote para pasar las vacaciones en La Mareta —un gesto polémico y cuestionado a derecha a izquierda— fue un error de cálculo, cuentan fuentes del Gobierno. “No fuimos conscientes, porque no se veían, de cuánta gente se quedaba”, explican. Al constatar que había salido la mayor parte de los migrantes, el Gobierno consideró que se enfrentaba a “una crisis migratoria” como las de otras ocasiones, con unas 1.500 personas en la ciudad autónoma. “La sensación es que iban a salir todos. De ahí el comentario que escribe Óscar Puente en X. Pero había mucha gente escondida en el bosque y durante esa noche entre 1.000 y 1.500 niños fueron recogidos en casas de ceutíes. Al día siguiente solo se veía gente en la playa del Trampolín”.

Ese error de cálculo cogió a Sánchez de vacaciones. Su equipo remarca que La Mareta es una residencia oficial que cuenta con todas las medidas de seguridad y tecnológicas necesarias para estar presente en las conferencias telemáticas que hagan falta. Sánchez se mantuvo en contacto estrecho en todo momento con su equipo y tuvo decenas de llamadas diarias con Marlaska, Robles, la ministra de Migraciones, Elma Saiz o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuentan desde el entorno del presidente.

Los alojamientos agrietan la relación con Vivas

La comunicación fue fluida con Vivas, aunque los roces con el presidente ceutí se agudizaron cuando el Gobierno, muy tarde, comenzó a buscar alojamientos provisionales ante los miles de migrantes que se habían quedado en Ceuta. Fue un tira y afloja constante que produjo encuentros muy tensos con el Ejecutivo ceutí, que bloqueaba la ubicación de los migrantes en los lugares que le proponía el Gobierno.

Sánchez convocó el 25 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional e invitó, algo inaudito hasta esa fecha, al presidente de Ceuta. Vivas se plantó en esa reunión y reprochó a los presentes que en el listado aprobado por el Gobierno sobre los futuros espacios para alojar a los migrantes estaban diversos polideportivos de Ceuta. Sánchez respondió: “No te preocupes. No se habilitará ninguna ubicación sin el acuerdo de la ciudad autónoma”.

El rechazo de Vivas es aceptado por todos. “Pero y si mañana graniza o diluvia en Ceuta, ¿dónde metemos a esas personas?”, se pregunta un alto cargo ministerial. “Habrá que buscar un sitio con techo”.

Ese mismo día, el presidente de Ceuta proclamó poco menos que se encadenaría a un polideportivo —“a mí y a los que vengan conmigo nos tendrán que sacar de los polideportivos”, declaró— antes que dejar que se utilicen para acoger a inmigrantes. “Y eso”, opina un dirigente del Gobierno que conoció aquellos hechos, “es la cerilla en el bidón de gasolina que provoca los altercados más serios que hemos vivido, que provoca que un grupo de vecinos impida que la Cruz Roja, en el reparto de alimentos de las siete de la tarde, entregue comida a los migrantes en uno de los tres puntos habilitados”.

Sánchez, explica, ya se había comprometido en persona con Vivas para que todos los nuevos alojamientos serían acordados previamente con el Ejecutivo autónomo, como finalmente ocurre aunque con nuevos contratiempos.

El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se reunió el viernes para tratar la cesión de terrenos en el muelle de Poniente donde instalar los campamentos de acogida de inmigrantes. Solo votaron a favor los cuatro representantes del Gobierno central en ese organismo. Los 11 vocales elegidos por la ciudad autónoma, entre ellos el presidente del Puerto, los sindicatos, la cámara de comercio y los empresarios, rechazaron ceder esos espacios. Un nuevo obstáculo que complicaba la gestión de la crisis. Finalmente el sábado el Gobierno decidió tomar el control del muelle de forma unilateral, pese al rechazo de Vivas, para poder levantar allí los alojamientos para los migrantes.

“La derecha, y es muy lamentable, no quiere que se normalice la situación en Ceuta y va a poner todo tipo de obstáculos para que podamos solucionar los problemas generados en esta crisis”, vaticina un miembro del Gobierno.

