A las tres de la madrugada, la Guardia Civil sacó de su casa a Rosario y Joaquina Buenaventura Blesa. Las dos hermanas, que todavía eran niñas, vivían con su familia en la masía de Alcafas Bajas, en Valbona. Los agentes las llevaron hasta el pinar e hicieron con ellas un simulacro de ahorcamiento. La misma Guardia Civil entró posteriormente en la masía y la destrozó con picos. Rosario (1929-2021) y Joaquina (1926-2016) sobrevivieron a aquella noche y vivieron durante décadas en Valbona. Sus historias forman parte de las 96 personas represaliadas que el antropólogo Sergio Yanes ha conseguido documentar en este municipio turolense dentro de su proyecto 'Valbona 1936-1952', una investigación que comenzó hace siete años y que ha permitido reconstruir con nombres, fechas y documentación buena parte de lo ocurrido en el pueblo desde el periodo del Frente Popular hasta la guerrilla de los maquis.

Yanes es doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y su relación con Valbona comenzó antes que la investigación: es el pueblo en el que veranea, ya que su pareja es de esta localidad. Su interés por cuestiones históricas le llevó a comenzar un trabajo documental que fue ampliando con entrevistas a vecinos y familiares. A medida que avanzaba, comenzó a organizar toda la documentación en una web que le servía como “bitácora”. La publicación del material permitió que otras personas conocieran la investigación y generó un primer diálogo con quienes tenían interés o podían aportar nuevos datos procedentes de la memoria familiar: “Así empieza. Es una investigación levantada muy a pulso, de forma constante”, resume Yanes.

El resultado reúne 2.103 documentos analizados, 23 entrevistas, consultas a diez archivos y 30 entradas publicadas en la web. El proyecto contabiliza 96 valboneros represaliados sobre una población que rondaba los 700 habitantes. “Al ser una población muy pequeña permite profundizar muchísimo, llegar hasta detalles que tal vez en otras poblaciones no es tan sencillo”, explica Yanes. El principal resultado de la investigación, señala, es haber podido documentar al 100% de la población represaliada de Valbona, aunque no descarta que pueda aparecer alguna persona más. En ese caso, explica que se trataría de algún familiar de una persona que ya ha sido identificada.

El trabajo de Yanes no se limita a elaborar una relación de nombres, sino que busca mostrar las distintas formas que adoptó la represión en el municipio: 34 personas encarceladas por “adhesión a la rebelión”, 19 exiliadas en Francia, cuatro ejecutadas por la Guardia Civil, 28 detenidas, apaleadas o torturadas por este cuerpo, una persona ejecutada en un campo de concentración nazi y entre dos y tres ejecutadas por la guerrilla, además de otras víctimas de la guerra y la posguerra. “Lo que es interesante es cómo en un pueblo tan pequeño tenemos de todo. Esa diversidad de historias es muy interesante. Si eso pasó aquí, ¿qué pasaría en las ciudades más grandes?”, se cuestiona Yanes.

“Tenemos claro que alguien represaliado ha pasado por la cárcel, por tortura, por el exilio, pero las mujeres, por ejemplo, no están documentadas ni forman parte de la memoria oral de la misma manera”, explica Yanes. Una de ellas fue María Hormichea Martín, conocida como “la Jaimona”. Nacida en Valbona en 1895, las declaraciones incorporadas a su expediente la sitúan como una mujer especialmente activa en los ambientes políticos de izquierdas del municipio. Uno de los testimonios la calificó como una de las mujeres de izquierdas “más extremistas”, aunque reconocía que no podía precisar hechos concretos contra ella. Fue condenada a seis años de prisión por estas denuncias de sus vecinos.

Del relato de la “guerra entre hermanos” a los nombres y apellidos

El trabajo sobre Valbona también cuestiona la imagen del pueblo rural como una comunidad homogénea en la que la Guerra Civil irrumpió desde fuera y enfrentó a vecinos que hasta entonces habían vivido en armonía. El dossier de la investigación señala que esa visión, construida en buena medida “desde una mirada urbana” y teñida de nostalgia, tiende a ocultar las diferencias de clase, las relaciones de poder y los conflictos sociales que ya existían en los pueblos antes de 1936.

En Valbona, la investigación permite identificar esas diferencias con nombres concretos. El acceso a la tierra, las posiciones de jornaleros, pequeños propietarios y grandes propietarios y el peso de determinadas familias forman parte del contexto local. También la figura del cacique, representada en este caso por Alberto Ibáñez, alcalde de Valbona y hermano de José Ibáñez Martín, que posteriormente sería ministro de Educación durante el franquismo.

“En Valbona no eran vecinos contra vecinos”, explica Yanes. Lo que aparece al revisar los documentos son diferencias de clase y posiciones políticas que la guerra y la posterior represión llevaron a situaciones extremas. Por eso considera que una investigación a esta escala permite “desmitificar historias de la Guerra Civil” y sustituir algunos relatos generales por “hechos, fechas y nombres”.

El expediente de Joaquín Monleón Hormichea es un ejemplo. Secretario de Izquierda Republicana antes de la guerra y después afiliado a la CNT y miembro de la Colectividad, fue detenido al terminar el conflicto y acusado de participar en una muerte, realizar requisas y participar en la destrucción de la iglesia. Desde la prisión negó parte de las acusaciones y trató de aportar su propia versión de los hechos. Para defenderse citó como posibles testigos a varios vecinos de derechas de Valbona, entre ellos Alberto Ibáñez, a quien consideraba una persona de confianza. Sin embargo, el propio Ibáñez, ya como alcalde, terminó firmando una declaración contra él. “Los grandes relatos nos hablan de dos bandos perfectamente definidos y coherencia interna”, explica Yanes.

La represión más allá del 36: el papel de los maquis

Las trayectorias posteriores permiten comprobar también que la represión no terminó necesariamente en 1939. Eleuterio Formentín y su esposa, Nieves Martín, huyeron de Valbona con sus hijos cuando llegaron las tropas franquistas, regresaron después al pueblo y fueron detenidos. Eleuterio pasó por prisión y posteriormente se trasladó a Sabadell; Nieves fue encarcelada y realizó trabajos forzados. Otros vecinos fueron condenados a muerte: Joaquín Mengod Fuertes fue ejecutado en 1941 y Tomás Vicente Izquierdo, en 1939.

A partir de 1947, la aparición de los maquis en la provincia de Teruel coincide en Valbona con la huida de varios vecinos hacia la guerrilla y con la creación de una red clandestina de apoyo. Un documento de marzo de ese año recoge que diez valboneros habían “huido al monte” para unirse a los guerrilleros tras las detenciones practicadas en distintos pueblos de la provincia. Entre ellos estaba Onofre Gargallo, que había pasado por prisión y se incorporó posteriormente al 17º Sector de la Agrupación Guerrillera de Levante. Murió en 1948, a los 39 años, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. La red incluía también a personas que ayudaban a los guerrilleros desde las masías: Miguel Escriche y su hijo Manuel fueron detenidos por acompañar hasta los campamentos a personas que huían de Valbona.

La propia guerrilla aparece también atravesada por contradicciones. Manuel Torres Camallonga, “Rodolfo”, terminó colaborando con la Guardia Civil después de ser detenido y murió en un enfrentamiento con antiguos compañeros. Además, entre los casos documentados por Yanes figuran entre dos y tres valboneros ejecutados por la propia guerrilla, acusados de traición. “Dentro de los maquis hubo algunos guerrilleros de Valbona ejecutados por el propio maquis”, explica.

El trabajo de Yanes no se queda en la reconstrucción de los hechos. La investigación también ha generado nuevas aportaciones de familiares y ha permitido recuperar historias que permanecían incompletas. “Ahora la familia puede reinterpretarse a sí misma. Es interesante y es el papel que tiene que tener la investigación histórica”, explica. “Uno de los resultados más habituales en una investigación al detalle es que aparecen familiares que te dan las gracias y que hacen su propio proceso. Eso es la memoria histórica precisamente”. Yanes plantea que este tipo de investigaciones puedan reproducirse a una escala mucho mayor: “Con este trabajo reivindico que se pueda hacer en cada pueblo de España, en cada barrio, microinvestigaciones que lleguen hasta el final del asunto, que puedan indagar muy en profundidad. La historia de nuestros antepasados nos interpela a todos, tiene que ver con nuestro presente”.

La ciencia española estaba despegando cuando la Guerra Civil lo cambió todo. El avance del franquismo rompió con el proyecto científico de expansión y modernización construido por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) desde principios de siglo y desmanteló buena parte de su estructura para erigir una institución que representara a la Nueva España. Así nacía, en 1939, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde entonces, el que sigue siendo el mayor organismo de investigación del país, vertebró una política nacionalcatólica y truncó las carreras de decenas de profesionales vinculados a la JAE.

Muchos científicos y técnicos fueron apartados de sus puestos, sancionados o encarcelados por sus ideas o por no encajar en las férreas normas que fue imponiendo la dictadura. Medio siglo después de la muerte de Franco, el CSIC ha buceado en su pasado franquista y ha hecho público por primera vez un archivo digital con los nombres y trayectorias que hubo detrás de la depuración. El fondo consta de 510 perfiles —135 de ellos mujeres— sometidos a la purga franquista que salen a la luz tras años de trabajo.

El repositorio, publicado en la web Archivo Memoria y Reparación, se enmarca en el proyecto de investigación iniciado por el propio CSIC para adaptarse a la Ley de Memoria Democrática de 2022. Producto de ese proceso fue la retirada en 2024 de los retratos de su primer presidente, José Ibáñez Martín, y su secretario general, José María Albareda, por participar en la represión. También el cambio de nombres de algunos institutos o la instalación de placas explicativas.

Conocer qué había pasado con los investigadores y técnicos que trabajaban en la JAE cuando las autoridades franquistas comenzaron el proceso de purga era una de las asignaturas pendientes del organismo. La Junta para Ampliación de Estudios, cuyo primer presidente fue el Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, fue creada en 1907 bajo el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y llevó a la ciencia española a un florecimiento sin precedentes. Promovió las estancias en el extranjero de científicos y creó numerosos laboratorios e institutos abriendo nuevas líneas de investigación.

Sin embargo, con la victoria de los sublevados en la Guerra Civil, Francisco Franco ordenó crear el CSIC para “restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias”. El objetivo era, literalmente, “imponer las ideas esenciales que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento”, según el decreto de creación. Aunque el CSIC heredó parte de la estructura, patrimonio y edificios de la JAE, desmanteló laboratorios y centros, construyó “una nueva arquitectura institucional” y persiguió a su personal.

“Tradicionalmente, se ha dicho que el CSIC era la continuación de la JAE sin ningún tipo de matiz, pero no es verdad. La Guerra Civil y la dictadura provocan una quiebra profunda del proceso de modernización que había iniciado la JAE y el CSIC cambia completamente la ideología y el objeto de la institución”, explica Ana Romero, coordinadora del proyecto e historiadora del Instituto de Filosofía del CSIC.

La depuración se convirtió entonces en una “herramienta esencial” para la configuración de la Nueva España. No fue algo puntual ni excepcional, sino una política sostenida en el tiempo que tuvo por objetivo apartar de la vida pública y las instituciones a los opositores políticos o personas consideradas incompatibles con el nuevo régimen. El archivo ha descubierto que casi la mitad de los depurados siguieron trabajando y el resto fueron apartados, encarcelados o sancionados.

Aun así, continuar no fue equiparable a que sus trayectorias no se vieran perjudicadas. Rafael Lapesa, por ejemplo, percibió la mitad de su salario durante el tiempo que se tardó en resolver su expediente para confirmarle después como catedrático del Instituto de Enseñanza Media de Oviedo. El médico Gonzalo Rodríguez Lafora se exilió y el régimen le impuso ocho años de inhabilitación y una multa de 50.000 pesetas, pero a su vuelta su situación fue nuevamente evaluada y pudo acreditar que no había pertenecido a organizaciones de izquierdas, por lo que se acordó su rehabilitación y su nombramiento como jefe de neuropatología del Instituto Cajal.

Sanción vía BOE

En el censo constan nombres destacados, muchos inhabilitados directamente vía BOE, sin posibilidad de defensa: fue el caso del físico Blas Cabrera, separado de su cátedra el 4 de febrero de 1939 y desposeído dos años después de los reconocimientos otorgados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También el naturalista Ignacio Bolívar y Urrutia, figura central del exilio científico en México; el fundador de la oceanografía española, Odón de Buen, que actualmente da nombre al mayor barco oceanográfico de la flota española; o el químico Enrique Moles, condenado además a 12 años de cárcel por sus actividades políticas.

Pero, además, el archivo reconstruye los pasos de figuras anónimas, incluso de técnicos o responsables de tareas de gestión y servicios, como el personal de vigilancia de los centros o las mujeres encargadas de las tareas de limpieza. Fue el caso de Ricarda Moreno, que fue señalada por el Servicio de Información y Policía Militar por su participación en el comité organizado durante la Guerra Civil en la Residencia de Estudiantes, donde limpiaba. La consecuencia fue su separación definitiva del trabajo.

Uno de los hallazgos del proyecto es que la depuración no fue un proceso ordenado, homogéneo y lineal, sino que fue adaptándose paulatinamente a la casuística y a las diferentes fases de la dictadura. “Iban haciendo arreglos e incorporando normas cada vez más represivas porque todo se les quedaba corto para lo que querían hacer. Eso es algo que se ve en la grandísima cantidad de situaciones y formas de nombrar los castigos que generó la legislación”, explica Romero.

El archivo ha mantenido la nomenclatura que utilizaron los franquistas precisamente para evidenciar que “hubo un acomodo constante para que nadie quedara fuera del marco represivo”: apertura de expediente, sanción, suspensión de empleo con derecho al 50%, suspensión de empleo y sueldo, prohibición de solicitar vacantes, inhabilitación para el desempeño de cargos directivos, inhabilitación absoluta, destierro o inhabilitación “perpetua” para el ejercicio de la enseñanza son algunos de los tipos de castigo rastreados por el proyecto.

Por “vestir pantalones”

Entre los motivos, hubo de todo: ideológicos, de conducta y algunos tan absurdos como el de “vestir pantalones” que se le atribuyó a la doctora en filosofía y letras María del Carmen Pescador del Hoyo. Según el expediente nº 4.138 de responsabilidades políticas elaborado por la Policía de León, se le acusó de haber sido alumna de Claudio Sánchez Albornoz —con el que trabajó hasta 1936 en el Instituto de Estudios Medievales—, de ser prometida de José Yuste Blázquez, apartado de Correos en 1936, y de usar pantalones. Se le sancionó con la prohibición de solicitar vacantes y avanzar en el escalafón durante cinco años y de desempeñar puestos de mando, con un veto especial para trabajar en bibliotecas en contacto con público joven. En 1953 fue nombrada jefa de sección el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

En el fondo se pueden leer casos como el de Santiago Piña, jefe del laboratorio de Espectrografía del Instituto Nacional de Física y Química que durante la Guerra Civil continuó trabajando para evitar daños en el material científico. Según declaró, su labor había sido seguir con las investigaciones iniciadas 16 años antes y afirmó que había ingresado en UGT en 1937 para obtener el permiso de libre circulación por el Madrid en guerra. Un tribunal militar le condenó a 20 años de cárcel y murió en 1940 de una bronconeumonía en la prisión de San Antón de la capital.

El conservador de entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Federico Bonet, se exilió a Francia y México, donde desarrolló su carrera científica. En su huida al país galo, fue apresado en los campos de concentración franceses de Argelès-sur-Mer, Bram y Montolieu. Por su parte, Teresa Andrés Zamora, que había sido becada por la JAE, fue cesada definitivamente en 1939 del cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Se le acusó de firmar documentos estando vinculada a la organización republicana Cultura Popular. En su exilio en París colaboró con la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial.

En el caso de las mujeres, la investigación calcula que solo un tercio pudieron continuar con sus carreras en el CISC, una circunstancia que, según Romero, se puede deber a varias circunstancias como que el Instituto Escuela, que tenía muchas profesoras en plantilla, no se incorporó al CSIC, y lo mismo ocurrió con la Residencia de Señoritas, que se convirtió en colegio mayor.

Las ausencias y dificultad para encontrar información también han marcado el proceso de investigación del fondo, para el que el CSIC ha hecho un recorrido exhaustivo por 13 archivos y otros censos. Sin embargo, estos “no son neutrales” y fueron también “violentados”, estuvieron sometidos a las políticas de la dictadura y sufrieron saqueos y destrucciones.

Esto explica que no todos los expedientes de depuración hayan sido hallados. Además, hay vacíos de información que tienen que ver con otras cuestiones: muchas de las mujeres que estuvieron en el Laboratorio Foster, el primero de Química destinado a la formación femenina, no pudieron seguir con sus carreras aunque no haya un documento que así lo acredite. “Lo sabemos porque muchas fueron becarias, no tenían un contrato o una relación contractual así que no pasaron por el proceso estricto de depuración”, señala Romero, para la que el trabajo permite concluir que la purga no solo fue un castigo individual, sino una “reconfiguración completa del tejido institucional y científico español”.

Jaume Serra Cardell no tiene suficiente papel para escribir a su familia, así que busca otro soporte: la ropa. Termina llenando de palabras la tela de la espalda de dos camisas. No es el único que acude a las formas más inimaginables de dejar constancia de lo que ocurre tras los muros de la Prisión Provincial de Palma. Ricardo Ordinas Fuster, además de escribir sobre su encierro, lo dibuja. Para ello, utiliza pequeños trozos de papel de fumar que le hace llegar su familia. En uno de ellos identifica por su nombre a los presos que comparten el espacio y deja constancia de la distribución de la celda. Lo que parece una escena cotidiana acaba convertida en una radiografía del hacinamiento, con nombres y cuerpos encajados en un espacio mínimo.

Julio López Bermejo, por su parte, aprovecha los documentos que tiene a mano en las oficinas de la cárcel, donde se encuentra destinado, y utiliza sus reversos para dibujar, convirtiéndolos en un soporte clandestino. De repente, comienzan a florecer decenas de caricaturas tanto de sus compañeros como de los guardias y los capellanes, conformando una colección improvisada que, mucho tiempo después, permitirá recuperar los rostros de quienes compartieron aquella vida penitenciaria. Joan Cortès Cànaves hará algo parecido en Can Mir, una de las prisiones más oscuras y trágicas de la época, reproduciendo también el interior del recinto.

Son pequeños gestos de resistencia frente a un sistema que intenta controlar hasta la última palabra que sale de las cárceles franquistas de Mallorca. En ellas, hasta una prenda puede convertirse en una vía clandestina de comunicación con el exterior. Las cartas están censuradas, los presos tienen limitado cuándo y cuánto pueden escribir y cualquier mensaje considerado inconveniente puede ser destruido. Por eso buscan resquicios: esconden notas en los cuellos de las camisas, entre los dobleces de los pantalones o en los cinturones, dibujan en papeles destinados a otros usos y aprovechan cualquier superficie que pueda sobrevivir a los muros de la prisión.

Son pequeños gestos de resistencia frente a un sistema que intenta controlar hasta la última palabra que sale de las cárceles franquistas de Mallorca. En ellas, hasta una prenda puede convertirse en una vía clandestina de comunicación con el exterior

Décadas después, aquellos diminutos dibujos, las cartas y los escritos sobre ropa abren una ventana a una realidad que el régimen franquista trató de mantener al otro lado de los muros y rescatan aspectos de la vida cotidiana que difícilmente aparecen en los expedientes administrativos. Son rastros mínimos, pero elocuentes, que han recopilado los investigadores Manel Suárez Salvà y Maria Eugènia Jaume Esteva en un estudio sobre los lugares de la represión franquista en Balears. Entre los documentos conservados hay un dibujo de Ordinas: está fechado el 29 de agosto de 1936, apenas unas semanas después del golpe militar, y representa el patio de la Prisión Provincial de Palma.

73 lugares para encerrar a los “enemigos”

La investigación, encargada por el Govern durante la pasada legislatura progresista, recuerda cómo comenzaron las detenciones sistemáticas de Mallorca tras el alzamiento fascista de julio: no fueron una reacción improvisada al estallido del golpe, sino que respondieron a una planificación previa, siguiendo las instrucciones que el general Emilio Mola Vidal había fijado el 25 de mayo: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

A partir de ese momento, el informe, de 366 páginas, identifica hasta 73 lugares de reclusión y concentración de presos en el archipiélago -65 en Mallorca, cuatro en Menorca, tres en Eivissa y uno en Formentera- y muestra una red mucho más extensa de lo que sugieren las prisiones que han quedado en la memoria colectiva, como la de Can Mir. Y es que no se trataba únicamente de cárceles: el régimen reutilizó almacenes, conventos, hospicios, hospitales, fortalezas, barcos, edificios públicos y otros espacios para encerrar a quienes consideraba enemigos. La propia arquitectura del sistema revela la improvisación como una característica del mismo: la mayoría de los centros habilitados como prisiones o campos de concentración fueron espacios preexistentes reutilizados, en ocasiones mediante expropiaciones o alquileres a bajo coste.

El régimen franquista reutilizó almacenes, conventos, hospicios, hospitales, fortalezas, barcos, edificios públicos y otros espacios para encerrar a quienes consideraba enemigos

Como documentan Suárez y Jaume, el encierro no solo buscaba aislar físicamente a los presos. También pretendía convertirlos en parias sociales. Heinz Kraschutzki, pacifista y antifascista alemán, recordaba, por ejemplo, la humillación que suponía recibir periódicos dentro de la prisión. La lectura podía ser un entretenimiento, pero también les recordaba diariamente cómo los presentaba la propaganda del nuevo régimen.

