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Cuál es la situación de los menores migrantes en Canarias, qué quiere el Gobierno y qué pide el PP

Imagen de archivo de un menor atendido por Cruz Roja tras llegar en un grupo de migrantes a Canarias.

Gabriela Sánchez / Aitor Riveiro

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El Gobierno ha convocado este miércoles la conferencia sectorial de Juventud e Infancia, que preside la ministra del ramo Sira Rego y reúne a las comunidades autónomas, para negociar el acogimiento de los menores migrantes que están de momento atendidos por Canarias por encima de sus capacidades. La cita servirá también para abordar una reforma de la ley de extranjería que establezca un sistema de reparto fijo y obligatorio, tras constatar que los compromisos voluntarios no se cumplen. Esta son las principales claves para entender qué ocurre en Canarias, qué quiere el Gobierno y qué reclama el PP.

¿Cuál es la situación de la acogida en Canarias?

Canarias tutela a 5.600 niños y adolescentes en 80 centros repartidos por todas las islas. Las condiciones en las que los jóvenes son atendidos en las islas ha sido cuestionada, después de que saliera a la luz una denuncia registrada en la Fiscalía contra un centro de Lanzarote. El caso señala supuestas agresiones a menores, la insalubridad y mal estado de las instalaciones, la falta formación del personal contratado para atender a los chavales, etc. No obstante, el Gobierno de Canarias ha decidido no cerrar este centro insalubre ante la falta de otro lugar donde alojarlos, según defiende el ejecutivo autonómico. Por el contrario, el Gobierno que preside Fernando Clavijo, en coalición con el PP, ha anunciado montar carpas en los puertos de las islas para atender a menores no acompañados, pese a la oposición de la Fiscalía, ya que incumpliría la legislación de protección a la infancia. 

El de Lanzarote es uno de los centros cuyas condiciones han llegado a la Fiscalía, pero otros menores albergados en recursos de emergencia (más grandes y supuestamente preparados para alojar a estos chavales poco tiempo, pero que acaban prolongando su estancia ante la falta de espacio) también describen situaciones de hacinamiento, falta de formación de los educadores, falta de actividades y, en algunos casos, agresiones. 

¿Qué puede pasar en la conferencia sectorial de infancia?

Este miércoles, la conferencia sectorial reúne a representantes de las comunidades autónomas con el Gobierno central con el objetivo de abordar el reparto de menores migrantes desde Canarias. En concreto, habrá dos puntos del día. Por un lado, el más sonado: el Ejecutivo estatal informará sobre los detalles de la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería con la que busca pasar de un sistema voluntario de reubicación a un mecanismo obligatorio. En este punto del día, los ministros de Infancia y Política Territorial escucharán las visiones y aportaciones de las distintas comunidades autónomas para tratar obtener un mayor consenso de una modificación normativa que debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados.

En el otro punto del día, el Ministerio de Infancia planteará de nuevo repartir de forma voluntaria a 347 menores, una propuesta que fue bloqueada por las comunidades autónomas el pasado mes de junio. Este intento de aprobar un nuevo acuerdo no vinculante de reubicación de niños y adolescentes desde Canarias se realiza en paralelo del objetivo de impulsar un mecanismo obligatorio al que aspira el Gobierno central y el canario.

¿Por qué hace falta cambiar la ley para hacer un reparto obligatorio de estas características?

Las comunidades autónomas tienen la competencia de la guarda y tutela de los menores en situación de desamparo, por lo que el Estado no podría obligar a una comunidad autónoma a acoger a un número determinado de niños que ya se encuentran bajo el paraguas de otra comunidad, en base a la actual normativa. Por lo tanto, los niños y adolescentes que migran solos a España deben ser tutelados por el gobierno de la autonomía a la que llegan a no ser que se acuerde lo contrario. En Ceuta, Melilla y Canarias, debido a su posición geográfica, en época de aumento de llegadas, suele traducirse en una gran concentración de estos chavales. Por un lado, por su situación fronteriza. Por otro, su posición aislada de la península impide que estos chavales se vayan por su cuenta a otras comunidades autónomas, como ocurre por ejemplo en ocasiones con los llegados a Andalucía, que a menudo se desplazan a otras regiones como Catalunya. 

La actual normativa hace muy complicado la distribución de menores a otros puntos de España. Cuando se ha intentado a través de acuerdos voluntarios, el procedimiento cuenta con engorrosos trámites burocráticos y se acaba dilatando en el tiempo. Es frecuente que los compromisos voluntarios no se cumplan: el año pasado hasta 12 comunidades no acogieron a ni un solo de los menores comprometidos. Ante esta situación, el Gobierno canario y el central apuestan por un cambio normativo para que, en épocas de saturación de los centros de menores de determinados territorios, se active de forma sistemática una distribución por España, con unos criterios previamente marcados por ley, para evitar así largas negociaciones. 