El rey Felipe y la inoportunidad de una visita a Ceuta

La misma tarde del 30 de julio que Sánchez decidió visitar la ciudad autónoma tras hablar con Vivas y con sus ministros sobre la entrada masiva de inmigrantes, su gabinete informó a Casa Real sobre las intenciones del presidente. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en esa conversación y tras conocer que Sánchez se iba a desplazar a Ceuta al día siguiente Casa Real sugirió que “cuando sea oportuno” el monarca podría visitar Ceuta. “Ni anuncian que van a visitarla ni piden ir a visitarla. Pero, ¿era oportuno? Obviamente no. Ellos saben que la última vez que ocurrió, en 2007, hubo una crisis diplomática. ¿Es el momento de añadir otra crisis diplomática? La Casa Real sabía que no podían ir”, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

El choque soterrado entre instituciones se agrava con la reunión que el rey mantiene en el Palacio de Marivent (en Palma) con el presidente Vivas. No tanto por la visita sino por la información que trasladaron algunos medios en aquel momento. Fuentes socialistas sospechan que la Casa Real comentó a algunos periodistas que si el rey iba a recibir a Vivas en Marivent y no había acudido a Ceuta pese a las dificultades que atravesaba la ciudad autónoma era porque Sánchez se lo había prohibido. OKDiario tituló así: “El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió”, atribuyendo la información a fuentes de toda solvencia. “Esa información era mentira”, señala un alto cargo de Moncloa.

A la búsqueda de autor

A la espera de que la investigación policial y judicial avance, el Gobierno enmarca lo ocurrido en la influencia de las nuevas tecnologías y los mensajes difundidos a través de las mismas. Moncloa sí cree que hay un responsable, pero aún no sabe quién es y tratará de que los servicios secretos españoles se formen más en el análisis de esas redes sociales.

Sánchez y su equipo confían en que pronto se consiga un alojamiento digno para las personas que aún deambulan por Ceuta, se aceleren las repatriaciones y la crisis amaine.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, ha decidido firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes que aún siguen en situación de calle en la ciudad autónoma. El anuncio se produce a pesar de la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios

La orden del Ejecutivo permitirá, por un lado, continuar con los trabajos de instalación de tiendas temporales que fueron frenados el viernes por responsables del puerto de Ceuta y, al mismo tiempo, autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados. La zona está situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto ceutí.

El Gobierno ya ha comenzado este sábado a acondicionar la explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes que están acampadas en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmena. Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado en una zona de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. Además, en el entorno de esta explanada hay instalaciones como las del Banco de Alimentos, Dúcar, Endesa o la empresa de vehículos Aubensa.

La decisión del Gobierno, que ha adelantado El País y ha confirmado después elDiario.es, llega pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase este viernes en contra de ceder terrenos para la instalación de un recurso provisional de acogida en la zona para estas personas migrantes. Más de un mes después de la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad —de las que han regresado a Marruecos la mayoría según el Ministerio del Interior—, la emergencia humanitaria continúa con cientos de menores sin protección y miles de adultos viviendo a la intemperie, en condiciones insalubres, comida insuficiente y riesgo de agresiones.

Según recogió Ceuta al Día, el resultado de la votación fue de 11 votos en contra y 4 a favor. En contra, se pronunciaron los miembros de la ciudad, los sindicatos, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel. A favor, han votado los cuatro representantes del Estado: Abogacía del Estado, Puertos del Estado, Capitanía Marítima y Delegación del Gobierno.

La decisión se produjo pocas horas después de que más de un centenar de ceutíes se manifestasen en contra de esta instalación en una ubicación que los concentrados rechazan al considerar que se trata del “cordón umbilical de Ceuta”. Durante la concentración, los asistentes han reclamado “retornos ágiles y efectivos ya” y han defendido que los esfuerzos materiales y humanos destinados a la acogida de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad se dirijan a reforzar los servicios de triaje y la tramitación de las solicitudes de asilo.

La movilización se ha sumado a las protestas que se vienen sucediendo desde hace varias semanas en distintos puntos de la ciudad contra la instalación de recursos provisionales de acogida. Cada vez que trasciende una nueva ubicación, vecinos de la zona afectada salen a la calle para mostrar su rechazo a la decisión, una situación que está dificultando la búsqueda de espacios para sacar de la calle a los miles de migrantes que continúan en Ceuta.

Un plan de choque, un Consejo Extraordinario de Seguridad Nacional y un mando único operativo. El Gobierno da un volantazo en su discurso y acelera al fin su respuesta a la crisis de Ceuta coincidiendo con la apertura del curso político y con la vuelta de vacaciones de Pedro Sánchez. Casi un mes después de que 80.000 personas cruzaran la frontera del Tarajal, y con miles de ellas aún en las calles de la ciudad autónoma, el Ejecutivo atiende ahora una petición que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, reclama desde el pasado 1 de agosto: centralizar la toma de decisiones y la coordinación operativa en una sola persona para hacer frente a una situación de evidente emergencia.

