María San Miguel, Alba Muñoz y Pablo Rodríguez, los tres integrantes de la compañía Proyecto 43-2, han pasado un día entero atendiendo a medios de comunicación locales y nacionales. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una mención en La Revuelta a lo que les está ocurriendo. Su obra Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva que iba a representarse este sábado en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, ha sido cancelada por la Junta de Castilla y León. La excusa son unas obras de reforma ineludibles, según el Gobierno autonómico y podría tener un pase si no fuese porque se ha negado a trasladarla a otro espacio o a programarla en otras fechas. Aparentemente —sobre ello decidirá la Fiscalía de Valladolid donde han presentado denuncia— la Consejería de Cultura, en manos de Vox, está censurando algo que no le gusta.

Esa censura que retrotrae a tiempos pasados se ha oficializado hace poco en una orden publicada el pasado 9 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León. Para solicitar subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y televisión, la Junta de Castilla y León impone que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

¿Qué puede tener de ofensivo una obra que ha girado más de cincuenta veces desde 2024 en distintas ciudades de toda España sin que hasta ahora haya generado polémica? Para el dramaturgo Pablo Rodríguez eso es “lo más sorprendente, lo que más análisis requiere”. La obra documenta los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la Guerra Civil y posteriormente durante el franquismo, documenta el asesinato y la posterior desaparición de Federico García Lorca, así como todos los trabajos de exhumación del equipo científico de la Universidad de Granada en las fosas comunes en busca de todas esas decenas de miles de personas que hoy todavía siguen enterradas.

“Es algo que nos preocupa en la compañía, nos preocupa y nos alerta”. “¿Por qué no se quiere que se hable de esto? Si hablar de lo que ocurrió en este país hace unos años es hablar ideológicamente de algo o relatar unos hechos y hacer una investigación veraz sobre lo que ocurrió es ideológico, pues aquí es donde están los problemas con este concepto nuevo que ha aparecido en nuestras vidas que es la 'neutralidad ideológica' sobre los escenarios”.

María San Miguel, directora, actriz, dramaturga y alma máter de Proyecto 43-2, se pregunta qué no es ideológico. “Ya decidir hacer una función sobre una cuestión y dejar fuera otra, o sea, todo, siempre lo decimos, todo es política, es que en realidad todas las decisiones que se toman van hacia una línea”. Para ella “lo grave” es que hablar de este asunto “no sea común a cualquier ideología” y que no vea lo mismo cuando se trata de una manera documental y “con mucha sensibilidad”. Lo ocurrido durante la Guerra Civil y el franquismo son “crímenes de lesa humanidad”.

“Pisamos tierra llena de sangre”

“Aunque en este país no se ha hecho un proceso de verdad, justicia y reparación, una comisión de la verdad, sí que hay documentos en la ONU, si no me equivoco, que hablan de los crímenes de lesa humanidad del franquismo, estamos hablando de vulneración de derechos humanos. Porque en este país, lamentablemente, hace 90 años y hasta el final de la dictadura, se vulneró el derecho más importante, el derecho humano más importante de todos, que es el derecho a la vida. Y nuestro espectáculo documenta esa vulneración de derechos humanos que hubo en este país”, argumenta. “Lo que pasa es que lo que traemos es cómo la tierra que pisamos y que recorremos aquí al lado –que ahí mataron a mi bisabuelo, en el parque de San Isidro– está llena de sangre. Las raíces de los árboles del parque de San Isidro han bebido de la sangre de nuestros muertos”, lamenta.

La obra, dice San Miguel, “rompe el relato de que eso fue una guerra entre hermanos, eso fue un genocidio planificado y sistematizado”, algo que avalan los datos y el trabajo de investigación que se ha hecho para armar Federico. “La historia cuando se lee 90 años después te da otra perspectiva. El problema no es tanto el poeta, sino cómo se le contextualiza. Y ellos lo intentan despolitizar. Vox en Valladolid ha utilizado su imagen para defender su inversión en tauromaquia. En la Plaza de Toros se colgó una pancarta con versos de García Lorca, hay una apropiación cultural, y dentro de esa guerra cultural es interesante cómo manipulan nuestra memoria y manipulan nuestro olvido”, señala.

Alba Muñoz enumera lo que pueden ser los “highlights” de esa censura: “Federico, vida, desaparición, asesinato, fosas, memoria... pues hasta luego. Es todo más corto y más simple”, comenta.

Ni las víctimas de la Guerra Civil ni los muertos que aún aguardan desde cunetas y fosas un entierro digno y un reconocimiento son un tema novedoso, pero sí lo es para Rodríguez que se ponga en tela de juicio hablar de ello. “Hasta hace pocos años, cuando la ultraderecha empezaba a tomar palabra en las instituciones, nadie dudaba de que se podía hablar abiertamente de este y de cualquier tema sobre el escenario. En el momento en que tú pones en tela de juicio de lo que hablas encima de un escenario, no estás hablando de neutralidad ideológica, estás hablando de vetar ciertos temas”.

Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva  se iba a representar el sábado 24 de octubre en el Ciclo VI Comunidad a Escena que organiza la Fundación Siglo, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. El espectáculo que veta la Consejería de Cultura está coproducido por la Junta de Castilla y León porque obtuvo, en régimen de concurrencia competitiva una subvención, una ayuda a la producción. Eso fue durante la etapa de Gonzalo Santonja como consejero [desde 2022 con Vox, y de 2024 a 2026 como independiente].

Posteriormente, desde el ciclo Comunidad a Escena, un proyecto de Artesa (la Asociación de Empresas Culturales de Castilla y León para la Fundación Siglo), se les propone entrar en la programación. Proyecto 43-2 no pertenece a Artesa, pero suelen invitar a alguna compañía externa y en este caso era la finalista el año pasado de los primeros premios de las Artes Escénicas de Castilla y León. Federico es una obra exitosa y con mucho eco en prensa, que ha llenado todas las funciones que ha representado en Madrid en Teatro del Barrio. “Nos invitan porque nos dicen que tenemos que estar, por favor, que negociamos el caché porque lo tuvimos que ajustar, y nos invitan a estar en este ciclo que asesora u organiza Artesa”.

En definitiva, la obra entra en la programación que se presenta en marzo, se firma un contrato en julio con el anterior equipo de Fundación Siglo —cambia después de las elecciones, cuando PP y Vox forman gobierno— y a mediados de septiembre, con un nuevo consejero, José Alberto Díaz Pico, la Fundación Siglo comunica que se cancela la obra porque hay que hacer obras de reforma en la sala donde se va a representar. En ese momento, recuerda San Miguel, tenía el 70% de las entradas vendidas mientras que otras obras de ese ciclo apenas habían vendido 20 tickets.

A todo dicen que no

“De manera unilateral, la Fundación Siglo ha cancelado el espectáculo. Le hemos dado posibilidades, tanto para adaptar nuestro espectáculo ese día para representarlo en la Sala de Cámara o en la Sinfónica, que estaban vacías, sin que perdiera la calidad el espectáculo, como a otros días en la Sala Experimental o en otros espacios de la Fundación Siglo. Y la respuesta ha sido negativa”, asegura. No ha habido posibilidad de cambiar espacio o fechas, algo bastante habitual en teatro y que contemplan los contratos. “A todo nos dicen que no, que es imposible, que ya nos reprogramarán”, añade. Insistieron el que el contrato o se cumplía o se cancelaba, pero de manera unilateral. Solo de esa forma ellos tendrían la oportunidad de alegar. Si las obras son “inaplazables” habrá que explicar por qué esa urgencia en septiembre si el contrato se firmó en julio.

Tras reclamar el expediente, se encuentran con que los contratos de dos obras distintas, en camerinos y en el suelo escénico, no están ni en portales de transparencia ni en la plataforma de contratación, además, se veta el nombre de la empresa que las va a desarrollar. Todo ello, y algún dato que por el momento no van a desvelar, les hace concluir que las obras son una excusa, que lo que molesta es Federico y que ellos son la probeta de ensayo con la que PP y Vox ponen a prueba una censura que ya han llevado al Boletín Oficial de Castilla y León. Esos motivos ideológicos que sobrevuelan la cancelación por obras y la cronología de los hechos y del propio expediente, son lo que les lleva a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

También quieren saber qué piensa realmente la Junta de Castilla y León de la gestión que se ha hecho desde la Consejería de Cultura. Han enviado una carta al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para tener una reunión urgente con él, “y que se posicione”.

“Nos gustaría no estar haciendo esto, nos gustaría no haber parado nuestras vidas desde el día 2 de octubre cuando recibimos el email, para entender qué estaba pasando y que no pasara”, dice San Miguel. “Lo que nos gusta es increpar a la gente desde el escenario, no así”, añade Muñoz. “Queremos trabajar y contar historias y no una convalidación de tercero de Derecho a fuerza de dar vueltas a las opciones legales que tenemos”, dice la directora de Proyecto 43-2.

Mientras se esclarecen los hechos, con el ánimo de corresponder al interés y apoyo otorgado por el público vallisoletano, Proyecto 43-2 representará el espectáculo este mismo sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas en el espacio Norte a la Izquierda de la compañía Teatro del Azar (calle Coinvasa, 12), en el barrio de La Victoria de Valladolid.

Una obra “reveladora y renovadora”. Así ha definido el jurado del Premio Nacional de Historia La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra (Crítica), la obra que ha hecho al historiador Miguel Ángel del Arco llevarse el galardón este año. El libro cuestiona una de las imágenes más arraigadas de la posguerra: la de un país que pasó hambre como consecuencia inevitable de la Guerra Civil. Y detalla su verdadera dimensión: lo que hubo, sostiene este profesor de Historia de la Universidad de Granada, fue más bien una auténtica hambruna provocada y después “borrada” por el franquismo tras “llevarse miles de vidas por delante”.

El historiador destierra los mitos que han sobrevivido al propio Franco en un libro que acaba también de ganar el premio Almudena Grandes de La Rinconada y que nació con vocación de ser una obra “de hombres y mujeres comunes” cuya memoria del hambre llega hasta nuestros días. “Asistimos a un desprecio al conocimiento y a la ciencia y una primacía de la subjetividad. Y ya sabemos a dónde nos lleva eso”, dice sobre el auge del revisionismo histórico el experto, que ha acusado a PP y Vox de utilizar su firma “torticeramente” para intentar blindar la cruz franquista de Cáceres.

¿Por qué ha tardado tanto en reconocerse la verdadera dimensión del hambre durante el franquismo?

Es difícil que España se acuerde porque fue borrada de la historia por el franquismo, que siempre negó su existencia. Sobre todo quiso ocultar la magnitud de la tragedia y su propia responsabilidad en la misma. Que se muera la gente de hambre es el peor aval que puede tener cualquier gobierno. Hubo una propaganda brutal, pero lo curioso es que la gente, especialmente las mujeres, transmitieron una memoria de todo aquello aunque no le pusieran el nombre de hambruna.

Esa memoria pervive en la imagen del pan negro, el estraperlo, las cartillas de racionamiento, una abuela que besa el pan cuando se cae al suelo... Está presente en la literatura y el cine, pero no ha pasado a la historia como una violencia propia del franquismo.

No, porque categorizarlo así implica preguntarnos por qué pasó y eso lleva directamente a las responsabilidades del régimen. Además, hablamos de unas dimensiones inmanejables: más de 200.000 personas fallecieron por el hambre o enfermedades derivadas entre 1939 y 1942, a las que hay que sumar 20.000 más en 1946. Solemos hablar de 150.000 víctimas de la violencia franquista represiva y nos horroriza. Ahora que estamos hablando de la 'ley de nietos', hay que mencionar que el exilio se produjo también por el hambre.

Todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.

Decía que la dictadura ocultó esta situación. ¿Con qué estrategias?

Hubo varias fases, pero cuando ya era imposible eludir del todo lo que pasaba se recurrió a una propaganda brutal que relacionaba el hambre con tres elementos: la Guerra Civil, el aislamiento internacional y lo que llamaban la 'pertinaz sequía'. Son los mitos construidos por el régimen, que se han demostrado falsos. Sin embargo, las destrucciones de la guerra no fueron tan grandes como para ello y, de hecho, durante la contienda no hubo hambre en el bando franquista.

Sabemos también que solo el año 45 fue negativo en lluvias y no en toda España y el aislamiento internacional es una verdad a medias. No es que España no pudiera comerciar, es que durante la Segunda Guerra Mundial exportaba alimentos a la Alemania nazi y la Italia fascista como pago por su ayuda militar en la Guerra Civil mientras la gente aquí se moría de hambre. Por otro lado, los aliados impusieron un bloqueo económico porque estábamos colaborando con el Eje. En el fondo, todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.

¿Han sobrevivido estos mitos al dictador?

Plenamente. Los historiadores siempre luchamos contra los mitos del poder. Hoy el más sólido es el de la imagen de éxito que el régimen vendió sobre sí mismo, sobre todo durante los años 60 y 70. Con una España rebosante de pantanos, turistas dispuestos a disfrutarla y un desarrollo económico supuestamente envidiable. Todo ese discurso sepulta la tragedia de la hambruna de la que el mismo régimen fue responsable.

¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la hambruna?

La Guerra Civil es un antecedente, pero si hubiera sido determinante, la hambruna hubiera empezado durante la contienda. No fue accidental, estuvo motivada por decisiones políticas y económicas. La principal causa es la política económica autárquica del franquismo. Fue un modelo que aspiraba a la autosuficiencia de la nación, un cuento de la lechera sin fundamento económico que provocó un auténtico desastre y un grandísimo mercado negro, precios disparados y bajísimos salarios. En 1940, un jornalero andaluz cobraba seis pesetas al día y una barra de pan costaba diez.

Es un mito que Franco fuera un político honrado y no hubiera corrupción, pero está demostrado que el régimen se llenó los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas.

La corrupción también contribuyó. Otro de los mitos es que Franco era un político honrado y no había corrupción, pero está demostrado que el régimen, la Iglesia, Falange y el Ejército se llenaron los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas. La autarquía suprimió el libre mercado y el Estado controlaba todo el alimento, lo que le daba un poder enorme para enriquecerse. Disfrutaban del botín de guerra mientras otros se morían de hambre. Fue como una España de pan blanco y pan negro, de abundancia y de escasez y muerte vinculada a la Victoria franquista.

En algunos momentos del libro lo llama la “hambruna de la Victoria”...

Hay un elemento político clave. Los que hicieron la guerra y la ganaron no pasaron hambre. Se ve claro cuando miras dentro de las cárceles, donde el hambre fue un elemento de castigo contra los republicanos. Si Lorca es el prototipo de las víctimas de la violencia franquista, Miguel Hernández lo es de las víctimas de la hambruna. Impactó a las clases bajas y trabajadoras y especialmente en el sur del país y en las zonas rurales. Dentro de las ciudades también hubo diferencias: sabemos que en los barrios obreros de Madrid, como Vallecas, la talla de los jóvenes cayó por la malnutrición. Eso no pasó en Chamberí.

El franquismo quiso ocultar lo que estaba ocurriendo en el país, pero ¿le beneficiaba políticamente en algo esta situación?

Fue rentable. En primer lugar, porque a través del enriquecimiento de militares y miembros del Consejo de Ministros, Franco se aseguraba su apoyo y cimentaba su régimen. Y después porque el hambre es un elemento desmovilizador brutal. Cuando tienes hambre, los sueños políticos y la idea de subvertir el régimen desaparecen, te convierte en un ser obligadamente individualista. Además, Franco utilizó el hambre como arma de reeducación a través de la Iglesia u el Auxilio Social de Falange, donde a cambio de un pan, se exigían lealtades.

Una creencia muy extendida en su momento entre la población es que Franco no se enteraba de los problemas de los españoles, que si no lo solucionaba, era porque no lo sabía.

Es completamente falso. Franco fue responsable directo de la adopción de la política autárquica que provocó la hambruna y sabemos que estuvo implicado en negocios de corrupción, como el del café regalado por Getúlio Vargas. Muchos de los documentos que he utilizado son de la Fundación Nacional Francisco Franco, que son los que él tenía en su despacho y en ellos es claro que el dictador conocía que la gente se estaba muriendo de hambre. Tenía estudios en los que se concluía que las clases bajas gastaban el 90% de su sueldo en vivienda y alimentación. También informes de economistas que eran franquistas pero no tontos y que le decían que su política era equivocada.

Vivimos un auge del revisionismo histórico, hemos visto a líderes de Vox hacer declaraciones cuestionables sobre el franquismo e impulsar junto al PP leyes autonómicas que obvian el golpe de Estado de 1936. ¿Cómo ve este escenario?

Preocupante. No solo respecto a la historia. Lo que hay detrás es un desprecio al conocimiento y a la ciencia y eso es pegarnos un tiro en el pie. Si hemos llegado hasta aquí y por fin conocemos nuestra historia es precisamente porque ha habido democracia y educación pública. Hoy vivimos una primacía de lo subjetivo y la emoción por encima de la preparación y la racionalidad. Pero ya sabemos a dónde nos lleva eso, dónde nos llevan los ultranacionalismos. Tenemos el siglo XX para verlo.

Antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar y visitar más de una veintena de archivos para demostrar que las piezas encajan.

En el libro asegura que “los historiadores no emitimos opiniones sobre el pasado”. Está siendo cada vez más habitual la acusación desde la extrema derecha de que sus conclusiones son producto de su posicionamiento ideológico.

Yo antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar para demostrar que las piezas encajan, visitar más de una veintena de archivos, entrevistar a diferentes personas y tomar las consideraciones previas de otros historiadores para llegar al convencimiento. No es una opinión, es un trabajo y una labor común de los que me han precedido. Estos discursos lo que persiguen a través de mi desprestigio profesional es deslegitimar el mensaje y evitar que la gente se informe.

El pasado 12 de octubre vimos en la Puerta del Sol jóvenes con el brazo en alto, banderas franquistas y entonando el 'cara al sol'. ¿Se han cometido errores en la manera en que se ha transmitido la historia para que estos símbolos se hayan resignificado?

Se ha llegado tarde, pero se ha llegado. Quiero romper una lanza porque lo que pasa en los institutos, al menos los públicos, es que se transmiten bien los conocimientos, pero hay dos cuestiones que se nos están escapando: el universo digital y las familias. Percibo una relación muy directa entre la posición política de muchos jóvenes y lo que escuchan en casa y en el entorno digital.

Las entidades memorialistas de Balears han abandonado en bloque las comisiones técnicas del Govern de Marga Prohens (PP) tras denunciar que el Ejecutivo margina a las asociaciones y a los familiares de las víctimas del franquismo, ignora sus propuestas y toma decisiones al margen del marco legal, es decir, de espaldas a los órganos competentes en materia de memoria democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han presentado este jueves su renuncia al considerar que estos órganos han quedado vaciadas de sus funciones y que la presencia de las tres organizaciones se ha convertido en una presencia meramente testimonial y sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto, en el que denuncian el incumplimiento de los compromisos institucionales por parte del Govern en relación a la organización de memoriales y homenajes y alertan del desmantelamiento de instrumentos esenciales para garantizar sus derechos.

La decisión se produce tras meses de controversia por las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens, que, de la mano de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de memoria democrática de Balears. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la medida y suspendió cautelarmente la eliminación de la norma mientras se resuelve el procedimiento.

En un escrito presentado durante la reunión de la Comisión de la Ley de Fosas, Memòria de Mallorca relata los detalla los episodios que, asevera, ilustran esa pérdida de capacidad de intervención. La asociación precisa que la ruptura “no es fruto de un desacuerdo puntual”, sino “de la constatación” de que el funcionamiento de este órgano y la gestión de las políticas de memoria democrática del Govern “se han alejado de las finalidades por las cuales fueron creados”.

La entidad critica que las actuaciones del Ejecutivo se deciden y, en ocasiones, se ejecutan antes de que las comisiones puedan valorarlas. También denuncia que sus propuestas y preguntas son ignoradas de forma reiterada, que no se incorporan asuntos al orden del día y que las entidades no reciben información adecuada sobre decisiones que las afectan directamente. “La participación no puede limitarse a asistir a reuniones y expresar opiniones que después no tienen ninguna incidencia real”, advierte la entidad en el documento. Su renuncia afecta tanto a la comisión vinculada a la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas' como a la de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears.

La asociación también cuestiona el funcionamiento interno de estos órganos. Asegura que el Govern no aplica un reglamento aprobado por mayoría absoluta porque sostiene que no se ha localizado el acta de su aprobación, pero tampoco ha procedido a aprobarlo de nuevo por el procedimiento legalmente exigido. Asimismo, denuncia que no se incorporan al orden del día asuntos que las entidades solicitan tratar y que se impulsan actuaciones sin recabar previamente el parecer de las comisiones correspondientes.

Uno de los ejemplos que aporta es la información sobre la derogación de la ley autonómica. Memòria de Mallorca asegura que tuvo que conocer por los medios de comunicación tanto la decisión de suprimirla como su posterior suspensión cautelar pese a formar parte de las comisiones y ser una de las organizaciones directamente afectadas. La entidad también critica que el Govern haya promovido actuaciones relativas a los bombardeos de la aviación republicana sin consultar previamente a la comisión de memoria democrática pese al papel que la legislación atribuye a este órgano.

