Disenso vive, desde su creación en 2020, de los fondos que le manda cada año Vox. Este laboratorio de ideas ultra tiene entre sus fines “la promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”.

En su día a día, lo que hace es financiar la web La Gaceta de la Iberosfera (que fue transferida a Disenso por los Ariza, del grupo Intereconomía), a la que dice dedicar más de una veintena de personas y una inversión de 800.000 euros. También organiza eventos, da “formación”, organiza charlas o subvenciona viajes y publicaciones para engrasar la internacional ultra. “Ha barrido a FAES y a cualquier think tank conservador”, contaba una persona cercana a Disenso hace unos meses. Las relaciones de Abascal con Milei o los Bolsonaro han crecido desde este entorno.

La fundación de Vox ha recibido casi 11 millones de euros del partido de Abascal desde que se creó, pero en 2024 ha presentado por primera vez pérdidas. Mientras que en 2023 tuvo un excedente de 172.000, al año siguiente dejó un agujero de 373.000.

Según esta auditoría de 2024, Vox le transfirió dos millones de euros, que a su vez provienen de fondos del Estado por los escaños obtenidos en las elecciones y las donaciones de militantes y simpatizantes. En años anteriores el montante ha alcanzado 2,5 millones. Un reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre fundaciones vinculadas a formaciones políticas evidenció que el caso de Vox es aislado: PP y Podemos no transfieren dinero a sus fundaciones y el PSOE traspasó 200.000 euros. Las transferencias millonarias desde el partido (muy fiscalizado por el Tribunal de Cuentas) a la fundación (una forma legal y legítima, pero más opaca) son una rareza, ya que los partidos necesitan dinero para las campañas electorales y lo reservan para ese fin, no lo trasladan a sus organizaciones sociales o ideológicas.

Disenso también recibió ese año 2024 un total de 105.000 euros en donaciones particulares –las cuentas no especifican si de personas físicas o jurídicas– y 77.000 euros en ayudas del Ministerio de Exteriores y Cultura, una subvención para fundaciones vinculadas a partidos políticos que se concede de manera casi automática a todas ellas.

En cuanto al dinero que consiguió de manera autónoma, las memorias señalan que fueron 17.000 euros. Un total de 10.000 por publicidad en La Gaceta y el resto, por cursos de formación impartidos.

Los gastos de Disenso: 600.000 euros a “profesionales independientes”

¿En qué se gastó todo ese dinero –y 373.000 euros de pérdida más– la fundación de Abascal? Principalmente, en dos capítulos: salarios y “otros gastos de la actividad”. En sueldos y obligaciones con la Seguridad Social el think tank de Vox desembolsó 1,2 millones de euros, según estas cuentas. Tiene una veintena de empleados, según declaró en 2023.

En esos “otros gastos de actividad” desembolsó casi 1,3 millones. En cuanto a importes, destacan los 200.000 euros que paga en alquilar su sede, en uno de los barrios más cotizados de Madrid, o los 630.000 euros en pagos por “servicios a profesionales independientes”. Aunque Disenso no hace públicos sus proveedores, una de las personas que factura o ha facturado es Kiko Méndez Monasterio, el principal asesor de Abascal y quien ha dirigido muchos de los pactos autonómicos.

Monasterio administra la empresa Tizona, de la que es socio también Gabriel Ariza (que estuvo vinculado a la empresa editorial que pagó 63.000 euros anuales a la mujer de Abascal por consultoría de redes sociales, según publicó El Confidencial). De esos 600.000 en pagos a terceros, las memorias especifican que 133.000 fueron a parar a “consultorías”. El entorno de Méndez Monasterio ha admitido en el pasado también que factura al partido y al sindicato Solidaridad, en la órbita de Vox, por trabajos y consultorías. El partido y la fundación nunca han explicado cuánto se lleva la empresa del asesor de Abascal. El País publicó este martes que solo en 2020 fueron 1,3 millones de euros. Según El Confidencial, la empresa de Méndez Monasterio tiene un contrato con Vox por el que cobra 23.000 euros mensuales. Los críticos con la dirección exigen que se conozcan todas las facturas. La formación ha respondido los contratos prestados por Tizona han sido auditados por el Tribunal de Cuentas “sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa” y aseguran que “algunos de los trabajadores” de esa compañía “se fueron incorporando a la estructura del propio partido” incluso “en puestos de relevancia pública” dada su “demostrada valía”.

En “eventos”, Disenso gastó 70.000 euros. En “viajes”, el montante ascendió a 122.000 euros. Pese a que uno de los logros que se destaca en el entorno de la fundación es la visibilidad que ha conseguido en países que tienen ahora liderazgos de ultraderecha, el capítulo de “publicidad, propaganda y relaciones” cuenta con unos exiguos gastos de 3.041 euros. Además, Disenso aportó a “otras entidades” 18.000 euros, aunque las cuentas no especifican de qué entidades se trata.

Esta fundación fue la primera a la que apuntó la exlíder de Vox Macarena Olona en su entrevista con Jordi Évole y ha sido también señalada por varios dirigentes que se han marchado del partido. El Tribunal de Cuentas ha auditado sus cuentas y las ha validado, aunque el máximo órgano fiscalizador de España no entra en detalles sobre proveedores o conveniencia o no de gastos. Sin embargo, todos los grupos políticos del Congreso, incluyendo al PP, solicitaron en diciembre a este tribunal que indague específicamente en las cuentas de esta fundación.

El secretario general de Vox tuvo que enviar una carta a la militancia en 2023 en la que justificaba la necesidad de traspasar fondos del partido a Disenso, después de que se conociera el montante anual que se transfiere y en qué fines gastaba este think tank el dinero, mientras que se pedían créditos a un banco húngaro para financiar las campañas de las elecciones generales de 2023 y de las europeas.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes una propuesta del PSOE por la que se insta al órgano fiscalizador a realizar una auditoría específica de las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre 2020 y 2025. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSOE, PP, Sumar y el PNV y el único voto en contra de los de Santiago Abascal.

En concreto, se urge al órgano que preside Enriqueta Chicano a realizar un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso de los últimos cinco años, “analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación”, según consta en el escrito recogido por Europa Press.

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Balears que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer “forrarse”. Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.

Una “paguita vitalicia” para Abascal

A esas denuncias se ha referido en su intervención el diputado socialista Ferran Verdejo, quien ha defendido que existe un “historial de sospechas sólidas” contra la contabilidad de esta entidad y ha recalcado que el verdadero “interés de Abascal es el dinero” y que han creado una fundación para que el líder del partido “tenga una paguita vitalicia”.

En la misma línea, Engracia Rivera, de Sumar, se ha referido a Disenso como “un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba”, y ha apoyado así mismo esta auditoría especial.

La iniciativa ha contado también con el respaldo del PNV, cuya senadora María Dolores Etxano confía en que esta fiscalización sirva para “despejar dudas” sobre si Vox está “desnaturalizando” la ley al desviar desde sus grupos autonómicos “ingentes cantidades de dinero” a una entidad que “reproduce casi de forma exacta las funciones de un partido”, pero sin estar sometida a los controles que rigen para las formaciones políticas.

Vox alega que no hay irregularidades

El diputado de Vox Juanjo Aizcorbe ha tachado de “barbaridades” las acusaciones de PSOE, Sumar y PNV, ha achacado la iniciativa socialista a su “obsesión de acosar a quien no controla” y ha avisado de que “volverán a estrellarse” como les ocurrió cuando el Tribunal Supremo anuló una de las tres sanciones que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox, en concreto la multa de 233.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves al recolectar donaciones finalistas para sufragar la querella que interpuso contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Además, ha asegurado que Disenso ya ha sido fiscalizada sin haberse encontrado “ningún indicio de irregularidad” y ha añadido que Vox apoyaría esa fiscalización si se hiciera lo mismo con todas las fundaciones políticas “desde su nacimiento”.

Desde el PP, Luis María Beamonte ha indicado que pedir una fiscalización especial de Disenso o de todas las fundaciones “carece de sentido” porque su contabilidad ya es analizada por el Tribunal de Cuentas. No obstante, ha dado su apoyo a la iniciativa socialista. “Quien nada oculta nada teme y no tenemos ningún problema con la transparencia”, ha argumentado.

Eso sí, ha recalcado que el tribunal no puede “fiscalizar el objetivo ideológico de los gastos” y ha tachado de “hipócrita” que el PSOE se erija en garante con control financiero cuando la Audiencia Nacional tiene “una investigación abierta por sus pagos en efectivo que no declara” y fundaciones vinculadas al PSOE, como la Pablo Iglesias “se hunden”.

No es habitual que un partido político se desfonde para que su fundación –generalmente dedicadas a asuntos sociales y con un componente más filosófico– tenga mucho dinero. Menos aún si esto ocurre a la vez que el partido tiene que pedir créditos a bancos extranjeros para poder hacer frente a procesos electorales, como le pasó a Vox en las generales de 2023.

El partido de Abascal traspasa todos los años 2,5 millones de euros a Disenso, el think tank que preside nominalmente Santiago Abascal y desde el que se organizan congresos, publicaciones o se financia La Gaceta. Ese dinero sale de cuotas de afiliados o es dinero público del que recibe el partido según sus resultados electorales y el número de diputados que obtiene. Con él, Vox le va traspasando fondos a Disenso para que organice eventos, casi siempre relacionados con la internacional ultra, o documentales de apoyo a Bolsonaro, actos con Milei o charlas e informes contra lo que el partido llama “woke”.

El Tribunal de Cuentas –el mayor órgano de fiscalización administrativa de España y con potestad sancionadora– ha publicado un reciente informe en el que aflora cómo se financian y con cuánto dinero las fundaciones vinculadas a partidos políticos en España, entendiendo la vinculación en el sentido de que el partido nombra cargos, tiene alguna capacidad ejecutiva, aporta la mayoría del dinero o se fundó con dinero del partido. En el informe, se ve claramente que el caso de Disenso es único. En los años analizados (2021 y 2022) recibió sendos 2,5 millones de Vox, mientras que sus ingresos por otra vía fueron infinitamente menores: 91.920 euros que donaron dos personas y dos empresas (el análisis no revela nombres).

Otra vía de ingresos habitual para las fundaciones son las subvenciones públicas. En este caso, Disenso recibió en 2021 y 2022 un total de 132.000 euros del Ministerio de Cultura, una ayuda a la que tienen derecho toda fundación vinculada a partido político y que es proporcional a su representatividad en el Congreso y el Senado. Además de esta, puede haber otros organismos públicos financiadores. Por ejemplo, es habitual el Ministerio de Exteriores, que tiene un plan anual enmarcado para este tipo de organizaciones y que concede en el ámbito de la cooperación.

