Un relato sesgado sobre el pasado de España se está abriendo paso en la industria editorial. Es lo que concluye un estudio recién publicado que analiza el auge en los últimos años de la publicación de libros que reproducen una visión de la historia acorde con la ultraderecha. El artículo apunta a un proceso de “desprofesionalización académica” y a un aumento de obras que no siguen las metodologías propias de la historiografía, pero que se presentan como rigurosas. “La extrema derecha ha vuelto a traer al debate público interpretaciones sobrepasadas por los historiadores”, señala.

No es algo que se circunscriba solo a los discursos de líderes políticos o sus canales afines, sino que el revisionismo cala cada vez más en la divulgación histórica. El estudio, publicado en el último número de la revista Historia Actual, destaca cómo estos relatos glorifican episodios como el Imperio o la Reconquista al tiempo que relativizan otros para hacerlos encajar en lo que algunos autores ya han calificado de “populismo historiográfico”. El artículo concluye que “buena parte” de los libros publicados “reproducen” interpretaciones que “no nacen de los resultados de la investigación científica”, sino de las “necesidades políticas del nacionalismo español”.

La investigación, firmada por Pablo Molejón y Julio Iglesias Doval, ha analizado la autoría de los 607 libros publicados entre 2010 y 2024 en la sección de historia de cuatro editoriales –Planeta, Espasa, La Esfera de los Libros y Taurus– para concluir que menos de la mitad, el 42,6%, han sido escritos por historiadores, una “señal”, según sostienen los autores, de “desprofesionalización” del campo. Son esas cuatro editoriales y no otras porque son las generalistas con mayores colecciones de historia, tras excluir otras más pequeñas y especializadas.

Según su análisis, el peso total de quienes se dedican a la historia en el conjunto de autorías de libros ha ido cayendo con el paso de los años, eso a pesar de que son la profesión que más escribe este tipo de obras: aún así, les siguen de cerca los periodistas y el resto de autores se reparten entre dedicaciones muy variadas, desde biólogos y químicos a economistas, arquitectos o militares. Dividiendo por años las autorías, si en 2010 los historiadores representaban el 70% del total de escritores en las cuatro editoriales, en 2023 suponían un 35,3%. Esto, pese a leves fluctuaciones, es una tendencia sostenida en el tiempo.

Por editoriales, la distribución varía y el estudio ha encontrado que La Esfera de los Libros, identificada como “más conservadora” por los autores, tiende a publicar menos libros escritos por historiadores –estos representan el 40% del total– mientras que en el caso de Taurus, un sello que el trabajo asocia a un “corte más de centroizquierda” opta más por ellos, alcanzando el 73% de los libros.

No son datos banales para los investigadores, para los que la autoría es un “primer caldo de cultivo” de la difusión de relatos sin respaldo científico como investigaciones rigurosas. Aceptan, eso sí, que la clasificación “puede ser problemática” porque reconocen que se han hecho “grandes contribuciones” a la historia desde otras disciplinas, pero también apelan a la “práctica académica y el método científico” de la profesión como algo importante, esgrime Molejón, autor principal e investigador en la Institución Milá y Fontanals del CSIC.

Más allá de la autoría de las publicaciones, el trabajo ha buceado en el contenido de algunos libros atribuidos a este “populismo historiográfico” del que habla el artículo. Y señalan otro elemento de esta tendencia: el “desprecio” a los historiadores, a quienes en muchos casos hay autores que acusan de ser “activistas”, “guardianes de lo políticamente correcto”, estar dominados por la “izquierda woke” u “obedecer a una agenda política” concreta, como afirma el arquitecto Javier Rubio Donzé en su libro España contra su leyenda negra: mitos, agravios y discursos. Un fenómeno, el de dudar y desacreditar sistemáticamente a las voces de autoridad, que está en auge.

“Junto a estos argumentos, presentan sus relatos como los verdaderos y todas las pruebas que los investigadores profesionales puedan aportar quedan automáticamente invalidadas por proceder de esa academia que previamente han denostado”, escriben los investigadores, que ponen el foco en cómo “el desprecio” a la profesión es “un elemento común” de estos discursos y un “recurso habitual y necesario” para apuntalarlos: “Si todo el mundo puede ser historiador, todos los relatos sobre el pasado son igual de válidos, con independencia de la metodología y fuentes empleadas”.

Fuentes escasas y anticientíficas

En este sentido, el trabajo hace referencia al “nulo rigor metodológico” como rasgo de este revisionismo histórico: los autores suelen escribir libros sobre “temáticas muy amplias y complejas” pero usando bibliografía escasa y 'a la carta', formada, sobre todo, por ensayos y manuales y “baja presencia” de artículos científicos, “predominio de autores no profesionales” y obras no recientes, en muchos casos “desechadas por la historiografía seria”. Además, apenas hay notas a pie de página ni fuentes de archivo. “Esto permite construir un relato de los acontecimientos sencillo y vender un relato parcial presentándolo como general y desechando lo que no encaje con su discurso nacionalista”, escriben.

El estudio señala que los libros siguen siendo una forma preponderante de difusión del conocimiento histórico y, de hecho, las cuatro editoriales analizadas han aumentado la publicación de obras de historia en los últimos años. En todas, es la Historia Contemporánea la que tiene más presencia, pero no es así entre los autores que la investigación ha analizado como “difusores” de “mitos nacionalistas”: “Esta narrativa suele destacar los periodos históricos que más le convienen a la hora de diseñar su relato, mientras que pasa por alto épocas o momentos que no casan tan bien”.

Por eso, las áreas más empleadas no son la Guerra Civil o el franquismo, que los autores describen como “un pasado verdaderamente incómodo para la derecha” –al menos, en estas editoriales generalistas–, sino la Edad Media y la Edad Moderna, en las que se concentran distintos hechos que “definen qué es y qué debería ser España”. Son la Reconquista con base en la idea de que la nación es producto de “una lucha incansable contra el Islam” y, sin la cual, “no se entendería la nación española”; también la conquista de América “desde una perspectiva glorificadora” o el relato de “las grandes gestas del Imperio español”, han observado los investigadores en títulos como Hispanos, de Fernando Díaz Villanueva, La Reconquista y España, de Pío Moa o Fake News del Imperio Español, de Javier Santamarta del Pozo.

Pablo Molejón explica que los contenidos suelen partir de “una simplificación del pasado extrema” a pesar de que la historiografía “ha demostrado” la complejidad de estos procesos. “Presentan, por ejemplo, una imagen del Imperio español idílica y universal, basada en valores tradicionales y católicos, pero esto tiene carencias como la minimización de la esclavitud”, señala el historiador, que cree que estos discursos “proceden de corrientes políticas que necesitan construir un pasado glorioso al que volver y del que sentirse orgullosos para, en definitiva, poder proyectar lo que quieren para el presente”.

“Nosotros, los españoles”

Hay dos recursos que destacan por encima del resto: uno es “mito de la excepcionalidad española”, que consiste en presentar la historia del país como superior y única frente al resto del mundo. Esta fue ya una herramienta usada durante el franquismo para la “construcción de la identidad nacional”, pero “no es cierto, España no es tan excepcional y nunca lo fue, solo hace falta enfoque comparativo”, apunta Julio Iglesias Doval, estudiante de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. Pese a ello no son pocos los autores que llenan las páginas de referencias como “caso único en la historia de la civilización”, “lo nunca visto”, “un hecho insólito” o algo “absolutamente único en la humanidad”, como hace José Javier Esparza, periodista y director de El gato al agua, en Te voy a contar tu historia (La Esfera de los Libros).

El autor es uno de los más prolíficos del campo y con la trilogía La Reconquista (La Esfera de los Libros) ha vendido decenas de miles de ejemplares. En el estudio, Esparza aparece también como otro de los ejemplos paradigmáticos de otro recurso identificado y que tiene que ver con explicar épocas pasadas usando ideas políticas actuales con el objetivo de “plantear la existencia de una continuidad histórica y política entre las personas del pasado y el presente” bajo el “anacronismo estrella” de “nosotros, los españoles”. La idea es hacer sentir partícipe al lector de una historia heroica de la que sentirse orgulloso como una forma de “intentar que España siga viva” en vista de que “puede dejar de existir” o “está en peligro de muerte”, como dice Marcelo Gullo en Nada por lo que pedir perdón.

Todo ello sirve a los firmantes del trabajo para concluir que este fenómeno, que reproduce relatos que “no siempre están en consonancia con el consenso académico y científico”, tiene por objetivo el uso de la historia “como arma política” y como efecto, “una ola de desinformación creciente y preocupante”.

Stella Maldonado sigue desde hace años cualquier pista que encuentra sobre su abuela, una de las miles de víctimas represaliadas por el franquismo. Como si de un puzzle se tratara, va intentando unir las piezas de aquí y de allá para intentar recomponer una historia silenciada cuyo rastro documental, como ocurre en todos los casos, está desperdigado por diferentes archivos. Uno de ellos es el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), del que ha recibido el expediente penitenciario del paso por la cárcel de su abuela con muchos de los nombres propios y firmas del documento borrados.

No es un caso excepcional, sino la práctica habitual de un archivo que custodia miles de fondos sobre la represión franquista al que acuden regularmente investigadores y familiares de víctimas. Un grupo de ellos llevan unas semanas impulsando una petición al Gobierno para reclamar la “apertura” del archivo, sobre el que denuncian “censuras y malas prácticas” aplicadas sobre la documentación cuando intentan consultarla. A Stella, el expediente de su abuela le llegó más de un año después de hacer la solicitud oficial, algo que no le ha pasado en ninguno de los otros archivos a los que ha pedido información.

El expediente carcelario de su abuela, Matilde Sánchez Álvarez, que fue detenida en abril de 1939 en Madrid junto a otros familiares, detalla las entradas y salidas de la prisión de El Escorial en días puntuales, por ejemplo para asistir al Consejo de Guerra que la condenó por sus “ideas izquierdistas”. Cada una de las anotaciones aparece como un breve registro fechado y firmado por la autoridad correspondiente, pero son algunas de estas firmas (por ejemplo, la de “El oficial”), las que aparecen cubiertas con un borrón blanco, impidiendo su lectura. También el archivo ha ocultado las palabras que siguen a las expresiones “se une al expediente de”, en lo que parecen los nombres de otros represaliados.

“No tengo ningún interés en ir a conocer a los descendientes del oficial que firmó su entrada en la cárcel ni nada parecido, pero no es comprensible que hagan esto. Investigar la historia familiar es buscar una aguja en un pajar y esto dificulta tirar del hilo”, traslada Stella, cuya única finalidad es “conocer” la vida de su abuela, que falleció con 95 años sin apenas hablar sobre su historia. Es también el objetivo de José Lázaro, que está indagando en la represión sufrida por su abuelo y su tío abuelo. Ambos pasaron por la cárcel de Porlier, siendo el primero fusilado en la tapia del cementerio del Este y el segundo, depurado de su profesión como policía leal a la República.

José pidió al AGMI la documentación en junio de 2023 y la recibió casi dos años más tarde, en marzo de 2025, también con varios nombres borrados. En el caso del expediente de depuración de su tío abuelo, están ocultos otros policías represaliados y algunos afines al régimen, como los de los funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia o el del Jefe del Negociado de Orden Público de Salamanca, del que asegura el documento que fue, junto a su grupo, el “único” que dio “sensación de trabajo” en 1936 frente a aquellos de “significación marxista comunista”. En el caso de su abuelo, el expediente carcelario ha suprimido la firma de “El director”, que autoriza su última salida de prisión el 24 de junio de 1939 para ser fusilado.

