La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), que retire las nomenclaturas y vestigios franquistas, incluyendo la calle al padre de Fernández Mañueco. También ha acusado a los responsables municipales de estar cometiendo un delito de prevaricación administrativa al incumplir la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar los vestigios de exaltación del franquismo, incluida la nomenclatura de cargos públicos durante la dictadura.

Entre otros, la ARMH ha pedido retirar las calles dedicadas al padre de Alfonso Fernández Mañueco, Marcelo Fernández Nieto, que fue alcalde de Salamanca, procurador en Cortes y gobernador civil entre los años 60 y 70. En Salamanca todavía se conservan varios escudos y emblemas franquistas en edificios públicos y en iglesias.

“En el año 2026, y con dos leyes estatales que obligan a su retirada, la ciudad de Salamanca mantiene numerosos vestigios de exaltación de la dictadura franquista”, ha reprochado la ARMH en el escrito enviado al Ayuntamiento. La asociación memorialista ha solicitado que se retire toda la simbología franquista y que “se democratice” la nomenclatura municipal para que la ciudad “deje de rendir homenaje” a los que accedieron a cargos públicos.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, lamenta que supone “una enorme falta de cultura democrática de exaltación de personajes y hechos de una dictadura”. “¿Alguien imagina una calle dedicada al dirigente de un grupo terrorista? La violencia de los pistoleros falangistas asesinó a miles de civiles, se quedó con las propiedades de miles de familias republicanas y aterrorizó a las víctimas durante cuatro décadas. Que un municipio democrático con un alcalde elegido democráticamente mantenga esos elementos que enaltecen esa sangrienta dictadura es un insulto a la democracia y un maltrato a las víctimas”, ha manifestado a través de un comunicado.

Algunos vestigios ya se han retirado, como el medallón con la edifie de Francisco Franco, que estuvo en la plaza Mayor de Salamanca hasta 2017 tras una batalla judicial y administrativa.

El medallón artístico con la efigie de Francisco Franco, esculpido en un sillar de la plaza Mayor de Salamanca, ya es historia. La imagen ha sido retirada a primera hora de la tarde de este viernes. Llevaba 80 años allí, desde 1937. Y al menos tres de batalla judicial y administrativa ha costado sacar la representación del dictador de ese lugar para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

El Govern de Marga Prohens (PP) ha reivindicado la derogación de la ley balear de memoria y reconocimiento democráticos, aunque asegura acatará la decisión que adopte el Tribunal Constitucional (TC) tras el anuncio del Gobierno central de recurrir la supresión de la norma, culminada el pasado mes de marzo por conservadores y Vox.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha manifestado este martes en el pleno del Parlament que el Ejecutivo autonómico defenderá la autonomía de la Cámara balear, aunque respetará el eventual pronunciamiento del alto tribunal. “Acataremos lo que diga la Justicia porque creemos en el poder judicial”, ha afirmado.

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, anunció la semana pasada la interposición del recurso de inconstitucionalidad después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Ejecutivo balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

Durante el debate parlamentario de este martes, Estarellas ha reivindicado la actuación del Govern en materia memorialista a través de la ley de fosas, una normativa que permanece vigente y que ha permitido continuar con las tareas de localización e identificación de represaliados. Según ha detallado, durante esta legislatura se han abierto ocho fosas comunes y actualmente se trabaja en otras dos, con un balance de 24 cuerpos recuperados.

La consellera ha insistido en que el Govern todavía espera conocer el informe de la Abogacía del Estado sobre el recurso anunciado por Moncloa y ha defendido que la derogación de la ley de memoria fue una decisión adoptada de forma plenamente legítima por la mayoría parlamentaria. “Fue un acto democrático, no un asalto”, ha espetado.

Desde la oposición, la diputada socialista Pilar Costa ha dado por hecho que el Constitucional acabará suspendiendo cautelarmente la derogación, como ya ha ocurrido con otras iniciativas similares impulsadas por gobiernos autonómicos de PP y Vox. En ese escenario, ha preguntado al Govern cómo piensa actuar cuando la norma vuelva temporalmente a estar vigente.

Costa también ha acusado al Ejecutivo balear de haber incumplido la ley de memoria cuando todavía estaba en vigor. A su juicio, el hecho de que Estarellas se remita exclusivamente a la ley de fosas evidencia que el Govern dejó de aplicar buena parte de las políticas públicas contempladas en la normativa derogada.

La ley balear de memoria, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. 

Su derogación ha seguido la senda de autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria democrática han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. El Gobierno ha recurrido la supresión de todas ellas mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura.

El Ejecutivo central considera que las normas de 'concordia' “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha estimado el recurso presentado por los impulsores de la protección de la antigua Casa del Pueblo de Palma, obligando al Govern balear a tramitar su solicitud para incluir el solar en el Catálogo de Espacios de Memoria. La sentencia anula la resolución administrativa que inadmitió la petición en 2021 y ordena a la Administración autonómica iniciar el procedimiento, tramitarlo íntegramente y dictar una resolución sobre el fondo del asunto.

La Casa del Pueblo fue durante más de una década uno de los principales centros de organización de la clase trabajadora de Mallorca. El edificio original fue donado por el banquero y financiador de la trama golpista de Franco Juan March al movimiento obrero durante la Segunda República y se convirtió en un referente del sindicalismo y del asociacionismo popular en Palma.

Sin embargo, tras un largo proceso de transformación urbana y revalorización inmobiliaria del barrio, el inmueble desapareció. Tal como contó elDiario.es en un reportaje publicado en 2022, el histórico edificio no sobrevivió a la presión especulativa y fue demolido para dar paso a una promoción residencial de lujo, un desenlace que los activistas consideran paradigmático de cómo la gentrificación ha borrado parte del patrimonio popular de la ciudad.

Con todo, la piqueta borró el edificio, pero no la batalla por su memoria. La solicitud presentada en 2021 perseguía precisamente proteger el solar como espacio de memoria democrática, con el objetivo de reconocer el papel histórico que desempeñó en la organización de las clases trabajadoras y evitar que su significado desapareciera definitivamente del paisaje urbano.

El fallo supone ahora una victoria para la plataforma que desde hace años reclama la preservación de este emblemático enclave del movimiento obrero mallorquín, aunque no implica automáticamente que el solar vaya a ser protegido. La sentencia deja claro que la cuestión no es si la Casa del Pueblo debe ser inscrita o no en el catálogo, sino que la Administración no podía impedir que esa posibilidad fuese examinada mediante el procedimiento previsto en la ley.

La resolución llega más de cuatro años después de que se presentara la solicitud de inscripción al amparo de la Ley balear de memoria democrática de 2018. Según recuerdan los promotores de la iniciativa, el propio Govern presidido entonces por Francina Armengol acabó allanándose al recurso contencioso en mayo de 2023 tras asumir el criterio de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que consideró insostenible la inadmisión inicial. Pese a ello, la Sala ha tardado hasta mayo de 2026 en dictar sentencia.

Derogación de la ley de memoria

La decisión se produce además en un contexto político especialmente complejo. Los promotores de la iniciativa recuerdan que PP y Vox derogaron el pasado mes de marzo la ley balear de memoria democrática. No obstante, destacan que el Gobierno central ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esa derogación, lo que, de admitirse a trámite, supondría la suspensión de la norma aprobada por el Parlament balear y la recuperación provisional de la ley de 2018 mientras el Tribunal Constitucional resuelve el conflicto.

A juicio de la plataforma, este escenario vuelve a abrir la puerta a que el solar pueda ser inscrito en el Catálogo de Espacios de Memoria. Sus integrantes sostienen que la reivindicación trasciende el ámbito memorialístico y plantea un debate sobre quién decide el uso de los espacios urbanos en una ciudad marcada por la crisis de vivienda y la presión inmobiliaria.

Corazón del movimiento obrero mallorquín

Durante más de una década, la Casa del Pueblo fue el corazón del movimiento obrero mallorquín. Inaugurada en enero de 1924 tras un proceso impulsado años antes por sindicatos y organizaciones de trabajadores, el edificio y el solar fueron donados por March. Según el historiador David Ginard, el financiero se había comprometido inicialmente a financiar únicamente la construcción, confiando en que el Ayuntamiento cediera los terrenos, pero la negativa de la corporación municipal, entonces dominada por sectores conservadores, lo llevó a asumir también la compra y cesión del solar.

Durante sus doce años de existencia hasta el golpe militar del 19 de julio de 1936, la Casa del Pueblo se convirtió en mucho más que una sede sindical. Además de albergar reuniones de organizaciones obreras, acogía conferencias, clases, representaciones de teatro, ensayos de corales, una biblioteca, una sala de actos y las actividades de cooperativas y sociedades de socorro mutuo. Su relevancia la convirtió también en objetivo de la violencia política: un atentado perpetrado por la Falange dejó siete personas heridas.

Tras el triunfo de los sublevados, el edificio fue ocupado por la Falange y transformado en un centro de detención y tortura durante la represión franquista. Entre las personas que pasaron por sus dependencias estuvo Aurora Picornell, conocida como la Pasionaria de Mallorca. La Casa del Pueblo sobrevivió a la dictadura, pero no a la especulación urbanística del tardofranquismo: en 1975 fue derribada después de que el Ayuntamiento alegara que se encontraba en estado ruinoso, una versión que los vecinos siempre cuestionaron.

El jardín quemado estaba durmiendo el sueño de los justos. Juan Mayorga lo escribió en 1997 cuando todavía faltaban varios años para que la primera fosa de la Guerra Civil fuera exhumada en Priaranza del Bierzo. Y es ahora, ya como director del Teatro de la Abadía (Madrid), que el propio autor ha decidido dirigir él mismo esta obra de juventud que pone en entredicho el significado en este país de palabras como memoria, olvido y reconciliación.

La obra engaña. Bajo una apariencia clásica, donde se respeta la unidad de tiempo y espacio, se esconde un complejo entramado donde nada es lo que parece, donde tiempo, espacio y lenguaje explotan. El jardín quemado es una caja de resonancia en la que Mayorga intentará que el espectador salga de su zona de confort, de sus convicciones sobre lo que fue, para mirar la historia de este país desde otro lugar.

El teatro de este autor es exigente con el espectador, quiere generar la sospecha en quien observa. Y en El jardín quemado esa tensión llega hasta la incomodidad. Un ejemplo. De repente, Garay (Adriana Ozores), el personaje que vela por las víctimas de la represión fascista en la obra, gritará: “Deje a los muertos enterrados”. La frase descoloca. Mayorga irá poniendo a lo largo de la obra frases como esta, pequeñas minas que exploten en la cabeza del espectador y así lo alerten de que aquí las reglas son otras.

Sin fosa

Mayorga sabe que esta obra toca temas cruciales para la sociedad española y, quizá por ello, ha operado ciertas modificaciones sobre lo escrito hace 30 años. La primera, si bien sustancial, no es medular. El jardín quemado era una obra de personajes masculinos, todo hombres. Ahora, dos de sus personajes principales son femeninos. En la trama, en los años setenta, recién llegada la democracia, una joven científica, Benet (Loreto Mauleón) llega al hospital psiquiátrico de San Miguel regido desde la Guerra Civil por Garay (Adriana Ozores).

La segunda modificación es doble. Por un lado, desaparecen todos los referentes a España que estaban presentes en el texto. El autor ha explicado que buscaba una mayor universalidad. Y por otro, Mayorga ha decidido suprimir la acción teatral que vertebraba la tensión dramática de la pieza. En este montaje, no se excavará ninguna fosa —como indica el autor en el texto— en ese “jardín” de cenizas donde pasean los internos.

El Mayorga de 2026, a diferencia del de 1997, ha preferido no confrontar al espectador con la crudeza de una exhumación en vivo. Valga decir que la obra acepta esa posibilidad. Ese jardín quemado es una metonimia de la propia España. De este país donde más de cien mil desaparecidos siguen bajo tierra.

Pero lo que también es cierto es que, con fosa o sin ella, las supresiones del texto que hacen referencia a España no consiguen deslocalizar la obra. Es casi imposible, aun habiendo suprimido referencias a la batalla de Madrid o del Ebro y la misma palabra “dictadura”, no pensar en la historia reciente de este país cuando uno ve la obra. Más que universalidad, parece que Mayorga ha optado por no enfrentar.

La obra transcurre en una isla. Y dentro de ese espacio, ya cerrado en sí mismo, en un hospital psiquiátrico, San Miguel. Mayorga utiliza la semántica espacial para recalcar que entramos en un territorio fuera del tiempo. Garay, la directora del psiquiátrico, ha construido un espacio para proteger a las víctimas de la represión fascista, en un primer momento, pero también de la maquinaria que ejerce la historia como herramienta de poder, sea quien sea quien la detente.

La apuesta de Mayorga es extrema. Cuando llega la democracia y los nuevos tiempos quieren “restituir” a las víctimas, se producirá un choque frontal con esos cinco personajes, internos del psiquiátrico, que aunque han sobrevivido ya no son de este mundo.

Ellos son Calatrava (Jesús Barranco), un ser abstraído que saluda a un imaginado público y canta ópera. Oswaldo (Joserra Iglesias), un criador de perros imaginarios. Pepe y Néstor (Mariano Llorente y el propio Barranco) que juegan una partida eterna de ajedrez en un tablero imaginario. Y Cal (Miguel Hermoso) que cree ser el gran poeta desaparecido a manos de los fascistas, Blas Ferrater, figura que el espectador identificará irremediablemente con Federico García Lorca.

Benet, la joven demócrata, viene a “salvarlos”, a restituirlos. Pero les habla de verdad y justicia, un lenguaje que ya no es el de estos supervivientes. En ella veremos la miopía del convencido, cargada de presente y buenas intenciones, que le impide escuchar el silencio abrumador que tiene delante de los ojos.

Olvido o memoria

La obra plantea una pregunta radical: ¿olvido o memoria? Pero Mayorga responde desde otro lado: se trata de dirigir nuestra mirada a las víctimas, comprender sus cicatrices y dejar que esa contemplación del desastre encarnado en el ser humano nos invada como un acto de resistencia. Una visión que se apoya en la filosofía de la historia del pensador Walter Benjamin y con la que Mayorga intenta torcer el cuello del ciudadano actual, gritarle a la oreja que no hay progreso y que sus verdades democráticas tan solo son otro credo.

El autor aboga por asumir ese paisaje yerto, ese jardín de ceniza donde nada ha de brotar y fertilizarlo de otro modo, con una vegetación distinta, aquella que surge de la ficción y la poesía que estos personajes, pequeños Quijotes perdidos, fundan con sus palabras. Sus parlamentos están cargados de imágenes de gran calado poético, de un mundo pretérito que ilumina el presente.

Destaca también en esta obra la fuerza de un joven Mayorga dispuesto a dar algún que otro directo. El autor, al igual que hiciera en Himmelweg, aborda esa “zona gris” de la que hablara Primo Levi en Los hundidos y los salvados, esa zona en la que las víctimas, en no pocas ocasiones, también ejercen de verdugos. Pero el autor decide hacerlo a través de la figura de Ferrater, del poeta mitificado como héroe.

De una manera delicada, pero furibunda, vemos como Ferrater, aparte de tratar con cierto desdén de clase a sus compañeros, llega a desfigurar a uno de ellos, a Periquito Lila, el más guapo, porque no quiere “compartirlo con nadie”. “Por celos le ha cortado el labio”, se dice en la obra. Mayorga Con la fuerza de la alegoría, pero a conciencia, Mayorga profana así uno de los altares más sagrados de la izquierda de este país para señalar lo perversa que resulta la memoria que tiende a idealizar, que reduce y simplifica el horror.

El jardín quemado es, en definitiva, uno de los grandes textos de este autor. Se emparenta con sus grandes obras sobre la historia, como Himmelweg, camino del cielo o Cartas de amor a Stalin. Huele al mejor Buero Vallejo, el de La fundación. Y construye una dramaturgia enredadísima, muy redonda, donde se desdibujan las identidades al mismo tiempo que se conflictúan los arquetipos morales con los que funcionamos.

Mayorga, además, cada día dirige un poco mejor y el tempo de la puesta en escena, apoyado por una música excepcional de Jaume Manresa, ayuda a una visión quieta y mesurada. Pero, tras ver la función, se instala la duda de si el fino y complejo mecanismo filosófico y teatral utilizado traspasa la platea.