Al contrario de lo que pasa en Vox, el resto de partidos quedan muy lejos de las cifras de trasvase de fondos a sus fundaciones políticas. Por ejemplo, el PP tiene vinculación con dos fundaciones: Popular de Estudios Vascos y Concordia y Libertad. El partido no les pasa dinero. Sin embargo, la segunda recibe más subvenciones públicas de las habituales: el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León (todas en manos del PP) y de organismos como el Consejo para el VIH de República Dominicana o el Fondo Mundial de Lucha contra el sida. Sumó en este concepto de ayudas públicas dos millones en los dos años analizados. Disenso también obtuvo a partir de 2022 la ayuda de Exteriores, aunque no aparece en el informe.

PSOE y Podemos

El PSOE tiene diez fundaciones vinculadas, pero solo cuatro con actividad financiera relevante en los años analizados. En 2021, el Partido Socialista transfirió 242.00 euros a sus think tanks, y 259.000 al año siguiente, siendo la principal beneficiaria la Fundación Pablo Iglesias. En subvenciones públicas sumó 1,3 millones, por debajo de los dos millones del PP. Además de los organismos habituales (Exteriores y Cultura), las fundaciones vinculadas al PSOE obtuvieron 10.000 euros de la Comunidad de Madrid. También 500.000 del gobierno vasco y diputaciones forales en el caso de la Fundación Ramón Rubial.

El caso de Podemos queda muy a la cola en la financiación de fundaciones. El partido no traspasó dinero a sus organismos vinculados en 2021. En 2022, el Instituto República y Democracia sí recibió dinero del partido: 3.376 euros. Además, este instituto y el Instituto 25 de mayo recibieron en esos dos años 60.000 euros de donaciones particulares y 170.000 en las subvenciones públicas de Cultura y Exteriores.

El Informe ha analizado 36 fundaciones en 2021 y 34 en 2022 y señala algunos incumplimientos “tanto en el caso de las donaciones privadas como en el de las subvenciones públicas”, de modo que anuncia que informará a los organismos que concedieron las subvenciones para que soliciten el correspondiente reintegro. Se refiere a 6.000 euros de asesoría presentados como subvencionables por la fundación Rubial y que pagó el gobierno vasco.

El Pleno del Tribunal también recomienda en su análisis que “las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos deban someterse obligatoriamente a auditoría externa y remitirla al Tribunal de Cuentas”. Y hace otra recomendación general, una vez analizada la actividad de estos organismos vinculados a partidos: “Deberían adecuar su actuación a la realización de sus fines fundacionales propios, evitando que la actividad de las mismas se limite, en la práctica, a la mera tenencia de bienes inmuebles o, en general, a la obtención de recursos, que se pongan a disposición de los partidos políticos a los que estén vinculadas o de las que sean dependientes”.

Los millonarios traspasos de Vox a Disenso que se retratan en este informe también fueron controvertidos entre sus bases y algunos cargos críticos, que entendían que el dinero debe permanecer en el partido político para afrontar gastos orgánicos y electorales. El malestar generado por el hecho de que se hayan transferido más de 10 millones en los últimos años obligó al secretario general, Ignacio Garriga, a enviar una carta masiva a la militancia justificando las transferencias. El Tribunal que ha elaborado el informe es el mismo que multó a Vox en julio por tercera vez al detectar irregularidades en las cuentas del partido, con lo que la sanción a la formación de Abascal asciende a más de un millón de euros por infracciones de la ley de financiación.

Els exdiputats de Vox al Parlament balear Idoia Ribas i Agustín Buades, que recentment van denunciar haver estat pressionats pel partit d'extrema dreta per a “desviar ingents quantitats de diners” del grup parlamentari a Disenso -la fundació privada que presideix Santiago Abascal a títol nominatiu-, han registrat una iniciativa adreçada a modificar la llei de finançament de partits amb l'objectiu d'impedir que les formacions polítiques utilitzin els seus grups parlamentaris com a via indirecta de finançament.

Es tracta d'un debat, el del paper dels grups parlamentaris en el finançament dels partits, recurrent en la política espanyola al llarg dels darrers anys i una polèmica qüestió sobre la qual el Tribunal de Comptes ha posat el focus en alertar de la manca de controls estrictes sobre la destinació real dels fons adscrits a les bancades de les diferents formacions polítiques. L'òrgan fiscalitzador adverteix que, sense una reforma legal de calat, els partits continuaran trobant als seus grups institucionals un canal addicional de recursos, al marge de les aportacions de militants, donacions i finançament bancari.

Amb la seva Proposició No de Llei, consultada per elDiario.es, els dos exdiputats de Vox volen blindar legalment la separació entre el pressupost dels grups i el dels partits. Per això, reclamen modificar la normativa amb l'objectiu de reduir la dependència dels partits dels fons públics i promoure amb això “una major independència i autonomia del funcionament tant dels partits polítics com dels grups parlamentaris”.

En concret, els parlamentaris insten la derogació de la lletra i de l'apartat primer de l'article 2 de la llei de finançament de partits, que al·ludeix a les aportacions rebudes pels Grups Parlamentaris de les Cambres de les Corts Generals, de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, de les Juntes Generals dels Territoris Històrics bascos i dels grups de representants en els òrgans de les administracions locals. La supressió d'aquest precepte, al·leguen, permetria “una transparència i un control més grans sobre l'ús dels fons públics assignats als grups parlamentaris, evitant que s'utilitzin per finançar activitats dels partits polítics que no estan directament relacionades amb el funcionament parlamentari”.

Tant Ribas com Buades, amb l'excàrrec de Vox Maite de Medrano, van comparèixer la setmana passada en roda de premsa per respondre a les acusacions efectuades pel secretari general de Vox, Ignacio Garriga, que un dia abans els va qualificar de“estafadors”. “Que el senyor Garriga s'atreveixi a trucar-nos a nosaltres estafadors és un exercici de cinisme vergonyós i intolerable”, va recriminar Ribas, exportaveu de Vox al Parlament balear, sobretot quan, va asseverar, una de les primeres decisions de les primeres decisions de la seva successora, Manuela Cañadas, va ser “passar de transferir un 10% a un 50% dels diners del grup” al partit.

Per la seva banda, Cañadas va asseverar aquest dilluns que si detectés irregularitats en el seu partit “aniria als jutjats” en lloc de difondre-les als mitjans de comunicació, desafiant així Ribas, Buades i De Medrano. “Les mentides, injúries i calúmnies no es parlen ni en roda de premsa ni als mitjans de comunicació”, va dir.

Per part seva, el portaveu nacional de Vox, José Antonio Fúster, va defensar que el desviament de fons dels grups al partit és legal, asseverant que els comptes de la formació d'extrema dreta estan auditades pel Tribunal de Comptes.

L'òrgan fiscalitzador ja instat en diverses ocasions a posar límit al “sobrefinançament” de les formacions polítiques, una via legal amb què els partits acaben incrementant els seus recursos amb càrrec als fons públics assignats als seus grups al Congrés, al Senat i als Parlaments autonòmics. En aquest sentit, alerta de l'opacitat i dels riscos de convertir aquestes dotacions a grups en un canal paral·lel de finançament, per la qual cosa reclama reformes reglamentàries així com de la llei del règim local perquè s'estableixin les “condicions i requisits” en què es poden fer unes aportacions que, sovint, s'utilitzen per sufragar despeses ordinàries dels partits o contractar personal, finalitats per a les quals ja existeixen altres subvencions.

Los exdiputados de Vox en el Parlament balear Idoia Ribas y Agustín Buades, quienes recientemente denunciaron haber sido presionados por el partido de extrema derecha para “desviar ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario a Disenso -la fundación privada que preside Santiago Abascal a título nominativo-, han registrado una iniciativa dirigida a modificar la ley de financiación de partidos con el objetivo de impedir que las formaciones políticas utilicen a sus grupos parlamentarios como vía indirecta de financiación.

Se trata de un debate, el del papel de los grupos parlamentarios en la financiación de los partidos, recurrente en la política española a lo largo de los últimos años y una polémica cuestión sobre la que el Tribunal de Cuentas ha puesto el foco al alertar de la falta de controles estrictos sobre el destino real de los fondos adscritos a las bancadas de las distintas formaciones políticas. El órgano fiscalizador advierte de que, sin una reforma legal de calado, los partidos continuarán encontrando en sus grupos institucionales un canal adicional de recursos, al margen de las aportaciones de militantes, donaciones y financiación bancaria.

Con su Proposición No de Ley, consultada por elDiario.es, los dos exdiputados de Vox quieren blindar legalmente la separación entre el presupuesto de los grupos y el de los partidos. Para ello, reclaman modificar la normativa con el objetivo de reducir la dependencia de los partidos de los fondos públicos y promover con ello “una mayor independencia y autonomía del funcionamiento tanto de los partidos políticos como de los grupos parlamentarios”.

En concreto, los parlamentarios instan la derogación de la letra e del apartado primero del artículo 2 de la ley de financiación de partidos, que alude a las aportaciones recibidas por los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales. La supresión de este precepto, alegan, permitiría “una mayor transparencia y control sobre el uso de los fondos públicos asignados a los grupos parlamentarios, evitando que se utilicen para financiar actividades de los partidos políticos que no están directamente relacionadas con el funcionamiento parlamentario”.

Tanto Ribas como Buades, junto a la excargo de Vox Maite de Medrano, comparecieron la semana pasada en rueda de prensa para responder a las acusaciones efectuadas por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien un día antes los calificó de “estafadores”. “Que el señor Garriga se atreva a llamarnos a nosotros estafadores es un ejercicio de cinismo bochornoso e intolerable”, recriminó Ribas, exportavoz de Vox en el Parlament balear, máxime cuando, aseveró, una de las primeras decisiones de su sucesora, Manuela Cañadas, fue “pasar de transferir un 10% a un 50% del dinero del grupo” al partido.

Por su parte, Cañadas aseveró este lunes que si detectara irregularidades en su partido “iría a los juzgados” en lugar de difundirlas a los medios de comunicación, retando así a Ribas, Buades y De Medrano a lllevar sus acusaciones a los tribunales. “Las mentiras, injurias y calumnias no se hablan ni en rueda de prensa ni en los medios de comunicación”, espetó.

En paralelo, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió que el desvío de fondos de los grupos al partido es legal, aseverando que las cuentas de la formación de extrema derecha están auditadas por el Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador ya instado en varias ocasiones a poner coto a la “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal con la que los partidos acaban incrementando sus recursos con cargo a los fondos públicos asignados a sus grupos el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos. En este sentido, alerta de la opacidad y de los riesgos de convertir estas dotaciones a grupos en un canal paralelo de financiación, por lo que reclama reformas reglamentarias así como de la ley del régimen local para que se establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal, finalidades para las que ya existen otras subvenciones.