“Éramos 'gentuza' que no tenía ningún valor”

Kraschutzki, autor de Memòries a les presons de la Guerra Civil a Mallorca, lo evocaba así: “Podíamos recibir periódicos y no era una lectura agradable. Podíamos leer páginas y más páginas de cómo 'los rojos', es decir, nosotros, no éramos otra cosa que 'gentuza' que no tenía ningún valor”. En algunas ocasiones, y asumiendo un gran riesgo, los presos conseguían introducir en la cárcel periódicos republicanos, una de las escasas vías que tenían para acceder a una información distinta de la propaganda que difundía el nuevo régimen.

Podíamos recibir periódicos y no era una lectura agradable. Podíamos leer páginas y más páginas de cómo 'los rojos', es decir, nosotros, no éramos otra cosa que 'gentuza' que no tenía ningún valor

Heinz Kraschutzki — Pacifista y antifascista alemán

La propia prisión se convertía así en un espacio de exclusión. El estudio explica que recibir una visita, un paquete de comida o incluso una carta dependía de que la dirección considerara que el preso aceptaba las reglas del nuevo Estado. Las familias quedaban atrapadas también alrededor de las cárceles, desplazándose para llevar ropa, comida o cualquier ayuda que pudiera evitar que sus familiares murieran de hambre.

La Prisión Provincial de Palma resume esa precariedad. En 1936, el aumento de detenidos obligó a utilizar incluso la capilla como espacio de reclusión. Presos comunes y políticos llegaron a convivir hacinados y las celdas carecían de retretes: los internos tenían que utilizar grandes recipientes conocidos como “zambullos”. Un informe posterior describió el “hedor y emanaciones perjudiciales” provocado por aquellas condiciones. A finales de 1941, había 277 reclusos y cerca de un millar de hombres habían pasado por el centro desde 1936. Diez murieron dentro de la prisión o durante su traslado al Hospital Provincial, víctimas de la mala alimentación, las enfermedades, la angustia y la falta de higiene.

Las “noches tristes” de Can Mir

La imagen más brutal de ese sistema quizá sea la de Can Mir. El recinto no había sido construido como prisión: era un almacén de madera. La investigación actualiza las cifras de aquel espacio y permite dimensionar la magnitud del hacinamiento y las condiciones en las que fueron recluidos los presos. Entre el 19 de julio de 1936 y comienzos de 1941, pasaron 2.081 hombres y una mujer. De ellos, 128 murieron víctimas de las llamadas “tretes” (“sacas”), otros 54 fueron fusilados y diez fallecieron por enfermedades contraídas durante su encarcelamiento. En total, 192 hombres no sobrevivieron a su paso por la prisión, casi el 10% de los reclusos.

Dentro de aquella nave, los presos apenas podían salir al exterior. Los que conseguían algún trabajo -los conocidos como “peladores de patatas”- podían barrer el patio, descargar camiones o trabajar en la cocina. Era una de las escasas oportunidades para respirar aire libre y, con suerte, intentar ver a sus familiares al otro lado de la valla.

Entre el 19 de julio de 1936 y comienzos de 1941, por Can Mir pasaron 2.081 hombres y una mujer. De ellos, 128 murieron víctimas de las llamadas "tretes" ("sacas"), otros 54 fueron fusilados y diez fallecieron por enfermedades contraídas durante su encarcelamiento

La comida tampoco alcanzaba en Can Mir. El menú habitual estaba compuesto por patatas, boniatos, judías y algún hueso hervido. Los presos pasaban hambre y dependían de los paquetes que enviaban sus familias. El estudio explica que esos paquetes llegaban a veces abiertos y con parte de su contenido desaparecido, hasta el punto de que los familiares comenzaron a pegar en las cajas una lista de lo que habían introducido. En aquella cárcel, además, hubo momentos en que incluso se interrumpía el suministro de agua, especialmente durante el verano.

Las “tretes” siguieron un patrón particularmente siniestro. De noche, alguien entraba en la prisión y leía una lista de nombres. A los presos se les decía que iban a ser puestos en libertad. Cuando llegaban a la puerta, en muchos casos les ataban las manos unos a otros con alambre o esposas y los subían a un camión. Algunos eran liberados. Otros eran conducidos hacia la muerte. Más de 300 personas murieron como consecuencia de estas sacas o “tretes”, según el estudio. Entre las prisiones de las que salieron presos para ser asesinados estaban Can Mir, Bellver, Manacor y Can Sales. Cuando terminaron las “tretes” generalizadas, el nuevo gobernador civil, Víctor Enseñat, pronunció una frase que quedó asociada a Can Mir: “Se han acabado las noches tristes en esta casa”.

Un millar de mujeres entre cuatro paredes

La represión tuvo también un escenario específicamente femenino. Can Sales, antiguo hospicio gestionado por las Hermanitas de los Pobres, se convirtió desde 1940 en la Prisión Central de Mujeres de Palma y comenzó a recibir internas procedentes de otros puntos del Estado. Lo que había comenzado con 31 mujeres repartidas en dos dormitorios de unos 66 metros cuadrados terminó convirtiéndose en un espacio que llegó a albergar alrededor de un millar de reclusas entre 1941 y 1942. La alimentación se volvió escasa y de mala calidad y las enfermedades se extendieron entre las internas.

Algunas fueron encerradas sin una acusación concreta. Otras fueron utilizadas como “rehenes” para intentar localizar a familiares escondidos. Y cinco mujeres -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer y Belarmina González- fueron sacadas de Can Sales bajo una orden que formalmente decía que quedaban “en libertad, a disposición” del gobernador civil. Poco después fueron asesinadas en Son Coletes. El documento que ordenó aquella falsa liberación conserva todavía sus cinco nombres mecanografiados y la firma del gobernador civil Mateu Torres Bestard.

En Can Sales, algunas mujeres fueron encerradas sin una acusación concreta. Otras fueron utilizadas como "rehenes" para intentar localizar a familiares escondidos. Y cinco presas -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer y Belarmina González- fueron puestas "a disposición" del gobernador civil. Poco después fueron asesinadas

Un campo de concentración frente al mar

En Formentera, el encierro adquirió otra dimensión. La colonia penitenciaria de La Savina recibió entre 1940 y 1942 alrededor de 2.133 presos. Un muro de más de dos metros rodeaba las instalaciones y hasta un alambre atravesaba la zona de mar para impedir las fugas. Los barracones estaban alineados junto a la costa y las letrinas consistían en simples barras de madera: las deposiciones caían a una canaleta que las conducía directamente al agua.

En total, 58 hombres murieron allí. El estudio señala que un porcentaje elevado de las muertes se produjo por tuberculosis y caquexia, es decir, por hambre. La falta de higiene, de agua potable y la alimentación deficiente agravaron las enfermedades entre unos presos sometidos a condenas de larga duración. De aquel campo todavía quedan restos físicos: parte del muro, los suelos de algunos barracones, las canaletas que conducían las deposiciones desde las letrinas hasta el mar y dos pozos de agua construidos por los propios presos, que aún conservan las iniciales de algunos de ellos.

En Formentera, el encierro adquirió otra dimensión. La colonia penitenciaria de La Savina recibió entre 1940 y 1942 alrededor de 2.133 presos. 58 hombres murieron allí, muchos de ellos por tuberculosis y caquexia, es decir, por hambre

Aulas y claustros convertidos en cárceles

La represión, sin embargo, no se quedó en las cárceles. Salió de ellas para instalarse en espacios cotidianos como las escuelas, cuyas aulas dejaron de ser espacios para enseñar para albergar a adultos detenidos, como la de Santanyí, La Salle de Llucmajor y la de Santa Margalida.

En Santanyí, la Guardia Civil y Falange utilizaron el colegio como centro de detención durante las primeras semanas del golpe. Diecinueve personas fueron encerradas allí hasta finales de agosto de 1936 antes de ser trasladadas a otras prisiones de la isla. El edificio, construido entre 1926 y 1931 y con una superficie de 1.503 metros cuadrados, continuó funcionando como escuela después de la guerra. La misma construcción que había acogido a alumnos se convirtió así, durante aquellas semanas, en un espacio de encierro.

La Escola Graduada de Manacor se sumó a estos enclaves. Allí fueron retenidas cinco enfermeras catalanas y otros milicianos republicanos tras el fracaso del desembarco del capitán Alberto Bayo en septiembre de 1936. También pasó por allí Magdalena Bassa Galmés, “na Mora”, esposa de Jaume Pompeia, alcalde de Son Carrió. Se negó a facilitar información sobre el paradero de su marido y fue detenida el 4 de septiembre de 1936. Fue liberada ese mismo día y asesinada poco después.

Magdalena Bassa Galmés, "na Mora", se negó a proporcionar información sobre el paradero de su marido, Jaume Pompeia, alcalde republicano de Son Carrió. Fue detenida el 4 de septiembre de 1936, liberada ese mismo día y asesinada poco después

Mientras tanto, el depósito municipal de Palma se convirtió, desde el golpe de Estado, en una de las primeras estaciones de la maquinaria represiva. Entre el 20 de julio y finales de agosto de 1936, alrededor de 60 vecinos de Palma, hombres y mujeres, pasaron por sus calabozos, la mayoría detenidos simplemente como “sospechosos”. Entre ellos figuran Antoni Perales Hernández y Francesc Veny Nadal, arrestados bajo la acusación de ser “políticos”, y Hellmuth Kaiser, señalado por ser “alemán”. Otros cinco fueron detenidos por secundar la huelga convocada por los sindicatos.

La estancia solía ser breve: la mayoría recuperaba la libertad el mismo día y el resto permanecía allí, como máximo, dos días, antes de ser trasladado principalmente a Can Mir o al castillo de Bellver. El depósito siguió funcionando como centro de detención al menos hasta 1938.

Conventos y hospitales

Mientras tanto, en Palma, el franquismo habilitó como espacios de detención el convento del carrer Missió y el de la Pietat; en Porreres utilizó Cals Hermanos; en Artà, el claustro de los franciscanos; y en Inca, el claustro de Sant Domingo. Incluso los barcos se convirtieron en cárceles: el Cala Gat y el Jaume I fueron empleados como prisiones habilitadas junto a espacios tan distintos como el mercado de Felanitx o el cine Moderno de Inca, donde, tal como consta en los registros de la represión en las islas, fueron retenidos, entre otros, los socialistas Jaume Beltran Munar y Antoni Muntaner Sampol.

También hospitales como los de Manacor, el Provincial de Palma -a donde llegaban presos desde todas las islas, mayoritariamente desde Can Mir o de Formentera- y el hospital militar acogieron a decenas de reclusos. El caso de Bernat Colomar Martorell, también recuperado en la investigación, muestra hasta qué punto el encierro podía acabar destruyendo a los propios presos. Electricista de Inca, tenía 30 años cuando fue condenado a muerte por adhesión a la rebelión, una pena que posteriormente le fue conmutada por 30 años de reclusión. Durante su estancia en Can Mir acabó perdiendo la razón y fue trasladado al manicomio de Palma, donde finalmente murió.

Es Pujol, una finca convertida en campo de presos

Es Pujol, una finca del término de Santanyí, fue también uno de los espacios que el franquismo incorporó a su red de campos de concentración y trabajos forzados. El estudio sitúa allí uno de los enclaves utilizados para recluir a presos durante la Guerra Civil y la posguerra, dentro de un sistema que aprovechó grandes propiedades rurales para concentrar a los cautivos y destinarlos a trabajos.

Sus primeras construcciones se remontan a finales de la Edad Media, aunque la mayor parte de los edificios actuales fueron levantados entre el siglo XVI y comienzos del XX. El 26 de febrero de 1940, sin embargo, el lugar adquirió una función radicalmente distinta: abrió allí un campo de concentración de posguerra. Por este campo pasaron al menos 357 prisioneros del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 39, todos ellos presos de posguerra que habían regresado del exilio. Tras ser clasificados en los principales depósitos de la Península, entre ellos Miranda de Ebro (Burgos) o Miguel de Unamuno (Madrid), fueron distribuidos por distintos puntos de España para realizar trabajos forzados.

Es Pujol, una finca del término de Santanyí, fue también uno de los espacios que el franquismo incorporó a su red de campos de concentración y trabajos forzados. El estudio lo sitúa dentro de un sistema que aprovechó grandes propiedades rurales para concentrar a los cautivos y destinarlos a trabajos

En Es Pujol, su destino estuvo ligado a la construcción de carreteras incluidas en el llamado Circuito Estratégico, entre ellas la carretera de Santanyí a Portocolom. La proximidad del campo a las obras no era casual: el propio proyecto justificaba evitar desplazamientos largos a unos hombres que debían recorrer el trayecto de ida y vuelta cada día. En junio de 1940 llegaron a destinarse 150 hombres a estas obras, mientras que otro destacamento de un centenar de presos fue empleado durante un tiempo en los trabajos del Circuito Estratégico del faro de Cap de Ses Salines y en la construcción del camino militar entre el faro y la batería de Salines.

El presupuesto inicial del campamento, aprobado el 23 de abril de 1940, ascendía a 4.710 pesetas para las denominadas obras mayores. Es Pujol era así mucho más que un lugar de encierro: formaba parte de un sistema que utilizaba a los presos como mano de obra para transformar infraestructuras estratégicas de la isla.

El castillo de Sant Felip

En Menorca, una antigua fortificación del siglo XVI acabó convertida en cárcel. El castillo de Sant Felip, en Maó, fue utilizado como prisión entre abril y noviembre de 1939. Las cartas del preso Jaume Bestard Mateu permiten reconstruir incluso el momento del desalojo: “La noticia de mi traslado a La Mola te había causado gran pesar [...] se tenía que vaciar San Felipe y todos fuimos trasladados aquí en La Mola”. No todos terminaron allí: algunos fueron enviados al Hospital de Sang y otros a la Prisión Provincial de Palma. El propio Hospital de Sang ofrece otra imagen insólita: había sido proyectado como un hospital subterráneo y, al quedar inacabado en 1939, las nuevas autoridades lo transformaron primero en campo de concentración de clasificación y después en prisión.

Una red de represión que ocupó toda la geografía

El nuevo mapa que dibuja el estudio muestra que la represión franquista en Balears no tuvo un único centro ni se limitó a las cárceles. Fue una red que aprovechó edificios existentes, desplazó presos de unos centros a otros y convirtió espacios cotidianos en lugares de encierro. El propio informe considera que la investigación deberá completarse con estudios locales capaces de sacar a la luz otros lugares todavía desconocidos.

Pero quizá los documentos más elocuentes no sean los mapas ni las estadísticas. Son aquellos pequeños rastros que los presos dejaron para demostrar que estuvieron allí: un dibujo hecho sobre papel de fumar, los nombres escritos dentro de una celda, una caricatura escondida en el reverso de un documento, una carta cosida a una camisa o las iniciales grabadas en un pozo de Formentera. La dictadura quiso convertirlos en números. Ellos dejaron, en cambio, sus nombres, sus dibujos y sus palabras.

“Recuerdo cuando los veranos se me hacían eternos y en casa de mi abuela me ponía a preguntarle cosas de la familia”. Ese recuerdo, tan arraigado en muchos de nosotros, lo dibuja en su memoria Inmaculada Alemán, catedrática de Antropología Física e investigadora de la Cátedra Salvador Vila de Memoria Democrática por la Universidad de Granada (UGR), e impulsora de un proyecto que busca precisamente rellenar el puzle que es el pasado.

Alemán, junto con un equipo de investigadores, están desarrollando una hemeroteca del recuerdo que pretende devolver a la vida a represaliados de la Guerra Civil y el franquismo. A través de un sistema online que pretende acercarse a todas las generaciones nace 'Las luces de los que ya no están'. Una idea que surge de la necesidad de incidir en la memoria histórica de España y de dar acceso a la ciudadanía a una herramienta que quiere estar abierta a cualquiera que pretenda dar luz al olvido.

Porque la idea está íntimamente ligada con sacar de la universidad el conocimiento para que sea accesible a cualquier vecino que necesite contar la historia de los suyos o indagar en la de otros para que el tiempo no siga enterrándolas. Con ese convencimiento, Alemán y su equipo, que pertenecen a la cátedra Salvador Vila, que lleva el nombre del rector de la UGR que fue fusilado en 1936 en el mismo lugar que Federico García Lorca, han abierto un periodo de preinscripción para que todos los interesados, no necesariamente de Granada capital, puedan adherirse a una iniciativa que concluirá su primera fase el 31 de octubre.

El proyecto no se limita a abrir un espacio donde recopilar recuerdos. La intención de la cátedra es enseñar a cualquier ciudadano a reconstruir una biografía con la misma metodología que emplean los historiadores: consultar archivos, rastrear noticias en hemerotecas, localizar documentos oficiales, revisar fotografías familiares o entrevistar a quienes todavía conservan la memoria de aquellos años. Todo ese material servirá para recomponer vidas que, en muchos casos, quedaron reducidas a un nombre o a un silencio.

Un proyecto abierto

“No queríamos que fuera solo para estudiantes o investigadores, sino que queríamos que estuviera abierto para toda la ciudadanía”, explica Alemán a este periódico. La iniciativa nació cuando los integrantes de la cátedra comenzaron a plantear qué actividades podían desarrollar. “Pensamos en conferencias o presentaciones de libros, pero queríamos hacer algo que llegara a todo el mundo”. El proyecto también busca aprovechar un momento muy concreto del año: el verano. No por casualidad, sino porque es cuando muchas familias vuelven a reunirse en los pueblos y los nietos comparten más tiempo con sus abuelos. Es ahí donde la investigadora cree que aún sobreviven relatos que nunca llegaron a escribirse.

“Nos interesa muchísimo llegar a las personas mayores, porque cada vez quedan menos que conserven ese recuerdo. Queremos que los chavales hablen con sus abuelos este verano y recuperen parte de esa memoria”, explica. Para Alemán, muchas familias todavía guardan piezas de un puzle que nunca terminaron de completar por miedo, por el paso del tiempo o simplemente porque nadie volvió a preguntar.

Esa es, precisamente, la filosofía de una iniciativa que pretende construir la historia desde abajo. “Queremos hacer historia con las historias de las familias”, resume la investigadora. Porque, sostiene, la represión franquista no solo forma parte de los libros, sino también de miles de historias domésticas que permanecen escondidas en álbumes de fotografías, cartas, partidas de nacimiento, expedientes administrativos o recortes de prensa que nunca habían vuelto a leerse.

Cualquier documento puede convertirse en una pista. La plataforma permitirá subir fotografías, cartas, certificados, testimonios orales o cualquier otro material que ayude a reconstruir una biografía. Después será el equipo de la Universidad de Granada el encargado de orientar a los participantes y dar coherencia a toda esa información para convertirla en un relato documentado.

Entre quienes ya se han inscrito se encuentra el cantaor flamenco Juan Pinilla, que pretende aprovechar las herramientas que ofrece la universidad para profundizar en dos episodios de la historia de su familia marcados por la represión franquista. Por un lado, quiere seguir investigando el caso de su bisabuelo materno, Rafael Molina Manta, que fue sometido a la depuración psiquiátrica impulsada por el equipo del médico Antonio Vallejo-Nájera en la posguerra.

Por otro, tratará de arrojar luz sobre un supuesto hijo que su abuelo habría tenido tras resultar herido en la batalla de Brunete, una historia familiar de la que solo recientemente ha comenzado a conocer algunos detalles. “Lo que ofrece este proyecto es una herramienta fundamental para enfrentarse a archivos, información e investigación, además de un soporte digital donde subir los nombres de nuestros familiares para que se conozca su historia y que, como decía Julia Conesa, una de Las Trece Rosas, sus nombres no se borren de la historia”, explica.

Ir más allá

El trabajo se organizará a través de foros virtuales distribuidos por los barrios de la Granada de los años treinta -aunque el proyecto también está abierto a investigaciones de otros municipios-, con recursos metodológicos y acompañamiento durante todo el proceso. La idea es que quienes nunca han investigado aprendan también a utilizar archivos y hemerotecas, dos herramientas fundamentales para completar los huecos que la memoria familiar ya no alcanza a llenar.

La ambición, sin embargo, va más allá de la propia investigación. Cuando finalice esta primera fase, la cátedra quiere crear un mapa interactivo en el que cada una de las biografías recuperadas vuelva a ocupar el barrio en el que transcurrió su vida. También prevé organizar actividades en la calle para que esos nombres regresen simbólicamente al espacio del que un día desaparecieron.

“No lo planteamos como resistencia, sino como fortaleza”, afirma Alemán al ser preguntada por el auge de los discursos que cuestionan las políticas de memoria democrática. “Creo que estamos en un momento de suficiente madurez para presentar toda esta evidencia a la ciudadanía”. Porque, para la investigadora, cada biografía recuperada no solo permite reconstruir la historia de una familia, sino también completar el relato colectivo de un país que todavía conserva demasiados huecos en su memoria.

Huesca recuerda este domingo, 23 de agosto, a las 95 personas asesinadas hace 90 años en una de las jornadas más trágicas de la historia de la ciudad. Aquel día de 1936, hombres y mujeres que permanecían detenidos en la cárcel provincial fueron sacados en camiones y conducidos hasta la tapia oeste del cementerio, donde fueron ejecutados. La matanza se produjo como represalia por el bombardeo de la ciudad por la aviación republicana, que había causado dos muertos y siete heridos.

Las víctimas habían sido detenidas en los días anteriores por sus ideas políticas, su actividad sindical, su vinculación con el Frente Popular o, en algunos casos, simplemente por sus relaciones familiares. Entre ellas había concejales, trabajadores, profesionales o militantes políticos.

La dimensión de aquella jornada se entiende también por el contexto. De las 548 personas asesinadas en Huesca por los sublevados entre agosto de 1936 y enero de 1945, 95 fueron ejecutadas el 23 de agosto, según la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA). Izquierda Unida sitúa además en 326 las personas asesinadas en la ciudad entre el 1 de agosto de 1936 y el 1 de febrero de 1937.