Es un modus operandi que también afecta a los historiadores, que denuncian “dificultades persistentes en el acceso” a los fondos y han iniciado una recogida de firmas para reclamar a Interior que les ponga fin. La situación con este archivo es conocida y comentada en círculos de investigadores desde hace tiempo y en las últimas semanas ha tomado fuerza tras ser hecha pública en una tribuna en este medio y en un reportaje de la Cadena Ser. Y es que la problemática trasciende la ocultación de nombres: se suma también que las solicitudes son atendidas “con grandes retrasos”, no se pueden hacer consultas presenciales y no se ponen a disposición de los investigadores los llamados instrumentos de consulta, que en la práctica son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo.

“Todo ello obstaculiza y bloquea investigaciones y frena el conocimiento de víctimas y victimarios. La identificación de personas son muy importantes para avanzar en estudios históricos”, esgrime Mario Lozano, de la Universitat de Barcelona, que hace referencia a la importancia de los fondos del archivo, todos los relativos a algunos órganos importantes del aparato represivo de la dictadura. El investigador trabaja sobre política local durante el franquismo y sabe que la dirección general de política interior realizaba un seguimiento muy estrecho sobre sus alcaldes. Sin embargo desconoce qué documentación se conserva sobre esto porque “no deja acceder a los instrumentos de descripción”, denuncia. “Es un principio básico de transparencia y es necesario porque lo contrario es ir a ciegas”.

Una regulación “hiperrestrictiva”

A la recogida de firmas impulsada por los investigadores se ha adherido esta semana la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector, y el asunto ya ha llegado al Congreso a través de una proposición no de ley presentada por ERC que ha sido aprobada este martes en la Comisión de Interior con los votos en contra del PP y Vox. La iniciativa traslada algunas de las reclamaciones de los investigadores, entre ellas, que se transfiera la documentación histórica que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”.

Según la propia instrucción del Ministerio que regula las normas de sus archivos, el AGMI no debería custodiar documentación que supere los 30 años de antigüedad, sino que esta debería estar en posesión de archivos históricos como el Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares. Archivos en los que no se aplican este tipo de restricciones, según apuntan varios investigadores. De hecho, tanto José Lazaro como Stella tienen en su mano los sumarios que condenaron a sus respectivos abuelos, procedentes del Archivo General e Histórico de Defensa, con todos los nombres visibles.

Preguntado al respecto, Interior rechaza que tapar algunos nombres sea “censura”, sino que “se aplica con rigor y objetividad la normativa, que contempla restricciones de acceso en garantía de otros derechos e intereses legalmente protegidos”, apuntan fuentes del Ministerio haciendo referencia a varias legislaciones como la Ley del Patrimonio Histórico Español o su instrucción de 2006. Esta apunta a la “despersonalización de datos” en caso de que se vea afectada “la intimidad” de las personas. En todo caso, Interior asegura que las solicitudes recibidas por familiares al amparo de la Ley de Memoria Democrática “se están resolviendo con el más amplio criterio de acceso”.

Este martes, el ministro Fernando Grande Marlaska ha respondido una pregunta de EH Bildu en el Senado sobre esta situación y ha negado “opacidad” o “voluntad restrictiva” en el acceso al archivo. Además, ha anunciado que el Ministerio ha iniciado la tramitación para la digitalización de un millón de documentos de fondos penitenciarios y policiales hasta 2028.

Por regla general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, un supuesto que sí afectaría a los expedientes relativos al régimen de Franco, de cuya muerte se ha cumplido medio siglo este pasado noviembre. Además, la Ley de Memoria Democrática reforzó la prevalencia del interés científico e histórico, sobre todo en el caso de que quienes consulten sean víctimas o familiares de represaliados, para los que ni siquiera debería contar el plazo de 25 y 50 años.

“Es sangrante porque en muchos casos hablamos de documentos de los años de la guerra o inicios de la dictadura”, apunta Lozano. Sin embargo, la instrucción de 2006 detalla que algunos fondos están sujetos a un “régimen específico de acceso” más allá de la regla general, es decir, en los que Interior “despersonaliza” referencias sin importar su antigüedad, entre ellos los que contengan datos personales “de carácter policial” o “procesal”.

Ante ello, los investigadores hacen referencia a una “regulación interna obsoleta” que aplica un enfoque “extremadamente restrictivo” y que “choca con el marco legal actual que ha reforzado el derecho de acceso a la información pública”, señalaba un grupo de historiadores capitaneado por Ángel Viñas en la tribuna publicada en elDiario.es. Henar Alonso, archivera del Archivo General Militar de Ávila, apunta también a una “interpretación hiperrestrictiva” de una ya de por sí “compleja legislación sobre acceso a la información pública” que, a su juicio, el archivo de Interior podría aplicar de forma “más aperturista y flexible”, como hacen otros archivos.

Al igual que Stella y José Lázaro, Carlos Mañes también recibió del Archivo de Defensa las cinco causas que los franquistas abrieron a su abuelo Santos, que fue ejecutado en octubre de 1940, sin ningún tachón. Pero los documentos que le envió Interior tienen muchos nombres tachados: desde los de otros represaliados a los de secretarios judiciales, jueces o funcionarios que firman los oficios. “Me parece una vergüenza, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace casi 90 años”, señala Carlos, que también denuncia el “retraso” con el que recibió el expediente, más de un año después de pedirlo.

Lozano describe cómo la suma de “obstáculos” provoca que, en muchos casos, haya investigadores que “están meses y meses esperando” a que les respondan para que después “les digan que no tienen lo que han pedido”, dice en referencia a la falta de un catálogo. Eso a pesar de que el Real Decreto de 2011 que regula los archivos establece el plazo de un mes para resolver y adoptar la consulta. A este respecto, fuentes del Ministerio del Interior apuntan al “elevado número de solicitudes y su complejidad” como circunstancias que “pueden demorar en ocasiones las resoluciones”.

El traslado de cajas

La recogida de firmas que están impulsando los historiadores reclama al AGMI que “simplifique el procedimiento de solicitud” de los fondos y “vele” porque se resuelvan en plazo. Además, solicita que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a pesar de que es una práctica habitual para los investigadores. La petición principal es, sin embargo, que se produzca la transferencia de la documentación al Archivo General de la Administración (AGA), dependiente del Ministerio de Cultura, que en los últimos 25 años solo ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–.

Según explican fuentes de Interior, su archivo traspasa documentos “a medida que son requeridos y de acuerdo a la reserva de espacio que se le comunica” y señalan que en 2025 se acordó con el AGA una transferencia de 6.300 nuevas cajas que aún está pendiente “a la espera de la fecha definitiva que le comunicaría” el archivo dependiente de Cultura. Estas mismas fuentes recalcan que no fue hasta el pasado 27 de marzo cuando el AGA “informó” de que se podía proceder a la transferencia a partir de este 20 de abril.

Fuentes de Cultura dan otra versión diferente y afirman que todos los ministerios “están informados de que pueden enviar fondos” y de que “hay espacio para ello”. En el caso de Interior, aseguran que en 2024 “se le comunicó oficialmente” que podían mandar las cajas, pero “no contestaron, a diferencia de otros ministerios”. En 2026, prosiguen, “se les ha recordado y ahora sí han dicho que van a mandar”. Las mismas fuentes remarcan que “hay un acuerdo firmado en 2021” con el ministerio para que envíe los documentos relativos a la cárcel de Carabanchel, símbolo de la dictadura. “Hay un kilómetro lineal disponible para esto, pero no lo han hecho”, añaden. A esto también responde Interior con un planteamiento opuesto y señala que fue “el AGA el que estableció la transferencia de estos fondos para 2031”.

De momento, las cajas ya trasladadas o que lo van a ser próximamente no llegan a ser ni el 10% del total de los fondos pendientes de traspasar.

El Parlament balear ha aprobado este martes una moción sobre memoria democrática impulsada por el grupo Mixto-Unides Podem, si bien el bloque formado por PP y Vox ha rechazado algunas de sus medidas más contundentes, como la retirada de símbolos franquistas, la revisión de los honores otorgados a los responsables de la dictadura franquista y el refuerzo de las políticas públicas de memoria. Conservadores y extrema derecha también se han opuesto a impedir cualquier manifestación que implique la glorificación del alzamiento militar, de la dictadura o del propio Franco.

Durante el debate, la diputada del PP Cristina Gil ha defendido el rechazo de su grupo a varias de estas medidas enmarcándolo en una crítica de fondo a las políticas de memoria desplegadas en Balears. “Un Parlament que deroga una ley no está destruyendo la democracia, la está ejerciendo”, ha aseverado, en alusión a la reciente supresión de la ley autonómica de memoria democrática.

Gil ha cuestionado, además, el hecho de que la memoria dependa de un texto legislativo, ironizando con que, según la izquierda, sin esta norma los ciudadanos “se despertarían sin recordar nada”. Frente a ello, ha reivindicado la memoria que “vive en archivos, en familias y en libros”. La diputada popular ha justificado su rechazo a medidas como impedir actos de exaltación franquista al considerar que prohibirlos supondría una limitación de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Cabe señalar que en España no existe un delito específico que prohíba la exaltación del franquismo: el Código Penal incluye los delitos de incitación al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia y también el de “negación o justificación” del genocidio, pero no hace mención a la apología del franquismo o el fascismo. Con todo, el Congreso dio luz verde el año pasado a la reforma de la ley de asociaciones para introducir como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o de sus dirigentes. La norma no implica una ilegalización automática, sino que deben ser los tribunales los que evalúen cada caso y decidan si procede disolver una entidad.

En uno de los momentos de su intervención, Gil ha ampliado el debate más allá del contexto español y ha apelado a los “más de 100 millones de asesinatos” que algunas fuentes atribuyen al comunismo para cuestionar la legitimidad de la izquierda a la hora de dar “lecciones” sobre derechos humanos.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha acusado directamente a la izquierda de “no tener memoria ni ser demócrata” y de querer imponer “una verdad falsa” bajo amenaza de sanción: “Todo aquel que disienta, multa o cárcel”, ha insinuado. El parlamentario ha articulado su intervención en torno a una comparación sistemática entre la España actual y el franquismo, enumerando datos económicos y sociales para reivindicar ese periodo -mayor peso industrial, más acceso a la vivienda, mejores tasas de emancipación juvenil, menor criminalidad o reducción del analfabetismo-, a pesar de que la mayoría de estos indicadores son objeto de controversia entre historiadores.

Rodríguez ha llegado a atribuir al franquismo el desarrollo de la red sanitaria pública y de la Seguridad Social, citando hospitales y medidas implantadas durante la dictadura, obviando que, aunque el régimen impulsó estructuras iniciales de protección social, el sistema sanitario universal y el Estado del bienestar actuales se han desarrollado principalmente en democracia.

Reconocimiento de las asociaciones de víctimas

Pese al rechazo de estas medidas, sí han salido adelante otros puntos de carácter general, como el compromiso de reconocer el papel social de las asociaciones de víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista inscritas en el registro autonómico; el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la garantización del ejercicio efectivo de los derechos a la reparación, la verdad, la memoria democrática, el reconocimiento y la justicia de todas las víctimas del conflicto bélico y el desarrollo de “todas las medidas legales” para lograr este objetivo, entre ellas la organización de actividades extracurriculares para los alumnos de educación secundaria.

La moción insta al Govern, además, a velar por la comprensión y la difusión de la historia de Balears durante la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transición y el Estatut d'Autonomia, y a continuar con los homenajes institucionales a las víctimas.