La portaveu de Vox al Parlament balear, Manuela Cañadas, ha assegurat aquest dilluns que si detectés irregularitats en el seu partit “aniria als jutjats” en lloc de difondre-les als mitjans de comunicació, desafiant així els tres exdiputats de la formació que la setmana passada van denunciar les pressions a què haurien estat sotmesos per desviar “ingents quantitats de diners” del grup parlamentari a les illes a Disenso, la fundació privada que presideix Santiago Abascal a títol nominatiu.

Les acusacions dels tres excàrrecs, Idoia Ribas, Agustí Buades i Maite de Medrano -en l'actualitat parlamentaris no adscrits-, han reobert el debat sobre fins a quin punt els grups parlamentaris poden ser utilitzats com a instrument de finançament dels partits i si la llei hauria de reforçar els mecanismes de control per evitar que fons públics destinats a la representació institucional acabin sostenint els aparells polítics.

Preguntada sobre això, Cañadas ha asseverat que “les mentides, injúries i calúmnies no es parlen ni en roda de premsa ni als mitjans de comunicació”. “Per la nostra part ens és igual qui vulgui enredar. Entenc que Vox és un partit que està creixent moltíssim i hi ha molta gent a qui això fa ràbia, però nosaltres ho tenim molt clar: hem vingut a treballar i seguirem treballant pels votants que hem tingut i pels votants futurs, que segurament seran molts més”.

Amb tot, la parlamentària ha eludit aprofundir en l'assumpte quan se li ha inquirit sobre si denunciarà davant la Justícia les manifestacions dels seus excompanys de files, limitant-se a afirmar que “els comptes del grup parlamentari són molt transparents, molt clars i, a més, públics. Per tant, no seré jo”. “De totes maneres, sí que els diré una cosa: si jo estant a Vox veiés alguna irregularitat, no vindria aquí a explicar-ho a vostès, m'aniria directament als jutjats. Crec que així ja els he contestat”.

De nou, preguntada sobre la possibilitat de denunciar les “injúries” a què ha al·ludit, Cañadas ha refusat respondre: “No vull fer donar peu a més comèdies. No contestaré res que no sigui sobre els grups parlamentaris”. Quan una de les periodistes ha assenyalat que la seva pregunta afecta el seu grup i diversos diputats, ha eludit de nou contestar: “No normalitzaré el que és anormal en aquest Parlament. Si vostès m'entenen, m'ho respecten”, ha conclòs.

Més contundent s'ha pronunciat aquest dilluns el portaveu nacional de Vox José Antonio Fúster, que ha defensat que el desviament de fons dels grups al partit és legal, asseverant que els comptes de la formació d'extrema dreta estan auditats pel Tribunal de Comptes. L'òrgan fiscalitzador, però, ja instat diverses vegades a posar límit al “sobrefinançament” de les formacions polítiques, una via legal amb què els partits acaben incrementant els seus recursos amb càrrec als fons públics assignats als seus grups el Congrés, el Senat i els Parlaments autonòmics.

En aquest sentit, el Tribunal de Comptes alerta de l'opacitat i dels riscos de convertir aquestes dotacions a grups en un canal paral·lel de finançament, per la qual cosa reclama reformes reglamentàries així com de la llei del règim local perquè s'estableixin “condicions i requisits” amb les quals es poden fer unes aportacions que, sovint, s'utilitzen per a sufragar despeses ordinàries dels partits o contractar personal. Una finalitat per a la qual ja existeixen altres subvencions, com les de funcionament.

En contra d'aquest criteri, Fúster ha justificat que aquests diners són necessaris perquè el partit “proporciona uns serveis vitals” als grups parlamentaris, entre els quals ha esmentat “seguretat, una oficina tècnica o jornades de coordinació”. En aquesta línia, ha apuntat a més que el PP i el PSOE fan pràctiques similars.

La Llei Orgànica de Finançament dels Partits Polítics reconeix que les formacions poden rebre aportacions dels grups parlamentaris, però obliga a justificar-ne l'ús amb transparència ia garantir que es destinin a fins compatibles amb l'activitat institucional. En aquest sentit, la pràctica defensada per Vox, encara que emparada parcialment per la legislació, es mou en un terreny controvertit que podria derivar en responsabilitats si no es compleixen els requisits de transparència, autorització interna i finalitat institucional.

Cal recordar que a fundació presidida per Abascal va néixer el 2020 amb un capital de 30.000 euros del partit, el mínim legal per constituir-la. Les fundacions són institucions privades sense ànim de lucre, compten amb beneficis fiscals i, per tant, l'obligació de presentar balanços (les vinculades a partits estan fiscalitzades pel Tribunal de Comptes). Entre els fins de Disenso, considerats d'interès general, se cita la“promoció de la defensa de la vida i la família”, “la reivindicació de l'herència de la civilització occidental” o “la defensa de la llibertat, la unitat i la sobirania d'Espanya”.

Com va revelar elDiario.es, Vox ha transferit milions d'euros a Disenso durant els darrers vuit anys. Es tracta de diners principalment procedents del partit d'extrema dreta, que rep 10 milions d'euros de diners públics cada any (segons els resultats electorals, els partits polítics perceben una quantitat determinada per al funcionament) i uns 5 milions anuals de donacions privades. Després de conèixer-se a més un informe del Tribunal de Comptes que alertava d'irregularitats a les donacions, la cúpula del partit va substituir el gerent, presentant el canvi com “una renúncia per voluntat pròpia”.

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha asegurado este lunes que si detectara irregularidades en su partido “iría a los juzgados” en lugar de difundirlas a los medios de comunicación, retando así a ir a los tribunales a los tres exdiputados de la formación que la semana pasada denunciaron las presiones a las que habrían sido sometidos para desviar “ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario en las islas a Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal a título nominativo.

Las acusaciones de los tres excargos, Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano -en la actualidad parlamentarios no adscritos-, han reabierto el debate sobre hasta qué punto los grupos parlamentarios pueden ser utilizados como instrumento de financiación de los partidos y si la ley debería reforzar los mecanismos de control para evitar que fondos públicos destinados a la representación institucional acaben sosteniendo a los aparatos políticos.

Preguntada al respecto, Cañadas ha aseverado que “las mentiras, injurias y calumnias no se hablan ni en rueda de prensa ni en los medios de comunicación”. “Por nuestra parte nos da igual quién quiera enredar. Entiendo que Vox es un partido que está creciendo muchísimo y hay mucha gente a la que le da rabia, pero nosotros lo tenemos muy claro: hemos venido a trabajar y vamos a seguir trabajando por los votantes que hemos tenido y por los votantes futuros, que seguramente serán muchos más”.

Con todo, la parlamentaria ha eludido profundizar en el asunto cuando se le ha inquirido sobre si denunciará ante la Justicia las manifestaciones de sus excompañeros de filas, limitándose a afirmar que “las cuentas del grupo parlamentario son muy transparentes, muy claras y, además, públicas. Por lo tanto, no voy a ser yo quien tenga que desmentir [las acusaciones]”. “De todos modos, sí les voy a decir una cosa: si yo estando en Vox viese alguna irregularidad, no vendría aquí a contárselo a ustedes, me iría directamente a los juzgados. Creo que así ya les he contestado”.

De nuevo, preguntada sobre la posibilidad de denunciar las “injurias” a las que ha aludido, Cañadas ha rehusado responder: “No quiero hacer dar pie a más comedias. No voy a contestar nada que no sea sobre los grupos parlamentarios”. Cuando una de las periodistas ha señalado que su pregunta afecta a su grupo y a varios diputados, ha eludido de nuevo contestar: “No voy a normalizar lo que es anormal en este Parlament. Si ustedes me entienden, me lo respetan”, ha concluido.

Más tajante se ha pronunciado este lunes el portavoz nacional de Vox José Antonio Fúster, quien ha defendido que el desvío de fondos de los grupos al partido es legal, aseverando que las cuentas de la formación de extrema derecha están auditadas por el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador, sin embargo, ya instado en varias ocasiones a poner coto a la “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal con la que los partidos acaban incrementando sus recursos con cargo a los fondos públicos asignados a sus grupos el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos.

El Tribunal de Cuentas alerta de la opacidad y de los riesgos de convertir estas dotaciones a grupos en un canal paralelo de financiación, por lo que reclama reformas reglamentarias así como de la ley del régimen local para que se establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal. Una finalidad para la que ya existen otras subvenciones, como las de funcionamiento.

En contra de este criterio, Fúster ha justificado que ese dinero es necesario porque el partido “proporciona unos servicios vitales” a los grupos parlamentarios, entre los que ha mencionado “seguridad, una oficina técnica o jornadas de coordinación”. En esta línea, ha apuntado además que PP y PSOE realizan prácticas similares.

La Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos reconoce que las formaciones pueden recibir aportaciones de los grupos parlamentarios, pero obliga a justificar su uso con transparencia y a garantizar que se destinen a fines compatibles con la actividad institucional. En este sentido, la práctica defendida por Vox, aunque amparada parcialmente por la legislación, se mueve en un terreno controvertido que podría derivar en responsabilidades si no se cumplen los requisitos de transparencia, autorización interna y finalidad institucional.

Cabe recordar que a fundación presidida por Abascal nació en 2020 con un capital de 30.000 euros del partido, el mínimo legal para constituirla. Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, cuentan con beneficios fiscales y, por tanto, la obligación de presentar balances (las vinculadas a partidos están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas). Entre los fines de Disenso, considerados de interés general, se cita la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”. 

Como desveló elDiario.es, Vox ha transferido millones de euros a Disenso durante los últimos ocho años. Se trata de dinero principalmente procedente del partido de extrema derecha, que recibe 10 millones de euros de dinero público cada año (según los resultados electorales, los partidos políticos perciben una cantidad determinada para su funcionamiento) y unos 5 millones anuales de donaciones privadas. Tras conocerse además un informe del Tribunal de Cuentas que alertaba de irregularidades en las donaciones, la cúpula del partido sustituyó al gerente, presentando el cambio como “una renuncia por voluntad propia”.

Tres ex alts càrrecs de Vox a Balears, Idoia Ribas, Agustín Buades i Maite de Medrano, han denunciat aquest dijous les pressions a les quals asseguren haver estat sotmesos per part de la formació d'extrema dreta per a “desviar ingents quantitats de diners” del grup parlamentari a Disenso, la fundació privada que presideix Santiago Abascal a títol nominatiu.