Sin embargo, la represión no terminó con los asesinatos. Los expedientes conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca muestran cómo, después de las ejecuciones, se abrieron procedimientos de responsabilidades políticas y se investigaron los bienes de algunas de las personas asesinadas.

Es el caso de Concepción Monrás Casas, una de las mujeres asesinadas el 23 de agosto y esposa de Ramón Acín —fusilado unos días antes, el 6 de agosto de 1936—. Su expediente de responsabilidades políticas muestra que, dos años después de su muerte, en 1938, se abrió un procedimiento contra ella. La documentación acabó estableciendo una multa de 5.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.

El caso de Juan Llidó Pitarch, juez de la Audiencia de Huesca, presenta un mecanismo similar. Llidó, que había llegado a la ciudad en 1933 y vivía allí con su esposa y sus dos hijos, fue detenido tras el golpe militar pese a no tener una destacada actividad política. El historiador Víctor Pardo Lancina recoge cómo su falta de apoyo al movimiento fue utilizada como argumento para perseguirlo.

El expediente conservado en el Archivo Histórico Provincial recoge que Llidó murió en Huesca el 23 de agosto de 1936, a los 40 años, por heridas de arma de fuego. Meses después de su asesinato se inició contra él un expediente de responsabilidades políticas y se rastrearon sus bienes. Entre la documentación aparecen comunicaciones con bancos y otras instituciones para localizar su patrimonio, incluida una cuenta corriente con 428,35 pesetas.

También Adrián Bonet Ulled fue objeto de un expediente de responsabilidades políticas iniciado en 1937. La documentación del Archivo Histórico Provincial recoge informes sobre su actividad política y municipal y, posteriormente, actuaciones destinadas a localizar sus bienes en el Registro de la Propiedad, Hacienda, el Banco de España y distintas entidades financieras. El procedimiento terminó con una multa de 14.000 pesetas, que debía hacerse efectiva sobre sus bienes.

Los expedientes permiten observar así una segunda dimensión de la represión: la persecución no acababa necesariamente con la muerte. La maquinaria administrativa siguió investigando a personas ya asesinadas, buscando sus propiedades y aplicando sanciones económicas sobre sus patrimonios.

Una ciudad llena de presos

La represión había comenzado semanas antes. Las denuncias y delaciones hicieron que la cárcel provincial se quedara pequeña y que también se utilizaran como lugares de internamiento el instituto —hoy Museo Provincial— y el cuartel de la estación. El historiador Víctor Pardo Lancina reconstruye aquella “matanza” en un artículo publicado en 'Azofra' y recoge casos de personas denunciadas por motivos políticos, pero también por conflictos personales o intereses económicos.

Entre los detenidos había destacados representantes de la vida pública oscense, como el concejal republicano y comerciante Adrián Bonet Ulled, Lorenzo Bescós Santalucía o Antonio del Pueyo Navarro, que fueron perseguidos por su vinculación política. El relato de aquella jornada también ha quedado en testimonios posteriores. Pardo Lancina recoge la descripción que el escritor y miliciano José María Aroca hizo en 'Las Tribus' tras llegar a las inmediaciones de Huesca a finales de agosto de 1936. Aroca encontró uno de los muros del cementerio marcado por los disparos y fosas comunes en el interior del camposanto.

La lista de asesinados incluye perfiles muy distintos. Pardo Lancina recuerda, entre otros, al maestro Inocencio Tolosana, al pintor Gaspar Larroche, al carretero Gregorio Gracia Lanuza y al farmacéutico Jesús Gascón de Gotor. Las hermanas Victoria y Rafaela Barrabés Asún, de 20 y 21 años, fueron detenidas al no encontrar en su domicilio a sus hermanos, que eran buscados por la policía. Francisca Mallén Pardo fue detenida pocos días antes de su ejecución por su relación con el carpintero anarquista José Espuis Buisán, que también fue asesinado aquel 23 de agosto.

La jornada fue, en palabras de Pardo Lancina, “la más trágica de la historia de Huesca”. La memoria de aquellas víctimas permanece hoy en el memorial instalado en la tapia oeste del cementerio, que este domingo cumple además diez años desde su inauguración. El monumento recuerda a las víctimas identificadas hasta entonces como consecuencia de la represión sufrida en la ciudad y es escenario de un homenaje este domingo. A las 11.00 se conmemoran los 90 años de sus asesinatos en el cementerio civil de la ciudad en una actividad organizada por el Colectivo Ciudadano Huesca. A las 12.00, el Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca recuerda a las víctimas en el Memorial 545, en el Parque Mártires de la Libertad.

PAMA recuerda que las víctimas fueron seleccionadas por motivos muy diversos y que “con la simple sospecha de no ser ferviente adicto a la rebelión fue suficiente”. La plataforma subraya además que la represión se produjo “sin distinción de clase social, sexo ni edad” y reclama que la memoria de las víctimas sirva para preservar los valores democráticos y evitar que la historia vuelva a repetirse.

Con motivo del 90 aniversario, la organización reclama a las instituciones que preserven el recuerdo de las víctimas y recuerda que sus nombres están recogidos en el Memorial del Cementerio de Huesca. La Memoria Democrática debe ser, sostiene PAMA, “el faro que alerte a la sociedad para que no vuelva a repetirse la barbarie”.

La plataforma vuelve además a reclamar la recuperación de las políticas de memoria en Aragón y critica la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En la misma línea, Marta Abengoechea, portavoz de IU en las Cortes de Aragón, acusa a “los partidos políticos de derecha y ultraderecha que tenemos en el Gobierno de Aragón” de intentar “sepultar y, peor aún, manipular” a las víctimas. “No debemos bajar la guardia. Fascismo, nunca más”, concluye.

Se vieron obligados a huir como fuera. Aun sin sus más preciadas pertenencias, mientras dejaban atrás sus casas y pequeñas posesiones, casi con lo puesto, y hasta con familiares que se quedaban en tierra. Miles de españoles encontraron en los barcos del exilio la única escapatoria al avance de las tropas sublevadas durante la Guerra Civil. Nombres propios como los de Stanbrook, Ronwyn, Lézardrieux, Sinaia, Cuba y Volendam grabados en el casco de las naves zarparon de distintos puertos con un solo objetivo: que aquellos perseguidos por la violencia pudieran escapar.

Entre aquellos buques se encontraba el renombrado Winnipeg, al que homenajea una película, que adapta una novela gráfica de Lucía Martel. “Recordar aquello nos obliga a preguntarnos qué puertos estamos dispuestos a abrir hoy”, adelanta Beñat Beitia, uno de los directores del film.

‘Winnipeg, el barco de la esperanza’ cuenta la historia de esta nave fletada con la ayuda de Pablo Neruda, que partió del puerto de Pauillac el 4 de agosto y arribó en Valparaíso el 2 de septiembre. Chile, por entonces gobernado por Pedro Aguirre Cerda, no fue el único que recibió a refugiados, sobre todo niñas y niños, que pretendían salvarse de los horrores de la guerra que había estallado en julio de 1936.

“Hubo varias expediciones marítimas que trataban de proteger a la población civil republicana. México, la Unión Soviética o Reino Unido recibieron solidariamente estos contingentes y muchos de ellos no regresaron nunca a España”, explica Jorge de Hoyos, profesor del departamento de Historia Contemporánea de la UNED y uno de los mayores estudiosos de los barcos del exilio.

Los últimos de Alicante

Juan Martínez Leal, historiador jubilado y miembro del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, ha estudiado en profundidad la realidad que vivieron los barcos del exilio al final de la guerra, sobre todo aquellos cuyo destino fue el norte de África. Su investigación se centra en lo sucedido en Almería y la Comunitat Valenciana a partir de los sucesos del 5 de marzo en Madrid, cuando el coronel Segismundo Casado intentó derrocar al Gobierno republicano de Juan Negrín mediante un golpe de Estado.

A partir de ese momento, Alicante se convirtió por su posición central y más alejada de los frentes en la puerta de evacuación durante marzo de 1939 de los barcos más importantes. El 1 de abril terminó la guerra. “Se dieron trágicos sucesos en el puerto. Cuando ya habían zarpado los barcos, seguía llegando gente pensando que podría haber más. Miles de personas quedaron atrapadas en el puerto, hechas prisioneras por las tropas de ocupación franquistas, tanto por tierra como por mar”, ilustra Martínez. Detuvieron en masa a unas 15.000 personas.

Según sus datos, fueron más de 50 naves las que aquellos días de marzo zarparon desde Alicante, entre los que se contaban también barcos de pesca y pequeños navíos, además de grandes buques mercantes. Entre los segundos se encontraba el SS Ronwyn, que el 12 de marzo partió hacia Orán con 646 pasajeros a bordo.

La jornada en que los sublevados se hicieron con Madrid, el 28 de marzo, también con destino a Orán, partió el barco Lézardrieux con más de 500 refugiados seleccionados por el Frente Popular de Valencia. Entre los pasajeros se encontraba un grupo selecto de periodistas y redactores de la prensa comunista y de izquierda, además de muchos oficiales y jefes del Estado Mayor, alcaldes, consejeros provinciales y diputados.

El mismo día que este último, partió de Alicante a las 23 horas otro buque más conocido, el SS Stanbrook. Fletado por la Federación Socialista Provincial de Alicante, acogió a bordo a entre 2.638 y 3.028 pasajeros apretujados por todas partes, desde las bodegas y las sentinas y las cubiertas hasta el palo mayor, tal y como recoge el mencionado Archivo de la Democracia. En esas condiciones navegó hasta Orán donde los pasajeros, excepto las mujeres y niños, fueron retenidos en el barco casi un mes en deplorables condiciones.

Martínez recalca que lo sucedido con estos barcos “fue una epopeya realmente dramática” para aquellas personas que habían perdido una guerra, se exiliaban y no sabían con certeza qué les depararía el destino más próximo. El historiador admite que es difícil cerrar una cifra, pero sostiene que en torno a 12.000 personas en total pudieron abandonar España gracias a estos barcos.

Francia, salida de los últimos embarques

Sobre la procedencia y casuística de los barcos, el experto de la UNED apunta que es muy variada. “Durante la guerra, los acuerdos internacionales con los pocos gobiernos amigos de la República contribuyeron a organizar los viajes, aunque el peso de la solidaridad de organizaciones sindicales y obreras jugaron un papel clave”, añade. Bilbao, Gijón y Valencia se convirtieron en los principales puertos de salida.

Una vez finalizada la contienda, con la derrota de las fuerzas democráticas, el Estado republicano desplegó buena parte de sus recursos económicos para financiar pasajes hacia América, en un contexto internacional muy incierto, comenta De Hoyos. El objetivo de las expediciones era salvar al mayor número de compatriotas posible, aunque los recursos no daban para todos, añade. Por eso, se buscó también ayuda internacional para complementar los gastos excesivos en un momento prebélico mundial, con escasez de pasajes.

De esta forma, Francia se convirtió el país en el que tuvieron lugar la mayor parte de los embarques, pues en él se concentraba el grueso del exilio. “Es difícil dar una cifra exacta total. Una aproximación arriesgada sería en torno a 40.000 personas” las que huyeron por mar desde el país galo, cuantifica el historiador. Durante el trayecto y gracias a los diarios de viaje de sus moradores, los exiliados dejaban ver una mezcla de incertidumbre hacia lo desconocido, un alivio por el horror dejado atrás y un interés por aprender sobre los nuevos destinos en los que se adentraban, tal y como precisa el docente de la UNED.

El Winnipeg se convirtió en una de las naves de mayor renombre. Según el Ministerio de Cultura, fue el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) la entidad que organizó la expedición que trasladó a 2.300 exiliados españoles a Chile tras un mes de viaje. La expedición fue promovida por el poeta chileno Pablo Neruda, quien viajó a Francia como cónsul especial para la emigración española en París y que, en coordinación con el SERE, organizó la expedición marítima.

La solidaridad, una decisión política

Laura Martel, autora de la novela gráfica 'Winnipeg. El barco de Neruda' y coguionista de la película de animación que le da movimiento, no conocía su historia. Le impresionó tanto la primera vez que la escuchó que preguntó a algunos de sus allegados si sabían de ella. Respondieron que no, así que decidió publicarla en formato cómic. “Quería mostrar que es posible que cualquier persona pueda crear un mundo mejor por el simple hecho de hacer algo por los demás”, reconoce a elDiario.es.

Ese espíritu es el que ha seguido vivo en Beñat Beitia y Elio Quiroga, directores de la cinta. El primero de ellos admite que “Neruda fue esencial, pero aquello fue una obra colectiva que demuestra la solidaridad que se convierte en fuerza para ser capaz de transformar y mejorar la vida de miles de personas”. “Aquellos barcos no transportaban solo refugiados, sino vidas, conocimiento y futuro, justo lo que la dictadura y previamente las tropas sublevadas quisieron interrumpir en España”, agrega.

Desde el punto de vista del cineasta, cada barco del exilio habla de una pérdida, pero también de una sociedad que, no sin algunos sectores de la población en contra, permitieron abrir un puerto allí donde otros habían cerrado la frontera. “Recordar aquellos barcos obliga a preguntarnos qué puertos estamos dispuestos a abrir hoy”, reitera Beitia.

El director, asimismo, traza un paralelismo entre lo ocurrido hace casi 90 años y lo que sucede en la actualidad con la cerrazón y la insidia hacia los migrantes que esgrime la derecha y extrema derecha en España. Al igual que hoy en día, en Chile hace nueve décadas se utilizaron los bulos y las informaciones falsas para propagar el rechazo al extranjero. “Decían que llevarían enfermedades, que iban a quitarles el trabajo, que eran rojos hijos del demonio”, ejemplifica.

Beitia recuerda una realidad con ecos en el presente. Mientras Europa expulsaba a algunas de sus gentes, las perseguía y encerraba, contados países decidieron recibirlas, abrieron sus puertos. “La solidaridad no es un sentimiento abstracto, sino una decisión política para intentar mejorar la vida de las personas que nos rodean”, finaliza el director de la película.

Las huellas que las necrópolis dejan tras de sí son un testimonio inmaterial nuestra historia y prueba de ello es Son Coletes. Ubicado en Manacor (Mallorca), es un cementerio que pasó de ser uno de los testigos mudos de la epidemia de peste durante el siglo XIX a convertirse en una de las zonas con mayor número de fosas comunes en las islas fruto de la Guerra Civil y el franquismo, junto al cementerio de Porreres. Un cementerio donde se hallaron los restos de símbolos de la represión franquista de tal relevancia como los de Aurora Picornell y el resto de las represaliadas conocidas como les Roges del Molinar. Un lugar que impide que se difumine la impronta que dejó la dictadura en las islas y en España, pese a la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Balears, la cual, sin embargo, el Tribunal Constitucional suspendió el pasado 7 de julio.

Precisamente para resaltar la relevancia de Son Coletes en la historia de Balears, el historiador Toni Tugores publicó recientemente el ensayo Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil, en el cual narra la evolución del camposanto manacorí y el reflejo de cómo los sucesos históricos resignifican el concepto de un lugar con un cambio tan drástico.

Tugores establece una línea cronológica de la evolución de este cementerio a través de tres etapas. En primer lugar, “cuando se inauguró en 1820, el cual era un trozo de tierra de 3.550 metros cuadrados, rodeados de pared seca y sin la más mínima iconografía funeraria con la finalidad de enterrar allí las víctimas de la peste que afectaba la zona del Llevant de Mallorca”. Una segunda etapa realiza un salto de más de un siglo y “sería la utilización de aquel espacio alejado de Manacor como lugar de represión y exterminio, entre agosto de 1936 y enero de 1937”. Finalmente, Son Coletes alcanza una fase final, “su inauguración como cementerio católico municipal en 1953, realizado con una cierta fastuosidad y debidamente ampliado”, detalla el historiador.

Pese a su vasta cronología, resulta prácticamente imposible hablar de Son Coletes sin incidir en que fue el testigo mudo de los asesinatos fruto de la Guerra Civil en Balears, hasta el punto de considerarse, junto al cementerio de Porreres, el epicentro de la represión en Mallorca.

El hecho de que esa zona de la isla concentrara la represión no se debe a un único motivo. “La Falange tenía mucha fuerza en Manacor y algunos falangistas se mostraban bien dispuestos a hacer el trabajo sucio”, afirma Tugores. Por otra parte, “no se puede olvidar que el desembarco republicano [desembarco de Mallorca] había comenzado en la costa manacorina y que había pánico al quintacolumnismo y a las tropas del capitán Alberto Bayo. Además, Son Coletes ofrecía una cierta 'discreción' porque estaba alejada del casco urbano y también un preso había estado cavando zanjas más que suficientes que ofrecían 'facilidades' a la hora de los enterramientos”, desgrana el historiador.

La Falange tenía mucha fuerza en Manacor y algunos falangistas se mostraban bien dispuestos a hacer el trabajo sucio. Además, Son Coletes ofrecía una cierta ‘discreción’ porque estaba alejada del casco urbano y también un preso había estado cavando zanjas más que suficientes que ofrecían ‘facilidades’ a la hora de los enterramientos

Toni Tugores — Historiador

Exhumación e identificación de las víctimas

Tras la aprobación de la Ley de Fosas aprobada en junio de 2016 en Balears, Son Coletes ha estado presente en todos los planes de Fosas del Govern. La arqueóloga Almudena García-Rubio ha sido la coordinadora de los diferentes planes de fosas en Balears, junto a las entidades Atics y Aranzadi. “Hicimos una investigación de archivo donde encontramos unas fotos británicas de 1941 que reflejan el lugar exacto del cementerio antiguo debajo del nuevo, con los que se permitió que en 2020 se realizara la primera exhumación, en la cual se localizaron las tres primeras fosas y se identificaron a las primeras víctimas”, explica la investigadora. “Luego, a partir de 2021, trabajamos juntos y documentamos los primeros restos encontrados en las fosas”, añade García-Rubio.

Respecto a las víctimas, “el número de individuos recuperados es de 129; algunos los hemos recuperado de forma completa y otros solo de forma parcial. ”Sabemos que parte de las fosas que hemos documentado se quedan debajo de las tumbas modernas, por lo que es un mínimo“, detalla la arqueóloga.

El número de individuos recuperados es de 129; algunos los hemos recuperado de forma completa y otros solo de forma parcial. Sabemos que parte de las fosas que hemos documentado se quedan debajo de las tumbas modernas, por lo que es un mínimo

Almudena García-Rubio — Arqueóloga

“El cementerio de las mujeres represaliadas”

Las características físicas de esas víctimas concluyen que “hay principalmente individuos de sexo biológico estimado masculino”, corrobora García-Rubio. No obstante, la proporción de mujeres asesinadas encontradas en las fosas – Tugores afirma que se han encontrado a 14 de las 17 mujeres asesinadas en la isla– permite sostener que Son Coletes es el 'cementerio de las mujeres represaliadas'.

“Se han encontrado un grupo importante de mujeres, que son las que ya se han podido identificar al 100%, que son Francesca Llull y Francesca Salas (madre e hija), además del grupo de Aurora Picornell, Belarmina González y las Roges del Molinar [Antònia y Maria Pascual Flaquer], que también pudieron identificarse”, agrega la investigadora.

“Además, encontramos un conjunto de esqueletos femeninos que aún no han podido identificarse por ADN, pero que la hipótesis de identificación es que sean las milicianas-enfermeras de Bayo, ya que es el único grupo de mujeres que falta por encontrar en Mallorca, pero todavía es solo una hipótesis”, especifica. Asimismo, según destaca Toni Tugores, también “fue clave contar con el ADN de la familia Picornell y encontrar la pluma estilográfica de Aurora, junto con el excelente trabajo de los técnicos, así como de los centros de investigación genética”.

Otras de las particularidades del cementerio manacorí es “su ubicación y la convivencia entre víctimas locales y víctimas frentes, es decir, los milicianos que fueron fusilados y enterrados allí”. “Una peculiaridad de Son Coletes respecto a lo que hemos encontrado hasta ahora”, detalla García-Rubio. Además de en Porreres, se han encontrado también algunos cuerpos en zonas como Calvià, Marratxí o el Pou de s'Àguila (Llucmajor).

Víctimas sin filiación política

Respecto a las características de las víctimas, “el patrón común era la ideología, pero hay muchas víctimas que no tenían ninguna filiación política y que, hoy en día, desconocemos los motivos de su muerte violenta”, explica Tugores quien, asimismo, desecha la idea de que los cuerpos enterrados en las fosas solo pertenecían al bando republicano. “La gran mayoría de víctimas corresponde a civiles que no tenían nada que ver con el desembarco de Mallorca. Hay un pretexto –totalmente falso– de una fantasmagórica revolución comunista preparada para finales de julio de 1936, que se empleó para eliminar de manera arbitraria a personas que no tenían nada que ver con ningún tipo de complot, ni tan solo con la política”, expone el historiador.

La gran mayoría de víctimas corresponde a civiles que no tenían nada que ver con el desembarco de Mallorca. Hay un pretexto –totalmente falso– de una fantasmagórica revolución comunista preparada para finales de julio de 1936, que se empleó para eliminar de manera arbitraria a personas que no tenían nada que ver con ningún tipo de complot, ni tan solo con la política

Toni Tugores — Historiador

Por otra parte, desgranar el origen de los cuerpos hallados en el cementerio ha sido sencillo: “En Son Coletes se distingue perfectamente los restos antiguos del siglo XIX de los restos de las fosas [de la Guerra Civil] porque los restos del siglo XIX están en tumbas individuales y en posiciones totalmente ritualizadas, es decir, con las manos sobre el tórax o sobre el abdomen y, cada persona con su propio enterramiento”, asevera García-Rubio.

Algo que dista radicalmente de las víctimas represaliadas: “Están enterradas en fosas comunes, son enterramientos colectivos en los que hay varios individuos enterrados con simultaneidad al mismo tiempo, en posiciones que no son las 'adecuadas' –boca abajo, de lateral, con las manos atadas a la espalda– y, por supuesto, con signos de muerte violenta”, añade la investigadora.

