“Un disparate” y “una falta de respeto”. Éstos son algunos de los calificativos más suaves que ha suscitado un proyecto que finalmente no verá la luz y que tiene como escenario los calabozos de la vieja comisaría de la Gavidia en Sevilla, declarada en 2017 lugar de memoria democrática por ser un centro franquista de torturas y que apura los plazos para convertirse en hotel de lujo. La promotora, que tenía la obligación contractual de reservar un espacio memorialista, ya lo ha cedido al Ayuntamiento de Sevilla acompañado de un proyecto de musealización que proponía su utilización para catering y una decoración a base de estética pop, “humor”, “frases con arte” y “guiños al miarma”.

“Cada rincón está pensado para provocar un efecto WOW”, resume el documento, que fue incluido en el expediente de cesión de los 215 metros cuadrados de este enclave que se hizo llegar a la Gerencia de Urbanismo. Este organismo ha recepcionado formalmente el lugar, pero no se ha dado por aludido en cuanto al proyecto de musealización ofrecido por el hotel de la cadena Thompson. De hecho, el alcalde, José Luis Sanz (PP), considera que no se ha presentado formalmente y garantiza que lo que finalmente se haga “se consultará con los sindicatos y las asociaciones memorialistas”.

Así que, oficialmente, el proyecto –adelantado por El Correo de Andalucía– no ha llegado a existir, por mucho que conste en el expediente. La antigua sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional y de la Capitanía General, cerrada en 2003 y que reabrirá como hotel de cinco estrellas (ya admite reservas a partir del 1 de octubre), fue un centro de detención, represión y tortura en los 60 y los 70 por el que pasaron sobre todo sindicalistas. Eso explica que CCOO haya estado siempre muy pendiente de este proyecto, y es su secretario general en Sevilla, Carlos Aristu, el que define lo que se ha puesto encima de la mesa como “disparate”, “barbaridad” y “falta de respeto” para todos los que sufrieron allí.

Una obligación contractual

Al estar declarada lugar de memoria democrática, cuando se vendió la comisaría en enero de 2022 se incluyó entre los requisitos que el promotor tenía que entregar al Ayuntamiento el espacio donde estaban los calabozos, en el semisótano, con una entrada independiente del hotel para su utilización como Centro de Interpretación de la Memoria Democrática. En total son 215 metros cuadrados que al final se entregan diáfanos, ya que no se han conservado las celdas, todo un símbolo de un lugar que hasta impulsó el nacimiento de la Asamblea de Familiares y Asociaciones Memorialistas de la plaza de la Gavidia.

Ante la inminencia de la apertura, la empresa citó formalmente al gobierno local en una notaría para cederle este sitio, aunque recibió largas y no ha sido hasta este mes de julio que Urbanismo ha recepcionado el derecho de uso de este espacio una vez formalizado el trámite notarial. Y en la tramitación administrativa es donde ha saltado el lío, ya que el promotor incluyó una propuesta de musealización bastante pintoresca, pese a reconocer que el enclave “fue testigo de tiempos oscuros, donde la libertad era un sueño lejano”.

Con todo y con eso, la iniciativa se presenta como “un guiño a nuestra identidad”. “La propuesta se llena de referencias culturales sevillanas: colores vivos, frases con arte, costumbrismo reinterpretado con humor y diseño”, todo ello con el argumento de que “la memoria no tiene por qué ser gris: puede vestirse de luz, de música, de alegría”.

No a “un salón temático para tomar copas”

El diseño, a base de pantallas interactivas, lo traducen los impulsores en que “el costumbrismo se viste de pop: azulejos reinventados, guiños al miarma y la luz del albero convertida en diseño”. ¿El objetivo de todo ello? “Darle color a la vida” y pasar “de comisaría a icono cultural”, porque la Gavidia “es hoy un lugar para mirar atrás sin miedo y mirar adelante con ilusión”.

Al ser una iniciativa propia, la empresa no perdía la ocasión para proponer un “modelo híbrido” para la gestión del espacio. ¿Y qué significa esto? Pues abrir la puerta al “alquiler privado para eventos” y ofrecer “servicios integrados” como catering o alojamiento “aprovechando” la proximidad al hotel. “No vamos a permitir que estos calabozos franquistas se conviertan en un salón temático de un hotel de cinco estrellas para tomar copas”, resume al respecto el portavoz municipal de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que insiste en que el proyecto siempre ha previsto un espacio “dedicado a la memoria democrática, no para hacer cócteles”.

Así que el amago de la compañía hotelera de “contribuir a la preservación de la memoria democrática desde una perspectiva positiva y creativa” no ha llegado muy lejos. El alcalde admite que le resultó “chocante”, “absurdo” y que le “chirrió bastante” lo que trascendió de esta iniciativa, pero insiste en que el equipo de gobierno “no ha recibido todavía ningún proyecto sobre los contenidos museográficos específicos, que tienen que estar revisados por este Ayuntamiento”. De paso, defiende que su equipo “ha mostrado un exquisito respeto por las víctimas y ha cumplido escrupulosamente con la ley”.

Un primer amago paralizado

Todo este proceso, enumera José Luis Sanz, tiene tres fases, la primera de las cuales ha sido la cesión del local. Ahora toca la adecuación de este espacio para su uso expositivo, “proyecto que se ha entregado” y que ya está analizando Urbanismo, a lo que seguirá la propuesta museográfica, que “no se ha entregado aún”.

Para Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla, la madre del cordero es “quién gestionará” este enclave memorialista y qué dotación presupuestaria tendrá. De lo que sí está convencido es de que “hemos parado” un primer amago de proyecto que iba a consistir en “poner tres enaras y quitarlas para dar cócteles”, una iniciativa “con tintes irrespetuosos y con muy poco acierto” que nace de que “el hotel proponía hacerse cargo para tener su uso”.

Ante la reacción que se ha encontrado, la promotora “ha dado dos pasos atrás” y todo queda en manos del Ayuntamiento. “El alcalde nos ha transmitido que las cosas se van a hacer bien”, apostilla Aristu, que subraya que CCOO estará vigilante porque fue la movilización de este sindicato la que logró el reconocimiento de la comisaría como lugar de memoria democrática y porque “el 90% de los que pasaron por allí eran militantes nuestros y muchos están vivos”. “No vamos a aceptar nada que se haga sin nosotros y las asociaciones memorialistas”, apostilla, y de paso lanza un aviso: si no se producen avances, “en septiembre habrá movilizaciones”.

“Recuerdo como si fuera ayer retumbar los disparos en mi conciencia antes de que se hiciera definitivamente el silencio y cayera a paladas la noche del tiempo sobre mi memoria. Hasta que de pronto sentí un aleteo vegetal agitarse en mi pecho y un soplo de luz erigirse al cielo. Era la flor del almendro”. Se hace el silencio en la plaza del pueblo de Alcanadre, que ha improvisado esta noche un cine de verano, con lleno total. Hay quienes conocen bien la historia que narran esas frases y se tienen que limpiar los ojos de emoción en este primer minuto de la película. Otros, nunca habían oído hablar de ello. Es la historia de Agustín Martínez Royo, el alcalde de Alcanadre torturado y fusilado en agosto de 1936, que durante las exhumaciones fue encontrado enterrado solo con un almendro nacido desde su pecho.

Devolvemos lo que uno ha hecho al sitio en el que tenía que estar, que es a la memoria de ese pueblo

Jesús Rocandio — Director de 'La Flor de Almendro'

Su historia es el inicio del documental La Flor del Almendro, que después del pase en el ZINEBI de Bilbao, se ha decidido estrenar en la plaza del pueblo, parte fundamental de la película. “Es devolver lo que uno ha trabajado y ha hecho al sitio en el que tenía que estar, que es a la memoria de ese pueblo”, subraya con seguridad Jesús Rocandio, el director. “No se me ocurre un formato más emocionante”, añade Santiago Tabernero, el guionista, justo antes de empezar la proyección.

La expectación es total en la plaza minutos antes. “Las cosas que me han contado son muy impresionantes”, cuenta Rocío, que conoce desde siempre la historia del alcalde. “Era marido de mi tía”. También parece saber bien lo que ocurrió un hombre mayor que llega a la plaza a pocos instantes del comienzo de la proyección, con un taburete bajo el brazo y se sienta solo detrás. No quiere hablar, pero sus ojos dicen más que cualquier palabra. Entre sus pocas palabras, es rotundo: “Veo muy bien que se haga porque no hay que olvidar esto nunca” y añade: “Demasiado de bien lo conozco yo, pero no puedo decir más porque me emociono, tengo cosas personales”.

¿Qué hay que hacer a los 17 años para que te fusilen?

Y, entre tanto, empieza una película en la que sobrevuela durante todo el tiempo una gran pregunta: ¿Para qué sirve y donde se aloja la memoria?. Sin necesidad de formularla, responde el pueblo donde fusilaron a 29 de sus vecinos. “Hemos querido que sea muy austero, no hay un fundido ni un movimiento de cámara, tiene un formato 4:3 como si fuera una televisión antigua... Porque para nosotros lo importante era el relato, lo que dicen”, expresa Rocandio, que incluso asegura haber eliminado “con gran dolor” los planos de Pepe Viyuela pronunciando las primeras frases “porque él es tan importante y tan conocido que se comía el resto del documental”. Enfatiza igualmente en la dificultad a la que se han enfrentado al ser un documental “una pieza viva”. “La primera escritura de guion y los que ha sido no tienen nada que ver, aunque sí en el fondo y en lo que se iba a contar”, puntualiza.

'La flor del almendro' entrelaza tres historias de forma simultánea. La de Ernesto, sobrino de uno de los fusilados y una de las personas que realizaron sus exhumaciones en el cementerio de Torrero en Zaragoza. La del alcalde Pablo Aranda (dimitido en 2025), que impulsa el homenaje a los represaliados en el 45 aniversario de las exhumaciones y proyecta un alcorque monumental para un almendro que se planta en plaza como símbolo de memoria. Y la de Luis Flaño, un joven de 17 años, que decide realizar en su instituto un trabajo de investigación sobre las víctimas del golpe del 36 en la ribera de La Rioja y Navarra. Este acude al cementerio con sus amigos y frente al panteón de las víctimas repasan las edades: “17, los que voy a hacer yo ahora. ¿Qué hay que hacer con 17 años para que te fusilen?”

Parecida edad tendrá Nerea, una joven que permanece atenta a la película rodeada de amigos de su edad. “Es muy fuerte que esto pasara, es una vergüenza que hicieran eso con las personas y que ahora haya gente que piense que eso en algún momento estuvo bien”, y cree que “la sociedad se está quedando sin humanidad”. A ella le habían contado sus padres lo que ocurrió en el pueblo y está convencida de que hay que romper silencios y conocer la historia “para que no se vuelva a repetir”. Hoy la memoria de su pueblo se ve en pantalla grande “y es que tiene que ser así”. De hecho, la idea del equipo desde el inicio es que la pieza acabe siendo un material educativo y se proyecte en los institutos.

Hay mucho silencio e interesa que haya mucho silencio

Coincide en esta necesidad de llevar este tema a los institutos y “cambiar los planes de estudio” otra de las espectadoras, sin poder contener la emoción en los títulos de crédito. “Y te lo digo como nieta de maestro represaliado”, añade con la voz entrecortada de orgullo. “Para que nuestros hijos y nietos sepan lo que pasó”. Cree que “hacen mucha falta” historias como la que cuenta el documental, que reconoce que no conocía hasta ahora. “Hay mucho silencio, interesa que haya mucho silencio y hay una desinformación tremenda”. Tampoco Milagros conocía muy bien lo que le habían hecho al alcalde Agustín Martínez Royo. “La realidad es que se habla muy poco, no se comentaba mucho en las casas. Es la historia y hay que saberla”. De hecho, el documental rompe también ese silencio y el miedo al que se condenó a las víctimas. Así que tanto en la película como entre el público se oye empezar a comentar: “Yo tengo oído que...” y salen heridas familiares que se curan al compartirlas.

La película también es una lección de humildad frente a la propia vida. Ninguno de los tres protagonistas logró culminar su meta inicial: a Ernesto le denegaron el permiso para visitar, como le había pedido su padre, en la academia militar el lugar en el que había fusilado a su tío, el alcalde dimitió antes de ver construido el monumento al almendro. “Bueno Luis, ¿y cómo fue el trabajo?”, le preguntan. “Calla, que me suspendieron”. “Es un reflejo de la realidad: te propones una cosa y la vida te lleva por otro lado. Al final, los planes cambian, pero lo importante permanece”, reflexiona el director, que ha estrenado el octavo montaje que se ha hecho de la película.

El respeto y la libertad total protagoniza el documental y el estreno. Entre todos, una premisa se repite, da igual si hablan la cuadrilla de jóvenes, los concejales en el pleno o las señoras haciendo la compra: “Para que esto no vuelva a ocurrir”. Para que no vuelva a ocurrir no hay que perder la memoria. Por eso un almendro crece en la plaza de la iglesia en recuerdo al alcalde Agustín Martínez Royo. Y entonces, las luces de la proyección se apagan y los vecinos recogen sus sillas para volver a casa mientras quedan en el aire las historias de las vidas truncadas por la barbarie del golpe del 36, que hoy vuelven a brotar. Una demostración de que, por mucho que se intente sepultar la historia bajo capas de silencio, la vida y la memoria siempre se abren paso. Como la flor del almendro a través del pecho del alcalde.

El Govern balear celebrará el próximo 27 de julio un acto de homenaje a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos efectuados sobre Palma el 24 de mayo de 1937. La asociación Memòria de Mallorca ha condicionado su asistencia al acto institucional a que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) renuncie públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, cuya supresión, materializada el pasado 10 de marzo, se encuentra suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.

La entidad memorialista, que asegura haber recibido la primera invitación del Govern durante toda la legislatura para participar en un acto institucional, afirma que solo acudirá si, antes del próximo día 27, el Ejecutivo hace público su compromiso de mantener la vigencia de la Ley 2/2018 de memoria y reconocimiento democráticos y promueve que la Cámara autonómica vote revocar aquella decisión.

En un comunicado difundido este miércoles, Memòria de Mallorca expresa su “respeto, solidaridad y reconocimiento” hacia todas las víctimas civiles de los bombardeos y recuerda que fue la propia asociación la que propuso durante la anterior legislatura la elaboración de un estudio específico sobre estos ataques, incorporado finalmente al IV Plan de Fosas y Estudios de Memoria Democrática impulsado por el anterior Ejecutivo progresista.

La entidad considera, sin embargo, que resulta “profundamente contradictorio” que el mismo Govern que impulsó la derogación de la Ley de Memoria Democrática convoque ahora un acto institucional amparándose en unos principios que, a su juicio, emanan precisamente de esa norma. En este sentido, recuerda que la ley continúa vigente después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente su derogación al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central.

Memòria de Mallorca también reprocha al Ejecutivo autonómico haber dejado al margen a la Comisión de Memoria Democrática -órgano del que forma parte como representante del movimiento memorialista- en la organización del acto. Según denuncia, la comisión no ha sido informada ni ha participado en los preparativos y únicamente ha sido convocada dos veces en más de tres años de legislatura, pese a ser el órgano previsto por la ley para coordinar las políticas públicas de memoria.

La asociación sostiene que otorgar legitimidad a una convocatoria institucional dedicada a las víctimas mientras se mantiene la voluntad política de eliminar la ley que garantiza sus derechos resulta “incoherente e inaceptable”. Por ello, ha remitido un escrito a la presidenta del Govern comunicándole que únicamente participará en el homenaje si el Ejecutivo rectifica su posición respecto a la normativa memorialista.

En el mismo comunicado, Memòria de Mallorca reitera su compromiso con “una memoria democrática basada en la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria de las víctimas”, e insiste en que los derechos de estas solo están plenamente garantizados cuando existe una ley que los protege, unas instituciones que la desarrollan y una voluntad política de cumplirla.

Una investigación del historiador Manuel Aguilera ha recuperado la identidad de, al menos, 86 víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Mallorca. Los bombardeos, dirigidos contra objetivos militares pero con graves consecuencias sobre barrios y zonas comerciales de Palma, dejaron decenas de muertos -entre ellos mujeres y menores- y permanecieron durante décadas en un segundo plano.

Meses antes de aquellos bombardeos, el 13 de septiembre de 1936, los ataques de la aviación fascista italiana establecida en Mallorca causaron muertos y heridos entre la población civil de Eivissa, además de importantes destrozos en el puerto y en distintos puntos de la ciudad. El 29 de mayo de 1937, una escuadra republicana bombardeó la isla pitiüsa en represalia por el ataque al crucero alemán Deutschland, provocando nuevas víctimas mortales entre los civiles. Menorca también sufrió, durante los últimos meses de la contienda, bombardeos aéreos y navales que afectaron igualmente a población inocente.

“Con los 90 años de los bombardeos republicanos sobre la ciudad de Palma también conmemoraremos el centenar de víctimas civiles”, anunció Prohens el pasado mes de octubre. Tras ello, el 4 de febrero, el Parlament balear aprobó una proposición no de ley (PNL) del PSIB-PSOE que insta al Govern a organizar un acto institucional de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas civiles, “sin distinción de bando”, de los bombardeos sufridos en las islas durante la Guerra Civil.