Al texto se han introducido diversas enmiendas del PSIB y de Més per Mallorca que hablan sobre cuestiones como la continuidad de las políticas de memoria democrática; la colaboración interinstitucional en la organización de acciones de reparación; la organización de un acto civil de sepultura en el 'Memorial de la Dignidad' del cementerio de Palma; la ampliación del Plan de Fosas; y la instalación de piedras de la memoria, también conocidas como Stolpersteine, en los municipios de Balears.

Roberto Cid encontró en Sevilla su segundo hogar. Descendiente de gallegos, el joven mexicano espera a que la administración general certifique su nacionalidad española después de haber jurado y obtenido el arraigo a través de la Ley de Memoria Democrática. Así, recupera el legado de su abuela, quien perdió la nacionalidad al casarse con un extranjero, y reivindica su árbol genealógico frente a las trabas burocráticas en las que ha estado inmerso en los últimos cuatro años. “Denunciamos el limbo jurídico de tantas personas que han estado en situación irregular y que son nietos o bisnietos de españoles, para lo que tendría que haber un fortalecimiento desde la administración: hay que saber cómo responder la promesa”, llama la atención.

En las últimas semanas, el Congreso ha aprobado la modificación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para regular las indemnizaciones a las víctimas o a sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes a causa de su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición, lo que supuso el reconocimiento y la reparación para el joven malagueño Manuel José García Caparrós y sus tres hermanas. El texto original de la norma recoge en su disposición adicional octava que pueden adquirir la nacionalidad los descendientes de españoles que renunciaron a ella y sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.

Entre los requisitos, también se concede la nacionalidad a los hijos e hijas mayores de edad de los españoles a quien les fue reconocida su nacionalidad en virtud de la norma y, de la misma forma, a los nacidos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de promulgación de la Constitución de 1978.

Este último supuesto fue el que afectó a la abuela de Roberto: Dolores Riobó. A los 13 años, embarcó rumbo hacia México junto a sus hermanos y padres, quienes decidieron emprender una nueva vida al otro lado del Atlántico. En aquel entonces, el bisabuelo decidió darse a conocer como Guillermo Riobó, en vez de utilizar su apellido original, que era Gómez de Rioboó. Esta es la razón por la que no dieron con su partida en el Registro Civil, pese a que se les dieran las fechas de su nacimiento y los detalles relativos a su pueblo de origen o nombres. “En este caso, no atendieron el principio de realidad material, que significa que hay que darse a lo escrito y a lo que se ve”, indica Leal, es decir, haber inspeccionado las bases de datos con mayor profundidad teniendo las principales claves en su haber.

“Política migratoria de apertura y de reparación”

Las fotografías de boda permanecen intactas. Dolores se casó con Roberto Cid Ramírez, ciudadano mexicano, y fue entonces cuando perdió la nacionalidad española. La ley franquista establecía que una mujer perdía tal derecho al casarse con un extranjero, impidiendo así que lo heredase en un futuro su progenie. De esta forma, se desprotegía a los exiliados y se discriminaba doblemente a las mujeres, quienes perdían el vínculo con su país de origen. Con su vestido blanco y rodeada por sus damas de honor, Dolores sonríe desde el pasado.

“Los descendientes son el vínculo más reciente que tiene España con Latinoamérica”, reflexiona Leal, “estamos en un momento de política migratoria de apertura y de reparación, porque más allá de la ideología de los abuelos y bisabuelos o de los propios descendientes, somos beneficiarios de la ley”. A pesar de este reconocimiento, los trámites burocráticos impiden que muchas de estas personas se vean beneficiadas a causa de los retrasos o la inoperancia de los registros civiles, motivo por el que los colectivos afectados, tanto en México como en países como Argentina, tienen que acudir a abogados especializados que les ayuden en el procedimiento.

“La queja es generalizada, ya que, aunque el Gobierno de España tuvo el buen hacer de reconocernos el derecho, muchos registros no colaboraron de forma debida y los certificados de nacimiento tardaron en llegar o ni se llegaron a encontrar”, critica. El 21 de octubre de 2022, momento en el que entra en vigor la disposición octava, se dio un plazo de tres años para tramitar la declaración y otro extensible de prórroga, por lo que el pasado 22 de octubre de 2025 fue el último día para realizar el trámite. Durante ese periodo, Leal tuvo que contratar los servicios de una genealogista en vista de que la solicitud en el Registro Civil de la ciudad de Ferrol daba una respuesta negativa, solo porque el apellido no cuadraba.

De 1890 a 2026

Al otro lado del teléfono se encuentra Helena González. En el año 2016 fundó Bisagras de Papel, dedicada a la investigación genealógica que trata de poner luz sobre el pasado de tantas personas. Desde Galicia, ha atendido a casi 300 personas de países destinos clásicos de la emigración gallega, como Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, así como México, Puerto Rico y Uruguay, al igual que otros no tan usuales, como Chile, Costa Rica, Honduras, Perú y Filipinas. Después de que los interesados presenten la documentación en sus respectivos consulados, la labor de la investigadora se centra en encontrar los documentos certificados de nacimiento o las partidas bautismales que prueben que el antepasado nació en la comunidad, logrando así su amparo bajo la ley de memoria democrática.

Acerca del caso de Roberto Cid, no deja de recordarlo con un sabor agridulce, ya que, como explica, el Registro Civil de Ferrol solo daba respuestas negativas. “Partimos de la información del certificado de matrimonio y del de defunción de su bisabuelo, con los que hicimos una búsqueda exhaustiva en padrones, registros civiles e, incluso, testamento del padre”, detalla. El nacimiento de Guillermo lo ubicaron en los primeros meses de 1890, en Ferrol, y, tras mucho insistir, lograron que por fin dieran con él tras percatarse del intercambio de apellidos que realizó el exiliado al comenzar una nueva vida en México.

La genealogista gallega explica que las primeras pistas son confusas. Tal vez los migrantes partieron del Puerto de Vigo, pero, ¿de qué localidad eran, dónde estaban registrados? Hay cientos de parroquias y ayuntamientos que consultar uno a uno. Muchos de los descendientes optaban por enviar una petición masiva, provocando así un colapso en los registros, hasta que daban con su ayuda especializada. “El registro civil solo está digitalizado e indexado a partir de 1950 y en las localidades un poco más grandes, pero en los archivos diocesanos hay que buscar a mano y habría que tener en cuenta la pérdida de material por incendios, inundaciones o mal estado”, detalla.

Más recursos

En el blog de su página web, González recoge las anécdotas de vidas que toma en sus manos. Por ejemplo, recuerda con cariño la historia de una mujer gallega que emigró a Estados Unidos y trabajó como institutriz en una familia acodada. En los viajes que compartió con ellos, conoció en Turquía a un hombre del que se enamoró y con el que compartió su vida. Décadas más tardes, fue su nieta quien le escribió para recobrar las raíces españolas que le habían sido extirpadas por la ley. “Es muy emocionante entrar en contacto con el mundo del que proceden”, reitera, por lo que pide un esfuerzo a la administración para dotar de recursos y medios digitales a los archivos.

En la actualidad, el lío burocrático persiste. El joven espera una respuesta por parte de Madrid tras jurar la nacionalidad y su padre, Roberto Cid Riobó y de 69 años, prevé que en dos años llegue su certificado. Frente a las declaraciones políticas que atacaban esta regularización, Leal manifiesta que “no somos ni más ni menos que otros migrantes, es más, merecemos ser acogidos como nuestros abuelos lo fueron en otros países”. Además, reclama que muchas de las personas que podrían haberse beneficiado de esta medida finalmente optarán por la regularización extraordinaria que comienza este mes de abril, aunque la diferencia sustancial entre ambas vías radica en que una concede la nacionalidad mientras que la segunda concede la residencia española.

Roberto aterrizó en Sevilla en 2020 para cursar el máster público de abogacía y, desde entonces, ha hecho de la ciudad su nuevo hogar. “El migrante viene abierto a conocer y la sociedad también debe abrirse a él porque, al final, las conductas son amoldables”, ya sea por el idioma o las costumbres que comparten estas latitudes, unidas por siglos de flujos migratorios, ha encontrado su hueco. Desearía que el principio de la ley de Memoria Democrática se extendiese en el tiempo, como la normativa italiana, en la que la obtención de la nacionalidad por descendencia es un derecho permanente, aunque el Gobierno de Giorgia Meloni ha introducido importantes restricciones en la legislación.

Hasta el 19 de septiembre de 2025, el Gobierno central ha concedido 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos de las 876.321 solicitudes realizadas. Dentro del entramado político internacional, poseer la nacionalidad española supone la diferencia. El abogado mexicano, que tiene a su hermano Fernando viviendo en Estados Unidos, hace la comparación con las posibilidades del visado en comparación con sus compatriotas latinos en un contexto en el que la persecución del ICE y de las autoridades norteamericanas produce detenciones indiscriminadas: “La nacionalidad española uno de los mejores calificados para accesos y, al final, abre un mundo”.

Jóvenes cantando el 'Cara al sol' entre risas, la figura del dictador Francisco Franco convertido en meme o la historia reducida a eslóganes que circulan por redes sociales en publicaciones vacías de contexto. La escena se repite entre los estudiantes mientras el profesorado asiste a “una peligrosa banalización de las dictaduras y a la simplificación de los regímenes totalitarios entre las generaciones más jóvenes”.

Es el diagnóstico que hace Javier Giráldez, profesor de Historia en el IES Vía Verde de Puerto Serrano (Cádiz), uno de los siete institutos de la provincia de Cádiz que han participado en la última jornada de 'Estudiantes con memoria', organizada por el IES Carlos III en el municipio gaditano de Prado del Rey. Este instituto lleva 15 años celebrando este encuentro educativo “único en España”, en el que el alumnado investiga y comparte sus trabajos sobre memoria histórica para combatir desde las aulas lo que sus organizadores denominan “memoricidio”.

El director del IES Carlos III, David Fernández, resume el memoricidio como “negar las evidencias de lo que ha ocurrido en el pasado”. Frente a ello, en un contexto donde el profesorado percibe “un auge del fascismo entre los jóvenes”, cobra aún más sentido celebrar una iniciativa que reúne a cientos de estudiantes andaluces en torno a una idea sencilla: conocer la historia para entender el presente.

Sembrando democracia

Lo que comenzó en 2008 como un trabajo de clase ha terminado convirtiéndose en una cita consolidada en la provincia de Cádiz. Fernández recuerda cómo, al llegar al centro, empezó a escuchar a sus alumnos hablar de historias que les contaban sus abuelos, relatos que se quedaban encerrados en el ámbito familiar. “Empezamos a recopilar testimonios y aquello acabó en un primer encuentro con otro instituto de San Fernando”, explica.

15 años después, aquella intuición se ha transformado en una experiencia pedagógica que busca llenar un vacío. “Existe una profunda ignorancia sobre la historia contemporánea en España entre los jóvenes”, sostiene el director del IES Carlos III. Un desconocimiento que, en muchos casos, se ve agravado por el hecho de que el alumnado se acerca a episodios históricos clave como la Guerra Civil o la dictadura franquista a través de redes sociales, donde proliferan los bulos y la desinformación.

El resultado, advierte, es preocupante: “Alumnos cantando el Cara al sol o frivolizando con la dictadura y el franquismo”. Frente a ello, el objetivo es claro: “Formarlos para que tengan sentido crítico y sepan argumentar sus opiniones”. Fernández está convencido de que, si conocen con rigor lo que supusieron la guerra y los 40 años de dictadura, “van a optar por la democracia y no por ideologías que derivan en el totalitarismo”. No se trata solo de transmitir contenidos, sino de “enseñarles a pensar por sí mismos” para que sean ellos quienes confronten los discursos fascistas que proliferan en el entorno digital.