Acabemos, en este teatro que reniega de la certeza, con otra duda: qué hubiera pasado si Cas, ese “loco” que quizá es Ferrater, el gran poeta, hubiera dicho su último y encendido monólogo mirando al fondo de una fosa abierta en mitad del escenario. No es el teatro de Mayorga un teatro de la conmoción, pero quizá esa confrontación con el horror hubiera ayudado.

La aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática dará un paso inédito en Cádiz el próximo 17 de junio. Ese día comenzarán en los juzgados de San José las primeras vistas destinadas a declarar ilegítimas y nulas las condenas y represalias sufridas por cinco víctimas del franquismo, en unos procedimientos impulsados por la Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz y la Fiscalía de Memoria Democrática. Es un paso que los colectivos memorialistas consideran histórico porque abre una vía judicial novedosa para reparar, aunque sea simbólicamente, a quienes fueron represaliados tras el golpe militar de julio de 1936.

No habrá acusados en el banquillo ni responsabilidades penales que depurar. Lo que se juzgará será la posibilidad de que el Estado reconozca oficialmente que cinco víctimas de la represión franquista nunca debieron ser perseguidas, condenadas o castigadas. La iniciativa parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cádiz, creada al amparo de la legislación estatal aprobada en 2022.

Según explica el presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz, Felipe Barbosa, el origen de estos procedimientos se remonta a una reunión celebrada en otoño de 2024 con el entonces recién nombrado fiscal de Memoria, José Miguel Ruiz de Molina. Los memorialistas plantearon entonces una cuestión evidente: si la persecución penal de los responsables era ya imposible por el tiempo transcurrido, ¿qué mecanismos quedaban para hacer justicia?

La respuesta fue explorar la vía de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Un procedimiento civil que permite revisar y declarar ilegítimas las actuaciones represivas sufridas por determinadas personas durante la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino restaurar oficialmente el honor y la dignidad de quienes fueron convertidos en enemigos por defender la legalidad republicana o por su actividad profesional, sindical o política.

“Fueron asesinados, apartados de sus trabajos, humillados, y sus familias tuvieron que pasar un calvario muy grande”, resume Barbosa. Lo que se busca ahora es “recuperar su anterior estatus profesional y familiar”.

Una represión sistemática

Los colectivos memorialistas ven en estas vistas la apertura de una vía judicial que nunca existió para cientos de represaliados gaditanos. Durante décadas, historiadores, investigadores y familiares han reconstruido sus historias en libros, archivos y testimonios. Ahora será un juez quien reciba esa documentación, la incorpore a un procedimiento y determine institucionalmente que aquellas condenas y represalias fueron ilegítimas.

La historia de estos expedientes comienza en una provincia donde la violencia franquista se desplegó con rapidez tras el golpe militar de julio de 1936. Cádiz fue una de las primeras ciudades en caer en manos de los sublevados. La resistencia apenas pudo sostenerse durante unas horas. Hubo barricadas, enfrentamientos armados, el Gobierno Civil cercado y el Ayuntamiento convertido en uno de los objetivos prioritarios de los golpistas. Después llegó la represión sistemática. Historiadores como José Luis Gutiérrez Molina han documentado cómo jueces, abogados y fiscales militarizados instruyeron en 1937 un total de 456 procedimientos sumarísimos de urgencia que afectaron a unas 1.300 personas. Muchos otros represaliados nunca llegaron siquiera a tener un juicio formal.

Los cinco casos seleccionados pretenden representar distintas formas de esa represión. Uno de ellos es Mariano Zapico, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado. Como máxima autoridad del Gobierno de la República en la provincia, intentó coordinar la resistencia frente a los militares sublevados. Su caso simboliza el derrumbe violento de las instituciones democráticas y la persecución de quienes intentaron mantener la legalidad constitucional en aquellos días decisivos de julio de 1936. Barbosa lo define como la figura que trató de organizar la respuesta de ciudadanos y fuerzas leales frente a unos golpistas que contaban con una aplastante superioridad militar.

El diputado y el médico

Junto a él figura Manuel Muñoz Martínez, probablemente el dirigente republicano más relevante de la provincia de Cádiz durante la II República. Diputado en Cortes y una de las figuras políticas más influyentes del republicanismo gaditano, su incorporación a estas diligencias ha sido promovida también por su familia, encabezada por su nieta Lola Esteban. Su caso representa la persecución contra quienes encarnaron el proyecto político derrotado por la fuerza de las armas.

La historia más detalladamente documentada es quizás la de Pablo Bauzano Guillén. Nacido en Chipiona en 1904, médico municipal, miembro de Izquierda Republicana y masón desde 1927, fue jefe del Servicio de Desinfección de la Beneficencia Municipal de Cádiz. Tras el golpe siguió atendiendo a heridos en la Casa de Socorro. Primero fue sometido a arresto domiciliario y después detenido de nuevo. Entre los hechos utilizados contra él figuraba la escucha de emisoras gubernamentales a través de un aparato de radio instalado en el Parque de Desinfección Municipal.

Aquellas acusaciones desembocaron en un consejo de guerra celebrado en mayo de 1937. Bauzano fue condenado a muerte por “rebelión militar”, una paradoja jurídica que convirtió en rebeldes a quienes permanecieron fieles al Gobierno legítimo. La sentencia fue anulada por defectos formales, pero la persecución continuó. Volvió a ser juzgado, fue condenado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sometido a un expediente de responsabilidades políticas y depurado profesionalmente. Su trayectoria resume el funcionamiento de una maquinaria represiva que no se limitó a los fusilamientos, sino que buscó la exclusión social, profesional y económica de los vencidos.

El capitán y el sindicalista

Otro de los expedientes corresponde a Julio Ramos Hermoso, capitán de Artillería destinado en Cádiz. Fue condenado a seis años de prisión. Su presencia en estas vistas recuerda que la represión también alcanzó a militares que permanecieron leales a la República y que fueron castigados precisamente por no secundar el golpe.

La quinta historia es la de José Díaz Díaz, secretario del metal de UGT de Cádiz. Fue asesinado y se ha convertido en el representante simbólico de miles de trabajadores, sindicalistas y dirigentes obreros perseguidos tras el triunfo de los sublevados. Su nombre lleva ahora ante los tribunales la memoria de un movimiento obrero que sufrió una de las represiones más intensas de toda la provincia.

Felipe Barbosa reconoce el carácter simbólico de estos procedimientos, pero rechaza que se trate únicamente de un gesto. Él y miembros de la asociación comparecerán como testigos para ratificar la documentación histórica aportada a la Fiscalía. También participarán familiares de las víctimas. El objetivo es que los tribunales declaren la ilegalidad y la ilegitimidad de las sanciones y condenas impuestas a estas personas y que esa declaración sirva de precedente para otros muchos casos.

La importancia de lo que ocurrirá el 17 de junio reside precisamente ahí. Durante décadas, estas historias sobrevivieron en archivos, investigaciones académicas y recuerdos familiares. Ahora pasarán a formar parte de un procedimiento judicial. La aspiración de quienes han impulsado el proceso es sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: que un juez afirme oficialmente que aquellas personas no fueron culpables de nada. Fueron víctimas. Que se haga justicia, aunque sea 90 años después.

Manuel Aguilera Povedano buceaba en la hemeroteca de la Guerra Civil cuando tropezó con una esquela donde se recordaba a tres hermanas asesinadas el mismo día. Antonia, Magdalena y Mercedes Muñoz Martí. Veintiuno, 19 y 7 años. Pertenecían a una familia de filiación republicana. Vivían en Palma, una ciudad en manos de los fascistas desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. No habían muerto fusiladas, tampoco les habían pegado un tiro en la nuca sin que mediara el paripé de un juicio sumarísimo. A las jóvenes y a la niña las mató “el criminal bombardeo que la aviación roja lanzó sobre Palma el día 31 de mayo de 1937”. Eso afirmaba la esquela.

–Me dije: aquí hay un historión porque, además, estas hermanas eran sobrinas de Jordi Martí y Rosselló. Este personaje era el director de Foch y Fum, una revista satírica tremendamente subversiva, y, no se sabe muy bien cómo, consiguió que no lo mataran durante la Guerra Civil. Empecé a tirar del hilo y aparecieron más casos de víctimas a causa de los bombardeos. No había prácticamente bibliografía sobre estos sucesos. En Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939), Josep Massot i Muntaner realiza una cronología, pero no habla de las víctimas. Apenas quedan huellas en Palma de aquellos bombardeos, pero los ataques golpearon a muchos barrios de la ciudad. Mira, muy cerca de aquí, en aquella esquina murió una persona…

Dice Aguilera. Este historiador, profesor y periodista está sentado en un banco de la Plaça del Progrés, un gran rectángulo –árboles, bares de trabajadores sin terraza, una avenida que parte la plaza por la mitad y hasta una gasolinera– que también es uno de los escenarios del libro que acaba de publicar tras culminar la investigación que comenzó con las hermanas Muñoz Martí.

Mallorca en llamas. Las víctimas del primer terror aéreo de la Guerra Civil (Grupo Editorial Sargantana) es una obra de divulgación bien regada con gotas de crónica. A lo largo de 270 páginas, Aguilera pone nombre, apellidos y señas biográficas a las 86 personas que –por lo menos– mataron las múltiples incursiones sobre la isla que realizaron los aviones que controlaba el Gobierno de la II República. Bombas y metralla que tenían como objetivo emplazamientos militares, pero que acabaron llenando hospitales y tumbas con los cadáveres de decenas de ciudadanos de a pie.

Unos muertos que nadie reivindica

Los muertos fueron incómodos desde el principio: como las hermanas Muñoz Martí, algunos tenían ideología republicana, muchos pertenecían a la clase trabajadora. El ugetista Joan Sampol –que estaba escondido en sa Colònia de Sant Jordi para que no lo capturaran los golpistas– o Tolo Pizá –un aprendiz de herrero que no alcanzaba la mayoría de edad– son dos ejemplos a vuela pluma. Tras la Guerra Civil, ni a la izquierda le interesaba reivindicarlos ni al franquismo recordarlos. Y, a la vez, sus muertes tienen una gran trascendencia historiográfica. Así lo defiende Aguilera:

–Las víctimas de los bombardeos de Mallorca rompen el relato de que unos hicieron sólo cosas buenas y los otros sólo hicieron cosas malas. La cronología bélica es súper importante: la inteligencia artificial te dirá que el primer bombardeo contra población civil fue en Gernika. Si le insistes un poco más, te dirá que Barcelona –donde se empieza a bombardear más fuerte en el 38– o Madrid, donde atacan después del verano del 36. Pero en Palma empezaron antes, fueron el primer terror aéreo de la Historia.

La cronología bélica es súper importante: la inteligencia artificial te dirá que el primer bombardeo contra población civil fue en Gernika. Si le insistes un poco más, te dirá que Barcelona –donde se empieza a bombardear más fuerte en el 38– o Madrid, donde atacan después del verano del 36. Pero en Palma empezaron antes, fueron el primer terror aéreo de la Historia

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

Oviedo, Zaragoza y Córdoba también sufrieron bombardeos republicanos durante el verano de 1936. Eran ciudades donde las autoridades de la débil democracia no pudieron pararle los pies a los golpistas, se habían convertido en puntos azules rodeados por tinta roja. Los gobiernos de José Giral Pereira y Francisco Largo Caballero (Izquierda Republicana) y Francisco Largo Caballero (PSOE) intentaron recuperarlas por la vía rápida. “Los ataques de la aviación reforzaban una ofensiva miliciana por tierra. La diferencia es que Palma no vivía una situación de asedio”, apunta Aguilera. “En los papeles que he encontrado se descarta acompañar los bombardeos con un desembarco”. 

Los italianos –antes de que Mussolini tomara el poder marchando sobre Roma– ya habían bombardeado a población civil en la Guerra Italo-turca librada en Libia. Aquello fue un preludio de una I Guerra Mundial –en la que España no participó y sus industriales se lucraron vendiendo armamento y materias primas a ambos bandos– donde se volvieron a repetir –con zepelines– los ataques aéreos. Pero, como insiste Aguilera, “no de forma sistemática”.

–Esa palabra, sistemática, es importante –razona el historiador– porque implica que se ataquen una y otra vez objetivos de retaguardia. ¿Quién empezó? Los republicanos. ¿Por qué? Mantuvieron bajo su control el 70% del Ejército del Aire. Los hidroaviones militares que había en Mallorca despegaron y se fueron a Menorca, que permaneció fiel a la República. Aquí sólo quedó una avioneta, a la que le instalaron una metralleta y le dieron unas granadas al piloto que realizó una única misión: alejar a un submarino republicano que estaba cerca de Cabrera.

–Desde la Mallorca de los casi 34 millones de pasajeros anuales cuesta imaginarse una isla sin aviones. 

–La aviación, en 1936, era eminentemente naval: el correo o el primer transporte de pasajeros con Barcelona por aire se hacía con hidroaviones. Son Bonet y Son Sant Joan ya existían como aeródromos, pero eran súper cutres. Los habían habilitado para que, de vez en cuando, aterrizara algún avión. 

Bombas que fabricaron franquistas

Acero fundido, TNT y octavillas con un mensaje: “Mallorca en llamas”. Aguilera se sirvió de la propaganda republicana para titular su trabajo, reconocido con el Premi Mallorca d’Assaig. Además de bajas, los aviones republicanos buscaban infundir miedo. “¡Por eso hubo 46 bombardeos durante el primer mes de guerra! Sólo Palma sufrió veinticinco”, exclama el historiador. El propósito era desmoralizar a los golpistas. Sucedió, sin embargo, lo contrario. “Un montón de gente se hizo franquista: veían como una injusticia el bombardeo de civiles. Hubo manifestaciones que aceleraron la represión. Cuando el general Goded se marchó a intentar la conquista de Barcelona, al oficial que quedó al mando de los sublevados se le acusó de ‘blando’ porque no mataba a nadie”, dice Aguilera. 

Un montón de gente se hizo franquista: veían como una injusticia el bombardeo de civiles. Hubo manifestaciones que aceleraron la represión. Cuando el general Goded se marchó a intentar la conquista de Barcelona, al oficial que quedó al mando de los sublevados se le acusó de ‘blando’ porque no mataba a nadie

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

El coronel Aurelio Díaz de Freijó llegó a afirmar públicamente que por cada “muerto de bombardeo” iban a fusilar “a un preso”. Luego no lo cumplió. “Hay cartas quejándose a Franco de su ‘debilidad’ –continúa el historiador– y, al cabo de unos meses, lo suspendieron para retirarlo. En mayo del 37, si miras la cantidad de aviones republicanos que atacaron una ciudad que apenas tenía 94.000 habitantes y el tamaño de las bombas (más de cien kilos), te das cuenta de la desproporción entre los medios y el objetivo. Cuando empiezas a escarbar, ves que hay diferentes personalidades en cada bando”. 

Aguilera no considera que los ataques de mayo del 37 fueran una respuesta a la masacre –1.654 muertos– que causó en Gernika la Legión Cóndor nazi unas semanas antes, el 26 de abril. Arte, música, cine han inmortalizado uno de los episodios más dolorosos de la Guerra Civil. El roble plantado frente a la Casa de Juntas de esta villa vizcaína forma parte del inconsciente colectivo y trasciende las fronteras de Euskadi. Los sucesos de Mallorca, no. “Yo creo que lo que ocurrió aquí tuvo más que ver con el cambio de gobierno republicano. Cuando el 17 de mayo, Negrín accede a la presidencia del Consejo de Ministros y pone a Indalecio Prieto al frente de Defensa, atacan con todo lo que pueden. Largo Caballero era más independiente y no tenía tan buena relación con los rusos. Cuando salta, empieza a entrar mejor material bélico, que se compra con el famoso oro de Moscú”. 

Tiempo después, el capitán Alberto Bayo dirá: “Perdimos Mallorca, perdimos la guerra”. “Puede parecer exagerada la frase”, contextualiza Aguilera, “pero se entiende cuando se analiza el papel que jugará la aviación italiana. Mussolini envió a Franco casi 800 aviones. Una locura. Mucho más que los alemanes. Los aviones italianos, aunque fueran mucho más modernos que los hidros de la República, tenían que hacer escala en Mallorca porque, si no, no llegaban a la zona nacional”. 

