De la crisis fronteriza a la humanitaria: la encrucijada de Ceuta para la política nacional e internacional de Pedro Sánchez

Una tormenta de verano perfecta. De la amenaza fronteriza al drama humanitario, la crisis de Ceuta la conforman varias crisis superpuestas convertidas ya en vías de agua para la política nacional e internacional del Gobierno de Pedro Sánchez. La entrada de 80.000 personas por la frontera de El Tarajal el pasado 30 de julio significó, según el propio presidente, “una violación de la integridad territorial” de España. Pero ese, en realidad, solo fue el principio. Porque de esa emergencia, atajada en buena medida en cuestión de horas con el retorno de la mayoría de migrantes, se derivaron otros muchos frentes, todos aún abiertos tres semanas después, y que abarcan el enfrentamiento con socios europeos, las dudas sobre la vecindad de Marruecos, la ofensiva de Estados Unidos e Israel o la gestión del ingente flujo migratorio.

El más acuciante de todos esos frentes es, sin duda, el humanitario. Tras dos semanas sin apenas respuesta por parte de las administraciones públicas, el Gobierno central se afana al fin en buscar soluciones de acogida temporal a las miles de personas que permanecen en Ceuta desde finales de julio y que se han visto abocadas a acampar en playas, montes, acantilados o en plena calle. Y sin acceso a agua potable, comida, aseo personal o un lugar donde dormir. Una situación que cada día que pasa tensiona un poco más a la sociedad ceutí.

Dieciocho días después del inicio de la crisis, la ministra Elma Saiz anunció esta semana la instalación de nuevos emplazamientos con hasta 1.800 camas bajo carpas para atender a una demanda, en realidad, muy superior. Esa falta de capacidad, acuciada según el Ejecutivo central por la poca colaboración del gobierno de la ciudad autónoma, impone un escenario insostenible en un territorio de apenas 20 kilómetros cuadrados que ha visto alterada su cotidianeidad de forma radical. Y la complejidad de esa gestión, admiten en el propio Gobierno, “es terrible”.

“Tenemos a miles de personas en las calles de Ceuta a las que estamos intentando buscar una solución en base al interés de los ceutíes, por supuesto, pero también del respeto a la ley. La propuesta del PP y Vox de que esas personas simplemente desaparezcan es muy irresponsable. Están mintiendo a la gente y eso puede tener consecuencias. Los migrantes no van a desaparecer de Ceuta porque tienen unos derechos, nosotros unas obligaciones y el proceso es, además, muy largo”, razonan desde el seno del Ejecutivo, donde admiten sin ambages que aún no se ha tomado una decisión sobre cómo gestionar un flujo migratorio que ha desbordado a la ciudad autónoma.

Por el momento, las administraciones públicas tienen divididas en dos grandes grupos a las personas migrantes que permanecen en suelo ceutí. Por un lado, los menores de edad, en su inmensa mayoría marroquíes de origen. La intención del Gobierno, que es su regreso a Marruecos, concuerda con la exigencia del ejecutivo local y del propio PP. Pero choca con la realidad que dibuja la filiación de miles de niños y niñas que se niegan a volver a sus casas.

“Es muy fácil lanzar eslóganes y proclamas políticas, pero la realidad es otra cosa. No hay niños o niñas filiados que hayan pedido volver a sus casas, ni hay familias marroquíes que los estén reclamando. Y Marruecos no se hace cargo de los niños que no vayan a volver con sus padres. Yo le preguntaría a Feijóo qué haría él con estos niños y niñas. ¿Qué se supone que debemos hacer? Pues lo que estamos haciendo: cumplir con nuestra obligación legal de velar por el interés de esos niños y darles acogida hasta que se encuentre una solución”, relata un miembro del Gobierno que participa en las reuniones interministeriales sobre esta crisis.

Bloqueado de facto el retorno a su país (entre otras cosas, por la falta de colaboración activa del gobierno marroquí), el objetivo es que algunos de esos niños y niñas puedan, efectivamente, ser reagrupados con familiares directos fuera de Marruecos, dado que muchos de ellos tienen parientes en otras zonas de España o incluso en países de la Unión Europea. Un proceso que, en cualquier caso, resulta de extrema complejidad y es, por tanto, lento. La única salida alternativa es la incorporación de esos menores al sistema de atención español dependiente de unas comunidades autónomas que, gobernadas en su gran mayoría por PP y VOX, se muestran completamente hostiles a esa acogida.

Ante ese callejón sin salida, desde el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego se puso esta semana sobre la mesa una alternativa: que 500 niñas que permanecen en situación de especial vulnerabilidad en Ceuta sean trasladadas de forma temporal a la Península para ser acogidas por recursos del Estado con la gestión directa de organizaciones dedicadas a la protección de la infancia. Es decir, sin implicar en esa gestión a las comunidades.

La propuesta, que no solo permitiría una situación humanitaria más digna a esas niñas, sino que aliviaría la presión sobre los recursos de Ceuta, fue rechazada de plano por el Partido Popular. “Ni mayores, ni menores. Han de regresar todos. Deben volver bien de manera voluntaria o mediante expulsión. Pero todos. Y cuando digo todos, son todos. En ningún caso puede crearse un precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal”, dijo de manera solemne desde Ceuta el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, junto a Juan Jesús Vivas.

Cuestionados por si esa fórmula del traslado temporal a la Península podría ser replicable para otros casos más allá de las niñas, en el Gobierno se muestran pesimistas. “Esto ya no es solo la ultraderecha, que por supuesto también. Es que tenemos a todo el mundo diciendo que no pongan un pie en la Península. Vox, el PP, el Gobierno de Ceuta, Bruselas, Meloni, Dinamarca... Lo que implica eso es que entonces será Ceuta quien asuma sola la acogida de estas personas mientras se resuelven sus casos. Porque claro que queremos devolver la normalidad a Ceuta, pero solo podemos hacer cumpliendo la ley”.

Y, por otro lado, están los adultos demandantes de asilo. En su inmensa mayoría personas de origen subsahariano, aunque también hay documentados casos de gazatíes que huyen del genocidio israelí, el proceso al que se enfrentan es igualmente complejo. Esas demandas de asilo deben ser estudiadas, gestionadas y respondidas de manera individualizada. Y eso implica un trámite burocrático durante el cual las personas solicitantes también tienen unos derechos regidos por ley. En concreto, no ser expulsados mientras se tramitan sus expedientes y ser acogidos de manera temporal hasta obtener una respuesta administrativa.

Incluso en el caso de que esas demandas de asilo sean mayoritariamente desestimadas, algo que no es descartable en función de los datos oficiales de concesiones en España, el proceso implica que la respuesta se puede demorar meses. Un tiempo que amenaza con convertir a Ceuta en un polvorín social, y en un drama humanitario. Y que mantiene al Gobierno atrapado en una crisis migratoria que la derecha y la ultraderecha han demostrado en toda Europa saber rentabilizar como nadie.