Formalmente será este martes cuando el Consejo de Ministros que se celebrará tras el Consejo de Seguridad Nacional —convocado por el presidente de manera extraordinaria— nombre al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como coordinador de la situación en Ceuta. Así que será Torres quien, de ahora en adelante, “dirija y coordine las actuaciones de todas las administraciones públicas implicadas”. Una decisión que el Ejecutivo admite que ayudará a la gestión de la crisis migratoria, de seguridad y fronteriza que atraviesa la ciudad autónoma.

“Esta figura permitirá dotar de más agilidad la toma de decisiones y la puesta en marcha de todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para atender con inmediatez cualquier necesidad”, reza un comunicado de la Moncloa como argumento a la aceptación del mando único reclamado por Vivas, que ya trasladó a Pedro Sánchez esta demanda al inicio de la crisis. “Necesitamos un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata”, dijo hace 25 días el presidente ceutí. Hasta ahora, el Gobierno central había defendido que esa coordinación ya existía y que todos los recursos disponibles estaban movilizados.

Además del ministro Torres, formarán parte del comité del mando único representantes de la ciudad autónoma como el propio presidente, Juan Jesús Vivas o el delegado del Gobierno, así como el CNI y los departamentos implicados en la crisis: Defensa, Interior, Migraciones y Seguridad Nacional, que depende de Presidencia del Gobierno.

Por el momento, ni en público ni en privado se ofrecen desde la Moncloa explicaciones sobre este cambio de postura que viene a admitir de manera implícita que el ejecutivo ceutí tenía razón y que el Gobierno central llega tarde al no adoptar la decisión hasta que no ha vuelto la actividad política a la Moncloa, que este martes celebrará su primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. A preguntas de los medios de comunicación, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se limitó a argumentar este lunes que la crisis, a juicio del Gobierno, ha cambiado de fase. “Ya no hablamos solamente de una crisis de seguridad y por eso ahora es aún más importante la coordinación entre administraciones”, dijo Cuerpo durante su comparecencia en Ceuta.

En la ciudad autónoma se reunió el vicepresidente económico con Juan Jesús Vivas. Y fue durante ese encuentro durante el cual le dio traslado de una decisión que, en realidad, el Ejecutivo llevaba considerando, al menos, desde el pasado viernes. La reunión sirvió, además, para comprometer “medidas de choque” que amplíen el Plan Socioeconómico aprobado en 2022 y hacer frente al 'shock' que ha supuesto la crisis humanitaria en la actividad de la ciudad.

“Creemos que las circunstancias actuales exigen ir más alla y por eso planteamos la ampliación de este plan”, apuntó Cuerpo, que cifró en 180 millones de euros el dinero movilizado hasta la fecha. El objetivo de esta ampliación de recursos, expuso el titular de Economía, será triple: el refuerzo de la seguridad urbana y fronteriza, la gestión de los retornos de los migrantes presentes en Ceuta y el fortalecimiento de los servicios públicos en el enclave. “El Gobierno va a poner todos los recursos necesarios a disposición de las instituciones y de los ciudadanos ceutíes, que deben sentir al Estado como lo hacemos aquellos que estamos en la península”.

Consejo de Ministros y actividad parlamentaria

El volantazo en la gestión de la crisis de Ceuta llega justo cuando el calendario político marca el fin del descanso estival. Este martes se reunirá ya por primera vez en el nuevo curso el Consejo de Ministros, con un orden del día centrado principalmente en las respuestas a la ciudad autónoma y también a las poblaciones afectadas por los incendios de este verano. Antes, a las 9 de la mañana, se reunirá la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional que adoptará el mando único. Y al Congreso volverá también la actividad paarlamentaria.

La titular de Defensa, Margarita Robles, será la primera de los ocho ministros y ministras que comparecerán en la Cámara Baja durante la próxima semana para dar cuenta de la responsabilidad de sus respectivos departamentos en la crisis de Ceuta. Todos ellos deberán hacer frente a la ofensiva sin cuartel de la oposición, que ha encontrado además un filón en la crisis migratoria, y a las propias contradicciones y falta de explicaciones del propio Ejecutivo.