Primero, la Regia Aeronautica machacó las defensas de los milicianos que, al mando de Bayo, habían conquistado la isla –y las Pitiüses– en agosto del 36. En Artà (Mallorca), murieron once personas. En la Marina, el barrio portuario de Eivissa, medio centenar. Bajo control fascista, las islas se convirtieron en un portaaviones que minó las fábricas, las comunicaciones y la moral de una costa mediterránea que era republicana desde Portbou a Málaga. Sigue Aguilera: “Los testimonios de los pilotos italianos nos ayudan a entender que los objetivos eran militares, pero las bombas fallaban y acababan matando a la gente”.

En Palma sucedió lo mismo. La tecnología militar “todavía funcionaba un poco a ojo” y las bombas caían donde no debían. “De hecho, sólo acertaron en el puerto y en La Almudaina, donde estaba la Comandancia”, dice el autor de Mallorca en llamas. “¿Por qué bombardearon tanto el barrio de sa Gerreria? Porque allí estaban los cuarteles militares que daban a la calle Socorro y a las Avenidas. Ellos apuntaban a esos objetivos, pero no siempre acertaban. Y, también, se lanzó muchísima artillería sobre zonas llenas de comercios y talleres artesanos”.

[La tecnología militar] todavía funcionaba un poco a ojo. De hecho, sólo acertaron en el puerto y en La Almudaina, donde estaba la Comandancia. ¿Por qué bombardearon tanto el barrio de sa Gerreria? Porque allí estaban los cuarteles militares que daban a la calle Socorro y a las Avenidas. Ellos apuntaban a esos objetivos, pero no siempre acertaban. Y, también, se lanzó muchísima artillería sobre zonas llenas de comercios y talleres artesanos

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

Un peligro que venía del cielo

Quien desconoce un peligro no sabe cómo protegerse. Lo ilustra muy bien la muerte de Bernat Batlle Nigorra. Era mozo de pedidos a sueldo de los Mercadal, los dueños de un negocio emblemático en la Plaça Major de Palma. El 28 de julio de 1936 salió de la sastrería donde trabajaba al grito de “¡ya vienen los nuestros, ya vienen los nuestros!”. Y el fuego amigo de los suyos lo mató. Fallecieron siete personas más y hubo una veintena de heridos. 

Aquel martes, sólo diez días después del inicio de la Guerra Civil, miles de palmesanos descubrieron un peligro que venía del cielo. Sin baterías antiaéreas, ni refugios, ni una línea de metro bajo la que guarecerse, se acostumbraron pronto a buscar cualquier agujero cada vez que escuchaban los zumbidos de los aviones –fabricación rusa o francesa– que la República compró para atacar la isla. “La población dependía de los sótanos, de las criptas de las iglesias o hasta de cuevas naturales”, dice Aguilera, que en sus pesquisas ha llegado a entrevistar a una veintena de familiares e, incluso, supervivientes de los bombardeos. 

Aguilera ha criticado que PP y Vox deroguen la Llei de Memòria Democràtica de las Illes Balears, pero tampoco entiende por qué los gobiernos de centroizquierda no quisieron homenajear a los muertos de los bombardeos republicanos cuando mandaron en el Ajuntament de Palma y en el Govern (2015-2023): “En el libro incluyo el acta del pleno de Cort donde el equipo gobierno de Palma, entonces formado por partidos de izquierda, rechazó una moción de Ciudadanos para homenajear a las víctimas de los bombardeos”. La excusa fue la negativa del extinto partido naranja a apoyar la retirada del monumento franquista de sa Feixina.

Casi seis años después de aquella votación municipal, los 786 marineros y oficiales que murieron a bordo del crucero Baleares frente a las costas murcianas durante la Batalla del Cabo de Palos mantienen el monolito que les erigió la dictadura en Palma. Los palmesanos a los que mató la aviación republicana siguen sin una placa que les recuerde en la ciudad en la que vivían cuando estalló la Guerra Civil. El socialista Indalecio Prieto da nombre a una calle que atraviesa la barriada de son Gotleu y mide un kilómetro.

El PP deroga la ley, pero quiere recordar los bombardeos

El pasado octubre, Marga Prohens anunció un acto de homenaje con motivo del noventa aniversario de unos ataques sobre Mallorca que se extendieron hasta mayo de 1938, cuando a los republicanos –aislada Catalunya, bloqueado el Mediterráneo para los soviéticos y con la Batalla del Ebro a punto de comenzar– no les quedó otra opción que alargar lo posible la guerra esperando una intervención de Francia o el Reino Unido que nunca llegó. “En otras ciudades y pueblos bombardeados sí que se ha realizado un homenaje colectivo colocando placas en los lugares donde murieron las víctimas. Eso es lo que va a hacer el Govern”, explica el historiador, que asesoró al ejecutivo autonómico del PP con un informe lleno de fechas, nombres, fotografías, ubicaciones marcadas en planos y mapas.

–¿No ha sido oportunista Prohens al cargarse una ley que trata de dignificar la memoria de muchos asesinados de la Guerra Civil y anunciar un homenaje a las víctimas de los bombardeos?

–Creo que Prohens quiere realmente hacer ese homenaje porque no se hizo y porque además de ser un acto de memoria rompe el relato de que unos hicieron sólo cosas buenas y los otros sólo hicieron cosas malas. Yo creo que ese relato es injusto, pienso que hay que contarlo todo. Igual que la represión republicana que hubo en Ibiza o Menorca. Gente mala hay en todos los bandos. En un momento en que todo el mundo está armado y no hay autoridad se producen unas atrocidades que creo que la gente debe saber para que no se vuelvan a repetir.

–¿Memòria de Mallorca no reivindica a estas víctimas?

–Yo he hablado con Maria Antònia Oliver [presidenta de una asociación memorialística clave para conseguir que se estén exhumando, estudiando y documentando con dinero público las fosas comunes de la represión franquista] y su respuesta es que no se dedican a este tipo de víctimas porque saben dónde están enterradas. Es una lástima. Hay un niño, por ejemplo, al que no he podido identificar porque su nombre no aparece en ninguna noticia ni, tampoco, en el Registro Civil. A no ser que aparezca un familiar en el futuro, nunca sabremos cómo se llamaba.

Los cascotes del olvido

El silencio que decretó la posguerra española es una sustancia pegajosa que sigue resultando difícil de arrancar. Aguilera se ha encontrado a descendientes de los 86 asesinados por la aviación republicana que nunca hablaron de lo que ocurrió con los familiares que sobrevivieron. El recuerdo había quedado sepultado bajo otro tipo de cascotes. Los del olvido. Más pesados, quizás, que los que aplastaron a la mujer y las hijas de Arnau Terrasa Lloret, un peluquero de la Plaça del Banc de s’Oli que vivía en un edificio que colapsó en el Carrer Velázquez. Más difíciles de levantar, quizás, que los que asfixiaron al apotecario Bennàssar, enterrado durante un día entero junto a su hijo –que sí pudo contarlo–, cuando las bombas borraron la farmacia que tenían en la Porta de Sant Antoni. Todos pagaron cara la factura de vivir o trabajar en sa Gerreria. Demasiado cerca del cuartel de los aviadores italianos. 

Hoy, en esa calle tan comercial y esa plaza tan turística, se alzan fincas mucho más contemporáneas. Se aprecia a simple vista que no son de principios del siglo XX. Una ojeada al Catastro confirma que unas cuantas se construyeron durante los años sesenta, la década por excelencia del desarrollismo franquista. Así se terminaron de rellenar los huecos que habían causado unos bombardeos que la dictadura decidió borrar de su disco duro. Al menos, parcialmente. Para el franquismo, los muertos de la aviación republicana fueron “una patata caliente”, describe Aguilera. 

Víctimas ninguneadas por el franquismo

El historiador contrasta el ninguneo que sufrieron todas las víctimas en comparación con los homenajes que se rindió a los diecinueve falangistas o guardias civiles que perecieron bajo las bombas. A quien vestía camisa azul o uniforme verde se le incluyó en las listas de “caídos por Dios y por España, explicando que no habían muerto en el frente ni por la represión, sino en un bombardeo”, precisa Aguilera. “Todos los demás nunca recibieron nada. La única fue la madre de tres hermanas que murieron en la Plaça des Pes de sa Palla. Era viuda y tenía dos hijos más: le dieron un estanco. Sí he visto algún llamamiento en prensa donde se animaba a los afectados por los bombardeos a acudir al Ayuntamiento para recibir ayudas. Pero las personas que he entrevistado me han dicho que sus familias no recibieron nunca nada. Es verdad que algunos murieron de camino al refugio, en la calle, –como dos matrimonios a los que alcanzó una bomba cuando iban a refugiarse en la iglesia de la Missió–, pero otros muchos se quedaron sin casa”.

[A los falangistas y guardias civiles] se le incluyó en las listas de caídos por Dios y por España, explicando que no habían muerto en el frente ni por la represión, sino en un bombardeo. Todos los demás nunca recibieron nada

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

Manuel Aguilera Povedano ya estaba enfrascado en su investigación cuando descubrió a otro trío de hermanas que habían matado los aviones de la República. “La historia de Joana, Àngela y Magdalena Ferragut Pradeny es muy dura: entrevisté a la familia y nunca supieron si el cadáver de la hermana pequeña se lo llevaron o si, con la deflagración, quedó tan consumido que no se encontró resto alguno”, explica el profesor del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG). Tenían edades parecidas a las Muñoz Martí –veintisiete, veintidós y diez– y murieron apenas una semana antes: el lunes 24 de mayo de 1937. Al localizar la dirección de las fallecidas, Aguilera dio un respingo y no porque la calle llevara el nombre del primer presidente de la II República: “Niceto Alcalá Zamora, 12. Yo había vivido allí, en un edificio nuevo, claro. Me impactó muchísimo darme cuenta de la coincidencia y, de alguna manera, sentí que tenía que seguir investigando. Ha habido muchas casualidades y golpes de suerte que me han ayudado a terminar Mallorca en llamas”.

El Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, suprimida el pasado mes de marzo por PP y Vox. La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Según ha defendido el Consejo de Ministros, la eliminación de la ley autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ha anunciado este martes la interposición del recurso después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Govern balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

La ofensiva judicial contra la decisión adoptada en Balears se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia, mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura. El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La izquierda celebra la impugnación

La decisión ha sido celebrada por los grupos de izquierda en Balears. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), de haber cedido ante Vox, defendiendo que el recurso supone un freno a la extrema derecha y aseverando que, si el Constitucional admite la impugnación y acuerda medidas cautelares, la derogación podría quedar suspendida y la ley autonómica volvería temporalmente a estar en vigor.

También Més per Mallorca ha acogido positivamente el anuncio. La diputada Maria Ramon ha señalado que recuperar la norma es especialmente relevante cuando se cumplen diez años de la aprobación de la ley de fosas de Baleares, y ha defendido que ambas legislaciones forman parte de una misma política pública destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Vox, por el contrario, ha cargado duramente contra la iniciativa del Ejecutivo estatal. Su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso de “pataleta” y ha cuestionado que el Gobierno pueda impedir que una mayoría parlamentaria autonómica derogue una ley aprobada por el Parlament. La diputada ha tildado además de “antidemocrática” la posibilidad de que la derogación quede suspendida cautelarmente y ha insistido en que la norma eliminada era, a su juicio, “injusta y sectaria”.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada definitivamente por el Parlament el pasado marzo y entró en vigor tras su publicación en el BOE el 10 de abril. La medida formó parte de las exigencias planteadas por Vox al PP durante la legislatura y convirtió a Balears en una de las comunidades donde la agenda memorialista impulsada por el Gobierno central ha sufrido un mayor retroceso institucional.

Cuando uno pasea (o hace turismo) por Valladolid suele pensar en los siglos XV y XVI. El palacio en el que se casaron los Reyes Católicos o los barrotes por los que enseñaron a un neonato Felipe II son solo un ejemplo de las historias que han trascendido. Sin embargo, hay pocas referencias o vestigios al uso más reciente de algunos de esos edificios que todavía quedan en pie. Oquedades en ladrillo o una placa, en el mejor de los casos, es lo que queda de una Valladolid que vivió la guerra civil desde la retaguardia: es decir, en represión. La Asociación para la Recuperación Histórica de Valladolid (ARMHVa) acaba de publicar su séptimo libro, Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española, que recorre los edificios que siguen en pie y que protagonizaron distintos momentos desde que los sublevados dieran el golpe de estado el 18 de julio de 1936.

Valladolid tuvo una represión organizada y dirigida a aquellos que los sublevados veían como enemigos: se han contabilizado 2.700 asesinatos y otras 10.000 personas fueron encarceladas o reprimidas. “Fueron muertes extrajudiciales perfectamente orquestadas, sistemáticas y muy bien seleccionadas”, explica el presidente de la ARMH de Valladolid, Julio del Olmo, que lleva investigando y trabajando en la recuperación de restos desde que se fundó la entidad, hace 24 años.

Esta obra, que incluye un plano de la ciudad por si alguien quiere realizar una lectura sobre la marcha, examina catorce edificios y espacios como el Ayuntamiento de Valladolid, el Gobierno Civil —que hoy es parte del Museo Nacional de Escultura—, la Capitanía General, la Casa del Pueblo —casa del pueblo —donde 600 personas esperaban unas armas que nunca llegaron, de los cuales casi 500 de ellos fueron juzgados—, el cementerio del Carmen —en la que aún quedan restos sin localizar—, el manicomio —ubicado en la actual Consejería de Familia—, la Estación del Norte, el páramo de San Isidro, donde más de 400 personas fueron fusiladas.

Estos sitios han sido elegidos porque los hechos que sucedieron afectaron a un elevado número de personas o por la relevancia de los sucesos que acontecieron allí para el triunfo del golpe. “Se trata de recorrer los lugares, pero no hacemos una mera descripción, sino que intentamos dar más luz sobre estos sitios con toda la documentación que tenemos”, avanza Del Olmo en una entrevista a elDiario.es.

Esta 'luz' se aporta a través de las historias de algunos de estos fusilados o encarcelados. Los documentos judiciales o militares incluyen el papel social, político o de actuación de la mayoría de los detenidos, así como los cargos que ejercían en política municipal o en sindicatos y sus filiaciones políticas. Muchos de ellos eran trabajadores públicos como bomberos, policías y barrenderos, además de los miembros de la corporación municipal. También se alude a los antecedentes 'penales' de estos presos, que podían retrotraerse a las huelgas de 1917.

Obstáculos para acceder a algunos documentos

Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española se publica como fruto de años de entrevistas personales, investigación documental, visitas a los archivos municipal, provincial y militares y excavaciones que han permitido recuperar cientos de restos de los represaliados. Especialmente importante ha sido el acceso al Archivo Militar IV de El Ferrol —que contenía información sobre la VII Región Militar y más de 6.000 causas— y a la documentación parcial relativa a la cárcel de Cocheras, ubicada en los almacenes en desuso que guardaban viejos coches de tranvía y que llegó a hacinar a más de 2.000 presos.

“Pedimos los libros de registro de esta prisión, que operó hasta el 20 de octubre de 1940. Primero nos dijeron que esa documentación no existía, pero conseguimos una foto de la portada y una foto de una de las páginas. Y entonces nos enviaron los libros de registro”, explica Julio del Olmo. Sin embargo, la ARMH de Valladolid no está satisfecha con los archivos a los que tuvieron acceso: solo les entregaron los libros de registro de 1937 y 1938 —y otro más general y expurgado que abarca hasta 1942—, pero no los del año del golpe.

“El fundamental es el libro de registro de 1936, pero ese nada, no nos lo han mandado”, reprocha Del Olmo. En 1936 fue cuando se produjo un mayor número de presos ejecutados extrajudicialmente tras puestas en 'libertad' firmadas por el gobernador civil, el jefe superior de policía y el director de la prisión. “Algunos testigos nos contaron cómo venían los falangistas a la cárcel y se llevaban a quien querían. Y no. El que salió fue porque se había dado la orden, y los falangistas eran los ejecutores. Los milicianos eran civiles militarizados, sometidos a la jerarquía, disciplina y código de justicia militar”, defiende. En tres semanas, fueron asesinadas más de 500 personas en Valladolid, seguidas de otras 900 en septiembre

Ocultación de víctimas como si hubieran sufrido un bombardeo

El libro también pone el foco en los nueve bombardeos que sufrió la ciudad de Valladolid —y uno en Medina de Rioseco— entre 1936 y 1938, que se saldaron con 80 muertos. La investigación de la ARMH apunta que solo cinco bombardeos (los de 1937 y 1938) fueron ataques de la aviación republicana: fueron dirigidos al centro de la ciudad —donde se concentraba el apoyo a la sublevación— y en puntos estratégicos y acabaron con la vida de 64 personas.

