Un 70% de los empleados de servicios públicos de la Comunitat Valenciana va al trabajo con miedo a sufrir violencia

UGT Serveis Públics PV y la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) han presentado este martes el informe íntegro (completo en este enlace) de su investigación conjunta sobre la violencia laboral externa en los servicios públicos esenciales de la Comunitat Valenciana.

Las conclusiones definitivas del estudio ponen el foco en las gravísimas secuelas que esta situación está dejando en la salud mental de los profesionales ya que casi el 90% padece cuadros de estrés y el 71,4% afirma sentir miedo o inseguridad en el desempeño de sus funciones.

El estudio evidencia, además, que este problema está muy extendido y es una realidad cotidiana ya que cerca del 80% de las plantillas, es de decir cuatro de cada cinco profesionales, ha sufrido algún episodio violento en la última década. Además, el 90% del personal considera que es un riesgo importante para ellos. Es, por tanto, una realidad estructural, creciente, multidimensional y sistémica que impregna las condiciones de trabajo cotidianas de miles de profesionales en la Comunitat Valenciana.

El estudio, basado en una metodología mixta (cuantitativo y cualitativo) que incluye entrevistas a 39 informantes clave y una encuesta general a 279 personas trabajadoras de las tres provincias del colectivo docente, sanitario y el servicio de ayuda a domicilio, analiza la exposición del personal a agresiones, insultos, amenazas y acoso por parte de pacientes, alumnado, familiares y personas usuarias. La conclusión principal para la organización sindical es demoledora: la prevención actual por parte de las administraciones es un fracaso y está en jaque la viabilidad de los servicios públicos y la salud de sus trabajadores y trabajadoras.

Para UGT Serveis Públics PV, los datos reflejan que la violencia externa no puede seguir tratándose como un “gaje del oficio”. El impacto en la salud de las plantillas es gravísimo: al 89,3% del personal afectado que sufre estrés y ansiedad y al 71,4% que siente miedo, se suma un 65% que reconoce que estos episodios afectan directamente a su salud mental.

Además, el 64,3% de los encuestados reporta una pérdida de motivación y el 62,1% padece alteraciones del sueño. Las consecuencias de esta desprotección repercuten también en el propio funcionamiento del servicio a la ciudadanía: la mitad de los y las profesionales (50%) vincula directamente las situaciones de violencia vividas con periodos de baja laboral. Cuatro de cada cinco encuestados perciben bastante o mucho daño en su salud y en su desempeño profesional a causa de estas agresiones.

El estudio ha sido presentado en una rueda de prensa en la que ha participado Marisa Baena Martínez, vicesecretaria general y de Salud Laboral, Medio Ambiente de UGT País Valencià, Miguel Ángel Gimeno Navarro, profesor del Dpto. Administración de Empresas y Marketing de la Universitat Jaume I de Castelló, Elena Espinar de las Heras: responsable Departamento Salud Laboral de UGT Serveis Públics PV y Mayte Montaner Soria, secretaria general de UGT Serveis Públics PV.

Los responsables del estudio han explicado que estas situaciones de acoso y violencia se han incrementado en los últimos años como consecuencia de la polarización que sufre la sociedad, que se traduce en situaciones de mayor conflictividad, y en el caso de la sanidad al deterioro del servicio por falta de plantillo unido a los ritmos actuales de la población que hacen que los pacientes pierdan antes la paicencia si no son atendidos en un plazo corto de tiempo.

El fracaso preventivo: protocolos que “solo existen en papel”

Uno de los hallazgos más graves del informe es la percepción de desamparo institucional por parte del personal de sanidad, educación y el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). El 75,9% del personal encuestado considera que la protección real frente a la violencia laboral externa es inexistente o mínima. Asimismo, el 69,8% califica las medidas preventivas como escasas o nulas, un porcentaje casi idéntico al de quienes perciben que el apoyo institucional ante una agresión no existe o es mínimo (69,1%).