Els tres diputats en l'actualitat no adscrits han comparegut en roda de premsa per a respondre a les acusacions efectuades pel secretari general de Vox, Ignacio Garriga, qui aquest dimecres els va qualificar “d'estafadors”. “Que el senyor Garriga s'atreveixi a dir-nos a nosaltres estafadors és un exercici de cinisme vergonyós i intolerable”, ha recriminat Ribas, exportaveu de Vox al Parlament balear, màximament quan, ha asseverat, una de les primeres decisions de la seva successora, Manuela Cañadas, va ser “passar de transferir un 10% a un 50% dels diners del grup” al partit. Preguntats per aquestes acusacions, des de Vox assenyalen a elDiario.es que el partit no entrarà a valorar-les.

Ribas ha assegurat que, quan era portaveu de Vox en la Cambra autonòmica, es va negar a “transferir més d'un 10%”. “No se'ns va demanar autorització per a això quan formàvem part del grup i per tant érem responsables de la gestió dels diners d'aquest”, ha incidit, asseverant que “aquests són els interessos d'Abascal: els diners”. “I mentre guanyen diners, li venen fum a la gent. Van enganxant adeptes amb un discurs patriòtic i, silenciosament, apliquen un descomunal gir polític al partit, abandonant els principis liberalconservadors que van ser els pilars de la creació de Vox per a abraçar-se a una dreta populista i radical que podem qualificar com la deriva Buxadé, exmilitant de la Falange Espanyola que odia tot el que faci olor de llibertat”.

Cal recordar que Disenso va néixer en 2020 amb un capital de 30.000 euros del partit, el mínim legal per a constituir-la. Les fundacions són institucions privades sense fins lucratius, compten amb beneficis fiscals i, per tant, l'obligació de presentar balanços (les vinculades a partits estan fiscalitzades pel Tribunal de Comptes). Entre els fins de Disenso, considerats d'interès general, se cita la “promoció de la defensa de la vida i la família”, “la reivindicació de l'herència de la civilització occidental” o “la defensa de la llibertat, la unitat i la sobirania d'Espanya”.

Com va revelar elDiario.es, Vox ha transferit milions d'euros a Disenso durant els últims vuit anys. Es tracta de diners principalment procedents del partit d'extrema dreta, que rep 10 milions d'euros de diners públics cada any (segons els resultats electorals, els partits polítics perceben una quantitat determinada per al seu funcionament) i uns 5 milions anuals de donacions privades. Després de conèixer-se a més un informe del Tribunal de Comptes que alertava d'irregularitats en les donacions, la cúpula del partit va substituir al gerent, presentant el canvi com “una renúncia per voluntat pròpia”.

L'activitat de Disenso es basa a organitzar congressos, esdeveniments, col·loquis, promoure idees, editar informes i, de manera molt destacada, difondre notícies en La Gaceta de la Iberosfera –abans coneguda com La Gaceta de los Negocios, propietat de Julio Ariza, guru mediàtic de la dreta més conservadora i amo d'Intereconomía–.

D'altra banda, Ribas també ha al·ludit, tal com va revelar en una entrevista concedida a elDiario.es, a les intencions de Cañadas de forçar eleccions anticipades a l'abril de 2024, referint-se a diversos missatges remesos per aquesta a l'inici d'aquell any, els que, segons ha apuntat, al·ludia a la intenció de la direcció nacional de dinamitar l'acord d'investidura aconseguit entre PP i Vox a Balears i forçar així la convocatòria d'uns nous comicis. “La intenció de Vox no era avançar en les polítiques, sinó dinamitar la legislatura”, ha remarcat.

Segons ha assenyalat, l'oposició a aquesta estratègia va ser la que va donar origen a les pressions i a una “purga” per part de la direcció nacional, la qual cosa va desembocar en la implosió del grup parlamentari.

Com va assenyalar Ribas a aquest periòdic el mes de juny passat, el pla de la direcció nacional i provincial del partit era “dinamitar” l'Executiu presidit per Marga Prohens (PP): “Volien bloquejar l'acció de govern perquè, arribat abril, un any després de les eleccions, Prohens es veiés abocada a convocar eleccions anticipades. La pròpia Canyades ens va informar els diputats de Vox per Mallorca que tenia a una persona que li havia informat d'això dins del partit”. En la mateixa entrevista, l'exportaveu parlamentària va assegurar que es va oposar a aquesta idea perquè “ja havia estat la que havia hagut de donar la cara signant un acord amb el qual Vox no entrava en el govern”. “No volia ser, a més, la que provoca unes eleccions anticipades, perquè si després guanya l'esquerra tota la vida tendria jo l'etiqueta i el pes d'haver-lo provocat. Al final, la que dona la imatge pública i la que es crema soc jo”, va sentenciar.

Tres ex altos cargos de Vox en Balears, Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano, han denunciado este jueves las presiones a las que aseguran haber sido sometidos por parte de la formación de extrema derecha para “desviar ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario a Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal a título nominativo.

Los tres diputados en la actualidad no adscritos han comparecido en rueda de prensa para responder a las acusaciones efectuadas por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien este miércoles los calificó de “estafadores”. “Que el señor Garriga se atreva a llamarnos a nosotros estafadores es un ejercicio de cinismo bochornoso e intolerable”, ha recriminado Ribas, exportavoz de Vox en el Parlament balear, máxime cuando, ha aseverado, una de las primeras decisiones de su sucesora, Manuela Cañadas, fue “pasar de transferir un 10% a un 50% del dinero del grupo” al partido. Preguntados por estas acusaciones, desde Vox señalan a elDiario.es que el partido no entrará a valorarlas.

Ribas ha asegurado que, cuando era portavoz de Vox en la Cámara autonómica, se negó a “transferir más de un 10%”. “No se nos pidió autorización para ello cuando formábamos parte del grupo, y por tanto éramos responsables de la gestión del dinero del mismo”, ha incidido, aseverando que “esos son los intereses de Abascal: el dinero”. “Y mientras se forran, le venden humo a la gente. Van enganchando adeptos con un discurso patriótico y, silenciosamente, aplican un descomunal giro político al partido, abandonando los principios liberalconservadores que fueron los pilares de la creación de Vox para abrazarse a una derecha populista y radical que podemos calificar como la deriva Buxadé, exmilitante de la Falange Española que odia todo lo que huela a libertad”.

Cabe recordar que Disenso nació en 2020 con un capital de 30.000 euros del partido, el mínimo legal para constituirla. Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, cuentan con beneficios fiscales y, por tanto, la obligación de presentar balances (las vinculadas a partidos están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas). Entre los fines de Disenso, considerados de interés general, se cita la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”. 

Como desveló elDiario.es, Vox ha transferido millones de euros a Disenso durante los últimos ocho años. Se trata de dinero principalmente procedente del partido de extrema derecha, que recibe 10 millones de euros de dinero público cada año (según los resultados electorales, los partidos políticos perciben una cantidad determinada para su funcionamiento) y unos 5 millones anuales de donaciones privadas. Tras conocerse además un informe del Tribunal de Cuentas que alertaba de irregularidades en las donaciones, la cúpula del partido sustituyó al gerente, presentando el cambio como “una renuncia por voluntad propia”.

La actividad de Disenso se basa en organizar congresos, eventos, coloquios, promover ideas, editar informes y, de manera muy destacada, difundir noticias en La Gaceta de la Iberosfera –antes conocida como La Gaceta de los Negocios, propiedad de Julio Ariza, gurú mediático de la derecha más conservadora y dueño de Intereconomía–.

Por otro lado, Ribas también ha aludido, tal como desveló en una entrevista concedida a elDiario.es, a las intenciones de Cañadas de forzar elecciones anticipadas en abril de 2024, refiriéndose a varios mensajes remitidos por ésta al inicio de aquel año, en los que, según ha apuntado, aludía a la intención de la dirección nacional de dinamitar el acuerdo de investidura alcanzado entre PP y Vox en Balears y forzar así la convocatoria de unos nuevos comicios. “La intención de Vox no era avanzar en las políticas, sino dinamitar la legislatura”, ha remarcado.

Según ha señalado, la oposición a esta estrategia fue la que dio origen a las presiones y a una “purga” por parte de la dirección nacional, lo que desembocó en la implosión del grupo parlamentario.

Como señaló Ribas a este periódico el pasado mes de junio, el plan de la dirección nacional y provincial del partido era “dinamitar” el Ejecutivo presidido por Marga Prohens (PP): “Querían bloquear la acción de gobierno para que, llegado abril, un año después de las elecciones, Prohens se viera abocada a convocar elecciones anticipadas. La propia Cañadas nos informó a los diputados de Vox por Mallorca que tenía a una persona que le había informado de esto dentro del partido”. En la misma entrevista, la exportavoz parlamentaria aseguró que se opuso a esta idea porque “ya había sido la que había tenido que dar la cara firmando un acuerdo con el que Vox no entraba en el gobierno”. “No quería ser, además, la que provoca unas elecciones anticipadas, porque si luego gana la izquierda toda la vida iba a tener yo la etiqueta y el peso de haberlo provocado. Al final, la que da la imagen pública y la que se quema soy yo”, sentenció.

El partido ultraderchista Vox propone a uno de los gestores de la fundación de Santiago Abascal como consejero de la radiotelevisión pública valenciana À Punt. El grupo parlamentario en las Corts Valencianes ha registrado este martes el nombre de Julio Utrilla como candidato al Consejo de Administración de la nueva corporación, que sustituirá a la empresa gestora actual gracias a la ley aprobada con el PP. Populares y ultras aprobaron una norma el pasado junio que les da el control de los medios de comunicación por su mayoría parlamentaria. En señal de protesta, ni PSPV ni Compromís presentan candidatos.

Según la información facilitada por el grupo ultra, Utrilla es ingeniero superior en minas, y fue patrono de la Fundación Disenso, el think thank de la formación de Abascal. Es un hombre de máxima confianza del dirigente de ultraderecha y formaba parte de la dirección de la fundación, destinada a difundir el ideario de la formación ultra, cuando esta recibió nueve millones de euros en cinco años del grupo parlamentario en el Congreso, como desveló una investigación de elDiario.es. Utrilla formó parte del equipo de Santiago Abascal, que preside la fundación, junto a Enrique Cabanas, amigo de Abascal desde la época en la que presidió la fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) financiada por Esperanza Aguirre y Pablo Sáez, tesorero del partido.

La fundación destina su actividad a organizar congresos, eventos, coloquios, promover ideas, editar informes y difundir noticias en medios ultraconservadores. Entre sus fines, considerados de interés general, cita la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”.

Utrilla fue diputado nacional de VOX por Valencia en la pasada legislatura y director institucional de Vox. Antes de entrar en la formación ultra Director General del Grupo AGEM y trabajó durante nueve años como Director General de ENVITEL Tecnología y Control, según indica en su ficha del partido. Junto a él, Vox ha presentado a Susana Pérez González es técnica especialista en Educación Infantil. Cursó un máster en Periodismo y Comunity Manager, y ha trabajado en varios medios de comunicación como Eko Radio y TV, Alameda TV, À Punt, así como emisoras y televisiones locales.