Sin embargo, Valladolid también sufrió ataques en agosto y septiembre de 1936 cuya autoría es más difusa: afectaron a viviendas de la clase trabajadora (en Las Delicias o en los alrededores de la estación de tren, donde vivían los ferroviarios) y mataron a 16 personas. Además, se han localizado escritos del gobernador civil prohibiendo atacar a las fuerzas aéreas y diciendo que estos bombardeos servían “para aglutinar aún más el espíritu colectivo y enardecer el impulso patriótico”.

Una carta escrita desde el frente durante la Guerra Civil. Un carné de Falange. Una cartilla de racionamiento. Una fotografía en blanco y negro en la que casi nadie reconoce ya los rostros. Los objetos pasan de mano en mano en un aula de un instituto de Santa Fe (Granada), mientras un grupo de estudiantes explica qué son, de dónde vienen y qué historia esconden. No están leyendo un libro de texto. Están hablando de sus familias.

Durante dos días, el instituto de enseñanza secundaria (IES) Jiménez de Quesada de esta localidad granadina ha convertido sus aulas en una exposición abierta a todo el centro. El alumnado de segundo de Bachillerato ha reunido objetos fechados entre 1936 y 1975 y los ha catalogado, contextualizado y explicado al resto de estudiantes. Pero lo que se muestra sobre las mesas es solo una parte del proyecto. La otra parte ocurre fuera del aula. Cada estudiante elige a una persona mayor de su entorno -abuelos, abuelas u otros familiares-, la entrevista, graba su testimonio y lo convierte en material de trabajo. Lo que empieza como una actividad académica acaba abriendo conversaciones que, en muchos casos, nunca se habían producido.

“Las historias hay que vivirlas también en primera persona y conocer las pequeñas, las que están cerca”, explica Ángela Montes, profesora de Historia y una de las impulsoras de “Memoria Viva”, un proyecto que ya suma seis ediciones entre Santa Fe y Motril. La propuesta nace, en parte, de una limitación. Segundo de Bachillerato está marcado por la presión de la Selectividad, con un temario extenso y poco margen para salirse del guion. “Es un año muy agotador, muy centrado en los apuntes”, señala Montes. “Pero cuando llegamos al siglo XX, todavía hay personas que pueden contar lo que vivieron. Y eso cambia la forma de entenderlo”.

Ese cambio empieza por algo básico: dejar de ver la historia como un relato ajeno. “Tienen que entender que el libro no es un cuento, que esto ha pasado de verdad”, explica la profesora. La distancia temporal, sin embargo, juega en contra. Para una parte del alumnado, la Guerra Civil o el franquismo empiezan a percibirse como episodios lejanos e incluso con tintes frívolos, sin conexión directa con su vida cotidiana. El proyecto intenta romper esa distancia a través de lo más cercano: la memoria familiar.

Historias cercanas

En ese proceso aparecen historias que no estaban en los libros ni en las conversaciones habituales. Relatos que habían quedado guardados durante décadas, a veces por miedo, otras por costumbre. “Cuentan cosas que han tenido dentro muchísimos años. Nadie les ha preguntado. Era un tema tabú”, explica Montes. Las entrevistas no siempre son fáciles. Algunas personas mayores se emocionan al recordar. A veces, también quienes escuchan. “Se me han puesto a llorar algunos alumnos”, reconoce la profesora. Y en ese momento, la historia deja de ser una materia académica para convertirse en una experiencia directa.

En ocasiones, lo que emerge cambia la percepción que el propio alumnado tenía de su familia. “Te voy a contar la verdad: tu abuelo no desapareció, se lo llevaron”, relata Montes sobre algunas de las conversaciones que han surgido durante el proyecto. Son historias que habían permanecido ocultas o edulcoradas y que encuentran, por primera vez, un espacio para ser contadas.

Andrea, estudiante de segundo de Bachillerato, lo define como una experiencia “muy significativa”. En su caso, la actividad ha reforzado un vínculo que ya existía. “Soy muy cercana a mis abuelos y me parece muy bonito incluirlos en una actividad en la que ellos cuentan su experiencia”, explica. Sus abuelos, María Martín y Andrés Rueda, vivieron la posguerra siendo niños. Sus recuerdos no hablan de grandes acontecimientos políticos, sino de la vida cotidiana: la escasez, la necesidad de compartir con los vecinos “por poco que hubiera”, o una estructura social marcada por “una diferencia de clase muy rígida”.

Ese tipo de relatos, alejados de los grandes titulares, son precisamente los que permiten al alumnado aterrizar la historia. “He aprendido a valorar las facilidades que tenemos actualmente”, confiesa Andrea. Y también a cuestionar algunas ideas extendidas entre su generación: “Estas actividades nos sacan del mito y nos muestran cómo fue la realidad de la dictadura”.

Contra el auge del franquismo

La distancia entre relato y realidad es uno de los puntos que más preocupan al profesorado. Montes describe un contexto en el que ciertos discursos han dejado de generar rechazo automático. “Ahora mismo no está mal visto decir barbaridades que antes no se podían decir”, afirma. En el aula, eso se traduce en comentarios, símbolos o consignas que evidencian una banalización del franquismo entre adolescentes: “He escuchado a niños de 12 años decir ‘viva Franco’”.

Frente a ese escenario, el proyecto introduce un elemento difícil de relativizar: el testimonio directo. “Les desmonta muchos mitos y su pensamiento va evolucionando”, explica la profesora. La experiencia no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino abrir preguntas y fomentar una mirada crítica. “Que no se crean todo lo que ven en redes sociales”. Esa falta de un discurso único también se refleja en los materiales. En la exposición conviven cartas del frente con objetos cotidianos, documentos oficiales o símbolos vinculados a la dictadura. “Aquí no hay censura, todo se recibe”, asegura Montes. El objetivo no es construir un relato uniforme, sino mostrar la complejidad de una época a través de las experiencias individuales.

En ese sentido, el aula se transforma en algo más cercano a un archivo o a un museo. “El instituto se convierte en un museo vivo”, señala el director del centro, José Andrés Mateos. Para él, el proyecto representa un cambio de enfoque en la enseñanza de la historia: “Ya no hablamos de una materia basada en la memorización, sino de una disciplina viva”. La clave está en el papel del alumnado. “No estudian la historia, estudian su historia”, argumenta. Ese matiz, aparentemente pequeño, cambia la relación con el aprendizaje. El esfuerzo deja de estar vinculado únicamente a un examen y adquiere un sentido emocional, conectado con la propia identidad y el entorno.

El proyecto se enmarca dentro del programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”, pero su lógica va más allá de cualquier etiqueta administrativa. La innovación, en este caso, no pasa por la tecnología, sino por la capacidad de convertir el patrimonio cotidiano en una herramienta educativa. Cartas, fotografías, utensilios domésticos o documentos familiares permiten reconstruir cómo se vivía en la guerra, la posguerra o el franquismo desde una escala concreta: la de las familias de Santa Fe o Motril. Y, al mismo tiempo, facilitan una comparación directa con el presente.

Porque, mientras el tiempo avanza, la memoria se va estrechando. Las personas que vivieron aquellos años desaparecen y, con ellas, las historias que no se han contado. “Esas personas van muriendo y esas historias van muriendo con ellas”, advierte Montes. El proyecto no pretende resolver ese vacío, pero sí intervenir en él. Generar, al menos, un momento de escucha. “Si de 65 alumnos cala en uno o dos, yo me doy por satisfecha”, dice la profesora. Aunque, después de seis años, sospecha que el impacto es mayor. Lo suficiente, quizá, para que dentro de unas décadas alguien vuelva a abrir una caja, saque una carta o una fotografía, y encuentre en ella algo más que un objeto: una historia que alguien decidió no dejar perder.

La Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) ha denunciado el “incumplimiento” por parte de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de los acuerdos adoptados en el Consejo de la Memoria celebrado el pasado 15 de diciembre de 2025, mediante los cuales la administración se comprometía, a iniciativa propia, a agilizar los expedientes de declaración de Lugares y Senderos de Memoria Democrática pendientes desde que el PP llegó al gobierno.

En dicho Consejo, fue la propia consejera la que estableció el funcionamiento y la planificación, acordándose la convocatoria de la Comisión de Lugares y Senderos de la Memoria con una periodicidad mensual entre enero y junio de 2026, con el objetivo de aprobar un total de 68 expedientes pendientes, informa la FAMD. “Sin embargo, transcurridos ya cinco meses del año, dicha comisión únicamente se ha reunido una sola vez, en marzo de 2026, aprobándose tan solo 8 expedientes”, añaden en un comunicado.

“De nuevo, desde la FAMD tenemos que denunciar la clara falta de voluntad política de la Junta de Andalucía con las políticas públicas de Memoria Democrática y la falta de respeto a los miembros del Consejo de la Memoria, así como la total impunidad pese al incumplimiento sistemático de la ley. A todo esto se suma el incumplimiento de la obligación de convocar el Consejo de la Memoria. La normativa establece la celebración de cuatro reuniones al año, si bien en lo que llevamos de 2026 no se ha convocado ninguna sesión”, denuncia la FAMD.

Esta “paralización administrativa” afecta “directamente al reconocimiento institucional de espacios vinculados a la lucha por las libertades democráticas y a la dignificación de las víctimas del franquismo”. Por tanto, la FAMD exige a la Consejería “el cumplimiento inmediato de los acuerdos adoptados y la convocatoria urgente tanto de la Comisión de Lugares y Senderos como del propio Consejo de la Memoria, y el desbloqueo de los expedientes que siguen pendientes”.

Consultada por este periódico, la Consejería opta por “no hacer comentarios” a esta denuncia pública de la FAMD.

Un padre que pierde a su hija pequeña entre los escombros que deja un bombardeo sobre Bizkaia; un aviador de la zona controlada por los sublevados que se niega a repetir la hazaña que supuso Gernika; un falangista que, en el último instante, destruye el material de guerra con el que hasta ese momento sus camaradas pretenden tomar Madrid. Los ocho relatos inéditos escritos por Manuel Chaves Nogales que ahora salen a la luz en Guerra total. Episodios de la guerra civil española (Renacimiento, 2026) dejan entrever a un periodista afanado en la tarea de transmitir a la población francesa el horror que se cernía sobre Europa y que ya había comenzado con la participación de nazis alemanes y fascistas italianos en el país vecino.

Abelardo Linares, editor del volumen y responsable del 'descubrimiento' de Chaves Nogales tras décadas de ostracismo, asegura que estos episodios se pueden considerar la continuación del recuperado en los últimos años y ya archiconocido A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España con la característica de que todos ellos aparecieron rubricados por hasta nueve firmas diferentes. En este caso, los relatos se publicaron entre diciembre de 1937 y marzo de 1938. Vieron la luz en Madrid. Semanario español de París para toda Francia, un periódico en formato sábana de ocho páginas. Creado por Chaves Nogales y otros periodistas tras el final de República, un medio similar en el que el periodista sevillano también participó y que se imprimió en Niza entre junio y agosto de 1937, tuvo una tirada de 13 números.

Tras cuatro décadas de estudio sobre la obra y figura de Chaves Nogales, quien fallecería en Londres en 1944 a la temprana edad de 46 años, Linares apunta que el hallazgo de los textos ha sido pura casualidad. Los primeros que publicó Chaves Nogales en Madrid, El refugio y Hospital de sangre, vieron la luz en la revista argentina Bohemia entre octubre y noviembre de 1937, los únicos dos textos que no son inéditos. Un mes después, ya apareció Madrid en las calles francesas, por lo que la serie de cuentos la continuó en este medio.

En la nueva cabecera, en total, vieron la luz 11 relatos, entre los que se cuentan Bigornia y La gesta de los caballistas, ya incluidos en A sangre y fuego, pero desconocidos en el país galo. Completan la lista El refugio, El traidor, La última lección, Timidez, Tragedia en la sierra de Pancorvo, Carabinero, La tanguera y Lo de Badajoz…. La edición de Renacimiento también recoge Hospital de sangre, que no apareció en Madrid.

Preocupado por el uso partidista de sus relatos

La preocupación que acompañaba a Chaves Nogales sobre la participación nazi-fascista en la Guerra Civil española aparece por primera vez en uno de sus cuentos, en El traidor. En el relato, un aviador que lucha junto a los rebeldes en Vitoria no aprueba la participación de los alemanes en la contienda. Cuando recibe la orden de bombardear el pueblo de Plencia (Bizakia), y tras lo sucedido en Gernika, él ordena lanzar las bombas al mar. “Chaves Nogales sabía que la derecha francesa y la prensa comercial del país apoyaban mayoritariamente a los sublevados, y quería avisar de los peligros que eso entrañaba”, explica Linares en conversación con elDiario.es.

A diferencia que en A sangre y fuego, los textos que ahora ven la luz en Guerra total son meramente prorrepublicanos y situados en la retaguardia franquista, además de algo más breves. Según el editor, esto es así porque Chaves Nogales quiso evitar por todos los medios que sus escritos volvieran a utilizarse por el bando rebelde para denunciar las supuestas tropelías de los oficiales leales a la República, tal y como inmortalizó en un pasaje publicado en A sangre y fuego, dentro del relato ¡Masacre, masacre! que se replicó en más de 40 periódicos, sobre todo aquellos ligados a la Falange.

La lejanía con la que Chaves Nogales vivió la contienda a partir de enero de 1937, cuando finalmente pasó a Francia desde Barcelona tras haber dejado atrás la capital en noviembre de 1936, no es óbice para que el realismo y la narración fidedigna de los hechos sean una característica principal de los relatos.

En este sentido, Linares recalca la concreción que el periodista exhibe en relatos como La tanguera, ambientado en Sevilla. “Ahí hay detalles que, si no fuera sevillano, no podrían figurar”, defiende. Algo similar ocurre con Carabinero, ambientado en Barcelona, ciudad en la que vivió. Más allá de las localizaciones ya mencionadas, aparecen la Galicia rural con La última lección, la entonces Castilla la Vieja con Timidez y Tragedia en la sierra de Pancorvo, y Extremadura en Lo de Badajoz…

El enigma de las firmas

Linares asegura que Chaves Nogales tenía una capacidad de trabajo “tremenda”. De otra forma, no podría haberse echado a la espalda la composición de las páginas centrales de Madrid, en las que en cada número se publicaba un reportaje central o investigación sobre la situación europea del momento y la contienda en España y donde el periodista llegó a utilizar ocho seudónimos.

“He localizado algunas secciones con relatos más breves entre los que se cuentan algunos de Chaves Nogales, aunque sin su firma. La única forma de desentrañar la autoría es por el estilo empleado”, comenta el editor, quien exclama que “entre la publicación de A sangre y fuego y los textos de Guerra total no pasó ni un año. Su estructura, su final trágico, su tono, son similares”.

Este experto afirma rotundamente que los ocho textos inéditos que ahora se publican bajo el título de Guerra total son obra del periodista sevillano, tal y como desarrolla en un extenso y certero epílogo a la edición después de un arduo e intrincado análisis de los relatos, y eso que vieron la luz con ocho firmas diferentes, correspondientes a seis personas y dos seudónimos.

El relato El traidor apareció firmado por Eduardo Borrás, periodista y dramaturgo anarquista barcelonés; La última lección y La tanguera, por Enrique Albrit, seudónimo del mismo Borrás; Carabinero, por Rafael Delgado, cenetista, escritor y periodista refugiado en París; Timidez, por Lumo Reva, seudónimo de Delgado; y Un excelente verdugo, por Fernando de la Milla, autor jerezano afincado en París que ya había trabajado con Chaves Nogales.

Les siguen Tragedia en la sierra de Pancorvo, firmado por Antonio Ruiz Vilaplana, conocido por Chaves Nogales por su paso por el periódico Ahora, y Lo de Badajoz…, que apareció publicado con el nombre de Rafael D. Almagro, de quien Linares no ha encontrado huella alguna. El Refugio vio la luz, este sí, con la firma de Chaves Nogales.

Linares aclara que esto sucedió así porque “Chaves Nogales no quería que en cada número apareciera un relato suyo porque se devaluaría el semanario y, si fueran todo seudónimos que no existen, sería demasiado llamativo”. El especialista precisa que Chaves Nogales decidió firmarles los cuentos a compañeros periodistas que no se dedicaban a escribir ese tipo de relatos. “Son narradores extraordinarios a los que, obviamente, avisaba antes de estampar su firma”, completa el autor del epílogo.