¿Por qué se dio el paso para hacer esta ley y hacer un reparto obligatorio?

Con el objetivo de que Coalición Canaria apoyase la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE se comprometió con la formación canaria a “iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan”. Una vez investido presidente, el Gobierno central y el canario comenzaron una serie de negociaciones hasta, a finales de abril, acordar impulsar una reforma urgente de la Ley de Extranjería, en concreto del artículo 35, para distribuir a los menores migrantes no acompañados llegados al país entre todas las autonomías con el objetivo de aliviar a aquellos territorios en situación de “emergencia”.

¿Cuándo se activarían esos traslados?

La reforma permitiría al Gobierno de España intervenir cuando las comunidades no ofrezcan su solidaridad para acoger a los jóvenes rescatados en la frontera sur, como ha sucedido hasta ahora. El enfoque acordado propone que los traslados se realicen en aquellas comunidades donde los menores acogidos alcancen el 150% de la capacidad de plazas asignadas. En Canarias, este límite se situaría en alrededor de 3.000 menores. 

¿Qué dice el PP?

El PP no tiene una posición única sobre el acogimiento de menores migrantes. Cada comunidad autónoma que gobierna tiene la propia, y la dirección nacional intenta ofrecer muy poca información sobre la suya precisamente para no contravenir a ninguno de los barones territoriales. 

La dirección nacional ha delegado de hecho toda la negociación en sus presidentes autonómicos, incluso la referida a la reforma de la ley de extranjería, pese a que tendrá que ser votada en el Congreso y en el Senado. 

Feijóo y sus portavoces se limitan a exigir más dinero al Gobierno central, al que critica por “no tener política migratoria”, y a exigir el control de la llegada de cayucos incluso con el uso de la Armada.

¿Por qué es fundamental la opinión del PP?

Tras el ciclo electoral de 2023, el PP aglutina un gran poder territorial gracias a sus alianzas con Vox, además de ser el primer grupo del Congreso y tener la mayoría absoluta en el Senado. Aunque son circunstancias relativamente soslayables, sobre todo las referidas a los trámites parlamentarios, el Gobierno tiene muy complicado elaborar un plan de realojamiento de menores (o de otra cuestión) que afecte a las comunidades autónomas sin tener en cuenta al PP.

El partido de Feijóo gobierna Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla y Murcia, además de cogobernar en el epicentro de la actual crisis, Canarias.

¿Y qué dicen las comunidades autónomas del PP?

Tampoco la postura de los gobiernos regionales del PP es única, ni mucho menos. El presidente de Canarias (de Coalición Canaria) ha exigido la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el acogimiento de menores, ya ha reclamado la ayuda de sus homólogos de la península. Su vicepresidente es Manuel Domínguez, líder del PP en las islas, quien no se ha desmarcado de las declaraciones de su jefe ejecutivo.

También el presidente Ceuta, Juan José Vivas, veterano dirigente del PP, ha hecho declaraciones en el mismo sentido.

Frente a su petición de ayuda se posicionan las reservas, en el mejor de los casos, de sus colegas y compañeros de militancia. Las declaraciones de los presidentes autonómicos del PP han sido pocas y, con algunas salvedades, poco claras. En las últimas horas, el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha asegurado que la capacidad de acogimiento de su región está saturada.

Pero el resto de líderes autonómicos permanecen en un discreto silencio, o apenas han dicho nada. No hay una posición común y prefieren guardar su posición negociadora.

¿Corren riesgo los gobiernos entre PP y Vox?

Uno de los motivos del silencio de los presidentes del PP es la presión de Vox. El partido de extrema derecha ha amenazado con romper los gobiernos autonómicos que acojan menores migrantes. La advertencia la hizo en primera persona el propio Santiago Abascal este lunes, y la respuesta del PP llegó también por boca de su líder. Feijóo prometió la “solidaridad” de las regiones que controlan.

No es la primera vez que Vox amenaza con romper los gobiernos con el PP, pero sí parece la primera que puede consumarse la advertencia, en todo o en parte. Y en el PP no están especialmente descontentos con esta posibilidad.

¿Qué ha pasado las otras veces que se han hecho voluntarios los repartos?

El Archipiélago lleva años solicitando sin éxito un reparto solidario de estos chavales por la península. Cada uno de los pactos alcanzados en el pasado para distribuir a un número limitado de menores migrantes de manera voluntaria ha tenido siempre un enfoque no vinculante, y cada intento ha acarreado numerosos trámites, plazos prolongados y reticencias entre algunas comunidades autónomas. En cada crisis, el número de plazas ofrecidas por los gobiernos regionales no ha sido suficiente.

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