El choque por el Columbari de la Dignitat

Entre los incumplimientos que han contribuido a la ruptura, Memòria de Mallorca señala el caso del Columbari de la Dignitat, inaugurado el pasado 28 de septiembre en el cementerio de Palma. La asociación afirma que presentó una propuesta para el texto del memorial y fijó dos condiciones irrenunciables: que se incluyera una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y que la comisión asumiera el texto como propio, de modo que así constara en la placa. Según alega, el Govern les aseguró verbalmente que ambas condiciones se habían incorporado. Sin embargo, el memorial se inauguró y la placa se descubrió sin respetar ninguno de esos dos requisitos.

Para la entidad, la discrepancia va más allá de una cuestión de redacción. La referencia al golpe de Estado es, sostiene, fundamental para contextualizar la represión franquista y reconocer a sus víctimas. La participación de la comisión debía garantizar, además, que el texto fuese resultado de un proceso colectivo y de un acuerdo institucional, y no de una decisión unilateral. “No podemos aceptar que se nos asegure que unos compromisos se cumplirán y que, finalmente, se incumplan”, arguye la asociación.

Otro de los episodios que denuncia se remonta al pasado 2 de septiembre, cuando registró una propuesta para instalar memoriales en las vías públicas de Palma. La iniciativa pretendía recordar a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a las más de 6.000 víctimas mortales de los bombardeos de la aviación fascista procedente de la isla contra otros territorios. Según Memòria de Mallorca, la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves. La entidad también asegura que se elaboran planes de fosas sin la gestión ni la participación de las comisiones correspondientes.

El desmantelamiento de los instrumentos de memoria

La renuncia no responde únicamente a los problemas de funcionamiento de las comisiones. Memòria de Mallorca la vincula también a la política general del Govern, que, según denuncia, ha debilitado los instrumentos públicos destinados a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. La asociación señala expresamente la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas y sus familiares. Considera que ambos instrumentos fueron posibles tras años de reivindicación y que resultan esenciales para mantener una política pública de memoria continuada.

A ello suma la derogación de la ley autonómica, una decisión que las entidades consideran incompatible con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas. La suspensión cautelar acordada por el TC mantiene la norma vigente mientras se estudia el recurso del Gobierno central, pero no ha resuelto el enfrentamiento político sobre el modelo de memoria democrática que debe aplicar la comunidad.

La salida de las tres organizaciones supone un nuevo revés para los mecanismos de participación vinculados a estas políticas. Las asociaciones, que trabajan en la localización de desaparecidos, la investigación y la reparación de las víctimas consideran que no pueden seguir formando parte de unos órganos en los que, según denuncian, no se les permite intervenir de manera efectiva.

Más de veinte años de trabajo por la memoria

Por otro lado, Memòria de Mallorca reivindica una trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su escrito recuerda que ha participado en más de sesenta reuniones relacionadas con las dos leyes autonómicas y que ha aportado testimonios, documentación, contactos de especialistas y familiares de víctimas. La asociación destaca su contribución a proyectos de investigación y exhumación como los de las fosas de Porreres y Son Coletes. También señala que consiguió incorporar por primera vez veinte estudios al último Plan de Fosas y Memoria Democrática desde una perspectiva transversal.

Entre sus propuestas figuran la elaboración de un censo de víctimas, la incorporación de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio del trauma transgeneracional. La entidad reivindica estas aportaciones para subrayar que su participación en las comisiones nunca fue testimonial y que ha contribuido activamente a construir las políticas autonómicas de memoria. Por ello, la entidad considera que mantener su presencia sin capacidad de decisión podría terminar legitimando una forma de actuar con la que discrepa profundamente.

La renuncia, sin embargo, no supone un cierre definitivo a la participación institucional. Memòria de Mallorca no descarta regresar si se produce un cambio efectivo en el funcionamiento de las comisiones, se respetan las normas vigentes y se garantiza a las entidades memorialistas y a las víctimas una capacidad real de intervención. “El diálogo exige voluntad de escuchar, la participación exige capacidad de incidencia y la confianza exige que los compromisos se cumplan”, resume la asociación, que asegura que continuará trabajando de forma independiente y fiscalizando la actuación de las administraciones públicas.

“Por respecto a las víctimas del franquismo, a sus familias y a los más de veinte años de trabajo de Memoria de Mallorca, no podemos continuar legitimando con nuestra presencia una situación que se ha alejado de los objetivos y del espíritu de las leyes autonómicas de memoria democrática”, concluye el documento.

Al otro lado del teléfono, el documentalista José Luis Mir narra una de las historias que ha incluido en Ibiza 1936. La reconquista republicana y la masacre del castillo (Uno Editorial); más que un libro, un dietario que pretende explicar todo lo que ocurrió en las Pitiüses entre el golpe de Estado que hizo estallar la Guerra Civil y los últimos días de aquel verano terrible. En el relato de Mir aparecen dos cadáveres en el Mediterráneo. Flotan frente al puerto de la Savina. Están atados, un cuerpo contra el otro, como si fueran un fardo. Uno de los muertos es un sacerdote; muy joven, veinticuatro años: hace apenas dos meses y dos días que lo ordenaron. El otro muerto es un sargento de infantería, ya retirado; padre de cuatro niños: el pequeño todavía no tiene edad para ir a la escuela. Nadie se atreve a sacarlos del mar al que les arrojaron para hacerlos desaparecer. Pero un vecino, que se llama Joan Castelló, monta en su barca, los lleva aguas adentro, los hunde. Una forma –clandestina– de darles sepultura en medio del horror.

Es 8 de agosto de 1936. Un día antes, las columnas de Manuel Uribarri (desde València) y Alberto Bayo (desde Barcelona) han reconquistado Formentera para el Gobierno de la República. Aunque varios isleños llegados de la península median para evitar una masacre, hay algunas víctimas. Personas a las que, en una sociedad tan minúscula, todo el mundo conoce. Son Bartomeu Torres, un cartero de ideología falangista; su cuñado, Lucas Ramon Cardona, el militar en la reserva; Joan Torres Torres, el cura al que sus padres no pudieron convencer de que volviera a Eivissa para refugiarse en casa de unas primas. Tras él, otros diecinueve religiosos morirán en la isla. La mayoría, ametrallados –junto a otros 74 laicos– en el castillo de Dalt Vila. Después de semanas de cautiverio, los milicianos de una columna anarquista los mataron a sangre fría la noche del 13 de septiembre.

Este fin de semana la Iglesia Católica ha beatificado a estos mártires con una misa presidida por el cardenal Marcello Smeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos y enviado desde El Vaticano en representación del Papa. El obispo Vicent Ribas Prats definió a las víctimas “como testigos de la fe, de la esperanza y del amor hasta el derramamiento de su sangre”. “Murieron perdonando a quienes los asesinaban, imitando a Cristo en la cruz, y ese perdón no fue debilidad, sino la victoria suprema del amor sobre el mal”, añadió. Esas palabras cerraban un proceso que arrancó en noviembre de 2008 “por petición de algunos familiares”. Un trabajo “documental y testifical” que ocupa “siete volúmenes”, “unas 3.000 páginas” y los recuerdos “de una cuarentena de personas” que dieron testimonio directo e indirecto de los hechos. 

Los detalles los aporta José Martínez Franco, el vicario general de la Diócesis pitiusa. Este sacerdote integró una comisión de investigadores que fueron inspeccionando “partidas de nacimiento, bautismo y defunción, recortes de prensa donde algunos supervivientes laicos de la masacre contaron su experiencia”. La información remitida a Roma describía cómo dentro del castillo “se reservaban las tareas más ingratas, como la limpieza de la comida, o la peor comida, que se dejaba pudrir al sol” a los curas cautivos. O cómo se organizaron para que no se dejara de rezar el rosario y siempre hubiera alguien dispuesto a escuchar una confesión. O cómo mataron a uno de ellos –Antoni Roig Guasch– sin ni siquiera llegar a la celda, después de que se negara a decir que Dios no existía –su respuesta fue: “¡Viva Cristo Rey!”– o cómo los asesinos “se inventaron” que algunos de los ejecutados se habían enfrentado a los milicianos abriendo fuego. Como en el caso de Joan Torres Torres, el cura a cargo de la parroquia del Pilar de la Mola, en Formentera.

Mataron a uno de ellos –Antoni Roig Guasch– sin ni siquiera llegar a la celda, después de que se negara a decir que Dios no existía

“Su hermana nos aseguró que nunca hubo un arma en casa: ‘Mi hermano Joan casi no entra en el seminario por falta de vista: aunque la hubiera habido, habría sido incapaz de disparar’. Otras fuentes coincidían en que lo primero que dicen los milicianos al llegar a Formentera es: ‘Vamos a por el cura’”, argumenta Martínez Franco, para quien ha sido clave acreditar que los mataron “por odio a la fe”, que “no se perseguía a la persona, sino a la sotana, como decía el historiador Mariano Llobet, que fue secretario del Ayuntamiento de Ibiza [durante la dictadura] y estudió los hechos”.

Desde que El Vaticano la consideró “formalmente correcta”, la petición del Bisbat d’Eivissa i Formentera ha tenido que superar comisiones de historiadores, teólogos, obispos y cardenales durante el papado de Francisco. “Roma no bromea”, dice el vicario general para resumir un largo examen con un último filtro: la aprobación de León XIV, obtenida el pasado 18 de junio. Dos días después, moría el deán de la Catedral pitiusa: se llamaba Lucas Ramon Torres, había nacido en Formentera el 6 de diciembre de 1932 y era el hijo menor del sargento de infantería al que arrojaron al mar junto al párroco de la isla. Cuando, en 2024, le preguntaron en una entrevista en la Televisió d’Eivissa i Formentera por aquellas ejecuciones que marcarían su vida, el nonagenario sacerdote respondió:

–Los he perdonado. Tenemos que perdonar. Todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón. Perdonad y seréis perdonados. Cuando el mal está hecho, ya está hecho. Lo importante es aceptar las cosas como vienen y saber ofrecérselo todo a Dios.

La violencia anticlerical del verano del 36

Las últimas semanas del verano y las primeras del otoño de 1936 resultan decisivas para entender el papel que juega la Iglesia Católica durante la Guerra Civil. En zona republicana, incendian iglesias y conventos, destruyen y roban patrimonio eclesiástico. Las milicias anarquistas que dirigen el Comité Revolucionario de Barbastro, Huesca, liquidan a dos centenares de religiosos entre el 2 y el 18 de agosto. Con esos asesinatos bien recientes, el obispo Enric Pla i Deniel utiliza por primera vez el término “cruzada nacional” para justificar la insurrección de buena parte del Ejército contra el gobierno democrático. Aparece escrito en una carta pastoral fechada el 30 de septiembre en Salamanca. A orillas del Tormes, el prelado catalán, además de ceder el palacio episcopal para que Franco instale sus cuarteles, escolta a Unamuno, el 12 de octubre, para evitar que una turba fascista lo linche en el paraninfo de la universidad al pronunciar sus frases más famosas, sintetizadas en el “venceréis, pero no convenceréis”. 

La penúltima paradoja del escritor vasco fue, precisamente, colocarse en el bando de los sublevados por la indignación que le provocaba una violencia anticlerical que las autoridades republicanas no eran capaces de contener. Cuando, poco antes de morir, Unamuno reconsidere su posición, la posición de los obispos que siguen en España será ya casi unánime: apoyo a los golpistas (la victoria de 1939 será generosa con muchos de ellos: Pla y Deniel, por ejemplo, llegará a ser arzobispo de Toledo y, en 1946, Pío XII lo nombrará cardenal).

Fue en ese contexto previo cuando “el terror rojo” –como definió la propaganda sublevada a los crímenes de guerra en el lado republicano– mató a más de la tercera parte de los sacerdotes de la Diócesis de Eivissa y Formentera, entonces formada por medio centenar de curas.

'El terror rojo' –como definió la propaganda sublevada a los crímenes de guerra en el lado republicano– mató a más de la tercera parte de los sacerdotes de la Diócesis de Eivissa y Formentera

–Muchos de los religiosos se salvaron porque se escondieron. De los que encerraron en es Castell sólo sobrevivieron cuatro. Uno de ellos era tío de mi madre, Vicent Ferrer, más conocido como mossènyer Cama. Le pegaron un tiro de gracia [que le traspasó la mandíbula inferior], pero no lo mataron. Un hermano suyo, también sacerdote, murió; igual que un tío-abuelo de mi padre. Yo tuve a tres familiares allí.

Explica Fanny Tur Riera. Antes de dirigir el archivo municipal de Eivissa y de ser una de las voces más reconocidas de la izquierda balear –en la plataforma antiautopista ibicenca o en coaliciones políticas que la llevaron a ser consellera de Cultura en los gobiernos insular y autonómico–, esta historiadora fue una niña y una adolescente que creció en una familia “católica y de derechas” durante el tardofranquismo:

–Me crie en un ambiente muy tradicional. Dicen que cuando los republicanos entraron en casa de mi bisabuela –Can Coles, en el pueblo de Sant Miquel– en busca de armas, aquella mujer, que era molt verra [muy brava] les despachó señalando un Cristo que tenía colgado en la pared y diciendo: “Estas son nuestras armas”.

Muchos de los religiosos se salvaron porque se escondieron. De los que encerraron en es Castell sólo sobrevivieron cuatro. Uno de ellos era tío de mi madre, Vicent Ferrer, más conocido como mossènyer Cama. Le pegaron un tiro de gracia [que le traspasó la mandíbula inferior], pero no lo mataron. Un hermano suyo, también sacerdote, murió; igual que un tío-abuelo de mi padre. Yo tuve a tres familiares allí

Fanny Tur Riera — Política de izquierdas y familiar de víctimas de crímenes republicanos

–¿Cómo marcó el asesinato de los dos tíos sacerdotes en es Castell al resto de la familia? ¿Se hablaba de ellos en casa?

–Sí y no. Durante la dictadura, como eran víctimas del bando vencedor y los consideraban “caídos por Dios y por España” se les rendían homenajes. Ahí está la lápida con sus nombres que puede leerse en la Catedral. En casa, yo crecí con el relato de es fets des Castell, pero un relato muy poco desarrollado. Mi abuela siempre repetía la misma frase: “Lo único que sé es que me mataron a un hermano porque era cura”. Si ella y sus hijas hablaban de lo que le había pasado a los tíos, nunca era delante de mossènyer Cama. Yo lo recuerdo bien porque siempre nos juntábamos para celebrar la Navidad y en otras fechas señaladas. Una de sus sobrinas, hermana de mi madre, decía que, aunque escapó con vida, nunca más volvió a sonreír. Y no murió hasta 1989. Fue durante muchos años párroco de Sant Joan de Labritja.

Durante la dictadura, como eran víctimas del bando vencedor y los consideraban "caídos por Dios y por España" se les rendían homenajes. Ahí está la lápida con sus nombres que puede leerse en la Catedral.

Fanny Tur Riera — Política de izquierdas y familiar de víctimas de crímenes republicanos

–¿Mossènyer Cama no contó jamás su historia?

–Delante de mí, nunca… [piensa unos segundos] Como militante de izquierdas, no se pueden poner paños calientes ante lo que ocurrió en es Castell. Sí, es verdad que la Iglesia Católica se colocó del lado de los poderosos, pero no se puede decir que aquello fue una matanza con la boca pequeña: fue una salvajada. El problema es que, a la parte contraria, cuando preguntas por el ataque a la población civil te responden diciendo que los bombardeos fascistas que se produjeron aquella misma mañana sobre el puerto de Vila “buscaban objetivos militares”. Eso es lo que nos han contestado algunos agitadores de Vox cuando hemos tocado el tema en alguna jornada de memoria democrática. ¿Objetivos militares? El día anterior ya hicieron un vuelo de reconocimiento, sabían muy bien dónde bombardeaban. Con mentiras; así se han cargado [PP y Vox] la Llei de Memòria Democràtica. Si dijeran la verdad, no tendría justificación lo que han hecho. Para mí es un fracaso que no se haya podido celebrar todavía un homenaje que reconozca a todas las víctimas que dejó la Guerra Civil [en Eivissa y Formentera]. De un bando y de otro.

Como militante de izquierdas, no se pueden poner paños calientes ante lo que ocurrió en es Castell. Sí, es verdad que la Iglesia Católica se colocó del lado de los poderosos, pero no se puede decir que aquello fue una matanza con la boca pequeña: fue una salvajada

Fanny Tur Riera — Política de izquierdas y familiar de víctimas de crímenes republicanos

El bombardeo fascista que terminó de condenar a los presos

Múltiples historiadores –entre ellos la propia Fanny Tur– coinciden en señalar que las 42 bombas que cayeron –sobre baterías antiaéreas y muelles portuarios, pero también sobre calles, plazas, casas, comercios e, incluso, sobre el edificio de una fonda, que se desplomó matando a sus dueños, una familia de ideología conservadora– en la ciudad durante el mediodía del 13 de septiembre de 1936 influyeron en lo que ocurriría horas más tarde, arriba en el castillo.

La aviación fascista italiana había matado –al menos– a una cuarentena de personas. Fueron víctimas-fantasma –y, en cierta manera, lo siguen siendo: hasta que el empeño del Fòrum per sa Memòria d’Eivissa i Formentera propició, en 2016, que se colocara una placa en su recuerdo en el Cementeri de ses Figueretes, nadie las había homenajeado de forma pública. Fueron, también, una excusa perfecta para los milicianos más exaltados de Cultura y Acción. Así se llamaba la columna que, unos días antes, había sustituido a las fuerzas de Uribarri. Molesto con el liderazgo de Bayo, el oficial republicano se había marchado a Valencia. Lo había sustituido un contingente reclutado por la CNT-FAI “en las celdas de la Modelo de Barcelona”: “Allí habría de todo, pero seguro, condenados por delitos de sangre”, explica José Luis Mir.

Los milicianos de una columna anarquista aprovecharon la excusa de la matanza de una cuarentena de personas por la aviación fascista italiana ese mismo día por la mañana para cometer los asesinatos

La tarde del 13 de septiembre fue turbulenta. Tras la lluvia de proyectiles, las explosiones y los derrumbes, los muertos se acumulaban en la morgue, envueltos en sábanas blancas. El descontrol reina dentro de las murallas renacentistas de Dalt Vila. Varios miembros del comité antifascista –encabezados por Carlos Bertazioli Riquer, comerciante y socialista moderado– se oponen a un fusilamiento masivo. La columna miliciana –que funciona de forma asamblearia– quiere venganza. Triunfan las armas.

El documentalista Mir explica en su libro los pormenores de la tragedia. A bordo de camiones ordenan traer a la ciudad a los sospechosos de simpatizar con los golpistas que estaban custodiados en los pueblos. Reunida la masa, unas doscientas personas, los milicianos hacen salir al patio del castillo a los primeros presos que van a morir. Son cinco los fusilados, militares. “Como los que estaban dentro escucharon los disparos, ya no quisieron salir en grupos”, dice Mir. Entonces, los milicianos metieron las ametralladoras en la estancia que usaban como celda y dispararon a discreción. Horas más tarde, los cadáveres yacían en montones.

Varios miembros del comité antifascista se opusieron a un fusilamiento masivo, pero triunfó la columna miliciana, que quería venganza a través de las armas

Un informe “demoledor”

“He podido leer el informe que elabora Pedro Revuelta, el juez destinado en Eivissa en aquel momento y que se convirtió al día siguiente en prácticamente la única autoridad que había quedado en la isla (porque los republicanos, pensando que tras el fracaso de la Batalla de Mallorca, el desembarco fascista en Eivissa era inminente, cosa que no fue así y tardó una semana en ocurrir, huyeron en barco)”, relata Mir. Para el documentalista, fue Revuelta quien de alguna manera coordinó que enviaran carros para transportar los cadáveres al cementerio, quien intentó que las familias los reconocieran, y quien los hizo enterrar, antes de que los cuerpos se pudrieran, en una fosa que se exhumó en 1940. Por orden de Franco.

–El informe que elaboró Revuelta es tan demoledor como necesario –continúa Mir– porque nos permite entender que aquello fue una carnicería. En toda regla. ¿Que hubieran tenido menos saña si no se hubiera producido el bombardeo? Puede ser. Todo lo que ocurrió está conectado. Las bombas, es Castell, la huida de los republicanos, la represión franquista posterior.

El informe que elaboró Revuelta es tan demoledor como necesario –continúa Mir– porque nos permite entender que aquello fue una carnicería. En toda regla. ¿Que hubieran tenido menos saña si no se hubiera producido el bombardeo? Puede ser. Todo lo que ocurrió está conectado

José Luis Mir — Documentalista

–Ibiza 1936 nace de los retales de las películas sobre la Guerra Civil que habías dirigido previamente, historias que por falta de minutaje o de imágenes habían quedado fuera de la mesa de edición. ¿Qué se aprende escribiendo un libro así?

–Que muchas cosas que se están intentando olvidar no deberían olvidarse nunca. A mí me emocionó escuchar a Mariano Costa, el hijo de uno de los presos, escuchar cómo acompañaba a su madre con un atillo en el que metían fruta, pan, un trozo de sobrasada para llevárselo a su padre… al que no le llegaba nada porque todo se lo quedaban los milicianos que estaban vigilando y debían pasar más hambre que Cascorro. O a Pep Rampuixet, un payés al que fueron a buscar a su casa para que, un par de días después de la matanza, ayudará a escapar, llevándolo en su carro hasta el puerto de Sant Antoni, a un republicano ibicenco que, según él, le contó que había participado directamente en los hechos. El nombre de esa persona, “a la que podría haber hecho matar sólo con pronunciarlo”, me aseguraba este hombre que siempre se lo calló. El silencio sobre la guerra en estas islas ha sido demoledor y la gente se olvida rápido de lo que pasó. Es muy delicado, pero si pasó, se tiene que contar y lo tenemos que conocer. Sin exaltar nada.