Una IA reafirma la autoría de Chaves Nogales

A favor de esta tesis de Linares se ha posicionado hasta una inteligencia artificial que ha analizado cientos de escritos digitalizados que obran en poder del editor. Los resultados obtenidos indican que Linares está en lo cierto: los relatos aparecidos bajo otros nombres en Madrid también son obra de Chaves Nogales.

Más allá de lo policiaco y novelesco del asunto, esta primera edición de Guerra total prueba cómo este periodista que se define a sí mismo como prorrepublicano, antifascista, antirrevolucionario y anticomunista en el prólogo de A sangre y fuego intentó, a través de su pluma, alertar en Francia de los horrores que se avecinaban con el triunfo de la reacción en España.

Asimismo, el trabajo que ahora presenta la editorial Renacimiento, acompañado por los dibujos originales de Josep Bartolí, constituye un paso más en el conocimiento de este periodista y escritor. Quizá no sea el último. “Creo que tengo material inédito de Chaves Nogales para publicar más de 15 tomos”, concluye Linares.

Cuando las tropas franquistas entraron en Madrid en 1939, una de las órdenes del todopoderoso ministro de la Gobernación, el cuñadísimo Ramón Serrano Suñer, fue incautar el número 44 de la calle San Marcos de la capital. Allí se instalaría después el Círculo Cultural Medina, un punto de encuentro para las mujeres de la Sección Femenina de Falange, el partido único del régimen. Pero aquella orden escondía algo más que una de las habituales requisas de la dictadura: antes del golpe de Estado las paredes de aquel edificio habían albergado el Lyceum Club Femenino, un refugio intelectual sin precedentes que permitió a las mujeres ser mucho más que dóciles amas de casa y buenas esposas.

Escritoras, artistas, maestras, dramaturgas e intelectuales se dieron cita desde 1926 en la asociación, en la que llegaron a estar inscritas más de 500 socias. Entre ellas, hubo destacadas pioneras como María de Maeztu, las (años después) diputadas Clara Campoamor y Victoria Kent o las escritoras Elena Fortún, María Lejárraga o María Teresa León, una de las Sinsombrero, que llegó a decir que el Lyceum llegaba para “adelantar el reloj de España”. A través de la red de apoyo mutuo y la organización de eventos, conferencias, exposiciones y obras sociales, las socias pudieron instruirse, intercambiar ideas e impulsar sus carreras profesionales desde un espacio propio.

El Lyceum fue truncado por la sublevación militar contra la República y cayó en el olvido durante décadas. Cien años después de su fundación –que se cumple este 4 de noviembre– afloran los libros e iniciativas que recuerdan su legado, entre ellas la del Ministerio de Cultura, que ha impulsado una programación especial durante todo 2026. “El Lyceum tuvo una enorme importancia. Fue un espacio llevado solo por mujeres para su educación cultural, intelectual, social y política. El objetivo era luchar por su ciudadanía plena y el centenario nos descubre esa valentía y voluntad colectiva y muchos referentes individuales”, apunta la comisaria del centenario, Tània Balló.

El origen de la pionera organización estaba en la red de Lyceums creados en diferentes ciudades europeas, el primero en Londres en 1904. En España, ya venía gestándose desde principios de 1926 por varias de sus fundadoras, mujeres que coincidían en tertulias y asociaciones y también vinculadas a la experiencia pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Señoritas. Fue allí, de hecho, donde se realizaron las reuniones preparatorias, con María de Maeztu, Pilar Zubiaurre, María Martos, Isabel Oyarzábal o Zenobia Camprubí. María de Maeztu se convertiría en la primera presidenta del club y la abogada Victoria Kent, que impulsaría en la República un innovador proyecto para humanizar las prisiones, sería vicepresidenta.

El Lyceum “permitió a las mujeres desarrollarse de una manera radicalmente distinta a lo que se venía viendo a finales del siglo XIX”, con una idea de “mujer moderna que pudiera enunciarse a sí misma” gracias a los intercambios sociales, culturales y redes de colaboración que se dieron en el club, explica la historiadora del arte Mónica Monmeneu, que ha realizado su tesis doctoral sobre el tema. Esto permitió que muchas de ellas despuntaran y apuntalaran sus carreras profesionales. Fue el caso de la escritora Elena Fortún, que encontró en el Lyceum “un espacio de compañeras y referentes lesbianas que le ayudarán e impulsarán” para empezar a escribir los libros de Celia.

Las conferencias y diversos tipos de actividades fueron constantes durante la década de vida de la asociación, que tuvo su primera sede en el edificio de las Siete Chimeneas de la capital, actual ubicación del Ministerio de Cultura. En sus estatutos se definieron como aconfesionales y no adscritas a ninguna afiliación política. En el Lyceum había mujeres de izquierdas y de derechas, monárquicas y republicanas y de muy distintas creencias religiosas o sin ellas. También convivieron socias de diferentes generaciones que tenían un claro perfil de clase media y alta, eran profesionales y debían cumplir con una conducta moral alejada de “vidas amorosas poco convencionales” para ser aceptadas.

Fueron rasgos que se articularon sobre todo en la primera época del club, explica Rocío González Naranjo, autora de Marisabidillas, frívolas y peligrosas. El Lyceum Club Femenino de Madrid (Hoja de Lata). “Lo que buscaban era validar lo que estaban haciendo y en una sociedad machista como esa intentaron dar una buena imagen para ser aceptadas. Fue una estrategia que no les sirvió de mucho porque fueron igualmente muy atacadas”, sostiene la experta, que apunta además a que, en la práctica, en la asociación hubo un abanico mucho mayor de miembros, desde madres solteras a mujeres lesbianas o separadas “en un momento en el que no existía el divorcio”.

Las críticas llegaron desde todos los frentes. El título del libro de González Naranjo evidencia algunos de los insultos que recibieron las mujeres del Lyceum a través de la prensa. Desde la revista La Esfera se atacó la imagen de mujer “redicha y petulante” que leía a Kant o Hegel mientras “su marido empuja el carrito del bebé o limpia los cacharros de la cocina”. El ataque por transgredir los roles de género se sumó a otro habitual: el motivado por ser un espacio únicamente para mujeres y vetar a los hombres, que no podían ser socios.

La oposición más organizada fue la de la Iglesia Católica, que desplegó una campaña de desprestigio a partir de la creación en 1927 de la llamada Casa del Niño, una especie de guardería laica para hijos e hijas de mujeres trabajadoras que fue vista como una amenaza al monopolio religioso del cuidado infantil. Artículos en publicaciones católicas firmados por Lorvent, el canónigo de la Archicofradía Corazón de María, llegaron a acusar a las socias de “locas y descontentas” o “féminas excéntricas y desequilibradas” mientras que el cardenal primado Pedro Segura prohibió a las mujeres católicas asociarse. El punto álgido llegó con la publicación de la Circular de la Unión de Damas Españolas, un manifiesto que acusaba al Lyceum de destruir la sociedad y la familia.

Cada vez más posicionadas

Aunque los estatutos del club marcaban su carácter apolítico y las integrantes lo tenían muy presente, la realidad es que con el paso del tiempo, la asociación fue adquiriendo un cariz cada vez más político, sobre todo a partir de la proclamación de la Segunda República en 1931. Un año después, todas las mujeres que integraban la Junta eran republicanas. “Seguían conviviendo mujeres de todo tipo y, de hecho, al final de la Guerra Civil hubo algunas que apoyaron el régimen, pero el discurso político se va endureciendo y, cuando se proclama la República, es innegable que el núcleo más central de las socias se posiciona”, sostiene Balló.

El nuevo régimen trajo consigo una efervescencia de las asociaciones feministas y de izquierdas, se logró el voto femenino y comenzó una conquista de derechos que favoreció ese posicionamiento. Todo ello cristalizó también en el tipo de conferencias que acogía el Lyceum: si bien al principio fueron varios los hombres que acudieron a dar charlas, entre ellos Serrano Suñer –el mismo que luego les incautaría la sede–, a medida que avanzan los años 30, “ya no tienen tanto interés en validarse o dar una imagen concreta”, sino que empiezan cada vez más a dar ellas mismas conferencias, invitar a referentes internacionales y organizar actividades politizadas. “Hablaron del divorcio, de la abolición de la prostitución, de derechos laborales y políticos... cosas que antes no estaban presentes”, apunta González Naranjo.

Con sus contradicciones y disensos internos –que los hubo– el Lyceum se convirtió así en un espacio de referencia al que las investigadoras han ido rescatando del olvido franquista gracias a documentos dispersos en archivos, las memorias de sus integrantes y su legado material, custodiado por sus descendientes. Pero, todavía a día de hoy, se trata de una búsqueda viva. De hecho, la investigación vinculada al centenario ha logrado aumentar la lista de socias del Lyceum, que partía de un censo conocido de unas 402 hasta las 513. Ha sido gracias a la libreta descubierta en el archivo familiar de Pilar Zubiaurre y a las memorias del Comité del Libro para el Ciego, otro de los proyectos sociales del club. Por el camino, explica Ballò, también se ha encontrado un carnet de socia con el número 721, lo que hace pensar que pueden ser todavía más las mujeres afiliadas.

La última actividad oficial del Lyceum fue la entrega de premios del primer concurso de poesía del club, que ganaría un joven Gabriel Celaya. Faltaban solo unos días para que los sublevados dieran el golpe de Estado que hizo estallar la Guerra Civil y que paralizó la actividad cultural del Lyceum. Mónica Monmeneu asegura que “hay constancia” de que estuvo abierto durante la contienda y algunos documentos indican que en la biblioteca, que contaba con más de 3.000 ejemplares, había personas durmiendo. Se sabe, además, que la asociación organizó repartos de alimentos y ropa en el frente republicano. Después, el local pasaría a manos de las falangistas y muchas de las socias del Lyceum acabarían en el exilio.

La Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad (ASRD) buscará los restos del alcalde republicano de Pitillas (Navarra), Antonio Cabrero Santamaría y un maestro de Fitero (Navarra) e Igea (La Rioja), Valentín Llorente Benito, asesinados el 3 de septiembre de 1936 en los alrededores del pueblo de Fuentebella, hoy despoblado e integrado en San Pedro Manrique. Está previsto iniciar a partir del 1 de junio los trabajos prospectivos en la sierra de la Alcarrama durante una semana, según ha informado ASRD a través de un comunicado.

Antonio Cabrero nació en Ponzano (Huesca) y vivió durante años en Pitillas (Navarra), municipio del que fue alcalde pocos meses antes del inicio de la guerra civil. Por su parte, Valentín Llorente Benito nació en Valdemadera, vivía en Igea, aunque era el maestro a 15 kilómetros, en el municipio de Fitero. Ambos vivieron juntos en la sierra de la Alcarama hasta que fueron asesinados el 3 de septiembre de 1936.

En 2010 se erigió un monolito en homenaje a Antonio Cabrero y Valentín Llorente en la sierra de Alcarama como “un primer paso” para “visibilizar su historia y dignificar su recuerdo” en el entorno de la fosa común.

Investigación desde hace 20 años

La investigación familiar y de la asociación se remonta veinte años a lo largo de los que se han recopilado testimonios orales, documentación y trabajos de campo. Hace más de diez años ya se realizó la primera prospección, que fracasó, al igual que otros intentos, debido a fuerte pendiente, ausencia de pistas transitables y la imposibilidad de introducir maquinaria pesada.

En esta ocasión, la nueva intervención se realizará manualmente en el entorno del cruce de los barrancos Pertigoso (Valondo) y Fuentenosa, entre el antiguo núcleo de Fuentebella y Sarnago, donde los testimonios sitúan el lugar del asesinato y el enterramiento del alcalde y del maestro.

La prospección cuenta con el apoyo de las familias de Antonio Cabrero y Valentín Llorente, así como con la financiación de la Junta de Castilla y León, a través de los fondos que otorga el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que, junto a la imprescindible labor de integrantes voluntarios de Recuerdo y Dignidad, han hecho posible la puesta en marcha de esta nueva campaña de búsqueda. Además, la asociación memorialista agradece la colaboración a los vecinos de la zona, al Ayuntamiento de San Pedro Manrique, la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, así como a la Asociación Amigos de Sarnago. 

“Esta es la primera biografía de Miguel Hernández escrita por un historiador”, afirma Mario Amorós, en una clara declaración de intenciones, en el prólogo de Un poeta en la Historia, la biografía que sobre el poeta de Orihuela acaba de publicar en Akal.

La mirada –y el método– del historiador aporta rigor a la reconstrucción de la vida de Miguel Hernández, siempre apoyada en las fuentes que consulta y contrasta, y respaldada en el vaciado de nuevos archivos que aportan información inédita, y que contribuyen a ampliar el conocimiento sobre la vida del poeta, a confirmar hipótesis o desterrar mitos.

Si un suceso aparece en el texto es porque ha sido previamente contrastado; y si no aparece es porque no hay prueba documental que permita verificarlo, por verosímil que sea, o por asumido que esté entre biógrafos y lectores. No se llenan los huecos con imaginación ni conjeturas. En Un poeta en la Historia la literatura la pone únicamente Miguel Hernández, o se encuentra en el pulso narrativo de un texto que fluye para acompañar a un lector que se deja atrapar por su prosa amena y clara.

La mayor aportación de Mario Amorós al conocimiento de la vida de Miguel Hernández deriva de la consulta del Fondo Documental Germán Vergara Donoso del Archivo Nacional de Chile. La “conexión chilena” de Amorós, familiarizado con los archivos nacionales de Chile, de cuyos fondos se ha servido para componer anteriormente las biografías de Salvador Allende, Pablo Neruda, Víctor Jara o Pinochet, le permite ahora rescatar, o restablecer, la “conexión chilena” de Miguel Hernández, aunque el poeta oriolano nunca llegara a pisar suelo americano.

Amorós ha tenido acceso a las casi cuatro mil páginas de un fondo que incluye las once cartas que Miguel Hernández dirigió al diplomático chileno entre junio de 1939 y enero de 1942, así como otros escritos, como la correspondencia que Vergara Donoso mantuvo con Vicente Aleixandre o Rafael Sánchez Mazas, y que Amorós descubrió en 2015, cuando investigaba, precisamente, para la biografía de Pablo Neruda, El príncipe de los poetas, que publicó en 2015. “Estas cartas iluminan de manera definitiva varios aspectos sobre los que prevalecían las dudas y las especulaciones y faltaba la certeza del respaldo documental”, apunta Amorós en su biografía.

Germán Vergara Donoso, que se definía como hombre políticamente de derechas, pero con fondo social y nulas simpatías hacia el fascismo, apenas vio una sola vez a Miguel Hernández, pero sintió por el poeta una gran admiración y se forjó entre ellos un sólido vínculo humano, más allá de sus diferencias concretas, y una gran amistad epistolar. Las gestiones de “su querido tío”, como así se dirigía a él Hernández en sus cartas, fueron esenciales para lograr la conmutación de la pena de muerte que el consejo de guerra franquista le impuso al poeta el 18 de enero de 1940.

Mario Amorós recoge la carta que Dionisio Ridruejo dirige al ministro de Educación Nacional para alertar de las graves consecuencias que pesarían sobre la imagen del régimen la ejecución de Miguel Hernández

Vergara Donoso escribió al ministro sin cartera Rafael Sánchez Mazas para interesarse por la situación de Miguel Hernández que, sometido a un chantaje por parte del franquismo, sabía que no se podía permitir el lujo de fusilar al escritor y repetir un nuevo “caso Lorca”. Amorós recoge en Un poeta en la Historia la carta que Dionisio Ridruejo dirige a José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional, para alertar de las graves consecuencias que pesarían sobre la imagen del régimen la ejecución de Miguel Hernández: “El poeta –gran poeta– Miguel Hernández ha sido condenado a muerte por acusaciones graves. La ejecución de la sentencia, aun siendo justa, sería peligrosa para nosotros, porque podría ser la nueva versión del ”caso Lorca“, en orden a la propaganda. Aparte de eso y por puras razones de humanidad, siempre es bueno evitar la muerte de un hombre. Como esta tarde hay consejo, ¿quieres interceder por él ante el Caudillo? A Rafael [Sánchez Mazas] se lo he rogado igualmente. Sería una pena que por un descuido desapareciese un poeta importante y se diese un arma al enemigo”.