La iniciativa, que salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos -incluidos PP y Vox-, asevera que “estas víctimas forman parte de la tragedia compartida que supuso la guerra y merecen todas el reconocimiento y la reparación moral de las instituciones democráticas”. “Su dolor no tiene bando, y su memoria tiene que contribuir a reforzar la convivencia y la paz”, añade el texto.

Derogación de la ley balear de memoria

Cabe recordar que, el pasado 10 de marzo, PP y Vox culminaron uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament supuso la eliminación de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936.

El archipiélago se sumó así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox sumaron sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Mientras a las puertas de la Cámara un centenar de personas se manifestaban contra la eliminación de la ley, en el hemiciclo la bancada de la izquierda exhibía fotografías de víctimas del franquismo y cargaba con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de la extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”.

Hace dos semanas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la norma balear y acordó suspender cautelarmente su aplicación. La decisión del alto tribunal implica que la ley continúa vigente mientras resuelve sobre el fondo del recurso, al considerar el Ejecutivo que su eliminación podría vulnerar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de afectar al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y a principios constitucionales como la seguridad jurídica.

El destino de Sevilla el 18 de julio de 1936, hace ahora 90 años, se decidió en unas pocas horas. La ciudad en la que la mitad de los trabajadores estaban sindicados y en la que había un aplastante apoyo a las fuerzas de izquierda era considerada por los golpistas que el día antes sublevaron al Ejército de África como una de las plazas más difíciles de tomar. Pese a ello, Sevilla la Roja cayó a una velocidad meteórica, salvando así a los franquistas del hundimiento al darles la llave para establecer su mejor base en la España peninsular.

A todo ello ayudó el juego de tretas que desplegó el que a partir de ese momento sería el líder de los sublevados en el sur: el general Gonzalo Queipo de Llano, luego apodado el virrey de Andalucía. Y como en todo alzamiento, la suerte también jugó su papel, con tres momentos que cimentaron las opciones de unos golpistas que se desplegaron en una ciudad amodorrada a la hora de la siesta. Pero por encima de todo, la acelerada toma de la capital responde a un plan operativo muy bien diseñado que se empezó a pergeñar en febrero de 1936, al día siguiente como quien dice de la inesperada victoria del Frente Popular.

“Queipo no organiza nada del golpe en Sevilla, es un golpista de ultimísima hora” al que le endilgaron la tarea de alzarse desde Sevilla, “que no era plato de gusto”, apunta Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que recuerda que el por entonces inspector general de Carabineros llevaba años alardeando de su republicanismo. Esto produjo no poca confusión entre los sublevados en Sevilla, que no terminaban de fiarse de este “espadón republicano” y para más inri consuegro de Niceto Alcalá Zamora, hasta abril presidente de la República.

Un Ejército que “no fue depurado”

Pero vayamos por partes y situemos el contexto, en una capital andaluza en la que “estaba latente la inquina y el odio furioso de los militares a la República”, señala el también historiador Juan Ortiz Villalba, autor entre otras obras de Sevilla 1936. Del golpe militar a la guerra civil. Este caldo de cultivo propició que el general José Sanjurjo se viniese aquí en 1932 para una asonada (la Sanjurjada, el primer golpe militar contra la República) abortada en horas. Entonces cayó algún que otro mando, pero “el Ejército no fue depurado” tras aquello.

“Todavía no sabemos las razones que impulsaron a Queipo a ponerse con los sublevados”, indica Álvarez Rey, aunque ambos historiadores tienen claro que la caída de Alcalá Zamora tuvo mucho que ver. Pese a que fue el primer capitán general de Madrid que nombró la República, los sucesivos gobiernos acabaron destituyéndolo de cada cargo que ocupaba. Él, que es “de su carrera y sus medallas”, apostilla Ortiz Villalba, teme que le condenen al ostracismo de una plaza militar de escaso rango. Esto le lleva a acercarse al general Emilio Mola (director de la sublevación) con escaso éxito, ya que éste cree que es “un gancho del Gobierno” para destapar la traición.

Al final, tras la mediación de terceros, hay entendimiento y le encargan alzar la II División Orgánica con sede en Sevilla, lo que indica que en la fecha señalada tiene que estar por una capital andaluza a la que no estaba destinado. Pero como inspector general de Carabineros (una especie de guardias de aduanas) está en continuo movimiento por el país, y el viernes 17 de julio –cuando realmente empieza el golpe– aparece en Huelva con la excusa de acudir a la entrega de una bandera en Isla Cristina y después inspeccionar el puesto de Ayamonte.

El Guadiamar, “el Rubicón de Queipo”

Ortiz Villalba tiene claro que en realidad se está cubriendo las espaldas, acercándose a Portugal por si se tiene que exiliar como ya hizo tras la cuartelada en Cuatro Vientos en 1930. Pero la mañana del sábado 18 de julio todo está tranquilo y Queipo se entrevista con el gobernador civil de Huelva, al que le jura y perjura su fidelidad a la República y le dice que sí, que ha escuchado eso de unos sublevados en Marruecos, pero que eso es cosa de “cuatro locos” que no va a ningún lado.

Al final pone rumbo a Sevilla y hasta es parado por una patrulla de la Guardia Civil, que tiene órdenes de detener a todo militar que esté en carretera por los movimientos sospechosos que se están produciendo. Tirando de rango, argumenta que va para recibir órdenes de las autoridades y le dejan marchar, unos pocos minutos antes de que desde Madrid se ordene su arresto. Este primer golpe de suerte ocurre entre La Palma del Condado (Huelva) y Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por donde fluye un río Guadiamar que “fue el Rubicón de Queipo”, según Ortiz Villalba.

Al mediodía del 18 de julio, en una Sevilla con el runrún de las noticias de África corriendo por todos lados, hay reuniones en el Ayuntamiento y en la Diputación, pero no se toman medidas ante la calma chicha que reina. El gobernador civil, José María Varela Rendueles, abunda ante la prensa que “la normalidad en la provincia de Sevilla es reflejo exacto de la que existe en toda la Península”.

A continuación, toma una doble decisión que es el segundo golpe de una suerte que sonríe a los golpistas. Por un lado, y siguiendo indicaciones del Gobierno, ordena la disolución de los piquetes sindicalistas apostados por si acaso ante los cuarteles, con el argumento de no molestar a unos militares que se declaran indignados. Y por otro, decide que a partir de las 14 horas se vayan a sus casas a descansar buena parte de los guardias de asalto que desde el asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio están en máxima alerta y custodiando edificios clave.

A Capitanía, escondido en un coche

Así que a la hora de la siesta, entre las 15 y las 16 horas, se puso en marcha la maquinaria golpista. “El autor del guión es José Cuesta Monereo [comandante de Estado Mayor] y el actor es Queipo, pero es un actor magnífico”, subraya Ortiz Villalba, que defiende que lo mandaron a Sevilla porque era amigo del general José Fernández de Villa-Abrille, comandante de la II División, en un último intento de captarlo para la sublevación y así facilitar las cosas.

Queipo es introducido en la sede de Capitanía escondido en un coche para ocultarse a continuación en un despacho, y tras fracasar el último intento por convencerle, Villa-Abrille es detenido junto a otros oficiales fieles a la República. Álvarez Rey incide en que Villa-Abrille no se sumó al golpe, pero que sabía de los preparativos desde hacía meses y nunca lo transmitió a las autoridades, un ponerse de perfil que a la postre le salvó de ser fusilado y –aunque pasó un tiempo en prisión– hasta mantuvo su paga como militar.

Con los altos mandos ya arrestados, Cuesta Monereo se queda rematando el bando de guerra y conminando a otras guarniciones (Jerez, Córdoba, Granada...) a levantarse mientras Queipo se traslada al cuartel de San Hermenegildo, a tiro de piedra de la sede de la División, para empezar a lanzar tropas a la calle. Pero aquí, frente a lo que creía, se encuentra con que los oficiales no están dispuestos a sublevarse y esto nos lleva al tercer golpe de suerte: en franca desventaja numérica, los convence para ir todos a Capitanía para que Villa-Abrille dicte las órdenes. Allí son todos arrestados.

Miles de fusiles sin cerrojo

En el plan de Cuesta Monereo, la prioridad es controlar el centro de la ciudad. Los soldados van a la Plaza Nueva, con el Ayuntamiento en un extremo y el Gobierno Civil en el otro, y al principio los guardias de asalto creen que vienen a reforzar el enclave. Cuando se resuelve la confusión, los guardias pone en fuga a la tropa y hasta se hacen con algunas ametralladoras, que poco pueden hacer ante las piezas de artillería que traen los sublevados para bombardear la sede del Gobierno Civil y la de Telefónica. En pocas horas, todos los centros de poder político y administrativo están en manos de los golpistas, que ya han detenido también a las máximas autoridades de la ciudad.

Quitadas ya las caretas, los barrios obreros se movilizan sin conseguir acceder al centro. Desde Triana se intenta asaltar la Maestranza de Artillería para hacerse con los 25.000 fusiles que allí se almacenan, algo que no consiguen pero que tampoco habría servido de nada: Cuesta Monereo había ordenado días antes quitarles los cerrojos para inutilizarlos. Al caer la noche, Queipo emite la primera de sus arengas vía Radio Sevilla (se estableció una conexión directa entre la emisora y Capitanía) y poco después se suma a los sublevados la base aérea de Tablada, donde ya se habían saboteado unos aviones que el Gobierno envió para bombardear en África a los sublevados.

La resistencia quedó en manos de una Guardia de Asalto que poco pudo hacer y que fue desarticulada con rapidez, manteniendo vivos los últimos focos los obreros y sindicalistas que levantaron barricadas en Triana, la Macarena, San Julián, San Marcos o San Bernardo. Las iglesias y conventos ubicadas en estos barrios populares, hasta 16, fueron quemadas por una turba que reaccionó contra unos símbolos religiosos que sabía que eran lo más preciado por unas derechas a las que culpaban de lo que estaba ocurriendo.

Las derechas no se fían

Unas derechas, por cierto, que salvo algún que otro exaltado de partida lo que hacen es taparse porque no están muy convencidas del éxito de la jugada: en la mente de todos está el fracaso de la sanjurjada y los falangistas por ejemplo están hechos un lío porque no tragan a Queipo, así que no asoman del todo la patita hasta que, controlada Tablada, se establece el primer puente aéreo de tropas de la historia. Empiezan así a llegar legionarios y los temidos moros, punta de lanza de unas tropas de Marruecos que son las mejores y más experimentadas de todo el Ejército español.

El 18 de julio anocheció en Sevilla con las cartas ya muy favorables a los golpistas, a los que en general no les han ido bien las cosas en la mayoría de plazas, hasta el punto de que Mola ya prepara su huida a Francia cuando escucha a Queipo por la radio y se da cuenta de que no todo está perdido. Pero pese a la ventaja de controlar el centro de la ciudad, y en medio de una huelga general que deja sin pan a la población, es la llegada del Ejército de Marruecos el que “saca las castañas del fuego” a los sublevados.

Aún así, fracasa el primer intento de tomar Triana el día 20, pero el 21 se forman tres columnas que hacen pinza y acaban con la resistencia. El siguiente paso, antes del resto de barrios, es tomar esa misma tarde Alcalá de Guadaíra para garantizarse el suministro de pan, y ya el 22 las tropas franquistas acaban con los últimos focos en la Macarena, San Julián y San Bernardo.

En estos días, el único peligro real al que tuvo que enfrentarse Queipo fue al de la columna minera que llegó el 19 desde Huelva, pero fueron traicionados por los guardias civiles que les acompañaban a las puertas de Sevilla y acabaron muertos o detenidos. El caso es que amanece el 23 con la ciudad ya en manos de los golpistas, que se concentran en una feroz represión mientras siguen conquistando el resto de la provincia pero sin una prisa excesiva y con columnas mixtas que se convertirán en la unidad básica operativa: tropas del Tercio y Regulares, soldados de infantería, guardias civiles o de asalto, falangistas y requetés. Los últimos pueblos en caer, el 11 de septiembre, son Villanueva de San Juan y Algámitas, en la Sierra Sur sevillana.

Una historia mitificada

Así cayó Sevilla, víctima de un error de cálculo de las autoridades republicanas, que temían que los problemas más serios les llegaran desde sindicatos y fuerzas de izquierda antes que del Ejército. “Nunca ha habido un Gobierno que tuviera más información del golpe de Estado que se preparaba”, resume Álvarez Rey, que de paso desmonta la figura que Queipo se hizo de sí mismo, “no era ni un organizador ni un estratega, era más de bravuconadas”.

“La historia del 18 de julio se ha falsificado y ocultado para ensalzar el mito de que Queipo tomó Sevilla paseando moros en camiones”, apostilla Ortiz Villalba. Ambos historiadores desmienten que se enfrentase a decenas de miles de ciudadanos con un puñado de soldados, y recuerdan la desproporción entre la artillería y las escopetas de caza de los que resistieron, ya que se tomó tarde y mal la decisión de armar a los obreros.

Y como ejemplo de la tendencia a abrillantar su currículum del líder golpista, se recuerda la anécdota de que semanas antes de la insurrección informó al cardenal de Sevilla, Eustaquio Ilundain, de la que se avecinaba, y que éste preguntó que con qué apoyos contaba. “Con 180 hombres y con la ayuda de Dios”, vino a ser su respuesta, ante lo que su eminencia se llevó las manos a la cabeza. Tras el golpe, eso dio pie a Queipo de Llano a, en los chascarrillos de salón, bromear con que “el señor cardenal de Sevilla no cree en Dios...”.

“Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo, tampoco entre los historiadores”. “No se puede contar la historia de la Guerra Civil desde un prisma ideológico, debe explicarse también la represión por parte del bando republicano”. “La ley debe incluir a las víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular, todos los actos de violencia política que se hayan cometido desde 1931”. “La etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación”. “La Guerra Civil inauguró el período de paz más prolongado, fructífero y libre de golpes internos que haya vivido España en al menos dos siglos”. “Si Dios existiera se llevaría a Sánchez y traería a Primo de Rivera”. “Ganamos una vez y ahora nos piden la revancha”. “Vamos a volver al 36”.

El párrafo anterior recoge frases oídas o leídas recientemente. No diré quién dijo qué, pueden jugar a adivinar la autoría: una intervención de un diputado en el Congreso de los Diputados, la exposición de motivos de una ley autonómica, palabras de una concejala de cultura, un libro que ha vendido más de 300.000 ejemplares, unos versos cantados por dos raperos con miles de seguidores, y una canción supuestamente humorística interpretada en mítines políticos.

En el día de hoy, noventa años después del comienzo de la Guerra Civil (que comenzó en 1936, no en 1934 ni en 1931, no está de más recordarlo), no parece que hayan alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos ni que la guerra (ahora cultural) haya terminado: la propaganda neofranquista avanza en todos los frentes (político, institucional, mediático, editorial y digital), ha normalizado su discurso y obtenido legitimidad creciente, en tanto resuena en tribunas de parlamentos, ayuntamientos y gobiernos autonómicos.

Lo comento con el antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz, que trabajó durante años en el intento de resignificación democrática del Valle de Cuelgamuros (ex Valle de los Caídos): “Es un fenómeno global, no solo español; y multidimensional, tiene que ver con una nueva relación con el pasado derivada de muchas cosas: el vértigo de la información, las redes sociales, los pasados fingidos y hasta generados con IA; junto a la decadencia e incluso el fracaso del modelo ético memorial que se basaba en la idea pedagógica de que recordar el pasado impediría su repetición. Estamos ante una situación de emergencia memorial”.

De aquellos Moas, estos revisionistas

Que la República no era tan democrática ni Franco tan sanguinario, o que la guerra la empezaron los socialistas en el 1934, no son ideas nuevas ni las ha traído TikTok. Hace más de veinte años ya conocimos una primera ola de pseudohistoriadores que, con generoso respaldo de medios y de editoriales, y con la simpatía del primer gobierno del PP (Aznar decía ser lector del más vendido de entre ellos), intentaron colarnos como nueva la misma vieja propaganda de la dictadura. Un éxito editorial en un tiempo en que todavía la letra impresa marcaba la opinión pública. Sus autores siguen hoy publicando con éxito, y son invitados y hasta homenajeados en conferencias y jornadas por fundaciones y universidades privadas.

Algunos historiadores bajaron entonces al barro para rebatir a los propagandistas. El más combativo fue Francisco Espinosa, investigador imprescindible para conocer la represión franquista en Andalucía y Extremadura. Le pregunto a Espinosa, que recuerda cómo el revisionismo actual tiene su semilla hace décadas. No se refiere solo a los Pío Moa y compañía, que “se sentían seguros y amparados por la prensa de derechas y el PP en el gobierno”, sino que señala la responsabilidad de una parte de la universidad española, que “durante los 80 y todavía los 90 no favorecía las investigaciones más problemáticas”. “Los departamentos de Historia, al menos en Andalucía, estaban controlados por el Opus, y cuando les llegó la jubilación dejaron en su lugar a gente de orden que no tenía interés en trabajar esos temas”, y eso hizo que investigadores como él trabajasen al margen del mundo académico y con sus propios medios. “No conozco otro caso como el español, ningún país europeo se ha negado así a abordar el pasado”.