Entre las preguntas que aún quedan por contestar desde el Gobierno se encuentra el papel de los servicios de inteligencia, que aseguran en Moncloa que no informaron de la posibilidad de una entrada masiva de migrantes como la del 30 de julio. También está por explicar si España otorga o no alguna responsabilidad al Gobierno o a la monarquía de Marruecos, a quien hasta ahora el Ejecutivo se afana por exculpar y por ensalzar su labor de cooperación fronteriza. Y cuáles son los planes de ahora en adelante en la gestión de un flujo migratorio que desborda Ceuta y que ministros como el del Interior, Exteriores o Justicia se comprometieron públicamente en retornar al país vecino. Un horizonte que Moncloa ya asume como imposible.

Y al decimoctavo día, llegó el acuerdo. El Gobierno central y el de la ciudad autónoma de Ceuta alcanzaron este lunes al fin un punto de encuentro sobre la ubicación de los nuevos emplazamientos de acogida para personas migrantes. En total, 1.500 plazas para aliviar la situación de la ciudad autónoma y, sobre todo, de las miles de personas que sobreviven desde el 30 de julio a la intemperie, en playas, parques o montañas, sin un lugar asignado al que acudir para dormir o poder asearse.

El ansiado paso lo anunció la ministra de Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en visita oficial a Ceuta para reunirse con Juan Jesús Vivas. “Son plazas de acogida humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Creo firmemente que la colaboración entre administraciones es fundamental para devolver a Ceuta a la normalidad”, dijo la ministra, que no quiso entrar en ningún momento al choque que propuso el propio presidente ceutí a primera hora, cuando lanzó un ultimátum al Gobierno: o resuelve la crisis en 30 días, o lleva la situación de la ciudad a la justicia.

“El Gobierno tiene medios y capacidades para que la ciudad vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Ante esta evidencia, los ciudadanos se preguntan cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida. O es ineptitud, o es irresponsabilidad, o es que no se quiere molestar al vecino”, apuntó Vivas, que adelantó su intención de dirigirse al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional e incluso a las Cortes Generales.

Aunque en la Moncloa hay orden de no entrar a la confrontación pública con el gobierno de la ciudad autónoma mientras dure la crisis, en privado desde el Ejecutivo sostienen que si la respuesta de las administraciones públicas a la emergencia va con retraso es, en gran medida, por la falta de colaboración que achacan al ejecutivo ceutí del Partido Popular. “No vamos a entrar en ninguna escalada dialéctica porque estamos para resolver problemas, no para crearlos. Pero este Juan Jesús Vivas tiene poco que ver con el Juan Jesús Vivas con el que gestionamos codo a codo la crisis de 2021. Entonces puso todos sus medios a disposición del operativo para atender a 10.000 personas y esta vez no ha sido así aunque el número sea parecido”, sostienen en el Gobierno central. El presidente ceutí, en cambio, ha acusado en sus declaraciones públicas al Ejecutivo de “tratar de descargar y eludir la responsabilidad echándole la culpa al Gobierno autonómico”.

La sensación en Moncloa, de hecho, es que la presión de la ultraderecha y el auge de la ola antimigración que recorre España, Europa y buena parte del mundo ha cambiado la forma de afrontar esta crisis por parte del presidente ceutí, que hasta ahora era ensalzado en las filas gubernamentales como uno de los dirigentes territoriales del PP con los que resultaba más sencillo coordinarse. No ha sido así en esta ocasión.

Además de un tono especialmente duro hacia las personas migrantes, a las que acusa de protagonizar una “invasión” de Ceuta, en el Gobierno achacan a Vivas los palos administrativos que ha puesto en las ruedas de la administración central y que han entorpecido una respuesta a tiempo. Y destacan como ejemplo el caso del Puerto de Ceuta.

“La semana pasada hubo una reunión al más alto nivel entre las dos administraciones en la que se pactó que se dedicarían 16.000 metros cuadrados del Puerto a instalar un emplazamiento que saque de las calles de la ciudad a miles de migrantes. Se llegaron a contratar parte de esos trabajos y, cuando llegó la hora, el presidente de la Autoridad Portuaria (que depende de la ciudad autónoma) denegó el permiso”, relata otra fuente del Ejecutivo que forma parte de los equipos ministeriales al frente del dispositivo.