Al llegar a Felanitx, un Cristo extiende su brazo desde lo alto del Puig de Sant Salvador, una de las cimas más emblemáticas del levante de Mallorca. ¿Está bendiciendo al pueblo o evocando el saludo romano? Inaugurada en 1934, la escultura se ha convertido en el nuevo frente de la batalla por los símbolos vinculados al fascismo en España: el investigador Bartomeu Mestre ha cursado una petición ante el Gobierno para que estudie su posible inclusión en el catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria democrática.

La controversia radica en el propio diseño de la escultura, cuya propuesta original representaba un Sagrado Corazón con los brazos abiertos. Mestre sostiene que el cambio, realizado tras la muerte de quien impulsó el proyecto, introdujo deliberadamente una simbología de exaltación fascista que, a su juicio, debería ser estudiada y contextualizada. La iniciativa ha desatado una ofensiva para blindar el monumento: el PP local amenaza con acampar bajo la estatua y Hazte Oír ha reclamado este lunes su declaración como Bien de Interés Cultural.

“Me han insultado e incluso amenazado. En ningún momento he pedido que se derribe el monumento; lo que quiero es que se conozca su historia”, asegura Mestre en declaraciones a elDiario.es. El investigador 'felanitxer', conocido como 'Balutxo,' lleva años investigando la figura del Cristo Rey que domina el paisaje del municipio desde hace más de nueve décadas.

Me han insultado e incluso amenazado. En ningún momento he pedido que se derribe el monumento; lo que quiero es que se conozca su historia

Bartomeu Mestre — investigador

El pasado 2 de octubre presentó, junto con 33 ciudadanos y la asociación Memòria de Mallorca, una solicitud para que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática estudie la documentación relativa al monumento y decida qué actuación corresponde conforme a la ley: desde la instalación de una placa explicativa a otras medidas que consideren oportunas en aplicación de la ley de memoria democrática. “No se trata de borrar la historia, sino de conocerla y explicarla”, incide. Su planteamiento es que la escultura no puede analizarse únicamente desde su significado religioso actual, sino también a partir de las circunstancias históricas en las que se diseñó y ejecutó.

La investigación de Mestre se apoya en fotografías y noticias publicadas en la prensa de la época, así como en numerosa documentación sobre la construcción del conjunto. De acuerdo a las mismas, el proyecto inicial, obra del canónigo Mateu Alzamora, contemplaba una imagen convencional del Sagrado Corazón de Jesús radicalmente distinta de la escultura que finalmente se colocó en lo alto del monumento. Se trataba de un proyecto al que Alzamora dedicó años de esfuerzos y recursos: vinculado estrechamente al santuario, promovió diversas obras de mejora del patrimonio religioso mallorquín y, desde la colocación de la primera piedra en mayo de 1928, supervisó personalmente la construcción de la escultura que había soñado levantar en la montaña de su Felanitx natal.

Un proyecto religioso sufragado por los fieles

El monumento fue impulsado como una iniciativa de carácter estrictamente religioso en unos terrenos, los del Puig de Sant Salvador, que habían pasado a manos privadas tras las desamortizaciones del siglo XIX y la subasta estatal de los mismos. En 1888, Joan Antoni Puig Montserrat, obispo de Puerto Rico, participó junto con el entonces rector y otros vecinos en la compra de la montaña, que quedó posteriormente vinculada al Obispado de Mallorca tras la cesión de los derechos sobre Sant Salvador al obispo de Mallorca, Jacint Cervera.

Tras la proclamación de la Segunda República y recién elegido alcalde Pere Oliver, éste comunicó al rector que no asistiría oficialmente a actos religiosos en aplicación del principio de libertad de conciencia y estableció que las procesiones y los actos litúrgicos debían limitarse a los espacios religiosos, una directriz que llevó a celebrar numerosas ceremonias en el santuario de Sant Salvador (la joya arquitectónica del macizo, construida en el siglo XV) así como a proyectar, a varias decenas de metros al sureste del santuario, la construcción del Cristo Rey.

Mateu Oliver y el ideal de un Cristo humilde

El 22 de diciembre de 1928, en un ambiente de expectación por conocer cómo sería el monumento que se alzaría sobre el Puig de Sant Salvador, el encargado de trazar el proyecto, Mateu Oliver Capó, presentó el primer esbozo de Cristo Rey en La Protectora de Felanitx. Lo hizo durante una conferencia titulada L'ideal en art, en la que desgranó los detalles de un proyecto llamado a transformar la silueta del macizo y a convertirse en uno de los grandes símbolos del municipio. Delineante, ilustrador y activista cultural, Oliver estaba vinculado al ambiente intelectual y republicano de la Mallorca de entreguerras, colaboró con históricas figuras como Pere Oliver i Domenge y Emili Darder, y defendía una concepción del arte alejada de la ostentación y la grandilocuencia.

Durante su intervención en La Protectora -publicada el 4 de enero de 1929 en El Felanigense-, Oliver defendió la escultura del Cristo Rey de Felanitx como una renovación moderna del mito cristiano alejada de la suntuosidad tradicional: “Todos los Padres, todos los hombres quedarán sublimados en este, que, para que sea más hombre, no va ataviado con las vestiduras suntuosas ni con mantos radiantes de pedrerías, sino que viste humilde ropaje del pueblo y lleva los pies desnudos. Todo el amor por el pueblo de origen queda significado en esta atalaya imponente y monolítica, tan solo con ligeras aplicaciones de bronce”. La sencillez era, por tanto, uno de los principios centrales de la propuesta inicial.

La construcción arrancó, finalmente, en 1929, alcanzando los 37 metros de altura, con una cripta, una base de piedra y una estatua de aproximadamente siete metros. La ficha patrimonial municipal identifica al propio Mateu Oliver como autor del conjunto arquitectónico.

La construcción arrancó, finalmente, en 1929, alcanzando los 37 metros de altura, con una cripta, una base de piedra y una estatua de aproximadamente siete metros

Del Sagrado Corazón al brazo extendido

El punto de inflexión, sin embargo, llegó en 1933. Alzamora, que había impulsado y supervisado las obras, enfermó gravemente y moría el 10 de septiembre de ese año, antes de ver culminada la obra que había promovido durante años. El día 11, al anunciar el fallecimiento del canónigo, la prensa publicaba una imagen que reproducía la maqueta original de Oliver y que nada tendría que ver con la que finalmente tomaría forma.

El nuevo rector, Antoni J. Mora, tomó el control de la fase final de la construcción y promovió un cambio sustancial del monumento de la mano del escultor Tomàs Vila, quien rediseñó la concepción original de la figura de Cristo: el proyecto original fue sustituido por una figura coronada, revestida de atributos regios, con una vara o espada en la mano izquierda y el brazo derecho extendido hacia delante. Francesc Salvà i Pizà fue el encargado de materializar la nueva versión de la figura.

Fue entonces cuando, en palabras de Mestre, se produjo el giro decisivo en la concepción del monumento y se introdujeron los cambios que, a su juicio, transformaron la imagen religiosa original en una figura cuya simbología conectaría con el saludo romano empleado por el fascismo italiano, el nazismo alemán y la Falange española.

Las tachuelas que boicotearon la inauguración

La inauguración del monumento a Cristo Rey tuvo lugar el 1 de julio de 1934, en un acto multitudinario al que acudieron vecinos de Felanitx y de otros municipios de Mallorca, además de varias autoridades eclesiásticas. La escultura, de unos siete metros de altura, coronaba un conjunto monumental que alcanzaba los 37 metros. La figura de Jesús, con la mano derecha extendida y un objeto semejante a una espada en la izquierda.

La jornada quedó marcada por un incidente en la carretera de acceso al santuario. Alguien había esparcido tachuelas sobre el camino, lo que provocó pinchazos en varios vehículos de los asistentes, incluido el del obispo de Mallorca, Josep Miralles. Algunos de los asistentes tuvieron que continuar la subida a pie. El incidente desató la indignación de los sectores católicos y conservadores y pronto activó las sospechas contra el republicanismo local. Entre los señalados se encontraba Rafel Estades, conocido como s'Esparter, comerciante, exportador y concejal republicano que había ejercido como teniente de alcalde durante el mandato de Pere Oliver. Estades fue detenido por la Guardia Civil, aunque quedó en libertad al no poder demostrarse su participación en los hechos.

Sin embargo, aquella sospecha acabaría proyectando una sombra trágica sobre su destino. Dos años y medio después, tras el golpe militar de julio de 1936, la acusación volvería a perseguirlo en un contexto de represión contra los republicanos. Estades permaneció escondido durante meses, hasta que fue localizado y detenido en enero de 1937. Durante su traslado hacia Palma, varios falangistas lo torturaron incrustándole clavos en la cara, la cabeza y el cuerpo en una brutal represalia por el sabotaje de 1934. Fue asesinado en el cementerio de Palma. Su responsabilidad en el incidente de las tachuelas nunca quedó acreditada y su historia es recordada como uno de los episodios más crueles de la represión franquista en Felanitx.

Para Mestre, que la escultura se inaugurase antes del alzamiento de julio de 1936 no invalida su interpretación: considera que deben examinarse tanto el cambio de diseño como las circunstancias políticas y las personas que intervinieron en él.

Las voces que defienden el monumento

Frente a ello, otras voces defienden que el Cristo, en realidad, está bendiciendo y protegiendo al pueblo de Felanitx. El historiador 'felanitxer' Pere Xamena Fiol así se lo transmitió al propio Mestre en una conversación mantenida en 2005, en la que se apoyaba en las explicaciones que dio en su momento el rector Mora: “Quiero creer, como dijo el rector de entonces, que la imagen bendice al pueblo de Felanitx”.

Esa interpretación es la que reivindica también la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), quien rechaza que el gesto de la escultura deba entenderse como una exaltación fascista y defiende el arraigo religioso, histórico y sentimental del monumento entre los vecinos. “En 90 años jamás había habido ninguna polémica”, asevera en declaraciones a elDiario.es. La primera edil señala que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación sobre la petición de incluir el monumento en el censo estatal y subraya que, llegado el momento, escuchará el parecer de la población.

El PP de Felanitx ya ha expresado su oposición a una eventual retirada y ha planteado movilizar a la población para proteger la escultura, incluida una recogida de firmas e incluso la posibilidad de acampar a los pies de la estatua para impedir el derribo. “Muchos ciudadanos se han mostrado dispuestos a ello”, asegura Soler.

La histórica dirigente popular recuerda, asimismo, que el Cristo Rey no figura en el censo de simbología franquista elaborado por el Govern en 2019, cuando Francina Armengol presidía el Ejecutivo autonómico. Aquel inventario fue elaborado por un equipo de historiadores dirigido por Bartomeu Garí a partir de trabajo de campo y documentación histórica. El Ejecutivo autonómico anunció la inclusión de 92 elementos repartidos por 28 municipios, entre ellos placas, nombres de calles, distinciones y cruces de la Victoria. El listado incluyó también el polémico monolito de Sa Feixina, en Palma.

El Cristo Rey no figura en el censo de simbología franquista elaborado por el Govern en 2019, cuando Francina Armengol presidía el Ejecutivo autonómico

Con todo, el catálogo autonómico de 2019 y el eventual procedimiento que siga el Gobierno no son equivalentes. La legislación estatal contempla la posibilidad de examinar elementos situados en propiedades privadas o religiosas cuando éstas tienen proyección pública. La titularidad eclesiástica del monumento no resuelve por sí misma la cuestión: la Administración deberá estudiar su significado, los antecedentes históricos y las circunstancias jurídicas y patrimoniales.

A la polémica se ha sumado este mismo lunes la organización ultracatólica Hazte Oír, que, bajo el lema 'Salvemos el Cristo', ha lanzado una campaña para reclamar la protección patrimonial de la escultura. La entidad pide al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y a los responsables insulares de Cultura y Patrimonio que inicien el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el Cristo Rey del Puig de Sant Salvador o que reconozcan expresamente su protección si ya está incluida en la del santuario. La iniciativa coincide con el pleno del Ayuntamiento de Felanitx previsto para este mismo lunes.

Nuevo frenazo a la fosa Monumento, la más grande de Sevilla capital con más de 2.613 represaliados. Casi año y medio después de que las cuatro administraciones firmasen el protocolo que en teoría suponía el arranque del proceso de exhumación, ahora un nuevo enredo burocrático amenaza con retrasar todavía más unos trabajos para el que se llegó a un acuerdo político entre todas las administraciones (dos gobernadas por el PSOE y dos por el PP) nada menos que en marzo de 2024.

Este horizonte es, para algunas de las partes, un nuevo requiebro del Ayuntamiento hispalense (PP) para alargar los plazos y jugar con los tiempos políticos, ya que en mayo de 2027 son las elecciones municipales. El proyecto siempre le ha estorbado a los populares desde que José Luis Sanz es alcalde, entre que considera que no tiene competencias en esta materia y que no le interesa agitar mucho este árbol para salvaguardar sus relaciones presentes y futuras con Vox

La formación de ultraderecha es el aliado presupuestario del PP en el Consistorio y, aunque ahora la relación esté más tensa por la construcción de la mezquita del Polígono Sur y la inminencia electoral, gracias a este pacto Vox ha colado su ideario político como también está haciendo en el Gobierno andaluz, la otra administración que también va al ralentí en este caso. De todos modos, no ha sido necesaria la presión de los de Abascal para que José Luis Sanz liquidase todo rastro de las políticas municipales de memoria histórica.

La cuestión es que el gobierno local habría esgrimido problemas para la contratación del personal necesario para realizar estas tareas. En una reciente comisión de seguimiento, la solución que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía –también gobernada por el PP– es que se encargue de la exhumación un departamento especializado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), lo que de partida no se ve con malos ojos (algunas de las responsables ya hicieron trabajos previos en esta fosa) pero que abre un horizonte de incertidumbre.

Dudas jurídicas con el modelo

En teoría, y de acuerdo con lo que ya se hizo en la fosa de Pico Reja con éxito, la fórmula elegida es un convenio por el que Gobierno central, Junta y Diputación ceden partidas económicas al Consistorio hispalense, que asume la dirección de los trabajos al ser el propietario del suelo en el cementerio de San Fernando. Las cuatro administraciones se han comprometido a una financiación a partes iguales, aportando cada una el 25% del coste.

Fuentes consultadas por este periódico admiten que la irrupción de un nuevo actor, en este caso la UPO, cambia las reglas del juego, sobre todo porque la intención municipal sería que cada parte le abone directamente los trabajos. Es decir, que el Ayuntamiento rechaza recibir los fondos, hacer los contratos y liderar el proyecto, como sí hizo con Pico Reja en la etapa de Juan Espadas (PSOE) como regidor.

Esto obligará a un nuevo análisis jurídico, ya que hasta ahora lo que estaba autorizado era transferir el dinero a otra administración y no a una universidad, aunque sea pública. Todavía se está en este punto pese a que, cuando en junio de 2025 se firmó el protocolo, se emplazó a una inminente firma del necesario convenio para formalizar el sistema de pago, pero este paso no se ha dado todavía y ahora se plantea que el convenio se firme con la UPO.

“Dinamita” el modelo Pico Reja

A la espera de conocer este documento, que la Junta de Andalucía se ha comprometido a hacer llegar a las partes cuanto antes, lo que es una evidencia es que esta fórmula supone “dinamitar” el modelo de Pico Reja que tan buenos resultados dio. Ante los continuos retrasos provocados por el Ayuntamiento, que incluso llegó a rechazar fondos estatales, Gobierno y Diputación (gobernados por el PSOE) han llegado a plantear asumir en solitario estos trabajos dados los “reparos ideológicos” del gobierno municipal. Esta opción está ahora en vía muerta.

El nuevo giro de los acontecimientos se habría planteado por la Junta sin diálogo previo, con lo que Gobierno y Diputación se enteraron sobre la marcha en la última comisión de seguimiento, celebrada con varios meses de retraso sobre el calendario previsto. Se entiende que esto obliga a un nuevo estudio de viabilidad jurídica y, con casi toda probabilidad, a firmar un nuevo protocolo general de actuación.

Lo cierto es que se vuelven a dilatar los tiempos y a prorrogar sin fecha una exhumación que se quería tener cerrada en 2029, un cronograma –ya de por sí muy difícil de cumplir– que acaba ahora de saltar por los aires. En este sentido, el protocolo establece hasta cuatro años para acabar los trabajos una vez que se inicien con la previsión de que lo hubiesen hecho en 2025, calculándose una inversión pública total que oscilará entre dos y 2,5 millones de euros.

24 de mayo de 1931. La Segunda República lleva apenas unas semanas en marcha y un grupo de jóvenes trabajadores de Esporles (Mallorca) ha decidido organizarse políticamente. Congregados en la Casa del Pueblo, fundan la Agrupación Socialista del municipio, que se presenta como un instrumento para “educar cívicamente a la clase trabajadora” y “capacitarle para la conquista de todos sus derechos” mientras llaman a los trabajadores a romper las cadenas de su explotación económica. Entre ellos se encuentra José Comes Ferrà, elegido secretario.

Jornalero, se convertirá en una de las figuras más reconocidas del movimiento obrero de la Serra de Tramuntana. Tanto, que sus compañeros acabarán apodándolo 'Largo Caballero': al igual que el histórico dirigente socialista español, defiende posiciones revolucionarias y es uno de los principales referentes del socialismo en un municipio que, por su intensa actividad obrera y sindical, es conocido como la “pequeña Rusia” de Mallorca. Quienes le conocen aseguran que Josep Comes lleva tatuada en el pecho una imagen de Karl Marx.

Su compromiso político y sus ideas revolucionarias acabarán convirtiéndolo en uno de los objetivos de la represión desatada tras el golpe militar de julio de 1936. En su ofensiva por desarticular el movimiento obrero y borrar cualquier rastro de organización colectiva, los sublevados perseguirán, encarcelarán y matarán a dirigentes sindicales, militantes socialistas y republicanos. Entre ellos se encuentra Josep Comes Ferrà, quien encarna precisamente aquello que los fascistas pretenden erradicar: la aspiración de los trabajadores a transformar la sociedad. Esta semana se han cumplido 90 años de su asesinato, junto al de otros jóvenes que compartían ese anhelo y que pagaron con su vida el desafío al orden que los golpistas pretendían imponer.

Las investigaciones llevadas a cabo por el grupo de memoria histórica de Esporles permiten rastrear la trayectoria de Comes Ferrà desde su actividad política durante la Segunda República hasta su asesinato. El trabajo de Guillem Mir, Arnau Alemany y Bartomeu Garau, plasmado en el libro Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles ('Las huellas de los olvidados. La represión en Esporles'), reconstruye la vida de hasta 157 vecinos represaliados tras el golpe militar franquista en un pueblo que, más allá de su tejido de fábricas textiles, se convirtió en uno de los grandes focos obreros y socialistas de la Mallorca de entreguerras.

La concentración de trabajadores, la organización sindical y la inauguración de la 'Casa del Poble' en 1930 alimentaron una conciencia de clase que hizo de Esporles un símbolo de la movilización obrera en la isla. Fue allí donde nació, el 12 de julio de 1909, el 'Largo Caballero' mallorquín, un nombre durante décadas relegado a la memoria familiar y al recuerdo de antiguos militantes obreros y que los investigadores han recuperado de los archivos, los expedientes judiciales y los testimonios orales.

La actividad de Comes en la Agrupación Socialista de Esporles iba mucho más allá de un cargo orgánico. Ejercía como propagandista y divulgador del socialismo y utilizaba las páginas de El Obrero Balear para intervenir en los debates políticos e ideológicos de la época. A lo largo de aquellos años, Comes dejó impresa su visión materialista de la sociedad, su crítica de la propiedad privada y del capitalismo, su defensa de la organización obrera y una preocupación explícita por la formación política de los trabajadores.

Del sindicato a la Casa del Pueblo

Su actividad se desarrolló también en el movimiento sindical. En enero de 1932 El Obrero Balear lo identifica como representante de la Federación Gremial de Esporles, una organización que contaba entonces con 200 afiliados. Su nombre aparece entre los delegados de las organizaciones obreras representadas en el congreso socialista balear.

La Casa del Pueblo de Esporles había sido inaugurada el 20 de abril de 1930, culminando un proyecto iniciado en 1923 por un grupo de trabajadores de la Federación Gremial Esporlerense que impulsó la construcción de un local destinado a la clase trabajadora sobre unos terrenos cedidos por el escritor y político Alexandre Jaume Rosselló. Durante años, numerosos vecinos contribuyeron a levantar el edificio con pequeñas aportaciones económicas y jornadas de trabajo, convirtiéndolo en un símbolo del esfuerzo colectivo y de la lucha por la dignidad. La Casa del Pueblo se convirtió en un espacio de encuentro, formación, alfabetización, participación política y actividad cultural y recreativa, fundamental para la identidad del movimiento obrero local. Comes formaba parte de ese entramado.