Un historiador de la generación ya nacida en democracia, y que sí trabaja en una universidad que no es ya la de aquellos años, es el catedrático de la Autónoma de Barcelona Javier Rodrigo. Para él, aquel revisionismo de los 2000 “no tenía nada de historiográfico, era un relato sesgado y presentista sin más objetivo que oponerse al relato de la llamada memoria histórica. Sus aportaciones eran y son irrelevantes. Otra cosa son las redes sociales, forocoches, videojuegos o tribunas mediáticas: terrenos donde la historiografía tiene un espacio muy limitado; resumir años de investigaciones en un TikTok es complicado e insatisfactorio. No es mi terreno. Las simplificaciones y mistificaciones se las dejamos a otros, vengan de donde vengan, porque desde las instituciones públicas también se simplifica sobre el pasado”.

¿Tienen alguna responsabilidad los historiadores de la Guerra Civil en el éxito social del revisionismo? Lo comento con los investigadores Pablo Sánchez León y François Godicheau, que han reflexionado conjuntamente sobre el asunto y son muy críticos con la forma de trabajar de algunos de sus colegas. Godicheau señala “la preocupante situación de los estudios sobre un asunto de tanta relevancia como la destrucción de la República” y añade que “el paisaje historiográfico actual presenta una tensión irresuelta entre el acopio de investigaciones de campo que en ocasiones abren nuevas temáticas y contribuyen a mejorar la comprensión del período, y el predominio de un formato general de preguntas y métodos de investigación, marcos interpretativos y esquemas narrativos, que no despegan de sus orígenes en el final del régimen de Franco.” Sánchez León apunta un riesgo: “El público al que antes iba dirigida la versión deslegitimadora de la República está ya proyectando un tipo de régimen cuando menos postdemocrático, si es que no ajeno a la democracia, lo cual anticipa que va a ir dejando de demandar relatos que se queden en subrayar el fracaso de la democracia republicana.” Coinciden ambos en que “en un escenario así se necesita un esfuerzo intelectual e institucional que no puede quedarse en la mera reforma de las asignaturas de la enseñanza obligatoria”.

Las víctimas, desprotegidas ante el revisionismo

Volviendo a los propagandistas neofranquistas, todos los consultados coinciden en que su proyección pública en el cambio de siglo fue una respuesta al naciente movimiento de memoria histórica, impulsado por familiares (hijos, nietos, bisnietos) de las víctimas. ¿Cómo ve el activismo memorialista la ofensiva revisionista? Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica desde aquella primera apertura de una fosa en Priaranza del Bierzo en el año 2000, denuncia “las narrativas hegemónicas que se han fomentado en España por las elites del franquismo, que lo han seguido siendo en la recuperada democracia desde ámbitos políticos, económicos, académicos o culturales. Para blanquear sus presentes esas élites han necesitado edulcorar la visión de sus pasados. Una narrativa paralela a la impunidad jurídica”.

Y Paqui Maqueda, activista y escritora, de la asociación andaluza Nuestra Memoria, ve un peligro añadido: “Las víctimas y las familias soportamos estas situaciones en indefensión, poniendo el cuerpo; encabezando un movimiento como el de memoria histórica nos sentimos señaladas, desprotegidas.” Se muestra muy crítica con el Estado “que no ha hecho los deberes a tiempo, sobre todo en materia educativa, donde no hemos perdido la guerra, pero sí batallas muy importantes. Además, las leyes de memoria no se han desarrollado como debían, o se han quedado congeladas y sin presupuesto, como hizo Rajoy o aquí Moreno Bonilla. Leyes que muy raramente han servido para sancionar la exaltación franquista, lo que aumenta nuestra indefensión”.

La concordia y la nueva memoria “de ambos bandos”

Unas leyes de memoria, estatales y autonómicas, que se convierten hoy en la primera presa a abatir por los gobiernos de derecha y ultraderecha. De la “memoria democrática” a la “concordia” de PP y Vox, que llevan el revisionismo a las instituciones y a la legislación. La ley valenciana, por ejemplo, incluía en 2024 “los actos de violencia política desde 1931”. Preguntado el entonces portavoz de Vox por su insistencia en la violencia del Frente Popular (creado en 1936, no en 1931), su respuesta lo decía todo: “No estamos aquí para dar una clase de historia”. En Extremadura, más recientemente, la portavoz del nuevo gobierno PP-Vox defendía su ley de concordia para “alcanzar la paz social”. Ninguna sorpresa si un futuro gobierno Feijóo-Abascal comienza por derogar la actual ley de memoria democrática y sustituirla por una ley de concordia.

No solo leyes: el revisionismo político hace que gobiernos autonómicos y locales de derecha y ultraderecha intervengan, modifiquen y resignifiquen los lugares de memoria previamente significados por gobiernos de izquierda y asociaciones de memoria. Lo mismo en el proyectado y paralizado Museo de la Guerra Civil de la Batalla de Teruel, que en los refugios antiaéreos de Alicante. Todos pasan a convertirse en lugares de memoria “de ambos bandos”, mientras se protegen cruces de los caídos y otros monumentos franquistas.

Fachosfera, raperos y TikTok

Un revisionismo legitimado en instituciones, discursos políticos, medios y publicaciones, y que con esa legitimidad llega a donde ni siquiera la necesita para extenderse: las redes sociales. Si en los 2000 eran los pseudohistoriadores los que marcaban el paso, hoy son creadores de contenidos, influencers, youtubers y usuarios de TikTok (la red más joven y donde Vox tiene más seguidores) quienes propagan las simplificaciones neofranquistas: “la guerra la empezaron comunistas, socialistas y separatistas”, “todos perdimos”, “con Franco se vivía mejor”, etc. Que se lo digan a los profesores de Secundaria, que se encuentran a diario con adolescentes que vienen ya aprendidos de casa y reproducen el discurso revisionista, exhiben adornos rojigualdas, la renacida Cruz de Borgoña (esas aspas rojas que tantos llevan), y a veces cantan el Cara al Sol como una forma de rebeldía.

La llamada “fachosfera” de Youtubers es parte del frente revisionista, junto a los muchos contenidos que parecen espontáneos y en realidad elaborados y difundidos por grupos ultraderechistas muy activos en redes, y que abundan en el blanqueamiento de Franco (que construyó pantanos, creó la Seguridad Social y dio vivienda a todos los españoles, a cambio de una represión que no era para tanto, ya saben). Añadan el último fenómeno: raperos como El Jincho, Swit Eme o Angie Corine, que falsifican los códigos habituales del hip-hop (de tradición antiautoritaria) para rimar consignas revisionistas, todos con cientos de miles de seguidores en sus canales y redes.

Últimamente abundan, sobre todo en TikTok, contenidos creados por jóvenes que exhiben su “orgullo facha”. Un formato muy repetido es el de quienes publican una foto o vídeo de ellos mismos, en pose muy cuidada, y rodeados de una constelación de palabras que representan sus valores, aquello en lo que creen y que defienden: junto a familia, educación, amor o respeto, incluyen España, Dios, monarquía, jamón (un guiño islamófobo), matrimonio, Semana Santa, y a menudo también derecha, Vox o directamente Franco.

Vuelvo a Francisco Ferrándiz, que no da esta guerra por perdida: “los modelos memoriales que nos han servido para revisar críticamente el pasado necesitan ser actualizados, transformados, porque es evidente que no tienen la suficiente pujanza para enfrentarse a esta nueva realidad. Es un reto tremendo que tenemos, y un mandato de generación: tenemos que trabajar hacia la gente más joven. Cómo hacer que esto se traslade a otras generaciones que no van a leer nuestros libros ni acudir a nuestros actos, que se van a manejar con otros códigos distintos. El daño es inmenso y todavía no somos conscientes de su profundidad. No queda más remedio que rearmarnos, reconfigurar nuestra lucha memorial para buscar soluciones. Si no, este movimiento nos va a arrasar”.

Diciembre de 1935. Aún queda más de medio año para la sublevación militar que derrocaría la democracia, pero el descontento con el proyecto republicano era cada vez mayor. La destitución del líder de la CEDA, José María Gil Robles, como ministro de la Guerra había intensificado el malestar de los sectores más reaccionarios del Ejército y de la élite conservadora. De noche, tres generales mantienen una reunión secreta que es interrumpida por el teniente coronel Valentín Galarza. Trae un encargo del líder monárquico José Calvo Sotelo, que envía un mensaje claro: es hora de dar un paso al frente.

De aquella reunión no salió ningún acuerdo, pero la escena refleja que la idea de acabar con la República no surgió de la nada antes de desembocar en el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, que cumple 90 años. La planificación del levantamiento suele situarse a finales de 1935, definitivamente acelerado por el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, pero los movimientos conspirativos bullían prácticamente desde el inicio del nuevo régimen. El camino había empezado a recorrerse mucho antes con una dirección precisa.

“Hubo un plan muy concreto y preparado meticulosamente desde antes, no fue ninguna reacción espontánea sino el producto de una trama monárquico-militar-fascista”, afirma el historiador Ángel Viñas, autor de numerosos libros sobre el tema. El experto se muestra contundente frente a las tesis revisionistas que sitúan el origen en una respuesta casi inevitable frente al asesinato, solo unos días antes, del líder de Renovación Española, Calvo Sotelo. A pesar de que estas son las versiones que se encargó de difundir con ahínco la propaganda franquista, aún hoy siguen teniendo eco.

Que las maniobras preparatorias del Alzamiento Nacional –llamado así por los franquistas– estaban ya orquestadas antes del asesinato del político monárquico al que la dictadura convertiría en mártir está plenamente demostrado. De hecho, no sería el primer intento: antes, en 1932, el general José Sanjurjo había liderado un primer levantamiento militar desde Sevilla que “no estaba muy preparado, no tenía estructura y acabó fracasando”, explica el historiador Gutmaro Gómez Bravo.

El rechazo a la Segunda República iba aumentando por factores como las reformas sobre la tierra y la Iglesia, el crecimiento de la participación obrera, la revolución de octubre de 1934 y la destitución de Gil Robles, que había favorecido el ascenso de militares africanistas reaccionarios. Para algunos sectores, estas medidas suponían una amenaza a la llamada “antiEspaña”. Como explica la profesora de la UNED Pilar Mera, “más que un proyecto común, compartían un antiproyecto: derrocar al Frente Popular y lo que este significaba”.

Porque la victoria de la alianza de izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 marcó un punto de no retorno. Menos de un mes después, varios altos mandos del Ejército que después se convertiría en golpistas —entre ellos Franco, Mola, Orgaz, Fanjul y Varela— se reunieron para planificar “un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. Era la trama militar del golpe, que acabaría acordando que Sanjurjo –y no Franco– sería la figura que lo encabezaría.

Paralelamente, actuaba la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta y antirrepublicana que, tras la radicalización política de 1934, creció rápidamente hasta los 7.400 asociados. La asociación actuó como un elemento vertebrador del golpismo dentro del Ejército, llegando a “penetrar en los cuarteles y reclutar a gente” para ejecutar la sublevación de 1936, explica Mera.

Los monárquicos, los primeros conspiradores

Aunque fue un levantamiento militar, la pata civil del golpe contaba con diferentes activos. Los monárquicos alfonsinos fueron los conspiradores más tempranos y, según ha revelado Viñas, hicieron una aportación decisiva: sus contactos con la Italia fascista habían arrancado mucho antes, pero el 31 de marzo, una delegación se reunió directamente con Benito Mussolini para asegurarse su ayuda en caso de insurrección. Faltaban dos años para el golpe. “Este fue un punto de inflexión clave y lo que puso de manifiesto es el interés político de Italia por España una vez acabaran con la República”, incide el historiador.

La concreción práctica del pacto llegó el 1 de julio de 1936, solo dos semanas antes de la sublevación, cuando el diputado monárquico Pedro Sáinz Rodríguez firmó cuatro contratos secretos en Roma para el suministro de una flota de aviones de combate, acompañados de listas “muy detalladas” de armamento, munición y piezas de recambio. Según Viñas, que reproduce los contratos en Quién quiso la Guerra Civil. Historia de una conspiración (Crítica), la operación fue financiada por el banquero Juan March, al que identifica como “el financiador más importante de la conspiración”.

“La gran diferencia en este golpe ofensivo y simultáneo es que está respaldado por todas las fuerzas conservadoras, que acaban dando su beneplácito a través de intermediarios. Después lo intentarán justificar de forma propagandística, pero la realidad es que se apartaron de la vía democrática para detenerla”, explica Gómez Bravo. Al margen de los monárquicos, la CEDA “no había dado un paso así hasta este momento” y el hecho de que “el principal partido de la oposición” apoye la sublevación “es fundamental”, apunta el historiador.

Esta constelación de actores se repartió los papeles. “Antes del golpe en sí, algunos se encargaron de generar una sensación de caos de una manera u otra”, explica Mera. Mientras la Falange de José Antonio Primo de Rivera “lo hacía en la calle”, Calvo Sotelo y Gil Robles “se dedicaban cada día de manera activa a hacer recuento en el Parlamento de los supuestos altercados desde una perspectiva catastrofista”. “Para sublevarse, tenían que crear una sensación de necesidad y, aparte de infiltrar las fuerzas del orden, se dedicaron a crear un estado de crispación a la que la izquierda respondió”, afirma Viñas, que también ha escrito sobre “los errores” de la República para detener el golpe.

Gómez Bravo explica que los falangistas y los carlistas, a través del Requeté, aportaron sus milicias armadas. “En este tipo de golpe fue importante porque no solo se trataba de tomar el poder e ir hacia Madrid, sino de asegurar las capitales de provincia y las regiones militares. A nivel local, los carlistas y Falange son clave porque tienen a su gente armada para controlar y están encuadrados”. Posteriormente, los falangistas “prestarían” al golpe “mucha consistencia ideológica y estética” que se mantendría sobre todo durante el primer franquismo.

El Director

Por encima de los diferentes movimientos, había, sobre todo, una única dirección militar encabezada desde Pamplona por Emilio Mola, el cerebro táctico del golpe. “Todo está ya en marcha y no ha de cundir el desaliento”, llegó a decir en una de sus instrucciones reservadas, que firmaba como El Director. En ellas, Mola estableció las bases del levantamiento, la organización y coordinación de las fuerzas militares, los itinerarios de avance y la estrategia que debía seguirse después. “Ha de advertirse a los tímidos vacilantes que aquel que no esté con nosotros está contra nosotros y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable”, envío el 20 de junio.

Mola y no Franco fue el hombre encargado de dirigir el levantamiento. Tampoco fue el elegido para situarse al frente a pesar de que acabaría liderando el bando sublevado durante la Guerra Civil y se convertiría en dictador durante cuatro décadas. De hecho, según explica el historiador Julián Casanova en su biografía, Franco tardó en sumarse al golpe y no fue hasta junio que se comprometió definitivamente. El asesinato de Calvo Sotelo acabó por convencerle, llegándolo incluso a considerar “la señal”.

Entonces ya le estaba esperando el Dragon Rapide, un avión alquilado en Inglaterra mediante una operación en la que de una u otra manera llegarían a participar Juan March, Jacobo Fitz James Stuart, duque de Alba, o el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. La aeronave le trasladaría de Canarias a Marruecos el 18 de julio para ponerse al frente de las tropas allí asentadas. En ese momento, el futuro dictador no dirigía la sublevación, pero dos días más tarde, el 20 de julio, José Sanjurjo murió en un accidente de avión mientras era trasladado de Portugal a España.

“Esto cambia la historia porque Sanjurjo había sido elegido para presidir la Junta de Militares, que quedaría descabezada. Franco juega sus cartas y gana”, explica Gómez Bravo. La decisión del general de pedir ayuda directamente a la Alemania de Adolf Hitler para pasar a sus tropas desde Marruecos a la península marcó una primera diferencia y “alteró la posición de liderazgo entre Mola y él”. Según escribe Casanova, a partir de la muerte de Sanjurjo, Franco “jugó sus cartas con destreza y ambición” y comenzó a presentarse como el líder de los militares rebeldes.

La Guerra Civil ya había empezado porque la sublevación no triunfó en centros neurálgicos como Madrid o Barcelona. Tras dos meses de combates y con las tropas franquistas dirigiéndose hacia Madrid, el general tomó otra decisión clave: en vez de tomar la capital, decidió desviarse hacia Toledo para “liberar” el Alcázar, algo que el franquismo convirtió en mito y que contribuyó a agrandar su figura como salvador de España. Esos días, la cúpula militar estaba debatiendo el nombramiento de un mando único. El 1 de octubre fue elegido como Jefe del Gobierno del Estado, un cargo que aceptó afirmando: “Ponéis en mis manos España y yo os aseguro que mi pulso no temblará [...] Llevaré a la patria a lo más alto o moriré en el empeño”.

Mariano Zapico no fue un rebelde. No cometió delito alguno al negarse a entregar el mando de la provincia de Cádiz a los militares que se habían sublevado contra el Gobierno de la República. Fue víctima de una persecución política, condenado a muerte por un tribunal ilegítimo y ejecutado por defender la legalidad institucional vigente. 90 años después, todo ello ya no constituye únicamente una conclusión histórica o una reivindicación de sus descendientes y de los colectivos memorialistas. También lo ha declarado un juez.