Por su parte, el PP presenta como consejeros a los periodistas María José Arambul Ballester, ex de Cope Castellón y actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Castellón; Juan Alfonso Gil Irún, que ha sido redactor jefe de la Agencia EFE; Rosalía Mayor Rodríguez, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante; Vicente Ordaz Soriano, director de informativos de Cope Valencia; y María Pilar Caro Carralero es directora general de la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valenciana. Los populares apuntaron a Sergio Peláez, director de la COPE, como posible presidente del órgano, pero finalmente no se ha presentado.

Dimisión del director general

La dimisión del director general de À Punt, Alfred Costa, ha acelerado el proceso de renovación del ente. Costa abandonó su puesto días después de que se hiciera público que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ofreció su puesto -que se conseguía por concurso público- a una periodista en una comida el pasado 29 de octubre, día de la DANA. El limbo legal en el que dejaba la televisión, que se rige por una norma derogada desde junio, ha hecho que los conservadores pisen el aceleador y sigan con su calendario, que preveía tener el Consejo de Administración listo a finales de este 2024.

El Parlamento valenciano tendrá que votar a los candidatos propuestos y sumar un octavo que presente la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Con la nueva ley, basta con una mayoría simple en segunda votación para elegir al órgano que dirija la radiotelevisión pública, por lo que PP y Vox no necesitan a los partidos de la oposición para diseñar los medios públicos. De entre estos ocho consejeros se nombrará al presidente del órgano y, a propuesta del consejo, a un nuevo director general.

El 2023 no fue un buen año para Vox, ni en lo electoral ni en lo económico. Sin embargo, su fundación, Disenso, no notó el bache porque siguió recibiendo del partido las mismas cantidades que ingresa desde su nacimiento e incluso se permitió gastar más dinero en salarios, gastos de la actividad y contratos con terceros. Las estrecheces del partido no tuvieron reflejo en la fundación que ideó y creó en 2020 Santiago Abascal junto a su mano derecha, Kiko Méndez Monasterio, y que vive de las subvenciones que recibe de Vox.

Las cuentas del partido, enviadas a sus afiliados el pasado junio, revelaron que ese año súper electoral –con comicios locales, autonómicos y generales– Vox perdió dos millones de ingresos, que la mitad de sus afiliados no pagaban la cuota y que tuvo que pedir un crédito de nueve millones de euros a entidades bancarias para poder hacer las campañas electorales, que esperaban que fuera reembolsado posteriormente por las administraciones públicas una vez pasados esos comicios, algo que los críticos con la actual dirección califican de “opaco”. Como publicó El País, el partido se ha negado a aclarar a qué entidad bancaria pidió el crédito pese a que está obligado por ley a hacerlo público.

Pese al bache económico, el partido continuó haciendo las transferencias a la fundación política que preside el propio Abascal, y a la que desde 2021 destina 2,5 millones de euros anuales. Ese 2023 también traspasó esos mismos fondos a Disenso desde Vox, un dinero que proviene básicamente de las cuotas de los afiliados y de los casi diez millones de dinero público en concepto de subvenciones del Estado que ha estado recibiendo para financiar su actividad y que es proporcional a los resultados electorales que obtiene. Más escaños, más dinero, y viceversa.

Las cuentas recién colgadas por la Fundación Disenso, las de 2023, revelan que no solo no hubo una contención del gasto en el laboratorio de ideas que preside nominalmente Santiago Abascal, sino que fue expansivo en salarios y en contratos a terceros y “otros gastos”. En total, Disenso dispuso de 2,8 millones de euros –los 2,5 que le pasa el partido más dos subvenciones públicas de 150.000 euros y un pequeño excedente del año anterior–.

Casi todo se lo gastó en dos partidas: gastos de personal (1,2 millones en 2023 frente al millón que había gastado en 2022) y “otros gastos” (1,4 millones frente a los 1,3 de 2022). De estos últimos, se llevan el grueso los “servicios de profesionales independientes”. Qué empresas o profesionales se hicieron con esa partida es algo que no se revela, pese a las peticiones de críticos como Macarena Olona. Dentro de esa partida destacan también los 200.000 euros que gastó Disenso en alquileres.

Según sus propias cuentas, Disenso tiene 26 empleados y solo uno es de alta dirección: su director, Jorge Martín Frías (desde junio también eurodiputado), que en 2022 cobraba 85.000 euros y que en 2023 se sube el sueldo y pasa a cobrar 91.000. La media en gastos de personal del think tank es de 46.000 euros por trabajador (el salario medio en España ese año era de 26.500 euros). Disenso no ha contestado a elDiario.es si hay alguien que cobre más que Martín Frías. La auditoría especifica que los patronos no han recibido dietas ni salarios. El patronato está formado por el propio Santiago Abascal, que lo preside. También está Enrique Cabanas, amigo de Abascal desde la época en la que presidió la fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) financiada por los gobiernos de Esperanza Aguirre en Madrid, o Pablo Sáez, tesorero del partido y diputado por Valladolid.

Una herramienta de Vox desde 2020

Disenso nació en 2020 con un capital que puso Vox y que ascendía a 30.000 euros, el mínimo legal para poder constituirse. Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, tienen beneficios fiscales y, por tanto, la obligación de presentar balances (las vinculadas a partidos están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas). Entre los fines de Disenso, considerados de interés general, está la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”. La organización difunde el ideario de Vox a través de charlas, conferencias, formación, vídeos y también ha sido el motor de las relaciones de Vox con líderes ultraderechistas como Javier Milei o Jair Bolsonaro, a través del proyecto que llaman Iberosfera (la fundación de Abascal ha financiado 21 viajes en 2023, según las memorias).

Una de las actividades que más dinero se llevó según las cuentas de 2023 fue la web La Gaceta de la Iberosfera, aunque la propia fundación admite que ha recibido la exigua cantidad de 28.000 visitas en un año. Además, Disenso ha subvencionado a dos estudiantes para la escuela de negocios ISSEP, también del entorno de Vox y patrocinada por la sobrina de Marine Le Pen.

Desde su creación, Disenso ha recibido nueve millones de euros del partido (a razón de 2,5 millones de euros anuales a los que hay que sumar el millón que lleva ya traspasado en lo que va de 2024, según las propias cuentas de Vox). Las cantidades de dinero que Disenso recibe de Vox y sus gastos se salen de lo habitual en el entorno de las fundaciones de partidos. 

Concordia y libertad, el último think tank del PP, gastó la mitad en personal de lo que gastó Disenso, según sus últimos balances colgados. Recibió en subvenciones y aportaciones un millón de euros menos que la fundación de ultraderecha. En el caso de la Fundación Pablo Iglesias, del PSOE, gastó medio millón en personal y, en subvenciones y donaciones (no especifica de quién), recibió 500.000 euros en 2022, una quinta parte de Disenso. En ninguno de sus balances aparece una donación del partido de la magnitud de la que hace Vox a su fundación.

Disenso no ha contestado de momento a la petición concreta de información de elDiario.es sobre sus cuentas y sus gastos, ni sobre salarios o la cantidad que espera percibir del partido de Abascal.

El director de Disenso, la fundación del partido de Santiago Abascal, tiene un sueldo de 89.000 euros anuales, según recoge la declaración de intereses que el ahora eurodiputado de Vox, Jorge Martín Frías, ha presentado ante el Parlamento Europeo, que obliga a los parlamentarios a revelar datos sobre sus actividades profesionales anteriores al acceso al escaño.

El think tank que la formación de extrema derecha creó en el año de 2020 se nutre de fondos públicos. En ese tiempo, el partido de Abascal ha transferido al menos siete millones de euros, según las cuentas depositadas ante el Tribunal de Cuentas.

Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, tienen beneficios fiscales y por tanto la obligación de presentar balances (las vinculadas a partidos están fiscalizadas por esa institución pública). Las aportaciones que hizo Vox están exentas de impuestos para Disenso, mientras que si fuera una sociedad, y no una fundación, tributaría al 25%.

“La herencia de la civilización occidental”

Disenso se encarga de difundir el ideario de la formación de extrema derecha. Entre los fines que recogen sus estatutos está la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”.

La fundación gasta un millón al año en personal y 1,3 millones en el genérico epígrafe “otros gastos de actividad”, sin desglosar en qué servicios, contratos o empresas. Ahora se sabe que el director ganaba 89.000 euros anuales gracias a la obligación de la Eurocámara de publicar los ingresos previos a hacerse con el escaño.

Los 720 parlamentarios han tenido que presentar esa declaración de intereses privados esta semana, antes de que terminara el pleno en el que se constituyó formalmente tras las elecciones de junio. Ahora los servicios de la Cámara analizarán los datos y podrán pedir información extra a los eurodiputados.

En el caso del agitador Alvise Pérez, ha ocultado el salario que obtenía antes de incorporarse al Parlamento Europeo al declarar que era analista y consultor político, pero limitarse a poner que ese dinero procedente de su actividad profesional era en forma de donación.

Vox ha seguido traspasando millones de euros a Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal a título nominativo, durante 2023 y 2024. Según las cuentas anuales enviadas este martes a los militantes para que sean aprobadas en la asamblea del viernes, y a las que ha tenido acceso elDiario.es, durante el año pasado el partido transfirió un total de 2,5 millones a su 'think tank'. Y en el apartado de “hechos posteriores al cierre” relata transferencias entre enero y junio de este año que alcanzan un millón de euros. Con esta cantidad, son ya 9 millones los que ha recibido Disenso desde su creación en 2020.

Kiko Méndez Monasterio, el gurú de Abascal, ayudó a montar Disenso, que se dedica a hacer informes, viajes y encuentros con líderes ultras de Latinoamérica. La relación de Abascal con Milei o Bolsonaro viene precisamente por las actividades de esta fundación, que triplica los fondos anuales que reciben las fundaciones de PSOE y PP desde sus partidos.

Vox justifica estos traspasos en el “exitoso trabajo” de su laboratorio de ideas en Latinoamérica y Europa, donde ha construido “sólidas alianzas”, siempre con partidos de ultraderecha. Añade también que las cuentas anuales de Vox y las de Disenso están auditadas por entidades independientes y sometidas además al estudio del Tribunal de Cuentas. Y lo especifica tras la polémica generada sobre el desvío de fondos del partido (que se financia con 10 millones de dinero público y casi cinco en donaciones privadas o cuotas de afiliados) a una fundación privada.