Su militancia tenía además una marcada dimensión laica. El Obrero Balear recoge distintas informaciones procedentes de Esporles sobre matrimonios y actos civiles. En mayo de 1935, por ejemplo, Comes firmó en nombre de la Agrupación Socialista una crónica sobre el matrimonio civil de dos militantes y destacó las dificultades que la pareja había tenido que superar frente a la tradición y los prejuicios familiares y relata la celebración como una ruptura con el “clericalismo”. La defensa de una vida civil al margen de la Iglesia formaba parte del proyecto político de aquel socialismo. Comes no era únicamente un organizador sindical: intervenía también en la construcción de una cultura política socialista que pretendía transformar las relaciones económicas, la educación y las costumbres.

Aquella notoriedad alcanzó incluso una dimensión insólita para un joven obrero mallorquín. En 1934, Comes, a quien las fuentes de la época lo describen como un hombre de fuerte presencia física, con un notable prestigio entre los trabajadores de Esporles y de otros municipios de Mallorca, fue seleccionado para participar en un viaje a la Unión Soviética. El Obrero Balear abrió una suscripción para sufragar el trayecto. Las organizaciones obreras y particulares de Mallorca fueron realizando aportaciones para cubrir el coste. En mayo, el periódico explicaba que se habían recaudado 409,30 pesetas y que el viaje podía costar alrededor de mil.

Como anunciaba la publicación, a su regreso Comes ofrecería varias conferencias para compartir sus impresiones en la Rusia soviética con el objetivo de trasladar al movimiento obrero los debates internacionales del socialismo y convertiría su experiencia en material de divulgación para otros trabajadores. Durante su estancia en la URSS participó en varias intervenciones radiofónicas desde Moscú que fueron escuchadas por sus compañeros de Esporles. A su vuelta, emprendió una gira por distintos pueblos de Mallorca para explicar lo que había visto y aprendido durante el viaje. Aquella experiencia reforzó aún más su prestigio entre la militancia socialista y alimentó la hostilidad que despertaba entre sus adversarios políticos. No en vano, su influencia preocupaba especialmente a los sectores conservadores del municipio, que lo identificaban como uno de los dirigentes más destacados de la izquierda local.

El joven obrero mallorquín participó en un viaje a la Unión Soviética, sufragado en parte por El Obrero Balear, para trasladar al movimiento obrero los debates internacionales del socialismo

Apenas unas semanas antes del golpe militar, durante el Congreso de la Federación Socialista Balear celebrado en la Casa del Pueblo de Palma, Comes formó parte de la ponencia encargada de examinar las credenciales de las agrupaciones y aparece como representante de Esporles, con 50 afiliados. Asimismo, El Obrero Balear lo sitúa por esas mismas fechas en un mitin celebrado en Alaró con motivo de la unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas. El acto concluyó con la creación de una organización marxista unificada de las juventudes. Su último periodo de actividad política documentada coincide con una creciente radicalización del movimiento obrero y con la crisis que precedió al golpe de julio de 1936.

La resistencia al golpe

Una investigación histórica publicada en Llucmajor. De Pinte en Ample reconstruye sus últimos meses y relata cómo durante la noche del 18 al 19 de julio de 1936, cuando comenzaron a llegar las noticias de la sublevación militar, Comes participó activamente en la organización de la resistencia republicana en Esporles. Organizó guardias en la Casa del Pueblo y en el Ayuntamiento, impulsó piquetes en diversos puntos del municipio y supervisó grupos de vigilancia por las calles de la localidad.

La resistencia, sin embargo, fue breve. El 20 de julio, una vez consumado el triunfo del golpe militar en Mallorca y entregado el Ayuntamiento a la Guardia Civil, Comes comprendió que su situación era extremadamente peligrosa. Junto al sindicalista Miquel Seguí se refugió en la montaña, donde permaneció oculto durante cerca de tres meses. Su captura se convirtió en una obsesión para los falangistas locales. Los dirigentes obreros más visibles figuraban entre los principales objetivos de la represión que se estaba desplegando por toda la isla.

Tras el golpe militar en Mallorca, Comes se refugió en la montaña, donde permaneció oculto durante cerca de tres meses. Su captura se convirtió en una obsesión para los falangistas locales

A mediados de octubre de 1936, tras meses escondido, Comes se encontraba exhausto. Pero había otro motivo que lo empujaba a abandonar el refugio: quería volver a ver a su hijo Tomeu, de apenas tres meses, a quien prácticamente no había podido conocer. El 13 de octubre descendió de la montaña acompañado de otros huidos. Buscó refugio en casa de un vecino, Pere Bonet, conocido como Palla Llarga. El propietario ya había sido detenido. Su esposa les dio cobijo, pero una denuncia vecinal acabó precipitándolo todo.

Aquella misma mañana, falangistas y guardias civiles localizaron el escondite y procedieron a la detención. Los arrestados fueron conducidos primero al cuartel de la Guardia Civil de Esporles. Según la documentación conservada, los falangistas exigieron al comandante que les entregara a los detenidos. El oficial se negó y ordenó su traslado a Palma, donde quedaron a disposición de la Dirección General de Seguridad.

“¡Viva Rusia!”

Las horas siguientes estuvieron marcadas por las torturas. Durante los interrogatorios, sus verdugos le arrancaron el tatuaje de Karl Marx a cuchilladas. También intentaron obligarlo a gritar “¡Viva España!”, a lo que él respondía reiteradamente: “¡Viva Rusia!”. Al día siguiente, 14 de octubre de 1936, apareció muerto.

Su cadáver fue hallado junto al de Miquel Seguí cerca de las puertas del cementerio de Palma. La autopsia atribuyó la muerte a diversos impactos de bala. El cuerpo fue identificado por su padre, Josep Comes Arbós. Entre sus pertenencias apareció un pequeño retrato de su vida truncada: en el bolsillo de la americana llevaba el recibo de unas entradas para las películas Sin rumbo y Justicia del fuego, proyectadas en la Casa del Pueblo el 19 de julio, así como un plano de la futura vivienda que proyectaba construir para su familia en la costa des Rafal. Días después, un falangista local llegó a jactarse públicamente de las torturas infligidas al dirigente socialista. “Qué gran gusto he pasado estirando de los cabellos a Largo Caballero”, dijo en un café del pueblo.

Un enemigo prioritario

La importancia política de Josep Comes Ferrà queda reflejada en la propia documentación represiva. En un informe, las autoridades franquistas lo describían como “uno de los principales dirigentes marxistas de esta localidad”. Recordaban su viaje a la Unión Soviética, sus intervenciones radiofónicas desde Moscú y las conferencias que impartió a su regreso. También destacaban su papel en la organización sindical y su influencia entre los trabajadores de Esporles.

Según el documento, había participado activamente en las movilizaciones obreras de los años republicanos y era considerado “el mayor responsable de la propaganda marxista de esta villa” y una persona “muy peligrosa”. Paradójicamente, la burocracia franquista dejó una muestra más del carácter arbitrario de la represión: un escrito policial fechado el 22 de diciembre de 1936 afirmaba que Josep Comes había sido puesto en libertad porque no se había hallado ningún cargo contra él. Para entonces llevaba más de dos meses muerto. El 22 de septiembre de 1937, las autoridades militares emitieron un requerimiento para que compareciera ante el juzgado en un plazo de cinco días, bajo amenaza de ser declarado rebelde. El destinatario de aquella citación había sido ejecutado hacía casi un año.

Noventa años después de su asesinato, el sobrenombre con el que era conocido continúa resonando en la memoria de Esporles. La figura de Josep Comes Ferrà permanece ligada a aquella generación de trabajadores que se organizaron para conquistar derechos y defender sus ideales políticos, y que acabaron convirtiéndose en objetivo de la represión desatada tras el golpe militar de 1936. Su historia, como la de tantos otros militantes perseguidos y asesinados, forma parte de una memoria colectiva que todavía trata de recuperar sus nombres, reconstruir sus trayectorias y devolverles el lugar que les fue arrebatado.

En julio del año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica por parte de PP y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas de la represión franquista. El Grupo de Memoria Democrática de Esporles —constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca— eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados en el municipio “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”.

El plan del franquismo parecía infalible sobre el papel: segregar por sexo las aulas, adoctrinar en valores religiosos y nacionalcatólicos y preparar a las niñas para convertirlas en “buenas esposas y madres” de la Nueva España. Eran los objetivos de la primera Ley de Educación Primaria de la dictadura franquista, aprobada en 1945, pero la imposición autoritaria desencadenó el efecto contrario, según concluye una reciente investigación: las mujeres expuestas a este plan escolar no tuvieron menos probabilidades de ser madres, pero sí acabaron teniendo menos hijos.

Es la conclusión del artículo ¿Educadas para ser madres? Reforma escolar y reacción demográfica, publicado en la plataforma de economistas CESifo. El estudio analiza qué consecuencias pudo tener esta legislación franquista en las decisiones de maternidad de las mujeres sobre las que fue aplicada y apunta a que “tuvo un efecto contraproducente y provocó una reducción de la fertilidad”. La ley fue parte de la agenda de Franco para fomentar la natalidad tras la Guerra Civil y cumplir con la máxima fascista de traer hijos al mundo para contribuir a la patria.

El trabajo es, de momento, un working paper, lo que significa que aún no ha sido revisado por pares, pero sus autores llevan meses presentándolo ante decenas de investigadores en varias universidades, entre ellas la King's College de Londres. “Los resultados apuntan a los riesgos de utilizar la educación como vehículo para la ingeniería ideológica y ofrecen una advertencia para las políticas que intentan aumentar la natalidad promoviendo una vuelta a los roles familiares tradicionales”, afirma Gema Lax Martínez, investigadora de Economía de la Universidad de Padova y coautora del estudio junto a Marco Le Moglie y Matteo Sandi, de la Universidad Católica de Milán.

La reforma evaluada fue promulgada por el régimen franquista en 1945 y establecía que la formación específica de las mujeres como esposas, madres y educadoras de sus hijos debía empezar desde que eran pequeñas: entonces, la enseñanza primaria iba desde los seis a los 15 años. La Sección Femenina de Falange y la Iglesia Católica vieron con buenos ojos la nueva legislación, que se basaba en la instrucción religiosa, el “espíritu nacional”, la imposición del español y un plan específico para las niñas centrado en el hogar, labores manuales y actividades domésticas. La anterior, de la época republicana, promovía un sistema mixto, laico y bilingüe.

El estudio compara qué decisiones de fertilidad tomaron las mujeres nacidas en tres momentos distintos: en la década de 1920, que acabaron la primaria antes de la reforma, en 1930, que estudiaron solo algunos años bajo la legislación franquista y las nacidas entre 1939 y 1950, que cursaron el ciclo completo. Los resultados muestran que estas últimas niñas tuvieron la misma probabilidad de ser madres en la adultez que las primeras, pero tuvieron menos hijos: en concreto, una de las fuentes de datos usadas registra una caída del 12% respecto a la media de quienes no 'sufrieron' la reforma franquista.

Según detalla el artículo, al analizar la evolución año a año, el efecto negativo sobre el número de hijos “comienza a manifestarse” a partir de la cohorte nacida en 1932, que tenían 13 años cuando se aprobó la nueva ley y estuvieron unos tres años bajo la misma. La reducción en la fecundidad va intensificándose “gradualmente” a medida que aumenta el número de años que las chicas pasaron dentro del nuevo sistema, que “redujo significativamente” el número de hijos tanto en las “mujeres expuestas parcialmente como totalmente”.

El análisis combina tres fuentes: encuestas del CIS sobre número de hijos y opiniones personales, los censos de entre 1991 y 2011 y los registros históricos de nacimientos por capital de provincia y en el resto de la provincia entre 1930 y 1979 del Instituto Nacional de Estadística. Esta última fuente permite comprobar que el patrón individual “también se aprecia” de forma agregada: aquellas zonas con mayor concentración de niñas expuestas a la reforma experimentaron una reducción mayor en el número de nacimientos. Según el trabajo, el aumento de un punto porcentual en la población femenina en esa edad “conlleva” una disminución de 460 nacimientos.

¿Y si hubo otros factores?

La investigación lleva a cabo varios filtros para “comprobar” que los resultados no se deben a otros motivos, pero, como cualquier otro trabajo científico, está ahora abierta a debate y aportaciones de otros investigadores. Libertad González, economista experta en trabajo y salud de la Universitat Pompeu Fabra, considera que es “serio, riguroso y muy trabajado”, pero considera que “no se pueden excluir por completo” otros factores que “también pudieron afectar a las decisiones de formación familiar de las cohortes analizadas”.

Por su parte, Toni Rodon, politólogo de la misma universidad, sostiene que el diseño del artículo “es adecuado”, los resultados son “robustos” y en conjunto el trabajo “es convincente” aunque pueda mejorar en el proceso de revisión, algo que pasa “frecuentemente”. A su juicio, ninguna investigación “logra excluir del todo otros factores, pero incluso si los hubiera, el sesgo que crearía raramente sería tan grande” como para alterar las conclusiones.

Para intentar despejar las dudas, los autores aislan varios elementos: descartan el impacto de la Guerra Civil, el hecho de que las provincias más afectadas fueran más progresistas —han evaluado el voto al PSOE en 1931— o si en ellas había más bodas, entonces considerado el paso previo a tener hijos. Sin embargo, unas y otras zonas “no presentan diferencias significativas”. Además, el impacto solo se observa en las niñas y no en los niños de las mismas edades y mismas provincias y, por otro lado, en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la reforma franquista no había esta variabilidad en los nacimientos en estas zonas.

Según el trabajo, las conclusiones se mantienen también al tener en cuenta las distintas tasas de incorporación de las mujeres al empleo o las diferencias económicas previas entre provincias. Todo ello lleva a los autores a afirmar que “en conjunto, las pruebas refuerzan la interpretación de que el patrón observado está relacionado con la ley educativa de 1945”.

Para “disipar” que se deba solo a dinámicas generacionales o a tendencias “más amplias” que afectaron a los países del Sur de Europa en ese periodo, los investigadores hacen una comparación con Portugal, país que consideran equiparable por su proximidad geográfica, tradición católica y sometimiento a un régimen autoritario. En este caso, las mujeres de las mismas cohortes no mostraron cambios significativos en sus decisiones de fecundidad. “Si se tratara de únicamente de una caída histórica nacional, esta debería afectar de manera similar a todo el país, pero los nacimientos disminuyen en las zonas donde había más niñas expuestas”, aclara Lax Martínez.

Paralelamente, el artículo analiza las opiniones de las mujeres sobre distintos temas recogidas por el CIS y concluye que las que estuvieron más expuestas a la reforma educativa de Franco apoyaban más la igualdad en el hogar y el reparto de tareas, valoraban más el trabajo fuera de casa y daban menos importancia a tener hijos como parte esencial de la vida. Con todo, el estudio admite limitaciones sobre estos datos y asegura que deben interpretarse “con cautela” pero los considera un “indicio” más para llegar a la misma conclusión.

La conmemoración de los 90 años del asesinato de Federico García Lorca ha dejado tras de sí todo un reguero de publicaciones, nuevas lecturas, representaciones teatrales y eventos en memoria del poeta. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha estado pensada como lo esté Réquiem por Lorca. A lo largo de cuatro días y cuatro actos, las plazas y calles de Granada se convertirán en el escenario de un duelo colectivo, un funeral en el que hasta medio millar de personas, entre cantantes, bailarines y escritores, elevarán la voz para llorar y homenajear al dramaturgo, cuya vida segaron los sublevados el 18 de agosto de 1936, apenas un mes después de iniciada la Guerra Civil. Aquí a nadie se le escapa que, además de por homosexual, aquellas balas dispararon a una voz antifascista que todavía reverbera en miles de gargantas.

Artistas de la talla de Rocío Márquez, Soleá Morente, Eric Jiménez, Guille Galván, Ángeles Toledano, Alberto Cortés, Sara Torres y Antonio Ruz protagonizarán la programación de este particular réquiem. Dirigido por las gestores culturales Maral Kekejian y Pep Olona, y con la colaboración de la Fundación Federico García Lorca, está vertebrado en torno al caligrama “La rosa de la muerte”.

Ambos creadores ya habían trabajado alrededor de esta idea hace dos años, cuando armaron el réquiem de Mozart en Madrid, en el marco de la celebración del festival POETAS. “Una vez nos pusimos a trabajar, tuvimos que ir entendiendo qué implicaciones, qué significaba y desde qué lugares nos queríamos posicionar en torno a Lorca, sobre todo al ser un artista que habla tanto en su trabajo sobre la muerte y la pérdida, pero también al ser una persona asesinada de forma violenta al principio de la Guerra Civil”, relata la propia Kekejian a elDiario.es.

Esas dudas e inquietudes poco a poco fueron tomando forma. Una de las cuestiones que siempre tuvieron claras los directores fue que el tejido local granadino debería tener una elevada presencia. “Hemos invitado a artistas que sabíamos que podían ser afines y otros muchos que son de la misma ciudad”, comenta la que fue directora durante cuatro años de los Veranos de la Villa de Madrid. De las 500 personas que participan aproximadamente en el proyecto, el 90% procede de Granada.

Agua, tierra, fuego y aire

Réquiem por Lorca pivota en torno al caligrama “La rosa de la muerte”. Todo empezó cuando Laura García-Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la fundación homónima, ofreció a Kekejian y Olona indagar en la obra del granadino. Por descontado, el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías adquiere un papel preponderante en el homenaje, pero no fue hasta encontrar el caligrama ya mencionado que ambos creadores supieron cómo contarían el réquiem: a partir de sus versos.

Agua para tu amor

Tierra para tu alma

Fuego para tu ceniza

Aire para tu boca.

Estos versos ayudaron en gran medida a Olona y Kekejian a invitar de manera específica a los artistas a realizar sus producciones, pues todas son nuevas. “Es un recorrido que va desde la tierra, las raíces, hasta arriba, el aire. Un recorrido desde la lágrima hasta la liberación, como cuando el dolor por la pérdida de alguien, una vez superado, deja paso a un recuerdo cariñoso que aparece desde un sitio mucho más bonito”, expresa la creadora.

El jueves ha estado dedicado al primer acto, Agua para tu amor, donde ha dado comienzo el llanto y el lamento colectivo. El viernes, Tierra para tu alma, tendrá lugar un canto a la pérdida con intervenciones corales, danza y performances espaciales. El sábado llegará con Fuego para tu ceniza, cuando una ceremonia nocturna entrelazará la tradición musical sacra y la lectura dramática en escenarios patrimoniales de la ciudad. Por último, el domingo, Aire para tu boca, el cierre dedicado a la esperanza y la memoria futura que culmina con la intervención poética y sonora en los entornos del Carmen de los Mártires y La Alhambra.

Laura, la sobrina de Lorca, recalca a elDiario.es que el poeta ha recibido innumerables homenajes a lo largo de estas últimas décadas, pero nunca un funeral. “Tal y como está estructurado, es un llanto por Lorca y por todas las víctimas de esa terrible represión”, explica. A ojos de la presidenta de la Fundación, la idea baila entre el llanto y la celebración. “Lo que diferencia este evento de los demás es su carácter colectivo”, incide.

Reconquistar el espacio público

“Queremos que la voz, el silencio, la música y la poesía sean los elementos que entren en diálogo todo el rato”, asegura Kekejian. El espíritu está orientado a que los espectáculos se integren con el público. Por ejemplo, el que está programado para este viernes, 16 de octubre, titulado Yo canto para luego, juntará 150 voces, entre las que se cuenta la de Ángeles Toledano, que seguirán la composición realizada por Guille Galván, guitarrista y letrista de Vetusta Morla. “Buscamos la emoción, que el espacio público ayude a generar esta situación de diálogo y duelo colectivo”, apuntilla la ideóloga.

Este es el motivo principal por el que Réquiem por Lorca visitará enclaves como la Corrala de Santiago, la plaza de la Universidad, la plaza de las Pasiegas, el Corral del Carbón, la Catedral y El Albaicín. “Tenemos una responsabilidad pública de ir a buscar a la gente, volver a las plazas”, defiende Kekejian. Desde su punto de vista, esta es de las mejores maneras que existen para usar el espacio público, habitarlo, y que no solo sea lugar de tránsito. “No solo queremos las calles y plazas para ir a trabajar, quedar con los colegas o ir de compras, sino que sea un espacio de convivencia, diálogo y aprendizaje, un espacio en el que recuperar también nuestra cultura, que hasta hace no mucho era llevar a nuestros muertos a hombros”, desarrolla.

La sobrina del poeta, por su parte, precisa que tomar las calles es uno de los papeles de la cultura y una de las obligaciones de las instituciones. “Debemos trabajar con la gente, con la ciudadanía, que esto sea un camino de ida y vuelta”, añade.

Asesinado por sus ideas

Laura García-Lorca se muestra algo dubitativa al ser preguntada qué pasará cuando, dentro de una década, se cumpla un siglo sin el poeta. “Supongo que habrá una gran celebración, un gran recuerdo, pero esto está pasando ya todos los días, no hay que esperar diez años”, comenta. Es ella quien subraya que no hay que olvidar que a su tío, hermano de su padre Francisco, lo mataron por antifascista. “Más allá de su orientación sexual, lo cual tuvo un peso muy importante, le asesinaron por sus ideas, de las que habló muy claramente”, abunda. Y, algo preocupada, agrega: “El auge de la ultraderecha lo vivimos con mucho temor. Entre todos tenemos que hacer que no avance”.