Y no es así solo en el caso del Puerto. En la última semana, aseguran que se han negado ubicaciones como el entorno del hospital militar, la antigua fábrica de harinas y las naves del Tarajal, además de la propia zona portuaria. Y las razones siempre han sido parecidas: rechazo de las asociaciones vecinales, presión de algunos empresarios con negocios en las zonas afectadas y portazo final de la propia administración local. “Entendemos que el presidente de Ceuta está también muy presionado y que ahora mismo el rechazo a la inmigración cala en una parte de la opinión pública y es estratégico en el PP. Pero es que Vivas nos está pidiendo un imposible: que nos encarguemos nosotros de todo, pero boicoteándonos el proceso. Y esas personas no van a desaparecer, por más que lo pidan”, defiende el Gobierno.

En efecto, el mensaje del PP nacional y del propio presidente ceutí es cristalino: lo que quieren es que todas las personas migrantes abandonen Ceuta, sea cual sea su situación o condición. “Todos aquellos que entraron de manera irregular, sean menores o adultos, deben volver a Marruecos”, dijo el lunes por la mañana en rueda de prensa en Génova la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra. Un discurso que se parece en realidad al de algunos ministros del Gobierno que han endurecido el tono contra la inmigración irregular y que, en cualquier caso, es calcado al del presidente ceutí. “Retorno a Marruecos, ninguna regularización, ningún asilo y ningún traslado a la Península”.

Pero la legalidad nacional e internacional y el propio proceso administrativo, que protege a menores no acompañados y a demandantes de asilo, va por otro lado. Por el momento, la administración central se vuelca en dar respuesta a la crisis derivada de la cantidad de menores migrantes no acompañados que se agolpan en Ceuta desde la crisis fronteriza. La prioridad es poder censarlos a todos y estudiar uno a uno sus casos para ver quiénes pueden ser devueltos a sus familias, en virtud del acuerdo bilateral que existe entre España y Marruecos, quiénes pueden acceder a una reagrupación familiar por parentesco directo en la Península o en otro país de la UE, o quiénes tienen que entrar directamente al sistema de acogida de menores que implica al conjunto de comunidades autónomas.

Por otro lado, están los mayores de edad demandantes de asilo, en su mayoría personas de origen subsahariano que han solicitado formalmente permiso para permanecer en España porque huyen de algún conflicto bélico o porque son víctimas de persecución por motivaciones políticas o ideológicas. Y todas ellas están amparadas por el ordenamiento jurídico para ser acogidas en territorio español mientras dure el proceso. En cualquier caso, un trámite burocrático largo y tedioso, que en muchas ocasiones acaba en la denegación de la solicitud de asilo y en la orden de expulsión.

Lo que está claro es que para dar respuesta a una crisis de entre 8.000 y 10.000 personas migrantes que no solo esperan en las calles de Ceuta una respuesta a su situación administrativa, sino también a su necesidad de comer, beber, ducharse o dormir bajo techo, las 1.500 plazas anunciadas este lunes por el Gobierno se quedan muy cortas. Esos nuevos emplazamientos han sido fijados finalmente en el parking del embolsamiento (Loma Colmenar), que pertenece a la ciudad autónoma, y en las instalaciones de La Hípica, el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería y el espacio de El Guano, éstas ya de titularidad estatal. Está previsto que de manera inminente empiecen los trabajos para acondicionar estos emplazamientos para la acogida. Y todas las administraciones asumen que será necesario reforzar el número de plazas si se aspira a estar, por fin, a la altura de la histórica crisis que se afronta en la ciudad de Ceuta.

El Gobierno va a hacer un último intento de acordar con el PP la reforma del sistema de acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas. Será el viernes, en la conferencia de presidentes. Fueron los presidentes del PP los que reclamaron que formara parte del orden del día, pero los propios barones reconocen ahora la improbabilidad de cerrar un pacto. Ante esa vía muerta, el Ejecutivo negocia “desde hace semanas” con Junts para aprobar la reforma con la mayoría de la investidura en la primera parte de 2025.

Así lo afirmaron este miércoles fuentes gubernamentales en conversación informal con los periodistas en el Palacio de la Moncloa. Los ministros implicados en la negociación –el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la de Infancia, Sira Rego– señalaron la cerrazón del PP y la necesidad de reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para sistematizar la solidaridad interterritorial con las regiones a donde llegan los menores migrantes así como para determinar qué parte deben financiar las comunidades y cuál el Gobierno central.

Dicha reforma ya se intentó el pasado verano, pero el voto en contra de Junts, PP y Vox impidió aprobar la propuesta. Desde entonces, la situación de los chavales que han llegado desde Mauritania o Marruecos a Canarias y Ceuta no ha hecho más que empeorar. El Gobierno se ha reunido en múltiples ocasiones con las partes implicadas sin lograr ningún avance.