La investigación cualitativa revela que, aunque existen normativas y protocolos formales en la Administración autonómica, hay un profundo desconocimiento de estas herramientas, una falta de formación e información, y una sensación extendida de que muchos protocolos «solo existen en papel». Las medidas que el personal valora como realmente útiles son aquellas tangibles y directas, como el acompañamiento por parte de personal de seguridad o fuerzas del orden, así como un apoyo institucional que sea verdaderamente visible y rápido tras sufrir un incidente.

La cara oculta de la violencia: un evidente sesgo de género

La dimensión de género es uno de los ejes centrales del estudio de la UJI y de la lectura sindical de UGT Serveis Públics. Los sectores analizados están profundamente feminizados: las mujeres representan el 76,11% del personal en sanidad, alrededor del 70% en educación y entre el 85% y el 90% en el servicio de ayuda a domicilio.

El informe demuestra que la prevención no puede seguir planteándose como neutra. Las trabajadoras perciben un mayor grado de exposición, otorgan más importancia a este riesgo y declaran sufrirlo con mayor intensidad y frecuencia. Los datos reflejan que las mujeres sufren una mayor incidencia de violencia psicológica (un 62,1% frente al 56,5% de los hombres). De igual forma, las profesionales padecen con más frecuencia tácticas de aislamiento y desprestigio profesional, formas de violencia sumamente dañinas diseñadas para mermar su autoridad y erosionar sus redes de apoyo en el entorno laboral.

Causas estructurales: saturación, soledad y pérdida de autoridad

El estudio académico va más allá de las cifras y ahonda en las causas que actúan como caldo de cultivo para estas conductas. La violencia externa está directamente ligada a deficiencias estructurales: sobrecarga de trabajo, déficit de plantillas, la presión asistencial y educativa, espacios de trabajo inseguros, mala organización y una alarmante normalización social de las agresiones.

“Si cuatro de cada cinco profesionales han sufrido agresiones, el problema no es la capacidad de aguante de las plantillas, lo que falla es el sistema de prevención de la Administración”, ha señalado Montaner. “Proteger a quienes curan, cuidan y educan es una obligación, no una opción”, ha añadido la secretaria general de UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner Soria

Por ámbitos, en la sanidad el detonante principal es la saturación asistencial y las largas listas de espera. En el ámbito educativo, el origen radica en la erosión sistemática de la legitimidad y autoridad moral docente. Finalmente, en el SAD, la vulnerabilidad viene dictada por el trabajo en solitario y el aislamiento laboral dentro de los domicilios.

Exigencias de UGT: pasar de las palabras a los hechos

Ante la presentación del informe definitivo, la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, ha exigido a las administraciones implicadas, principalmente Generalitat y ayuntamientos, un cambio de paradigma urgente y estructural.

El informe detalla un paquete de medidas específicas adaptado a la realidad de cada ámbito. En sanidad, se urge a reforzar plantillas para evitar los tiempos de espera, instaurar el trabajo en pareja en contextos de riesgo y sustituir la identificación personal por el número de empleado en las denuncias. En educación, se propone una bajada preventiva de ratios y planes de acogida para el personal interino y novel. Por su parte, en el servicio de ayuda a domicilio (SAD) exigen la evaluación previa y obligatoria de los domicilios antes de iniciar la atención.

Además, se plantean soluciones transversales que deben aplicarse al conjunto de los servicios públicos. Entre ellas, exigen la creación de un observatorio unificado de violencia laboral externa, la incorporación ineludible de la perspectiva de género en las medidas preventivas y el impulso de campañas de sensibilización ciudadana que pongan en valor el trabajo de los profesionales.

También reclaman reforzar la formación específica y obligatoria (tanto para las plantillas como para mandos directivos) y promover una verdadera coordinación interinstitucional, recordando que «la violencia laboral externa no es inevitable, es prevenible“. ”Si cuatro de cada cinco profesionales han sufrido agresiones, el problema no es la capacidad de aguante de las plantillas, lo que falla es el sistema de prevención de la Administración“, ha señalado Montaner. ”Proteger a quienes curan, cuidan y educan es una obligación, no una opción“, ha añadido la secretaria general.