Lo dejó escrito en 1937 Manuel Altolaguirre, compañero y amigo del poeta de la Generación del 27: “En realidad, Federico García Lorca murió desconocido, le mataron las bestias cuando era todavía un lucero ignorado. Gran parte de su obra estaba por escribir. Siempre que se encontraba a un amigo le descubría un proyecto, inventaba su próxima tragedia. Ahora somos nosotros quienes tenemos que despertar para nuestro pueblo su magnífico teatro, que vivirá para nuestros campesinos, para nuestros compañeros en el trabajo de la Universidad, de las fábricas”.

Las plazas de Granada, la ciudad que guarda el alma de Lorca, están a punto para acoger este duelo colectivo que viene a reparar la deuda histórica de la ciudad con su paisano más universal, pero también en recuerdo a todas las víctimas de la Guerra Civil. En resumidas cuentas, para despertar en el pueblo su magnífica obra, como dijo Altolaguirre. Víctima del odio más espurio y de la sinrazón, el teatro, la poesía y el canto lorquiano siguen presentes en el eco del tiempo.

Los nazis quisieron convertirlo en el “centro del mundo”. El castillo de Wewelsburg, al oeste de Alemania, fue transformado por Heinrich Himmler en un lugar de culto para las SS a partir de 1934. Décadas después, la democracia alemana tuvo que decidir qué hacer con aquel espacio cargado de significado. Y en 2006 optó por no eludir lo ocurrido: lo convirtió en un museo sobre el terror de las SS y en un homenaje a sus víctimas. La torre más polémica, la Sala de los Generales, fue reabierta al público como lugar de reflexión, donde se decidió mantener en su suelo de mármol el llamado Sol Negro. En torno a él se colocaron varios puffs de color naranja que descentralizan la presencia de este símbolo usado por la extrema derecha.

El ejemplo alemán es uno de los que suele citarse cuando se habla de intervención crítica en los monumentos fascistas. Una posibilidad que se aleja de la disyuntiva que suele dominar el debate en España: retirar los elementos vinculados al franquismo o conservarlos tal y como están. La primera opción es la apuesta de la Ley de Memoria Democrática y por eso en lo que va de 2026 el Gobierno ha ordenado la eliminación de 16 vestigios diseminados por todo el territorio. Pero, ¿y si hubiera otra opción?

“Hay una vía intermedia entre el conservarlos, que es lo que propone la derecha y la extrema derecha, y la eliminación total. Dejarlos como están solo sirve al mensaje y la propaganda de quién los creó, pero quitarlos crea un espacio aséptico y un vacío para las actuales y futuras generaciones. Tenemos la capacidad técnica y democrática de reconvertir estos monumentos en lugares de aprendizaje, de darles la vuelta y que propongan una reflexión colectiva sin que transmitan su pecado original”, apunta Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (UB).

El debate está abierto y hay voces que se manifiestan en esta línea y apuestan por abrir otras posibilidades. Porque las leyes de memoria, tanto de 2007 como la actual, de 2022, obliga a la retirada del espacio público de todos los elementos que exalten la Guerra Civil o la dictadura, con la única excepción de que “concurran razones artísticas o arquitectónicas”. Aún así, permanecen en España miles de símbolos de exaltación franquista que no cumplen la legislación vigente.

Con todo, el adelanto electoral del 29 de noviembre deja en el aire qué ocurrirá con los vestigios si hay un cambio de Gobierno. La posición de PP y Vox es clara y suele basarse en defender los elementos tal cual están bajo el argumento de supuestos valores históricos, patrimoniales o artísticos. En Madahonda, por ejemplo, el Ayuntamiento popular se ha puesto de perfil ante la orden de retirada del monumento a los rumanos fascistas, y en Cáceres, la Junta de Extremadura (PP y Vox) ha iniciado el expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos e intentar así evitar su eliminación.

Modificar y explicar el monumento

El arqueólogo Alfredo González Ruibal, que acaba de publicar País en ruinas. Historias enterradas de la España franquista (1939-1975), defiende estudiar cada caso. “Hay elementos que pueden ser retirados y almacenados o expuestos en museos como evidencia material de la dictadura y otros que tendrían que ser contextualizados e intervenidos. Ser transformados para que se conviertan en lugares incómodos para quienes exaltan el franquismo y que sigan estando ahí para que recordemos que esto existió. Eliminarlos del paisaje no deja de ser borrar la huella de un crimen”, explica.

Es lo que se ha decidido hacer con el Valle de Cuelgamuros, a pesar de las dudas que despierta entre los expertos el proyecto finalmente elegido y que ahora se enfrenta además a un futuro incierto tras el 29N. También con el monumento a los caídos de Pamplona, el segundo más grande del país, que el Ayuntamiento pretende convertir en un museo-memorial de recuperación de la memoria histórica y de condena del fascismo. En ambos casos se ha hecho a través de un concurso de ideas.

Jordi Guixé defiende que la clave para intervenir en estos vestigios es primero conocerlos y profundizar en su historia, escuchar a todos los actores implicados —desde Administraciones hasta la sociedad civil— y diseñar una intervención multidisciplinar. Su equipo ha aplicado este enfoque a varios monumentos, entre ellos el de la batalla del Ebro en Tortosa, inaugurado por Franco en 1966 y con sus más de 30 metros de altura aún en pie en medio del río. Tras décadas de debate, el Ayuntamiento apuesta por retirarlo, pero un proceso judicial mantiene la decisión en el aire.

La alternativa diseñada por Guixé y la profesora de Bellas Artes Núria Ricart mantiene la pilastra sobre la que se erige y propone convertir el monumento en “puente de la memoria”. La idea es “deconstruirlo” para generar un nuevo espacio horizontal que, además de funcionar como lugar de paso, incorpore elementos sobre qué fue la batalla del Ebro, qué significó la victoria franquista y qué uso propagandístico hizo. Los dos símbolos que permanecen a día de hoy —el águila y el hombre con la estrella— se mantendrían y se explicarían en un acristalado bajo el puente.

“Deben ser intervenciones materiales, artísticas y arquitectónicas, pero sobre todo debe haber un programa pedagógico, una explicación histórica sobre el monumento y lo que significó, una dignificación del espacio y una reparación de las víctimas”, afirma Guixé, que apunta a la “posibilidad de aprender del pasado” que puede ofrecer el patrimonio. Y más aún en un momento de expansión de la Inteligencia Artificial, cuando “la materialidad” para demostrar lo ocurrido históricamente “es más importante que nunca”, añade el experto, para el que lo importante es evitar “soluciones homogéneas” y apuesta por estudiar cada caso sin “retirarlo todo ni conservarlo todo”.

El riesgo de poner una placa

Entre quienes están a favor de no retirar, también hay posiciones matizadas. Ruibal, de hecho, huye de la palabra “resignificación”, habitualmente usada para definir el proceso. “Da la sensación de que hay que cambiar el significado del monumento, de exaltación de la dictadura a monumento por la paz y la democracia, y creo que no, que hay que dejar claro que es un monumento franquista”. El arqueólogo reconoce que es complejo convertir “un hito de celebración” de la dictadura en otra cosa que elimine “su función propagandística”, pero apela a “hacer un esfuerzo”, evitar respuestas automáticas y gestionar el patrimonio “con imaginación”.

Por eso el experto considera un error aquellas actuaciones que tienden a ser superficiales y se limitan a poner una placa o panel explicativo. En su opinión, esto entraña dos riesgos: por un lado, que estos elementos “pasen desapercibidos” y por otro, que puedan ser eliminados cuando cambia el signo político del Gobierno. “Sin una intervención que altere el monumento para neutralizar su función original, sirve de poco”, añade.

Este es uno de los motivos que lleva al historiador del arte e investigador de la UNED, Daniel Palacios, a oponerse a la resignificación, que, en su opinión, “nunca puede ser una solución para un monumento fascista”. El experto pone el foco en el contexto actual y advierte de que, con el auge de la ultraderecha, las organizaciones “neofascistas y conservadoras” pueden tener “a su disposición” estos monumentos sin retirar de los que “simplemente” podrán eliminar las placas o instalaciones artísticas.

Pero, además, Palacios va todavía más allá: “Hacerlos desaparecer es la única apuesta democrática”, dice el coautor de ¿Quién tiene derecho al monumento? (Katakrak). A su juicio, la resignificación “es una verdadera trampa” que, en la práctica, acaba asegurando su conservación “bajo un presupuesto que se ha demostrado falso en gran cantidad de estudios de que conocer las violencias del pasado garantiza que no vuelvan en el presente”. Para Palacios, el efecto de la intervención en los monumentos es que “se despolitiza el conflicto, se revictimiza a quien sufrió el agravio y se radicaliza al heredero del perpetrador”.

Contrarias a la resignificación suelen ser también las asociaciones de víctimas de la dictadura, entre ellas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo presidente, Emilio Silva, asegura que mantener estos monumentos es “una forma de maltrato a las víctimas” porque fueron construidos “para humillarlas”. Daniel Rico, historiador del arte, es de los que piensa que falta “voluntad política” y presupuesto para apostar por la resignificación. Y se pregunta: “Estos monumentos son un paisaje de poder y, como tal, esconden una historia de opresión. ¿Por qué no darle la vuelta a eso?”. El debate está servido.

La tierra vuelve a abrirse en el cementerio de Ejea de los Caballeros. La segunda fase de los trabajos de exhumación de la fosa común en la que se estima que se hallan cerca de 165 personas asesinadas ha permitido recuperar ya 20 cuerpos. El equipo de arqueólogos y antropólogos forenses continuará trabajando hasta finales de octubre con un doble objetivo: terminar de recuperar los restos del espacio que ya había sido abierto y avanzar en un segundo tramo del enterramiento, del que todavía no se sabe cuántas personas puede contener. 

La cifra convierte esta intervención en una de las actuaciones de recuperación de represaliados más importantes que se están desarrollando en Aragón. Los sondeos realizados en noviembre de 2024 ya habían mostrado la dimensión de lo que podía esconder el cementerio: las cinco catas abiertas dieron resultado positivo y en todas ellas aparecieron cuerpos. En una llegaron a contabilizarse al menos siete víctimas en un espacio de apenas un metro cuadrado. La primera estimación situó en torno a 150 el número de personas asesinadas que podían encontrarse en la zona, una cifra que posteriormente se elevó hasta 165. 

En la primera fase de exhumación, desarrollada en 2025, fueron recuperados 23 cuerpos. Ahora, con los 20 restos localizados en esta segunda intervención, el equipo continúa sacando a la luz una parte de las víctimas de la represión que fueron enterradas en este espacio durante las primeras semanas de la Guerra Civil. 

Pero esta nueva campaña no solo está permitiendo recuperar cuerpos. También está aportando información sobre cómo murieron. 

Las heridas que deja la munición 

La mitad de los primeros 20 cuerpos recuperados en esta segunda fase ya han pasado por el proceso de lavado y limpieza. Los restos han sido catalogados atendiendo, entre otros aspectos, al sexo y a las características antropológicas, patologías previas o cualquier otra característica individual que pueda servir para comparar los restos con la información disponible sobre las personas desaparecidas. “Buscamos cualquier característica que pueda ayudarnos a identificarles”, explica Miriam Gracia, antropóloga que participa en los trabajos.

Una de las informaciones más relevantes que están dejando los restos óseos que han salido a la luz tiene que ver con las lesiones. Los especialistas no han encontrado, por el momento, muchos indicios compatibles con torturas, pero sí han localizado, sin embargo, numerosos orificios provocados por proyectiles. 

Son impactos que apuntan a munición de pequeño calibre, procedente de pistolas de unos siete milímetros, un tipo de arma muy habitual durante los años treinta, tal y como asegura el equipo de exhumación. El calibre, por sí solo, no permite reconstruir las circunstancias concretas de cada muerte, pero las características de estos proyectiles aportan una información significativa: para que un disparo de este tipo resultara efectivo y provocara la muerte era necesario realizarlo a muy corta distancia. 

Este es un detalle que golpea especialmente a quienes llevan años trabajando en la recuperación de estas víctimas, como Javier Sumelzo, portavoz de la asociación memorialista Batallón Cinco Villas, quien considera que esta circunstancia permite acercarse a la dimensión de la violencia ejercida contra quienes fueron enterrados en la fosa y habla de “la crueldad de los asesinos”. 

La investigación antropológica, en todo caso, continúa. Cada cuerpo recuperado debe ser tratado de manera individual en un espacio habilitado para ellos en el cementerio de Ejea, que se está quedando pequeño. También serán documentados y estudiados antes de incorporarlos al proceso de identificación genética. El objetivo último sigue siendo poner nombre a los restos y devolverlos a sus familias para que puedan despedirse de ellos y darles sepultura “con la dignidad que merecen”, insiste el equipo. 

Una fosa que todavía no ha terminado de hablar 

La dimensión de la intervención sigue sin estar completamente definida. Las primeras catas realizadas en 2024 localizaron 14 cuerpos y mostraron que el enterramiento podía ser mucho mayor de lo que se había documentado hasta entonces. El cálculo de unas 165 víctimas procede de la investigación histórica y documental realizada por el equipo arqueológico y por la asociación Batallón Cinco Villas, y sigue siendo una estimación abierta. De hecho, los trabajos ya habían advertido de la posible existencia de otros espacios de enterramiento fuera de la zona inicialmente delimitada. 

Y detrás de esa cifra hay decenas de nombres. Los registros conservados permiten reconstruir una parte de la historia de quienes acabaron en este cementerio. Entre las víctimas identificadas en la documentación aparecen vecinos de Ejea como Carmelo Jiménez Aranda, Manuel Ginés Guillén, José Sánchez Sanz, Julia Abadía Navarro, José Lou Llorens o Francisco Longás Urbón, junto a personas procedentes de otros municipios de la comarca y de localidades más alejadas. El censo de patrimonio memorial de Aragón recoge al menos 72 personas naturales o vecinas de Ejea asesinadas en los alrededores de la localidad y señala que muchas de ellas, aunque casi con seguridad no todas, estarían enterradas en la gran fosa del cementerio. 

Pero la fosa de Ejea no es únicamente una fosa de Ejea. La localidad era la cabeza del partido judicial y su cárcel se convirtió durante los primeros meses de la guerra en uno de los principales centros de detención de la zona. Hasta el 31 de diciembre de 1936 fueron detenidas e ingresadas allí 501 personas. De ellas, los registros indican que 333 fueron sacadas de la prisión para ser fusiladas, mientras que otras fuentes y la investigación histórica manejada por los equipos memorialistas sitúan en al menos 365 las personas sacadas de la cárcel para ser asesinadas. 

Por aquella cárcel pasaron vecinos de una veintena de municipios. Entre las localidades que aparecen vinculadas a las víctimas que podrían estar en la fosa figuran Pedrola, Pinseque, Pradilla, Tarazona, Uncastillo, Luesia o Farasdués, además de municipios de Navarra y Soria. 

La fosa sale del cementerio y entra en el pueblo 

La intervención de este otoño está teniendo además una consecuencia que trasciende el propio trabajo arqueológico: la fosa empieza a ser conocida por un número cada vez mayor de vecinos. El trabajo que se desarrolla tras las paredes del camposanto ha despertado el interés de personas que hasta ahora conocían la existencia de la fosa, pero no necesariamente la dimensión de la intervención, y las visitas al cementerio se han incrementado durante esta semana. 

Uno de los momentos que ha contribuido a sacar el proyecto del ámbito estrictamente memorialista ha sido la visita de la periodista y divulgadora Nieves Concostrina. Estuvo el martes en el cementerio, donde conoció de primera mano los trabajos y recibió explicaciones del equipo que está llevando a cabo la exhumación. Horas después trasladó parte de esa información al público durante la conferencia ‘Memoria para indiferentes’, organizada por la asociación Batallón Cinco Villas, con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. La charla se celebró en el Teatro de la Villa de Ejea, que llenó sus 400 localidades y dejó a las puertas a un centenar de personas más sin entrada. 

La visita de la divulgadora tuvo además un elemento especialmente simbólico: la conferencia se abrió con fotografías de la propia fosa de Ejea y con algunos de los datos que los especialistas habían compartido con la periodista durante su visita al cementerio esa misma mañana. 

La memoria dejó así de ser solo una cuestión de archivos, nombres y familias que buscan a sus desaparecidos. Durante unas horas, la fosa se convirtió también en el punto de partida de una conversación pública sobre la violencia de la Guerra Civil y sobre la necesidad de recuperar los restos de quienes fueron asesinados y enterrados sin que sus familias pudieran despedirlos. 

Los estudiantes ante la fosa 

Ese acercamiento entre investigación y sociedad se ha materializado también con la visita de una veintena de estudiantes del Máster de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza al cementerio de Ejea, acompañados por la catedrática Ángela Cenarro. 

Los estudiantes han conocido sobre el terreno cómo se desarrolla una exhumación y escuchar las explicaciones del equipo encargado de los trabajos. No se trata únicamente de

observar cómo se recuperan restos humanos: la fosa permite conectar la investigación histórica con la arqueología, la antropología forense y las futuras pruebas genéticas que pueden conducir a la identificación de las víctimas. 

Es precisamente esa combinación de disciplinas la que explica la dimensión del proyecto iniciado en Ejea. Cuando comenzaron los primeros sondeos, los expertos ya advertían de que no se trataba de una intervención sencilla y la investigación histórica permitirá en un tiempo poner nombres, pueblos y fechas allí donde durante décadas solo hubo interrogantes. 

Los 20 cuerpos recuperados en esta segunda fase todavía no tienen nombre, algunos han pasado ya por las primeras labores de limpieza y estudio antropológico, y después llegará el momento de cruzar la información obtenida de los huesos con los datos de las familias y las muestras de ADN. 

Los trabajos de esta fase, liderado por equipo del director arqueológico Javier Ruiz y sufragados con recursos del Ayuntamiento del Ejea, continuarán hasta finales de octubre con la incertidumbre de conocer cuántas personas permanecen bajo tierra en el segundo tramo, anegado de lodo por las lluvias de esta semana, que pronto empezará a ser explorado.

El futuro de la memoria histórica vuelve a depender de las urnas. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez deja en suspenso las políticas que el Gobierno mantiene en pleno desarrollo, entre las que hay una de enorme calado: la transformación del Valle de Cuelgamuros. Convertir en un lugar de memoria democrática el mausoleo construido por Franco para conmemorar su victoria en la Guerra Civil es un proyecto a largo plazo con actuaciones ya en marcha y otras pendientes. Y su culminación dependerá de quién ocupe la Moncloa tras los comicios del 29 de noviembre.

La resignificación del entonces llamado Valle de los Caídos arrancó con la exhumación de Franco en 2019 y la Ley de Memoria Democrática apuntó en 2022 hacia el siguiente paso: el de la intervención del monumento, convertido en la mayor fosa común de España con más de 33.000 víctimas enterradas en sus criptas. A día de hoy ni siquiera un panel explica el origen y el significado del mausoleo, construido con mano de obra republicana. Para remediarlo, a finales del año pasado, y tras pactar con la Iglesia y renunciar a la expulsión de los benedictinos de la basílica, fue elegido el proyecto ganador en un concurso internacional organizado por el Ministerio de Vivienda.

Medio siglo después de la muerte del dictador, hay sobre la mesa un plan que, aunque ha decepcionado a los expertos, propone construir una nueva entrada al monumento e instalar un centro de interpretación. El objetivo es provocar un ingreso “horizontal y democrático” frente al “eje ascendente autoritario” coronado por la enorme cruz. El Gobierno ha presupuestado 31 millones de euros y ya en su momento se previó que las obras comenzaran a principios de 2027 con una duración estimada de cuatro años.

Fueran cuando fueran, las elecciones generales iban a pillar Cuelgamuros en medio de los trabajos o a punto de iniciarse. Pero ahora ese momento se adelanta y sobre el proceso planea la incógnita de qué quedará de él si el próximo Gobierno está en manos de un PP que ha prometido derogar la Ley de Memoria y de un Vox que expande el revisionismo histórico. Su alianza ya ha dejado su huella en las comunidades donde han pactado gobiernos. En ellas están sustituyendo la memoria histórica por leyes de “concordia” que eluden el golpe de Estado de 1936, equiparan el franquismo y la República y, en algunos casos, incluyen el terrorismo de ETA.

La derecha lleva años tildando cualquier política sobre memoria histórica como “ideológica y sectaria” y ambos partidos votaron en contra de la Ley de Memoria. El revisionismo histórico está en auge, enarbolado por líderes de Vox que han llegado a celebrar en el Congreso que los jóvenes “estén descubriendo” que el franquismo “no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación” o que felicitan el Día de la Victoria al estilo franquista. La última vez que el PP ocupó la Moncloa, con Mariano Rajoy, no derogó la ley, pero sí la congeló y dejó su presupuesto a cero.

“No me cabe en la cabeza que si vienen otros gobiernos lo paralicen”, ha dicho este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, en una charla con Ignacio Escolar durante unas jornadas sobre la Guerra Civil. “¿Se hubiese paralizado que los jóvenes vayan a Mauthausen y vean que aquello era un campo de exterminio?”, se ha preguntado, y ha añadido que ahora están en proceso de sacar a licitación las obras, pero que en ningún caso se podrán acometer antes de las elecciones.