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Cádiz ha dictado una resolución inédita en la provincia y una de las primeras de estas características en España al amparo del procedimiento introducido por la Ley de Memoria Democrática. El auto declara “ilegal y radicalmente nula” la condena a muerte impuesta el 5 de agosto de 1936 a Mariano Zapico Meléndez Valdés, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado, y le reconoce oficialmente la condición de víctima de la represión franquista.

La decisión trasciende el caso individual de Zapico. Por primera vez en Cádiz, la reparación de una persona represaliada por el franquismo se concreta en una resolución judicial que reconstruye los hechos, examina las pruebas y concluye que la condena respondía a razones políticas. La memoria deja así de quedar limitada a los archivos, las investigaciones históricas o el reconocimiento moral para entrar también en los tribunales.

El juez José Gálvez Jiménez estima íntegramente la solicitud presentada por la Fiscalía de Memoria Democrática, que dirige José Miguel Ruiz Molina, a instancias de la Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz. El procedimiento se había iniciado como un expediente de jurisdicción voluntaria, una vía incorporada al ordenamiento jurídico por la legislación estatal de 2022 para obtener declaraciones judiciales sobre hechos pasados relacionados con las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

No había acusados en el banquillo ni responsabilidades penales que depurar. Tampoco se reclamaba una indemnización. El propósito era que la Justicia verificara los hechos y declarara formalmente que Zapico fue perseguido y condenado por defender las instituciones democráticas frente a quienes intentaban derribarlas por la fuerza.

La conclusión del auto es rotunda. El gobernador civil “fue víctima de represión y enjuiciamiento sumario por un tribunal ilegítimamente constituido”, que le impuso una condena a muerte “radicalmente ilegal y nula por vicios de forma y fondo”. El juez reconoce además su derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal por las violaciones que padeció.

El consejo de guerra lo condenó a muerte por rebelión militar

Zapico había sido nombrado gobernador civil de Cádiz el 11 de marzo de 1936, durante la presidencia de Manuel Azaña. Cuando se produjo la sublevación militar del 18 de julio, rechazó entregar el control de la provincia a los golpistas. Permaneció en el edificio del Gobierno Civil durante el asedio sufrido aquella tarde y la madrugada siguiente, hasta que fue detenido y trasladado a la prisión militar de Santa Catalina.

El 5 de agosto fue sometido a un juicio sumarísimo. Durante su declaración sostuvo que no había cometido ningún delito porque se había limitado a cumplir con su deber como gobernador civil. También negó la legitimidad de la jurisdicción que lo estaba juzgando. Sin embargo, el consejo de guerra lo condenó a muerte por rebelión militar, una inversión de la legalidad mediante la cual quienes se habían alzado contra el Gobierno constitucional atribuyeron la condición de rebeldes a quienes permanecieron leales a él.

La resolución judicial considera probado que el verdadero reproche contra Zapico no fue una conducta delictiva, sino su negativa a reconocer el nuevo orden impuesto por las armas. El tribunal militar castigó esa actitud como un desafío al régimen que comenzaba a instaurarse y entendió que su negativa a aceptarlo suponía una amenaza para su consolidación.

La ejecución fue autorizada inmediatamente por Gonzalo Queipo de Llano. Zapico fue fusilado a las 17.30 horas del 6 de agosto de 1936 en el Castillo de San Sebastián. Después fue enterrado en el antiguo cementerio de San José de Cádiz, sin que conste siquiera la inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil.

Para acreditar estos hechos, el juez ha valorado la sentencia de la causa sumarísima número 82, el informe elaborado por el historiador José Luis Gutiérrez Molina y la declaración de Hortensia Zapico Landrove, nieta del gobernador civil. Durante la vista celebrada en junio, la familiar expresó su conformidad con la petición de la Fiscalía y aportó al procedimiento el recuerdo transmitido dentro de la familia.

El auto no se limita a anular la condena. También ordena, una vez que sea firme, remitir la resolución al Archivo Histórico Territorial Militar de Sevilla para que la nulidad quede incorporada al legajo donde se conserva la sentencia franquista. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática deberá recibir igualmente una copia para incluir a Zapico en el Registro y Censo Estatal de Víctimas.

El juez reconoce además su derecho a una digna sepultura y ordena expedir testimonio de la resolución para que pueda inscribirse oficialmente su defunción. La reparación alcanza así no solo a la condena, sino también a una ausencia administrativa mantenida durante nueve décadas: para el Registro Civil, el que fuera gobernador de Cádiz ni siquiera había muerto formalmente.

“Es un día para anotar”

Su alcance, además, es esencialmente moral, histórico y jurídico, ya que la Ley de Memoria Democrática establece que estas declaraciones no generan por sí solas indemnizaciones ni responsabilidades patrimoniales del Estado. Su relevancia, sin embargo, trasciende cualquier compensación económica. La decisión demuestra que el procedimiento previsto por la ley puede servir para que los jueces examinen casos concretos de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura, identifiquen a las víctimas y reparen oficialmente situaciones de injusticia histórica.

“Es un día para anotar”, valora Felipe Barbosa, presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Democrática de Cádiz, impulsora del expediente junto a la Fiscalía. “Después de tanto tiempo, por fin se abre una vía que puede ser importante para que otros muchos casos de la anterior etapa democrática española, la Segunda República, tengan su reconocimiento. Fueron condenados precisamente por mantenerse en su papel de veladores de la legalidad democrática”.

El caso de Mariano Zapico es el primero de los cinco expedientes impulsados en Cádiz por la asociación memorialista y la Fiscalía. Los demás afectan al diputado republicano Manuel Muñoz Martínez; al médico Pablo Bauzano Guillén, perseguido por su militancia política y su pertenencia a la masonería; al capitán de Artillería Julio Ramos Hermoso, represaliado por su lealtad a la República; y al sindicalista de UGT José Díaz Díaz, asesinado tras el golpe.

Cada uno representa una forma distinta de la represión: el castigo a los responsables institucionales, la eliminación de los adversarios políticos, la depuración profesional, la persecución de los militares leales y la destrucción del movimiento obrero. Las futuras resoluciones determinarán si la vía abierta con Zapico se consolida y puede extenderse a otras víctimas en Cádiz y en el resto de España. Para ratificar de manera oficial que a quienes mataron por rebeldes hoy se les puede llamar víctimas.

El Gobierno acaba de devolver a título póstumo al pionero Emilio Herrera Linares el rango de General del Ejército al que ascendió durante la Segunda República pero que nunca fue reconocido por el franquismo. Así consta en Real Decreto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado y al que dio luz verde el pasado Consejo de Ministros. La disposición, firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, restituye su empleo al ingeniero al que Franco condenó al exilio y a la 'muerte civil' a pesar de haber sido un referente en su campo.

Herrera fue un pionero y desde los comienzos de su carrera se dedicó a la aeronáutica, participando en ascensiones en globo científicas y deportivas. Diseñó, además, la primera escafandra estratonáutica, precursor de los trajes espaciales. El ingeniero y militar se había formado en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y se graduó como teniente en 1903. Cuando los sublevados dieron el golpe de Estado contra la República y estalló la Guerra Civil, ya era teniente coronel del Arma de Ingenieros del Ejército hasta que durante la contienda ascendió a coronel y a general en 1938.

Estos nombramientos se produjeron conforme al orden jurídico vigente republicano, pero no fueron reconocidos por la dictadura basándose en el decreto que anuló todas las normas posteriores al 18 de julio de 1936 que no hubieran sido dictadas por los sublevados. Herrera murió en Suiza en 1967 sin que se hubiera restituido su memoria. Católico y monárquico, pero fiel a la democracia cuando los golpistas se levantaron en armas, llegó a ser presidente del Gobierno en el Exilio de la República. Según señala el Real Decreto, Herrera había sido “un referente militar, ingeniero, intelectual, científico y político” llegando a ser nombrado Experto Internacional de Aviación. Sin embargo, como ocurrió con muchos otros profesionales destacados, fue depurado por la dictadura.

El pasado mes de diciembre, los descendientes de Emilio Herrera y su mujer Irene Aguilera, considerada la primera mujer en volar tras aprender a manejar un biplano en 1911, recibieron de manos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática una declaración de reparación y reconocimiento como víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. En el documento, que es una figura contenida en la Ley de Memoria Democrática, se reconocía la “violencia y persecución” por motivos políticos o ideológicos sufridas por ambos durante su vida.

Sin embargo, el Real Decreto recientemente aprobado reconoce que este paso es “compatible” con la adopción de otras medidas que “pueda desarrollar el Estado para alcanzar una reparación integral” de su figura. En el caso de Emilio Herrera, la decisión “permite una restitución digna del empleo militar máximo alcanzado” con el objetivo de llegar a un “pleno restablecimiento de sus dimensiones individual y colectiva”. Eso sí, el reconocimiento no tiene efectos de índole económica, estipula el texto, que toma la decisión “en atención a las circunstancias excepcionales, méritos y virtudes militares concurrentes”.

Sabía que lo iban a matar y, aun así, se quedó. Esta podría ser una de las frases que resumiera quien fue Ángel Pascual, un hombre (casi) olvidado por la historia. Uno más entre las 853 víctimas mortales de ETA, según datos del Ministerio de Interior. Pero Pascual fue mucho más que un número. Ángel Pascual era un ingeniero nuclear de la central de Lemóniz (Vizcaya). Una central que empezó a construirse en 1972 por la empresa Iberduero (luego Iberdrola) y que nunca llegó a ponerse en marcha tras múltiples protestas de grupos ciudadanos, ecologistas y antinucleares en una España que empezaba a despertar del letargo de la dictadura.

La central nunca llegó a ponerse en marcha porque, a fines de los 70, la organización terrorista decidió sumarse a las protestas con su habitual forma de actuar, a base de Goma-2 y arrebatando vidas, con el objetivo de detener las obras a cualquier precio. Una de las vidas segadas fue la de Pascual, que también era la mano derecha de Jose María Ryan, el ingeniero jefe; secuestrado y asesinado antes que él. Por eso, Pascual, que recibió múltiples amenazas, sabía que lo iban a matar. Ángel Pascual fue la última y novena víctima mortal de Lemóniz.

Este episodio negro de la historia reciente de España es el que han elegido el guionista Florentino Flórez (1961, Avilés) y el dibujante Guillermo Sanna (1976, Palma) para rendir homenaje a aquellos hombres a los que mataron por ir a trabajar. “No hemos hablado con las familias, no hemos hablado con nadie involucrado directamente hasta ahora”, explica Flórez a elDiario.es frente a una jarra de agua y rodeado de cómics en la madrileña librería Generación X.

“Para nosotros, aquellas personas que murieron son admirables y, con este cómic, intentamos darles la mayor dignidad posible. Esperamos que sus allegados lo entiendan así”, continúa el guionista para señalar que la razón por la que ambos se han involucrado en un proyecto que les ha llevado varios años de investigación y documentación (que puede encontrarse referenciada al final del libro) es sencilla: ahí había una buena historia que todavía no se había contado. O no del todo.

Lemóniz: ETA y el movimiento nuclear (Norma editorial, 2026) narra, en definitiva, quiénes fueron aquellos que se convirtieron en una cifra más en las estadísticas, desde los obreros Baños, Guerra y Negro hasta los dos ingenieros, sobre cuyos hombros recae buena parte del relato. Sobre todo en Pascual, el menos conocido de ambos. “El nombre de Ryan nos sonaba a todos porque salió mucho en su momento en la televisión, pero de Pascual no se sabía casi nada más allá de la labor que ha ido haciendo su hijo para que se recuerde la figura de su padre”, continúa Flórez.

Ryan, padre de cinco hijos, fue secuestrado, ejecutado a sangre fría con las manos atadas a la espalda y abandonado en un bosque. Pascual, padre de tres hijas y un hijo, fue tiroteado por tres pistoleros cuando llevaba en el coche a su adolescente de 17 años a la parada de autobús. “Su hijo ha contado muchas veces cómo él llegaba a casa de madrugada, borracho como todos los chavales rebeldes de su edad, a la espera de la reprimenda de un padre que no estaba, que ya nunca podría estar”, cuenta el guionista.

Realidades complejas

Pascual fue la última víctima mortal y la penúltima en general. La última fue Alberto Muñagorri, de 10 años, que resultó herido de gravedad el 26 de junio de 1982 en Rentería por una bolsa-bomba colocada por la banda en la puerta de un almacén de Iberduero. El niño estuvo muchas semanas debatiéndose entre la vida y la muerte. Finalmente, perdió el pie izquierdo y quedó ciego de un ojo. “A las ocho horas del atentado (…), mi madre tuvo que tragarse una manifestación que gritaba Gora ETA miltarra! a las puertas de mi casa”, dice el testimonio de un Muñagorri adulto recogido por Flórez y Sanna al final del relato.

El cómic, por tanto, ilustra una realidad compleja borrada por el paso del tiempo. “La lucha ecologista era una buena excusa para ETA, para decir ‘estoy ayudando al pueblo vasco y lo voy a liberar del peligro nuclear’”, explica Flórez, señalando que, cuando profundizaron en el tema y se asomaron a las vidas de los dos ingenieros asesinados, se dieron cuenta de que ellos solos “construían una gran historia” en la que Flórez opina que lo que a él le importa es “que se sepa que estos tíos fueron unos héroes y tienen que ser recordados”. Así, la novela gráfica incide en que todos los asesinados por ETA en su ciega lucha contra esta central fueron civiles: obreros e ingenieros. Trabajadores a los que esta obra rinde homenaje recuperando su recuerdo con nombres y apellidos.

“El cómic acaba de salir, pero ya nos están llegando correos de gente que quiere compartirnos las historias de su familia, y eso es muy emocionante”, continúa el guionista para señalar la importancia de reivindicar a las víctimas del terrorismo. “Hablamos con un periodista que trabajó durante diez años con uno de los hijos de los obreros muertos y nos contó que, tras una década a su lado, el hijo comentó de pasada que a su padre le había matado ETA. ¡Diez años sin abrir la boca!”, desvela Flórez, indicando que las víctimas han cargado durante mucho tiempo con “una especie de vergüenza”. “Ellos se enfrentaban a que el padre moría y luego, en el pueblo, les decían ‘algo habrá hecho’”, apunta Flórez.

Las ilustraciones de Sanna, por su parte, están llenas de contrastes con, por un lado, escenas muy íntimas y, por otro, viñetas cargadas de violencia. “El dibujo, en un caso como este, es como el lenguaje. Es un vehículo de expresión”, explica el mallorquín, quien ha trabajado, entre otros, para Marvel, con los que ha dibujado para numerosas series como Bullseye (2016), Deadpool (2017), Amazing Spider-Man (2021), New Mutants (2023), Iron Man (2022), Star Wars (2022) y Savage Wolverine (2025).

Para Sanna, en casos como este, hay que tener en cuenta que, a veces, el virtuosismo o el detalle puede pasarle por encima a la historia que uno está contando. “Si te fijas en el detalle del dibujo, pierdes el hilo narrativo. Por eso en las escenas de violencia está todo mucho más esquematizado, porque las cosas pasan más rápido y en las familiares hay más detalle”, ejemplifica el dibujante, que se vale, también, de la luz y la oscuridad para variar entre los ambientes opresivos y los amables, donde ambos autores buscan contar quiénes fueron aquellos que ocuparon unas líneas en los periódicos y telediarios de entonces.

La pregunta hoy es qué queda de todo aquello. Tal y como redacta Flórez en el cómic, en septiembre de 1982, el Estado central se hace cargo de la continuación de Lemóniz. Un mes más tarde, el PSOE gana las elecciones y no se reanudan las obras. En 1984, el Gobierno decreta la moratoria nuclear, paralizando tres centrales en construcción: Sayago, Valdecaballeros y Lemóniz. La ley de ordenación del sistema eléctrico de 1994 reconoce el derecho de los titulares de las tres centrales nucleares a percibir una compensación por las inversiones realizadas. El pago se sufraga a través de la tarifa eléctrica, en el recibo de la luz. Los españoles pagan 5717 millones de euros a lo largo de 19 años. En 2020 se salda por fin la deuda. La empresa desmanteló y vendió el equipamiento instalado. Escribe Flórez que, en el lugar, ya solo quedan los grandes edificios vacíos.

El 11 de marzo de 1959, un reducido cortejo funerario abandona Mallorca y pone rumbo a Barcelona. En su interior viajan los restos de Matías Salvà y Pau Serra, el marinero gallego fallecido en el hundimiento del crucero Baleares José Luis Aguiar Muiños, y dos militares residentes en la isla, Juan Donate Franco y su hijo, Juan Ignacio Donate Cangas. El día 23, una furgoneta de los servicios funerarias emprenderá desde la capital catalana el último tramo del viaje hacia Madrid. Ninguna fotografía ha inmortalizado aquel convoy, del que apenas queda rastro más allá del telegrama oficial que el gobernador civil ha remitido días antes para comunicar que tenía “cinco urnas preparadas” para su traslado. Se trata, en realidad, de la única expedición que partirá desde Balears hacia el mayor mausoleo levantado por la dictadura franquista: el del Valle de los Caídos.