Proceso de investigación y dignificación

Para poder llegar a la conclusión de que los restos hallados se trataban de víctimas de la Guerra Civil, el equipo llevó a cabo los desenterramientos de las fosas ubicadas en Son Coletes, formado por arqueólogos, antropólogos y genetistas que han trabajado en distintas campañas, con un total de 30 personas.

Este proceso de exhumación se compone de distintas fases: “La primera es la de la información histórica o ante mortem de las víctimas que buscamos; es decir, a quiénes estamos buscando, qué edad, qué signos identificables o característicos físicos tenían, de dónde eran, qué se saben de su detención o desaparición y si fueron detenidos de forma individual o en grupos”, detalla Almudena García-Rubio. “Por ejemplo, en el caso de Aurora Picornell, sabemos que de la cárcel salieron cinco mujeres juntas y hemos encontrado cinco mujeres juntas… O la saca del Castell de Bellver, de la que también se identificó un grupo en Son Coletes”, añade la investigadora.

García-Rubio sostiene que, tras el siguiente paso, que sería la fase arqueológica –en el que se encuentran fosas e individuos, además de hallazgos de restos relativos a los cuerpos– se procede a la fase de laboratorio. “Ahí las antropólogas tenemos que recabar la estimación de sexo, edad, altura, documentación de patologías, documentación de estado dental y causas y circunstancias de muerte”, explica.

Posteriormente, se procede a la 'materialidad', es decir, “el estudio de los materiales que aparecen, de la balística, de los objetos que encontramos; por ejemplo, en Son Coletes hallamos medallas religiosas, vestimenta, la pluma estilográfica de Aurora Picornell… distintos elementos que nos hablan de estatus y de la persona que hemos encontrado”, desgrana García-Rubio.

Finalmente, la investigadora detalla una fase final: “La realización de pruebas genéticas, la búsqueda de familiares, aparte de aquellos que ya se han puesto en contacto con nosotros porque están en búsqueda activa de sus desaparecidos, y el análisis genético de los restos para llegar a la identificación”.

El hecho de que Son Coletes fuera un testigo mudo de las muertes fruto de la represión de la Guerra Civil ha convertido este espacio en un escenario de dignificación y recuperación de la memoria histórica, aunque Tugores matiza que “quizá de manera insuficiente”. “Desde 1984 se vienen celebrando actos periódicos de homenaje a las víctimas, gracias al comité de Son Coletes. En 1985 se instaló un pequeño monumento alusivo a los muertos de la guerra y en 2016 se erigió un impresionante mural de hierro de grandes dimensiones, que hoy en día es el emblema de diversos colectivos memorialísticos”, señala el historiador.

La reclamación de los restos por parte de los familiares forma parte también de esta dignificación de las víctimas: “Hay muchísimos casos en Mallorca, Eivissa y Formentera. En los casos de los represaliados en El Penal de Formentera, la mayoría de las familias, si se llega a la identificación, quieren la recuperación de esos restos y enterrarlos con sus familias”, relata Almudena García-Rubio. “En Son Coletes, se han realizado también actos de homenaje, actos de devolución digna de restos, y en el que las instituciones y el equipo que formamos acompañamos a los familiares de las víctimas, quienes los entierran en el lugar que han elegido”, añade la arqueóloga.

Contra el olvido

El historiador Toni Tugores asegura que su obra Son Coletes: història de la mort a Manacor. De la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil es “un libro contra el olvido”: “Había un desconocimiento general del papel de este cementerio tanto en el siglo XIX como en el XX. El libro no solo habla de Son Coletes, sino también del protagonismo del cementerio del Jardí del Rector los primeros días después del desembarco de Mallorca, donde se fusilaron a entre 100 y 200 personas, que fueron quemadas en tres montones. Es un hecho que a menudo se olvida, como si Son Coletes hubiera sido el único lugar de exterminio masivo”, sostiene.

Un olvido contra el que quiere luchar que también se ha hecho patente en las instituciones públicas tras la derogación de la Ley de Memoria Democrática el pasado mes de marzo –que finalmente fue anulada por el Tribunal Constitucional el 7 de julio– y la expulsión en 2024 de dos diputadas socialistas del Parlament tras mostrar una instantánea de Aurora Picornell y las Roges del Molinar y la posterior ruptura de la fotografía por parte del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), hecho que todavía sigue siendo investigado.

Algo que Tugores considera de gravedad, ya que “es un agravio que comete la persona que preside la institución democrática más importante de las islas, la que representa el pueblo”, asevera. “Y, además, la vejación afecta a personas y familias que padecieron persecuciones, humillaciones y la muerte, y que no merecen ser menospreciadas en un acto de arrogancia y falta de empatía que no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Por no hablar del delito de odio –veremos lo que dicen los juzgados– y la misoginia”, agrega el investigador.

Para el historiador Tugores, que el presidente del Parlament, de Vox, rompiera una fotografía de la víctima franquista Aurora Picornell es una 'vejación' que 'afecta a personas y familias que padecieron persecuciones, humillaciones y la muerte y que no merecen ser menospreciadas en un acto de arrogancia y falta de empatía'

Una tarea parcialmente acabada

Respecto al proceso de exhumación en Balears –el cual incluye Son Coletes–, Almudena-García Rubio celebra que están “en un momento positivo”. “Estamos muy cerca de poder decir que en Balears se han buscado todas las fosas de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura”, añade. Sobre Son Coletes en particular, la investigadora sostiene que ya han acabado “con la parte arqueológica”, ahora solo están trabajando “con la parte genética”. “Nos queda mucho por identificar, así que a nivel de genética e identificaciones todavía nos queda un recorrido por delante”, comenta.

Asimismo, Toni Tugores indica también que falta “continuar trabajando en la difusión del trabajo realizado entre 2020 y 2023, especialmente entre la gente joven, señalizar los espacios más icónicos y, si es posible, crear en Son Coletes un espacio en el que se puedan exponer documentos, fotografías y objetos que se hayan ido encontrando al lado de las víctimas y que demuestren que el cementerio se convirtió en un auténtico epicentro de la represión fascista en Mallorca”.

Pese al camino que aún queda por recorrer, García-Rubio destaca “lo fructífero que es todo cuando colaboran los investigadores y las asociaciones memorialísticas con los equipos técnicos”. La arqueóloga agradece la implicación de Toni Tugores en las exhumaciones en Son Coletes: “Su colaboración desde el primer minuto ha sido vital, nos ha compartido su información y ha sido un miembro más del equipo para las visitas guiadas, para los trabajos con los institutos, y he tenido, además, el honor de escribir el prólogo de su libro”, concluye.

Hay libros que llevan en sí mismos algo más que literatura, libros que sin querer se han convertido en testimonios de su tiempo y de cómo el relato oficial de cada época puede influir, no solo en la acogida, sino en la génesis misma de una creación literaria. Incierta gloria, que Joan Sales (Barcelona, 1912 - 1983) había comenzado a escribir en 1948, aún exiliado en México, vio la luz por primera vez en 1956, aunque continuó revisándola y ampliándola durante años, hasta que en 1971 se publicó su edición definitiva. El texto no ha variado desde entonces; lo que sí lo ha hecho, y por fortuna, es su consideración.

En los albores de este siglo, Joan Sales era conocido por haber sido el editor de Mercè Rodoreda en Club Editor, la editorial que fundó en 1959 junto a Xavier Benguerel. Con ella mantuvo, además, una importante correspondencia durante más de veinte años, que comenzó con la escritora todavía exiliada. Más allá de este papel, sin embargo, poco se sabía entonces de la narrativa del propio Joan Sales, o, más bien, poco había calado; la obra, al fin y al cabo, siempre estuvo ahí, tan solo faltaba ponerla en el centro.

Y algo ocurrió: por un lado, Club Editor, capitaneado ahora por Maria Bohigas, nieta de Sales, volvió a editar Incierta gloria en 2012, coincidiendo con el centenario del autor, junto con El vent de la nit, una especie de continuación, con el propósito de acercarla a una nueva generación de lectores; por otro, en 2017 el director Agustí Villaronga, que en 2010 había adaptado con éxito Pa negre (2003), la novela homónima de Emili Teixidor, la llevó a la gran pantalla. La película despertó el interés por el libro y el público encontró una edición a la altura.

Hoy, ningún lector con unos mínimos rudimentos de literatura catalana se atreve a dudar de su relevancia, que la propia Rodoreda ponía en relación, por la riqueza de su estilo y por su radiografía de los años de la guerra y la posguerra, con su propia obra. Con todo, y a pesar de que también se editó en castellano, fuera del ámbito catalán sigue siendo un libro desconocido para mucha gente. Ahora Anagrama, que el año pasado ya apostó por otro ilustre de la literatura catalana, Jesús Moncada, la recupera con una nueva traducción y posfacio de Gonzalo Torné, setenta años después de que la primera versión llegara a las librerías.

Vencidos en el frente, vencidos en la retaguardia

Se han escrito muchas novelas sobre los derrotados en la Guerra Civil, pero no tantas que, dentro de los vencidos, cuestionen también algunas creencias del propio bando. En su juventud, Joan Sales fue encarcelado tres meses por oponerse a la dictadura de Primo de Rivera; y durante la República se afilió al Partit Comunista Català. Sin embargo, al igual que les ocurrió a muchos intelectuales alrededor del globo, con el tiempo acabó decepcionado por la deriva del marxismo y su compromiso político se centró, por encima de todo, en el catalanismo. Esa mirada crítica subyace tras la novela, que, sin entonar discursos panfletarios, deja entrever su verdad a través de la vida del elenco.

Incierta gloria se divide en tres partes que casi funcionan como libros independientes, en forma, tiempo y punto de vista, unidos por la relación entre los personajes, y, para ser más exactos, por gravitar en torno al protagonista indirecto, Juli Soleràs, un joven reclutado en el frente republicano que sobresale por sus ideales elevados, su cinismo y su vasta cultura humanística. Es una suerte de antihéroe emparentado con los grandes personajes de Dostoievski (autor venerado por Joan Sales, a quien llegó incluso a traducir del francés), que tiene la particularidad de mostrarse solo a través de los ojos de los demás personajes, al lector nunca en primera persona.

Las dos primeras partes tienen un registro epistolar: la primera se sitúa en el frente de Aragón en 1937 y quien escribe es Lluís de Brocà, un joven soldado que en sus cartas se dirige a su hermano religioso, Ramon. Lluís, de familia burguesa y compañero del mencionado Juli Soleràs, es un personaje lleno de claroscuros, que simpatiza con el anarquismo y durante su paso por el campo de batalla se siente atraído por una mujer, una viuda de pasado turbio, madre de dos hijos. En la segunda parte, toma el relevo Trini, la esposa de Lluís, que escribe desde Barcelona: sus misivas revelan la guerra desde el punto de vista de la población civil, en la ciudad.

Por último, la tercera parte cambia de tono y adopta una primera persona introspectiva: la voz de Cruells, un joven seminarista que fue compañero de Lluís y Juli en el frente. Ha pasado el tiempo, por lo que su narración gira alrededor de los primeros años de la posguerra, lo que entraña una profunda meditación existencial, con esa conciencia del ser humano caído, pero sobre todo de la pérdida de algo más: la juventud, los ideales, el proyecto común al que aferrarse. No es baladí que se trate de un personaje religioso: el propio Joan Sales reconocía el catolicismo como una parte importante de su identidad (y esto, aunque desde el laicismo contemporáneo pueda suscitar suspicacias, no reduce en modo alguno las cualidades extraordinarias de su obra).

En El vent de la nit (1981), que en las últimas ediciones se ha publicado por separado, pero puede leerse como una cuarta parte, reencontramos a Cruells, unos años después, con la posguerra más avanzada, convertido en un hombre maduro que en su discurso reflexiona sobre la memoria, ahora que ve la guerra desde la distancia, y deja entrever muchos de los abusos del franquismo, de la censura a los condenados a muerte. Es una novela bastante diferente a Incierta gloria, que para algunos lectores no está a la altura, pero que demuestra, en cualquier caso, cómo el autor no quiso limitarse a escribir una gran novela, sino que, en su literatura, había algo más: la convicción de ser un testigo de la historia del siglo XX; de expresar, con los recursos literarios, la verdad íntima de los derrotados como él, unos acontecimientos –o más bien un aliento, una atmósfera–, que no debían borrarse, no debían olvidarse.

Guerra, sentimientos, intelecto, espiritualidad

Un punto sobresaliente de la narración de Joan Sales es la naturalidad con la que navega entre la dimensión intelectual del estudiante o el sacerdote, que se prodigan en alusiones eruditas de tipo literario y filosófico, y la cualidad “mundana” inherente a la existencia, más si cabe en tiempos de guerra, que sacan a cada uno de su reducto particular. En el parlamento de los personajes se mezclan la verborrea coloquial –el autor tiene oído para captar las voces de la calle, con sus giros genuinos– con los principios del idealismo y la búsqueda espiritual. En un mismo bando caben todo tipo de hombres, remando juntos por una causa común.

Es interesante detenerse asimismo en el tratamiento del amor y el rol de los personajes femeninos. En una novela sobre un conflicto bélico, más aún si se sitúa (en parte) en el mismo frente de batalla, es poco habitual dar cabida a las mujeres, que viven la guerra desde otro lugar. Aquí es relevante no solo la presencia de Trini –su parte es espléndida, lo mismo que su evolución como personaje, que va descubriéndose al lector–, sino el papel de la viuda, esa mujer en quien se intuye algo sucio, algo oscuro, pero por quien el narrador de la primera parte no puede evitar sentir fascinación.

Todos los personajes están hechos de claroscuros, con más zonas de sombra a medida que avanza la narración y se ven envueltos en situaciones que los ponen a prueba, que los sumen en la violencia, el miedo, la culpa o la desesperación. No era la intención del autor crear ídolos ni héroes; lo que hay aquí son hombres y mujeres heridos, complejos, que viven situaciones límite en las que actúan en contra de sus propios principios. Todos se enfrentan tarde o temprano a algún dilema ético que los cambia de manera irreversible, y sus relaciones con los demás están bajo la sospecha de la traición.

Historia de una novela, historia de un país

Los libros cuentan una historia a través de sus páginas, pero a veces ellos mismos son en sí mismos, casi sin pretenderlo una lección de Historia, con mayúscula. El caso de Incierta gloria es un paradigma del impacto de la dictadura en la producción literaria, en el circuito cultural en general; y también, por qué no, una demostración práctica de aquel viejo dicho de hacer de la necesidad virtud.

En aquella temprana versión de 1956 –entonces solo contaba con la primera parte, con la que había ganado el Premi Joanot Martorell de 1955–, el manuscrito no superó la censura, como era de esperar. El autor hizo sus reclamaciones, pero, aunque al final autorizaron la publicación, tuvo que resignarse a someter el texto original a la poda. Siguió escribiendo, eso sí, ampliando esa primera parte con vistas a una futura nueva edición.

La oportunidad de publicar sin recortes le llegó, como a muchos compatriotas, en el extranjero. En concreto, fue la traducción al francés de la versión más reciente hasta la fecha, en 1962, que recibió buenas críticas. Más adelante, en 1968, la presentó a un premio de la editorial Planeta, destinado a obras escritas en catalán que todavía no se habían traducido al castellano. La edición que resultó era distinta a la anterior, ya que por aquel entonces la censura se había relajado mucho. Pudo publicar la obra en catalán y en castellano en 1970; y un año después, en 1971, salió ya con unos últimos retoques que la daban, esta vez sí, por concluida.

Una década más tarde, se publicó una edición que incorporaba una cuarta parte, El viento de la noche. Sin embargo, el autor consideraba este libro como una novela al margen, pese a compartir personajes, de modo que en las últimas reediciones, ya en el siglo XXI, se ha editado aparte. Hoy, a Joan Sales se le reconoce como el autor de estas dos novelas, además de la poesía, las cartas y su crucial labor como editor.

Al seguir el hilo que va de la primera a la última edición se puede comprobar cómo se fue dejando atrás la censura: el autor no solo añadía capítulos nuevos, sino que volvía sobre los anteriores, porque a medida que pasaba el tiempo se permitía decir más cosas. Por otra parte, el papel de las traducciones resultó crucial para estimular la carrera de los escritores silenciados por el franquismo; y estas obras, a su vez, contaron al mundo la realidad de lo que ocurría bajo la dictadura (tras su buena acogida en Francia, de hecho, el régimen de Franco retiró el pasaporte a Joan Sales).

La recepción crítica también ha tenido sus vaivenes; Incierta gloria no ha sido siempre reverenciada como una de las grandes obras de la literatura catalana del siglo XX, ni como una de las mejores novelas que se han escrito como la Guerra Civil española. En un principio, provocó reacciones de todo tipo, algo que el autor asociaba al hecho de que generaba incomodidad hasta en los de su propio lado, al poner bajo la lupa esos viejos valores del anarquismo y el comunismo.

Joan Sales no se casaba con nadie, literariamente hablando, y para gozar del favor de la crítica a veces es necesario saber hacer amigos. Sin embargo, esta independencia suele ser un rasgo de la buena literatura, y el tiempo siempre sopla a su favor. Ya nadie duda de la hazaña que es Incierta gloria, un novelón que, como Shakespeare (del que toma el título: “The uncertain glory of an April day…”, de Los dos hidalgos de Verona, 1623), tiene en sus páginas lo profundo y lo terrenal, la carcajada y lo existencial, porque en su guerra caben todas las guerras y, en sus personajes, toda la humanidad.

Las caras de extrañeza que en diciembre de 2023 se paseaban por la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares han mutado a miradas de asombro y asentimiento. Hace ya casi tres años que un equipo de arqueólogos comenzó a desenterrar el refugio antiaéreo más grande de la ciudad complutense, utilizado durante la Guerra Civil que con tanta dureza golpeó a esta localidad y que ahora se prepara para su apertura al público.

La intervención deja varios hitos históricos tras de sí: la piedra que se utilizó para este enclave subterráneo procedía de las ruinas de la cercana Iglesia de Santa María la Mayor, donde se ubicaba la pila bautismal del ilustre escritor que da nombre a la plaza, Miguel de Cervantes, y la escalera de la entrada norte está formada por la escalinata del altar mayor del templo junto a restos del sepulcro de la familia del Oidor. “Excavar aquí es remontarnos hasta el siglo XV”, introduce Luis Antonio Ruiz Casero, director de los trabajos arqueológicos.

Poco se sabía de este cobijo construido entre 1937 y 1938. Las habladurías alcalaínas lo situaban bajo el quiosco de la música que preside la parte sur de la plaza de Cervantes, pero se equivocaban. “Mucha gente mayor aseguraba haberlo conocido, pero esa memoria estaba algo distorsionada”, comenta Pilar Lledó, historiadora local especializada en la Guerra Civil y la primera persona en abordar la existencia del refugio hace casi tres décadas.

Esa misma memoria no se diluyó en 2023, cuando Ruiz Casero y su equipo de la empresa Audema escucharon cómo varios vecinos les alertaban de que estaban excavando en la zona errónea. Sin embargo, estaban en lo correcto. “Nos guiamos por una evidencia arqueológica, una fotografía tomada por la aviación de la Legión Cóndor hacia el final de la contienda, cuando ya estaba terminado el refugio, y que descubrió nuestro compañero Julián Dueñas”, afirma el arqueólogo. José García Saldaña, cronista oficial de la ciudad ya fallecido, también dejó un documento gráfico: hizo un croquis del refugio y lo publicó junto a algunas anotaciones en 1994, en El Puerta de Madrid, un veterano medio local.

Azaña salva el refugio

Entender las circunstancias que rodearon la construcción de este refugio pasa por abordar la realidad que se vivía en Alcalá a mediados de 1936. “La ciudad siempre fue objetivo de bombardeos aéreos. Hubo decenas y decenas de ellos que asolaron a la población civil y provocaron cientos de muertos y heridos”, añade Ruiz Casero. El Ayuntamiento alcalaíno siguió las indicaciones del Gobierno republicano y comenzó la construcción de refugios para la ciudadanía. Gracias a las anotaciones de García Saldaña se sabe que el de la plaza de Cervantes se comenzó a erigir a finales de noviembre de 1937. Según dejó apuntado Lledó, ya estaba terminado para el 16 de octubre del año siguiente.

El refugio tiene unos 38 metros de extremo a extremo y dos de ancho y está compuesto por una sucesión de salas conectadas mediante giros en ángulo recto, un diseño concebido para minimizar los daños en caso de explosión. “Se construyó a cielo abierto y se rellenaron las paredes con los sillares de la Iglesia de Santa María. El techo se hizo de hormigón armado. Costó mucho llevarlo a cabo”, subraya el director de la intervención.

Se refiere a los problemas de financiación que el Ayuntamiento tuvo para materializar el proyecto. Aunque gravó espectáculos teatrales y algunas bebidas alcohólicas, no fue suficiente. Manuel Azaña, alcalaíno y por aquel entonces presidente de la República, donó 25.000 pesetas para su finalización. El coste total alcanzó las 110.000 pesetas, 10.000 de las cuales fueron sufragadas directamente desde las arcas municipales.

Un refugio para la guerra total

La construcción de este escondite en Alcalá no responde al azar, según Pablo Schnell, arqueólogo y experto en fortificaciones de la guerra civil que incide en que la ciudad complutense fue “un objetivo de guerra de primer orden que sufrió unos 200 bombardeos”. La guerra total había llegado a España: “Los refugios eran caros y difíciles de hacer, por eso se alargaban tanto en el tiempo. Era una novedad que los ciudadanos ante una guerra, además de dejar sus trabajos e ir al frente, tuvieran que pagar de su dinero su propia protección, pues se consideraba a la población como objetivo”.