Las exhumaciones de víctimas

A mes y medio de las elecciones, el Gobierno está esperando a que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP), donde se enclava Cuelgamuros, otorgue la licencia de obras para iniciar los trabajos. Según fuentes del Ejecutivo, la fecha límite se cumple este noviembre, en pleno ciclo electoral. Paralelamente, está elaborando el proyecto de ejecución y el pasado verano, el Ministerio de Vivienda comenzó la fase previa en terreno, unas labores que la Justicia paralizó momentáneamente tras estimar un recurso de una de las asociaciones antimemorialistas más activas.

Antes, el propio consistorio ya había emitido una resolución para suspender los sondeos. Desde la exhumación de Franco, el Ayuntamiento se ha erigido como uno de los actores que han estado lejos de facilitar cualquier cambio en Cuelgamuros llegando incluso a apoyar una moción de Vox para reclamar que fuera declarado BIC. El asedio contra cada intento de transformarlo ha sido una constante desde el inicio, en forma de recursos, decisiones y bloqueos judiciales promovidos por la ultraderecha mientras el partido de Santiago Abascal defiende sobre el Valle su mito tardofranquista por excelencia: que es un monumento a la “reconciliación”.

En este contexto cabe preguntarse qué pasará también con las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura allí enterradas, muchas republicanas que fueron allí trasladadas por Franco desde 1959 sin conocimiento de sus familias. Tras años de dilación institucional, los trabajos comenzaron en 2023 y todavía continúan marcados por las maniobras judiciales que los han ralentizado y enmarañado. 216 familias han solicitado la recuperación de los cuerpos de sus antepasados y, de momento, se han entregado los restos de 25 después de analizar 602 cuerpos. Entre las víctimas recuperadas hay también miembros del bando franquista.

Las próximas elecciones van a pillar también abierto el proceso de extinción de la Fundación Francisco Franco. El pasado abril el Ministerio de Cultura puso fin al procedimiento administrativo tras constatar que hace apología de la dictadura y humilla a sus víctimas. Y envió el expediente al juez, que es quien debe ahora tomar una decisión. Un posible cambio de Gobierno puede influir en lo que pase a partir de entonces: si no se acuerda la ilegalización, es poco probable que PP y Vox opten por recurrir la decisión.

El departamento dirigido por Ernest Urtasun está también inmerso en la reclamación de los casi 30.000 documentos que atesora el archivo de la fundación y hace menos de un año inició el trámite para extinguir otras cuatro fundaciones: José Antonio Primo de Rivera, Pro Infancia Queipo de Llano, Serrano Suñer y Blas Piñar. Un proceso que se presume largo contando con que, en el caso de la de Francisco Franco, el Gobierno tardó casi dos años en remitir el expediente a la Justicia.

Otra incógnita es qué ocurrirá con el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática. El Gobierno ya ha abierto expediente contra más de una decena de monumentos que ordena retirar, entre ellos, el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife o la Cruz de los Caídos de Cáceres. Algunos como la inscripción de Primo de Rivera en la catedral de Murcia ya han sido eliminados, pero otros están aún dentro de plazo o incluso lo han superado, como el monumento a los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid). En estos casos, la ley prevé la posibilidad de que el Gobierno lo retire subsidiariamente.

Pendientes están aún los informes de la Comisión de la Verdad sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura o la auditoría de bienes expoliados, una medida con la que el Ejecutivo va tres años tarde. El Banco estatal de ADN de víctimas, otro de los mandatos de la ley, ha sido una de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario de este martes, en el que el Gobierno ha acelerado varias cuestiones para intentar llegar antes de los comicios.

Paralelamente, continúan las exhumaciones de republicanos represaliados por todo el territorio: desde 2019, se han rescatado más de 8.000 cuerpos, pero aún se calculan que quedan unos 11.000 aún recuperables. Está por ver qué ocurrirá con ellos tras el 29N.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha apelado a que el Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre “no cometa el error de no seguir adelante con la memoria democrática”, algo que considera esencial por encima de ideologías.

Así lo ha defendido en Sevilla en una conversación con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en el marco de las jornadas 1936. La guerra que todos perdimos, que tienen lugar en la Fundación Cajasol. Torres, por cierto, ha hecho mención al nombre de las propias jornadas, sobre el que ha dicho que “se pudo perder la guerra”, pero hace 50 años “se ganó la democracia”.

Para él, el futuro lo personifica en su hijo de 11 años, para el que solo desea “que viva en libertad y vote a quien quiera”. Ha rememorado una Guerra Civil en la que “hubo vencedores y vencidos, pero la muerte del dictador trajo consigo el regreso a la democracia”, para apostillar: “Siguen heridas sin cerrar, y es lo que estamos haciendo desde Memoria Democrática”.

Sin una ley específica hasta 2007

Preguntado por Ignacio Escolar por cómo se justifica que la primera Ley de Memoria en España no llegase hasta 2007, la 52/2007 (conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica), aprobada el 26 de diciembre por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha referido a las memorias de Felipe González, en las que expresaba que “si diese marcha atrás en el tiempo lo haría de otra forma”. Así, ha señalado que confía que incluso un hipotético gobierno en el que estuviese Vox no paralizaría estas políticas: “Hemos podido exhumar a 10.000 personas, queda el 50%. Uno de mis recuerdos más emocionantes fue cuando hablé con un alcalde de un partido distinto al mío en Aragón, después de recuperar los restos de su abuelo”.

Con todo, “no hay que olvidar esta etapa de nuestro país para no repetirla”, y ha espetado que “se puede votar a quien le dé la gana a cada uno, lo que no podemos hacer es que ese voto sea un pensamiento único”. En este sentido, ha subrayado que “los derechos humanos dicen claramente que en un país civilizado no puede haber personas enterradas en cunetas”.

Cuelgamuros y su nuevo destino

Ángel Víctor Torres se ha referido a Cuelgamuros como un símbolo de lo que supuso la Guerra Civil, con 33.000 personas enterradas de las que 23.000 eran del bando republicano, y sin que el Gobierno actual haya podido culminar el plan para darle un nuevo uso como recinto de memoria histórica.

Con un proyecto que solo tiene aprobado el concurso de ideas, el ministro ha dicho que es importante conocer lo que pasó en ese lugar tras la guerra. “Hay miles de muertos, pero los del bando perdedor llegaban 10 o 12 en una caja con el nombre del sitio donde los mataron, mientras que los del bando vencedor venían cajas individuales con el nombre de esa persona”.

“Hubo gente que llevó flores a un cementerio durante años, y no sabía que el cuerpo de su familiar había sido robado para llevarlo al Valle de los Caídos”, y todo ello en “un mausoleo” a donde fueron llevados esos muertos “contra su voluntad”. Por eso, considera indispensable que se conozca la verdad sobre ese sitio en concreto, “como la verdad de que Guernica fue bombardeada y durante la dictadura se hizo creer que la quemaron los habitantes de la ciudad”.

Pero, en ese ámbito, entiende que es preocupante que “la franja de edad más partidaria de la dictadura son jóvenes”, de modo que les pide “que tengan toda la información, no solo la sectaria que llega por algunos medios de información”. “Que sepan que había campos de trabajo a donde mandaban a homosexuales, y les pregunten si aplaudirían las jóvenes que no pudiesen abrir una cuenta bancaria sin la firma de su marido”.

Una reflexión además mirando al mañana, para la futura composición del Congreso, y un aviso al PP: “La derecha del 76 fue capaz de contener en su interior a las voces que querían mantener el franquismo, y el PP debe analizar su historia y saber que consiguió más cosas sin abrazar postulados de reminiscencia franquista”.

De paso, ha replicado al expresidente José María Aznar, que en el mismo foro en Sevilla dejó caer que la monarquía estaba en peligro si Pedro Sánchez volviese a gobernar: “Hay afirmaciones peligrosas. Tenemos un sistema garantista, con una democracia pulcra de la que nos tenemos que sentir orgullosos, y cuestionar que un partido político va a llegar para acabar con el orden que tenemos es como decir que la ultraderecha va a acabar con la democracia e imponer la dictadura”.

El domingo fui al cine a ver La Bola Negra con parte de mi familia elegida. Ya con la pantalla en negro y los créditos desfilando, prendieron la luz de la sala –mala costumbre– y, al levantarnos, ni una palabra. Solo una concatenación de abrazos de varios segundos y un “tengo que digerir bien lo que he visto”.

A estas alturas no hace falta presentación alguna sobre una película ya premiada en Cannes y Donostia, y en la carrera de los Óscar. El largometraje, que parte de la obra de Alberto Conejero La piedra oscura, no es un mero ejercicio de melodrama sino un artefacto político que impacta de pleno en nuestro presente. Lo hace a través de un retablo coral donde lo ficcionado y lo histórico se diluyen para proyectar el trauma del golpe de Estado, la guerra y el fascismo sobre la España actual.

La película es un tríptico que arrulla con mimo tres historias y tres personajes principales. Los atraviesa una madeja de hilos que lo tejen todo: la identidad, el amor y el existir (sentir, dudar, pensar, elegir, vivir). En este universo, el tiempo histórico quiebra su linealidad para interconectar simultáneamente 1932, 1937 y 2017. Pasado y presente coexisten; no hay un antes y un ahora. Un fluir en el que personajes y espectadores transitamos conjuntamente a través de lo que se sintió y se truncó. 

Frente a la memoria tradicional y hegemónica —a menudo binaria y en blanco y negro—, este filme propone una rememoración del pasado a través de la empatía, el afecto, la indignación y la rabia. Rodada en 35 milímetros y habitada por figuras que van desde lo histórico de Rafael Rodríguez Rapún hasta la fantasía musical de Nené o lo onírico de Lorca, la película muestra la disidencia sexoafectiva como catalizador para conectar con las luchas de los colectivos represaliados por el franquismo.

La propuesta visual es cautivadora. El universo de Calvo y Ambrossi cobra vida de la mano de un equipo técnico prodigioso. Gris Jordana en la dirección de fotografía y Roger Bellés en la dirección artística nos ofrecen un retrato de los años treinta que funciona casi como una fuente documental. Por momentos, los fotogramas evocan esas fotografías de época que consultamos en los archivos históricos. Asimismo, la mirada no normativa y el quehacer calvoambrosiano fluyen magistralmente entre lo pop, el realismo mágico de Lorca y el lirismo hipnótico. Aquello que los puristas tachan de exceso de artificio se revela como un cuestionamiento de los cánones tradicionales de la narrativa y la representación visual. Una manera de reivindicar que los vencidos de 1939 no pertenecen al silencio de los polvorientos anaqueles de la historia, sino a la genealogía de nuestra cultura contemporánea.

El largometraje es un artilugio diseñado para apelar al vínculo con nuestro pasado e intervenir el presente

Pero no pretendo hacer una crítica de cine —eso se lo dejamos a nuestra Pepa Blanes—, mi interés es otro: la praxis memorial. El filme no busca registrar la literalidad de lo ocurrido, sino utilizar la ficción para reparar vacíos y borrados. En ese transitar por la experiencia humana, el largometraje no es un contenedor pasivo de recuerdos, sino un artilugio diseñado para apelar al vínculo con nuestro pasado e intervenir el presente. Se transforma así en un vector de memoria que opera desde lo emocional para provocar reflexión, superando la crónica de hechos y datos para narrar el pasado a través de las personas (verdaderos agentes y protagonistas de la Historia y de los procesos sociales y políticos). 

La memoria histórica no es antídoto, pero sí revelación. Tiene el compromiso de hacer visible a los sujetos invisibles, de narrar y recuperar los contrarelatos silenciados por las memorias oficiales. La España franquista no solo exterminó cuerpos, sino que ejecutó una censura sistemática y un borrado de los afectos, las ideas, las materialidades y las identidades vencidas y disidentes. Los Javis proponen un dispositivo memorial intergeneracional que utiliza la mirada queer para hacer el trauma políticamente movilizador: “Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más”. 

La Bola Negra funciona, pues, como una máquina del tiempo afectiva a través de una metaficción reparadora, que no considero equidistante. La mirada social sobre la guerra –que desde un primer momento se presenta como conflicto derivado del golpe de Estado–, ofrece un retrato de la “guerra sin épica”. Lejos de estereotipos bélicos se muestra la dureza y la cotidianidad de un contexto, donde la meta era sobrevivir. Cuando el relato se narra desde lo humano no hay blancos ni negros sino grises. El frente es un infierno donde generaciones de hombres pierden su juventud y la vida. Algunos lo hacen conscientemente como militantes de una idea política; otros lo sufren movilizados o reclutados a la fuerza como Sebastián. 

Pero lo humano no anula lo político, presentar al antifascismo y a las disidencias en lucha y reconocer a fascistas como golpistas es posicionarse. Sutil pero clarificador es el cardenal llamando a tomar las armas y las monjas cuchicheando sobre los heridos: “Este es enemigo”. Además, la película refleja bien cómo los efectos del golpe militar y la guerra de España no terminan en 1939 con el cese de las armas. La vida de Sebastián es un ejemplo del “exilio interior” forzado como mecanismo de supervivencia durante la dictadura. La vida de las mujeres, un claro retrato de la anulación personal y social impuesta: “Me conformo con ser mujer. Por mi gusto, tiraría a la jabalina, pero debo endulzar naranjas. Debo y quiero”. Y el Alberto de 2017, la encarnación de las generaciones de la post y la desmemoria.

La Bola Negra nos advierte que hacer memoria también consiste en reparar los futuros y proyectos truncados, las obras no escritas y los afectos censurados y exterminados por la violencia del franquismo y del pacto de silencio posterior. Así que, el verdadero valor de la película como engranaje memorial reside en su clara negativa a dar el pasado por cerrado. También en que, aunque se narra desde una profunda y necesaria memoria homosexual, consigue una dimensión totalmente universal e integradora. Abre armarios y ventanas para invitar a que lo no normativo sea el motor de un relato a contrapelo que dé voz a los muchos silencios de la historia reciente de España. 

“Echar Bola negra” se erige, pues, como la gran metáfora de nuestra propia desmemoria democrática: un mecanismo de silencio y exclusión institucionalizada que, durante décadas, se aplicó sobre los cuerpos en las fosas, los legados políticos e intelectuales borrados y las identidades represaliadas. En el caso del colectivo LGTBIQ+ doblemente criminalizado y estigmatizado por las leyes franquistas de Vagos y Maleantes de 1954 y la de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. 

El filme invita a quien mira desde siglo XXI a no ver ese pasado como algo estraño y lejano, sino como un paisaje de referencia y de traumas comunitarios

Indagar en el pasado reciente nos permite descubrir nuestra herencia familiar y colectiva. El filme invita a quien mira desde siglo XXI a no ver ese pasado como algo extraño y lejano, sino como un paisaje de referencia y de traumas comunitarios. Un lugar de deuda íntima e histórica pues la conquista actual de derechos y libertades se funda directamente en los sacrificios de todas aquellas personas que fueron silenciadas y represaliadas por defender sus militancias y por querer vivir quienes eran. 

El pasado aún nos interpela y solo hay una manera de afrontarlo: gestionarlo y posicionarse. El cine aquí no es mero entretenimiento ni un archivo pasivo de tragedias particulares, sino un acto político que quiebra el silencio para transformarlo en memoria viva. Es imposible no sentir emoción ante lo que La Bola Negra cuenta y cómo lo cuenta. Quizá para algunos la película sea solo un acto de estilización y de justicia poética, pero, en un país donde los crímenes del franquismo siguen sin juzgarse, la reparación simbólica es, sin duda, una forma necesaria de hacer memoria.

La prospección de dos posibles fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil en La Muela (Zaragoza) ha terminado, por ahora, sin encontrar restos. Los trabajos, impulsados por la Asociación de Familiares y Amigos de Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM) y realizados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, buscaban localizar a represaliados procedentes de Épila y Calatorao cuyos familiares llevan décadas esperando encontrarlos y darles un entierro digno.

La intervención comenzó este martes para comprobar si bajo la tierra quedaban restos de esas personas. Pero no ha sido así, al menos en los dos puntos examinados. “No ha habido nada”, explica la presidenta de AFAAEM, Pilar Gimeno. Las familias han recibido el resultado “apesadumbradas”, después de haber depositado sus esperanzas en estos trabajos.

La investigación comenzó cuando familiares de Épila y La Muela contactaron con la asociación y aportaron documentos y testimonios que señalaban dos posibles lugares de enterramiento. Según esa información, una de las fosas podría encontrarse en el exterior del cementerio, junto a la tapia, y correspondería a vecinos de Calatorao. La otra estaría dentro del camposanto, junto a los nichos, y en ella podrían encontrarse víctimas procedentes de Épila.

Durante meses, AFAAEM ha ido reuniendo documentación y gestionando los permisos necesarios para poder llegar hasta este momento. El proyecto está financiado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España y la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de La Muela, Épila y Calatorao. Los trabajos han corrido a cargo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo la dirección de la antropóloga e historiadora Lourdes Herrasti, especializada en la exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil.

Que no hayan aparecido restos en estos dos puntos no significa que la pista termine aquí. “Es seguro que fueron asesinados. Pueden estar dentro o en el campo de fusilados”, señala Gimeno. La asociación tiene, por tanto, otros lugares que investigar. Los trabajos dentro del cementerio comenzarán después del Día de Todos los Santos y, a partir de ahí, se decidirá si la intervención en el denominado campo de los fusilados puede hacerse también este año o queda para comienzos de 2027.

El resultado de esta primera prospección ha sido difícil para las familias, pero no ha hecho que desistan. “Nos pasa muchas veces, pero no nos achanta. Nos da fuerzas para seguir buscando”, asegura Gimeno. Y hay, al menos, una certeza que antes no tenían: “Ya saben que no hay nada en ese trozo de tierra al que iban a rendir culto”.

Para la presidenta de AFAAEM, esa certeza también tiene importancia. Las familias han pasado años mirando determinados lugares y preguntándose si allí podían estar sus seres queridos. Ahora saben que, en esos dos puntos concretos, no están. La búsqueda, sin embargo, continúa. “No buscamos solamente unos restos anatómicos. Buscamos a personas que tienen nombre, apellidos, familias y una historia que merece y debe ser conocida”, reivindica Gimeno.

Porque detrás de cada prospección hay también una historia familiar que lleva décadas esperando un final. “Un duelo sin cuerpo no se puede hacer. Es un duelo permanente”, sostiene la presidenta de AFAAEM. “Han muerto padres e hijos con este duelo sin cerrar”. En este proceso, las familias han tenido además un papel activo, aportando documentos, testimonios e información sobre sus desaparecidos. “Estoy muy satisfecha. Es un proyecto que trabajamos todos, un trabajo de hombro con hombro de la sociedad civil aragonesa”, destaca Gimeno, que agradece especialmente la implicación de los familiares y el trabajo del equipo de Aranzadi.

La asociación continuará ahora recopilando información y estudiando nuevas actuaciones para tratar de localizar a las víctimas de Épila y Calatorao. La primera búsqueda no ha dado el resultado esperado, pero las familias no piensan detenerse.

Durante hora y media, Millán-Astray canta al mismo tiempo que destila ideología y odio. Es un aquelarre satírico sobre el militar franquista y fundador de la Legión, interpretado por la actriz Ane Gabarain (Donosti, 1963) con el título Cantando bajo las balas, una producción teatral estrenada en Euskadi que ahora llega a Barcelona.

Un proyecto exigente y de riesgo en el que Gabarain se acompaña en escena por el músico y actor Marc Severa. Escrito por Antonio Álamo, dirigido por Asier Andueza y con escenografía de un histórico, José Luis Raymond, la obra permanece en cartelera hasta el 4 de octubre en el Teatre Apolo. En el horizonte, dos nuevas series para esta actriz: Infamia, con Susana Abaitua y la esperada Las vecinas, de Suma Content, la productora de los Javis.

Millán-Astray no deja de cantar en toda la función…

Es que le gustaba mucho cantar, cantaba mal, pero cantaba. Era un hombre al que le gustaba disfrutar de la vida y cantar le liberaba mucho. Era colega de Celia Gámez, de hecho fue padrino de su boda. Por lo visto cuando iban hacia el altar, la muchedumbre que había no les dejaba paso y él se puso a gritar: “¡A mí la legión!”. Era así.

La obra tiene un ritmo endemoniado, todo un reto también enérgico para el actor, ¿cómo la ha abordado?

Es intensísima, es una obra muy punky, de alto voltaje desde el principio. Millán-Astray se levanta de la tumba y empieza a pedir cuentas a las Españas. Luego va contando toda su biografía y se centra en el episodio que tuvo con Miguel de Unamuno en 1936. Es un texto magnífico, muy estilizado. Es increíble cómo Antonio Álamo ha cogido las actas de ese día y las ha convertido en puro teatro. Aquello ya fue muy teatral, pero Antonio lo convierte en teatro de culto.

Cuando acaba la función, después de estar hora y media encarnando a un personaje tan lejano a sus propios ideales, tan furibundo, ¿le pesa?

No sé si pesa, sí que es difícil. La obra es una sátira, Millán acaba siendo un esperpento, tiene mucho humor. Pero fíjate lo que te digo, creo incluso que la obra es luminosa... Teatralmente, es una celebración, lo siento así, lo vivo así. No es una obra que te tira para abajo, que te deja entre sombras. La obra tiene mucho de psicológico, de psiquiátrico, de filosófico, político e histórico, pero en el fondo es catártica, el espectador sale diferente, porque si de algo habla esta obra es del peligro de volvernos fanáticos y de que no seamos capaces de movernos un milímetro de nuestra posición.