El alumnado, en el centro

La evolución del proyecto también se mide en cifras. De los dos institutos que participaron en los primeros años se ha pasado a siete centros en esta edición, con cerca de 400 estudiantes, desde tercero y cuarto de ESO hasta Bachillerato. Pero más allá de los números, lo que define el encuentro es su enfoque innovador: “Una experiencia por y para el alumnado”. Son ellos quienes protagonizan el encuentro, conducen el acto y se encargan de presentar los proyectos en los que han estado trabajando en sus respectivos centros.

Durante el curso, cada instituto desarrolla su propio proyecto, que luego comparte en Prado del Rey en formatos que van desde el teatro hasta los cortometrajes o las performances. “No es común que se organice un evento de este calibre con tanta libertad y tanta implicación por parte del alumnado”, destacan los docentes participantes, que destacan el carácter “reivindicativo de la memoria histórica y fortalecedor de la democracia” que propicia este encuentro.

Entre los participantes está el IES Vía Verde de Puerto Serrano. Su profesor de Geografía e Historia, Óscar, coincide en el diagnóstico de Javier Giráldez: “Hay un auge de discursos que banalizan el fascismo entre los jóvenes, que se lo toman como algo divertido cuando fue la época más oscura de nuestra historia”. A su juicio, ese fenómeno no puede entenderse sin el peso de una Transición que dejó muchas cuestiones sin abordar. “Se impuso la ley del olvido”, recuerda para señalar que eso hace aún más necesarias iniciativas que recuperen la memoria democrática empezando por las aulas.

En esa línea se expresan también las alumnas Claudia y Adriana, de 3º de ESO, que defienden la importancia de este tipo de actividades. “Es muy necesario porque muchos jóvenes se creen lo que ven en redes sociales sobre la época de Franco y piensan que fue algo bueno, cuando fue todo lo contrario”, aseguran. Para ellas, estos encuentros permiten “aprender todos de todos” y entender mejor “de dónde venimos para no querer volver a esa época”.

Igual de directo se muestra Jesús Hinojo, alumno de 2º de Bachillerato y uno de los presentadores del acto: “La derecha está blanqueando la historia”, señala. A las puertas de convertirse en votante, reivindica la importancia de conocer el pasado con rigor. “En Alemania e Italia tienen bastante conciencia sobre los totalitarismos, pero en España todavía no”.

La memoria como herramienta de futuro

Más allá de la teoría a la que están acostumbrados en las aulas, la jornada en Prado del Rey se convierte en una puesta en común práctica en la que el alumnado “expone, argumenta, comparte y vivencia” el contenido que han estado trabajando durante el curso desde una perspectiva interdisciplinar entre asignaturas.

La directora del IES Fuente Alta de Algodonales, Cristina Sánchez, explica que el proyecto de su centro se ha centrado este año en el intento de golpe de Estado del 23-F, a través de un enfoque de “microhistoria” que conecta los grandes acontecimientos con la experiencia cotidiana de la población. “El objetivo principal era recuperar el recuerdo de las personas que vivieron el golpe y que muchas veces no fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo hasta mucho después”, señala al término del encuentro.

Sánchez, que es también profesora de Geografía e Historia, reconoce además que, pese a las dificultades del sistema educativo, iniciativas como esta generan cierta esperanza. “Cuando se dedica tiempo a trabajar la memoria, a reflexionar sobre la democracia y a desmontar bulos, se pueden hacer cosas como estas”, afirma. Tras quince años de recorrido, concluye, la experiencia del IES Carlos III de Prado del Rey se ha convertido en una referencia de trabajo colaborativo entre centros: “Ojalá hubiera más experiencias como esta”.

Quince años después, aquel experimento surgido casi por casualidad se ha convertido en una referencia entre centros andaluces. Una forma de sembrar preguntas más que certezas. De generar conciencia en lugar de consignas. Porque, como coinciden profesores y alumnos, la memoria no es solo pasado. Es, sobre todo, una herramienta para no repetirlo.

La orden era esperar a que a un hombre se le cayera un periódico al suelo. Dentro estaban los pasaportes que alguien había preparado para Enriqueta Millán y sus dos hijos, de 9 y 13 años. Unos días después, coincidiendo con el Corpus Christi de 1946 –el 20 de junio–, cogieron el tren desde Barcelona, donde vivían, hasta Puigcerdá. Allí un enlace les esperaba para ayudarles a cruzar el kilómetro y medio que les separaba de la localidad de Bourg-Madame. Habían atravesado la frontera y estaban en Francia, donde se reunirían con Luis Robles Francisco, su marido y padre, al que llevaban siete años sin ver.

“Mi madre, que era una niña, dejó escrito con todo lujo de detalles cómo fue. En su carta cuenta, por ejemplo, que si sus corazones se hubieran escuchado cuando subieron al tren, les habrían delatado ante la Guardia Civil de lo fuerte que latían. También habla de su padre, un hombre de rasgos 'duros' que era para ella prácticamente un desconocido por todo el tiempo que había estado sin él”, explica Sonia Isabel Garófalo Robles, la nieta de Luis, que falleció en abril de 1984.

Es una de las dos hermanas argentinas que acaban de interponer una querella por el caso de su abuelo, que en febrero de 1939 huyó a Francia para escapar de la represión franquista. Se trata de la primera acción judicial por exilio forzado iniciada en España, un fenómeno al que fueron empujadas miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las nietas de Luis han viajado desde Argentina, donde viven y a donde se trasladó la familia desde Francia, para ello. Si decenas de españoles han acudido a la Justicia argentina para intentar que se juzguen los crímenes del franquismo, ellas han decidido hacer el camino de vuelta.

Luis fue una de las miles de personas que salieron de Barcelona tras la toma de Catalunya por los sublevados, una de las mayores oleadas de exiliados que se registraron. De profesión yesero y natural de Berga (Barcelona), ya antes de la guerra era activo políticamente y en 1923 se afilió a la CNT-FAI. Con el golpe de Estado franquista y el estallido del conflicto, ingresó en el ejército republicano, donde llegó ser comisario y a combatir en Aragón y Mallorca. Con 36 años, huyó del país. “Lo hizo para conservar su vida, pero también sus ideas y seguir con su actividad antifascista”, remarca Sonia, que lleva dos décadas recopilando información sobre su historia familiar hasta construir un pequeño archivo personal en el que casi cada paso dado por su abuelo está escrito.

Entre los documentos que conserva está la correspondencia que mantuvo como enlace político entre Francia y España, cartas, fotografías y la documentación relativa a su militancia y su exilio. Como muchos otros españoles, ya en territorio francés fue encerrado en los campos de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por la Organización Todt, creada por la Alemania nazi para usar mano de obra forzada en diferentes construcciones. Luis fue obligado a trabajar para erigir caminos en la Francia ocupada, pero según cuentan sus nietas logró escapar y pasó a integrar el llamado “Batallón del Río”, una unidad de la guerrilla formada por libertarios españoles que se sumaron a la Resistencia Francesa contra los nazis.

El periplo que atravesó Luis ha llevado a las hermanas a viajar desde Buenos Aires esta semana para interponer la querella. “Sentimos que es una obligación moral, por nuestro abuelo y nuestra madre, por toda la familia. Ella fue una testigo viviente de todo lo que ocurrió, de todas las aberraciones que tuvieron que vivir. Pero también es una cuestión de justicia con el pueblo español que sufrió unos crímenes que aún no se han juzgado. En Argentina pudimos sentar a los responsables de la dictadura en el banquillo, pero España tiene una deuda muy grande con su sociedad que aún no ha saldado”, explica Silvia.

El exilio de su abuelo rompió a la familia durante siete años y la marcó para siempre, apuntan ambas. La pareja tenía tres hijos, su madre, su tío Luis y una tercera hermana que falleció con 16 años por una brucelosis “no atendida”. La represión franquista se dirigió también contra ellas, quienes se quedaron en Barcelona: cuenta Sonia que su abuela Enriqueta y su madre tenían una tapicería en el centro de la ciudad de la que los golpistas les “despojaron” y que hoy es un bar “enorme y precioso”. También recuerda cómo les contaban los “allanamientos” que sufrían en casa y de madrugada por miembros de Falange. “Daban la vuelta a la vivienda y abusaban de ellas. Como no podían encontrar a mi abuelo, lo pagaron con las mujeres”.

A Luis le buscaron las autoridades franquistas durante varios años. De hecho, abrieron contra él un proceso sumarísimo en el que le acusaban del delito de “auxilio a la rebelión” por militar en la CNT, portar armas en los primeros días del “Movimiento Nacional” y combatir en el frente. Fue declarado en rebeldía al encontrarse en Francia, pero entre los documentos que guardan sus nietas se ve cómo su mujer Enriqueta fue interrogada en el proceso. La mujer declaró que le vio por última vez el 23 de enero de 1939 y que, al cabo de un mes y medio, recibió una carta suya en la que afirmaba que “no sintieran pena por él porque estaba en Francia trabajando”, según consta en la declaración.

Consecuencias que se heredan

La querella presentada de forma telemática por las hermanas en Barcelona, que ha contado con el apoyo jurídico de CEAQUA, se dirige contra la totalidad de miembros del Ejército que el 18 de julio de 1936 se sublevaron contra la República, contra todos los hombres que formaron parte de los sucesivos gobiernos de la dictadura y contra los cuatro jueces instructores del Juzgado Militar que procesó a Luis en 1940, todos ellos fallecidos. Jacinto Laura, abogado de CEAQUA, explica que los hechos se califican como crímenes de lesa humanidad, como es la deportación o traslado forzoso de personas mediante “actos de coacción”, como reconoce el artículo 607 bis del Código Penal.

Todo ello formando parte de un “ataque generalizado y sistemático contra amplios sectores de la población del Estado español”, añade el letrado, que sostiene que aunque la responsabilidad criminal de los señalados en la querella “esté extinta” porque han muerto, la Justicia “tiene la obligación de investigar y, en su caso, establecer una verdad judicial”. Eso es lo que buscan Sonia y Silvia, que han renunciado a reclamar algún tipo de medida o compensación económica: “Queremos forzar al Estado español a que investigue, a que se ponga sobre la mesa y se visibilice”, apunta Sonia.

Los efectos del exilio no solo impactaron en quienes lo vivieron. Ambas hermanas hablan de consecuencias “heredadas” que han visto y experimentado en la familia desde que nacieron en Avellaneda, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, a donde sus abuelos y su madre se trasladaron desde Francia. Silvia recuerda “un montón de situaciones personales” que vincula al “daño emocional y físico” que padecieron, sobre todo su madre y su abuela, víctimas de agresiones sexuales por parte de las milicias que entraban en su casa. “Cada una lo sobrellevó como pudo, pero a nosotras también se nos transmitieron algunas fobias y estados de alerta que hemos trabajado”, dice.

La familia decidió salir hacia Argentina en 1952, después de que Luis intentara sin éxito lograr la nacionalidad francesa y después de que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial no supusiera, como él y muchos otros pensaban, la liberación de la España fascista. Ya nunca abandonaron Argentina, donde vivieron varios años después la dictadura militar de Jorge Videla en la que un tío de Silvia y Sonia fue asesinado y hecho desaparecer. Recuerda una de ellas que su abuelo “mantuvo un silencio” durante aquellos años, al igual que su abuela: “Decían 'pasamos dos guerras, sufrimos, perdimos hijos, lo perdimos todo... No vamos a seguir perdiendo'”, parafrasean.