Algunas fuentes con las que trabaja el equipo de Ruiz Casero indican que el refugio ya funcionaba en el verano de 1938, aunque no estaba terminado. “Llegó a tiempo para proteger a los alcalaínos de los últimos grandes bombardeos de la guerra. Todavía estudiamos los archivos para poder aportar una cifra exacta de cuántos”, comenta el experto.

La documentación a la que ya han tenido acceso, entre la que se encuentra el telegrama del Consistorio complutense en el que agradecen a Azaña su donación, recoge que el refugio estaba pensado para un millar de personas. “Serían unas 10 personas por metro cuadrado, lo que es factible pero bastante extremo, y no creo que se alcanzase nada parecido”, apunta el arqueólogo. Schnell, por su parte, precisa que la capacidad media indicada en los manuales era de medio metro cuadrado por persona. “Hay que tener en cuenta el oxígeno que se consume en un ambiente cerrado como ese”, apostilla.

Una vez terminada la contienda, el refugio continuó abierto. Los especialistas han llegado a esta conclusión tras hallar en él restos asociados a niños que se colarían en la posguerra, como canicas y tabas, en el estrato sobre el suelo antes de que se llenara de tierra, escombros y barro. Diversos fueron los intentos para demoler el escondite, cuya existencia suponía una imagen problemática para la dictadura franquista. Ninguno fructificó. En esos años, los fotógrafos del régimen se esmeraron en que no apareciera en sus instantáneas. “En torno a 1944, finalmente consiguen cegar el acceso norte”, remacha Ruiz Casero en referencia a la entrada principal al escondrijo. El acceso sur, por el que entraron los arqueólogos en 2023, quedó accesible hasta los años 70.

La escalinata al altar hecha escalones

Las diferentes campañas de excavación lideradas por Ruiz Casero a lo largo de estos años han llegado a su cénit este 2026. Entre sus hallazgos, uno que les impulsa a continuar con la investigación, lo que a su vez supone un reto. “Los escalones de la parte norte son piedras labradas de la Iglesia de Santa María, de su escalinata al altar mayor. Es una piedra con cierto valor estético y enorme valor histórico para Alcalá, pues se trata de los pocos restos monumentales que quedan de la iglesia”, se explaya el arqueólogo, en alusión a este templo situado a escasos 100 metros del refugio, incendiado el 29 de julio de 1936 y construido, asimismo, con piedra procedente de la ciudad romana de Complutum.

Los trabajos han permitido extraer tres de estos escalones, decorados con una voluta, una especie de pequeña moldura. “En los rellenos hemos encontrado restos descontextualizados de alabastro y estoy convencido de que son piezas que proceden del sepulcro de la familia del Oidor tras realizar un estudio comparativo de los restos originales que tenemos”, añade el especialista. Don Pedro Díaz de Toledo fue el oidor real de Juan II de Castilla que, a principios del siglo XV, mandó construir la Capilla del Oidor como lugar de enterramiento familiar. “Excavando un refugio del siglo XX nos asomamos a la historia de Alcalá desde la Edad Media”, recalca Ruiz Casero.

El reto está en continuar con esta investigación. El techado de esta parte no es de hormigón debido a las sucesivas reformas que ha sufrido la plaza de Cervantes, por lo que en un futuro será necesario abrirlo desde arriba. Esta opción es algo complicada, pues acaban de finalizar unas obras que han retocado la plaza al completo. La otra posibilidad es hacerlo desde abajo, apuntalando el techo.

Objetivo: su apertura al público

Los objetos encontrados ayudan a entender la realidad que ha experimentado el enclave a lo largo de casi un siglo. En un primer estrato, el más moderno, han hallado algunos elementos interesantes para entender la historia local desde los años 70, cuando se cerró el refugio en su totalidad: catálogos antiguos de fiestas y pegatinas de las peñas, publicidad de eventos que se han desarrollado en la plaza en el último medio siglo, monedas, folletos promocionales de vivienda en la ciudad en los años 80 y hasta un Mazinger Z de plástico de los años 70.

La intervención desarrollada este 2026 ha permitido analizar lugares en condiciones anaeróbicas, ya que estaban cubiertos por escombro y barro. Así han podido recuperar del siguiente estrato elementos difícilmente conservables en otros contextos: una participación de la Mutual Complutense de la lotería de Navidad de 1943 y una botellita de aquellos años, que todavía conserva agua en su interior.

El ímprobo trabajo que ha llevado a cabo el equipo de Ruiz Casero y la restauración por parte de Miguel Ángel López Marcos, además de la curaduría del concejal de Patrimonio Histórico de Alcalá, Vicente Pérez Palomar, se ha materializado en una puesta en valor dirigida a su apertura al público. “Los trabajos se encuentran ahora orientados a la musealización del espacio, con el objetivo de abrir el refugio en los próximos meses tanto para visitas técnicas como para visitas guiadas dirigidas al público en general”, ha asegurado el edil a través de una nota remitida por el Consistorio.

Lo fue todo en la política y en la cultura de hace un siglo, pero hoy su huella permanece en un indignante silencio. Julián Zugazagoitia Mendieta (Bilbao, 1899 - Madrid, 1940) fue concejal, diputado y más tarde ministro de la Gobernación —ahora se le denomina de Interior— durante un año de la Guerra Civil. Pero más allá de sus cargos públicos, Zuga, como lo llamaban sus allegados, dirigió durante años El Socialista, órgano de prensa del PSOE que llegó a vender 70.000 ejemplares; publicó novelas de realismo social; escribió las biografías de Pablo Iglesias y de Tomás Meabe; y dejó para las siguientes generaciones un libro clave: Guerra y vicisitudes de los españoles (Tusquets), una de las crónicas más lúcidas, ecuánimes y brillantes sobre el conflicto.

El historiador Luis Sala (Bilbao, 1968) ha rescatado la figura de Zuga en una reciente biografía: Julián Zugazagoitia. Sin rencor, vida y muerte de un periodista socialista (Betagarri Liburuak), donde repasa una trayectoria que concluyó trágicamente con la detención del líder republicano en París por la Gestapo y con su posterior juicio y fusilamiento en Madrid. “Tal vez”, opina Luis Sala en una charla con elDiario.es, “aquellos que deberían haberse ocupado de mantener su memoria no calibraron la verdadera talla de Zuga”. “La dictadura obligó al exilio de su viuda y de sus cinco hijos y la dispersión familiar desdibujó también su recuerdo. Como tantos otros vencidos de la guerra, Zuga quiso que se contara aquella época, pero sin rencor, tal como mostró en su última carta antes de morir”, añade.

Hijo de un veterano militante socialista bizkaitarra, Julián se alineó con la izquierda desde bien joven, al tiempo que seguía cultivando su pasión por el periodismo y la literatura. Hombre muy de partido, pero moderado y de talante conciliador, supo sortear los litigios constantes en el seno del PSOE y, de hecho, actuó muchas veces como puente entre Indalecio Prieto y Juan Negrín, pesos pesados de la época republicana. Ese carácter de consenso, unido a su gran capacidad de análisis y su vibrante estilo, le sirvieron para ocupar la dirección de El Socialista entre 1932 y 1937 tras destacar con colaboraciones en otros medios, como El Liberal de Bilbao donde comenzó su carrera. De pelo muy corto, con gafas en forma de quevedos, mirada seria y resuelta, enfundado en chaquetas con corbata o pajarita, en ocasiones tocado con una boina, Julián Zugazagoitia respondía al perfil físico de tantos y tantos intelectuales que abrazaron la causa republicana.

Orden y legalidad republicanas

“Practicó”, relata Luis Sala, “un periodismo militante, como no podía ser de otro modo, pero Zugazagoitia nunca fue un tipo sectario o radical, sino más bien un político íntegro. Quizá esas fueron razones que aconsejaron a Juan Negrín para nombrarlo ministro de la Gobernación, uno de los cargos más complicados sin duda en tiempos de guerra. La República necesitaba poner orden en la retaguardia y limpiarla de quintacolumnistas, a la vez que trataba de imponer el principio de legalidad frente a los elementos más incontrolados del bando republicano”. En opinión de su biógrafo, Zuga no fue responsable del asesinato de Andreu Nin, líder del POUM, un partido marxista y antiestalinista, a manos de agentes soviéticos. Aquel crimen derivó en una de las mayores crisis en el bloque republicano en toda la guerra. El historiador Salas achaca a algunos colaboradores del ministro Zugazagoitia la ejecución de Nin en junio de 1937. Sea como fuere, Zuga intentó recuperar la legalidad y el orden durante el año que estuvo al frente de Gobernación y neutralizar a los fascistas emboscados en las capitales republicanas que actuaban como una quinta columna.

Ahora bien, antes de esos convulsos años treinta Julián pudo dedicarse con más tiempo y empeño a la literatura y así publicó algunas novelas que prefiguraron el realismo social como Una vida anónima, en 1927; o una biografía de referencia de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE aparecida en 1925, el año del fallecimiento del histórico líder. Luis Sala, desde la perspectiva de un experto en el socialismo de la época, explica que la publicación de la biografía del que llamaban cariñosamente “el abuelo” se convirtió en un best-seller entre las filas de la izquierda. Por todo ello, no tiene dudas Sala en colocar a Zugazagoitia a la altura de maestros del periodismo de aquel periodo como Manuel Chaves Nogales.

“Zuga fue un periodista y escritor de primera división y para ello basta leer su obra cumbre, Guerra y vicisitudes de los españoles, reeditada en 2001, que se publicó por entregas en el diario La Vanguardia de Buenos Aires poco después del final de la Guerra Civil cuando el autor se encontraba exiliado en París. Narrado en primera persona, desde el compromiso republicano y democrático, pero objetivo y no sesgado, este libro debería ser de obligada lectura para todos los estudiantes de Bachillerato”, afirma su biógrafo.

Exilio, fusilamiento y mensaje

A pesar de la escasa bibliografía existente sobre el que fuera director de El Socialista, Luis Sala ha rastreado la vida y obra de su paisano en periódicos, archivos y también en los testimonios de algunos de sus descendientes. Una fundamental parte de su libro está centrada en el exilio de Zuga a París tras la victoria franquista y en su posterior detención por la Gestapo, a instancias de la policía franquista, al igual que ocurrió con otros dirigentes republicanos como el presidente de la Generalitat catalana, Lluís Companys; o el director teatral y cuñado de Azaña, Cipriano Rivas Cherif. El exjefe del Estado, Manuel Azaña, falleció en Montauban en noviembre de 1940 precisamente huyendo de la Gestapo.

En el caso de Zugazagoitia tal vez pecó el periodista de exceso de confianza o de ingenuidad o quizá nadie le avisó del peligro real. Lo cierto es que fue detenido por la Gestapo a finales de julio de 1940, un mes después de la entrada de los nazis en la capital francesa, y conducido de inmediato a Madrid. Su biógrafo señala bien a las claras a los responsables de la captura de Julián: “En primer lugar, Pedro Urraca, un policía franquista que se jactaba de ser un cazador de rojos. En segundo lugar, el conde de Mayalde, una figura clave en la represión de la posguerra y más tarde premiado con la alcaldía de Madrid que ostentó entre 1952 y 1965. Pero los responsables últimos fueron el ministro Ramón Serrano Súñer y, por descontado, el mismísimo dictador Francisco Franco”. Ya como prisionero en Madrid, en una farsa de juicio sumarísimo, fue condenado Zugazagoitia a la pena de muerte. Pero el historiador y biógrafo Luis Sala lamenta hoy que mientras Cataluña no ha dejado de honrar la memoria de Companys, el resto de España ignore la trayectoria y el tributo de Zugazagoitia.

A pesar de los desesperados esfuerzos de amigos y familiares adictos al nuevo régimen para que se le conmutara la pena, fue fusilado al amanecer del 9 de noviembre de 1940 en la tapia del cementerio de la Almudena. Entre las personalidades que abogaron en su favor se hallaba, por ejemplo, el escritor conservador Wenceslao Fernández Flórez, que le debía la vida a la intercesión de Zugazagoitia durante la guerra. Sin embargo, todo fue inútil y de nada había servido la generosidad y compasión de Julián con muchos falangistas durante el asedio de Madrid. Fiel a sus ideas, pero socialista y humanista hasta el final, la carta de despedida que el periodista escribió para su mujer, Julia Ruiz, y para sus cinco hijos horas antes de ser fusilado revela un carácter alejado de cualquier revanchismo en un hermoso mensaje dirigido a las generaciones futuras.

“Desde la altura de mi cariño”, escribió este desgraciadamente olvidado político e intelectual, “te pido que mi muerte no sea cultivada como un motivo de rencor. Tampoco quiero que con mi piel agujereada se hagan tambores de desquite. Me basta con el cultivo tierno que entre todos vosotros hagáis de mi memoria o mi doctrina moral, de la que no estoy arrepentido. Ha consistido en hacer el bien, en no herir a nadie, olvidando del mejor grado las ofensas que haya podido recibir”.

¿Cuántas víctimas del fascismo terminaron ocultadas por orden de sus propios verdugos en las fosas comunes del Cementeri Vell de ses Figueretes, en Eivissa? La respuesta baila entre dos cifras. El Govern balear sostiene que fueron 64 los muertos a los que nadie pudo –o se preocupó de– buscar durante noventa años. El Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera afirma, en cambio, que fueron 97 los ejecutados por consejos de guerra o juicios sumarísimos. O –directamente– desaparecidos tras recibir un tiro en la nuca. A la mayoría los mataron durante el otoño de 1936 y el invierno de 1937. Ojo por ojo, diente por diente: aquellas vidas fueron la moneda con la que las cuadrillas de falangistas que peinaron la isla se vengaron de una matanza perpetrada por milicianos justo antes de huir de la isla en barco.

Sucedió el 13 de septiembre del año en que empezó la Guerra Civil. Casi dos meses después de que el golpe de Estado urdido por oficiales africanistas –y financiado por el contrabandista mallorquín Joan March Ordinas– prendiera la mecha del conflicto. En plena retirada balear de las tropas republicanas al mando del capitán Alberto Bayo. Las ametralladoras sonaron en las celdas de la antigua casa del gobernador. 95 personas –magnates monopolistas, prósperos comerciantes, pequeñoburgueses, minifundistas con carné del Sindicato Agrícola, simpatizantes de partidos de derechas, religiosos que el próximo 17 de octubre serán beatificados por León XIV– cayeron exánimes. Unas paladas de tierra los enterraron muy cerca del lugar donde, semana a semana, otros verdugos irían arrojando a los rojos.

Hoy, el edificio en el que ocurrió la tragedia reabrió hace unos meses –y tras una eternidad cerrado a cal y canto– con una nueva piel, la de un Parador Nacional de Turismo. Hoy, aquellos asesinatos, se les sigue conociendo por un eufemismo muy vago –els fets del Castell–, pero a los asesinados se les desenterró, se les dio cristiana sepultura y una placa los recuerda en la Catedral pitiusa: la dictadura franquista no tardó en homenajearlos. Hoy, homenajear a los muertos que vinieron después –payeses, pescadores, carpinteros y albañiles: más de uno, sin filiación izquierdista o sindical conocida; también funcionarios municipales, el fundador del primer sindicato que peleó en la isla, un militar y, también, un sacerdote católico– sigue siendo objeto de polémica. El ejemplo más reciente data de hace poco más de dos semanas.

Un homenaje agridulce

Jueves, 23 de julio. Diez y media de la mañana. Una placa ocre sobre una pared blanca con un mensaje en catalán: Aquí reposen les víctimes de la repressió franquista durant la guerra civil i la dictadura. Eivissa 2026. Junto a la placa, una puerta de metal y acristalada. Al otro lado, sobre un mosaico hidráulico, siete cajas de madera para siete nichos a vista. Esta capilla del Cementeri Vell –restaurada a propósito– guarda los restos hallados –a partir de 2020– en las exhumaciones que se han realizado en Eivissa gracias a la Llei de Fosses, impulsada durante la primera legislatura de la coalición de centroizquierda que presidió Francina Armengol. En uno de esos pequeños sarcófagos está Bartolomé Costa Serra, conocido como Bartomeu Miquel. La única víctima con nombre y apellidos que se depositó en la capilla, cerca de otras que no se han podido identificar.

Un violín interpreta una partitura de Robert Schumann. Es una caricia en medio de un acto que transpira tensión. Por el calor de justicia –el aleteo de los abanicos contra la alerta amarilla–, por las dimensiones de la carpa habilitada para cobijar treinta asientos –hay el doble de gente, escasea el espacio y los operadores tienen que destrincar la cámara y abandonar el trípode para acercarse a la noticia– y, también, por el baile de cifras. Un cóctel que, según los responsables del Fòrum per sa Memòria, describe “las formas” de la Conselleria de Presidència del ejecutivo de Marga Prohens, la presidenta popular que ha pactado con Vox la derogación de la Llei de Memòria Democràtica. Fue el peaje para aprobar el presupuesto de la comunidad autónoma. Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional, después del recurso presentado por el Gobierno que conforman PSOE y Sumar.

“Son varias cuestiones las que no entendemos del homenaje que se hizo en Eivissa”, escribe Luis Ruiz Val, el presidente del Fòrum per sa Memòria. El mensaje que manda por WhatsApp este historiador, uno de los investigadores que empezaron a coser, allá por los noventa, la memoria rota de los represaliados por el franquismo en una isla donde el exilio y el silencio –forzoso– de sus familiares los había olvidado, es largo. “En cuanto a la fecha, en una conversación telefónica el día 1 de julio, la propia directora general me dijo que el acto sería en septiembre. Posteriormente, el Govern o el Ajuntament d’Eivissa fijaron de manera unilateral la fecha del 23 de julio. El día 10 de julio, la Direcció General [de Memòria Democràtica] lo comunicó por correo electrónico y yo pregunté en qué consistiría el acto, además de ofrecer nuestra colaboración. No hubo ninguna respuesta”.

Unos segundos más tarde, Ruiz manda la captura de pantalla del correo que, según dice, nunca se respondió. No fue, sin embargo, la última charla para preparar el entierro de los represaliados. “El día 16 de julio, entre las 20:00 y las 20:30 horas, se celebró una reunión telemática con familiares, el equipo de psicólogos y yo mismo –sigue escribiendo Ruiz– para tratar el desarrollo del acto. No asistió ningún representante del Govern. En esa reunión acordamos un guion que, finalmente, la Direcció General decidió no tener en cuenta, sin informar a nadie. La directora general [Xesca Ramis, líder también del PP en el municipio mallorquín de Lloseta] manifestó que se trataba de un acto institucional y nada más”.

El presidente del Fòrum per sa Memòria, Luis Ruiz, denuncia la falta de coordinación y transparencia en la organización del homenaje. Según relata, el Govern cambió unilateralmente la fecha, no respondió a su propuesta de colaboración y no participó en la reunión preparatoria con familiares y psicólogos

El Govern lo niega todo

“El acto, de hecho, estaba previsto para una fecha anterior”, replican, también por escrito, desde la Conselleria de Presidència, “pero la empresa encargada de las placas nos avisó de que no las tendría listas a tiempo. Por ese motivo, se informó al Ayuntamiento y a los familiares y se aplazó el acto, fijando una nueva fecha que se ajustara a la disponibilidad de las familias. Todo ello fue comunicado al Fòrum en tiempo y forma. En concreto, el correo electrónico con la invitación se envió el 10 de julio de 2026 a las 10:01 de la mañana”.

Y continúan argumentando desde el Consolat de Mar: “En la escaleta definitiva del acto no estaba prevista ninguna intervención del Fòrum. Se trataba de un acto organizado por el Govern y el Ajuntament d’Eivissa en el que los protagonistas eran los familiares, y por eso se les dio la palabra a ellos. Ocurre lo mismo cuando acudimos a la colocación de piedras de la memoria en los municipios: el Govern las encarga, las financia y las entrega al ayuntamiento, que es quien organiza los actos. El Govern asiste como invitado, sin intervenir, porque consideramos que el protagonismo debe recaer en las familias”.

En la escaleta definitiva del acto no estaba prevista ninguna intervención del Fòrum. Se trataba de un acto organizado por el Govern y el Ajuntament d’Eivissa en el que los protagonistas eran los familiares, y por eso se les dio la palabra a ellos

Conselleria de Presidencia

En ses Figueretes sí hablaron los políticos. Sin embargo, Luis Ruiz lamenta que el guion que acordaron en la reunión previa “no se tuvo en cuenta en absoluto”. En este sentido, recrimina que “el protagonismo recayó en la directora general, el concejal del Ajuntament d’Eivissa [Manuel Jiménez] y una intervención de la consellera de Patrimoni del Consell d’Eivissa [Sara Ramón], que introdujo un ramo de flores en la capilla. Los tres pertenecen al mismo partido [el PP] que hace pocos meses derogó la Llei de Memòria Democràtica”. No obstante, prosigue, “tanto en el discurso de la directora general como en el del concejal se insistió en la importancia de la memoria para restañar las heridas y asentar una convivencia estable”.

Durante el acto, la directora Ramis proclamó que “la democracia se construye reconociendo el pasado y honrando a las víctimas” y consideró el caso de Bartomeu Miquel como “una luz de esperanza para los descendientes que esperan aún una respuesta [...]. Ya tienen un lugar donde llevarles una flor”. Sus huesos son uno de los tres únicos identificados en Eivissa gracias a las pruebas de ADN realizadas a familiares directos. Rafel Serra Costa, uno de los descendientes de este hombre de sesenta y tres años al que un 18 de noviembre de 1936 fueron a buscar a Sant Rafel de sa Creu, el pueblo del centro de Eivissa donde vivía con su mujer y sus nueve hijos, lo subieron a un camión y del que nunca más se supo, tenía preparado “un pequeño discurso” para honrar la memoria de su bisabuelo.