¿En qué sentido Millán-Astray es un esperpento?

Es el personaje que se comió a la persona. Millán-Astray tiene mucho de folclórica, incluso llegas a reírte con él. En camerino, cuando me estoy vistiendo tengo que ir quitándome un brazo, luego un ojo, luego poniéndome el uniforme, luego el fajín, volviéndome coja... Es terrible y al mismo tiempo divertido.

Millán Astray fue el fundador de Radio Nacional, pero a nadie se le ocurre, digo yo, poner un gran retrato suyo en la entrada de la sede, aunque mejor no dar ideas

No sé cómo verá desde Euskadi que en Madrid se haya vuelto a poner el nombre de la calle Millán-Astray, quitándosela a la maestra Justa Freire, o que el alcalde José Luis Martínez-Almeida inaugurase un monumento a la legión en plena Castellana.

Me parece tremendo que personajes de estas características en 2026 tengan una calle, una estatua o lo que sea. Volver a ponerla es como una doble insistencia que clama al cielo. Millán-Astray fue el fundador de Radio Nacional, pero a nadie se le ocurre, digo yo, poner un gran retrato de Millán-Astray en la entrada de su sede, aunque mejor no dar ideas.

La obra trata también de la posición del fascismo ante los nacionalismos. El montaje se estrenó en Euskadi y ahora llega a Catalunya. Ciertos pasajes tienen que sonar bien fuerte en estos sitios, ¿no?

Aquí solo tengo que recitar las palabras del propio Millán: “[pone la voz del personaje] ¡Cataluña y el País Vasco, el País Vasco y Cataluña son dos cánceres en el cuerpo de la Nación! El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, rotando en la carne viva y sana como un frío bisturí. La carne sana es la tierra; la enferma, su gente. El fascismo y el ejército arrancaron a la gente para restaurar en la tierra el sagrado reino nacional”.

¿Qué reflexión le merece el personaje después de haberlo estudiado para la obra?

Dios mío, librémonos de estos personajes. Millán-Astray representa el peligro del fanatismo. Era un iluminado. Al final ni los propios sabían qué hacer con él.

Cantando bajo las balas se estrenó en 2007 con Adolfo Fernández, quien falleció recientemente. Han pasado ya veinte años; cuánto ha cambiado todo, ¿no?

A Adolfo le tengo muy presente en este montaje, mucho. Y lamentablemente, esta obra escrita hace diez años y que habla de 1936, es más actual ahora. Algunas de las palabras, de las frases y de las consignas que podemos escuchar en escena no están lejos de lo que escuchamos ahora mismo. Y eso cala en el público.

Primera obra de la productora Luna Hiena, hora y media sola en escena con un monólogo en el que tiene que encarnar a una de las personalidades más endemoniadas de nuestra historia. ¿Qué le decidió a meterse en esta aventura?

Eso digo yo. La verdad es que soy una actriz absolutamente vocacional y un tanto kamikaze. A veces me digo: pero qué necesidad tengo de meterme en estos berenjenales, en un proyecto tan exigente… Pero no tengo remedio, es lo que me pone. Cuando vi el montaje de Adolfo ya me fascinó, pero cuando volví a leerlo me dije: qué pedazo de texto.

Comenzó carrera en los ochenta, con el gran Juan Pastor, con la compañía de Ramón Barea y Alex Angulo, Karraka, y también estuvo en los comienzos de otra compañía histórica vasca, Tanttaka… Una época bien distinta ahora e ilusionante, ¿no?

Claro, comencé en el 83. Las autonomías estaban recién constituidas, todo estaba por hacerse. El teatro y también la televisión. Éramos jóvenes y fuimos de la mano, construyendo la política lingüística, profesionalizándonos, creando… Fue una época donde ya compaginaba teatro y tele. Comenzamos haciendo programas infantiles, luego llegó la primera sitcom, Bi eta bat… Trabajamos mucho y duro.

Aunque nunca perteneció a ninguna compañía, ¿siempre fue un poco por libre?

Era menos orgánica en ese sentido. Sí lo fui con nuestra primera compañía Bederen 1, pero luego he trabajado con casi todas las compañías vascas, son 43 años currando.

Desprenderme de la Poncia de 'La casa de Bernarda Alba' de Lorca para mí fue dolorosísimo. Es tan inmensa la obra y el personaje, que hubiera seguido años haciéndola. Los grandes personajes son aquellos que te llevas a la intimidad

Conoce bien el teatro que se hace hoy en Euskadi. Si lo compara con aquel de los años 80 y 90 ¿qué grandes diferencias ve?

Creo que ahora se hace un teatro infinitamente más profesional y con más recursos. Hay compañías que siguen haciendo teatro más social y comprometido, pero no es lo que abunda. Posiblemente sea mi percepción, que ya estoy mayor y haya alguien que me diga que no es así. Es verdad que las líneas de lo social y lo comprometido a veces son muy difusas, pero yo estoy descreída ya de muchas cosas. Muy decepcionada también. Pero eso quiere decir también que creí… y sigo creyendo. Quizá sea el cansancio de la pelea.

Si tiene que recordar un momento sobre un escenario que, aunque fuera fugaz, le diera sentido a toda esa pelea, ¿cuál sería?

Mira, yo tengo un momento, igual lo tengo idealizado, pero me acuerdo de hacer Gure herria, Nuestro pueblo, de Thornton Wilder en 1986 con Juan Pastor. La hacíamos en castellano y euskera. Recuerdo tener un momento de iluminación en el escenario y decir: “qué bien que me dedico a esto, qué bonito que es”. Pero también he tenido momentos en que he dicho: “qué mierda, no sé qué hago haciendo esto”. Otro momento especial fue en 2014 con El amor después del amor que hice con Ados Teatroa. Fue un montaje con el que disfruté tanto, en el que estaba tan conectada, fue muy especial.

Creía que me iba a hablar de la Poncia que hizo en el Centro Dramático Nacional en La casa de Bernarda Alba de Lorca…

La Bernarda también, que se me olvidaba. Tienes razón, es uno de mis momentos mágicos absolutos. Siempre te duele cuando te desprendes de una obra o de un personaje, siempre hay un momento de duelo, pero desprenderme de la Poncia para mí fue dolorosísimo. Es tan inmensa la obra y el personaje, hubiera seguido años haciéndola, investigando. Los grandes personajes son aquellos que te llevas a la intimidad y Poncia es uno de ellos.

El silencio del cementerio de Son Valentí se ha llenado este lunes de nombres, ausencias y memoria. Un total de 225 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista -once de ellas identificadas, las otras 214, no- han recibido sepultura en el camposanto palmesano, donde sus restos, recuperados de fosas comunes tras décadas de olvido, descansan ya en el nuevo Columbari de la Dignitat. El acto, organizado por el Govern balear, ha puesto rostro a una deuda histórica que continúa abierta en Balears en medio de la polémica por la derogación de la ley de memoria democrática y las críticas de las asociaciones: Memòria de Mallorca denuncia que el Ejecutivo del PP no ha dado margen de decisión alguno a la entidad ni a las familias de las víctimas en la organización del evento y recrimina la forma en que los populares están gestionando las políticas de memoria.

El acto, en el que no ha estado presente la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estado marcada por la emoción de las familias que han podido recuperar los restos de sus seres queridos, pero también por la reivindicación de quienes llevan años reclamando verdad, justicia y reparación. Después de décadas de espera, muchas de las víctimas han contado por fin con un lugar donde reposar y ser recordadas.

La ceremonia ha reunido a representantes institucionales y ha puesto el foco en el trabajo de recuperación e identificación de las víctimas, una tarea que durante años recayó en manos de las asociaciones y de las propias familias. Las víctimas han sido depositadas en cajas de madera individualizadas, con sus respectivas placas identificativas, en un espacio que aspira a convertirse en un lugar de memoria y de encuentro para sus familiares.

Entre los nombres que se han recordado durante el acto figuran los de Aurora Picornell, símbolo de la represión franquista en Mallorca; su padre, Gabriel Picornell Femenías, y su hermano Gabriel Picornell Serra. También se han mencionado a Francesca Llull y su hija Francesca Salas Llull, Macià Salvà Coll y José Luis San Toribio del Castillo. Bartomeu Cabanellas, otra de las personas identificadas, permanece provisionalmente en el columbario a la espera de que su familia decida su destino definitivo.

Durante el acto, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciado que las familias, la asociación y el resto de miembros de la Comisión Técnica de Personas Desaparecidas y Fosas no han podido participar como hubieran querido en la elaboración y organización de la ceremonia. “Como familiar de dos de estas víctimas, y sin querer quitar protagonismo a este momento, permitidme que diga que no han podido participar como hubieran querido en la elaboración y organización de este acto”, ha subrayado durante su intervención. La representante memorialista ha lamentado que las familias no hayan tenido el papel que les corresponde en un proceso que, ha defendido, debe situarlas en el centro.

Oliver ha insistido en que la inauguración no puede entenderse como la apertura de un espacio cualquiera, sino como la restitución de un derecho que las víctimas del franquismo no han tenido hasta hace poco y que muchas todavía esperan: el de recuperar sus restos y disponer de un espacio público que preserve su memoria.

“Las exhumaciones no acaban cuando se encuentran las víctimas. Antes y después hay un largo proceso en el que los familiares no son unos actores más, sino su razón de ser”, ha señalado. La presidenta de Memòria de Mallorca ha recordado que la asociación y las familias han recorrido un largo camino, en ocasiones en soledad, para localizar a los desaparecidos y conseguir que sus restos sean recuperados. La dirigente memorialista ha reivindicado asimismo la dignidad de las víctimas frente a las calumnias y los insultos que, ha denunciado, han sufrido incluso después de muertas. “Intentaron arrebatarles hasta la dignidad, pero no lo han conseguido”, ha afirmado. Oliver ha definido el columbario como el regreso a casa de las personas desaparecidas y ha dedicado unas palabras a quienes todavía no tienen una tumba y a las familias que continúan esperando respuestas.

Un espacio para las mujeres asesinadas por el franquismo

Por su parte, el arqueólogo Cesc Busquets, director de las excavaciones de los planes de fosas del Govern y representante de los equipos técnicos de Aranzadi y Amics, ha reservado un mensaje a las mujeres asesinadas por los fascistas y que desde este lunes reposan en el columbario, como las conocidas como Roges del Molinar, entre las que se encuentran Aurora Picornell y Belarmina González. También reposan los restos de Francesca Llull y su hija, así como los de tres de las cinco milicianas enfermeras asesinadas en Manacor el 5 de septiembre de 1936.

Busquets ha explicado que los restos proceden de distintas intervenciones realizadas en Mallorca, principalmente de las grandes exhumaciones de Porreres y Son Coletes, pero también de actuaciones en cementerios de Marratxí, Calvià, Llucmajor, Inca y Selva, así como del pozo de s'Àguila y de lugares vinculados a la batalla de Mallorca de agosto y septiembre de 1936. En Porreres se recuperaron al menos 114 víctimas y en Son Coletes, donde se intervino entre 2018 y 2023, al menos 129. Busquets ha subrayado que Son Coletes, en Manacor, ha sido uno de los principales escenarios de la represión contra las mujeres en Mallorca.

El arqueólogo ha recordado que los planes de fosas han permitido exhumar 273 víctimas en Mallorca, de las aproximadamente 850 de las que se tiene constancia que fueron asesinadas o murieron durante la Guerra Civil y la represión fascista. De las 225 personas que reposan ahora en el columbario, solo 11 han podido ser identificadas, por lo que quedan 214 pendientes de identificación.

El director de las excavaciones ha advertido de que el paso del tiempo dificulta cada vez más las identificaciones, debido a la pérdida de familiares de primera generación que puedan aportar muestras de ADN y a las dificultades que presenta la conservación del material genético en los restos óseos. Pese a ello, ha asegurado que los equipos siguen trabajando con nuevas muestras, técnicas y colaboraciones para aumentar el número de personas identificadas. “Sabemos que vamos tarde y que el proceso está tardando mucho, demasiado”, ha reconocido Busquets, que ha agradecido a las familias su confianza y paciencia y ha expresado su compromiso de seguir trabajando para poner nombre a las personas desaparecidas.

“Recuperar unos restos es recuperar a una persona, un nombre, una historia”

En último lugar ha intervenido la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, durante cuyo discurso varios miembros del colectivo Aurora se han dado la vuelta en señal de protesta por las políticas de memoria del Govern. Estarellas ha señalado que la recuperación de los restos supone mucho más que una intervención arqueológica. “Recuperar unos restos es recuperar a una persona, un nombre, una historia y, sobre todo, poder dar una respuesta a una familia”, ha afirmado. La consellera ha subrayado que el columbario es “un lugar para las personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la represión franquista, y también para sus familias”.

La referencia expresa a las víctimas de la represión franquista ha sido uno de los elementos significativos del discurso de Estarellas, quien ha defendido que el nuevo espacio representa una forma de reparación tras décadas de desapariciones y silencio. “No saber qué ha pasado con una persona, y más con una persona a la que queremos, es una de las formas más duras de sufrimiento”, ha señalado, manifestando que “entre los nombres que hoy hemos escuchado están los de la familia Picornell, que recuerda de una manera especialmente dura las consecuencias que puede llegar a tener una guerra y su represión”. “Es difícil imaginar el dolor que puede suponer que una familia entera sea golpeada de esta manera”, ha añadido.

La titular de Presidencia ha invitado a no pensar únicamente en cada víctima individual, sino también en el vacío que dejó y en todo lo que la violencia y la represión posterior arrebataron a sus familias. Asimismo, ha puesto énfasis en el hecho de que algunas familias hayan recibido, después de muchos años, la llamada que les ha permitido conocer finalmente el paradero de sus seres queridos. “Es una alegría difícil de explicar, porque es la alegría de saber finalmente dónde está esa persona querida. Pero también es el dolor de recordar, una vez más, que fue asesinada y que durante décadas permaneció en una fosa. Es una alegría oscura, pero es una respuesta”, ha afirmado: “Después de tantos años, tener una respuesta también es una forma de reparación”.

Durante su intervención, ha agradecido, asimismo, el trabajo de la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas, los equipos de exhumación e identificación y los servicios de memoria democrática, así como el de los trabajadores de la Funeraria Municipal que han trasladado los restos hasta su ubicación definitiva.

La consellera ha reconocido el papel de Memòria de Mallorca, a la que ha definido como una entidad pionera en las islas en la reivindicación de la recuperación de las víctimas, la identificación de sus familiares y el acompañamiento a las familias. “No siempre hemos coincidido, no siempre hemos visto las cosas de la misma manera, pero creo que hoy sí hay algo que todos compartimos: que las familias merecen respuestas y que todas las personas que murieron y fueron enterradas en fosas ocultas deben poder descansar con dignidad”, ha afirmado.

Estarellas ha recordado que el columbario se suma a otros espacios de memoria ya existentes en Son Valentí, como el Muro de la Memoria y el Árbol de la Memoria, con el objetivo común de evitar que las víctimas sean olvidadas. También ha recordado que el proyecto ha requerido años de trabajo, obras, modificaciones y trámites, y ha reivindicado que el Govern ha mantenido su compromiso de hacerlo realidad. “Una guerra nunca es una victoria”, ha señalado la consellera, que ha advertido de que las guerras dejan familias rotas, vecindarios enfrentados y vidas perdidas. “Precisamente por eso tenemos la obligación de recordarlo y aprender de ello, y transmitir a las generaciones que vienen que la violencia, el odio y el enfrentamiento nunca pueden ser el camino”.

La ceremonia ha concluido con un llamamiento a mantener el trabajo de identificación de los restos y a seguir dando respuestas a las familias. Estarellas ha asegurado que el Govern continuará poniendo a disposición de los familiares un servicio de atención psicológica, consciente del dolor que puede reabrir el proceso de recuperación e identificación.

Un “¡Viva la República!” al descubrir la placa

En la placa del columbario, descubierta por Estarellas y Oliver mientras ésta gritaba “¡Viva la República!”, ha quedado grabado el compromiso de que el espacio sea un legado de memoria, verdad, justicia, reparación y dignidad para las generaciones presentes y futuras. Un lugar al que las familias puedan acudir, dejar una flor y pronunciar el nombre de quienes durante décadas permanecieron desaparecidos.

“Que sea un lugar de paz, un lugar de memoria, un lugar de dignidad y, sobre todo, un lugar donde estas personas dejen de ser desaparecidas, donde sus familias puedan venir a buscarlas y donde, después de tantos años, podamos decir: aquí descansan”, ha concluido Estarellas.

El acto llegaba precedido de las críticas de Memòria de Mallorca por el hecho de que el Govern no haya contado con quienes llevan años trabajando en la recuperación de los restos y acompañando a las familias, que han quedado al margen de la organización del acto: la entidad asegura que tuvo conocimiento de su celebración a través de terceros y que, tras solicitar información y una reunión con la Conselleria de Presidencia -competente en la materia-, recibió la invitación cuando los preparativos ya estaban en marcha.

No solo eso. La invitación al acto de Son Valentí no incluía las palabras “víctimas” ni “homenaje”, a diferencia de la comunicación empleada por el Govern para el acto celebrado el pasado mes de julio en Palma en recuerdo de los civiles muertos en los bombardeos republicanos, en cuya memoria fue instalada una lápida conmemorativa. Aquella ceremonia, encabezada por Prohens, incluyó la inauguración del llamado Muro de la Dignidad, un memorial con 73 perforaciones, una por cada una de las víctimas mortales documentadas en la capital balear, y los nombres y edades de los fallecidos.

La presidenta de Memòria de Mallorca no cuestiona el derecho de las víctimas de los bombardeos a recibir reconocimiento institucional, pero considera que los actos organizados por el Govern evidencian un trato desigual entre las distintas víctimas del conflicto bélico, teniendo en cuenta, además, que las personas cuyos restos se han recuperado de las fosas de Mallorca fueron, en muchos casos, personas asesinadas por la represión desencadenada tras el golpe militar de julio de 1936 y durante la dictadura franquista y sus familiares llevan décadas reclamando verdad, justicia y reparación.

El acto de Son Valentí se enmarca, además, en el enfrentamiento político abierto en Balears por la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de 2018. La supresión de la norma, no obstante, se encuentra suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno central recurriera su eliminación, dejándola cautelarmente en vigor mientras el tribunal resuelve la impugnación. La situación jurídica añade un elemento de incertidumbre a las políticas de memoria en las islas en un momento en que el Govern mantiene actuaciones de exhumación y organiza homenajes a víctimas de la contienda.

18 de septiembre de 1936. El cadáver de una mujer ha aparecido tras unos arbustos en Sencelles (Mallorca). El cuerpo presenta varios impactos de bala y, según las autoridades, se encuentra en avanzado estado de descomposición (las investigaciones posteriores arrojarán que presenta signos de haber sido arrastrada por un coche). Finalmente, lo entierran, sin identificar, en una fosa común del cementerio del municipio. Pero detrás del cuerpo está la historia de una mujer de Palma que ha participado activamente en la vida política de la Segunda República y que, tras el golpe militar fascista de julio, tuvo que esconderse para evitar ser detenida. Su nombre era Pilar Sánchez Llabrés, tenía 33 años, y su asesinato, según fuentes memorialistas, fue “uno de los más crueles que se conocen” en la isla.

Noventa años después, el Ayuntamiento de Palma continúa sin dar respuesta a la petición para que sea declarada Hija Ilustre de la ciudad. Memòria de Mallorca registró la primera solicitud el 18 de septiembre de 2024, coincidiendo con el 88 aniversario de su asesinato, y volvió a presentarla un año después al no haber obtenido contestación. Ahora, la asociación ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar al Consistorio que tramite el reconocimiento.

“El reconocimiento de Pilar Sánchez Llabrés como Hija Ilustre no pretende únicamente homenajear una víctima de la represión franquista. Significa también reconocer la trayectoria de una mujer palmesana comprometida con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y los derechos de la clase trabajadora, e incorporar esta trayectoria al patrimonio cívico y democrático de la ciudad”, defiende la entidad memorialista.

El reconocimiento de Pilar Sánchez Llabrés como Hija Ilustre no pretende únicamente homenajear una víctima de la represión franquista. Significa también reconocer la trayectoria de una mujer palmesana comprometida con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y los derechos de la clase trabajadora, e incorporar esta trayectoria al patrimonio cívico y democrático de la ciudad

Memòria de Mallorca

Pilar Sánchez Llabrés nació en Palma en 1903 y vivía en el barrio obrero de la Soledat. Era conocida como Na Pilar Revulla y trabajaba como vendedora de comestibles en una parada de la Plaça Major. Desde allí hacía visible también su militancia política. Estaba casada con Miquel Borel, trabajador de la construcción y zapatero, con quien tuvo cuatro hijos: Rafel, Joan, Miquel y Francesca.

La documentación posterior, consultada por elDiario.es, la presenta como una mujer de intensa actividad política que aprovechaba su puesto en el mercado para expresar públicamente sus ideas, un hecho que, en palabras del historiador Bartomeu Garí, “provocó el temor y, al mismo tiempo, el odio de sus adversarios”. En sus investigaciones sobre la represión franquista en Mallorca, Garí la recuerda como una mujer que no se achantaba ante las adversidades, como sucedió el 16 de febrero de 1936, cuando fue detenida por protestar ante un posible fraude electoral, estrellando una urna en medio de la calle.