Parece que todo ello respondía a una retorcida estrategia por parte del régimen. La espada de Damocles de la pena de muerte pendiendo sobre la cabeza del poeta debía empujar a Miguel Hernández a pronunciar públicamente su arrepentimiento por haber participado en la defensa de la República y proclamar su adhesión al régimen. Sus amigos falangistas, como Dionisio Ridruejo o Ernesto Giménez Caballero, le visitaron en las cárceles de Torrijos y Ocaña para negociar la revisión de su condena e incluso para prometerle su libertad a cambio de retractarse.

Miguel Hernández, enarbolando la bandera de la dignidad, no se vendió, no se sometió a tan indigno chantaje. Finalmente, y de todos modos, la pena de muerte se conmutó por una condena a treinta años de cárcel que su muerte temprana no le dejaron cumplir

Miguel Hernández, enarbolando la bandera de la dignidad, no se vendió, no se sometió a tan indigno chantaje. Finalmente, y de todos modos, la pena de muerte se conmutó por una condena a treinta años de cárcel que su muerte temprana no le dejaron cumplir. Como decía Vázquez Montalbán, murió de tuberculosis y comunismo, es decir, por mantenerse firme en la defensa de sus ideas y por una enfermedad acrecentada por el “turismo carcelario” y las precarias e insalubres condiciones de las cárceles franquistas, donde los presos convivían hacinados y en compañía de las ratas.

Josefina Manresa, la mujer de Miguel Hernández, que siempre fue muy tibia a la hora de reconocer la militancia del poeta, que siempre prefirió describirlo en su dimensión más poética que política, y que incluso llegó a negar que Hernández hubiese llegado a tener el carnet del Partido Comunista (hecho hoy más que probado y fuera de toda duda), acaso para proteger su legado y para protegerse en un mundo desmemoriado y hostil, en la intimidad de las cartas dirigidas a Germán Vergara Donoso muestra su versión más descarnada, como prueba la escrita en abril de 1942, y que aporta Amorós del fondo chileno: “(…) Lo que hicieron con él fue asesinarlo. Le dieron una muerte lenta y dolorosa, sistema muy peculiar en esta gente sin entrañas e inhumana porque hubo mil medios para poder haber evitado su muerte, pero como les estorbaba y lo que querían eran quitarlo del medio, pues desde el principio fue mal atendido”.

La vida de Miguel Hernández ha sido ya contada por otros biógrafos. Antes de la de Mario Amorós, y todavía en 1975, Manuel Muñoz Hidalgo publicó Cómo fue Miguel Hernández. Un joven Rafael Chirbes, en la revista Ozono, y como muy bien recoge Álvaro Díaz Ventas en la antología de artículos de Chirbes, titulada Asen­tir y desestabilizar. Crónica contracultural de la transición, acusaba esta biografía de desactivar políticamente a Hernández, mostrándolo como un muchacho ingenuo y sin ideología que se dejó llevar por su debilidad y por las circunstancias sin nunca terminar de comprender lo que estaba en juego.

Luego vino la biografía de José Luis Ferris, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, en 2002 (corregida y aumentada en 2022), una auténtica obra de referencia entre los estudios hernandianos, que no solo supo recorrer paso a paso la vida pública del poeta, y conectarla con su poesía, sino también acceder a parcelas desconocidas de su vida privada, incluso íntima.

Rafael Chirbes acusaba a la primera biografía de Miguel Hernández, publicada en 1975, de desactivar políticamente al poeta, mostrándolo como un muchacho ingenuo y sin ideología que se dejó llevar por su debilidad y por las circunstancias sin nunca terminar de comprender lo que estaba en juego

En 2010, Eutimio Martín, en plena celebración del centenario del nacimiento del poeta, publicó El oficio del poeta, un libro asimismo imprescindible en la que se ofrece una imagen de Miguel Hernández muy atento a la norma literaria que regía en cada momento para, en función de esta, construir su propia poética y aprender a moverse y a posicionarse en el campo literario para ocupar un lugar privilegiado en el mismo. Cabe destacar también los primeros acercamientos de María de Gracia Ifach o Concha Zardoya, además de los trabajos de Agustín Sánchez Vidal, Dario Puccini o, más recientemente, Andrés Sorel, cuyas aportaciones al conocimiento de la vida del poeta fueron sin duda relevantes e imprescindibles.

Con Un poeta en la Historia: vida de Miguel Hernández se amplían y se completan algunos episodios de su biografía de gran importancia para entender su compromiso político. Pero lo más importante es que, a diferencia de las biografías anteriores, Mario Amorós, como historiador, inscribe al poeta, efectivamente y como el título anuncia, en la Historia; no en el contexto histórico, sino –y vale la pena insistir– en la Historia.

Porque no se trata de mostrar un contexto histórico como un escenario en el que el biografiado se mueve y actúa con relativa autonomía, sino el modo en que la historia –política y social– atraviesa, determina y constituye a un sujeto que habita las contradicciones de una coyuntura histórica específica y las despliega en su producción poética. Además de mostrarnos un ser humano con sus complejidades, con sus dudas y sus miedos, y también con sus certezas y compromisos, Amorós y Un poeta en la Historia nos muestra un sujeto histórico que, como no puede ser de otro modo, vive históricamente el tiempo que le tocó vivir y escribir.

Finales de julio de 1938, en un lugar indeterminado entre Gandesa y Corbera, Terres de l’Ebre. La 16ª división del Ejército Popular de la República, comandada por Manuel Mora Torres, se dirige hacia la batalla más decisiva de la Guerra Civil española. Exhausto, Juan López, anarquista de Jimena de la Frontera, un pueblo corchero de la sierra de Cádiz, se acerca a un pozo para llenar la cantimplora. Allí escucha el sollozo de un prisionero, que al sentirse observado arroja algo al matorral. López lo recoge: es un escapulario cuyas letras bordadas dicen “detente, bala”, por un lado, y “Señor, protégelo”, por el otro. El prisionero tiembla, cree que va a morir, y cuenta al anarquista que su abuela se lo colgó al cuello mientras le decía que le rezara cuando se viera en apuros.

Pero Antonio Rebollo, soldado cartameño enrolado a la fuerza en el ejército franquista, no murió aquel día. “Si alguna vez vuelves a ver a tu abuelita le dices que fue un andaluz de Jimena, no creyente, quien te ha protegido hoy en este lugar; puedes ponerte las medallas que quieras, ya que somos libres de colocarnos lo que se nos antoje”, le dice el anarquista mientras le devuelve el colgante. “Le di mi nombre y le insistí para que se lo contara a su abuela. Luego me alejé de él deseándole suerte”, escribiría en un cuaderno de cuartilla décadas después.

Tras sobrevivir a la Batalla del Ebro, Antonio regresó a Cártama con la pierna llena de metralla y nunca volvió a saber del anarquista, que acabó la guerra exiliándose en Francia. Nunca volvieron a verse.

El pasado martes, casi 88 años después de aquello, Helios López, hijo del anarquista y soldado republicano Juan López, se encontró en la biblioteca de Cártama con los sobrinos de Antonio Rebollo Benítez, soldado reclutado a la fuerza por el bando franquista. Y los únicos familiares de Rebollo, emocionados por la ocasión, le contaron a Helios que aquello que Juan escribió en sus memorias también se lo contó a ellos su tío, palabra por palabra. “Mi abuela y mi madre me lo contaron muchas veces, y también él en alguna ocasión, siempre agradecido a aquel republicano”, cuenta María Sánchez Rebollo a elDiario.es.

El reencuentro de los familiares de los protagonistas de esta historia fue el momento culminante de la presentación en Cártama (Málaga) de Juan López: El republicano que intentó cambiar la historia de España y la huella de la niña Libertad, escrito por Juan Ignacio Trillo y editado por la Diputación de Cádiz, donde se recoge y documenta la vida del anarquista que devolvió aquel escapulario. “Tenemos la fortuna no sólo de que haya descendientes, sino de que hubo transmisión oral de que eso ocurrió. No pasa en muchas familias, donde de esa época no se habla”, explica el autor.

De la juía a los campos de trabajo nazis

No es la única historia fascinante que recogen las memorias del anarquista gaditano. En aquellos cuadernos escritos con letra límpida por su padre, Helios descubrió todo: el fusilamiento de su tío (republicano, sindicalista y masón, como el resto de la familia); la juía de su padre junto con 4.000 jimenatos, más de medio pueblo, cuando los regulares tomaron Jimena a finales de septiembre del 36; el alistamiento como miliciano; la caída de Málaga y la Desbandá de cientos de miles hacia Almería. También, su participación en las decisivas batallas del Jarama, Teruel y Ebro. Finalmente, la retirada por La Junquera el 9 de febrero de 1939 junto a más de medio millón de españoles. “Me despedí de mi querida España besando su suelo, sin saber cuándo regresaría”, anota López.

En la frontera francesa le requisaron la estilográfica que se compró con su primera paga militar y luego lo confinaron al raso con otros 100.000 refugiados, tratados como apestados. Primero en la playa de Argelès-sur-Mer; cuando no cupieron más, en Saint-Cyprien. “Desde fuera del campo tomaban fotos y luego las publicaban en sus periódicos conservadores con grandes titulares que informaban que ”los rojos“ españoles se peleaban entre ellos mismos”, se duele en las memorias. “Aprovechando el hambre existente, estos desaprensivos lanzaban panecillos a las alambradas”. Pasó tres meses allí.

Tras reunirse con su hermano, Juan López ingresó en una de las compañías de trabajadores extranjeros con las que Francia se nutrió de refugiados para los trabajos en la retaguardia. Pasó por un taller de ensamblaje de aviones, descargó obuses y picó piedra, hasta que, como otros republicanos españoles, fue entregado a los alemanes por el régimen de Vichy. De la noche a la mañana pasó a trabajar a la fuerza para una empresa alemana, Estewing, en el Lager Franco de Hennebont, en el departamento de Morbihan.

El atentado contra Franco

Tras la liberación de Europa, López se exilió en el sur de Francia y mantuvo su militancia en CNT, que aún habría de meterlo de cabeza en otra aventura. Helios recuerda que su madre contaba que una vez encontró una maleta repleta de granadas y pistolas en el altillo de un armario. También, que una noche encontró a su padre y a otro español ante un gran agujero en el jardín, y que después vino un camión y cargó. “Cuando ella contaba todo esto mi padre sonreía, pero no decía una palabra”.

Juan nunca relató este episodio en sus memorias, pero Helios se lo contó a Trillo, que indagó y ató cabos: encontró algunas publicaciones periodísticas y Historia de un atentado aéreo contra el General Franco, un libro donde Antonio Téllez Solá relata el intento frustrado (otro más) de acabar con la vida del dictador bombardeándolo desde el aire mientras disfrutaba de las vistas de una regata en San Sebastián en 1947.

La avioneta Norécrin, cargada de explosivos y tripulada por Primitivo Gómez Pérez, José Pérez Ibáñez y Antonio Ortiz Valencia, despegó de un pequeño aeródromo de Dax, a 50 kilómetros de Mont de Marsan, pero regresó horas después habiendo fracasado en su misión tras ser detectada por cazas españoles. Acabaron arrojando las bombas sobre el Atlántico frente a las costas de Biarritz.

A partir de esas pistas, Trillo concluye que el agujero en el jardín de la casa de Mont de Marsan ocultó las bombas con las que los conspiradores anarquistas liderados por Laureano Cerrada trataron de eliminar a Franco, y que López era El Pelao, el anarquista andaluz que proveyó del arsenal. Lo había escamoteado tras la huida de los nazis del campo en el que trabajaba.

Helios tiene el recorte de un periódico local donde se da cuenta de una explosión misteriosa en aquella jornada, y relata que a su padre empezaron a llamarlo El Pelao, en francés, cuando lo raparon a la fuerza en el campo de Le Barcarès. El relato que ahora hace Trillo a partir de los documentos que ha encontrado le ha descubierto situaciones en la vida de su padre que desconocía y que han sido una sorpresa. “Con esa historia que me contaba mi madre de las bomba escondidas en el jardín, me he dado cuenta que había toda una organización detrás de eso y de que mi padre tenía una parte seguramente más importante de lo que yo creía. Me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no conocía ni yo”. 

“Quería transmitir algo contra el fascismo”

Durante mucho tiempo, Helios no quiso saber demasiado de todo esto. Terminada la Guerra Mundial, su padre se casó con Yvette y a él lo que hubiera pasado años atrás en España no le interesaba mucho. Algo empezó a cambiar en 1971, cuando su padre regresó por primera vez a Jimena. Allí sacaba un cuaderno y se ponía a escribir. “Me sorprendía mucho, porque para mí era un obrero, un carpintero que trabajaba duro con sus manos, y nunca lo había visto escribiendo. Solo escribía cuando venía aquí”. ¿Qué demonios apuntaba con tanto afán? Pronto lo supo: poemas y, también, el relato de su vida.

Cuando murió, su hijo Helios y su nieto Romaric pusieron orden, los transcribieron y entregaron una veintena de copias a sus familiares, algunos en Francia y otros en Jimena. Una de esas copias fue a parar a manos de Ignacio Trillo, intenso rastreador de las pequeñas historias que conforman la Historia, quien se puso a la tarea de localizar a aquel Antonio Rebollo, el soldado del escapulario. Lo encontró con la ayuda de Fernando Bravo, el cronista de Cártama. “Este es el hombre del que hablaba tu padre”, le dijo cuando le mostró la foto del cartameño del escapulario.

Aquellos cuadernos, que ahora Helios está paseando de nuevo por España, contenían el recuerdo de una vida marcada por la guerra. Fue Trillo quien le convenció haciéndole ver que la Historia se compone de pequeñas grandes historias. Ahí pudo comprender cómo la peripecia de su padre encapsulaba los años convulsos de España y de Europa: los movimientos obreros, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, el Franquismo, el exilio. “También comprendí que él era un auténtico republicano, y que la libertad y la democracia eran algo muy importante para él que no podía acabar en 1939 ni en 1944, sino que tenía que seguir hablando de ello”.

“Su historia y la de tantos otros que también combatieron me permite comprender el mundo”, dice hoy: “Cuando vemos lo que está sucediendo ahora en Ucrania, en Gaza, los resultados de las elecciones aquí el domingo o cómo en Francia probablemente tengamos un Presidente de la República de extrema derecha, pienso que lo que mi padre quería transmitir algo importante contra el fascismo y las dictaduras”, zanja, con la certeza de que su padre estaría orgulloso de que su hijo nacido en el exilio sea hoy un español difundiendo en su país la trágica Historia que le tocó vivir.

“España tiene muchas historias de amor enterradas en los campos”. La frase, tan triste como hermosa, se escucha casi al final de La bola negra, en uno de los momentos más emocionantes de la esperadísima película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, una carta de amor a Federico García Lorca, a la importancia de la memoria histórica y un homenaje a todos los amores disidentes a los que el franquismo no permitió existir. “Habría que arañar la tierra” para que salgan a la luz, se oye en la película, y eso entronca directamente con lo que decía Leonard Cohen, que no entendía cómo los españoles no escarbábamos con nuestras propias manos para encontrar los huesos del poeta, que a día de hoy siguen sin desenterrarse en una de las heridas más grandes de la historia de nuestro país.

La bola negra es una película ambiciosa hasta el límite, algo sorprendente para ser una segunda película. Pero hay en ella, y eso es lo importante, mucho corazón. Se nota que Javier Calvo y Javier Ambrossi han cogido de alguna forma el legado de ese Lorca que, con su obra inacabada, de nombre La bola negra, colocaba por primera vez un personaje homosexual para que los que vinieran después de él pudieran entender que no estaban solos. La filmografía de los Javis está atravesada por ese mismo espíritu. Desde La llamada a La mesías, pasando por supuesto por Veneno, les han dicho a la gente queer que su cine es un refugio. Que siempre estará el arte para entenderles. Como hacía Lorca.

La bola negra es la cima de todo aquello. Una película que honra a todas las personas a las que no se les dejó ser quienes querían ser y un abrazo para aquellos que todavía sienten que no pueden amar libremente. Si alguien ha hecho de la diversidad su bandera y ha apostado por una ficción que rompe cualquier barrera de género y tire los estereotipos ha sido esta pareja de directores.