Según cuenta, poco antes de que empezara el entierro, un miembro de la delegación del Govern le extendió otro papel, conminándolo a que lo leyera. “Estaba tan nervioso, por el calor y por las circunstancias, que leí lo que me dieron. Era una pequeña biografía de mi bisabuelo. Luego me dio rabia no leer lo que llevaba preparado”, dice Serra. Luis Ruiz corrobora su testimonio y, desde la Conselleria de Presidència, vuelven a defender su gestión:

“En ningún caso se prohibió que ningún familiar leyera el texto que tuviera previsto. El único texto facilitado por el Govern fue el correspondiente al listado de nombres (que figura en el estudio aprobado por la Comisión) y la biografía de la víctima identificada que fue inhumada en el columbario (que también figura en el estudio). El listado con el que contamos en el Govern es el que el Fòrum propuso a la Comisión y que fue aprobado por ésta. Por tanto, es el listado oficial y el que, por responsabilidad, debemos dar por válido. El resto de nombres que ellos tienen no han sido presentados a la Comisión ni han sido aprobados. De hecho, el estudio está publicado en nuestra página web y puede consultarse”, defiende el Govern.

En ningún caso se prohibió que ningún familiar leyera el texto que tuviera previsto. El único texto facilitado por el Govern fue el correspondiente al listado de nombres (que figura en el estudio aprobado por la Comisión) y la biografía de la víctima identificada que fue inhumada en el columbario (que también figura en el estudio).

Govern balear

Discusión por el listado oficial

En el “listado oficial” que puede descargarse desde el portal de Memòria Democràtica del Govern figuran los 64 desaparecidos que se leyeron en el homenaje ibicenco. Cementeri de ses Figueretes, Cementeri d’Eivissa, Cementiri Vell d’Eivissa son las tres fórmulas que se utilizan para mencionar al camposanto donde se halló la fosa común. En 2018, antes de remover la tierra por primera vez en busca de los muertos olvidados, el Fòrum per sa Memòria estimaba que podía esconder restos de “75 personas”, basándose en los estudios que sus historiadores llevan décadas elaborando. La diferencia parece explicarse con otras diez víctimas fantasma que aparecen en el censo autonómico.

Aunque estén identificadas, no se indica el lugar donde se deshicieron de los cadáveres. Por esa razón, sus nombres y apellidos no se pronunciaron en voz alta el pasado 23 de julio. Una discrepancia que llevó a Luis Ruiz a tratar de convencer a Xesca Ramis para que ampliaran la lista. Fue en vano. La discusión retrasó media hora el comienzo del entierro.

“Todo lo que ocurrió”, argumenta el presidente del Fòrum per sa Memòria, “se habría podido evitar si la propia directora general hubiera estado presente en la reunión preparatoria con los familiares, los psicólogos y nuestro colectivo. Pero ni ella ni nadie del Govern estuvieron presentes”. E insiste Ruiz: “Nosotros hemos documentado un total de 209 víctimas ibicencas [de la represión franquista], de las cuales 97 se encontrarían en el cementerio de Ses Figueretes”. Nuevo desajuste en los números.

Todo lo que ocurrió se habría podido evitar si la propia directora general hubiera estado presente en la reunión preparatoria con los familiares, los psicólogos y nuestro colectivo. Pero ni ella [la directora general de Relaciones Institucionales, Xisca Ramis] ni nadie del Govern estuvieron presentes

Luis Ruiz Val — Presidente del Fòrum per sa Memòria

El censo autonómico –publicado en 2024, ya con los populares al frente del Consolat de Mar– reduce los desaparecidos a 93. Incluyendo incluso a los ibicencos que murieron fuera de la isla. Hay trece muertos en Palma; la mayoría, asesinados, con o sin juicio sumarísimo, pero también algún fallecido en cautividad. Otras tres víctimas en otros puntos de Mallorca: Esporles, Manacor, Portocristo. Una, en Formentera. Y dos más, en la Alta Austria: Joan Bonet Ribas y Antoni Roselló Roig, deportados por los nazis al campo de exterminio de Mauthausen-Gusen y rescatados del olvido por las investigaciones de los periodistas Xicu Lluy Torres y Elena González Escudero. Tampoco excluye el censo a dos ibicencos que pierden la vida en Maó. Uno, Josep Marí Cardona, sometido a un consejo de guerra. El otro, Marià Roig Marí, víctima de las bombas semanales con las que la aviación del Conde Rossi aceleró la rendición de Menorca en la primavera de 1939, el desenlace de la Guerra Civil.

Las diferencias con la pasada legislatura

Cuando se le comunican estos datos, Luis Ruiz responde llamando por teléfono para soltar en tromba:

–El tema de la lista me tiene todavía intrigado. Faltan casi todas las víctimas de los bombardeos italianos sobre Eivissa [en el verano del 36, el más dañino, el 13 de septiembre, dejó unos cuarenta muertos en la Marina, el puerto de la capital de la isla, y sirvió como excusa para la matanza de los prisioneros que los republicanos tenían en el castillo de Dalt Vila; en el censo sólo aparecen tres nombres], pero, claro, este Govern está homenajeando a los muertos que causó la aviación republicana, no a las personas que mataron los fascistas. Como era fuego amigo, no conviene, aunque murieran, incluso, personas conservadoras que nunca habrían votado al Frente Popular. Por eso, incorporamos a los dieciocho que pudimos identificar en el memorial que hace unos años pusimos en el Cementiri Vell. Nadie puede decir que fuera sectario. Es una lástima que todos esos nombres los retiraran de este homenaje. Viendo cómo están las cosas, quizás sea el primero y el último, de carácter institucional, que se haga en Eivissa.

Este Govern está homenajeando a los muertos que causó la aviación republicana, no a las personas que mataron los fascistas. Como era fuego amigo no conviene, aunque murieran, incluso, personas conservadoras que nunca habrían votado al Frente Popular

Luis Ruiz Val — Presidente del Fòrum per sa Memòria

–¿Cómo eran los actos que se organizaban en Mallorca durante la pasada legislatura y a los que acudió el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera?

–Me acuerdo muy bien al primero que fui, en Porreres. Había una veintena de restos identificados y se les devolvía a los familiares. En un acto público. Estaba la consellera de Cultura, que se encargaba de las materias de memoria democrática, que en aquella época era la ibicenca Fanny Tur. Permitieron hablar a Maria Antònia Oliver [presidenta de Memòria de Mallorca, entidad homóloga del Fòrum per sa Memòria en la isla vecina]. Mira, un detalle, que creo que es muy significativo: en Porreres, la gente dejaba un pasillo por el que entraron los féretros, portados por los descendientes o personas más o menos ligadas a Memòria de Mallorca, y la gente aplaudía hasta que las depositaron frente al público, hubo discursos y se les entregaron a las familias: es una manera de dar protagonismo a las víctimas.

–¿No fue igual en Eivissa?

–Todo lo contrario. Los restos no identificados ya estaban dentro de los nichos: para verlas, tenías que asomarte a la capilla. La de Bartomeu Miquel estaba en una mesa justo al lado de la puerta de la capilla. Quien la introdujo fueron los funcionarios del Ajuntament d’Eivissa. No se hacen las cosas así… Todo lo que ocurrió se habría podido evitar si la propia directora general hubiera estado presente en la reunión preparatoria con los familiares, los psicólogos –que nos preguntaban y nos hacían propuestas sobre la escaleta del acto– y nuestro colectivo. Pero ni Xesca Ramis ni nadie del Govern estuvieron presentes. Entonces, ¿para qué han contratado a los psicólogos? ¿Para qué hacemos reuniones online? Quizás es que estemos malacostumbrados a la pasada legislatura: lo que se decidía en la Comissió de Memòria Democràtica se decidía después. Y todos participábamos. Ahora, simplemente, no hay interés.

El 24 de julio, un día después del acto, el Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera envió una carta a los periódicos locales titulada Allò que no ens van deixar dir. Eran las palabras que la asociación memorialista tenía preparadas, las que nadie pronunció durante el homenaje. Después de citar al galleguista Castelao –non enterraban cadáveres, enterraban semente; aquellos cuerpos arrojados a un hoyo eran semilla– la carta le pide perdón, “por tantas décadas de silencio, soledad y olvido”, “a Bárbara, a Eulària, a Xicu, a Toni, a Vicent”. Son los nombres de pila de algunos de los muertos.

Nuevo varapalo judicial para los Abogados Cristianos en su ofensiva contra la memoria histórica. El Tribunal Supremo acaba de inadmitir el recurso que la fundación interpuso contra la puesta en marcha de dos de los órganos que ordenó crear la ley en 2022: el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de entidades. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal avala ambos instrumentos e impone 4.000 euros en costas a la organización ultracatólica.

Abogados Cristianos, que mantiene una intensa batalla judicial contra las medidas del Gobierno en esta materia, recurrió el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en abril de 2025 para regular tanto el Consejo de Memoria de la Memoria Democrática, que es un órgano consultivo y de participación de las organizaciones, como el Registro Estatal de Entidades memorialistas. En este, se puede inscribir las asociaciones que tengan entre sus fines la difusión y preservación de la memoria histórica.

Para Abogados Cristianos, su regulación “no es neutral y persigue fines ideológicos”, según describió en su recurso, en el que sostuvo que la creación de ambos entes “constituye un instrumento deliberado para ocultar o minimizar la persecución religiosa durante la Guerra Civil, perpetrada principalmente en la zona republicana contra la Iglesia católica y sus fieles”. Una supuesta “ocultación” que, a su juicio, viola la Constitución porque “ignora o relega a un segundo plano” a “miles de víctimas religiosas” y supone un “revisionismo histórico ideológicamente motivado”.

A lo largo de todo el recurso, la fundación despliega el habitual argumentario de la ultraderecha, con el que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “imponer una narrativa ideológica orientada hacia la 'memoria histórica' del Gobierno, excluyendo perspectivas alternativas” y de “favorecer” a colectivos “afines”. El recurso asegura además que el registro de entidades “establece un sesgo ideológico” que “excluye explícitamente” a organizaciones que “promuevan una visión reconciliadora o defensora de la persecución religiosa, como asociaciones religiosas o conservadoras”.

Rechazada la medida cautelar de suspender ambos órganos, como pedían los ultracatólicos, el Supremo entra al fondo del asunto e inadmite el recurso al concluir que la fundación “carece de legitimidad activa” debido a que sus fines estatutarios no tienen relación directa con el Real Decreto. Entre sus objetivos están la defensa de los cristianos, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida o la libertad religiosa, cuestiones que, considera el tribunal, son “muy generales” y “no tienen vinculación” con la norma recurrida. “No hay referencia alguna a actividades de memoria democrática”, apunta.

El auto señala a Abogados Cristianos por plasmar “conjeturas” en forma de “hipotéticas transgresiones de derechos” cuyos posibles afectados podrán defenderse “en el futuro”, concluyen los magistrados de la Sala Tercera. Otro de los argumentos de la fundación fue que le había sido denegada su solicitud para inscribirse en el registro de entidades, sin embargo, el Supremo descarta que ello pueda sustentar el recurso porque, al menos según el auto, quien pidió la adhesión al registro fue la Asociación Abogados Cristianos —siendo esta una fundación—, lo que lleva a los jueces a concluir que de “una entidad jurídica diferente”.

La ofensiva contra la memoria

Esta es la segunda derrota judicial de Abogados Cristianos en menos de un mes, después de que el pasado 13 de julio la Audiencia Nacional rechazara paralizar cautelarmente la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Lo hizo tras el recurso de la entidad contra el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Arzobispado de Madrid para pactar los términos en los que va a transformarse el mausoleo franquista.

Antes, en enero de 2024, el juzgado de lo contencioso-administrativo de la Audiencia inadmitió el recurso de la nieta de una mujer enterrada en la cripta de Cuelgamuros tras paralizar las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura durante varios días. La resolución tomó esta decisión por dos motivos: la abuela de la mujer, representada por Abogados Cristianos, ni siquiera estaba enterrada en el lugar donde se hacen los trabajos y, además, la Administración no está actuando por la vía de hecho, como apuntaba la fundación. El juez acusó a la recurrente entonces de haberle ocultado información e incluso haber precipitado la paralización de las obras como medida cautelar.

Además de llevar varios años arremetiendo vía juzgados contra todo el que consideran que ofenden a la religión cristiana —son también quienes alargaron en los tribunales la eutanasia de Noelia—, los ultracatólicos tienen en la memoria histórica otra de sus dianas. Son uno de los grupos que de forma sistemática han recurrido de todas las formas posibles cualquiera de los pasos dados en Cuelgamuros, cuya resignificación lleva ocho años lidiando con el asedio ultra que quiere mantenerlo tal y como lo dejó Franco.

Sobre las 12 y media de la noche vieron la puerta abrirse lentamente. Envuelta en una capa azul marino, una de las funcionarias de la cárcel de Ventas (Madrid), la prisión de mujeres más poblada de la España franquista, entró a la galería de menores para pronunciar los nombres de Martina Barroso, Victoria Muñoz y Ana López Gallego. Las tres presas sabían lo que significaba: las iban a sacar al amanecer para fusilarlas en la tapia del cementerio del Este junto a 43 hombres y otras diez mujeres. Este grupo de mujeres pasaría a la historia como las Trece Rosas.

Las militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), ejecutadas el 5 de agosto de 1939, han inspirado decenas de libros, películas y obras de teatro, pero antes estuvieron sus compañeras de celda y aquellas presas que mantuvieron vivo su recuerdo. Todo un tapiz de voces que sobrevivió dentro de las cárceles durante décadas, desafiando el silencio impuesto por la dictadura franquista y que permite 87 años después acercarse a los detalles más íntimos y reveladores de aquella última noche.

Son momentos muy gráficos, como el relatado por la comunista Carmen Machado, que estaba presente en aquel instante y que relataría la reacción de Ana López Gallego, conocida como Anita. “Se dio cuenta rápidamente de que venían a por ellas, se puso en pie y dijo: 'No, no llame a las otras, ya las llamo yo'. Y ella misma despertó al resto. De estas dos compañeras, a una de ellas hacía muy pocos días que le habían fusilado a un hermano y recuerdo que lo único que dijo fue '¡Pobrecilla, mi madre!'”.

Se refería a Victoria Muñoz, otra de las Trece Rosas, cuyo hermano Gregorio había sido asesinado. La miembro del Partido Comunista (PCE) y enfermera durante la Guerra Civil, Josefina Amalia Villa, también fue testigo directo de la saca y corroboraría la misma escena. De los momentos antes de salir, contó que las tres jóvenes “se vistieron ayudadas por las demás; nuestras manos temblaban mucho más que las suyas” y recordó que Anita, al terminar, les hizo una pregunta a las compañeras “con voz serena y un poco baja”: “¿Llevo las medias derechas?”, les interrogó. “Le dijimos que sí, pero ¿quién las miró? Las abrazamos una y otra vez. ¡Qué horrible mezcla de gritos y silencio! Todo parecía muerto”.

Estas palabras de Josefina Amalia las recogió otra expresa de Ventas, Tomasa Cuevas, que publicó en los 80 los testimonios de mujeres que pasaron por las cárceles franquistas. En su relato, la comunista recuerda a Martina como una muchacha de “hermoso pelo rizado y tez descolorida” y narra cómo, la noche del 5 de agosto, mientras toda la sala se fue acostando, Anita “siguió cosiendo con algunas compañeras a su lado”. Dijo que esperaría porque no quería que la encontraran dormida cuando fueran a buscarla. Las sacas de los días previos se habían producido antes de las 11, por lo que cuando llegaron las 12.30, decidió dormirse. “Creo que está noche me puedo acostar”, dijo Anita muy poco tiempo antes de que la funcionaria apareciera en el umbral.

Si hoy podemos acceder al relato de aquellos momentos es gracias a las huellas que dejaron escritas durante la Transición varias militantes antifranquistas, pero antes existió lo que el historiador Fernando Hernández Holgado llama una “memoria subterránea” que fue transmitiéndose entre las testigos directas o indirectas del hecho. “Fue un relato colectivo de múltiples voces que recordaron en común y fueron elaborando y macerando durante años, en condiciones hostiles. Solo a partir de 1978 se fue fijando en textos escritos”, explica en el artículo Mitos y memorias. Una arqueología del mito martirial y de las memorias subterráneas de las 'Trece Rosas', recién publicado en la revista Pasado y Presente.

El historiador sigue el rastro de esa “memoria interior” de la prisión que fue, durante mucho tiempo, oral y femenina. “Fue allí, en aquella cárcel, donde empezó a gestarse un primer relato colectivo de aquella primera comunidad de presas políticas” frente al “peligroso” ecosistema franquista de aquellos años. La clave de su supervivencia pudo estar en “el fuerte sentido de comunidad” de esa primera generación de presas políticas de la dictadura ante los sucesos traumáticos que vivieron. “Su identidad, el sentido identitario de sus vidas y de sus luchas dependía en buena medida de recordar y hacerlo con fidelidad a lo vivido en carne propia y en la de sus compañeros”, afirma.

“Como si fueran escolares haciendo sus deberes”

Siete de las Trece Rosas no llegaban a la mayoría de edad legal establecida entonces de los 21 años y sus edades oscilaban entre los 18 y 29. Por eso, sus compañeras se refirieron a ellas como “las menores”. Tres estaban en una misma sala de Ventas —la cárcel que llegó a retener a 5.000 presas a pesar de estar concebida para 500—, mientras que el resto se encontraban diseminadas en pasillos, galerías y sótanos. Además de Anita, Martina y Victoria, las Trece Rosas eran Virtudes González, Luisa Rodríguez, Adelina García, Julia Conesa, Dionisia Manzanero, Elena Gil, Joaquina López, Carmen Barrero, Pilar Bueno y Blanca Brisac.

Las jóvenes habían sido condenadas a muerte por un delito de adhesión a la rebelión. Su sentencia, considerada ejemplarizante, se dictó en un contexto de recrudecimiento de la represión tras el asesinato del comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, un crimen en el que ninguna participó a pesar de las declaraciones que en 2019 hizo el exconcejal de Vox en Madrid, Ortega Smith, a las que acusó falsamente de “torturar, violar y asesinar vilmente”. En cada uno de sus expedientes, una cruz azul perfilada en rojo marcaba su destino. Era la señal con la que la cárcel de Ventas identificaba las condenas a la pena máxima, impuesta a 80 mujeres procedentes de esa prisión entre el final de la Guerra Civil y 1943.

Previamente a ser ejecutadas, las presas solían escribir sus cartas de despedida a sus familias desde la capilla, algo que también hicieron las Trece Rosas. Hernández Holgado recupera en su artículo el relato de la militante comunista Soledad Real, que a pesar de ser encarcelada cuatro años después, transmitió el recuerdo de la enfermera socialista María Lacrampe. Ella sí estuvo con las jóvenes aquella noche en la capilla y evocó la imagen de las mujeres escribiendo sus últimas misivas desde la cárcel “como si fueran escolares haciendo sus deberes”.

A través del tiempo viajaron no solo los testimonios, sino objetos clandestinos vinculados a la ejecución de las Trece Rosas. Entre ellos, el poema de la maestra Rafaela González Quesada, conocida como Rafita, titulado 'Cuando mueren las estrellas', que nombró por primera vez al grupo de jóvenes como las Trece Rosas y que fue escrito la misma noche del 5 de agosto de 1939. Según recuerda Hernández Holgado, Rafita era hermana del escultor Juan Cristóbal, que llevó el poema a París mientras su hermana seguía en prisión. Allí, una de las hijas de la física Marie Curie llegó a promover una campaña de protesta por los fusilamientos masivos que se habían producido en el mes de agosto en España.

El “mito martirial” del exilio

Es precisamente en este salto al exterior donde, según describe Hernández Holgado, se gestó el “mito martirial del exilio” que también aborda en su artículo y que contrapone a la “memoria subterránea”. El historiador explica que el fusilamiento llegó a los medios escritos del exilio comunista con siete años de retraso, en 1946, y sin citar ningún nombre propio, en un momento en el que apenas se construían referentes femeninas y sí muchos hombres ocupaban ese lugar. Tiempo después, fueron nombradas algunas de ellas, aunque con errores en sus nombres.

A partir de entonces fue construyéndose el mito de las Trece Rosas en el exterior gracias, en parte, a los datos fragmentados que algunas presas como Mercedes Núñez lograron transmitir, mujeres que aunque no coincidieron con ellas, sí estuvieron en Ventas unos años después. El objetivo, según describe el historiador, era “ser funcional”, es decir, servir para la movilización política contra la dictadura, estableciendo una especie de “deuda moral” hacia las “mártires”. Fernández Holgado lo llama “mito martirial”, construido a través de estereotipos y destacando elementos como la inocencia, el sacrificio, la valentía o la exageración de su juventud —se llegó a afirmar que alguna tenía 16 años—.

Frente a esta distancia física y temporal, el historiador destaca la realidad íntima de las celdas en las que las represaliadas custodiaron los recuerdos. Fue el caso de la comunista Juana Corzo, que guardó en secreto el bordado que Dionisia, una de las jóvenes fusiladas, confeccionó antes de ser ejecutada. Según algunos testimonios, la conocida como Juanita pudo despedirse de las 13 jóvenes y llegó a resaltar de ellas su “gran valor y enorme dignidad”. La antifranquista conservó clandestinamente el bordado durante tres décadas de dictadura hasta que en 1977 se lo entregó a Dolores Ibárruri, Pasionaria, a su vuelta del exilio.

El Laboratorio de Genética del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología de la Universidad de Granada ha confirmado recientemente la identidad de seis nuevos restos humanos de entre los 194 recuperados por el equipo Universidad y Memoria en el Barranco de Víznar en las diferentes campañas realizadas.

Con ellas, asciende a 17 el número de personas identificadas que fueron asesinadas y ocultadas en fosas comunes por las fuerzas sublevadas durante el golpe de estado contra la II República en 1936.