La última cita multilateral se celebró el pasado 5 de diciembre a convocatoria del Gobierno y con presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el de Ceuta, Juan José Vivas, y una delegación del PP encabezada por el portavoz parlamentario, Miguel Tellado. La reunión acabó con un sonoro fiasco ante el bloqueo total del primer partido de la oposición. 

Clavijo, cuyo socio de gobierno en Canarias es el PP, evitó a los periodistas a la salida. El pasado mes de marzo, el líder canario pactó una reforma del artículo 35 con el Gobierno, pero se encontró con el rechazo del partido de Alberto Núñez Feijóo. A la vuelta del verano, Clavijo optó por firmar un documento con el propio Feijóo. Tampoco ha servido para desencallar las negociaciones.

Vivas, del PP, también intentó escapar de la prensa, pero no pudo. En una breve declaración dijo preferir no señalar culpables, pero zanjó: “Creemos que es necesaria la modificación del artículo 35 de la ley”.

En dicha reunión estuvo también un representante del Ministerio de Hacienda para hacer ver al PP que el Gobierno está dispuesto a financiar el nuevo sistema de solidaridad interterritorial. Algo que formaba parte de las condiciones iniciales del PP. Pero los de Feijóo han adoptado una posición de máximos a medida que desde el Ejecutivo se asumieron algunas de sus peticiones, y ahora no están dispuestos a firmar un acuerdo si el Ejecutivo no asume íntegramente su política migratoria, tal y como expuso el propio Tellado a los periodistas.

De hecho, la dirección nacional del PP entró a la reunión del 5 de diciembre presumiendo de acudir en representación de 12 comunidades autónomas, pero cuando los ministros pusieron sobre la mesa datos concretos de reparto de menores y de millones de euros, Tellado dijo que esas cuestiones debían dirimirse con los presidentes autonómicos. Todo en plena pugna con Vox, que tras salir de los gobiernos autonómicos que compartía con los populares –aún mantiene acuerdos en decenas de ayuntamientos– amenaza ahora con dejar sin presupuestos a las regiones gobernadas en minoría por el PP si aceptan la acogida de los chavales que llegan solos a España.

Con los líderes autonómicos se reunirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en Santander. Pero las expectativas de cerrar un acuerdo en una materia que fue el propio PP quien se empeñó en incluir en el orden del día son nulas. Así lo expresaron este miércoles los ministros responsables de la negociación. Pero también los dirigentes autonómicos del PP consultados por elDiario.es.

Rearmar la mayoría de la investidura

Si el viernes se constata el fracaso de la negociación, las partes más interesadas en impulsar un acuerdo cambiarán de estrategia. Y todas las miradas se vuelven a Junts, cuyos siete votos son los que faltaron en abril para, sumados al resto de la mayoría de la investidura, aprobar la reforma.

El propio Clavijo ha dicho que tiene preparada una propuesta con la que intentar atraer a los de Carles Puigdemont. Pero el propio Gobierno negocia con Junts la reforma de la ley de extranjería desde hace “semanas” dentro de un paquete más amplio que incluye los Presupuestos de 2025 o la transferencia a Catalunya de ciertas competencias en materia de inmigración.

El Gobierno también insistirá con los presidentes autonómicos del PP. La ministra Sira Rego ya anunció su intención de convocar una conferencia intersectorial de Infancia con las comunidades. La previsión es que se celebre en enero, y la ministra acudirá a ella con la propuesta que llevó Clavijo a la reunión del pasado 5 de diciembre, así como el compromiso de que la financiación no será un problema. El pasado mes de julio el PP ya pidió más dinero.

Lo que sí descarta el Gobierno es hacer la reforma por real decreto-ley ante el riesgo cierto de que el Tribunal Constitucional pueda tumbarlo por no ser un mecanismo válido para modificar las competencias autonómicas. Se hará como proposición de ley.

En el Gobierno también son conscientes de que la fórmula más adecuada pasa por contar con el apoyo del PP que, hoy por hoy, controla la mayoría de las comunidades autónomas que deberán luego aplicar el sistema. Los ministros saben que, si logran aprobar la reforma, la batalla solo cambiará de escenario: del Congreso a los tribunales.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha adoptado el discurso racista del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ante la competencia electoral abierta en la derecha. A su regreso de vacaciones, el regidor catalán señaló en Twitter a un grupo de migrantes como futuros delincuentes. “Se viven situaciones que todos vemos, pensamos y algunos escriben”, respaldó la secretaria general, Cuca Gamarra. Pero a 1.000 kilómetros de distancia, en uno de los epicentros de la “crisis humanitaria” que denuncian y con índices de multiculturalismo mucho mayores, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también del PP, plantea la acogida y el trato humanitario a quienes entran a España de forma irregular.