Su película llegaba al Festival de Cannes, donde compite por la Palma de Oro, envuelta en un secretismo absoluto. Sin pase previo para la prensa española y francesa, había una emoción por descubrir qué habían pergeñado dos directores que, aunque en España ya sean dos nombres consagrados, fuera todavía no habían despegado. El propio Fremaux reconocía ante la prensa que no había visto La mesías, pero que, sin embargo, se había quedado prendado de La bola negra. Su proyección ha sacudido un certamen que necesita savia nueva y nombres que sorprendan para que esto no sea una reunión de autores consagrados que miden sus nuevas propuestas.

Calvo y Ambrossi han sacado las lágrimas de la prensa especializada con una película en tres tiempos. El primero, con el que abre el filme, se ambienta en 1937 y recoge el texto del dramaturgo Alberto Conejero La piedra oscura para contar la historia de Sebastián, joven soldado del bando franquista, y Rafael Rodriguez Rapún, carcelero y pareja de Lorca. Conejero la llevó al teatro en una obra que se convirtió en fenómeno en las tablas de toda España y que ellos amplían y expanden en el tiempo.

El filme abre con el bombardeo a un pueblo del bando nacional mientras una banda de pueblo toca pensando que los aviones son fascistas italianos en su apoyo. Entre ellos, un chaval (Guitarricadelafuente) escapa de las bombas. Es una escena que deja claro el tamaño y la épica de la película. Abren con todo, con un despliegue visual que culmina con el protagonista ascendiendo por una gran estatua asaetada. Ese símbolo, el de un hombre atravesado por una herida, lo recuperarán después cuando el deseo de Sebastián por Rapún (un Miguel Bernardeau que se confirma gran actor) se vaya solidificando.

La segunda historia ocurre en 1932, y aquí viene uno de los elementos más hermosos y arriesgados de la película. Los Javis cogen las cuatro páginas de La bola negra real y la continúan. Imaginan cómo podría haber continuado Lorca aquellas páginas. ¿Qué pasaría si esa obra siguiera escondida, si pudiéramos leerla? Hay que ser valiente para arriesgarse a semejante acto, pero ellos lo hacen y consiguen la mejor de sus tres historias. Una que comienza con un homenaje a Fassbinder y que tiene como centro a un Milo Quifes que se descubre como la sorpresa del reparto. Un rostro misterioso y magnético que tiene una de las escenas más emocionantes del filme, una secuencia de flamenco con baile moderno donde la acción se para y la magia ocurre. Su relación con Hugo Wezel (uno de los mejores actores jóvenes actuales) es hermosa y delicada.

La tercera historia nos lleva a 2017, al presente, donde un joven —estupendo Carlos González— que fue dramaturgo recibe una herencia que debe ir a recoger a Cantabria aunque su madre (arrolladora Lola Dueñas) no quiere que vaya. Esta historia es la que acaba siendo el vehículo para unirlas a todas. Lorca es ese elemento común que hará que la película se descubra como una matrioska donde una historia contiene a la anterior y así sucesivamente.

Calvo y Ambrossi han tejido un filme tan complejo y arriesgado en su estructura y en su tono —que se mantiene casi en clímax constante— que es imposible que a veces no sea irregular. Hay ciertos baches de ritmo en su parte central; a veces las historias no se trenzan con la fluidez que debería; alguna escena parece más una idea genial que parte de la trama, y la música de Raül Refree a veces resuena demasiado alto y subraya. Y sin embargo, esas cosas hacen de La bola negra una película hasta más interesante, porque demuestran una pasión arrebatada en sus creadores que les hace ir con todo, sin miedo a caerse y después levantarse.

Porque siempre hay algo que te recoge y te vuelve a llevar. Lo hace la aparición de una Penélope Cruz que roba sus escenas como cupletista que anima a las tropas como si fuera una Marta Sánchez de la Guerra Civil y que dice una de las grandes frases de la película (“El travestismo es la fantasía de la posibilidad, la guerra es todo lo contrario”), o las fugas cuasi musicales, como el baile de los soldados en la playa bajo unos fuegos artificiales.

También la aparición estelar de una Glenn Close que parece que lleve hablando español toda su vida. Su trampantojo de Ian Gibson desvela una de las escenas más emotivas de la película y donde se explicitan varios de los temas fundamentales de la película, que deriva en una media hora final que es pura emoción. La decisión de traer a Lorca (un perfecto Alberto Cortés) en una coda final es otro salto mortal que podía haber acabado en fracaso y que, sin embargo, logran que el clímax final sea de un tsunami emocional.

Es bonito ver que, además, aunque sea una película tremendamente marcada por el drama, los Javis sigan manteniendo eso que les enseñó su maestro, Pedro Almodóvar (hacia el que hay un guiño): la necesidad del humor. Hay líneas de diálogo, interacciones y referencias (“El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos”) que les llevan a sus inicios, que demuestra que siguen teniendo el oído en la calle. Ahí destaca una Yenesi que funciona como estupendo alivio cómico.

La bola negra convierte su imperfección en emoción. Su ambición, pasión y exceso hay que recibirlos con los brazos abiertos, porque demuestra que las historias queer pueden ser grandes, épicas y lanzarse a la piscina sin miedo. Lorca estaría orgulloso de ellos.

El artista e intelectual André Malraux dejó su vida en Francia y acudió a España para combatir en el bando republicano durante la Guerra Civil. Malraux decidió que lo que estaba viviendo tenía que ser contado y visto. Escribió una novela, L’espoir, y en 1938, bajo las bombas del bando nacional, acometió una misión casi imposible: rodar Sierra de Teruel, una película cuyo objetivo era movilizar a los países europeos para luchar contra el fascismo. Malraux sabía que en España se jugaba el futuro de Europa, y creía que un filme con un fuerte contenido antifascista, que mostrara la lucha colectiva del pueblo y de la clase obrera contra una amenaza dictatorial, podía hacer que la balanza se decantara por la intervención en la Guerra.

La película, que contaba con guion de Max Aub, no pudo terminar su rodaje, y cuando llegó el momento de mostrarla, Europa decidió mirar para otro lado. Francia no quiso molestar a Franco y decidió no exhibirla. Los alemanes, bajo el yugo del nazismo, ordenaron quemar las copias para que Sierra de Teruel desapareciera. Para que no quedara rastro del testimonio de la lucha contra el fascismo. 

Pero Malraux logró mandar una copia a la biblioteca del Congreso de EEUU. Esta copia “la original, sin cortes ni añadidos”, como la define Antoni Cisteró, escritor, investigador y el mayor experto en Sierra de Teruel, se restauró en España en los 90, y ahora lo ha hecho en Francia. Sierra de Teruel recupera su esplendor, y lo hace en el mejor momento posible, ya que el auge de la extrema derecha hace su mensaje más pertinente que nunca. Quizás por ello el Festival de Cannes ha decidido proyectar esta versión que en Francia seguía inédita. 

Céline Malraux, sobrina nieta de André Malraux, actúa como portavoz de la familia del artista, que se muestra emocionada por poder volver a ver Sierra de Teruel. Para ella, “la película es un documento histórico sobre el cine y sobre la historia de la Guerra Civil Española y sobre lo que significó para la política, la libertad y la democracia”. Por eso cree que el filme no ha “envejecido en absoluto” y cree que este hecho, que se une al 50 aniversario de la muerte de André Malraux es una “oportunidad para hablar de esta película y del compromiso de André Malraux con la libertad”.

A Céline Malraux le sorprende que Sierra de Teruel sea tan desconocida en España, y cree que eso muestra que hay “mucho que mejorar en Europa para intentar comunicar una historia común”. “¿Cómo es posible que no estemos de acuerdo con la historia de España?”, se pregunta y cuenta su shock cuando vio que “el franquismo resurge en España”. “Acaba de ser el 50 aniversario de la muerte de Franco, y me ha sorprendido ver gente que celebraba la dictadura. Lo estamos viendo en toda Europa con el auge de muchos nacionalismos, y por eso la película es tan conmovedora, porque nos muestra qué es la resistencia, qué es el verdadero coraje. Nos muestra que la democracia y la libertad no están garantizadas y hay que luchar por ellas, para mantenerlas”, subraya y espera que se vea en España para “aprender un poco sobre lo que dice la película”.

Una película prohibida

Antoni Cisteró lleva años investigando y escribiendo sobre Sierra de Teruel. Incluso ha escrito Campo de esperanza, una novela sobre los entresijos de aquel rodaje durante la Guerra Civil. Para él esta “restauración es una noticia positiva, porque la calidad de las copias existentes en Francia, en VHS y DVD, eran bastante deficientes en el aspecto técnico pero también en el formal”. “Terminada la guerra mundial, una productora se atribuyó el derecho de cortar unos planos, en especial de la mítica secuencia final, así como de añadir un parlamento de un héroe de la Resistencia que, si bien puede aceptarse como llamada a no volver a claudicar ante el fascismo, desvirtuaba, a mi entender, el conjunto”, explica y pone en valor la nueva versión y la que hizo “de forma excelente Ferran Alberich en los años noventa para la Filmoteca Española”.

La película nos muestra que la democracia y la libertad no están garantizadas y hay que luchar por ellas, para mantenerlas

Aquel rodaje bajó las bombas y que no pudiera terminarse “marcó decisivamente” la película. “Rodaron en Barcelona y Tarragona, donde había bombardeos prácticamente a diario, lo que impedía también el revelado local al cortarse la corriente eléctrica. Los negativos se mandaban a Francia para ser positivados, lo que implicaba, con la frontera prácticamente cerrada, que Malraux no veía el resultado del rodaje hasta tres o cuatro semanas después. Además, carecían de película virgen, de focos, baterías… hasta de maquillaje”, recuerda Cisteró. 

Para él, lo que hace más interesante al filme desde el punto de vista histórico es “que ponga de relieve una trayectoria como la de Malraux, y a Max Aub”. “Ellos predicaron con el ejemplo de un intelectual actuando en la medida de sus posibilidades, y no limitándose a especular sobre lo complicado de la situación. Malraux arriesgó su vida. De hecho, en una ocasión los dos rodaban desde un avión desarmado el cielo de Cervera cuando fueron atacados por cazas alemanes y se salvaron de milagro. Este es el mensaje que perdura en el tiempo, la trascendencia útil que se espera del esfuerzo de un intelectual”, añade. 

Además de la propia historia del rodaje, está la de cómo se salvaron las copias del negativo original de una película que estuvo a punto de desaparecer. Antoni Cisteró dice que esa historia es “apasionante”, y antes de contarla avanza que, además, en septiembre de 1939, el Gobierno francés prohibió su exhibición para no molestar a Franco y luego los alemanes ordenaron la destrucción de todas las copias. “Que la podamos ver hoy en día es casi un milagro”, apunta.

Cisteró ha investigado el viaje de las copias, y cuenta que “se salvaron dos, aunque técnicamente distintas”. “Una era una lavanda, o sea un positivo creado a partir del negativo original que había desaparecido. Las lavandas sirven para generar un contratipo negativo del que sacar positivos para exhibición. Quizá esto explique la deficiente calidad de las copias comerciales existentes en Francia hasta ahora. Parece ser que se salvó al estar escondida en las latas de otra película, Drôle de drame, del mismo productor que Sierra de Teruel: Corniglion-Molinier”, cuenta.

Por otra parte, el propio Malraux tenía una copia, “o bien la escondieron sus amigos, como Henri Langlois o el matrimonio Tual, que quiso mandar a México a través de Max Aub”. “Pero este fue detenido, siendo internado en diversos campos de concentración, haciendo imposible el envío. Posteriormente, ya en 1941, el francés contactó con Varian Fry, un americano que estaba en Marsella para intentar salvar a intelectuales de la persecución nazi, para que, a través del consulado estadounidense, salvara dicha copia. Después de casi dos años de inconvenientes, incluida la expulsión de Francia del propio Varian Fry, una copia llegó como regalo de Malraux a la biblioteca del Congreso de los EEUU. Esta copia es la original, sin cortes ni añadidos, que se restauró en España en los 90, y ahora en Francia”.

Sierra de Teruel no se vio en España hasta 1977, con Franco muerto, y nunca tuvo la repercusión que merecía. Por eso, “quizás con el huevo de la serpiente de nuevo rodando, sea el momento de verla”. “Aunque sin tener en cuenta la situación en los años 30, quizá requiera de un esfuerzo que no todo el mundo puede estar dispuesto a hacer”, opina Antoni Cistero, que por ese motivo ha lanzado una web, Visorhistoria, donde explica el contexto político e histórico alrededor de la creación de Sierra de Teruel.

Porque para él esta película no daba “una receta para combatir el fascismo”, sino que “deja claros los mensajes a transmitir, el heroísmo de los luchadores, la solidaridad con el pueblo al que defienden y la injusta escasez de medios, que solo la solidaridad internacional podía revertir”.

Ian Gibson (Dublín, 1939) lleva toda la vida estudiando a Federico García Lorca. El hispanista tenía 18 años cuando sintió la primera conexión con el universo lorquiano en una librería de ocasión de su ciudad natal. Nunca lo abandonó. Llegó a Granada en 1965 con la intención de hacer una tesis sobre la literatura del poeta español más universal, pero acabó investigando su asesinato y el posible paradero de sus restos, que se cree que fueron arrojados a algún lugar de Alfacar (Granada), tras ser fusilado por los franquistas. El crimen se cometió el 18 de agosto de 1936, solo un mes después de que un grupo de militares encabezados por Franco se sublevaran contra la República.

La obra de Lorca es admirada en todo el mundo y ha sido traducida a decenas de idiomas, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado a pesar de las búsquedas oficiales que se han llevado a cabo desde 2009. Al enigma vuelve otra vez el hispanista en No me encontraron. La fosa de Lorca: crónica de un olvido, que publica la editorial Aguilar este 21 de mayo y en el que repasa los “errores, ineficacias y silencios” que han rodeado a los intentos de encontrar los restos, algo a lo que desde el principio se ha opuesto la familia del poeta. “Tenemos que saber dónde están él y el resto de los miles de represaliados desaparecidos porque Lorca los representa a todos”, apunta Gibson.

90 años después de su asesinato hay una pregunta que sigue haciéndose mucha gente: ¿cómo es posible que los restos de Lorca no hayan aparecido aún?

Es una vergüenza que casi un siglo después no se hayan localizado, pero no es solo Lorca. Hablamos de un país que tiene miles de víctimas de la dictadura franquista todavía en cunetas. Aquí todavía la derecha habla de que se reabren heridas, pero en realidad es que no se han cerrado y este país solo se reconciliará cuando tengamos todos los cuerpos decentemente enterrados. Cuando vas a una exhumación te das cuenta de que no hay deseo de venganza, sino de encontrar al abuelo. Lorca es el poeta y dramaturgo español más conocido a nivel mundial, traducido a más de 40 idiomas: representa a esa España que todavía hay que buscar.

¿Qué supondría encontrar sus huesos?

Sería un alivio y algo acorde con su obra, que emana amor hacia el prójimo. Tenemos que saber dónde están él y el resto porque para mí Lorca los representa a todos. No para ponerle un monumento excesivo ni nada parecido, pero los huesos pueden revelar información, por ejemplo, si sufrió tortura. Es nuestra obligación ética e histórica encontrarlo.

Se han hecho varios intentos de búsqueda en Alfacar, el primero en 2009, en el lugar que le señaló a usted y a otras personas Manuel Castilla, el hombre que dijo haberle enterrado, sin embargo, solo se halló una roca. ¿Por qué cree que las prospecciones no han tenido éxito?

Esa es la pregunta. Las búsquedas no se han hecho bien, no han sido rigurosas ni se ha investigado suficientemente. En 2008 supimos que cuando se construyó el parque Federico García Lorca en Alfacar en 1986, la Diputación de Granada halló huesos que fueron enterrados de nuevo en otra parte del parque. Sin embargo, comunicar este hallazgo al juez podía hacer que se paralizara la obra y ya había una fecha elegida para la inauguración.

¿Su principal teoría es que estos podrían ser los restos del poeta?

Bueno, es una posibilidad, una hipótesis, algo que no se puede asegurar, pero que al menos sí debe investigarse a fondo. Según algunos testimonios, llegaron a aparecer trozos de madera que podrían ser de la muleta de Dióscoro Galindo, el maestro republicano que fue fusilado junto a Lorca y dos anarquistas. Ahora esto puede sonar como algo inventado, pero tal vez no... No lo sabemos. Lo que parece probable, según varios testimonios, es que los restos debieron trasladarse a donde hoy está la fuente monumental del parque, pero esta posibilidad no se ha explorado con rigurosidad.

Con lo que ya se sabe, ¿cuáles creen que deben ser los próximos pasos?