Disenso nació en 2020 con un capital que puso el partido y que ascendía a 30.000 euros, el mínimo legal para constituirla. Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, tienen beneficios fiscales y por tanto la obligación de presentar balances (las vinculadas a partidos están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas). Entre sus fines, considerados de interés general, cita la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”. 

Ese mismo año recibió otros 370.000 euros del partido. En 2021 y 2022 también ingresó sendas transferencias de 2,5 millones. En 2023 el partido transfirió primero 1,5 millones a principio de año y otro más adelante, sumando los 2,5 millones totales que revelan ahora las cuentas cerradas de 2023, la misma cantidad que en años anteriores. Hasta junio de 2024 ha entregado otro millón, cantidad que puede seguir subiendo hasta fin de año. Total, casi 9 millones.

Ese dinero acaba, según las últimas cuentas hechas públicas por Disenso (2022) en gastos de personal de la propia fundación, que se llevó un millón de euros, con una plantilla de 25 empleados (resultando una media salarial de 40.000 euros por persona). Otro millón y pico (1,3) acaba en un poco desglosado “otros gastos de la actividad”, la mitad de su presupuesto anual. Ahí pueden entrar contrataciones a empresas, pagos por servicios o a personas que lleven a cabo actividades para cumplir los fines fundacionales.

Carta de justificación

Tras la publicación por elDiario.es de los traspasos que estaba recibiendo la fundación, el partido envió masivamente a sus afiliados una carta en la que justificaba esas transferencias y que estaba firmada por el secretario general, Ignacio Garriga: calificaba las informaciones “manipulaciones veladas y falsas acusaciones que pretende sembrar la sospecha sobre la fundación” y acusaba a la prensa de “intentar acabar con este movimiento social y patriótico que es Vox y de volver al bipartidismo”.

Para justificar la financiación de esta organización con el dinero del partido, el secretario general señalaba que “Vox es Disenso y Disenso es Vox”. “¡Cómo no iba a ser así siendo lo mismo la fundación y el partido!”, dice su mensaje, que alerta de la “nada casual ni inocente coalición de medios de izquierda y de derecha pretende manchar la intachable trayectoria de Vox y Disenso”. Días después dimitía el gerente de Vox, arquitecto de la parte financiera de los ultra.

Las cantidades de dinero que Disenso recibe de Vox y sus gastos se salen de lo habitual en el entorno de las fundaciones de partidos. Concordia y libertad, el último think tank del PP, gastó la mitad en personal de lo que gastó Disenso, según sus últimos balances colgados. Recibió en subvenciones y aportaciones un millón de euros menos que la fundación de ultraderecha. En el caso de la Fundación Pablo Iglesias, del PSOE, gastó medio millón en personal y, en subvenciones y donaciones (no especifica de quién), recibió 500.000 euros en 2022, una quinta parte de Disenso. En ninguno de sus balances aparece una donación del partido de la magnitud de la que hace Vox a su fundación.

Vox sigue con su particular cruzada contra las subvenciones que reciben los sindicatos, la patronal y diversas organizaciones de mujeres u ONG que no son de su cuerda. El partido de extrema derecha clama contra los “comegambas”, como se refiere despectivamente a los sindicalistas, e insiste en que hay que luchar contra “el gasto superfluo”. También apoya que el nuevo presidente argentino, Javier Milei, suprima las ayudas a los partidos. Pero la formación de extrema derecha no se aplica la misma medicina que reclama para los demás.

La formación no ha renunciado a ninguna de las partidas de dinero público a las que tiene derecho y, que se sepa, ninguno de sus cargos públicos ha rechazado el cobro de dietas que, además de sus sueldos, conceden el Congreso y el Senado y los parlamentos autonómicos por conceptos de diversa índole, como partidas extras para desplazamientos y otros complementos para vivir y pernoctar en Madrid –que no tributan a Hacienda–, pese a que muchos diputados tienen en la capital vivienda, como el mismo Abascal.

Durante la pandemia, Vox no apoyó la idea del resto de los grupos de dejar de cobrar ese complemento, que supone para los diputados electos por Madrid cerca de 1.000 euros mensuales (963,43) y para los del resto de las provincias casi el doble (2.018,41). Abascal anunció entonces que su partido estaba dispuesto a donar íntegramente esa subvención institucional de su grupo parlamentario correspondiente a los meses más duros del confinamiento. Pero tampoco concretó a dónde iría a parar ese dinero.

En julio del año pasado, al finalizar la anterior legislatura, 30 de los diputados de Vox que o bien no repitieron en las listas o bien no salieron elegidos de nuevo, se acogieron a la llamada “indemnización por cese”, que supone 52 días del salario que estuviera percibiendo cada uno en un único pago. Solo dos renunciaron a ella, según desveló Newtral.

El partido también dice estar en contra de los sindicatos a los que considera “parásitos”, pero en 2020 apadrinó el suyo propio, Solidaridad, que se jacta de que se financia, “única y exclusivamente” con las aportaciones de las cuotas de sus afiliados, cifrados en unos 15.000, una cantidad ridícula comparada con el resto de este tipo de organizaciones.

No obstante, sus estatutos permiten recibir donaciones, subvenciones y otras formas de financiación que no desvelan y que sirven de ayuda para que sus cargos puedan desarrollar su actividad, como los viajes a Bruselas que han realizado para mantener reuniones con partidos de extrema derecha integrados en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) –en el que está Vox– , y con otros sindicatos europeos afines. 

Solidaridad ha estado dirigido por Rodrigo Alonso, diputado de este partido en el parlamento andaluz por Almería, que al año de ser elegido eliminó las votaciones internas. Pese a su escaso poder, a finales del año pasado convocó una huelga general “en defensa de la unidad de España y los derechos de los trabajadores”, que no tuvo ningún eco.

Como desveló elDiario.es, Vox también ha transferido a la Fundación Disenso, que preside el propio Abascal, más de siete millones de euros en los últimos siete años, dinero procedente del partido, cuyos ingresos principales son las subvenciones de dinero público. Tras conocerse además un informe del Tribunal de Cuentas que alertaba de irregularidades en las donaciones, la cúpula del partido sustituyó al gerente, presentando el cambio como “una renuncia por voluntad propia”.

Felicitan a Milei por suprimir las subvenciones a los sindicatos

La semana pasada, los dirigentes de Vox aplaudían la decisión del presidente Javier Milei de suprimir las subvenciones a los partidos políticos. La noticia la recogía el medio de cabecera del partido de Abascal, La Gaceta de la Biosfera, destacando “las similitudes entre las propuestas” del mandatario argentino y las de su formación. Según recuerdan, “el programa electoral de Vox para las elecciones del 23 de julio del año pasado recogió la promesa de suprimir todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos”. “No habrá igualdad real entre españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie”, sentencian.

Ellos en España se jactan de hacer igual. Hace apenas unos días, el partido de extrema derecha destacaba en sus redes sociales la noticia de que el Gobierno de coalición de Castilla y León –presidido por el PP– había vuelto a aprobar otro “recorte” de cerca de 250.000 euros en subvenciones a los “comegambas”, como llama Vox a los sindicalistas.

Según explican, el consejero de Industria, Empleo y Comercio del Gobierno, Mariano Veganzones, de Vox, ha avanzado que “en 2024 se eliminará la ayuda destinada a patronal y a UGT y CCOO por asesorar al Serla”, que ascendía a 232.000 euros cada año. El consejero ha tildado de “pataleta infantosindicalista” la petición de los sindicatos de aplicar el artículo 155 a la región.

No es la primera vez que meten 'la tijera' a estas subvenciones en Castilla y León. En junio de 2022 Vox y PP ya ejecutaron un recorte de 20 millones de euros en las subvenciones que reciben los sindicatos y patronal. La contradicción es que pese a no parar de denunciar el “gasto político” que hubo en la etapa de los socialistas, el Ejecutivo de coalición actual cuenta ahora con 99 altos cargos, seis más que en la anterior legislatura, y ha cubierto todo el cupo de eventuales, los cargos a dedo que ocupan puestos de jefes de prensa en las consejerías, de asesores o incluso de responsables de redes sociales. 

En Murcia y Valencia, más recortes   

También en la Región de Murcia, PP y Vox han recortado un 45% las subvenciones nominativas que concede cada año a la patronal Croem y a los sindicatos UGT y CCOO para desarrollar estudios y trabajos de colaboración en materia de planificación económica y prevención de riesgos. La decisión se tomó a finales de 2023, un año en el que habían fallecido un total de 32 trabajadores por accidente laboral y mientras el Ejecutivo de López Miras decidía acordar con Vox destinar 100.000 euros en la “defensa de la unidad de España” en los Presupuestos regionales para 2024.

La formación de Abascal también tiene previsto modificar allí la Ley de Participación Social, para hacer que la concesión de subvenciones se haga de forma competitiva -a concurso- en lugar de directa como se hacía hasta ahora. 

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Región de Murcia advirtió en este diario que la medida podía suponer que el sindicato de Vox podría acceder a subvenciones hasta ahora reservadas a formaciones que habían negociado convenios con la Administración: “[Vox] Están cobrando y están recibiendo también compensaciones por los votos que tienen, por la representación con la que cuentan en la Asamblea Regional o por la representación que tienen en el Parlamento nacional. Si quieren dar ejemplo podrían renunciar ellos primero a esas compensaciones”, reflexionó el sindicalista.

En Extremadura, sus intenciones han chocado con el PP. A finales de septiembre del año pasado, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, aseguraba que la Junta de Extremadura no recortará subvenciones a sindicatos y patronal, pese a que su partido firmó con Vox lo contrario en el acuerdo de gobierno que hizo presidenta a María Guardiola. Según le recordó el diputado de Vox en la Asamblea regional, Javier Bravo Arrobas, ese recorte de ayudas “evidentemente sí está en el acuerdo”. 

Poco después, durante la tramitación del proyecto de presupuestos que la Junta de Extremadura presentaba para 2024, los primeros del Gobierno conjunto, el partido de Abascal exigía la “eliminación del gasto superfluo”, es decir, la reducción de un 10% de las partidas dedicadas el año que viene como apoyo institucional a la patronal CREEX y a los sindicatos UGT y CCOO, y de un 26% del dinero para cooperación internacional al desarrollo. Finalmente, los dos partidos alcanzaron un acuerdo y las cuentas de 2024 salieron adelante.

En la Comunitat Valenciana, Vox ha exigido que los sindicatos muestren sus cuentas anuales, partidas presupuestarias, subvenciones y salarios de forma periódica. El partido presentó en septiembre del año pasado una proposición no de ley urgente en las Corts Valencianes, que también afecta a asociaciones empresariales, para que “tengan la obligación de hacer pública toda información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria”.   