Pero las nietas siguieron con la militancia política y aún hoy defienden con determinación sus ideas, heredadas en casa, frente a un contexto global “marcado por la vuelta del fascismo”, diagnostica Silvia. Su forma de pensar es, dicen, lo más valioso que les transmitieron sus padres y sus abuelos. Su madre murió en 2021. “Estarían orgullosos de nosotras. Dirían 'tan mal no lo hemos hecho'”, dicen sobre qué pensarían ellos sobre su viaje de más de 10.000 kilómetros para buscar justicia. “Nuestro abuelo decía mucho que no olvidáramos que somos españoles, que no vinimos a Argentina porque quisimos o lo decidimos. Fue una expulsión. Es algo que mantuvo vivo hasta el último día de su vida y nosotras lo tomamos y seguimos adelante”.

El Gobierno ha homenajeado este jueves a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983) en un acto celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid bajo el mensaje “nunca más impunidad”. Presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el de Exteriores, José Manuel Albares, el encuentro ha servido también para reconocer oficialmente a las víctimas con la entrega de una Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Familiares de Españoles Desaparecidos en Argentina.

Durante el homenaje, Torres, ha mostrado su gratitud hacia todas las víctimas de dictaduras, fallecidas y hechas desaparecer, y ha subrayado la importancia de defender la memoria como sinónimo de democracia. “Que nunca mas la impunidad del olvido se instaure”, ha reclamado. El titular de Memoria Democrática ha explicado que el Gobierno de España publicó en el BOE el pasado 24 de marzo, cuando se cumplían 50 años del golpe militar, los “nombres y apellidos” de los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla y cuyo único delito era, según ha denunciado, “ser fieles a la democracia”, algo que también ocurrió en España con el franquismo. “La maquinaria del terror de Estado se puso en funcionamiento. Fue una absoluta cobardía”.

Torres ha recalcado que recordar el dolor de las víctimas es necesario para saber “qué pasó y reparar el daño”, a la vez ha hecho hincapié en la defensa de las políticas de memoria democráticas frente a otros gobiernos, como el de Mariano Rajoy en España o el de Javier Milei en Argentina, que metieron dichas leyes “en un cajón”, lo que considera “un error absoluto”. Ante ello, el ministro ha abogado por “desterrar para siempre esa amnesia voluntaria” que “debería avergonzar a cualquier autodenominado demócrata”.

Torres también ha defendido que la memoria es el mejor “antídoto” para “contrarrestar la oleada de nostálgicos” actual: “Fueron muchas las personas que dieron la vida por la democracia como para permitirnos que a aspirantes autócratas nos pongan en solfa. Hay que ser firmes, sin rodeos”, ha indicado el ministro, que también ha criticado al actual presidente argentino por negar la “realidad histórica” y tratar de minimizar la cifra de 30.000 desaparecidos de la dictadura militar.

En el acto, presentado por el periodista Xabier Fortes y que también ha contado con actuaciones de Ana Belén, Pedro Pastor y Miguel Ríos, también ha intervenido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha reclamado el “deber de recordar y acompañar” a las víctimas. Además, ha conectado ambos regímenes, tanto el de Jorge Videla como el de Francisco Franco, aseverando que fueron incapaces de “acallar las voces” de “generaciones comprometidas” tanto con la libertad como con la democracia, pese a haberlo intentado.

El acto ha contado con una mesa redonda con la fiscal de sala de Derechos Humanos, Dolores Delgado, la representante de Red por la Identidad en Madrid, Lila Parrondo, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, quien ha detallado que ya se han identificado 32 cuerpos de los 307 españoles desaparecidos en la dictadura argentina. Ante esto, ha instado al Gobierno a que busque a sus familiares y les pida muestra de sangre para contrastar con los cuerpos ya analizados.

Finalmente, el actor Juan Diego Botto, que también ha intervenido y que es hijo de un desaparecido argentino, ha reprochado que la falta de concienciación o de “dar la batalla” frente a lo que significó una dictadura ha llevado a la impunidad y que en Argentina tengan un presidente “negacionista” o en España “se cante el Cara al Sol”. También ha invitado a echar la mirada atrás frente a aquellos que pelearon ante los regímenes autoritarios, ganaron y consiguieron después “juzgar a los genocidas”, como en el caso de Videla, para poder repetirlo ahora frente al “genocidio” en la Franja de Gaza.

Dos hermanas han presentado en Barcelona la primera querella que se interpone en España por exilio forzado tras el golpe de Estado franquista de 1936. Las nietas de Luis Robles Francisco, militante de CNT-FAI convertido en comisario político del Ejército del Ebro republicano, han impulsado la querella para reclamar una investigación por la huida de su abuelo, que se exilió a Francia en febrero de 1939 para escapar de la represión tras la entrada de los franquistas en Catalunya.

“Fue una situación tremenda para la familia y queremos que el Estado español se vea obligado a investigar de una vez por todas hasta las últimas consecuencias”, ha señalado Silvia Garófalo Robles. Al igual que otros muchos exiliados, tras salir de España, su abuelo, que vivía en Barcelona, fue encerrado en los campos de concentración de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Posteriormente sería reclutado por una empresa vinculada al régimen nazi para hacer trabajos forzados. Logró escapar y se integró en el llamado “Batallón del Río”, formado por anarquistas y libertarios que ejercieron acciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Tiempo después, establecido en Niza y ya habiendo logrado reunirse con su familia –su mujer y sus hijos, que lograron pasar a Francia en 1946–, Luis intentó lograr la ciudadanía francesa, pero no lo consiguió. Entonces la familia se trasladó a Buenos Aires, donde nacieron sus nietas y de donde se han trasladado esta semana para interponer la querella en los tribunales españoles. “Nuestro abuelo tuvo un exilio forzado, pero fue un doble exilio, en Francia y Argentina, porque era imposible para él regresar a España”, ha apuntado Silvia ante los medios de comunicación.

Una verdad judicial

La querella ha sido presentada ante los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona y califica los hechos como crímenes contra la humanidad, según ha explicado Jacinto Lara, abogado de CEAQUA, que presta el apoyo jurídico. Se dirige contra “la totalidad de los miembros” del Ejército que dieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, contra quienes formaron parte de todos los gobiernos durante la dictadura y contra los cuatro integrantes del Juzgado Militar que procesó a Luis Robles por un delito de auxilio a la rebelión, todos fallecidos.

“Somos muy conscientes de que la responsabilidad criminal de los investigados ha quedado extinguida como consecuencia de su fallecimiento, pero desde CEAQUA entendemos que se debe desplegar una investigación en el orden judicial penal”, señala Lara, que recuerda que el objetivo es el establecimiento “de la verdad judicial y de las responsabilidades de los hechos que son objeto de denuncia”. “Es una obligación en base al Derecho Internacional y así debe ser interpretado por nuestros tribunales”, ha señalado el abogado, que apunta a que, de esta forma, “se revertería parcialmente el modelo de impunidad” que la organización denuncia en España.

Más allá de la querella presentada por las nietas de Luis, el objetivo es también “rendir homenaje a todas las personas que fueron obligadas a abandonar su país como consecuencia del golpe de Estado fascista”, ha añadido Lara. “Buscamos justicia por nuestra historia y nuestra familia y también poner en agenda el por qué del exilio, que es eterno. Fue nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra madre y nosotras. Somos hijas y hemos vivido también las consecuencias”, ha continuado Sonia Garófalo Robles, que lleva dos décadas investigando en archivos la historia de su abuelo y que ha resaltado cómo su abuela y sus hijas se quedaron en Barcelona tras la huída de Luis.

La violencia ejercida por los sublevados desde 1936 provocó el exilio de cientos de miles de personas como el abuelo de Silvia y Sonia. En diferentes momentos y desde diferentes zonas de España, numerosas oleadas de personas salieron del país. Tras la invasión de Catalunya por parte del Ejército franquista, se suele cifrar en cerca del medio millón de personas las que se exiliaron. Alrededor de 9.000 fueron deportados a campos de concentración nazis, de los cuales más de la mitad murieron. A finales de 1938, cuando aún ni siquiera había acabado la Guerra Civil, las autoridades francesas contabilizaron 400.000 españoles en el país.

Con esta, son más de 150 las querellas presentadas por CEAQUA por crímenes del franquismo, 25 de ellas después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, pero la mayoría de ellas han sido archivadas, según ha cifrado Rosa García Alcón, portavoz de la organización. CEAQUA lleva años reclamando la investigación judicial de estos hechos y denuncia que “a día de hoy siguen manteniéndose de forma inequívoca las políticas de impunidad implementadas por el conjunto del Estado desde la época de la Transición”.

La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar cada vez más cerca de su final. El Gobierno sigue con el plan de cerrar la organización franquista por excelencia y este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para dar paso a la Justicia, a la que el Ministerio ha dado traslado del expediente a través de la Abogacía del Estado, según ha anunciado el ministro ante los medios de comunicación este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República. Será un juez o jueza el que tome la decisión defintiva.

Según el ministro, se trata de un expediente “sólido” con el que considera “acreditado” que la fundación “no cumple con los fines de interés general” que deben perseguir las fundaciones y que “hace apología de Franco y del franquismo” además de promover actividades y mensajes que “suponen el menosprecio y humillación de las víctimas”, que son los requisitos que introdujo la Ley de Memoria Democrática en 2022 como causas de extinción de este tipo de organizaciones.

En junio de 2024 el Ministerio de Cultura dio inicio al procedimiento con el arranque de las actuaciones previas y hace seis meses se produjo la firma del acuerdo y su notificación a la fundación. Desde entonces, se han seguido todos los pasos previstos en la Ley de Fundaciones, con distintos periodos de alegaciones. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la organización para frenar de forma inmediata su ilegalización tras un recurso en el que solicitaba paralizarla como medida cautelar.

Con este paso, la autoridad judicial tendrá ya sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo a una fundación que lleva medio siglo –desde la muerte del dictador– exaltando su figura. Para llegar hasta este punto, el Ministerio de Cultura ha recibido informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha analizado más de 5.000 publicaciones en la web y redes sociales de la organización, así como sus apariciones en prensa desde 2018 hasta marzo de 2025.

“El procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías desde su inicio”, ha apuntado Urtasun, que ha afirmado que “en dos ocasiones se ha dado trámite de alegaciones a la fundación” constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo. Según el ministro de Cultura, el expediente que tendrá ahora que evaluar un Juzgado de Primera Instancia es “riguroso y está bien fundamentado jurídicamente” y, aunque la decisión final está en manos de un juez, el Gobierno “considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción”. “Estamos con la ley en la mano protegiendo la dignidad de las víctimas”, ha añadido.

Urtasun ha dado por hecho que la fundación “va a usar todos los resortes a su alvance para impedir que el proceso avance”, pero se ha mostrado “optimista” ante la futura resolución judicial. “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que tratan de blanquear la dictadura y humillar a las víctimas”, ha insistido. El recurso que presentó en su momento la fundación alegó entre otras cosas la vulneración del derecho de defensa y argumentó que “no emplea ninguna expresión humillante o vejatoria” con las víctimas del régimen.

Fuentes de la misma apuntan a que el paso dado por el Ministerio de Cultura no les “extraña”. “El Gobierno liberticida que ampara y subvenciona a fundaciones separatistas y marxistas no pierde el tiempo en perseguir la libertad de opinión y expresión de los que no piensan como ellos. Es lo normal en dictaduras socialistas”, han trasladado, informa Javier Lillo.