Su perfil aparece, asimismo, especialmente definido en las páginas de El Obrero Balear, el periódico de la organización socialista mallorquina. El semanario recoge su intervención en un mitin celebrado el 9 de marzo de 1936 en la 'Casa del Poble' de Palma con motivo de la jornada internacional por la emancipación de la mujer. Junto a Pilar Sánchez participaron mujeres de distintas organizaciones del Frente Popular, entre ellas Rosa Ros, Rosa Colom, Rosa Hurtado, Catalina Alós y Aurora Picornell. La crónica de El Obrero Balear, publicada el 13 de marzo, destacaba la novedad de aquella presencia femenina y la presentaba como una ruptura con las “rancias concepciones” sobre el papel de la mujer en la vida pública.

La publicación se hizo eco de la intervención de Sánchez: durante la misma, la activista se extendió en consideraciones sobre “la perniciosa influencia de la Iglesia en la mujer” y sobre las ventajas de la organización política y sindical. Su papel se situaba en torno a la emancipación femenina, la organización política y sindical y la crítica a la influencia de la Iglesia.

La detención

La vida de Pilar cambió radicalmente tras el golpe militar de julio de 1936. Se escondió en el domicilio de Joan Real, amigo de la familia y concejal del Ayuntamiento de Palma vinculado al Frente Popular, en el barrio de los Hostalets. Los falangistas acudieron inicialmente a su domicilio para localizarla. Al no encontrarla, se llevaron a su marido y a sus hijos a la comisaría de la plaza de Santa Magdalena, donde Miquel Borel fue torturado.

La vida de Pilar cambió radicalmente tras el golpe militar de julio de 1936. Se escondió en el domicilio de Joan Real, concejal del Frente Popular. Al no encontrarla en su domicilio, los falangistas se llevaron a su marido y a sus hijos a la comisaría de la plaza de Santa Magdalena de Palma, donde Miquel Borel fue torturado

La hija del matrimonio, Francisca Borel Sánchez, recordaría años después el terror vivido por la familia tras la detención de su padre: “La sensación de terror y el daño que nos hicieron las beatas y los falangistas fue muy grande. Recuerdo cuando los fascistas nos apresaron y nos llevaron, a mi padre, a mis hermanos y a mí, a un inmueble que estaba en la carretera de La Soledad, donde servían meriendas. Después fuimos a una casa cerca de la cuesta del Hospital de la Sang [en alusión a la comisaría de Francisco Barrado Zorilla, jefe de la policía secreta de Falange]. Allí escuché los gemidos de mi padre”. Su testimonio fue recogido por Bartomeu Garí en una de sus investigaciones.

Pilar, por su parte, sería finalmente localizada y detenida por cuatro falangistas junto a Joan Real, quien sería asesinado en el cementerio de Porreres. Sus verdugos la llevaron en un automóvil por la carretera de Sineu y, cerca de la posesión de Son Ganvada, la hicieron bajar por la fuerza. De acuerdo a los testimonios recogidos posteriormente, se resistió y fue violada por sus captores. Después la ataron por los pies a la parte trasera del vehículo y la arrastraron hasta la garriga de Son Palou, donde le dispararon cinco veces.

La sensación de terror y el daño que nos hicieron las beatas y los falangistas fue muy grande. Recuerdo cuando los fascistas nos apresaron y nos llevaron, a mi padre, a mis hermanos y a mí, a un inmueble. Después fuimos a una casa. Allí escuché los gemidos de mi padre

Francisca Borel Sánchez — Hija de Pilar Sánchez

Los hechos fueron presenciados por dos testigos. Uno era un hombre que se encontraba cazando en la zona. Al escuchar el automóvil se escondió y pudo observar lo sucedido. El otro se hallaba en las inmediaciones del cementerio de Sencelles y reconoció a Pilar porque también era vecino de la Soledat. La reconstrucción de los últimos momentos de Pilar procede fundamentalmente de la causa judicial 901/1936 -el expediente judicial que documentó el asesinato de Pilar Sánchez- y del testimonio de ambos testigos.

El escritor Llorenç Capellà lo ilustró así en su Diccionari Vermell (1989), una de las obras de referencia de la memoria histórica mallorquina: “A las tres y media de la madrugada, un hombre que velaba en el cementerio de Sencelles a un familiar suyo fallecido oyó gemidos e insultos de una mujer. Asustado, apagó la luz y, procurando no hacer ruido, fue acercándose al lugar del que procedían las voces. Lo oyó todo. Al amparo de la pared, era un protagonista pasivo e invisible de lo que estaba sucediendo. Buscó a tientas y encontró una grieta por la que mirar”.

“De repente, la sangre se le heló en las venas. Vivía en La Soledat y reconoció a Pilar, que también vivía allí. Y reconoció a los cuatro hombres que la martirizaban, que también vivían allí. Todo el escándalo quedaba entre vecinos. Los hombres violaron a Pilar y, cuando estaba tendida en el suelo, exhausta, descargaron los cargadores de sus pistolas sobre ella. Muerta, la arrastraron por los pies hasta las puertas del cementerio”, proseguía la reconstrucción de Capellà.

Los hombres violaron a Pilar y, cuando estaba tendida en el suelo, exhausta, descargaron los cargadores de sus pistolas sobre ella. Muerta, la arrastraron por los pies hasta las puertas del cementerio

Llorenç Capellà — Autor del 'Diccionari Vermell'

Las investigaciones posteriores sobre la represión franquista contra las mujeres han ilustrado el caso de Sánchez Llabrés como ejemplo extremo de una violencia que incorporaba humillaciones, agresiones sexuales y castigos físicos como parte del mecanismo represivo.

Tras la muerte de Pilar, las autoridades pusieron en libertad a sus hijos, pero Miquel Borel, su esposo, fue encerrado en la prisión de Can Mir, una de las cárceles franquistas más oscuras de las que pusieron en marcha en Mallorca. Después pasó por distintos campos de concentración de la isla hasta que, en 1940, fue finalmente puesto en libertad.

Las investigaciones sobre la represión franquista contra las mujeres han ilustrado el caso de Pilar Sánchez como ejemplo extremo de una violencia que incorporaba humillaciones, agresiones sexuales y castigos físicos como parte del mecanismo represivo

Las anomalías de la causa 901/1936

La propia documentación oficial del Govern señala que la causa 901/1936, instruida por el juez y alférez Joan Guardiola Homar, estuvo rodeada de “irregularidades en el procedimiento y la implicación de las autoridades en la represión”. Entre otras anomalías, las investigaciones y la orden para practicar la autopsia se realizaron a requerimiento del jefe de Falange pese a que se trataba de una tarea que correspondía a la autoridad judicial. La documentación añade que las informaciones aportadas por el jefe falangista “no concuerdan con las de otros testigos e informes”.

Pese a estas contradicciones, la investigación no llegó a establecer responsabilidades. En octubre de 1936 los hechos quedaron sobreseídos y la causa fue cerrada, lo que supuso, de acuerdo a la misma documentación, la “total impunidad” de los responsables del crimen.

La causa 901/1936 fue recuperada décadas después gracias al trabajo de investigación y digitalización de las causas judiciales franquistas. Memòria de Mallorca impulsó el proyecto 'Todas las causas', que permitió digitalizar 295.332 documentos correspondientes a 2.761 casos, abiertos entre julio de 1936 y 1939 y que afectan a 4.653 personas. La asociación cedió el resultado de ese trabajo al Govern en 2020, durante la pasada legislatura progresista.

El anterior Ejecutivo, presidido por Francina Armengol y con Juan Pedro Yllanes como conseller de Memoria Democrática, incorporó a Pilar a la Ruta de la Memòria Feminista i Antifeixista de Palma y en 2022 instaló una Stolpersteine (piedra de la memoria) en la Soledat, donde había vivido. La inscripción recuerda su nombre, el año de nacimiento y las fechas y circunstancias de su muerte.

Sin respuesta del Ayuntamiento

Hace dos años, Memòria de Mallorca solicitó por primera vez al Ayuntamiento de Palma, gobernado por PP y Vox, que Pilar Sánchez Llabrés fuera declarada Hija Ilustre de la ciudad el 18 de septiembre de 2024. La asociación argumentaba que el reconocimiento no debía limitarse a su condición de víctima de la represión, sino que debía reconocer también su trayectoria como mujer comprometida con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y los derechos de la clase trabajadora. Un año después, el 18 de septiembre de 2025, volvió a registrar la petición porque no había recibido ninguna respuesta del consistorio.

Al contrario del Consistorio palmesano, el Ayuntamiento de Sencelles debatió en 2021 una moción de Més per Mallorca para incluir el nombre de Pilar Sánchez en el nomenclátor del municipio. El pleno aprobó la propuesta con la abstención del PP.

Noventa años después de su asesinato, los restos de Pilar no han sido encontrados. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio de Sencelles, pero las sucesivas remodelaciones del espacio dificultaron posteriormente su localización. Las excavaciones realizadas en 2018 y 2020 no lograron hallarlo. Las investigaciones posteriores, sin embargo, han ido reconstruyendo una figura que durante décadas quedó reducida fundamentalmente al recuerdo de sus familiares y de quienes conocieron la represión de la Palma republicana.

Sigue en pie a pesar de que ha transcurrido más de medio siglo desde la muerte de Franco. El monumento a los rumanos “caídos” de Majadahonda (Madrid), que homenajea a dos fascistas que murieron mientras combatían en la Guerra Civil en apoyo al bando sublevado, es uno de los casi 20 vestigios que el Gobierno ha ordenado retirar. Lo hizo el pasado mes de junio, pero la cuenta atrás ya ha empezado y el plazo para hacerlo vence en menos de dos semanas. El terreno en el que se ubica debería arrancar el mes de octubre ya vacío.

Levantado detrás del cementerio de la localidad, el memorial conmemora el “sacrificio” de Ion Mota y Vasile Marin, importantes militares de la Guardia de Hierro, un grupo paramilitar fascista fundado en 1927 en Rumanía. De allí acudieron tras el golpe de Estado de 1936 para luchar en la Guerra Civil y ambos fallecieron el 13 de enero de 1937 en el frente en el que después se levantó el monumento, que a día de hoy se mantiene sin cambios, con las pintadas y grafitis que llevan tiempo 'decorándolo' y la basura que suele acumularse a su alrededor.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática lo incluyó en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática el pasado 29 de junio, fecha en la que está firmado el expediente con el que estableció el plazo de tres meses para su retirada “definitiva y permanente”. Tanto el monumento como la parcela en la que se encuentra son propiedad de la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos Caídos, que, según fuentes conocedoras del proceso, no ha respondido al requerimiento. elDiario.es se ha intentado poner en contacto con la asociación sin éxito.

La oposición lleva años reclamando al Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP con mayoría absoluta, que tome cartas en el asunto y actúe contra el monumento, en el que grupos ultras convocan concentraciones de exaltación fascista cada enero. Hace 11 años, el pleno aprobó a iniciativa del PSOE una moción para su “retirada o demolición” que contó con la abstención de los populares, pero no se ha cumplido. Fuentes del consistorio justifican que “no tiene competencias” porque se trata de un terreno privado, mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento, como ha pedido Abogados Cristianos.

El expediente del Gobierno concluye que el conjunto “representa los lazos existentes entre el franquismo y el fascismo europeo de entreguerras” y afirma que “no concurren” razones artísticas o arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento. A pesar de estar en una propiedad privada, es contrario a la memoria democrática porque tiene “proyección a un espacio o uso público”. De hecho, no está vallado y cualquiera puede acceder a él. Si la asociación no cumple con el mandato, el Gobierno activará el procedimiento del artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática, que abre la posibilidad de imponer multas “coercitivas” y de proceder a su desinstalación subsidiariamente.

El refugio de la Guardia de Hierro en España

Mota y Marin, los dos militares homenajeados por el monumento, pertenecieron a la Guardia de Hierro, que fue el brazo paramilitar de la Legión del Arcángel San Miguel, un movimiento fascista fundado por Conerliu Codreanu en 1927 que “hacía apología de la violencia como forma de transformación de la sociedad y del estado”. A partir de 1940, y gracias al apoyo de los nazis, el movimiento llegó al poder, formando parte del régimen fascista rumano “que cometió crímenes de guerra y fue responsable de miles de muertes”, sostiene el informe de la comisión técnica en el que se basa el expediente.

El monumento se levanta en una explanada y está formado por cuatro arcos de estilo clasicista, una elevada cruz y una inscripción grabada en bronce que reza: “A Ion Mota y Vasile Marin, caídos por Dios, por España y por Rumanía. 13.1.1937”. Debajo está inscrito el símbolo de la Guardia de Hierro, formado por seis líneas —tres horizontales y tres verticales— entrelazadas a modo de prisión. Delante de la estructura se erigió además una cruz verde, usada habitualmente por el movimiento.

Su construcción está directamente relacionada con la huida que varios líderes fascistas emprendieron tras la Segunda Guerra Mundial hacia España, donde buscaban refugio y fueron acogidos por la dictadura franquista. Es lo que ocurrió con varios miembros del grupo paramilitar rumano, entre ellos Hora Sima, comandante del Movimiento Legionario y vicepresidente del Gobierno rumano, que vivió en nuestro país hasta su muerte en 1993.

Desde los años 40 hubo homenajes y actos conmemorativos en el lugar y en 1947, los legionarios rumanos asentados en España lograron construir una cruz de piedra, hasta que en 1970 se erigió el monumento actual. Según consta en el expediente, su construcción se produjo gracias a la financiación de la comunidad fascista rumana del exilio (aquí y en varios países de América Latina) y al apoyo de los falangistas españoles, así como a los préstamos de Monte de Piedad de Madrid —antecedente directo de Caja Madrid— y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Durante el régimen franquista, el lugar fue lugar de concentración de “individuos, asociaciones y grupos ultranacionalistas” y formó parte de las políticas de memoria de la dictadura. De acuerdo con el informe de la comisión técnica, el fundador de Fuerza Nueva e histórico líder ultraderechista, Blas Piñar, fue uno de los políticos que participó con frecuencia en estos actos debido a sus intensas relaciones con los legionarios rumanos de España “desde su juventud”.

La falta de implicación del Ayuntamiento

Las resistencias a la retirada del monumento son explícitas por parte de la asociación Abogados Cristianos, que batalla contra todas las medidas de memoria histórica del Gobierno y que ha pedido a la Comunidad de Madrid que declare Bien de Interés Cultural o Patrimonial el conjunto “frente a la amenaza de derribo”. Su objetivo es que sea protegido para evitar que se cumpla la ley, tal y como ha ocurrido con la cruz a los caídos de la Plaza de América de Cáceres, que la Junta de Extremadura está intentando blindar por esta vía.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la petición de la asociación ultra porque “el monumento no tiene valor arquitectónico”, apuntan fuentes del Ejecutivo, que aluden únicamente a cuestiones técnicas para no hacerlo: al haber sido construido en 1970 “no le aplica la disposición adicional tercera de la Ley de Patrimonio Cultural”, que establece que “se protegen elementos relacionados con el culto religioso, como cruces, anteriores a 1950”, informa África Gelardo Arrebola.

El debate sobre qué hacer con el mausoleo es antiguo y sobrevuela a Majadahonda desde hace años. En los 90, el PSOE ya comenzó a exigir su desinstalación y siempre ha puesto el foco en la “pasividad” del Ayuntamiento. En los últimos años, Izquierda Unida lo ha reclamado a través de varias vías y recientemente interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra el homenaje anual que se celebra allí. “El PP siempre ha echado balones fuera y se ha escudado en que es una propiedad privada, pero es de acceso público y el terreno se ubica en Majadahonda. Cualquiera que vaya paseando se encuentra con el monumento fascista y los homenajes que allí se organizan”, denuncia el portavoz socialista en el municipio, David Rodríguez.

Ante “la falta de información” del Ayuntamiento y el vencimiento del plazo que ha dado el Gobierno, el PSOE tiene previsto preguntar al consistorio por la cuestión en el pleno de la semana que viene para “saber qué se ha hecho al respecto” o si “se ha requerido a la asociación propietaria” en línea con el expediente del Ministerio.

Preguntado por ello, fuentes del Ayuntamiento reiteran que el monumento está en un terreno particular y descartan que posicionarse públicamente sobre ello sea “su labor” debido a que su conservación o retirada “no depende” de las competencias municipales. Sobre si el mausoleo debe ser desinstalado, las mismas fuentes aseguran que el consistorio “no opina, en general, de cuestiones privadas”, aunque sí apuntan a que las leyes “deben cumplirse, todas, al encontrarnos en un Estado de Derecho”.

Mientras el tiempo corre y a la espera de ver qué ocurre con la estructura, quien sí ha reaccionado a favor de su retirada es el Gobierno rumano. Según ha podido saber elDiario.es, la cancillería del primer ministro envió el pasado 24 de agosto un correo electrónico al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el que agradece la medida. En él, el secretario de Estado, Dragos Hotea, y el representante del Gobierno para la promoción de la memoria histórica, Bogdan Mazuru, aseguran que la decisión no solo “refuerza” la memoria democrática en España, sino también en Rumanía.

Más de cuatro siglos después de su ejecución, Tauste recupera la memoria de tres vecinos que pagaron con su vida su participación en uno de los episodios más convulsos de la historia de Aragón. Francisco de Ayerbe, Tomás Pérez de Rueda y Dionisio Pérez de San Juan tendrán desde este lunes, 21 de septiembre, un espacio permanente en su localidad natal que recordará su implicación en la defensa de los Fueros y las libertades del antiguo Reino de Aragón.

El denominado Rincón de los Fueros será inaugurado coincidiendo con las fiestas patronales de Tauste en un acto que contará con la presencia de la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno. El proyecto ha sido impulsado por la Asociación Cultural 'El Patiaz' con la colaboración del Ayuntamiento de Tauste y de la institución del Justicia de Aragón.

Detrás del monumento hay una historia que se remonta a las Alteraciones de Aragón de 1591, el conflicto que enfrentó a Felipe II con las instituciones aragonesas a raíz del caso de Antonio Pérez, antiguo secretario del monarca. Caído en desgracia y perseguido por la Corona, Pérez huyó a Aragón y se acogió a sus leyes y al derecho de Manifestación, que otorgaba al Justicia un papel fundamental en la protección de los aragoneses frente a posibles abusos del poder.

El intento de Felipe II de actuar contra él a través de la Inquisición desencadenó graves disturbios en Zaragoza. La tensión desembocó en la entrada del ejército real en Aragón y en una dura represión cuyo episodio más conocido fue la ejecución del Justicia Juan de Lanuza V el 20 de diciembre de 1591. Pero no fue la única víctima. Entre quienes se habían implicado en aquellos acontecimientos figuraban varios vecinos de Tauste.

De Zaragoza a Tauste con Antonio Pérez

La investigación recopilada por 'El Patiaz' sitúa a Francisco de Ayerbe en primera línea de aquellos sucesos. Fue acusado de participar en la liberación de Antonio Pérez de la Cárcel de los Manifestados y de acompañarlo, junto a Gil de Mesa, en su huida desde Zaragoza hasta Tauste. Allí, según la documentación histórica recogida por la asociación, los fugitivos se ocultaron temporalmente en una cueva próxima a la localidad mientras las autoridades trataban de localizarlos. Tomás Pérez de Rueda y Dionisio Pérez de San Juan también quedaron vinculados a la resistencia foral.

Antonio Pérez logró finalmente escapar y acabó exiliándose en Francia. Los tres taustanos no corrieron la misma suerte. Fueron detenidos, procesados y condenados a muerte. Francisco de Ayerbe y Dionisio Pérez de San Juan fueron ejecutados en la plaza del Mercado de Zaragoza, en el entorno donde hoy se encuentra el Mercado Central, y Tomás Pérez de Rueda fue ajusticiado igualmente durante la represión de octubre de 1592.

La crueldad de aquellos castigos quedó reflejada en testimonios de la época recopilados posteriormente por los historiadores. En el caso de Francisco de Ayerbe, su cabeza fue expuesta públicamente en la Cárcel Nueva después de la ejecución, mientras su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Pablo de Zaragoza.

Durante siglos, sin embargo, los nombres de estos tres infanzones quedaron relegados a un segundo plano frente a figuras mucho más conocidas de las Alteraciones de Aragón. Una investigación reciente del historiador taustano Francisco Castillo Sola, expresidente de 'El Patiaz', ha permitido reconstruir el episodio a partir de documentación conservada en diferentes archivos y está en el origen del proyecto que ahora se materializa.

Un rincón para no volver a olvidarlos

El nuevo espacio está formado por un monolito de piedra, una placa cerámica y un mural interpretativo que permitirá conocer quiénes fueron los tres vecinos, qué ocurrió en 1591 y 1592 y cuál era el papel de los Fueros y de las instituciones propias del Reino de Aragón. El objetivo no es solo rendirles homenaje, sino convertir el lugar en un punto de divulgación histórica abierto a vecinos y visitantes.

Cuatrocientos treinta y cuatro años después de aquellas ejecuciones, Tauste devuelve así sus nombres al espacio público y recupera un capítulo de su propia historia estrechamente ligado a uno de los momentos decisivos de la historia foral aragonesa.