Décadas después, una investigación llevada a cabo por el investigador David Tormo Benavent, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona (UB), ha identificado a un total de 106 personas nacidas o vinculadas al archipiélago que acabaron enterradas en Cuelgamuros -denominación actual del panteón- tras ser exhumadas de cementerios repartidos por buena parte de la geografía española, desde los escenarios de la batalla del Ebro hasta Brunete, Teruel, Zaragoza, Griñón, Castellón, Santander o Madrid. El estudio es uno de los 15 trabajos de gran alcance que el Govern balear encargó la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en las islas y que la semana pasada vieron por primera vez la luz (los informes pueden consultarse a través del portal institucional del Ejecutivo).

Como constató la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos, creada por el Gobierno en 2011, al menos 33.833 restos mortales procedentes de toda España fueron conducidos a la gran necrópolis de la dictadura, cerca de un tercio de ellos sin identificar y sin conocimiento de sus familias. La investigación de Tormo reabre una de las grandes incógnitas de aquel gigantesco operativo: ¿qué ocurrió con los centenares de traslados que el régimen llegó a autorizar pero nunca ejecutó, mientras decenas de cuerpos fueron enviados al Valle sin que conste el consentimiento de sus familias?

La investigación reabre una de las grandes incógnitas de aquel gigantesco operativo: ¿qué ocurrió con los centenares de traslados que el régimen llegó a autorizar pero nunca ejecutó, mientras decenas de cuerpos fueron enviados al Valle sin que conste el consentimiento de sus familias?

Las cifras de Balears

El informe documenta esa paradoja con cifras inéditas relativas a Balears: solo 53 de las 231 autorizaciones familiares localizadas llegaron a materializarse, mientras otros 53 traslados se realizaron sin autorización documentada. En total, 106 personas nacidas o residentes en las islas fueron inhumadas en Cuelgamuros. El cien por cien de todas ellas son hombres: a día de hoy no se ha documentado la presencia de ninguna mujer balear en el Valle de los Caídos. Todos formaban parte de unidades del ejército rebelde. Las 178 autorizaciones restantes nunca llegaron a ejecutarse, sin que la documentación conservada permita explicar por qué.

La investigación ciñe al archipiélago lo que Tormo y la historiadora Queralt Solé ya expusieron en su estudio de referencia, Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983), publicado en 2024 por la revista Hispania Nova. En él desmontan la idea de que todos los traslados respondieran al consentimiento familiar y acreditan que el proceso para llenar Cuelgamuros estuvo lejos de responder a un plan perfectamente diseñado: el régimen modificó las instrucciones sobre la marcha, alteró los criterios para autorizar los traslados e incluso dejó de aplicar sus propias normas cuando el objetivo de llenar el mausoleo corría peligro. Los gobernadores civiles recibieron la orden de localizar miles de cadáveres en apenas unas semanas, pero el calendario fracasó desde el principio: los informes llegaron con meses de retraso, las previsiones de cuerpos a trasladar cambiaban constantemente y las instrucciones se modificaban sobre la marcha.

Los gobernadores civiles recibieron la orden de localizar miles de cadáveres en apenas unas semanas, pero el calendario fracasó desde el principio: los informes llegaron con meses de retraso, las previsiones de cuerpos a trasladar cambiaban constantemente y las instrucciones se modificaban sobre la marcha

La documentación revela expedientes incompletos, modificaciones de criterio, traslados suspendidos sin explicación y decisiones administrativas contradictorias en distintas provincias, dibujando un proceso mucho más improvisado y caótico de lo que la propaganda franquista pretendió transmitir. El conjunto monumental fue construido entre 1940 y 1958, en pleno franquismo, como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, es decir, a quienes lucharon y murieron por Franco durante la Guerra Civil, como expone la orden firmada por el dictador en 1940 para autorizar la edificación, llevada a cabo en las vertientes de la Sierra de Guadarrama. Pese al deseo de Franco de terminar los trabajos en un año, estos acabaron alargándose durante casi dos décadas. Su inauguración tuvo lugar el 1 de abril de 1959, en el vigésimo cumpleaños de la victoria franquista en la Guerra Civil.

En el discurso inaugural, Franco mantuvo el tono beligerante que había caracterizado los primeros años de su régimen. Lejos de presentar el monumento como un espacio de reconciliación, insistió en que la Guerra Civil seguía siendo una lucha permanente entre el “bien” y el “mal” y advirtió de que la “anti-España”, aunque derrotada, “no está muerta”. El dictador apeló además a las nuevas generaciones para que preservaran el legado de la “Cruzada”, evitaran que “el enemigo” se infiltrara en sus filas y transmitieran a sus hijos “la razón permanente de nuestro Movimiento”.

El Valle, máxima expresión del culto a los 'Caídos'

Para Tormo, “ni el inicio de las obras ni la inauguración, a pesar de ser concebidas como el inicio y el fin de un proceso, lo fueron en realidad”. “Más bien hay que entender el ciclo constructivo como el clímax de uno de los puntales o motores del corpus memorístico que fue construyendo el franquismo: el del culto a los Caídos. Un culto que tiene sus antecedentes mucho antes del estallido de la guerra civil, y que todavía pervive en la sociedad actual anclado en el lema que lo cohesionó, presente hasta no hace mucho en muchos pueblos y ciudades de la geografía española: 'Caídos por Dios y por España”, subraya en su investigación.

En su trabajo, el autor cita como referencia previa el trabajo Guerras sin fin: guía para descifrar el Valle de los Caídos en la España contemporánea“ (2011, Revistas Científicas Complutenses), en el que el antropólogo Francisco Ferrándiz analiza el papel del complejo monumental dentro de la estrategia del franquismo destinada a perpetuar la memoria de los vencedores, envuelta en una retórica política nacionalcatólica ”teñida de sacrificio, heroísmo y martirio“. En este contexto, el Ministerio de la Gobernación decidió llenar las criptas del Valle de Cuelgamuros y ordenó a todos los gobernadores civiles elaborar con urgencia un inventario de fosas y cementerios mientras consolidaba el culto a los ”caídos“ como uno de los principales pilares de legitimación de la dictadura.

Mientras tanto, recuerda Tormo, “anatematizados y reducidos a términos simplistas como la 'anti-España', el 'terror rojo' o la 'horda marxista', aquellos que se opusieron a la rebelión militar fueron expulsados del nuevo corpus nacional. Y lo fueron tanto en la vida como en la muerte”. Solo más tarde, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar la imagen internacional del régimen y proyectar un discurso de reconciliación nacional, el franquismo reformuló parcialmente ese relato para justificar también la incorporación de restos de combatientes y víctimas del bando republicano.

Tras la construcción del Valle de los Caídos, el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los gobernadores civiles elaborar con urgencia un inventario de fosas y cementerios mientras convertía el culto a los "caídos" en uno de los pilares de su legitimación política. Solo años después, por razones de política internacional, el régimen modificó parcialmente el discurso para justificar la incorporación de restos del bando republicano

Vacío documental

El estudio balear de Tormo parte de una dificultad decisiva: la documentación relacionada con los traslados que se gestionaron desde Balears no se conserva entre los fondos del Gobierno Civil de Mallorca, custodiados en el Arxiu del Regne de Mallorca. La imposibilidad de disponer de los documentos que recibió y generó el órgano responsable de coordinar las exhumaciones y traslados llevó al autor a cruzar la documentación del Ministerio de la Gobernación, el Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos y el registro de inhumaciones de Cuelgamuros. Es precisamente esa ausencia documental la que sitúa el estudio ante una de las grandes paradojas de Cuelgamuros: el franquismo fue capaz de levantar el mayor mausoleo de la dictadura y organizar el traslado de decenas de miles de cadáveres desde toda España, pero hoy resulta imposible reconstruir con certeza cómo decidió quién debía acabar allí, por qué numerosos traslados autorizados nunca llegaron a ejecutarse o qué ocurrió con parte de los expedientes que debían dejar constancia de todo el proceso.

El franquismo fue capaz de levantar el mayor mausoleo de la dictadura y organizar el traslado de decenas de miles de cadáveres desde toda España, pero hoy resulta imposible reconstruir con certeza cómo decidió quién debía acabar allí o por qué numerosos traslados autorizados nunca llegaron a ejecutarse

El origen de todo el proceso se sitúa en mayo de 1958, cuando el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los gobiernos civiles elaborar un inventario de los restos susceptibles de ser trasladados al Valle de los Caídos. En Balears, la tarea resultó mucho más compleja de lo previsto. Como revela la documentación de Tormo, el proyecto sufrió un vuelco en apenas tres meses: si en octubre de 1958 el gobernador civil de Balears, Plácido Álvarez-Buylla y López-Villamíl, había remitido un listado con más de doscientas autorizaciones familiares -233 personas, en concreto-, en enero de 1959 la relación de restos susceptibles de ser trasladados desde Balears se había reducido a una veintena de cuerpos. Los expedientes ya ni siquiera identificaban a los fallecidos por su nombre, sino únicamente mediante categorías administrativas. El estudio reconoce que hoy resulta imposible explicar por qué se produjo esa drástica reducción.

No solo eso. El historiador llama la atención sobre la tardanza con la que el Gobierno Civil remitió la documentación a Madrid, excusándose por el retraso alegando las “dificultades encontradas en el acopio de datos”. Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada.

Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada

La mayoría de aquellos hombres habían muerto lejos de las islas, lo que obligó además al régimen a poner en marcha una compleja red burocrática entre gobiernos civiles para localizar los cuerpos dispersos por toda España. Cada autorización familiar debía remitirse a la provincia donde se creía que estaba enterrado el fallecido para iniciar las exhumaciones y los posteriores traslados al mausoleo franquista. Sin embargo, el plan nunca llegó a ejecutarse como estaba previsto. El propio estudio constata que la inmensa mayoría de las autorizaciones quedaron finalmente sin efecto. Incluso los 23 cuerpos enterrados en Balears para los que las familias habían solicitado expresamente el traslado permanecieron donde estaban. Entre las hipótesis que maneja Tormo se encuentra la que apunta a que algunas familias habrían retirado posteriormente su consentimiento o a que la información remitida por los ayuntamientos fuera demasiado imprecisa para localizar los restos.

Más de veinte años después del final de la guerra, las autoridades franquistas ni siquiera habían elaborado ningún censo de fosas ni de enterramientos relacionados con el conflicto bélico: los ayuntamientos tuvieron que reconstruir sobre la marcha una información que nunca había sido sistematizada

Los baleares inhumados en Cuelgamuros

Con todo, la investigación pone por primera vez nombre y apellidos a las 106 personas vinculadas a Balears cuyos restos sí acabaron siendo trasladados a Cuelgamuros. Entre los casos documentados figuran Juan Donate Franco, coronel de Intendencia de la Armada fallecido por causas naturales en Barcelona el 13 de marzo de 1939, apenas finalizada la guerra, y la de su hijo, Juan Ignacio Donate Cangas, alférez provisional y militante de Falange muerto dos meses antes en el frente. Ambos fueron trasladados desde Palma al Valle de los Caídos el 23 de marzo de 1959 y enterrados en urnas individuales contiguas, uno de los pocos casos documentados de un padre y un hijo que acabaron reposando juntos en Cuelgamuros.

El listado también incluye perfiles singulares, como el del capitán mallorquín Gaspar Forteza Forteza, destinado en Tarragona y ejecutado el 9 de noviembre de 1936 tras ser condenado a muerte por un Tribunal Popular por su participación en la sublevación militar. Décadas después, el franquismo trasladó sus restos al Valle con autorización familiar. Otro caso llamativo es el de José Luis Aguiar Muiños, un marinero gallego fallecido en el hundimiento del crucero Baleares durante la batalla naval del cabo de Palos. Aunque había nacido en Ourense, fue enterrado en Palma y desde allí trasladado a Cuelgamuros en 1959, convirtiéndose en el único no balear incorporado al listado de fallecidos vinculados a las islas.

El cruce de fuentes indica que, en relación a su condición, en 84 de los casos se trataba de militares, mientras que, respecto a los otros 22, el investigador indica que la ausencia de indicios de que fuesen civiles invita a considerar que también eran militares. Asimismo, el informe señala que entre las unidades a las que pertenecían los identificados destaca el Regimiento de Infantería Palma n.º 36, con sede en Palma. Tras éste, la segunda unidad con mayor presencia de soldados nacidos o residentes en las islas es la Legión, donde servían 13 de los identificados como militares, seguida del Regimiento de Infantería San Marcial n.º 22, con sede a Burgos, en la que combatían 11 de los militares.

Errores y vacíos

El análisis también saca a la luz las contradicciones y errores que rodearon el traslado de los baleares. El caso más llamativo es el de Miquel Nadal Vives, cuyo nombre figura dos veces en el registro oficial del Valle de los Caídos, asignado incluso a dos urnas distintas debido a una duplicidad administrativa en la documentación. A ello se suman numerosos combatientes que durante décadas dieron nombre a calles, escuelas o monumentos franquistas en Mallorca -como Jaime Martínez Vaquer, Juan Canals Alemany o Vicenç Llobera Sancho- y cuya presencia en el callejero desapareció con la aplicación de las leyes de memoria democrática, reflejo de cómo la dictadura convirtió a determinados caídos en símbolos públicos de su relato oficial.

Detrás de varios de esos nombres, sin embargo, persisten incógnitas que el estudio no logra despejar. Cuatro de esos mallorquines -Mas Oliver, Cardell Julià, Barceló Vaquer y Moll Serra- figuraban inicialmente como enterrados en Sigüenza (Guadalajara). Sin embargo, cuando finalmente fueron registrados para su ingreso en Cuelgamuros, aparecían administrativamente vinculados a Campos, Llucmajor y Porreres. La desaparición del expediente del Gobierno Civil de Balears impide reconstruir cómo se produjo ese cambio y qué itinerario siguieron los restos antes de llegar a la necrópolis, uno de los numerosos vacíos documentales que aún rodean los traslados al mayor mausoleo levantado por la dictadura franquista.

Las anomalías detectadas en Balears no constituyen un caso aislado. En su estudio Llenar el Valle. Propuesta para una cronología de los traslados (1959-1983), David Tormo y Queralt Solé documentan que solo en la provincia de Tarragona hubo 163 restos cuyo traslado fue tramitado administrativamente pero nunca llegó a ejecutarse: 47 correspondían a Paüls, dos a la Fatarella y 114 a Santa Bàrbara. Finalmente, desde esta última localidad solo nueve cuerpos fueron trasladados a Cuelgamuros.

Los investigadores explican que el propio franquismo fue modificando las reglas del operativo conforme avanzaban los trabajos para llenar Cuelgamuros. En un primer momento, el régimen exigía el consentimiento expreso de las familias para trasladar restos identificados. Sin embargo, al comprobar las enormes dificultades para localizar a los familiares más de veinte años después del final de la Guerra Civil, a partir de 1960 fue relajando ese requisito y dejó cada vez más decisiones en manos de ayuntamientos, gobiernos civiles y autoridades militares, lo que ayudaría a contextualizar la existencia de numerosos expedientes de personas finalmente inhumadas para las que no consta autorización familiar documentada.

Los “sacrificados” que ocultaban la represión

En su estudio sobre Balears, Tormo hace hincapié, asimismo, en cómo el franquismo reinterpretó a sus muertos mediante su propio lenguaje político. En la documentación oficial, las personas represaliadas por los sublevados pasaban a ser calificadas como “sacrificados por la patria”, incorporándolas simbólicamente al culto franquista a los caídos. En Palma, el Gobierno Civil comunicó la existencia de 92 “sacrificados” enterrados en el cementerio municipal, una cifra que contrasta de forma abrumadora con las investigaciones históricas actuales, que sitúan en al menos 1.300 las víctimas de la represión franquista en Mallorca -1.544 según el primer censo publicado al respecto en 2019-. La investigación de Tormo apunta que numerosos alcaldes y responsables locales optaron por omitir deliberadamente información sobre esas fosas, reduciendo drásticamente la dimensión oficial de la violencia ejercida por los vencedores.

Además de estas fosas del camposanto palmesano, la documentación de las autoridades franquistas mencionaban la llamada Cripta Militar de Marina, donde había 31 cuerpos individualizados; mientras que en la Sepultura de Aviación había cuatro: uno de ellos, el de Ramón Franco Bahamonde, hermano menor del que a la postre se convertiría en dictador de España durante cerca de cuarenta años, fallecido durante una misión de bombardeo cuando el hidroavión que pilotaba se precipitó en barrena frente a las costas de la bahía de Pollença, en Mallorca. Finalmente, se hacía referencia al Arma de Artillería, en cuyos nichos reposaba el cuerpo de un total de 27 soldados.

Asimismo, documenta cómo varios ayuntamientos baleares comunicaron oficialmente al régimen que, tras consultar a los familiares, estos rechazaban el traslado de los restos a Cuelgamuros. Palma, Ciutadella y Es Castell remitieron respuestas en ese sentido al Gobierno Civil, lo que demostraría que no todas las familias aceptaron que sus parientes fueran enterrados en el gran monumento franquista. A ello se suma otro elemento: en numerosos expedientes individuales, el autor consigna una misma observación: “No consta que se dispusiera de autorización para el traslado”.