Un mes después, en el Ayuntamiento de València, que encabeza al dirigente del PP María José Català, la formación de extrema derecha exigió también eliminar 243.000 euros de subvenciones a los sindicatos porque “no tenían demasiado sentido”. “Hemos conseguido poniéndonos de acuerdo eliminar algunas subvenciones nominativas que no tenían demasiado sentido como, por ejemplo, las que se producen hacia los sindicatos, de manera que se potencian algunas subvenciones culturales que tienen que ver con la tradición y la historia de la cultura valenciana y prescindimos de algunas otras que no representan tanto al sentir de la mayoría de los valencianos”, señaló el segundo teniente de alcalde y portavoz municipal de Vox durante la presentación de los presupuestos municipales junto a la alcaldesa.

En Baleares UGT y CCOO obligados a cerrar oficinas de Igualdad

En Balears, en donde Vox no ha entrado en el Govern de Marga Prohens (PP) y ha sufrido una reciente fuerte crisis interna que al final controlaron, los dos socios de legislatura aprobaron suprimir las ayudas públicas a sindicatos y patronales. Las subvenciones se elevaban a 400.000 euros, repartidas de este modo: 100.000 euros a CCOO, 100.000 euros a UGT, 50.000 euros a la Pequeña y Mediana Empresa (Pimem) y 150.000 euros a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB). Fue una de las condiciones que puso el partido de extrema derecha a cambio de dar su apoyo a los Presupuestos de este año.

La eliminación ha abocado tanto UGT como CCOO a cerrar sus oficinas técnicas de Igualdad, cuyo objetivo pasaba, principalmente, por mejorar la equidad entre mujeres y hombres en las empresas de las islas y favorecer la no discriminación de género en el ámbito de las relaciones en el trabajo y la salud laboral.

En el Ajuntament de Palma, el líder de Vox, Fulgencio Coll, renunció a inicios de legislatura a percibir un sueldo como regidor por estar ya jubilado y cobrar su propia pensión. El exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra rechazó así a percibir remuneración alguna del Consistorio, como tampoco las asignaciones a las que tendría derecho por asistir a las sesiones plenarias. 

Santiago Abascal no ha dudado este lunes en defender a Disenso, la fundación vinculada al partido de extrema derecha que se ha situado en el centro de la polémica por las millonarias transferencias que le envía la propia formación, tal y como desveló elDiario.es, y por el informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona algunos de sus ingresos. Lo ha hecho en una intervención en abierto en la sede nacional del partido durante la reunión que ha mantenido con los cargos autonómicos que forman parte de los gobiernos de coalición que Vox ha cerrado con el PP, entre ellos Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que fue el primero en ostentar un sillón de relevancia junto con los de Feijóo. Abascal ha arengado a los suyos y les ha recordado que pese a los que “crean la atmósfera” de que Vox “cae en picado” o les daban por muertos hace años, ahora son “el tercer partido político de España”. “Desde hace cuatro años nos apoyan más de tres millones de españoles, estamos en infinidad de ayuntamientos”, se ha jactado, y, además, “hemos logrado tener asociada al partido una fundación de relevancia internacional que hoy es la fundación probablemente más respetada en todo el ámbito de Hispanoamérica”, ha añadido, en clara referencia al 'think tank' que él mismo preside.

La comparecencia en clave interna de Abascal -la primera que hace desde que lidera el partido y que ha evitado convocar la habitual rueda de prensa que la dirección ofrece los lunes después de la reunión del Comité de Acción Política-, ha servido para intentar despejar cualquier atisbo de crisis interna que ha sufrido estos días Vox con dimisiones y ceses en sus filas. Entre ellas la de su gerente, el diputado por Barcelona Juan José Aizcorbe, que ha sido sustituido por el economista Javier Cortés, en plena polémica sobre las cuentas de Disenso.

Pero sobre todo el acto ha sido aprovechado para demostrar fuerza y sacar pecho de lo que ha logrado Vox en estos últimos años. Así, Abascal ha hablado de “la presencia en cinco gobiernos regionales” en donde “poco a poco se están aplicando las políticas que Vox defiende” , y “se están aplicando con éxito”, gracias al empeño de los consejeros de la formación que están en esos gobiernos y “muy a pesar de los socios de coalición - el PP- que querían seguir gobernando solos”, ha lanzado.

El dirigente de extrema derecha ha vuelto a alertar de la “gravedad” de la situación por la que atraviesa España y del “golpe” contra la Constitución que asegura que está intentando perpetrar Pedro Sánchez junto a los separatistas y nacionalistas, pero esta vez desde la Moncloa. Por ello ha advertido a los suyos de que tienen “el deber de ejercer la vigilancia desde las instituciones”. “Debemos decirles a nuestros socios que si se creen de verdad la amenaza a la que nos estamos enfrentando si van a seguir tendiendo la mano a quienes se han sumado al golpe con separatistas y terroristas, o si realmente están dispuestos a construir una alternativa”, ha remachado, de nuevo como claro mensaje al PP.

Contra el “adoctrinamiento ideológico”

“Tenemos que decirles a nuestros socios que es urgente terminar en las regiones con todas las legislaciones que ataquen la libertad, bien en los colegios a través de la adoctrinamiento ideológico, o bien a través de la aplicación de leyes de memoria histórica que pretenden seguir enfrentando a los españoles. Yo creo que esa es la labor más importante que tenéis que realizar en vuestro servicio a a los españoles”, les ha seguido arengado.

Tampoco se ha olvidado de pedir a sus cargos que alienten el apoyo masivo de la ciudadanía a la nueva manifestación contra la amnistía que se celebrará el domingo 29 de octubre convocada por Denaes, Fundación para la Defensa de la Nación Español, también vinculada al partido. No obstante, ha insistido en que Vox estará “en movilización permanente” contra “este Gobierno que se ha entregado a los enemigos de España, de la nación, y de la igualdad de los españoles”. “Tenemos un gobierno directamente corrupto”, ha zanjado.

Vox ha montado su propia fundación, la Fundación Disenso, a la que ha derivado en cuatro años 7 millones de euros de dinero público sin que las cuentas estén muy claras. ¿Presidente de la fundación? Santiago Abascal. ¿Reacción dentro de Vox? Sospechan.

Hablamos con la adjunta al director de elDiario.es, Raquel Ejerique, la periodista que ha desvelado la exclusiva de la Fundación de Vox. También, con la periodista Carmen Moraga, que sigue de cerca todo lo que pasa con el partido de ultraderecha.

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La Fundación Disenso, creada por Vox en 2020 y presidida por Santiago Abascal para difundir el ideario del partido de ultraderecha, ha recibido siete millones de euros del partido desde su creación y tiene previsto seguir ingresando y gastando más este año, según el presupuesto estimado del propio 'think tank'. A principios de año ya le hicieron un traspaso desde Vox de 1,5 millones, como quedó reflejado en las cuentas que presentó Abascal a su asamblea en junio. Sin embargo, la fundación (un instrumento más opaco que un partido político aunque ambos están auditados por el Tribunal de Cuentas) calcula en un total de 2,7 millones de euros las aportaciones que va a recibir este año, es decir, que esos siete millones que se habían consolidado a principio de este año se convertirían a final de 2023 en 8,2 millones de euros.

Disenso saca un buen trecho a las fundaciones de otros partidos políticos en cuanto a recursos disponibles. Según las últimas cuentas publicadas, la Fundación Pablo Iglesias del PSOE recibió 400.000 euros en donaciones y Concordia y Libertad, del PP, 1,5 millones.

¿En qué tiene previsto gastar el dinero la fundación de ultraderecha? Básicamente, en la partida de personal, que este año ascendería –según esas cuentas provisionales, ya que la foto final se conocerá al cierre de este año– a 1,3 millones de euros, que son 300.000 euros más que en 2022. ¿Para cuántos empleados? Para este año no se refleja el total en el documento colgado, pero el año pasado Disenso informó de 25 trabajadores. Si mantiene esa plantilla, y teniendo en cuenta que los gastos de personal recogen básicamente el pago de salarios o pluses de los empleados, en 2023 el salario medio de un trabajador de Disenso sería de 52.000 euros (el salario mínimo en España es de 15.120 euros).

Una vez más, la fundación de Vox se sale de la media de otros partidos con más años de historia y mejores resultados electorales (y, por tanto, mayor financiación pública). La fundación del PSOE refleja gastos de personal en sus últimas cuentas disponibles por 500.000 euros y la fundación del PP, de 400.000 euros (un tercio del gasto de Vox). Faes, la fundación de Aznar que rompió con el PP, refleja gastos de personal de 320.000 euros y donaciones por 700.000 euros anuales.

La otra gran partida que crece en el presupuesto de Disenso para este año es la de “Otros gastos de la actividad”. Bajo este genérico epígrafe hay contratos con empresas, personas y pagos para el funcionamiento de esta institución promotora del ideario de Vox. Este año prevé gastarse unos 500.000 euros más que el anterior (pasa de 1,3 a 1,8 millones de euros). Como no hay obligación legal de ir más en detalle, no es posible conocer en qué se invierte ese dinero, una solicitud de mayor transparencia que solo podría hacer el propio patronato de Disenso, controlado a su vez por el propio Santiago Abascal, como el partido.

Malestar interno en Vox y dimisión del gerente

De hecho, la publicación en elDiario.es de los traspasos desde Vox a la fundación bajo epígrafes genéricos y sin demasiada publicidad provocó movimientos dentro del partido de extrema derecha. cuatro días después de que saltara la noticia y de que se conociera el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que ponía reparos a Vox presentaba su dimisión Juan José Aizcorbe, gerente y cerebro económico del partido.

Lo desvelado por este diario generó además malestar en el sector crítico con la dirección y entre parte de las bases, motivo por el cual el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se vio obligado a enviar un mail masivo a la militancia, intentando justificar esas transferencias la semana pasada. La clave es que el partido se financia con dinero público por sus resultados electorales (unos diez millones) y por las cuotas, aportaciones y donaciones de sus afilados y no afiliados (unos cinco millones) y buena parte de ese dinero acaba cada año en la Fundación Disenso, dirigida por Jorge Frías, para hacer libros, charlas, viajes a Latinoamérica, coloquios a los que asisten líderes de Vox y de la ultraderecha latinoamericana, dar becas a jóvenes del ISSEP (otra fundación de Vox vinculada a la sobrina de Marine Le Pen) o publicar en la web La Gaceta de la Iberosfera.

Por actividades (las divide en cuatro epígrafes), y siempre según la documentación oficial que entrega Disenso, donde más dinero está invirtiendo este año (un millón de euros) es precisamente en esa web, donde cuelga artículos, entrevistas y opiniones del ideario ultra. También ha difundido alguna 'fake news' de tinte racista que obligó a Abascal a retractarse. Esa web, antes propiedad de Julio Ariza, gasta medio millón en salarios y otro medio en pagos o contratos.