En paralelo al proceso de extinción de la fundación, Urtasun también ha explicado que ha solicitado a la Abogacía del Estado que inicie la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo de la Fundación Franco tras constatar que se trata de documentación que fue consecuencia de “las funciones públicas” que desempeñó el dictador como jefe de Estado. Considera por ello el Ministerio en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico Español que los documentos deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público.

La “glorificación” de Franco

La decisión del Gobierno de instar al cierre de la fundación se basa entre otros elementos en un informe encargado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con varias patas: el estudio incluye el análisis pormenorizado de las publicaciones de la funación, un estudio del catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández y varias entrevistas a víctimas del franquismo para concluir en base a todo ello que se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Los estudios destacan que casi todo su contenido está dedicado “a la exaltación del dictador y la dictadura” con componentes de “glorificación” a Franco y los símbolos del régimen. En base a sus estatutos, la organización presididad por el exgeneral Juan Chicharro tiene “una actividad principal” que es la de “difundir y promocionar el estudio del legado y las realizaciones” del dictador “entre 1936 y 1977”, lo que supone trasladar “una visión inequívocamente positiva”.

El acuerdo firmado por Urtasun resalta, además, “tres patrones” de humillación de quienes fueron sus víctimas o de sus familiares: su “descalificación”, la negación de los daños calificando de “mentira” o “farsa” episodios trágicos y la “apropiación y relectura sesgada” del pasado. Todo ello apunta a una “estrategia deliberada” de la fundación para “ridiculizar y deslegitimar” a quienes sufrieron la represión del régimen. El Ministerio también ha recabado un informe de la Abogacía del Estado que concluye que la resolución “es conforme a derecho”, consituyendo el último trámite necesario antes de instar a la Justicia.

Juliana Garrote ha necesitado casi nueve décadas para comprender quién fue realmente su padre y por qué desapareció de su vida cuando ella era apenas un bebé. Durante todo ese tiempo convivió con la idea de que aquel hombre la había abandonado. No ha sido hasta hace muy poco, cuando ya ha cumplido 87 años, que una fotografía, unas cartas y una investigación sobre memoria histórica la han obligado a rehacer por completo su propia biografía. Su padre siempre la quiso. Se propuso cuidarla con esmero en cuanto saliera de la cárcel, pero un pelotón de fusilamiento le impidió cumplir aquella promesa.

José Atienza Corrales era jornalero, estaba vinculado al movimiento obrero, a la CNT y participaba en organizaciones republicanas en Arcos de la Frontera (Cádiz). Tras el golpe militar de 1936, como tantos otros hombres señalados por su compromiso político o sindical, tuvo que huir y se sumó a distintos frentes en zona republicana. Fue en estas batallas cuando conoció a una miliciana, Guadalupe Garrote, con la que inició una relación extramatrimonial. Ella se quedó embarazada y dio a luz a Juliana en 1938. Fue, al terminar la guerra, cuando José fue detenido, sometido a un consejo de guerra y finalmente ejecutado en la plaza de toros de Jerez en el verano de 1940.

El investigador Antonio Ortega Castillo ha reconstruido su caso dentro de un trabajo más amplio sobre la justicia militar franquista en Arcos, que consiguió una de las ayudas públicas que el actual gobierno de la Diputación de Cádiz mantiene abiertas para proyectos sobre memoria histórica. Lo llamó Limpiar el pueblo de parásitos. La justicia militar en Arcos de la Frontera y arcenses en consejos de guerra. Ortega subraya que el proceso contra Atienza responde a un patrón repetido en la época: “Se le acusa de un asesinato que en ningún momento se llega a demostrar con pruebas sólidas. Es una justicia al revés, donde la acusación pesa más que la prueba y donde la pertenencia política o sindical acaba siendo, en la práctica, el verdadero motivo de la condena”.

Sin embargo, esa historia, que en los archivos puede seguirse con fechas, cargos y documentos, en la vida de Juliana fue durante décadas otra cosa muy distinta: un vacío difícil de explicar. Ni siquiera llevó los apellidos de su padre, porque cuando intentaron inscribirla él ya estaba en fuga. En la España de posguerra esa ausencia administrativa se convertía también en una marca social. “Decir que no tenías el apellido de tu padre era una deshonra”.

Pero lo más duro no fue solo la falta de un apellido, sino la construcción de un relato equivocado que Juliana asumió como propio desde niña. Durante años interpretó ese silencio, la ausencia de información sobre su padre, como la prueba de que aquel hombre se había desentendido de ella. Esa idea condicionó incluso su manera de relacionarse con el pasado. Años después, los cuatro hijos de Juliana seguían atentamente el programa de Televisión Española ¿Quién sabe dónde?, con el que el periodista Paco Lobatón buscaba en la década de los noventa a personas desaparecidas, algunas de ellas a causa de la guerra. “Mis hijos me decían que llamara para buscar a mi padre (entonces ninguno sabía que estaba muerto), pero yo les decía que si cuando era pequeña no se hizo cargo de mí, ahora no lo iba a buscar yo”.

La verdad, sin embargo, estaba más cerca de lo que parecía. Estaba en su propia casa, en forma de unas cartas que su padre le había escrito desde la cárcel. Su madre se las entregó cuando ya era adulta, pero ninguna de las dos pudo o supo leerlas en profundidad. María, una de las hijas de Juliana, incluso recuerda que jugaba con ellas, sin leerlas, sin saber que su autor era su abuelo. Y sin imaginarse, claro, que en esas cartas estaba todo.

José Atienza escribía desde la cárcel de Jerez tratando de mantener un vínculo con su hija a la que apenas había podido conocer. “Son documentos muy potentes desde el punto de vista humano”, explica Antonio Ortega. “En ellas se ve claramente que hay una preocupación por la niña, por su bienestar, por la familia que la está criando. Eso deshace por completo la imagen de desamparo con la que Juliana cargó durante décadas”. Ese gesto remite a una experiencia compartida por muchos represaliados de la época, que, como Miguel Hernández, tuvieron en esas cartas dirigidas a los hijos una forma de agarrarse a la esperanza y al futuro.

La carta más reveladora, sin embargo, no la escribió José Atienza, sino un compañero suyo. “Julianita, te escribo estas cuatro letras para hacerme lo que exige tu padre… y al mismo tiempo siento comunicarte que ha muerto de la enfermedad que padecía… Esto lo escribo porque él me lo encarga en sus últimos momentos…”. La carta está fechada el 15 de agosto de 1940 en Jerez y termina con un “mi más sentido pésame”. Pero José no había muerto por ninguna enfermedad. Lo habían fusilado.

Juliana no ha entendido el sentido de estas cartas hasta hace muy poco. Fueron sus hijos quienes empezaron a cuestionar la historia de su abuelo y a buscar respuestas. Esa búsqueda personal acabó cruzándose con la investigación histórica de Antonio Ortega. “Me llamó una de las nietas de José Atienza pidiendo información sobre José Atienza”. Y fue este feliz encuentro, casi fruto de la casualidad, el que ha permitido encajar todas las piezas. Ortega cuenta que otro investigador, Santiago Moreno, había desarrollado ya información sobre este caso en una etapa anterior, cuando en la Diputación gaditana el socialista Carlos Perales abrió una oficina de atención a las víctimas de la represión. En este mandato, con La Línea 100x100, socio de gobierno del PP, se han mantenido ayudas a la investigación sobre memoria que han contribuido al trabajo de Ortega. “Que Juliana complete la historia de su vida es una forma de reparación”.

Ese proceso culminó de la manera más emocionante hace apenas unos días, cuando Juliana viajó por primera vez a Arcos de la Frontera junto a sus hijos. Allí recorrió los lugares vinculados a su padre, visitó su entorno y, sobre todo, vio por primera vez su rostro gracias a un retrato fotográfico que se conserva de él. “He sentido emoción, rabia y todo”, confiesa Juliana. Ella, que es muy fuerte, rompe a llorar cada vez que evoca esa imagen.

Ese “todo” incluye una infancia atravesada por la ausencia, pero también por la represión. Su madre fue encarcelada y ella quedó siendo muy pequeña con sus abuelos. “Un guardia civil le dijo a mi madre que me sacara de la cárcel, que allí estaban muriendo muchos niños”, recuerda. Años después, ya en Madrid, la familia se recompondría como pudo, entre trabajos precarios, instituciones del Auxilio Social y una vida marcada por las consecuencias de la posguerra. “Ver esta foto de mi padre es una alegría, pero me da mucha rabia porque yo cuando los necesitaba, a él y a mi madre, era cuando era niña”.

Queda una parte de la historia sin cerrar. Los restos de Atienza no han sido localizados y todo apunta a que podrían encontrarse en una fosa común o en un osario en Jerez. “Es una investigación que sigue abierta”, explica Ortega, aunque reconoce la dificultad de avanzar tras tantos años. Juliana, por su parte, no se hace demasiadas ilusiones. “Me encantaría, pero no tengo esperanza”, admite. Antonio Ortega sigue trabajando en profundizar en la historia de Guadalupe, la madre de Juliana, y en la de todos esos vecinos cuyas memorias fueron segadas tras la guerra. El investigador acompañó a Juliana y sus hijos por las calles de Arcos. Se hicieron fotos en sus calles, en el portal 34 donde estaba la casa de José Atienza. Un viaje por esos barrios que son el origen de esa familia. Una alegría mezclada con rabia por tardar 87 años en descubrirlo.

Casi siete meses después de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamara a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), para que retirara los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas de la Galería de Presidentes, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra ella por “incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. “Le exigimos retirar los honores a quienes llegaron al cargo nombrados por un sanguinario dictador”, ha dicho la asociación en un mensaje en X.

Según confirma el presidente de la ARMH, Emilio Silva, la denuncia será interpuesta el próximo 21 de abril tras los dos intentos en los que ha pedido por escrito a Armengol a través del registro de la Cámara Baja que tome la decisión de quitar estos cuadros. “Nunca nos han respondido. Es un insulto a las víctimas de la dictadura dar reconocimiento en los pasillos del Congreso a personas que accedieron al cargo después de un golpe de Estado y el uso de una terrible violencia cuyas consecuencias en muchos casos no están resueltas”, señala Silva.

Los retratos comparten espacio con el resto de quienes han presidido la institución en la Galería de Presidentes. Los de las Cortes franquistas que aparecen retratados son Esteban de Bilbao Eguía, líder de Comunión Tradicionalista durante la Segunda República y ministro de Justicia nada más terminada la Guerra Civil hasta 1943, Antonio Iturmendi Bañales, político carlista que también fue antes que presidente de las Cortes ministro de Justicia y Alejandro Rodríguez de Valcárcel, miembro de Falange en 1936, cuando se produjo el golpe de Estado franquista.

Durante la dictadura, Rodríguez de Valcárcel llegó a ser vicesecretario general de FET y de las JONS. La ARMH reclama también la retirada del cuadro de Torcuato Fernández-Miranda, que llegó a ser presidente del Gobierno en funciones del 20 al 31 de diciembre de 1973 y de las Cortes durante la Transición, entre diciembre de 1975 y junio de 1977.

Según apunta Silva, la asociación considera que mantener estos cuadros es una vulneración del artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce que las administraciones deberán “revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley” cuando constituyan “exaltación o enaltecimiento” de la sublevación franquista o la dictadura o bien “hubieran sido concedidas” por haber formado parte del régimen represivo.

El escrito presentado el pasado septiembre recordaba que “todos ellos fueron golpistas en 1936 y beneficiarios de la destrucción de la Segunda República”. “No es posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción de la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, reza la carta, en la que recuerda que las Cortes franquistas no fueron democráticas, fueron “monolíticas” y “cerraron sus puertas a quienes tenían otras ideas” al tiempo que “legislaron para la maquinaria que asesinó, torturó y aterrorizó a todas las disidencias políticas y morales”.