El investigador incide en que el proceso de llenar Cuelgamuros estuvo lejos de la imagen de eficacia y orden que proyectó la dictadura. Expedientes desaparecidos, autorizaciones que nunca llegaron a ejecutarse, traslados realizados sin consentimiento documentado, errores administrativos y un registro oficial que minimizó la dimensión de la represión franquista conforman un mosaico lleno de lagunas. Más que resolver definitivamente el enigma de los traslados, el estudio evidencia hasta qué punto la construcción del mayor mausoleo del franquismo estuvo marcada por la improvisación, las contradicciones y el uso político de los muertos para consolidar el relato oficial de la dictadura franquista.

La respuesta del Gobierno a la derogación de las leyes de memoria histórica autonómicas suma un nuevo capítulo. El Consejo de Ministros tiene previsto acordar en la reunión de este martes el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de concordia de Extremadura, aprobada por PP y Vox el pasado octubre. En línea con la estrategia que ha desplegado contra otras comunidades que han hecho lo mismo, el Ejecutivo recurre a los magistrados para intentar paralizar una ofensiva que comenzó en Aragón en una fecha tan significativa como el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco.

Entonces, las derechas iniciaron la derogación de las leyes autonómicas de memoria y, en muchos casos, su sustitución por las llamadas leyes de concordia, un concepto tras el que reproducen el argumentario revisionista de la extrema derecha y apelan a la “reconciliación” entre españoles. Los pasos atrás consumados en esta materia fueron una de las medidas estrella de los pactos de gobierno de 2023 como exigencia de Vox a cambio de hacer presidentes a varios líderes del PP y se han convertido en moneda de cambio.

En el caso extremeño, la derogación se hizo efectiva el 9 de octubre de 2025 como último pago del PP de María Guardiola a la extrema derecha. Según ha podido saber elDiario.es, el Gobierno interpone ahora el recurso tras culminar el paso previo de negociación en la Comisión Bilateral obligatoria en estos casos y, como en otras ocasiones, reclama la suspensión cautelar mientras el Tribunal Constitucional resuelve. Hace escasos días, el tribunal admitió a trámite el recurso contra la supresión de la memoria en Baleares, con la consiguiente paralización cautelar.

Fuentes del Ejecutivo apuntan a que “existen motivos suficientes de inconstitucionalidad” en la anulación de la ley extremeña por dos motivos: “vulneración de derechos fundamentales” y también “diferencias competenciales” entre el Estado y la comunidad autónoma. “La ley [de concordia] podría vulnerar la dignidad y los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista porque limita sus derechos, especialmente el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, reconocidos por el Derecho Internacional”, apuntan las mismas fuentes.

El Gobierno recuerda que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 es una norma de rango estatal que establece “el deber de memoria” a todas las administraciones, incluidas las autonomías. En este sentido, sostiene que la nueva ley extremeña “reduce la protección de los derechos reconocidos” por la legislación nacional y las normas internacionales y que, al derogar la de memoria histórica, hace desaparecer “los órganos y mecanismos necesarios para aplicar muchas de las actuaciones en favor de las víctimas”.

El recurso se suma así a la batería de impugnaciones impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a medida que los gobiernos de PP y Vox han ido desmantelando o reemplazando sus leyes de memoria. Tras Aragón, llegó el turno la Comunitat Valenciana, que aprobó la ley de concordia en un debate en el que el entonces president, Carlos Mazón, recurrió a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, para justificarla. Posteriormente el PP de Cantabria se apoyó en Vox para fulminar la ley y cumplir así una promesa electoral propia. La última en hacerlo fue Balears, donde las derechas evocaron a “los asesinados por las hordas rojas” para justificar la decisión.

Una ley que empieza en 1931

En Extremadura, la presidenta María Guardiola había dilatado la decisión frente a la exigencia de Vox por considerar que la extrema derecha pretendía “negar, olvidar y reinterpretar la historia”, pero la popular cambió de opinión cuando el apoyo de los diputados de los de Santiago Abascal fue indispensable para aprobar una rebaja fiscal. Entonces, ambas formaciones registraron un proyecto de ley conjunto que fue aprobado menos de un mes antes de que Guardiola adelantara las elecciones.

Ya sea dejando a las comunidades sin ley o sustituyéndolas por una “de concordia”, tras estas decisiones hay una narrativa que sostiene que la memoria histórica “provoca división y resentimiento” entre españoles. La norma aprobada en Extremadura —y recurrida ahora por el Gobierno— evita condenar el franquismo y lo equipara con la Segunda República, además de adelantar intencionadamente el marco temporal de aplicación y situarlo en 1931 y no en 1936, fecha del golpe de Estado e inicio de la Guerra Civil. Además, incluye a las víctimas del terrorismo perpetrado por “minorías violentas”, según reza el texto.

En ningún momento la ley nombra la sublevación franquista ni la palabra dictadura, sino que alude a un “clima de inestabilidad” y de “exclusión del adversario” durante la Segunda República que provocó que “la conversación pública saltara por los aires entre 1931 y 1936”. Sin mencionar el golpe, el texto prosigue y hace un salto hacia la Guerra Civil, que asegura: “Llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”. La norma solo alude al franquismo para afirmar que “nunca ha habido un relato consensuado” sobre el mismo, a pesar de que la historiografía no duda de la enorme escala de represión sistemática que marcó la dictadura.

Paca tenía nueve años cuando la guerra le cambió la vida para siempre. Nació y creció en San Pablo de Buceite, una pedanía de Jimena de la Frontera (Cádiz), donde su infancia quedó marcada por una huida desesperada, una familia rota y la ausencia de un padre al que nunca volvió a ver. Francisca Saraiba Acedo ha muerto a los 99 años sin haber podido cerrar la herida que la acompañó durante casi nueve décadas: saber dónde estaba enterrado José Saraiba Saraiba, su padre.

Su historia es la de muchas familias que todavía buscan respuestas sobre la represión franquista. Paca fue una de las últimas supervivientes que conservaba en primera persona el recuerdo de aquellos días de 1936 y 1937, cuando el miedo obligó a miles de personas del Campo de Gibraltar a abandonar sus casas ante el avance de las tropas sublevadas.

“Paca salió con su familia cuando tenía nueve años. Se fueron con lo puesto, como muchas otras personas, camino de Málaga”, explica a elDiario.es Andalucía el periodista e investigador Juan León Moriche, integrante del Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar. “Ella recordaba perfectamente aquel camino, cómo llegaron hasta San Pedro de Alcántara y cómo después tuvieron que regresar”.

La caída de buena parte del Campo de Gibraltar en septiembre de 1936 provocó uno de los primeros grandes desplazamientos de población vinculados a la Guerra Civil en Andalucía. Jimena de la Frontera resistió algo más que otros municipios de la comarca, al encontrarse en una zona de sierra, pero finalmente las tropas sublevadas entraron en la localidad. Muchas familias que habían huido regresaron después a sus pueblos pensando que podrían recuperar una vida normal. Para muchas de ellas comenzó entonces una nueva pesadilla.

Entre quienes volvieron estaba la familia de Paca. Su padre, José Saraiba, era zapatero y ejercía también como guardia municipal en San Pablo. Fue detenido y fusilado en 1937 junto a otros vecinos de Jimena. Su mujer, Josefa Acedo, estaba embarazada y tenía varios hijos a su cargo.

“La historia de Paca es la de una mujer que sobrevivió desde niña a una situación durísima”, señala Moriche. “Su madre se quedó viuda, embarazada y con varios hijos pequeños. Fue una superviviente en unas condiciones de absoluta precariedad, como tantas otras mujeres de aquella época”.

La búsqueda de José Saraiba comenzó muchas décadas después de aquel asesinato. Como otras familias de represaliados, los descendientes querían recuperar no solo unos restos, sino también una parte de una historia que durante años permaneció silenciada. El Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar inició en 2019 una investigación previa a los trabajos arqueológicos en el cementerio de Jimena, con la recopilación de testimonios de familiares.

En ese proceso entrevistaron a Paca. Su relato quedó recogido, junto al de otras familias, en el libro Jimena de la Frontera, 1936-1945. Testimonios. Hablan las personas que buscan a sus familiares asesinados, elaborado por Juan Miguel León Moriche y Jesús Román Román.

“Cuando la entrevistamos en 2020 ella tenía muy presente todo lo que había ocurrido. No era un recuerdo lejano, era algo que había formado parte de toda su vida”, cuenta Moriche. “Siempre estuvo vinculada a los actos de memoria que organizábamos en Jimena. Para ella no era una cuestión del pasado, era una búsqueda que seguía abierta”.

Los trabajos de exhumación realizados en el cementerio municipal durante los veranos de 2020 y 2021 permitieron localizar restos de 19 personas. Treinta familias aportaron muestras de ADN con la esperanza de que las comparaciones genéticas permitieran identificar a sus familiares desaparecidos. Entre ellas estaba Paca, que lo hizo en 2020.

Pero la respuesta nunca llegó. Los análisis quedaron pendientes y las familias continúan esperando los resultados que puedan confirmar si alguno de esos restos pertenece a sus seres queridos.

“Es muy frustrante porque las familias han hecho todo lo que tenían que hacer. Han aportado sus muestras, han dado sus testimonios y siguen esperando”, lamenta Moriche. “El problema es que el proceso está bloqueado. La Universidad de Granada es la que tiene que realizar los análisis comparativos y no se está avanzando”.

Paca, pese a su avanzada edad y sus problemas de movilidad, siguió participando en los homenajes. En octubre de 2022 acudió al cementerio de San Pablo, donde fueron depositados los restos recuperados durante las exhumaciones, aunque todavía sin identificar. Llegó en silla de ruedas, pero quiso levantarse para fotografiarse junto a otros familiares de víctimas.

Aquel día volvió a recordar a su padre. Lo hacía como había hecho durante toda su vida: sin olvidar su nombre y reclamando que su historia no quedara enterrada junto a él.

Paca deja cinco hijos, que han recibido de ella el testigo de continuar una búsqueda que empezó cuando era una niña y que nunca abandonó. Su muerte supone la desaparición de una voz directa de aquella generación que sufrió la represión, pero también deja un legado: el de quienes mantuvieron viva la memoria cuando durante décadas no hubo respuestas.

Casi 90 años después del asesinato de José Saraiba, la pregunta continúa sin resolver. Paca se marchó sin conocer la verdad completa, pero sus hijos y las familias que siguen esperando mantienen pendiente una deuda con quienes fueron asesinados y enterrados en silencio.

La historia de Paca no termina con su muerte. Continúa en una muestra de ADN, en una fosa todavía sin identificar y en la memoria de una familia que sigue esperando recuperar el nombre y los restos de un hombre que desapareció en 1937.

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno para resfignificar el Valle de Cuelgamuros y convertirlo en un Lugar de Memoria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha emitido un auto en el que desestima la petición de medidas cautelares de Abogados Cristianos, que buscaba paralizar el acuerdo y frenar el proceso aludiendo a que el Arzobispado de Madrid no era competente para firmarlo, un extremo que rechazan los jueces.

La asociación ultra presentó un recurso el pasado 29 de enero contra el pacto suscrito por el ministro Félix Bolaños y el arzobispo José Cobo después de que el Gobierno cerrara directamente en el Vaticano los detalles de la resignificación. El acuerdo derivó en la convocatoria de un concurso de ideas ya resuelto basándose en el cual se transformará el mausoleo mandado construir por Franco. El proceso está siendo objeto de varios intentos de paralización y, de hecho, hace un par de semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid permitió que se retomen los sondeos previos a las obras, algo que había recurrido la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica.

En esta caso, la Audiencia Nacional ya había denegado la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos contra el acuerdo el pasado enero y acordó abrir pieza separada para analizar las cautelares. La organización aseguraba que esa supuesta falta de competencia a la que aludía convertía el documento del pacto “en un acuerdo informal sin capacidad para producir efectos jurídicos válidos” y, a su juicio, cualquier actuación derivada del mismo “debe decaer”.

Sin embargo, la Audiencia Nacional concluye que “no se aprecian” causas para la suspensión debido a que “no resultan palmarias las causas de nulidad absoluta” a pesar de que Abogados Cristianos alegue falta de competencia del Arzobispado de Madrid. “Los datos que obran en el expediente administrativo no permiten aval en tan sentido”, apuntan los magistrados.

Por otro lado, no aprecian que la no paralización del acuerdo vaya a producir daños irreparables, pues “no hay, de suyo, ningún efecto ni positivo ni negativo en el espacio físico a alterar como consecuencia del proceso de resignificación. Y tampoco redunda perjuicio irreparable la continuación del referido procedimiento”. “En consecuencia, no procede la suspensión interesada”, concluye la Sala.

El acuerdo recurrido por Abogados Cristianos establecía las bases de la resignificación, mantenía la basílica como espacio dedicado al culto y aseguraba la permanencia de los benedictinos en el monumento.

La historia de la resignificación del Valle de Cuelgamuros –antes Valle de los Caídos– es la de un proceso marcado por los innumerables intentos de frenar cualquiera de los pasos dados por el Gobierno: desde la exhumación de Franco a la de las víctimas allí enterradas y a las que ahora reclaman sus familiares y la transformación física del espacio.

El concurso para ello dio comienzo en abril de 2025 con la apertura del plazo para presentar los planes con los que convertir en un lugar de memoria el mausoleo, en el que están enterradas más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sin ningún cartel o panel que explique nada sobre su origen. El jurado eligió en noviembre el proyecto 'La base y la cruz' como ganador del certamen, que propone la construcción de un centro de interpretación. Los costes totales del proceso alcanzarán los 31 millones de euros.

Un colegio, un hotel de lujo, una plaza de toros, una explanada en la que varios niños juegan a la pelota, una parcela en la que, aún hoy, quienes la pasean encuentran casquillos de balas. Son las huellas de una historia que no ha sido lo suficientemente contada, la de los campos de concentración franquistas que poblaron el país desde la sublevación militar de 1936. Una dimensión de la represión que rescata del olvido Todo es cárcel, la nueva película de Eloy Enciso, que acaba de ganar el Gran Premio de la Competición Internacional del festival FID Marseille, celebrado este fin de semana en la ciudad francesa.

Los golpistas no necesitaron ni siquiera 24 horas desde que se rebelaran por las armas contra la República para abrir su primer campo de concentración a pocos kilómetros al sur de Tetuán. Repartidos por toda la geografía española, este tipo de espacios, de los que el periodista Carlos Hernández llegó a documentar 300, fueron usados por los franquistas para encerrar a los prisioneros a medida que conquistaban territorio. Funcionaron hasta finales de los años 40 y llegaron a albergar a más de 750.000 republicanos.

Su existencia, sin embargo, ha sido y es todavía ignorada más allá de la historiografía oficial y apenas hay señales en los lugares que ocuparon. Un olvido colectivo sobre el que Todo es cárcel propone una reflexión ineludible para las sociedades democráticas: qué ocurre cuando una violencia sistemática desaparece del relato compartido de un país, pero continúa dejando huellas en la vida cotidiana incluso sin darnos cuenta.

Porque el filme, aunque utiliza como elemento vertebrador el sistema concentracionario de la dictadura, apunta a un marco más amplio, el de la represión franquista en toda su amplitud. “Al menos para mi generación es algo bastante desconocido, pero que tiene un carácter muy rizomático. Cuando empiezas a tirar del hilo vas llegando a otras derivadas. La historia política de un país siempre se cuenta en términos macro y yo quería acercarme a lo micro, a cómo esa violencia tan sistemática puede estar aún presente hoy en día, cómo la hemos heredado o ha quedado reflejada en las familias”, explica el director Eloy Enciso, que en 2019 ya ahondó en las heridas abiertas de la Guerra Civil en Longa noite.

Su nueva película, una ficción con tintes documentales producida por Umbracle Cine y Filmika Galaika, sigue los pasos de Elsa, una fotógrafa que recorre el país con su proyecto sobre campos de concentración franquistas. En medio del proceso, la mujer tendrá que enfrentarse a su propio pasado y a su historia familiar, a partir de la muerte de uno de sus tíos, que vivió la dictadura de Franco. El suceso la llevará a la casa de Galicia en la que ella y sus primos tendrán que abordar qué hacer con el legado material mientras emergen las voces de quienes quieren enterrarlo para siempre.

Una “pugna” por la herencia de los objetos que representa a toda una sociedad. “La intención última no es que tenga un sentido literal, sino simbólico. Aún hay dos Españas, la que desde hace mucho tiempo pelea porque de verdad se afronte esta asignatura pendiente y la que no. Este es un problema de fondo y a gran escala que sigue bloqueando el acceso a la memoria”, cree Enciso.

Los objetos cotidianos vinculados al pasado adquieren un papel clave en el filme porque también lo tienen en la vida real. Las fotografías de los represaliados y las cosas que tuvieron en su vida o las que portaban en el momento de su fusilamiento son custodiadas por algunas familias para recordar a sus desaparecidos, mientras otras se ven abocadas al silencio.

El antropólogo Jorge Moreno, que tiene un papel en la película y lleva años investigando el poder simbólico de los objetos, lo explica con un caso real, el de los nietos de un represaliado que apenas saben quién fue o lo que ocurrió frente a otros familiares, la mayoría mujeres, que sí han resguardado la memoria. Para Enciso, esta y otras escenas muestran cómo “el sistema fue muy efectivo borrando las cicatrices de la historia que quedó en los árboles familiares” y que, de alguna u otra manera, nos atraviesa a todos y todas.