Las seis nuevas identificaciones corresponden a Brígida Pardo López, de 32 años y trabajadora del campo; Francisco Amigo Pla, de 21 años y dependiente; Francisco José Arturo Muñoz Toral, de 23 años y mecánico de autobuses; Juan de Dios Milán Calvo, de 45 años y trabajador de la Fábrica de Pólvoras del Fargue, en Granada; José Antonio Calero García, de 41 años, concejal de Hacienda por el PSOE en Fuente Vaqueros y trabajador del campo; y Victoriano Alcantud Cubillas, de 39 años y vinculado a Alsina.

Los restos de estas víctimas serán entregados a sus familias en un acto que acogerá el Ayuntamiento de Víznar. Estos nombres se suman a los de Carmela Rodríguez Parra, Francisco Soriano López, José Raya Hurtado, José García Esteban, Juan de Dios Adarve López, Antonio Rosales Ruiz, Eloísa Martín Cantal, Fermín Roldán García, Francisco Ruiz Guiraum, Marcelino Gámiz Garzón y Francisco del Águila Rodríguez.

194 personas

El Laboratorio de Genética sigue trabajando en la identificación de los restos encontrados a partir de las muestras de ADN de familiares, por lo que el número de personas identificadas irá incrementándose en el futuro.

Por otro lado, el equipo Universidad y Memoria de la Universidad de Granada, responsable de las exhumaciones en el Barranco de Víznar desde 2021, regresará en septiembre a la localidad para continuar la búsqueda de nuevas fosas comunes. Hasta el momento, su trabajo ha permitido localizar 29 enterramientos ilegales de los que han recuperado los restos de 194 personas, algunos de ellos menores de edad.

Por su parte, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Granada, a través de su fiscal delegada, Montserrat Luque Molina, trabaja en la incoación de expedientes de jurisdicción voluntaria que podrían derivar en procedimientos judiciales de carácter civil. El objetivo es contribuir a la reparación jurídica y simbólica de las víctimas ya identificadas cuando así lo soliciten sus familias.

La noche del 18 de julio de 1936, más de un centenar de personas se concentró en torno al Cuartel de Castillejos, en Zaragoza. Eran civiles que llevaban días esperando que los rumores y conspiraciones se convirtieran en realidad. Ese fin de semana, “por fin”, se hacía efectivo el golpe de Estado: había llegado el momento de tomar la ciudad. Allí fueron instruidos y equipados durante las primeras horas de la sublevación. Nadie —ni ellos ni los leales a la República— imaginaba lo que vendría después: tres años de una guerra en la que el bando contrario serían sus propios familiares y convecinos.

Siete años después y en conmemoración de esta fecha, el Ayuntamiento de Zaragoza concede a estos y otros muchos 'Voluntarios del 18 de julio' uno de los reconocimientos más importantes que esta institución pública tiene el poder de otorgar: la Medalla de Plata de Zaragoza. En el mes de julio de 1943, más de 400 nombres propios la reciben por sus servicios —avalados previamente— durante estos primeros días de contienda. Noventa años después, siguen contando con este honor. Ni uno solo de los equipos de gobierno del Consistorio zaragozano ha tratado de retirar esta distinción a aquellos que jugaron un papel clave a la hora de rebelarse contra el Gobierno legítimo de la República surgido de las urnas en febrero de 1936. Tampoco se han planteado mociones dirigidas a este fin, a pesar de contar con el respaldo de la Ley de Memoria Democrática, actualizada en 2022.

Las investigadoras Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, autoras de ‘El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza’, sitúan a estos civiles como “elemento esencial” que decantaría la balanza hacia los sublevados. De esta manera, afirman como clave “el papel de los miembros de las organizaciones derechistas, situadas desde el primer momento del lado de los insurrectos”. Asimismo, aseguran en este estudio que “la contrarrevolución llevaba meses con sus efectivos preparados y en alerta”.

Ángel Alcalde, autor de ‘Lazos de sangre’, confirma esta idea: “A la vez que se conspiraba en los cuarteles, había conexiones con civiles para colaborar cuando llegase la insurrección”. Y corrobora que, cuando estalla la sublevación, el voluntariado de ultraderecha —de Renovación Española a Falange, pasando por los requetés, entre otros— “tiene muy claro que es allí donde tiene que ir”, refiriéndose al Cuartel de Castillejos. “Estaban convenidos desde antes del golpe y tenían instrucciones muy claras al respecto”, asegura el investigador.

Entre estos varones se encuentran jóvenes pertenecientes a organizaciones como Falange o Acción Ciudadana y también antiguos militares que habían dejado el Ejército pocos años antes. Otros, sin afiliación política clara, pertenecían a familias de clase media y de la burguesía zaragozana. También se encontraban entre ellos profesionales de la medicina, la abogacía o la arquitectura.

Por su parte, el autor de la exitosa publicación ‘Verdugos del 36’, David Alegre, puntualiza que “no todos eran convencidos”. Hubo personas de organizaciones de izquierda que se alistaron en las milicias falangistas por autopreservación —los “chaqueteros”—, tratando de encontrar refugio “donde menos se les fuera a buscar”. En cualquier caso, reitera que Falange, “un partido minoritario hasta la primavera del 36”, creció exponencialmente y, tras el 18 de julio, se convirtió en un partido de masas. “La gente está tomando decisiones en un margen de tiempo muy reducido y de muy alta incertidumbre, nadie tiene ni idea de que va a haber una guerra civil de tres años ni una violencia desatada que puede afectar a casi cualquier persona”, insiste el autor.

La labor de los voluntarios

Sea como fuere, el día siguiente, 19 de julio, la ciudad se envolvió en un ambiente protagonizado por la incertidumbre. Los rebeldes, junto a los voluntarios ya armados y uniformados, salieron de los cuarteles en formación con oficiales del Ejército para declarar el estado de guerra y ocupar los centros de poder, como Capitanía o el Gobierno Civil.

Es difícil determinar qué hizo exactamente cada uno de ellos; sin embargo, sí se puede afirmar que los falangistas se encargaron de detener a afiliados de izquierdas y del Frente Popular, y encerrarlos en centros de detención y en la cárcel. Lo que en principio se presentaba como una acción preventiva derivó muy pronto en asesinatos sistemáticos, sobre todo a partir de los primeros días del mes de agosto.

El historiador David Alegre asevera que, en Aragón, fueron miles los jóvenes que acabaron sumándose como voluntarios a la causa golpista. Tarde o temprano, la mayoría marchó a primera línea: los golpistas aragoneses, sin recursos suficientes frente a las columnas llegadas de Cataluña y el País Valenciano, se vieron abocados a “una guerra autosostenible” y tuvieron que echar mano de todo lo que tenían.

Otros quedaron vinculados a la represión en la retaguardia. Alegre habla de “cuadrillas de perpetradores” ligadas a Falange, integradas por personas seleccionadas exclusivamente para esa tarea “porque habían mostrado un talento caracterizado para matar”. Columnas mixtas —Guardia Civil, falangistas, unidades del Ejército— recorrieron pueblos como Gurrea de Gállego o Torres de Berrellén para sofocar focos de resistencia. Quienes demostraban ese “talento” en el frente eran a veces devueltos a Zaragoza, donde a partir de agosto se sistematiza la 'eliminación' de los que habían sido detenidos.

Han pasado noventa años desde aquellos días en los que más de 400 civiles contribuyeron, en la capital aragonesa, al golpe de Estado militar y violento, a este asalto a mano armada a la democracia española que arrebató no solo libertades, sino también muchas vidas inocentes. Hoy, los secuaces de los golpistas que iniciaron el periodo más negro de la historia reciente patria, que rompieron miles de familias a lo largo y ancho del territorio español, que abrieron heridas que no terminan de cicatrizar, esos 'Voluntarios del 18 de julio’ que, reitera Alegre, “contribuyeron justamente a lo contrario, a romper el marco cívico de convivencia comunitaria en paz”, siguen siendo reconocidos como héroes por la ciudad de Zaragoza.

Ha sido una pesadilla de más de 60 años, con un peregrinaje entre juzgados insólito en este país, pero José Luis Malagón, un vecino de Morón de la Frontera de 84 años, ya puede decir oficialmente que es hijo de un empresario fallecido en 1963, lo que ha conseguido finalmente mediante una prueba de ADN y la consiguiente sentencia a su favor de un tribunal sevillano.

La lucha de este catedrático de Antropología casi da para un relato de suspense y comenzó precisamente en 1963 con la muerte de su padre. Entonces, él tenía 19 años, e intentó, sin recurrir a la justicia, ser reconocido como hijo biológico de su padre, pero no fue posible.

Tras no conseguir nada por la negociación directa, fue olvidando el caso poco a poco hasta que llegó el año 2013, y conoció al abogado sevillano Fernando Osuna, experto en casos de reclamación de paternidad. Entonces, hace 13 años, puso una demanda de paternidad, y comenzó un largo, pero seguro, camino hacia lo que ha conseguido, y todo gracias a una casualidad.

Retrasos y escritos sin respuesta

“Tuve una conversación casual con un hombre en la Universidad de Sevilla, donde era profesor, que me dijo que había sido el administrador de mi padre, y que estaba dispuesto a certificar ante notario que sabía de mi relación con él”. Cuando Malagón se sentó en la calle Virgen de Regla de Sevilla ante el abogado Fernando Osuna y le contó la historia, la maquinaria se puso en marcha.

Tras muchos retrasos y escritos sin respuesta, el 19 de julio de 2022 el letrado elevó un nuevo escrito ante el mismo juzgado ante los pocos avances conseguidos en el proceso, y el 20 de diciembre de 2023 llegó el momento clave del asunto, con las exhumaciones que se realizaron en el cementerio municipal de Morón.

Pero incluso en eso tuvo que tener paciencia. Se tuvo que recurrir a exhumaciones de varios cadáveres, al no tener claro los archivos del cementerio dónde estaban enterrados los restos del padre.

De hecho, el juzgado ordenó inicialmente la exhumación de hasta cinco cadáveres, aunque finalmente solo fue necesario, una vez en el cementerio, tomar muestras de dos de ellos.

El cadáver en cuestión había sido inhumado en la calle San Fernando (Zona 1 del cementerio). El auto del juez decía explícitamente que se autorizaba la doble exhumación “para que el médico forense adscrito al mismo o designado, tras dicha exhumación proceda a la extracción de muestras que considere precisa de todos los restos presentes en la mencionada calle y su remisión al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses para la realización de la prueba pericial”. Una vez desenterrados los restos y tomadas las muestras de ADN, solo quedaba esperar.

Curiosamente, a diferencia de muchos niños repudiados por sus padres biológicos, José Luis Malagón asegura que, con su padre, no tuvo una mala infancia. “Se hizo cargo de todos sus gastos siempre para que nada me faltase”, afirma.

Doce herederos que debieron ser solo dos

Pero cuando murió, en su testamento no había rastro de él. Toda la herencia pasó a su hermana, que sí fue reconocida oficialmente por su progenitor en vida. Toda la herencia fue a su hermana, y cuando ella murió fue a parar a sus 12 hijos. Algunos de esos sobrinos han sido clave en este juicio.

“Cuando murió, yo tenía 19 años y estaba estudiando en Granada, con unos estudios pagados por él. Un abogado me dijo entonces que esto lo tenía que mover, porque todos esperaban que apareciese en el testamento, pero no fue así”. Toda la herencia fue a su hermana, y cuando ella murió fue a parar a sus 12 hijos.

Desde entonces, se ha hecho un experto en reclamaciones judiciales, algunas sin mayor recorrido. Y eso que en su caso no se trataba del hijo producto de un “descuido”, sino que su madre tuvo una relación de varios años con su padre. Su madre era la sastra del pueblo, una mujer muy modesta, a la que su pareja le ofreció vivir con él y su familia cuando se quedó embarazada en 1943, pero ella se negó.

Denuncia en 2013 sin respuesta

La denuncia presentada en 2013 especificaba que “se le está ocasionando un importante daño moral, ya que ha visto dilatado indebidamente, y por causas no imputables a él, un procedimiento judicial que, de media, suele durar un año”, y en 2022 se reiteró que el caso “sufre dilaciones indebidas en su tramitación, por sencillas procesalmente que resultasen las actuaciones.

Transcurridos nueve años desde la interposición de la demanda, la situación actual del procedimiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, habiéndose producido un anormal funcionamiento tanto del órgano de la Administración de Justicia, como de la Administración Municipal de Morón de la Frontera“.

Ha sido “desesperante”, admite, pero ya ha terminado. O no. Ahora, reconocido hijo oficialmente, tiene derecho a recibir parte de la herencia de su padre, pero al ser una herencia ya repartida tendrá que negociar con quienes la recibieron como herederos en su día.

Si no hay acuerdo tendrá que empezar otro proceso judicial, porque la Justicia española no concede en el mismo acto la paternidad y la herencia, pero al menos ha conseguido lo más importante: demostrar legalmente que es hijo de un empresario que murió sin dejarle nada.

“Un disparate” y “una falta de respeto”. Éstos son algunos de los calificativos más suaves que ha suscitado un proyecto que finalmente no verá la luz y que tiene como escenario los calabozos de la vieja comisaría de la Gavidia en Sevilla, declarada en 2017 lugar de memoria democrática por ser un centro franquista de torturas y que apura los plazos para convertirse en hotel de lujo. La promotora, que tenía la obligación contractual de reservar un espacio memorialista, ya lo ha cedido al Ayuntamiento de Sevilla acompañado de un proyecto de musealización que proponía su utilización para catering y una decoración a base de estética pop, “humor”, “frases con arte” y “guiños al miarma”.

“Cada rincón está pensado para provocar un efecto WOW”, resume el documento, que fue incluido en el expediente de cesión de los 215 metros cuadrados de este enclave que se hizo llegar a la Gerencia de Urbanismo. Este organismo ha recepcionado formalmente el lugar, pero no se ha dado por aludido en cuanto al proyecto de musealización ofrecido por el hotel de la cadena Thompson. De hecho, el alcalde, José Luis Sanz (PP), considera que no se ha presentado formalmente y garantiza que lo que finalmente se haga “se consultará con los sindicatos y las asociaciones memorialistas”.

Así que, oficialmente, el proyecto –adelantado por El Correo de Andalucía– no ha llegado a existir, por mucho que conste en el expediente. La antigua sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional y de la Capitanía General, cerrada en 2003 y que reabrirá como hotel de cinco estrellas (ya admite reservas a partir del 1 de octubre), fue un centro de detención, represión y tortura en los 60 y los 70 por el que pasaron sobre todo sindicalistas. Eso explica que CCOO haya estado siempre muy pendiente de este proyecto, y es su secretario general en Sevilla, Carlos Aristu, el que define lo que se ha puesto encima de la mesa como “disparate”, “barbaridad” y “falta de respeto” para todos los que sufrieron allí.

Una obligación contractual

Al estar declarada lugar de memoria democrática, cuando se vendió la comisaría en enero de 2022 se incluyó entre los requisitos que el promotor tenía que entregar al Ayuntamiento el espacio donde estaban los calabozos, en el semisótano, con una entrada independiente del hotel para su utilización como Centro de Interpretación de la Memoria Democrática. En total son 215 metros cuadrados que al final se entregan diáfanos, ya que no se han conservado las celdas, todo un símbolo de un lugar que hasta impulsó el nacimiento de la Asamblea de Familiares y Asociaciones Memorialistas de la plaza de la Gavidia.

Ante la inminencia de la apertura, la empresa citó formalmente al gobierno local en una notaría para cederle este sitio, aunque recibió largas y no ha sido hasta este mes de julio que Urbanismo ha recepcionado el derecho de uso de este espacio una vez formalizado el trámite notarial. Y en la tramitación administrativa es donde ha saltado el lío, ya que el promotor incluyó una propuesta de musealización bastante pintoresca, pese a reconocer que el enclave “fue testigo de tiempos oscuros, donde la libertad era un sueño lejano”.

Con todo y con eso, la iniciativa se presenta como “un guiño a nuestra identidad”. “La propuesta se llena de referencias culturales sevillanas: colores vivos, frases con arte, costumbrismo reinterpretado con humor y diseño”, todo ello con el argumento de que “la memoria no tiene por qué ser gris: puede vestirse de luz, de música, de alegría”.

No a “un salón temático para tomar copas”

El diseño, a base de pantallas interactivas, lo traducen los impulsores en que “el costumbrismo se viste de pop: azulejos reinventados, guiños al miarma y la luz del albero convertida en diseño”. ¿El objetivo de todo ello? “Darle color a la vida” y pasar “de comisaría a icono cultural”, porque la Gavidia “es hoy un lugar para mirar atrás sin miedo y mirar adelante con ilusión”.

Al ser una iniciativa propia, la empresa no perdía la ocasión para proponer un “modelo híbrido” para la gestión del espacio. ¿Y qué significa esto? Pues abrir la puerta al “alquiler privado para eventos” y ofrecer “servicios integrados” como catering o alojamiento “aprovechando” la proximidad al hotel. “No vamos a permitir que estos calabozos franquistas se conviertan en un salón temático de un hotel de cinco estrellas para tomar copas”, resume al respecto el portavoz municipal de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que insiste en que el proyecto siempre ha previsto un espacio “dedicado a la memoria democrática, no para hacer cócteles”.

Así que el amago de la compañía hotelera de “contribuir a la preservación de la memoria democrática desde una perspectiva positiva y creativa” no ha llegado muy lejos. El alcalde admite que le resultó “chocante”, “absurdo” y que le “chirrió bastante” lo que trascendió de esta iniciativa, pero insiste en que el equipo de gobierno “no ha recibido todavía ningún proyecto sobre los contenidos museográficos específicos, que tienen que estar revisados por este Ayuntamiento”. De paso, defiende que su equipo “ha mostrado un exquisito respeto por las víctimas y ha cumplido escrupulosamente con la ley”.

Un primer amago paralizado

Todo este proceso, enumera José Luis Sanz, tiene tres fases, la primera de las cuales ha sido la cesión del local. Ahora toca la adecuación de este espacio para su uso expositivo, “proyecto que se ha entregado” y que ya está analizando Urbanismo, a lo que seguirá la propuesta museográfica, que “no se ha entregado aún”.

Para Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla, la madre del cordero es “quién gestionará” este enclave memorialista y qué dotación presupuestaria tendrá. De lo que sí está convencido es de que “hemos parado” un primer amago de proyecto que iba a consistir en “poner tres enaras y quitarlas para dar cócteles”, una iniciativa “con tintes irrespetuosos y con muy poco acierto” que nace de que “el hotel proponía hacerse cargo para tener su uso”.

Ante la reacción que se ha encontrado, la promotora “ha dado dos pasos atrás” y todo queda en manos del Ayuntamiento. “El alcalde nos ha transmitido que las cosas se van a hacer bien”, apostilla Aristu, que subraya que CCOO estará vigilante porque fue la movilización de este sindicato la que logró el reconocimiento de la comisaría como lugar de memoria democrática y porque “el 90% de los que pasaron por allí eran militantes nuestros y muchos están vivos”. “No vamos a aceptar nada que se haga sin nosotros y las asociaciones memorialistas”, apostilla, y de paso lanza un aviso: si no se producen avances, “en septiembre habrá movilizaciones”.

“Recuerdo como si fuera ayer retumbar los disparos en mi conciencia antes de que se hiciera definitivamente el silencio y cayera a paladas la noche del tiempo sobre mi memoria. Hasta que de pronto sentí un aleteo vegetal agitarse en mi pecho y un soplo de luz erigirse al cielo. Era la flor del almendro”. Se hace el silencio en la plaza del pueblo de Alcanadre, que ha improvisado esta noche un cine de verano, con lleno total. Hay quienes conocen bien la historia que narran esas frases y se tienen que limpiar los ojos de emoción en este primer minuto de la película. Otros, nunca habían oído hablar de ello. Es la historia de Agustín Martínez Royo, el alcalde de Alcanadre torturado y fusilado en agosto de 1936, que durante las exhumaciones fue encontrado enterrado solo con un almendro nacido desde su pecho.

Devolvemos lo que uno ha hecho al sitio en el que tenía que estar, que es a la memoria de ese pueblo

Jesús Rocandio — Director de 'La Flor de Almendro'

Su historia es el inicio del documental La Flor del Almendro, que después del pase en el ZINEBI de Bilbao, se ha decidido estrenar en la plaza del pueblo, parte fundamental de la película. “Es devolver lo que uno ha trabajado y ha hecho al sitio en el que tenía que estar, que es a la memoria de ese pueblo”, subraya con seguridad Jesús Rocandio, el director. “No se me ocurre un formato más emocionante”, añade Santiago Tabernero, el guionista, justo antes de empezar la proyección.

La expectación es total en la plaza minutos antes. “Las cosas que me han contado son muy impresionantes”, cuenta Rocío, que conoce desde siempre la historia del alcalde. “Era marido de mi tía”. También parece saber bien lo que ocurrió un hombre mayor que llega a la plaza a pocos instantes del comienzo de la proyección, con un taburete bajo el brazo y se sienta solo detrás. No quiere hablar, pero sus ojos dicen más que cualquier palabra. Entre sus pocas palabras, es rotundo: “Veo muy bien que se haga porque no hay que olvidar esto nunca” y añade: “Demasiado de bien lo conozco yo, pero no puedo decir más porque me emociono, tengo cosas personales”.

¿Qué hay que hacer a los 17 años para que te fusilen?