La lluvia arreciaba en esta mañana fría y gris del domingo 12 abril. Con el paraguas en una mano y con un clavel en la otra, la gente se agrupaba en torno al Memorial por las víctimas del franquismo del Cementerio de Torrero. Por primera vez desde que se realiza el homenaje (2010), llovía en este día de recuerdo y memoria, lo que no ha impedido que se lleve a cabo. Tras unas breves palabras, la comitiva avanzaba a depositar las últimas flores en la tapia del cementerio donde se produjeron los fusilamientos. Allí leía unas palabras Pilar Coloma, graduada en Historia y doctoranda en la Universidad de Zaragoza, en memoria de las profesoras represaliadas en Aragón y, finalmente, el Coro Libertario de Torrero entonaba unas canciones, acompañado del coro francés La Rojinegra.

Se cerraba así un homenaje que ha salido adelante, un año más, gracias a la solidaridad ciudadana. “Seguiremos tirando de solidaridad, ya que no podemos tirar de ayuda oficial”, explica a este medio Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), que convoca y organiza este acto. Por tercer año consecutivo, desde la llegada de Natalia Chueca (PP) al poder, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha colaborado en el homenaje. Preguntados por la falta de apoyo institucional, desde el Consistorio se limitan a decir que no saben dónde está la noticia y que simplemente es el tercer año que no se financian las flores.

Desde 2010 y hasta el gobierno de su predecesor –Jorge Azcón (PP)–, el Ayuntamiento de Zaragoza había contribuido en la financiación de las flores, la contratación del equipo de sonido y la aportación de sillas para los asistentes. “Por lo que nosotros sabemos, las flores valían alrededor de unos 1.500 euros, los 3.700 claveles, más o menos”, dice Gómez, en base a la experiencia de los últimos dos años, sobre la ofrenda floral, que de nuevo ha sido financiada a través de donaciones. Una vez más, el grupo María Confussion –a pesar de que no ha podido cantar por las condiciones meteorológicas– ha aportado el equipo de sonido y tanto el Partido Comunista como Izquierda Unida iban a prestar las sillas para esta ocasión, que finalmente no se han podido utilizar por la lluvia. “Las sillas, eso sí que fue muy sangrante, porque hay mucha gente que es muy mayor. Están ahí al sol, una hora que puede llegar a durar el acto (…), ya era como un ataque directo a familiares de personas que están allí representadas”, comenta el presidente de ARMHA.

Pedagogía de la memoria

El Memorial del Cementerio de Torrero fue aprobado en 2009 por unanimidad de todos los partidos políticos que entonces formaban el Ayuntamiento de Zaragoza: PSOE, PP, CHA, PAR e IU. “No queríamos números, queríamos nombres”, recuerda Gómez sobre dicho momento en el que parecía que había cierto consenso democrático. El memorialista recalca la necesidad de este tipo de actos y de que esas 3.543 personas que fueron asesinadas no caigan en el olvido debido al momento de polarización en el que vivimos: “Lo verdaderamente grave es que haya grupos de WhatsApp que dicen que hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta”, dice en relación a los mensajes salieron a la luz en 2020 de ex altos mandos del Ejército y a los que Vox se refirió como “su gente”.

Con esto en mente, ARMHA –que cumplió 20 años el pasado mes de marzo– trabaja para que la memoria histórica de Aragón no quede en el olvido. Su proyecto 'Con nombres y apellidos' ha superado los 50.000 registros. Una base de datos con 50.000 nombres, historias de vida, resistencia y memoria, accesible para familiares, investigadores y el público general. A través de la investigación histórica, distintos homenajes, exposiciones, actividades y rutas memorialistas, la asociación busca hacer pedagogía de la memoria para que esa parte de la historia de España, y de Aragón en concreto, no se vuelva a repetir.

“Siempre hemos dicho verdad, justicia y reparación, pero también hemos añadido garantías de no repetición. Las garantías de no repetición son obviamente un desiderátum, porque nunca se puede saber lo que puede pasar”, reflexiona Gómez. “Si haces verdaderas políticas de memoria, es más fácil que los chavales no puedan decir que con Franco se vivía mejor. Pero claro, si no tienen ni puñetera idea de cómo se vivía con Franco, porque no se lo ha explicado nadie, pues entonces difícilmente van a poder hacer ninguna comparación”.

A mediados de julio de 1937 la brigadista y escritora austrohúngara Gusti Jirku llegó a Murcia. Vino hasta la ciudad mediante un convoy sanitario, directamente desde el frente en plena Guerra Civil. Estaba viva de milagro, poco antes de subir al tren sobrevivió a un bombardeo franquista con obuses, cargando a sus espaldas un herido, un camarada. Al llegar a la capital, la describió como “la ciudad de los heridos”: una zona de retaguardia, donde la guerra llegaba a través de brigadistas lesionados y mutilados en combate. Se les podía ver vendados o con muletas, frecuentando los bares o fumando junto al río Segura: “Los heridos le dan a esta pequeña ciudad provincial su sello especial de una gran época histórica, el sello de las penas humanas por un gran ideal”, escribió en su libro 'Nuestra lucha contra la Muerte. La labor del Servicio Médico de las Brigadas Internacionales'. Casi un siglo después, la ciudad de los heridos ha olvidado que, en su día, albergó el mayor complejo hospitalario de las Brigadas Internacionales del país.

“Las Brigadas Internacionales pronto se dieron cuenta de que debían tener un servicio sanitario propio, paralelo al de la República Española”, explica la presidenta de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM), Mercedes Nicolás. “Imaginemos por ejemplo a un brigadista húngaro en un hospital en mitad de Castilla-La Mancha, que solo habla húngaro y entiende a lo mejor un poco de alemán o de ruso, y el personal sanitario solo puede comunicarse en español”, ejemplifica.

La elección de Murcia para la instalación de un complejo hospitalario para las Brigadas Internacionales no fue casualidad: “Murcia fue una provincia de retaguardia hasta el 29 de marzo de 1939, cuando empezaron a entrar las tropas [franquistas]. Estaba muy cerca de Albacete, que era la sede central de las Brigadas Internacionales. Además, había edificios que se prestaban a ser usados como grandes hospitales”, apunta Nicolás. Se abrieron cuatro grandes centros médicos en la ciudad de Murcia -Pasionaria, Federica Montseny, Comandante Dubois (conocido como Casa Roja) y Paul Vaillant-Couturier (conocido como Radio)-, denominados popularmente como 'hospitales de sangre': “Fueron hospitales de retaguardia, con pacientes con ingresos largos y recuperaciones lentas”, describe Nicolás. 

“Allí se atendía a pacientes más estables, a quienes se les habían hecho las primeras intervenciones de emergencia en el frente y se les trasladaba aquí para realizarles las cirugías más complejas”, abunda Pilar Murcia Hernández, médica intensivista y doctoranda en Historia de la Medicina en la Universidad de Murcia (UMU).

La doctoranda estima que mientras los hospitales de sangre permanecieron abiertos “probablemente atendieron a más de 6.000 heridos”. La mortalidad, apunta, no era alta si la comparamos con el frente: “Aquí podían morir por complicaciones infecciosas, normalmente venían estabilizados de la primera línea”.

Un hospital en la Facultad de Derecho

El claustro de la Facultad de Derecho de la Merced, en el centro de la ciudad, fue antaño el corazón del hospital Federica Montseny. “El gobernador de Murcia y el Gobierno español pusieron la Universidad a disposición del Servicio Sanitario de las Brigadas Internacionales. Jamás existió en una guerra otro hospital tan ejemplarmente equipado para los heridos”, resume Jirku en su libro. Los pacientes hacían vida en camas prácticamente al aire libre, bajo el cobijo de las galerías de la estructura: “Ponían a todos los pacientes con heridas infectadas en el claustro para que pudieran airearse y evitar problemas de olores y heridas supurativas”, describe Murcia Hernández.

“En el Federica Montseny se instaló un taller, donde se dispuso un sistema de recopilación de monedas, que fundían y convertían en prótesis”, abunda la doctoranda, quien relata cómo las campañas de recaudación de dinero para la fundición murciana llegaron a Francia e Inglaterra. “En el mismo hospital se operaba a los heridos, se les medía y se les fabricaba la prótesis”, explica Murcia Hernández, al tiempo que detalla que entre los trabajadores de este hospital de sangre hubo herreros y trabajadores de fragua.

Yiddish, puente lingüístico

En su investigación, Murcia Hernández ha logrado recopilar los datos de más de 230 personas que trabajaron en todo el complejo hospitalario. La vida hospitalaria y la civil se unían, con sanitarios y heridos viviendo en los mismos centros.

Tal y como describe el historiador Michael Uhl, entre el personal sanitario era común el perfil del joven judío, de izquierdas y antifascista: “Los voluntarios judíos del Centro Sanitario Internacional eran prácticamente todos asquenazíes (establecidos en Europa Central y Oriental) y hablaban yiddish (lengua judeo-alemana hablado en las comunidades asquenazíes)”, detalla el historiador. “Tras la expulsión de los sefardíes por los Reyes Católicos en el siglo XV, volvió por primera vez a Murcia un grupo numeroso de judíos”.

“El yiddish sirvió de puente lingüístico, ya que en aquella época muy pocos sabían inglés. El último director del hospital Radio, el doctor Minkoff, no hablaba ni una palabra de esta lengua”. La primera doctora americana en llegar a Murcia en otoño de 1937, Franzes Vanzan, escribió a sus padres horrorizada ante el desconocimiento de su idioma: “Pidió que le mandaran un diccionario médico alemán-inglés”, explica Uhl.

La comunicación con los pacientes, procedentes de todos los rincones del mundo, era “compleja”: “Los pacientes internacionales no sabían ni castellano ni otras lenguas que no fueran la suya materna”.

A esto se le añadía la poca experiencia laboral que atesoraba la mayor parte del personal médico: “Vanzan lamentaba este asunto en sus cartas”. Aunque se trataba de un hospital de guerra, el grueso del personal no era militar. “El primer jefe del Servicio Sanitario internacional era Rudolf Neuman, un pediatra de Berlín”.

“Estuve en 1996 en Madrid, donde conocí a una antigua enfermera estadounidense de origen judío. Me dijo que el dinero no les importaba, que lo dejaron todo por la idea de la solidaridad”, añade el historiador.

Tras la pista de Betty

Uhl viajó a Murcia en el año 2017. “La primera persona con la que hablé de los hospitales en Murcia fue con un argentino, el conocido como el Tío de la Barca. Me invitó a un café detrás de la catedral, donde está el grabado en homenaje al fundador de la Falange”, recuerda. Allí, a la sombra de un 'Jose Antonio Primo de Rivera, ¡Presente!', tuvo lugar un café a tres, entre el historiador, el barquero y un murciano amigo suyo: “El murciano me dijo ‘olvídalo, aquí la gente prefiere silenciar las cosas’”.

“En ese momento, aparte de las memorias poco precisas de antiguos voluntarios y algunos comentarios sumarios en un libro de un historiador de Albacete, no había ninguna base sólida en la que pudiera apoyarme”, resume.

El historiador andaba tras la pista de Betty Rosenfeld, una enfermera judía alemana que dedicó su vida a la resistencia antifascista y que fue deportada a Auschwitz en 1942, donde finalmente falleció. El golpe militar en España encontró a Betty en Palestina, donde tuvo que huir debido la represión nazi. Ella conocía de primera mano lo que era la lucha antifascista, formó parte del grupo de resistencia comunista en Stuttgart, tecleando folletos contra el nuevo régimen alemán. En marzo de 1937 se unió a las Brigadas Internacionales, llegando a Murcia como enfermera titulada.