Las cartas de Carmen y Ángel

La narración va entrelazándose con otras capas, como la que traslada al espectador al final de la Guerra Civil y los primeros años de dictadura a través de Carmen y Ángel, una pareja de represaliados enamorados a los que separa el triunfo de los franquistas. Su historia está tejida por las cartas que se escriben mientras relatan la crueldad de las detenciones, los intentos de huida, los campos de concentración y las cárceles en las que son encerrados.

El intercambio epistolar es ficcional, pero tiene una base documental: son fragmentos de memorias, escritos y cartas reales. Sus palabras son retazos de las que algún día dijeron personas reales que fueron perseguidas por su forma de pensar. “Todo lo que se dice, alguien lo relató”, explica el director, que ha llevado a cabo una dilatada investigación al respecto.

“No soy capaz de contar todo lo que me hicieron, ojalá algún día lo consiga”, le dice Carmen a Ángel en uno de los extractos en los que cuenta su detención. Es 28 de junio de 1939 cuando él responde desde un campo de concentración en el que está prisionero: “Entre el 11 y el 27 de junio hemos comido cuatro veces. Se nos escurren las mejillas y se nos hunden los ojos, nos adelgazan los brazos, las piernas y el pecho. Cuesta trabajo permanecer de pie”.

Al tiempo que Elsa, que habitualmente vive en Berlín, recorre la geografía española para retratar qué lugares albergaron los campos franquistas, las cartas de Carmen y Ángel ponen cuerpo y vida a los escenarios. La frase que resume su periplo es una idea central en la película: “Pasamos por ellos cada día sin darnos cuenta”, dice Enciso sobre los campos, de los que apenas un puñado están señalizados o conservan alguna marca que permita reconocer lo que fueron. Los paisajes sin rastro de memoria se contraponen así con el horror que albergaron.

En estos espacios, la dictadura instaló los llamados batallones de trabajadores, uno de los sistemas de trabajo forzado de la España de Franco contra los considerados enemigos del Nuevo Estado. En general, una vez los prisioneros republicanos llegaban a los campos, se discernía quienes pasarían a trabajo forzado a partir de su clasificación en afectos, desafectos y afectos dudosos al Glorioso Movimiento Nacional. Una parte de la infraestructura del país fue levantada por ellos en condiciones de semiesclavitud: desde numerosas vías de tren a presas y embalses o incluso el Valle de Cuelgamuros, donde miles de víctimas fusiladas permanecieron décadas enterradas junto a su verdugo.

A lo largo de la película es una voz en off la que la mayoría de las veces lee las misivas de Ángel y Carmen. Mientras eso ocurre, la cámara recorre calles, negocios, pueblos tierras y edificaciones como si nada pasara, como si el paisaje de nuestro país estuviera “disociado de su propia historia”. El tiempo se dilata frente a ellos y el silencio se expande. Un silencio que es colectivo. “Nos interesaba usar el cine para retratar el denominado 'franquismo sociológico' a través de los paisajes mudos y la intimidad, mostrando que el fascismo convive con nosotros a una escala tan colectiva como individual”, concluye Enciso.

El 6 de julio de 1936 Pamplona lanzó el Chupinazo con el que dieron comienzo unas nuevas fiestas de San Fermín, las últimas antes de la Guerra Civil. Lo hizo Nicolás Ilundáin —y no Juan Echepare, quien lo llevaba lanzando desde 1931 y que pocos días después sería asesinado por los falangistas— desde la Plaza del Castillo, ya que no fue hasta 1941 cuando el lanzamiento del cohete se trasladó a la Plaza Consistorial. Mientras la capital navarra comenzaba sus días de fiesta, el gobernador militar de la plaza, Emilio Mola, ultimaba los detalles de la sublevación militar que protagonizaría el 19 de ese mes para convertir a Pamplona en una de las primeras ciudades en alinearse con el nuevo régimen junto con la vecina Vitoria.

Mola llevaba ya meses planeando el golpe de Estado para acabar con el Gobierno legítimo del Frente Popular, prácticamente desde su llegada a la capital navarra en febrero de 1936. El autor y general de división de la Guardia Civil Gonzalo Jar Couselo lo sitúa “al frente de la conspiración” desde el 19 de abril , siendo ya “el Director”. Pero fue durante los Sanfermines cuando logró garantizar el respaldo de los carlistas a la sublevación, cuyo apoyo fue vital para la conquista de provincias como Bizkaia o Gipuzkoa con más de 60.000 voluntarios.

Según las crónicas de la época el inicio de las fiestas de San Fermín estuvo marcado por la lluvia y las tormentas que obligaron a cancelar algunos actos como el lanzamiento de los fuegos artificiales, que entonces se tiraban desde la plaza de la República, actual plaza del Castillo. También se rompió la tradición en las fiestas del período republicano de que no repicaran las campanas de los templos católicos. Ese día sonaron las de la catedral.

Un día antes del chupinazo, el 5 de julio, Mola conoció en persona al dirigente carlista Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, en una reunión en la Comandancia Militar en la que comenzaron a negociar el número de tropas que aportarían los carlistas. En este punto jugó un papel decisivo Raimundo García García, diputado y director de 'Diario de Navarra', y que firmaba sus artículos con el seudónimo Garcilaso. Él fue quien hizo de enlace entre Mola y los representantes requetés.

Los encuentros de Mola con dirigentes carlistas, generales como Joaquín Fanjul o el propio Garcilaso se intensificaron durante los siguientes días en una Pamplona sumida en los Sanfermines. Tanto es así que muchos de los encuentros los celebraban en lugares públicos como la plaza de toros o el Café Kutz de la hoy plaza del Castillo, lo que provocó que fueran vistos y que las reuniones tuvieran incluso su reflejo en la prensa. En Donostia había otro café Kutz. Eran de una familia de origen alemán.

“Se tienen noticias de que el domingo día 12 del pasado mes se encontraban en la terraza del café Kutz de Pamplona, los ex generales Fanjul y Mola, acompañados del hijo de Sanjurjo. Unos elementos de Izquierda se sentaron cerca de los citados señores para ver si conseguían oír la conversación; pero sus propósitos fueron adivinados por Fanjul, que irritado les dijo: '¿Qué vienen ustedes a hacer aquí, a escuchar, no? Pues aprovéchense que dentro de unos días no podrán oír nada'. Pocos minutos después se reunió al grupo Ansaldo, y al enterarse del incidente, se levantó y dirigiéndose a los republicanos les insultó groseramente”, recogía una noticia de la publicación 'La Batalla'.

Pero la más trascendental tuvo lugar el 9 de julio en el claustro de la catedral de Pamplona. Un día antes, el jefe de la Comunión Tradicionalista Carlista, Manuel Fal Conde, había enviado a Mola una carta exigiéndole el establecimiento de una monarquía católica tras el golpe de Estado, cuestión que no fue del agrado del gobernador militar. En otra misiva, el dirigente carlista dio por rotas las negociaciones. Es por ello que el conde de Rodezno se trasladó desde Madrid a Pamplona para reconducir la negociación.

En el encuentro entre los dos en la catedral, Mola le trasladó su preocupación por la actitud de Fal Conde y el conde de Rodezno le aseguró que él tenía el respaldo de los carlistas. Solo un día después, el 10 de julio, Emilio Mola fue citado por su superior, el general Domingo Batet, a una reunión en el monasterio de Irache, en la comarca de Estella. Allí, le trasladó que el Gobierno estaba enterado del plan de sublevación que estaba liderando desde Pamplona y le invitó a trasladarlo a otro destino o a que cambiase de postura. Mola le garantizó que él no estaba “comprometido en ninguna aventura”.

Unos días más tarde, el 15 de julio, llegó a Pamplona desde San Juan de Luz, al otro lado de la frontera francesa, un documento firmado por el rey regente carlista Javier de Borbón-Parma y por Fal Conde confirmando que la Comunión Tradicionalista se sumaba “con todas sus fuerzas” al movimiento militar liderado por Mola. En medio, el periódico 'Noticiario Bilbaíno' publicó que también en Pamplona se produjo una reunión de representantes de las diputaciones de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra para tratar sobre el Estatuto de autonomía vasco, que llegó con la Guerra Civil ya iniciada.

El día 16 Emilio Mola fue reclamado de nuevo por su superior Domingo Batet para mantener un encuentro en el monasterio de Irache. Como describe el autor José María Iribarren, el general Mola “llegó a pensar seriamente que se trataba de una emboscada para detenerle, al suponer que el Gobierno conocía toda la trama de la conspiración”. Por ello acudió a la reunión “con una escolta de oficiales comprometidos, vestidos de paisano y armados”.

Pero Batet únicamente quería asegurarse de que Mola no se saldría de la legalidad republicana, pidiéndole su palabra de honor de no levantarse en armas contra el Gobierno legítimo, a lo que Mola respondió que ni conspiraba ni sabía de ninguna conspiración en marcha. El golpe seguía adelante.

Pero el principal escollo que tenía Mola en Pamplona para asegurar el éxito de la sublevación era el comandante de la Guardia Civil en la capital navarra, José Rodríguez-Medel, que el 18 de julio rechazó la propuesta del gobernador militar de sumarse al golpe que ya había comenzado en los territorios africanos.

Ante la negativa del comandante a unirse a la rebelión, y cuando se dirigía a formar las tropas para trasladarse a Tafalla, donde estaba planeado establecer una línea defensiva que aislara a Navarra por el sur para hacer frente a la sublevación militar, fue asesinado en las puertas de la comandancia de Pamplona tras recibir seis disparos efectuados con arma larga, de calibre 7 milímetros, que se corresponden con las armas que utilizaba el Ejército, por varios guardias sublevados que le esperaban a la salida. La rebelión de Mola quedaba al descubierto.

Así, el 19 de julio, la fecha que Mola había fijado para dar el golpe en la península, una compañía del Batallón de Cazadores Sicilia proclamó a las 6:00 de la mañana desde la plaza del Castillo el estado de guerra. La sublevación que había terminado de perfilar durante las fiestas –que en los dos años posteriores no se celebraron— había triunfado.

Se iniciaba así en Navarra un periodo de represión que culminaría con más de 3.500 asesinados, muchos de ellos enterrados en fosas que todavía no han sido localizadas casi un siglo después. El equivalente al NO-DO de la Italia fascista destacó en una película de agosto de 1936 la implicación de “Navarra” en la “revolución” contra los “rojos”. Mola falleció en un accidente de aviación en un vuelo que partió de Vitoria en 1937, en plena ofensiva para la conquista de Bilbao. Su cuerpo fue enterrado en un mausoleo en el monumento franquista a los Caídos de Pamplona y no fue exhumado hasta 2016.

Domínguez Arévalo, de su lado, fue el primer ministro de Justicia de Franco, con una sede ilegítima instalada en Vitoria en 1938. No volvieron a celebrarse los Sanfermines hasta 1939, ya finalizada la Guerra Civil. Los de 1940 son recordados por la abundante presencia de nazis alemanes, agasajados en Pamplona.

Estudiar las “raíces biopsíquicas del marxismo”. Fue el objetivo que se marcó el psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera al pedirle autorización directa a Franco para experimentar con prisioneros republicanos durante la Guerra Civil. El médico pretendía demostrar la existencia de un supuesto 'gen rojo' que predisponía a algunas personas a ser “contagiadas” por el “virus marxista”, una hipótesis que ya antes de empezar sus investigaciones creía confirmada y que serviría para poner la psiquiatría oficial al servicio de la represión franquista.

El médico, al que el Gobierno acaba de retirar la Gran Cruz de la Sanidad, ya era el Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del franquismo cuando, en julio de 1938, se dirigió al Cuartel General de Burgos, declarada “capital de la Cruzada”. Quería reclamar su visto bueno para crear su Gabinete de Investigaciones Psicológicas, que serviría para “el mejor aprovechamiento científico del material humano que las vicisitudes de la guerra pone a disposición de la ciencia”. Además, prometía que el régimen se gastaría poco dinero en él: los médicos serían “especialistas patriotas” que trabajarían de forma voluntaria y la instalación no superaría las 2.000 pesetas “pues el instrumental que ha de pedirse a Alemania es muy reducido”.

Así lo explicaba el propio Vallejo-Nájera en la petición, que pasó por diferentes responsables hasta ser elevada a Franco. El Coronel Inspector de Campos de Concentración, Luis Martín Pinillos, pensaba que la idea era “sumamente interesante” para ahondar en “las características patológicas afectadas de este mal —en referencia al marxismo—”, según el telegrama que conserva el Archivo Militar de Ávila. La autorización final es una nota manuscrita por el propio Franco que firma como Terminus, el nombre en clave que usaba fuera de Burgos, y en la que confía en que desde el Gabinete pueda “hacerse algo interesante”.

Así fue como el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos) y la cárcel de mujeres de Málaga se convirtieron en laboratorios de experimentación para Vallejo-Nájera. “Sus conclusiones se basaban en la idea de que había una determinada predisposición física o psíquica a 'contaminarse' de ese 'virus marxista'. Lo que hizo fue patologizar al adversario político e intentar demostrar que eran personas degradadas, débiles mentales o degeneradas y, por lo tanto, debían ser controladas o reeducadas”, explica el catedrático de la Universidad de Murcia Salvador Cayuela, autor de la tesis La biopolítica de la España franquista.

Las teorías de Vallejo-Nájera no surgieron de la nada: bebieron del contexto europeo que a finales del siglo XIX y principios del XX popularizó la eugenesia como una disciplina aceptable y científica. Esta también llegó a España e incluso fue defendida por algunos pensadores de izquierdas. Pero lo que hizo el psiquiatra oficial del régimen durante la Guerra Civil y el franquismo fue adaptarla. En sus conferencias y publicaciones, defendía una “higiene racial” particular, en la que el concepto de raza en España no vendría determinado por una cuestión biológica, como sí ocurría en otras corrientes eugenésicas, sino que era algo cultural o moral, asociado a la Hispanidad y sus valores.

En la base de su discurso estaba la "pureza" de la "raza hispánica" que se había visto "corrompida" no por factores genéticos, sino morales o sociales, entre ellos el alejamiento de las costumbres tradicionales

Cayuela explica que el giro de Vallejo-Nájera se debe a su ferviente catolicismo. “No podía aceptar el aborto o la esterilización forzada de los considerados inferiores como medidas eugenésicas, así que abrazó la misma idea, pero desde otro prisma”, sostiene el experto. Es lo que él mismo llamó eugamia, una propuesta alternativa a la eugenesia biológica y a su contradicción con la doctrina de la Iglesia. En la base de su discurso, estaba la “pureza” de esa “raza hispánica” que se había visto “corrompida” no por factores genéticos, sino morales o sociales, entre ellos el alejamiento de las costumbres tradicionales o la expansión de ideas revolucionarias.

Este tipo de teorías las replicó en libros como Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la Raza o Política racial del Nuevo Estado, publicados durante la Guerra Civil. En ellos, plasmó sus propuestas de “regeneración” racial, entre las que se encontraban la “segregación” de los “parásitos de la sociedad” o las medidas encaminadas a “multiplicar los hijos de los selectos” a través de matrimonios considerados adecuados, consejos médicos prenupciales obligatorios, campañas contra la soltería o la difusión de una “educación sexual nacional” que respondiera a los intereses de esta política racial.

Su instinto de crueldad no se despierta tan fácilmente como en el hombre, pero una vez se desencadena, sus límites rebasan las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas

Antonio Vallejo-Nájera, sobre las mujeres

Los análisis pseudocientíficos

Bajo esta amalgama ideológica y pseudocientífica, Vallejo-Nájera realizó sus experimentos en Burgos y Málaga. La paleontóloga Marta Fernández Viejo ha estudiado a fondo el primero de ellos, en un campo de concentración que llegó a albergar a casi 500 brigadistas internacionales que habían llegado del extranjero para ayudar al Ejército republicano. La experta ha buceado en el archivo y ha encontrado los test que el psiquiatra hacía a los prisioneros, a partir de los cuales publicó los resultados de sus análisis solo dos meses después de iniciarlos en la Revista Semana Médica Española.

Fernández Viejo explica que las investigaciones “consistieron fundamentalmente en interrogatorios, observaciones de comportamiento, cuestionarios y pruebas psicológicas” cuyas respuestas “interpretó desde presupuestos ideológicos previamente establecidos”. A pesar de que habitualmente el psiquiatra es comparado con el nazi Josef Mengele, la experta apunta a que, en su caso, no existe de momento constancia de que hiciera experimentos físicos sobre los presos. El psiquiatra llegó a analizar la “figura corporal”, el nivel educativo, la situación familiar, la religiosidad, las motivaciones políticas o los hábitos de consumo de tabaco y alcohol, entre otros muchos factores.

Uno de los ítems que usó para evaluar a los brigadistas fue la “personalidad social”, que dividió en “media normal”, “revolucionarios natos” o “psicópatas”. También les clasificó con categorías como “normales”, “amorales”, “deficientes mentales” o individuos con rasgos “degenerativos”. A partir de estos datos, “elaboró perfiles psicológicos que consideraba característicos del militante marxista”, explica la experta. Los resultados los recibía Franco personalmente, según acreditan varios telegramas, por ejemplo el que en enero de 1939 remite adjunto un informe sobre los prisioneros norteamericanos, entre los que “se da un porcentaje grande de sujetos indeseables”.