Le sigue en recursos invertidos el Centro de Estudios Internacionales, casi un millón de euros para “informes y vídeos de interés, así como conversaciones y coloquios mediante la realización de entrevistas a personalidades del ámbito cultural y político”. La mitad del dinero irá a salarios y la otra mitad a contratar fuera y otros pagos. En formación y becas (dos para el ISSEP y 11 del Programa Jóvenes Líderes de la Iberosfera) prevé invertir medio millón de euros. En la Iberosfera, un “proyecto con vocación internacional que reúne a figuras públicas relevantes (...) con el fin de poner en común proyectos e ideas”, va a invertir más de 700.000 euros. Con ese dinero, Disenso detalla que tiene el objetivo de publicar seis informes y organizar siete viajes.

La Fundación Disenso ha sido contactada por elDiario.es para recabar más información, conocer detalles de gastos y su versión sin haber obtenido, por el momento, una respuesta.

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La financiación de Vox está más en el punto de mira que nunca. Las sospechas en torno a los siete millones de euros traspasados a la fundación privada que preside Santiago Abascal, según reveló elDiario.es, y el informe del Tribunal de Cuentas que alerta de irregularidades en las donaciones al partido han provocado un terremoto sin precedentes en la formación de extrema derecha.

Este viernes, Juan José Aizcorbe, gerente y cerebro económico del partido, renunció al cargo. Lo hizo un día después de que la dirección se viera obligada a enviar una carta a los militantes para tratar de tranquilizar a las bases tras la revelación de este periódico, al que Vox veta en sus ruedas de prensa. Estas son las sospechas que se ciernen sobre las finanzas de Vox y que han sumido al partido de extrema derecha en una nueva crisis interna: 

Siete millones de euros a Disenso. Este medio publicó el pasado lunes que Vox ha traspasado durante cuatro años casi siete millones de euros a Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal. Esta fundación es una organización más opaca que un partido político, aunque recibe también dinero público y tiene exenciones fiscales. De hecho, esa aportación está libre de impuestos, mientras que si fuera una sociedad tributaría al 25%. Según sus cuentas, gasta un millón de euros en personal y más de un millón en contratar servicios sin especificar cuáles ni con quién se contratan. 

Disenso se dedica a organizar congresos, eventos o coloquios, a editar informes y, de manera muy destacada, a difundir noticias en La Gaceta de la Iberosfera. Este sitio web –antes conocido como La Gaceta de los Negocios— es propiedad de Julio Ariza, gurú mediático de la derecha más conservadora y dueño de Intereconomía. En todo caso, Disenso apenas gana dinero con esta actividad: sus ingresos alcanzaron los 20.285 euros en todo 2022, según sus cuentas. Sus principales entradas de dinero proceden de Vox. 

300.000 euros en cajeros automáticos. La revelación del elDiario.es ha coincidido con la publicación del informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de los partidos en los ejercicios de 2018 y 2019. Un documento que, entre asuntos, alerta de la “falta de control” en las entradas y salidas de dinero en Vox y avisa al partido de Abascal de posibles sanciones por irregularidades en la recepción de donaciones. Además, ese informe sitúa a Vox como el partido que más donaciones privadas recibió en ese período: dos millones de euros, cuatro veces más que PSOE (434.500) y PP (330.600 euros). 

Uno de los asuntos que más llamó la atención a los auditores públicos al analizar las cuentas de Vox fue la existencia de abultados ingresos a través de cajeros automáticos: 20.601,04 euros en 2018 y 311.947,05 euros en 2019. Vox afirmó que se debían a la venta de artículos del partido (pulseras, bolígrafos…) en las mesas informativas que instala periódicamente en las calles de muchas ciudades. Pero el tribunal afirma que “existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos”, lo que vulneraría la ley de financiación de partidos. Esa norma no permite las donaciones anónimas o de empresas, las limita a un máximo de 50.000 euros anuales por parte de una misma persona y obliga a notificar al Tribunal de Cuentas todas las superiores a 25.000 euros. 

Además, el documento revela la “falta de control en la venta de productos promocionales y la ausencia de un precio de venta de los mismos”, lo que “posibilita la percepción de donaciones y aportaciones al margen de los requisitos contemplados” en la citada ley. En este sentido, revela que el departamento de tesorería del partido indicó en dos instrucciones internas difundidas en noviembre de 2018 y abril de 2019 que “no hay necesidad de identificar a los donantes si el ingreso es por una cantidad inferior a 300 euros por la actividad promocional”. Es una interpretación errónea de la norma, que explicaría por qué el 80% de los ingresos realizados en cajeros en 2019 era de “importes inferiores a 300 euros”. Vox alegó que se trató de una confusión. 

Medio millón a una empresa de Méndez Monasterio. El Tribunal de Cuentas saca a la luz también la existencia de facturas por importe de 516.670 euros sólo en el ejercicio de 2019 al “proveedor que gestiona los servicios de comunicación” de Vox. El órgano fiscalizador no revela el nombre de la compañía, pero fuentes cercanas al partido aseguran que se trataría de la mercantil Tizona Comunicación, que realiza labores de consultoría y comunicación para Vox, informa Raquel Ejerique. Es una agencia propiedad de Gabriel Ariza, hijo del presidente del grupo Intereconomía; y de la que es socio Kiko Méndez Monasterio, al que Abascal considera su “gurú”. 

Tras revisar las facturas giradas a Vox por esta empresa, el órgano fiscalizador afirma que las mismas “indican conceptos de carácter genérico”. Y sostiene que “sería conveniente que recogiesen un mayor detalle sobre las unidades facturadas, la naturaleza de los servicios prestados y las fechas de prestación de los mismos, habida cuenta del elevado importe facturado”. 

El Tribunal de Cuentas también hace objeciones en relación con el régimen de contratación. Según el informe, el partido adjudicó “determinados contratos” sin contar previamente con la recepción y estudio de tres presupuestos, tal y como recogen las instrucciones internas que debe hacerse cuando se trata de contrataciones de importe superior a 10.000 euros e inferior a 100.000. 

El descontrol de las tarjetas de crédito. En su informe, el órgano fiscalizador también documenta pagos no justificados por parte de Vox de hasta 41.812,24 euros con las tarjetas de crédito que el partido pone a disposición de cargos de representación. Esto es, de algunos de sus miembros y dirigentes, aunque no especifica de quiénes.

A este respecto, el tribunal afirma que “si bien el partido afirma que son gastos de viaje y manutención, no se ha aportado documentación justificativa alguna”. También se identifica otro pago sin justificar de 4.700 euros en gastos de desplazamiento. 

Las colectas para querellas. Por otro lado, el documento incluye una relevante advertencia a Vox: colectas como las promovidas para querellarse contra rivales políticos como el expresident de la Generalitat Quim Torra pueden constituir una “irregularidad sancionable” en virtud de la ley de financiación de partidos. 

El órgano fiscalizador pone el foco sobre el hecho de que la formación “efectuó campañas para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica” y los registró “de forma diferenciada del resto de las donaciones, habiéndose destinado en su integridad” al pago de fianzas. En virtud de esas campañas, ingresó en 2019 más de 150.000 euros “en contra de lo dispuesto” en la norma sobre la financiación de partidos, que prohíbe a las formaciones políticas aceptar o recibir “directa o indirectamente” donaciones “anónimas, finalistas o revocables”. 

En concreto, cita la colecta que el partido de extrema derecha promovió para la “causa” a la que denominó ‘Querella contra Quim Torra’ y por la que recaudó 31.664,80 euros. Además, ingresó otros 120.482,93 euros “para la causa ‘Ayúdanos con la fianza Borja’”. Borja fue un joven condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un atracador al que se enfrentó. La sentencia consideró probado que no actuó “en legítima defensa”. Pese a ello, Vox inició una colecta para evitar su entrada en prisión. El partido alegó que al realizar las donaciones online, cada donante debía marcar una casilla en la que declaraba expresamente “que dicha donación cumple con lo dispuesto” en la ley de financiación de partidos.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha remitido una carta a los afiliados del partido para tranquilizarlos sobre las informaciones que recogen el traspaso de millones de euros a la Fundación Disenso, que creó Vox en 2020 y que preside también Santiago Abascal. Sus cuentas revelan que el partido de extrema derecha ha traspasado casi siete millones de euros a su think tank en cuatro años, según publicó elDiario.es.

En su comunicado, Garriga tacha a las informaciones publicadas en los medios de comunicación al respecto de “manipulaciones veladas y falsas acusaciones que pretende sembrar la sospecha sobre la fundación” y acusa a la prensa de “intentar acabar con este movimiento social y patriótico que es Vox y de volver al bipartidismo”.

La Fundación Disenso tiene como principales ingresos los que vienen de Vox, nació en 2020 con un capital que puso el propio partido y que ascendía a 30.000 euros, pero esta es la primera vez que la dirección de Vox se dirige a la militancia para referirse a las actividades de una organización a la que ahora se refieren como “el principal baluarte político e intelectual contra los consensos corruptos”.

Ahora, para justificar la financiación de esta organización con el dinero del partido, el secretario general señala que “Vox es Disenso y Disenso es Vox”. “¡Cómo no iba a ser así siendo lo mismo la fundación y el partido!”, dice su mensaje, que alerta de la “nada casual ni inocente coalición de medios de izquierda y de derecha pretende manchar la intachable trayectoria de Vox y Disenso”.

Lo que define a una fundación vinculada a un partido es que se trata de una institución privada sin fines lucrativos, cuyos beneficios fiscales deben presentar sus balances al Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, la aportación de siete millones de euros que ha recibido Disenso en los últimos cuatro años está exenta de impuestos para la fundación presidida por Abascal, mientras que si fuera una sociedad y no una fundación tributaría al 25%. 

Una de las partidas más abultadas de las cuentas de Disenso es la referida a gastos de personal de la propia fundación, que se llevó un millón de euros, con una plantilla de 25 empleados (resultando una media salarial de 40.000 euros por persona). De las cuentas también se desprende que las necesidades de personal de Disenso y su estructura interna se ha duplicado en un año, ya que en 2021, un año antes, el número de trabajadores medio era de 11 personas.

Las cuentas de Disenso se salen de lo que es habitual en las fundaciones de partidos. Concordia y Libertad, el último think tank del PP, gastó la mitad en personal de lo que gastó Disenso. Mientras que la Fundación Pablo Iglesias, del PSOE, gastó medio millón en personal y, en subvenciones y donaciones (no especifica de quién), recibió 500.000 euros en 2022, una quinta parte de Disenso.