“Cuando lleguen a Barcelona se repartirán por las ciudades del entorno, entre ellas supongo que #Badalona. Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo”, dejó escrito Albiol este mes de agosto mientras desembarcaba del ferry que le trasladó desde Ibiza a Barcelona y en el que supuestamente coincidió con un grupo de hombres marroquíes musculados. Luego inició una gira por las televisiones a refrendar su tuit para dejar claro que no se le había calentado la mano.

Ningún dirigente del PP replicó en los primeros días las palabras de Albiol. De hecho, fueron varios los que defendieron su derecho a expresar su opinión, hasta el respaldo definitivo de Gamarra. La ‘número dos’ de Alberto Núñez Feijóo asumió el señalamiento como algo que “todos” ven y piensan, pero que solo algunos “escriben”.

Una de esas personas que dicen lo que “todos” ven es el propio Feijóo. El líder del PP azuzó durante la campaña de las elecciones catalanas un discurso xenófobo que relacionó expresamente a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad. Su portavoz nacional, Borja Sémper, refrendó las palabras de su jefe de filas, quien insistió luego ante las elecciones europeas. La irrupción de Alvise Pérez empujó al PP a redoblar la apuesta: “Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad”.

El giro del PP llegó antes del pasado mes de mayo. Feijóo ya recuperó en enero a Albiol para la dirección de campaña. El regidor de la tercera ciudad más poblada de Catalunya ha edificado toda su carrera política, que dura ya casi dos décadas, precisamente sobre los cimientos del discurso racista desde que en 2007 intentó el asalto a la Alcaldía por primera vez.

En 2011 la logró y, salvo momentos tácticos puntuales, nunca ha abandonado sus diatribas contra los extranjeros. En aquella campaña centró sus ataques en las personas procedentes de Rumanía, a los que tachó de “plaga que solo ha venido a delinquir” y puso a competir a sus conciudadanos: “Quien lleva años pagando impuestos accede a las ayudas por delante de quien acaba de llegar”.

Como alcalde hizo muy buenas migas con el hoy dirigente de Vox Jorge Buxadé, quien facturó decenas de miles de euros a una fundación opaca con participación municipal, que lo acabó contratando. Buxadé fue portavoz del partido ultra y dedicó buena parte de sus intervenciones a criminalizar a las personas migrantes. En la reciente campaña de las elecciones europeas dijo: “Marruecos vacía sus cárceles y manda a los delincuentes a Europa”.

Albiol alcanzó su máximo índice de conocimiento a nivel estatal en 2015, cuando vio peligrar el sillón de alcalde, y buscó la reelección bajo el eslogan “limpiando Badalona”.

No lo logró y una candidatura de confluencia de izquierdas se hizo con el poder en la localidad, pero la ingobernabilidad del pleno municipal provocó distintos cambios de gobierno hasta que el político del PP recuperó el bastón de mando. Solo brevemente: su nombre apareció en los llamados “Pandora Papers” relacionado con una sociedad de Belice que operó en Andorra y que estuvo activa durante su primer mandato.

Para recuperar la Alcaldía de la principal ciudad catalana que nunca ha gobernado el PP, Albiol bajó el tono durante la campaña de 2023. “No quiero cambiar tu ideología, quiero cambiar Badalona”, fue su eslogan. La supuesta moderación le ha durado poco.

En Badalona vivían 36.560 extranjeros en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por la Generalitat de Catalunya. Un 16% del total de la población que el INE determinó para la ciudad ese mismo año.

En lugar de seguir a Albiol, si quisiera, el PP podría adoptar el discurso de otro gobernante en la otra punta de España. Ceuta es una ciudad de 18,5 kilómetros cuadrados, ubicada en el norte del continente africano y atravesada por una valla metálica que la separa de Marruecos. Sus autoridades presumen de la estrecha relación en la que conviven ciudadanos de cuatro religiones: la cristiana, la musulmana, la judía y, en menor índice, la hindú. Los habitantes musulmanes conforman en torno al 40% de la población. 

Este martes, en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, recibió una pregunta que parecía incomodarlo. Le pedían una valoración del tuit xenófobo de su compañero de partido que ligaba criminalidad con inmigración.