El psiquiatra también llevó su Gabinete de Investigaciones Psicológicas a la cárcel de mujeres de Málaga, donde analizó a 50 presas antifranquistas para concluir que la participación política de las mujeres “podía interpretarse como una manifestación de desequilibrio psicológico, inmadurez afectiva o desviación”, al transgredir el papel de madre, esposa y educadora que les reservaba, señala la paleontóloga.

Del sexo femenino decía que eran características “la labilidad física, la debilidad del equilibrio mental y la menor resistencia a las influencias ambientales” y añadía: “Su instinto de crueldad no se despierta tan fácilmente como en el hombre, pero una vez se desencadena, sus límites rebasan las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas”.

El discurso no se quedó en un mero mensaje. Según Cayuela, fueron estas ideas las que también vertebraron diferentes organismos propagandísticos y represores de la dictadura. La “reeducación” estaba en el centro: “Acatar o no la norma distinguía a los recuperables de los irrecuperables”. Esa era la “regeneración” de la raza hispánica y el mismo corpus de ideas que motivó una de las prácticas del franquismo, la “sustracción sistemática” de bebés con el objetivo de “reubicar” en familias católicas y adeptas al régimen a aquellos niños y niñas “en peligro” de ser “contagiados por el 'gen rojo' o que fueran susceptibles de degradación”.

Fernández Viejo explica que Vallejo-Nájera fue uno de los psiquiatras más destacados de la época y su formación fue “excepcional” para los estándares de la época, llegando a obtener la primera cátedra universitaria de Psiquiatría creada en España. Sus ideas pseudocientíficas eran consideradas “científicamente legítimas” por parte de la comunidad médica en aquel entonces, pero sobre todo, fueron usadas para dotar de legitimidad a atroces prácticas represivas. “Sus teorías eugenésicas, financiadas y promovidas por el régimen, sirvieron de base ideológica para la comisión de crímenes contra la humanidad”, ha justificado el Gobierno al retirarle la Gran Cruz de la Sanidad que le concedió Franco.

Una sudadera, un pantalón y una camiseta con la palabra Dmocracia en el pecho han desatado la polémica. Medios de comunicación, miles de usuarios de redes sociales y perfiles de ultraderecha como Alvise Pérez han salido en tromba en los últimos días a criticar al Gobierno por haber “lanzado” una colección de moda y haberse gastado en ella “millones de euros”. “El Gobierno crea su propia marca de ropa”, apuntaban. Los mensajes en X, TikTok o Instagram reprodujeron el bulo con rapidez, señalando al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “despilfarrar” el dinero público en ropa y a influencers como Marina Rivers por participar en la iniciativa.

La realidad detrás de Dmocracia es otra: se trata de una campaña de comunicación que usa los códigos de la moda “para acercar la democracia” a los jóvenes y que ha puesto en marcha el Comisionado por los 50 años de España en Libertad como parte del programa de talleres, actividades y eventos que desarrolla desde el año pasado para conmemorar el medio siglo desde la muerte del dictador Francisco Franco. La campaña fue lanzada hace tres semanas, pero ha sido esta cuando ha estallado el aluvión de críticas.

La campaña ha sido grabada en el Congreso de los Diputados y muestra a varias personas vistiendo las prendas. “Cuando te vistes, te posicionas. Las prendas que eliges cada mañana en tu armario también hablan de quién eres, de lo que piensas y de lo que defiendes”, reza la iniciativa, que en su vídeo promocional deja claro que se trata de una “colección cápsula” diseñada por el director creativo Bnomio.

“Aunque utiliza el mismo lenguaje que una marca de ropa, no lo es”, apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que aseguran que las prendas “no están a la venta” y que se ha producido “un número limitado de unidades”, que se usarán a lo largo del año en eventos y actos. Algunas se han sorteado también a través de redes sociales. Según cuantifica el Gobierno, en tres semanas la campaña ha alcanzado 4,2 millones de visualizaciones solo en las redes del Comisionado, llegando a “más de 600.000 personas”, el 75% menores de 35 años.

Tampoco esta supuesta marca de ropa ha costado “14 millones de euros”, como se ha afirmado. Este es el presupuesto total que la iniciativa tiene durante este ejercicio, pero las mismas fuentes aseguran que la campaña “no excederá” de los 380.000 euros. El desglose es el siguiente: la producción —con conceptos como el diseño o la producción de las prendas— ha alcanzado los 185.215 euros; a ello hay que sumarle el trabajo de los creadores de contenido que han participado y seguirán haciéndolo, puesto que la campaña “no está cerrada”. El Gobierno cuenta con 32 influencers “para difundir el mensaje” y cifra en 193.900 euros el “coste máximo” de este concepto.

Entre estas creadoras de contenido está Marina Rivers, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, y que ha utilizado esta red social para responder a los ataques. El eurodiputado y fundador de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, comentó sobre la influencer: “Que mi clon en mujer sea tan sumamente subnormal me avergüenza. Por favor, no me relacionen con esto”, en referencia a que hay quienes en redes comparan físicamente a ambas figuras. Otros mensajes la califican de “socialista” que “ya recibe miles de euros públicos a través de RTVE”.

Rivers ha lamentado en un vídeo que “hasta representantes políticos se crean en libertad de insultarme” y ha defendido “la libertad de criticar un presupuesto público” pero al mismo tiempo ha apuntado a la “demagogia” de los mensajes que apelan a que el dinero gastado podría “haberse usado para los niños con cáncer”, la sanidad o la educación. “No sé si a alguien le sorprende, pero yo estoy a favor de la democracia”, ha justificado sobre su trabajo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha explicado que la campaña no ha implicado pago publicitario a las plataformas de Meta o TikTok y que tiene “un coste que se encuentra muy por debajo del 50% de la media de las campañas institucionales de los últimos años”. La estrategia de difusión busca que el relato “sea transmitido por personas relevantes” para la generación 'Z' y los perfiles “han sido elegidos por su relevancia en moda y lifestyle, pero también por su capacidad para transmitir los valores del proyecto”.

El hecho de que haya sido grabada en el Congreso de los Diputados también ha despertado críticas. Algo que “ha sido aprobado por la Mesa” de la Cámara Baja, afirman las mismas fuentes. El Gobierno considera que la moda es uno de “los lenguajes que la ciudadanía joven entiende de manera más directa” y por eso ha querido utilizarlo en este caso: “Es indiscutiblemente un elemento más de la comunicación política y valores de hoy en día”.

El Govern balear ha hecho públicos este martes los 15 estudios de memoria democrática encargados durante la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en las islas. Se trata de informes inéditos que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) mantenía sin difundir desde que arrancó la actualidad legislatura, circunstancia de la que elDiario.es informó en exclusiva el pasado mes de abril.

Los trabajos, de gran alcance -con miles de páginas en conjunto- y de carácter multidisciplinar -a nivel histórico, psicológico y jurídico, entre otros-, reconstruyen los episodios menos explorados del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista y fueron concebidos, de hecho, como una de las piezas centrales de la política pública de memoria democrática en Balears. No solo fueron encargados, sino también ejecutados y remunerados: en total, la Administración autonómica ha abonado 218.000 euros a los distintos autores de los mismos sin que sus investigaciones viesen la luz hasta ahora.

Las investigaciones fueron promovidas por el anterior Ejecutivo progresista en el marco del IV Plan de Fosas, desarrollado al amparo de la ley autonómica de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas'-. De acuerdo al propio diseño del plan, estos trabajos deben revertir en la sociedad a través de exposiciones, materiales pedagógicos y presentaciones públicas.

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha anunciado la publicación de estos informes junto con otros cinco trabajos, hasta un total de veinte investigaciones, que ya pueden consultarse a través del portal institucional del Govern. La iniciativa se presenta como una medida para facilitar el acceso público a las investigaciones realizadas sobre la guerra civil, la represión franquista y las políticas de memoria democrática.

Entre los estudios ahora publicados figuran investigaciones de carácter histórico, jurídico, antropológico y psicológico, entre ellas un informe sobre la respuesta del Estado español a los crímenes del franquismo desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, así como trabajos sobre los refugios antiaéreos, los espacios de memoria, los archivos de memoria democrática o la presencia de nazis y fascistas italianos refugiados en Balears tras la Segunda Guerra Mundial.

También abordan cuestiones como la relación del archipiélago con el Valle de Cuelgamuros, los bombardeos durante la guerra civil, la actualización del censo de víctimas de la represión franquista, las políticas memorialistas del franquismo, el desembarco del capitán Bayo, el exilio o el trauma transgeneracional derivado del golpe de Estado de 1936.

La ausencia de difusión contrastaba además con los objetivos con los que fueron concebidos. Cuando el anterior Govern presentó el IV Plan de Fosas, defendió que las investigaciones tendrían un retorno social mediante exposiciones, materiales pedagógicos y actividades divulgativas, con el propósito de consolidar a Balears como referente estatal en políticas de memoria democrática.

Una “reivindicación histórica”

Tras conocer el anuncio, la asociación de Memòria de Mallorca ha celebrado el hecho de que, “por primera vez, se logra una de las reivindicaciones históricas” de la entidad al publicarse un censo de víctimas desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la inclusión de la tipología del delito cometido.

La publicación de los informes llega en un contexto de fuerte controversia en torno a las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens. El pasado mes de marzo, PP y Vox derogaron la Ley balear de Memoria y Reconocimiento Democráticos, una decisión que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Esta semana, el alto tribunal admitía a trámite el recurso, lo que deja sin efecto, de forma provisional, la eliminación de la norma.

Precisamente, Memòria de Mallorca asevera que la pretensión de estos estudios debía ser un fundamento para desarrollar la ley balear de memoria mediante la realización de reconocimientos, actos y divulgación en aras a “garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación” y, en especial, “pedagogía para garantizar la no repetición de los hechos ocurridos raíz del golpe de estado de 1936”.

A pesar de que -apostilla- numerosas de las incorporaciones propuestas por la entidad no han sido aceptadas y de que el Ejecutivo del PP “ha hecho caso omiso” a las mismas, la entidad considera que la publicación de los estudios “es un primer paso”. “Tras la noticia [de la admisión a trámite] por parte del Tribunal Constitucional y la publicación hoy de los 20 estudios encargados por el anterior Ejecutivo, seguiremos vigilantes para que se aplique la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Memoria y Reconocimientos Democráticos de Balears”, sentencian desde Memòria de Mallorca.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra la derogación de la Ley balear de memoria y reconocimiento democráticos de Balears.

La decisión supone, de forma provisional, dejar sin efecto la derogación aprobada el pasado mes de marzo con los votos de PP. Será el propio Constitucional el que deba pronunciarse ahora sobre el fondo del recurso y decidir si la derogación se ajusta o no a la Carta Magna.

La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. En su recurso, el Ejecutivo central señala que la eliminación de la ley supone una vulneración de los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, al eliminar el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de dificultar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

Asimismo, considera que la ley podría invadir competencias estatales, quebrantar el principio de colaboración entre administraciones y vulnerar los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La derogación de la Ley de memoria democrática fue uno de los principales acuerdos alcanzados entre PP y Vox durante la presente legislatura y provocó un amplio rechazo de asociaciones memorialistas, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025.

En marzo, lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox sumaron sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o colectivos LGTBI, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

La suspensión de la derogación se produce después de que el Ejecutivo invocara el artículo 161.2 de la Constitución, que permite paralizar automáticamente una disposición autonómica cuando el Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad. La medida tendrá efectos desde el 9 de junio para las partes del procedimiento y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros.

La resolución del Constitucional no entra todavía a valorar la constitucionalidad de la ley, pero garantiza que la derogación permanecerá suspendida mientras el tribunal estudia el recurso presentado por el Gobierno.

José León Trejo, el primer identificado en la fosa común de Pico Reja en Sevilla de la que se extrajeron los cuerpos de 1.786 represaliados del franquismo, ha recibido el homenaje institucional que hasta ahora se le había negado. El pasado 24 de junio el Ayuntamiento hispalense le hizo entrega de sus restos a la familia en un acto minimalista sin ningún boato oficial, que si al final tuvo más impacto fue por la insistencia de las asociaciones memorialistas a las que los descendientes de los León Trejo están vinculadas.

El hecho de que esta víctima de los golpistas, liderados por Gonzalo Queipo de Llano, fuese concejal del Consistorio sevillano durante cinco años –renunció días antes del golpe de Estado por una crisis en su partido, la Unión Republicana de Martínez Barrios– no fue argumento suficiente para que el gobierno municipal (en manos del PP de José Luis Sanz) se animase a hacer un reconocimiento público. En plena sintonía, la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno tampoco se planteó nada al respecto.

Así las cosas, las otras dos administraciones que financiaron la exhumación de Pico Reja –Gobierno central y Diputación de Sevilla, ambas en manos del PSOE– anunciaron sobre la marcha un acto institucional para honrar la figura de José León Trejo, profesor de Francés en el instituto San Isidoro fusilado el 17 de octubre de 1936. Dicho y hecho, este viernes se le ha entregado a sus descendientes la declaración de reconocimiento y reparación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Nietos, bisnietos y tataranietos

La suya y la de sus otros dos hermanos ejecutados, Joaquín y Manuel, ambos maestros, mientras que el cuarto, Francisco, acabó en el exilio en EEUU, donde falleció en 1973. Este último, militar de carrera, estaba al mando de la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid e impidió que se uniera a los golpistas, una acción por la que siempre pesó en su conciencia que el negro destino de sus hermanos fue una venganza.

El acto de homenaje y reconocimiento ha tenido lugar este viernes en la Delegación del Gobierno en Andalucía, que tiene su sede en la Plaza de España hispalense. Allí se han unido nietos, bisnietos y hasta tataranietos, una de las cuales –Luz Hernández León, de 16 años y descendiente de Manuel León– ha leído el poema Visión de Sevilla de Miguel Hernández (“luto en las azoteas, muerte en los sevillanos...”) para luego agarrar la bandera republicana junto a otros tataranietos como Lua, Teo y Nico, todos llegados desde Madrid.

Los familiares de José, Joaquín y Manuel han recibido un documento de reparación expedido por el Gobierno “por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia con resultado de muerte por fusilamiento” por aplicación del bando de guerra. Además de reconocer su “condición de víctima”, se hace lo propio y se “declara la ilegalidad y la ilegitimidad” de los tribunales y jurados golpistas.

“Que sigan buscando a los desaparecidos”

Junto al documento acreditativo, una rosa roja. El primero en recibirlo ha sido Fernando Sarmiento, nieto de José León Trejo, que agradecía a las instituciones el homenaje, a la vez que las instaba a “no cejar en el empeño que tenemos todos: quedan muchas víctimas por identificar”. Concha León, nieta de Manuel, ha expresado por su parte el deseo de que les puedan entregar los restos de su abuelo, que se prevé que también puede estar en la fosa de Pico Reja o en la cercana de Monumento, en la que no terminan de arrancar los trabajos de exhumación.

Ana María León, nieta de Joaquín, no ha escondido su emoción al acordarse “de la gente que falta y que lucharon por un día parecido a éste”. Y por eso ha reclamado a las autoridades “que sigan buscando a los desaparecidos”, porque recibir sus restos como ha ocurrido en el caso de José “da una paz a la familia que nadie se puede imaginar”.

“Los León Trejo representan a miles de hombres y mujeres perseguidos que defendieron la legalidad democrática”, ha apuntado el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, que ha señaldo su “derecho a ser recordados” además de resaltar el “sufrimiento en silencio” de sus familias, empezando por las tres viudas que quedaron con 16 hijos. Lo hicieron, además, privadas de cualquier tipo de pensión o asistencia pública tras el asesinato también civil de sus maridos, que a posteriori fueron expedientados y perdieron sus empleos para que tuvieran derecho a ayuda alguna.

“Son lo mejor de España”

Pero por mucho que lo intentaran, los tres hermanos “nunca perdieron la dignidad”, ya subrayado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha incidido en que “no fueron unos criminales, sino unos amantes de la libertad y defensores de la democracia”. “Defendieron unas instituciones laicas y democráticas, la igualdad y la fraternidad, esos fueron los delitos por los que fueron ejecutados”.

Martínez no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra el pacto suscrito este jueves entre PP y Vox para hacer presidente a Juan Manuel Moreno, que incluye entre sus puntos la derogación de la Ley de Memoria andaluza. Y si sin este documento ya está habiendo problemas para que Junta y Ayuntamiento se comprometan a exhumar Monumento, donde puede haber hasta 2.600 represaliados, las perspectivas ahora no son nada halagüeñas, por lo que les ha instado a “aclararse ya” y, si no dan un paso al frente, dejar que asuman los trabajos Gobierno y Diputación en solitario.

El secretario de Estado ha recordado por último el escrito que Max Aub dirigió a su hijo con la vista en los miles de republicanos que se agolpaban en el puerto de Alicante para intentar coger los últimos barcos que partían rumbo al exilio. Pese a su pésimo estado, dejó dicho, “nunca lo olvides, son lo mejor de España”, como también lo fueron los hermanos León Trejo.