Sin lugar a dudas, hay que volver a Alfacar. Buscar en la fuente y en toda la zona porque también hay otros puntos en los que podría estar. Un país civilizado no puede permitirse esto en 2026. Se ha buscado mucho, lo sé, pero habría que poner todos los recursos en intentar encontrar a Lorca y a todas las personas que quedan. No fueron criminales, eran inocentes que luchaban por la República.

La familia de Lorca siempre se ha opuesto a buscar sus restos. En un inicio, uno de sus sobrinos hablaba de “profanación” y temía que se convirtiera en un “circo mediático”. Más actualmente, apuntan a que el poeta no debe distinguirse de los demás. Esto abre un debate sobre hasta qué punto la familia debe decidir o condicionar el proceso de búsqueda. ¿Entiende la posición?

La actitud de la familia no ha ayudado nada. Lorca pertenece a todos los que le aman y no es solo de sus progenitores ni de sus hermanos ni sus familiares, pertenece al mundo. Es mi opinión. Ellos lo ven de otra manera. Han llegado a decir que no se necesitan los huesos, que no nos van a enseñar nada, pero eso no es verdad. Parece que uno de sus asesinos fue diciendo por toda Granada que le había dado dos tiros en el culo por maricón. ¿No interesa saber cómo mataron al poeta español más grande de todos los tiempos? A mí sí.

¿Cree que la posición de la familia ha influido de alguna manera en que no se lleguen a encontrar los restos?

Sí, en parte porque nadie quería molestar a la familia. Y eso ha propiciado silencio y opacidad. En la primera búsqueda, la de 2009, debido a la resistencia de la familia lo que se dijo es que no se buscaba a Lorca, sino al resto. Empezar así cuando obviamente lo que se hacía principalmente era intentar encontrarle a él es empezar mal. Al principio tuve buena relación con ellos y su hermana Isabel apoyó mi proyecto de biografía (publicada en dos tomos en 1985 y 1987), pero fue aflorando el tema de su homosexualidad y se fue complicando. Para mí era central, pero entonces era tabú y se silenciaba. Una mujer burguesa granadina llegó a decirme que si hubiera sabido que era gay, no habría entrado en su casa.

Muchas de las personas que fueron arrojadas a enterramientos clandestinos no podrán ya ser recuperadas porque las fosas son inaccesibles y sobre ellas se ha construido desde viviendas a infraestructura municipal. ¿Puede que algo así haya pasado con Lorca?

Es posible, no lo niego porque muy cerca, a muy pocos metros, al otro lado del camino, hay una urbanización llamada El Caracolar. Allí en 2014 un jardinero encontró de forma fortuita un cráneo y avisó a la Guardia Civil, pero no se supo mucho más. Es posible que debajo de ese edificio haya restos porque siempre se ha dicho que cerca de la acequia que pasa por delante se situaba una zona de enterramientos de fusilados.

Sobre el paradero de Lorca ha habido todo tipo de teorías, se ha llegado a decir que está enterrado con su padre en Nueva York. ¿Es un tema especialmente abonado para los rumores?

Desde luego. Yo no podía ir a Granada sin que alguien me dijera algo sobre los restos. Se ha llegado a decir que lo llevaron a una iglesia y que se demolió, que realmente no lo mataron y 'se lo llevaron' unas monjas... Todo tipo de teorías con las que si se hiciera una investigación rigurosa, se terminaría. Desde hace mucho tiempo hay muchos bulos y ni siquiera estábamos aún en la era de las fake news.

A Lorca lo mataron por ser homosexual, apoyar a la República y atreverse a hacerlo en público. Ante el auge de la extrema derecha, ¿hasta qué punto está en peligro lo logrado en memoria histórica?

Lo está, la ultraderecha con el apoyo de la derecha del PP ya han declarado sus intenciones. Buscan olvidar el pasado y, como decía antes, no reabrir heridas en favor supuestamente de hacer a España grande. Todo ese discurso que tiene que ver con el imperialismo y la nostalgia, el querer conquistar y convencer a los demás con estas ideas me parece repugnante, trasnochado y peligroso. Lorca representó lo contrario. Sus manifestaciones, conferencias, recitales y su obra son revolucionarias, quiere cambiar la sociedad y lucha por la gente. Los franquistas tomaron nota rápido y eso no se puede olvidar.

Al final del libro enumera una serie de reflexiones a modo de ideas. La primera es la creación de una comisión de expertos nombrada por el Gobierno que revise toda la documentación del caso y vuelva a buscar. El actual Ejecutivo, en manos del PSOE y Sumar, lleva desde 2018 en el poder. ¿Debería haber dado más pasos en este sentido?

Quizá tendría que haber tomado cartas en el asunto de una forma más firme y decisiva. Las búsquedas han fracasado por ineficacia y yo creo que a nivel institucional hay en general cierta vergüenza por ello.

Su primer libro sobre Lorca lo publicó en París en 1971. Sufre lo que usted mismo llama “lorcamanía”. ¿De dónde viene?

Cuando tenía 18 años tenía el sueño de ser Catedrático de Francés, había que elegir otro idioma y fue el español. Un día en una librería de ocasión en Dublín me topé con unos libros de autores españoles: Cántico de Jorge Guillén, La voz a ti debida de Pedro Salinas y el Romancero Gitano de un tal García Lorca. Los compré, me encontré con el Romance de la Luna Luna y me enganché al momento. No conocía todas las palabras, pero capté lo que pasaba. Leí los versos en los que dice 'El jinete se acercaba / tocando el tambor del llano“ y pensé: '¿cómo puede un jinete tocar el tambor a la vez?'. Hasta que entendí que eran los cascos de los caballos. Fue mi primer descubrimiento de lo que es una imagen poética.

El monumento de sa Feixina, levantado durante el franquismo para homenajear a los “caídos” del crucero Baleares -el buque sublevado que bombardeó a miles de civiles durante 'La Desbandá'-, vuelve a situarse en el centro de la tensión política y memorialista en Mallorca. La convocatoria de una concentración del grupo ultraderechista Núcleo Nacional para defender la permanencia del monolito ha desatado una oleada de críticas de partidos de izquierdas, colectivos memorialistas y organizaciones antifascistas, que reclaman a la Delegación del Gobierno que impida un acto que consideran una “apología del franquismo” y un acto de exaltación fascista de un espacio recientemente señalado por el Estado como contrario a la memoria democrática.

La protesta, convocada bajo el lema Gloria a los héroes, busca defender la permanencia del icono franquista de sa Feixina después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordara incluirlo en el catálogo estatal de símbolos franquistas y ordenara su retirada. El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ratificaba la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. 

Núcleo Nacional, que reivindica postulados supremacistas y combina mensajes contra la inmigración con referencias al “legado” hitleriano, la exaltación de la “raza” y la estética neonazi clásica, ha intentado expandirse por distintas ciudades mediante la promoción de campañas xenófobas y discursos de odio y la mezcla de simbología nazi, falangista y franquista.

La Delegación del Gobierno ha precisado que la concentración no ha sido “autorizada” expresamente, sino comunicada conforme al procedimiento administrativo habitual. La Policía supervisará el acto para comprobar que no se produzcan exaltaciones fascistas ni vulneraciones de la Ley de Memoria Democrática.

La convocatoria ha provocado una intensa movilización en redes sociales. Organizaciones como la Coordinadora Antifeixista de Mallorca y Alerta Antifeixista acusan al Ayuntamiento de Palma -gobernado por PP y Vox- y a la Delegación del Gobierno de tolerar la concentración y de otorgar “impunidad” a grupos neonazis mientras, denuncian, se ponen “trabas burocráticas” a colectivos sociales y de izquierdas para organizar actividades en el espacio público.

La Coordinadora Antifeixista de Mallorca sostiene además que la elección de sa Feixina no es casual, sino que busca reivindicar un símbolo ligado al franquismo y al crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista. El colectivo vincula al grupo con acciones recientes como los ataques al busto de Aurora Picornell -activista sindical asesinada por el franquismo en la noche de reyes de 1937 e icono del republicanismo y en Mallorca- o agresiones a militantes de izquierdas y recuerdan, asimismo, los disturbios protagonizados por miembros de la organización en Madrid. También sostienen que integrantes de Núcleo Nacional mantienen vínculos con el grupo ultra Devenir Europeo, conocido por reivindicar el “legado de Hitler”.

La plataforma alerta de que la isla está viviendo un intento de implantación de organizaciones de extrema derecha similares a las que han ganado presencia en ciudades como Madrid, Barcelona o València, vinculándolas con acciones como los ataques perpetrados contra el busto de Aurora Picornell o agresiones a militantes de izquierdas. También denuncia que integrantes de la organización ultra mantienen vínculos con el grupo ultra Devenir Europeo, conocido por reivindicar el “legado de Hitler”.

“Defender la memoria es defender la dignidad de nuestros pueblos. Contra el olvido y el fascismo: nos encontrarán en las calles”, señala uno de los manifiestos difundidos por la Coordinadora Antifeixista en redes sociales, en el que llama a la movilización antifascista frente a la protesta convocada en sa Feixina. “No hay espacio para los neonazis”, insiste.

Desde las formaciones políticas, Més per Mallorca ha presentado formalmente una petición ante la Delegación del Gobierno para que no autorice la concentración. El diputado Vicenç Vidal sostiene que el acto supondría el “enaltecimiento del franquismo, el fascismo, irá contra la memoria y ridiculizará a las víctimas”, recordando el papel clave del crucero Baleares en la represión tras el golpe franquista de 1937.

Por su parte, la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha reclamado a la Delegación del Gobierno que desautorice la concentración de Núcleo Nacional, dejando claro, sin embargo, que la entidad defiende el monumento por “sus valores culturales históricos y arquitectónicos”. Los conservacionistas han expresado su “indignación” ante el hecho de que sea un grupo de ideología ultraderechista y contrario “a los derechos universales” el que se erija en “defensor” del monolito. En una nota de prensa, ARCA señala que, “evidentemente”, Núcleo Nacional “busca protagonismo” y “hacer apología de su ideología destructiva a expensas de poner en peligro el monumento”.

La entidad ha rechazado, en este sentido, cualquier “utilización partidista” del monumento, posicionándose a favor de la “verdad histórica” y de los “valores constitucionales”.

El anuncio de la protesta ha reabierto el histórico conflicto alrededor del monumento de sa Feixina. Desde hace más de una década, asociaciones memorialistas y partidos de izquierda reclaman su derribo al considerarlo un símbolo de exaltación franquista, mientras sectores conservadores defienden que fue resignificado y convertido en un monumento a todas las víctimas de la Guerra Civil. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dio un paso decisivo el pasado mes de marzo al ordenar su retirada e incorporarlo al catálogo estatal de vestigios franquistas. La decisión chocó con la postura del Ayuntamiento de Palma, que mantiene su defensa de la conservación del monolito.

La pugna entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid por la memoria histórica de la Puerta del Sol tiene un nuevo capítulo en los tribunales. La Audiencia Nacional ha suspendido este lunes cautelarmente la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la sede de la presidencia madrileña, que fue el centro de torturas policiales más importante de la dictadura. Los jueces han estimado así el recurso de Isabel Díaz Ayuso, que se ha opuesto de forma reiterada a colocar una placa en el edificio que recuerde la represión franquista aduciendo que podría ser perjudicial, un argumento que acaba de hacer suyo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia.

El auto –que cuenta con un voto particular–, paraliza la declaración que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado octubre hasta resolver el fondo del asunto. El Ejecutivo argumentó entonces que la Real Casa de Correos, sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), “asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión” de quienes el franquismo consideraba enemigos de España. Las víctimas que pasaron por sus calabozos han relatado la “extrema brutalidad” de la violencia que sufrieron a manos de la Brigada Político Social franquista y llevan años reclamando la señalización del edificio e incluso que puedan ser visitables los calabozos.

Sin embargo, el razonamiento de los magistrados apunta a que “no es posible negar de forma categórica” que declarar la sede de la presidencia como Lugar de Memoria pueda incidir negativamente “en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”. Es decir, dicen los jueces, “no puede afirmarse” sin lugar a dudas que la institución sufrirá un “menoscabo irreversible”, pero, a su juicio, tampoco se puede rechazar esta posibilidad.

La decisión de la Audiencia Nacional ha indignado a los colectivos de víctimas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que reclama que el tribunal pida “una disculpa pública” a las “víctimas torturadas durante el franquismo” y advierte de que los jueces están “negando que se cuente que en el edificio ocurrieron torturas cometidas por dirigentes y policías franquistas, es decir, proponen que se sigan ocultando”. “Las funciones de la Audiencia Nacional no son velar por la imagen de marca de la presidencia de la Comunidad de Madrid”, añade la asociación.

“Es una barbaridad. Lo que realmente denigra la institución es negarse a una placa que refleje lo que fue ese lugar de terror para miles de personas”, opina Rosa García Alcón, que era una estudiante de Medicina y militante del FRAP cuando en 1975 fue detenida y torturada en sus calabozos. Para las víctimas es una “anomalía” que un edificio como este no recuerde nada de lo que allí ocurrió. “La gente lo recuerda por las campanadas, pero fue mucho más que eso en nuestra historia. Las personas que lucharon por la democracia merecen un recordatorio y eso, en ningún caso, empeora la imagen de una institución, sino que la hace más grande”, añaden desde la Plataforma en defensa del memorial.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha asegurado que recurrirá la decisión y se reafirma en su objetivo. “Seguimos defendiendo que declararla Lugar de Memoria no afecta a los usos de ese edificio. Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional”, ha señalado el ministro Ángel Víctor Torres en línea con el voto particular del magistrado Luis Helmut Moya Meyer. “Se trata de hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar. Toda persona que se considere demócrata debería defenderlo”, ha valorado.

Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha celebrado el auto de la Audiencia Nacional acusando al Gobierno de impulsar un “empeño sectario” y de “hacer revisionismo de la historia”. La líder popular ha vuelto a hablar de “contienda entre hermanos” para referirse a la Guerra Civil y ha asegurado que Pedro Sánchez pretende “borrar a la mitad de las víctimas” de la contienda.

Epicentro de la represión

Desde 1848 la Real Casa de Correos fue utilizada como sede del Ministerio de la Gobernación, hasta que en 1939 comenzó a funcionar por orden de Franco como sede de la DGS. El historiador Pablo Alcántara, que ha investigado y reconstruido a fondo la historia del edificio, destaca el papel que desempeñó durante la dictadura. “Durante más de 40 años no fue un edificio cualquiera de la administración franquista, fue el epicentro de la represión. La DGS coordinaba los servicios policiales de todo el Estado, no solo de Madrid. Y en sus calabozos se practicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Es algo que merece su reconocimiento en cualquier Estado democrático”.

Una larga lista de militantes antifranquistas sufrieron duros interrogatorios y maltrato en sus celdas, coronadas por unas alargadas ventanas que daban directamente a ras de la plaza y que aún pueden verse hoy. Marcos Ana, Julián Grimau, Enrique Ruano, Juana Doña o Concha Tristán son algunos de los destacados nombres que pasaron por los calabozos. A partir de los años 60, todos los represaliados que eran detenidos en otras ciudades pero iban a ser juzgados por el Tribunal de Orden Público también eran allí encerrados.

Sin embargo, no es este motivo suficiente para el Gobierno de Ayuso para instalar ninguna señalización que lo recuerde. El Ejecutivo autonómico ya prometió desde el inicio del trámite “usar todos los resortes legales” a su alcance para blindar el edificio y ha desplegado su habitual argumentario contra la memoria histórica. La presidencia de la comunidad ha acusado al Gobierno de intentar “manchar el buen nombre” de Madrid y asegura que vincular el edificio con el franquismo es “una auténtica barbaridad” porque “en la memoria de los madrileños y españoles” la Puerta del Sol “se vincula” con las uvas o el Kilómetro 0.

Ayuso ha echado mano incluso de sus predecesores en el cargo para oponerse frontalmente y con el argumento de “conmemorar” el 40 aniversario de la Real Casa de Correos, reunió a Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz Gallardón en un vídeo en el que cargaban contra la idea de colocar una inscripción que recuerde su pasado franquista. Las diferentes voces apelan a la “reconciliación” de la Transición o a la “violencia republicana” del Frente Popular para justificar por qué no debe señalizarse un edificio que ya cuenta con tres placas más: una la que conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, otra en homenaje a las víctimas del 11M y una última a los muertos por la pandemia de Covid.