Aunque el líder ceutí evitó dar una respuesta directa, su postura quedó clara. “En Ceuta hemos hecho del respeto y la convivencia una manera de ser y de vivir. En Ceuta, el sentimiento de pertenencia a España lo tenemos todos los ceutíes, pensemos como pensemos, recemos como recemos y nos llamemos como nos llamemos. Soy un firme convencido de que la convivencia nos hace mejores, más abiertos, más tolerantes. Nos enriquece desde el punto de vista cultural, nos hace más humanos, mejores personas”, dijo.

Vivas subrayó después: “Si usted compara este discurso con lo que ha manifestado el señor Albiol, pues ya puede sacar conclusiones acerca de lo que pienso”. Por si quedaban dudas sobre su discurso, añadió: “La experiencia nos demuestra que la diversidad es fuente de enriquecimiento, no de empobrecimiento”.

No fue una entrevista aislada, es el discurso que viene manteniendo Vivas durante los últimos años que evidencia la diferente manera de hacer política de dos cargos públicos que comparten militancia y responsabilidades en lugares con altos índice de inmigración. Ambos representan dos discursos para abordar los distintos orígenes que conviven en las ciudades que dirigen. El de Vivas, que destaca la convivencia. El de Albiol, que aviva el odio. 

La cercanía con Marruecos explica la multiculturalidad de la sociedad ceutí, pero también potencia el impulso de muchos de sus habitantes de reivindicar su patriotismo y su pertenencia a España, dado que el país vecino no reconoce la españolidad de Ceuta ni de Melilla. El reino alauí utiliza distintos movimientos políticos, como la demora de la apertura de las aduanas comerciales de las ciudades autónomas o el bloqueo de los visados especiales para los trabajadoras transfronterizas para evidenciar su rechazo a reconocer la soberanía española en ambos enclaves.

Y Vivas no responde con un discurso que relacione la inmigración y los distintos orígenes de su población con una amenaza. El presidente defiende el sentimiento de pertenencia a España de sus habitantes, así como la protección de “la unidad de los ceutíes en la defensa de la españolidad con independencia de credo, origen o cultura”, como dijo hace unos meses en una entrevista con elDiario.es. 

Ceuta es, además, uno de los territorios que más menores migrantes acogen. El goteo de entradas de chavales a nado, la mayoría marroquíes, es habitual, aunque desde mediados de agosto ha aumentado de forma considerable. La semana pasada, cientos de personas, muchos menores, trataron de alcanzar la ciudad por esta vía, lo que empujó a llegar a desalojar la playa del Tarajal durante unas horas. 

Relación con Vox

A pesar de la saturación de los recursos de Ceuta, Vivas no ha cargado en contra de estos menores. Tampoco su población responde, por lo general, con proclamas xenófobas a la llegada de migrantes, aunque una parte de la sociedad ceutí observa con cierta inquietud este fenómeno ante el pequeño tamaño de la ciudad y sus pocos recursos. Es habitual que la ciudadanía se vuelque en ayudar a quienes no son interceptados por la Guardia Civil, e incluso los defienden.

Vivas es también uno de los líderes del PP que se ha mostrado más beligerante en sus respuestas al partido de extrema derecha, con el que Vivas llegó a alcanzar un acuerdo para poder gobernar la ciudad. Fueron sus exigencias de tintes xenófobos las que hicieron al presidente ceutí romper su pacto con los de Santiago Abascal.

“Al preparar los Presupuestos de 2021 quisieron trasladar al documento su ideario sobre la convivencia y, para no arruinar a Ceuta, llegamos al convencimiento, en plena pandemia, de que no podíamos seguir”, explicó Vivas. 

La situación es la inversa a la que ha ocurrido en el resto de España, donde el PP logró el año pasado un amplísimo poder autonómico y municipal gracias a sus alianzas con la extrema derecha.

A cambio, los presidentes y alcaldes de Feijóo tuvieron que asumir los marcos ideológicos de Vox. En materias como Igualdad, Memoria, Cultura… y también en política migratoria. Hasta que los de Abascal quisieron. Antes de este verano, en el que se han incrementado la llegada de personas desde el África continental a España, forzaron la maquinaria para posicionarse en el incipiente debate que, con el paso de los meses, ha terminado dominando el debate político. Vox rompió los gobiernos autonómicos a cuenta del traslado de menores migrantes desde Canarias y Ceuta a sus territorios. Para entonces, Vivas ya había roto hacía dos años.