Y, entre tanto, empieza una película en la que sobrevuela durante todo el tiempo una gran pregunta: ¿Para qué sirve y donde se aloja la memoria?. Sin necesidad de formularla, responde el pueblo donde fusilaron a 29 de sus vecinos. “Hemos querido que sea muy austero, no hay un fundido ni un movimiento de cámara, tiene un formato 4:3 como si fuera una televisión antigua... Porque para nosotros lo importante era el relato, lo que dicen”, expresa Rocandio, que incluso asegura haber eliminado “con gran dolor” los planos de Pepe Viyuela pronunciando las primeras frases “porque él es tan importante y tan conocido que se comía el resto del documental”. Enfatiza igualmente en la dificultad a la que se han enfrentado al ser un documental “una pieza viva”. “La primera escritura de guion y los que ha sido no tienen nada que ver, aunque sí en el fondo y en lo que se iba a contar”, puntualiza.

'La flor del almendro' entrelaza tres historias de forma simultánea. La de Ernesto, sobrino de uno de los fusilados y una de las personas que realizaron sus exhumaciones en el cementerio de Torrero en Zaragoza. La del alcalde Pablo Aranda (dimitido en 2025), que impulsa el homenaje a los represaliados en el 45 aniversario de las exhumaciones y proyecta un alcorque monumental para un almendro que se planta en plaza como símbolo de memoria. Y la de Luis Flaño, un joven de 17 años, que decide realizar en su instituto un trabajo de investigación sobre las víctimas del golpe del 36 en la ribera de La Rioja y Navarra. Este acude al cementerio con sus amigos y frente al panteón de las víctimas repasan las edades: “17, los que voy a hacer yo ahora. ¿Qué hay que hacer con 17 años para que te fusilen?”

Parecida edad tendrá Nerea, una joven que permanece atenta a la película rodeada de amigos de su edad. “Es muy fuerte que esto pasara, es una vergüenza que hicieran eso con las personas y que ahora haya gente que piense que eso en algún momento estuvo bien”, y cree que “la sociedad se está quedando sin humanidad”. A ella le habían contado sus padres lo que ocurrió en el pueblo y está convencida de que hay que romper silencios y conocer la historia “para que no se vuelva a repetir”. Hoy la memoria de su pueblo se ve en pantalla grande “y es que tiene que ser así”. De hecho, la idea del equipo desde el inicio es que la pieza acabe siendo un material educativo y se proyecte en los institutos.

Hay mucho silencio e interesa que haya mucho silencio

Coincide en esta necesidad de llevar este tema a los institutos y “cambiar los planes de estudio” otra de las espectadoras, sin poder contener la emoción en los títulos de crédito. “Y te lo digo como nieta de maestro represaliado”, añade con la voz entrecortada de orgullo. “Para que nuestros hijos y nietos sepan lo que pasó”. Cree que “hacen mucha falta” historias como la que cuenta el documental, que reconoce que no conocía hasta ahora. “Hay mucho silencio, interesa que haya mucho silencio y hay una desinformación tremenda”. Tampoco Milagros conocía muy bien lo que le habían hecho al alcalde Agustín Martínez Royo. “La realidad es que se habla muy poco, no se comentaba mucho en las casas. Es la historia y hay que saberla”. De hecho, el documental rompe también ese silencio y el miedo al que se condenó a las víctimas. Así que tanto en la película como entre el público se oye empezar a comentar: “Yo tengo oído que...” y salen heridas familiares que se curan al compartirlas.

La película también es una lección de humildad frente a la propia vida. Ninguno de los tres protagonistas logró culminar su meta inicial: a Ernesto le denegaron el permiso para visitar, como le había pedido su padre, en la academia militar el lugar en el que había fusilado a su tío, el alcalde dimitió antes de ver construido el monumento al almendro. “Bueno Luis, ¿y cómo fue el trabajo?”, le preguntan. “Calla, que me suspendieron”. “Es un reflejo de la realidad: te propones una cosa y la vida te lleva por otro lado. Al final, los planes cambian, pero lo importante permanece”, reflexiona el director, que ha estrenado el octavo montaje que se ha hecho de la película.

El respeto y la libertad total protagoniza el documental y el estreno. Entre todos, una premisa se repite, da igual si hablan la cuadrilla de jóvenes, los concejales en el pleno o las señoras haciendo la compra: “Para que esto no vuelva a ocurrir”. Para que no vuelva a ocurrir no hay que perder la memoria. Por eso un almendro crece en la plaza de la iglesia en recuerdo al alcalde Agustín Martínez Royo. Y entonces, las luces de la proyección se apagan y los vecinos recogen sus sillas para volver a casa mientras quedan en el aire las historias de las vidas truncadas por la barbarie del golpe del 36, que hoy vuelven a brotar. Una demostración de que, por mucho que se intente sepultar la historia bajo capas de silencio, la vida y la memoria siempre se abren paso. Como la flor del almendro a través del pecho del alcalde.

El Govern balear celebrará el próximo 27 de julio un acto de homenaje a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos efectuados sobre Palma el 24 de mayo de 1937. La asociación Memòria de Mallorca ha condicionado su asistencia al acto institucional a que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) renuncie públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, cuya supresión, materializada el pasado 10 de marzo, se encuentra suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.

La entidad memorialista, que asegura haber recibido la primera invitación del Govern durante toda la legislatura para participar en un acto institucional, afirma que solo acudirá si, antes del próximo día 27, el Ejecutivo hace público su compromiso de mantener la vigencia de la Ley 2/2018 de memoria y reconocimiento democráticos y promueve que la Cámara autonómica vote revocar aquella decisión.

En un comunicado difundido este miércoles, Memòria de Mallorca expresa su “respeto, solidaridad y reconocimiento” hacia todas las víctimas civiles de los bombardeos y recuerda que fue la propia asociación la que propuso durante la anterior legislatura la elaboración de un estudio específico sobre estos ataques, incorporado finalmente al IV Plan de Fosas y Estudios de Memoria Democrática impulsado por el anterior Ejecutivo progresista.

La entidad considera, sin embargo, que resulta “profundamente contradictorio” que el mismo Govern que impulsó la derogación de la Ley de Memoria Democrática convoque ahora un acto institucional amparándose en unos principios que, a su juicio, emanan precisamente de esa norma. En este sentido, recuerda que la ley continúa vigente después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente su derogación al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central.

Memòria de Mallorca también reprocha al Ejecutivo autonómico haber dejado al margen a la Comisión de Memoria Democrática -órgano del que forma parte como representante del movimiento memorialista- en la organización del acto. Según denuncia, la comisión no ha sido informada ni ha participado en los preparativos y únicamente ha sido convocada dos veces en más de tres años de legislatura, pese a ser el órgano previsto por la ley para coordinar las políticas públicas de memoria.

La asociación sostiene que otorgar legitimidad a una convocatoria institucional dedicada a las víctimas mientras se mantiene la voluntad política de eliminar la ley que garantiza sus derechos resulta “incoherente e inaceptable”. Por ello, ha remitido un escrito a la presidenta del Govern comunicándole que únicamente participará en el homenaje si el Ejecutivo rectifica su posición respecto a la normativa memorialista.

En el mismo comunicado, Memòria de Mallorca reitera su compromiso con “una memoria democrática basada en la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria de las víctimas”, e insiste en que los derechos de estas solo están plenamente garantizados cuando existe una ley que los protege, unas instituciones que la desarrollan y una voluntad política de cumplirla.

Una investigación del historiador Manuel Aguilera ha recuperado la identidad de, al menos, 86 víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Mallorca. Los bombardeos, dirigidos contra objetivos militares pero con graves consecuencias sobre barrios y zonas comerciales de Palma, dejaron decenas de muertos -entre ellos mujeres y menores- y permanecieron durante décadas en un segundo plano.

Meses antes de aquellos bombardeos, el 13 de septiembre de 1936, los ataques de la aviación fascista italiana establecida en Mallorca causaron muertos y heridos entre la población civil de Eivissa, además de importantes destrozos en el puerto y en distintos puntos de la ciudad. El 29 de mayo de 1937, una escuadra republicana bombardeó la isla pitiüsa en represalia por el ataque al crucero alemán Deutschland, provocando nuevas víctimas mortales entre los civiles. Menorca también sufrió, durante los últimos meses de la contienda, bombardeos aéreos y navales que afectaron igualmente a población inocente.

“Con los 90 años de los bombardeos republicanos sobre la ciudad de Palma también conmemoraremos el centenar de víctimas civiles”, anunció Prohens el pasado mes de octubre. Tras ello, el 4 de febrero, el Parlament balear aprobó una proposición no de ley (PNL) del PSIB-PSOE que insta al Govern a organizar un acto institucional de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas civiles, “sin distinción de bando”, de los bombardeos sufridos en las islas durante la Guerra Civil.

La iniciativa, que salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos -incluidos PP y Vox-, asevera que “estas víctimas forman parte de la tragedia compartida que supuso la guerra y merecen todas el reconocimiento y la reparación moral de las instituciones democráticas”. “Su dolor no tiene bando, y su memoria tiene que contribuir a reforzar la convivencia y la paz”, añade el texto.

Derogación de la ley balear de memoria

Cabe recordar que, el pasado 10 de marzo, PP y Vox culminaron uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament supuso la eliminación de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936.

El archipiélago se sumó así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox sumaron sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Mientras a las puertas de la Cámara un centenar de personas se manifestaban contra la eliminación de la ley, en el hemiciclo la bancada de la izquierda exhibía fotografías de víctimas del franquismo y cargaba con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de la extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”.

Hace dos semanas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la norma balear y acordó suspender cautelarmente su aplicación. La decisión del alto tribunal implica que la ley continúa vigente mientras resuelve sobre el fondo del recurso, al considerar el Ejecutivo que su eliminación podría vulnerar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de afectar al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y a principios constitucionales como la seguridad jurídica.

El destino de Sevilla el 18 de julio de 1936, hace ahora 90 años, se decidió en unas pocas horas. La ciudad en la que la mitad de los trabajadores estaban sindicados y en la que había un aplastante apoyo a las fuerzas de izquierda era considerada por los golpistas que el día antes sublevaron al Ejército de África como una de las plazas más difíciles de tomar. Pese a ello, Sevilla la Roja cayó a una velocidad meteórica, salvando así a los franquistas del hundimiento al darles la llave para establecer su mejor base en la España peninsular.

A todo ello ayudó el juego de tretas que desplegó el que a partir de ese momento sería el líder de los sublevados en el sur: el general Gonzalo Queipo de Llano, luego apodado el virrey de Andalucía. Y como en todo alzamiento, la suerte también jugó su papel, con tres momentos que cimentaron las opciones de unos golpistas que se desplegaron en una ciudad amodorrada a la hora de la siesta. Pero por encima de todo, la acelerada toma de la capital responde a un plan operativo muy bien diseñado que se empezó a pergeñar en febrero de 1936, al día siguiente como quien dice de la inesperada victoria del Frente Popular.

“Queipo no organiza nada del golpe en Sevilla, es un golpista de ultimísima hora” al que le endilgaron la tarea de alzarse desde Sevilla, “que no era plato de gusto”, apunta Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que recuerda que el por entonces inspector general de Carabineros llevaba años alardeando de su republicanismo. Esto produjo no poca confusión entre los sublevados en Sevilla, que no terminaban de fiarse de este “espadón republicano” y para más inri consuegro de Niceto Alcalá Zamora, hasta abril presidente de la República.

Un Ejército que “no fue depurado”

Pero vayamos por partes y situemos el contexto, en una capital andaluza en la que “estaba latente la inquina y el odio furioso de los militares a la República”, señala el también historiador Juan Ortiz Villalba, autor entre otras obras de Sevilla 1936. Del golpe militar a la guerra civil. Este caldo de cultivo propició que el general José Sanjurjo se viniese aquí en 1932 para una asonada (la Sanjurjada, el primer golpe militar contra la República) abortada en horas. Entonces cayó algún que otro mando, pero “el Ejército no fue depurado” tras aquello.

“Todavía no sabemos las razones que impulsaron a Queipo a ponerse con los sublevados”, indica Álvarez Rey, aunque ambos historiadores tienen claro que la caída de Alcalá Zamora tuvo mucho que ver. Pese a que fue el primer capitán general de Madrid que nombró la República, los sucesivos gobiernos acabaron destituyéndolo de cada cargo que ocupaba. Él, que es “de su carrera y sus medallas”, apostilla Ortiz Villalba, teme que le condenen al ostracismo de una plaza militar de escaso rango. Esto le lleva a acercarse al general Emilio Mola (director de la sublevación) con escaso éxito, ya que éste cree que es “un gancho del Gobierno” para destapar la traición.

Al final, tras la mediación de terceros, hay entendimiento y le encargan alzar la II División Orgánica con sede en Sevilla, lo que indica que en la fecha señalada tiene que estar por una capital andaluza a la que no estaba destinado. Pero como inspector general de Carabineros (una especie de guardias de aduanas) está en continuo movimiento por el país, y el viernes 17 de julio –cuando realmente empieza el golpe– aparece en Huelva con la excusa de acudir a la entrega de una bandera en Isla Cristina y después inspeccionar el puesto de Ayamonte.

El Guadiamar, “el Rubicón de Queipo”

Ortiz Villalba tiene claro que en realidad se está cubriendo las espaldas, acercándose a Portugal por si se tiene que exiliar como ya hizo tras la cuartelada en Cuatro Vientos en 1930. Pero la mañana del sábado 18 de julio todo está tranquilo y Queipo se entrevista con el gobernador civil de Huelva, al que le jura y perjura su fidelidad a la República y le dice que sí, que ha escuchado eso de unos sublevados en Marruecos, pero que eso es cosa de “cuatro locos” que no va a ningún lado.

Al final pone rumbo a Sevilla y hasta es parado por una patrulla de la Guardia Civil, que tiene órdenes de detener a todo militar que esté en carretera por los movimientos sospechosos que se están produciendo. Tirando de rango, argumenta que va para recibir órdenes de las autoridades y le dejan marchar, unos pocos minutos antes de que desde Madrid se ordene su arresto. Este primer golpe de suerte ocurre entre La Palma del Condado (Huelva) y Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por donde fluye un río Guadiamar que “fue el Rubicón de Queipo”, según Ortiz Villalba.

Al mediodía del 18 de julio, en una Sevilla con el runrún de las noticias de África corriendo por todos lados, hay reuniones en el Ayuntamiento y en la Diputación, pero no se toman medidas ante la calma chicha que reina. El gobernador civil, José María Varela Rendueles, abunda ante la prensa que “la normalidad en la provincia de Sevilla es reflejo exacto de la que existe en toda la Península”.

A continuación, toma una doble decisión que es el segundo golpe de una suerte que sonríe a los golpistas. Por un lado, y siguiendo indicaciones del Gobierno, ordena la disolución de los piquetes sindicalistas apostados por si acaso ante los cuarteles, con el argumento de no molestar a unos militares que se declaran indignados. Y por otro, decide que a partir de las 14 horas se vayan a sus casas a descansar buena parte de los guardias de asalto que desde el asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio están en máxima alerta y custodiando edificios clave.

A Capitanía, escondido en un coche

Así que a la hora de la siesta, entre las 15 y las 16 horas, se puso en marcha la maquinaria golpista. “El autor del guión es José Cuesta Monereo [comandante de Estado Mayor] y el actor es Queipo, pero es un actor magnífico”, subraya Ortiz Villalba, que defiende que lo mandaron a Sevilla porque era amigo del general José Fernández de Villa-Abrille, comandante de la II División, en un último intento de captarlo para la sublevación y así facilitar las cosas.

Queipo es introducido en la sede de Capitanía escondido en un coche para ocultarse a continuación en un despacho, y tras fracasar el último intento por convencerle, Villa-Abrille es detenido junto a otros oficiales fieles a la República. Álvarez Rey incide en que Villa-Abrille no se sumó al golpe, pero que sabía de los preparativos desde hacía meses y nunca lo transmitió a las autoridades, un ponerse de perfil que a la postre le salvó de ser fusilado y –aunque pasó un tiempo en prisión– hasta mantuvo su paga como militar.

Con los altos mandos ya arrestados, Cuesta Monereo se queda rematando el bando de guerra y conminando a otras guarniciones (Jerez, Córdoba, Granada...) a levantarse mientras Queipo se traslada al cuartel de San Hermenegildo, a tiro de piedra de la sede de la División, para empezar a lanzar tropas a la calle. Pero aquí, frente a lo que creía, se encuentra con que los oficiales no están dispuestos a sublevarse y esto nos lleva al tercer golpe de suerte: en franca desventaja numérica, los convence para ir todos a Capitanía para que Villa-Abrille dicte las órdenes. Allí son todos arrestados.

Miles de fusiles sin cerrojo

En el plan de Cuesta Monereo, la prioridad es controlar el centro de la ciudad. Los soldados van a la Plaza Nueva, con el Ayuntamiento en un extremo y el Gobierno Civil en el otro, y al principio los guardias de asalto creen que vienen a reforzar el enclave. Cuando se resuelve la confusión, los guardias pone en fuga a la tropa y hasta se hacen con algunas ametralladoras, que poco pueden hacer ante las piezas de artillería que traen los sublevados para bombardear la sede del Gobierno Civil y la de Telefónica. En pocas horas, todos los centros de poder político y administrativo están en manos de los golpistas, que ya han detenido también a las máximas autoridades de la ciudad.

Quitadas ya las caretas, los barrios obreros se movilizan sin conseguir acceder al centro. Desde Triana se intenta asaltar la Maestranza de Artillería para hacerse con los 25.000 fusiles que allí se almacenan, algo que no consiguen pero que tampoco habría servido de nada: Cuesta Monereo había ordenado días antes quitarles los cerrojos para inutilizarlos. Al caer la noche, Queipo emite la primera de sus arengas vía Radio Sevilla (se estableció una conexión directa entre la emisora y Capitanía) y poco después se suma a los sublevados la base aérea de Tablada, donde ya se habían saboteado unos aviones que el Gobierno envió para bombardear en África a los sublevados.

La resistencia quedó en manos de una Guardia de Asalto que poco pudo hacer y que fue desarticulada con rapidez, manteniendo vivos los últimos focos los obreros y sindicalistas que levantaron barricadas en Triana, la Macarena, San Julián, San Marcos o San Bernardo. Las iglesias y conventos ubicadas en estos barrios populares, hasta 16, fueron quemadas por una turba que reaccionó contra unos símbolos religiosos que sabía que eran lo más preciado por unas derechas a las que culpaban de lo que estaba ocurriendo.

Las derechas no se fían

Unas derechas, por cierto, que salvo algún que otro exaltado de partida lo que hacen es taparse porque no están muy convencidas del éxito de la jugada: en la mente de todos está el fracaso de la sanjurjada y los falangistas por ejemplo están hechos un lío porque no tragan a Queipo, así que no asoman del todo la patita hasta que, controlada Tablada, se establece el primer puente aéreo de tropas de la historia. Empiezan así a llegar legionarios y los temidos moros, punta de lanza de unas tropas de Marruecos que son las mejores y más experimentadas de todo el Ejército español.

El 18 de julio anocheció en Sevilla con las cartas ya muy favorables a los golpistas, a los que en general no les han ido bien las cosas en la mayoría de plazas, hasta el punto de que Mola ya prepara su huida a Francia cuando escucha a Queipo por la radio y se da cuenta de que no todo está perdido. Pero pese a la ventaja de controlar el centro de la ciudad, y en medio de una huelga general que deja sin pan a la población, es la llegada del Ejército de Marruecos el que “saca las castañas del fuego” a los sublevados.

Aún así, fracasa el primer intento de tomar Triana el día 20, pero el 21 se forman tres columnas que hacen pinza y acaban con la resistencia. El siguiente paso, antes del resto de barrios, es tomar esa misma tarde Alcalá de Guadaíra para garantizarse el suministro de pan, y ya el 22 las tropas franquistas acaban con los últimos focos en la Macarena, San Julián y San Bernardo.

En estos días, el único peligro real al que tuvo que enfrentarse Queipo fue al de la columna minera que llegó el 19 desde Huelva, pero fueron traicionados por los guardias civiles que les acompañaban a las puertas de Sevilla y acabaron muertos o detenidos. El caso es que amanece el 23 con la ciudad ya en manos de los golpistas, que se concentran en una feroz represión mientras siguen conquistando el resto de la provincia pero sin una prisa excesiva y con columnas mixtas que se convertirán en la unidad básica operativa: tropas del Tercio y Regulares, soldados de infantería, guardias civiles o de asalto, falangistas y requetés. Los últimos pueblos en caer, el 11 de septiembre, son Villanueva de San Juan y Algámitas, en la Sierra Sur sevillana.

Una historia mitificada

Así cayó Sevilla, víctima de un error de cálculo de las autoridades republicanas, que temían que los problemas más serios les llegaran desde sindicatos y fuerzas de izquierda antes que del Ejército. “Nunca ha habido un Gobierno que tuviera más información del golpe de Estado que se preparaba”, resume Álvarez Rey, que de paso desmonta la figura que Queipo se hizo de sí mismo, “no era ni un organizador ni un estratega, era más de bravuconadas”.

“La historia del 18 de julio se ha falsificado y ocultado para ensalzar el mito de que Queipo tomó Sevilla paseando moros en camiones”, apostilla Ortiz Villalba. Ambos historiadores desmienten que se enfrentase a decenas de miles de ciudadanos con un puñado de soldados, y recuerdan la desproporción entre la artillería y las escopetas de caza de los que resistieron, ya que se tomó tarde y mal la decisión de armar a los obreros.

Y como ejemplo de la tendencia a abrillantar su currículum del líder golpista, se recuerda la anécdota de que semanas antes de la insurrección informó al cardenal de Sevilla, Eustaquio Ilundain, de la que se avecinaba, y que éste preguntó que con qué apoyos contaba. “Con 180 hombres y con la ayuda de Dios”, vino a ser su respuesta, ante lo que su eminencia se llevó las manos a la cabeza. Tras el golpe, eso dio pie a Queipo de Llano a, en los chascarrillos de salón, bromear con que “el señor cardenal de Sevilla no cree en Dios...”.