“Betty provenía de una familia burguesa. Su padre era empresario, no le faltaba de nada. Pero prefirió la solidaridad a la seguridad”, describe Uhl. Su estancia en Murcia quedó inmortalizada en misivas y fotografías, entre ellas una instantánea posando en la azotea del Casa Roja con sus compañeros del hospital y la catedral de Murcia de fondo.

En el verano de 1938 Betty solicitó un permiso de 15 días a las Brigadas Internacionales. Buscaba reencontrarse en París con su hermana, con la que no consiguió establecer contacto y a la que jamás volvió a ver. En aquella época, Francia cerró la frontera catalana y la sanitaria se quedó atrapada como refugiada en el país galo.

Mientras, los hospitales de las brigadas fueron evacuados en tren, en la madrugada del 8 y 9 de abril de 1938. Quedaron en Murcia los brigadistas y personal español: “En el 39, las tropas sublevadas llegaron a los hospitales y detuvieron a los médicos que quedaban allí. El hospital Federica Montseny pasó a llamarse General Mola”, explica Mercedes.

La desaparición de los hospitales de sangre

Muchos de los fallecidos descansan en la fosa común de la Plaza de la Paz del cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia. De acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hay casi 130 víctimas.

“A principios de 1937 el Ayuntamiento de Murcia, a propuesta del teniente de alcalde, Francisco Gilbert, aprobó una moción para designar un lugar de honor en el cementerio de Murcia para los brigadas internacionales fallecidos en los hospitales de la ciudad”, relata Nicolás

Y entre febrero del 37 y mayo del 1938, tuvieron lugar los enterramientos de los hospitales de las Brigadas Internacionales. Entre los fallecidos que descansan en esta fosa solo hay dos mujeres, Dora Steinbock, enfermera de 35 años; y Josefa Cuesta Sánchez, de tan solo 17.

El caso de Steinbock es insólito. En los registros aparece documentada su ocupación como sanitaria, su fecha de fallecimiento y de inhumación, pero todo apunta a que se trataron de ocultar las razones de su fallecimiento: “En el registro civil aparece la causa de su muerte tachada, no con una sola línea encima, sino tapada por completo con rayones”, describe Mercedes Nicolás.

“No sabemos exactamente quién es Josefa, o de donde viene. Creemos que le retiraron en el hospital Pasionaria una bala alojada en la frente, pero que murió más tarde de una meningitis”.

“Cuando acabó la guerra, Franco llevó a cabo su propia memoria histórica, y el 23 de diciembre del 39 ordenó exhumar [los cuerpos de] los brigadas fallecidos y trasladarlos a dos zanjas en la zona D Disidentes”, continúa Nicolás: “Allí permanecieron hasta los años 80, cuando las fosas fueron redescubiertas y los cuerpos, trasladados de nuevo a una tumba dignificada”.

La Batalla de Teruel estuvo marcada por el frío extremo, la nieve y el desgaste de dos ejércitos ya debilitados. Ese escenario es el que reconstruye la novela gráfica 'Teruel. La lucha helada' una obra que aborda uno de los episodios clave del conflicto con un lenguaje cercano y, en ocasiones, crudo. Su autor, Eneko Tabernilla, construye el relato desde la perspectiva del ejército republicano y en primera persona, con una narración que avanza casi jornada a jornada. El cómic recorre así el desarrollo de la batalla desde la llegada de las tropas para tomar la ciudad hasta el fin de la batalla el 22 de febrero de 1938 con el asalto final a la ciudad por parte del bando sublevado.

“El 23 de febrero de 1938 se dio por terminada la batalla con la ciudad cambiando de manos por tercera vez en menos de tres meses. Setenta y un días de combate que dejaron casi al 70% de sus edificios reducidos a escombros”, relata Tabernilla en las páginas finales de la novela.

“El objetivo era hacer una crónica de la batalla que no fuera superficial”, explica. En esa reconstrucción, además de los combates, cobra importancia el contexto en el que se desarrollaron: una ciudad que había permanecido en manos sublevadas durante toda la guerra y en la que parte de la población no abandonó sus casas pese al avance del frente. La obra se detiene también en ese ambiente y en las condiciones extremas en las que vivieron quienes permanecieron allí.

El interés de Tabernilla por este episodio viene de lejos. “La Guerra Civil siempre me ha interesado”, señala. A su juicio, la batalla de Teruel ha quedado relegada en el imaginario colectivo pese a su importancia estratégica: “Fue una batalla de desgaste que acabó debilitando al ejército republicano y ayuda a entender lo que vino después”.

El origen del proyecto fue, sin embargo, casual. Surgió como un trabajo académico durante sus estudios de ilustración digital, cuando tuvo que realizar seis páginas de cómic. Sus profesores le animaron a continuar y comenzó a mover la idea entre editoriales, aunque sin un guion definido. “No sabía muy bien qué iba a contar en la siguiente página”, reconoce.

El proyecto dio un giro cuando una editorial Cascaborra, especializada en cómic bélico e histórico, decidió apostar por él. “Presenté doce páginas y me pidieron un guion. Ahí fue cuando empezó a tomar forma de verdad”, explica. En ese proceso, y ante la necesidad de dotar de rigor histórico al relato, contactó con el historiador Blas Vicente, que ha trabajado como asesor.

“Cada vez que me documentaba veía errores que había cometido”, admite. La colaboración con Vicente permitió corregir imprecisiones y profundizar en los detalles, tanto narrativos como visuales. La obra presta especial atención a elementos como uniformes, armamento o aviación, con referencias ajustadas a la realidad de la época. “Son detalles que quizá no se ven a primera vista, pero aportan profundidad”, apunta.

"Nadie pensó nunca que una ciudad tan pequeña pudiera exigir un sacrificio tan grande, pero aquella batalla se convertiría en mera estadística comparada con las que vendrían después"

Teruel. La lucha helada

Tras más de tres años de trabajo, el autor reconoce que ha tenido que dejar parte del material fuera. “Hay cosas que se han quedado en el tintero, pero cumple la función que quería”, afirma. El resultado, añade, es el cómic que le habría gustado leer sobre la guerra civil.

Más allá del rigor, Tabernilla subraya la voluntad de mostrar el sufrimiento compartido en ambos bandos. “He intentado ser justo con todo el mundo. Lo pasaron muy mal todos”, señala.

La novela gráfica se presentará el próximo 18 de abril en Teruel con una ruta por distintos enclaves históricos de la ciudad, guiada por el autor y por Blas Vicente, abierta al público.

Mientras España estrenaba Constitución, prometía derechos y libertades dejando atrás una larga dictadura de cuatro décadas y respiraba una atmósfera efervescente y liberadora, Loli Gómez Benito pisaba por primera vez los fríos suelos del centro conocido como Peñagrande, en el que viviría hasta 1983 junto a otras jóvenes madres o embarazadas. Tenía 15 años y allí daría a luz a sus dos hijos, fruto de las violaciones continuadas de su propio padre. Fue él quien la entregó al Patronato de Protección de la Mujer, la institución que desde 1941 encerró en centros regentados por religiosas a las chicas consideradas 'inmorales' y que no detendría su actividad ni con la muerte de Franco.

Diez años más tuvieron que pasar desde el 20 de noviembre de 1975 para que estos reformatorios, de los que hasta hace poco apenas se hablaba, cerraran definitivamente. “Fue entrar en un infierno, en un mundo diferente. Para mí fue como si me hubieran metido en una película. No entendía por qué estaba allí”, cuenta Loli, que recuerda las “largas jornadas de trabajo” en los talleres a las que estaban obligadas, incluso estando embarazadas o habiendo dado a luz pocos días antes. “Yo no tenía ideas políticas en ese momento, pero el contraste con lo que había fuera era grandísimo”, añade.

Consuelo García del Cid, que pasó por varios reformatorios vinculados al Patronato y que se ha dedicado a investigarlo y a unir a las víctimas, estaba dentro de uno de los centros en Madrid gestionado por las Adoratrices cuando murió el dictador. “Nada cambió para nosotras”, dice recordando que aquel día las internas no trabajaron y se dedicaron “al luto y la oración”. Salió un año después, con 17, y prometió a sus compañeras que algún día contaría lo que habían vivido: “Yo estaba convencida de que con la muerte de Franco las cosas iban a ser diferentes. De hecho, hasta hice la maleta”, cuenta.

Pero no fue así y la larga trayectoria del Patronato de Protección a la Mujer se alargó hasta 1985, cuando ya gobernaba el socialista Felipe González. El organismo dependía del Ministerio de Justicia y durante el franquismo tenía la misión de fomentar la “dignificación moral de la mujer” en virtud de las normas del régimen, atravesadas por la religión católica. En la práctica, esto suponía que jóvenes consideradas rebeldes o que se desviaban de estos férreos mandatos –las llamadas “caídas o en riesgo de caer”–, podían acabar en uno de sus reformatorios tras ser denunciadas por la policía, sus vecinos o sus propias familias.

Disolución “por la puerta de atrás”

Su fin definitivo llegó con el Real Decreto del 1 de agosto que hacía efectiva la supresión presupuestaria de varios organismos decidida un año antes. Un “cúmulo de presiones sociales, políticas y mediáticas acabó precipitando” la caída de la institución, según explica la historiadora y autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica) Carmen Guillén, que describe un proceso de disolución “por la puerta de atrás” y sin que su desaparición “suscitara un debate político ni revisión pública” como si ocurriría con otras instituciones franquistas. El silencio con el que operó durante más de 40 años perduró en su cierre.

Las presiones a las que se refiere la historiadora, autora de la primera tesis sobre el Patronato, tuvo uno de sus momentos más visibles en septiembre de 1983, cuando la joven Inmaculada Valderrama murió en el reformatorio de San Fernando (Madrid), gestionado por las Cruzadas Evangélicas. Según publicaron los medios, la joven murió al caer de un tercer piso tras intentar fugarse del centro con una “liana de sábanas” atada a la ventana. No era la primera vez que intentaba irse y lo había conseguido hacía poco, pero unos días antes de su fallecimiento fue devuelta tras ser detenida por “presuntamente ejercer la prostitución”.

Ese mismo año, la maternidad de Peñagrande en la que estaba Loli cerró sus puertas y se acordó la expulsión de la congregación que lo dirigía mientras que el Consejo Superior de Protección de Menores definió sus condiciones de vida como “sórdidas”. Había pequeños pasos que ya estaban dándose hacia el fin del Patronato, del que los medios de comunicación locales y El País a nivel nacional habían comenzado a hablar. Ejemplo paradigmático fue un artículo publicado en la revista Vindicación Feminista en 1977 en el que la abogada Magda Oranich relata el “inquisidor régimen” de un reformatorio de Barcelona, al que logró entrar.

Se entrevistó con una de las religiosas “madres” que lo dirigían, que llegó a decirle: “Yo conozco mejor que cualquier psiquiatra a estas niñas. Yo las interrogo, las aconsejo y las medico. Solo en muy contados casos es preciso darles electroshock”. Según explica Guillén en su libro, el artículo era “tan contundente” que las autoridades “intentaron impedir su difusión” mediante una “orden de secuestro” que no prosperó. A través del propio boletín del Patronato, dirigido solo a sus miembros, el organismo intentó defenderse y acusó al texto de “saña, mal estilo y aviesa intención”, según consta en el número 103 del boletín que la historiadora cita en su investigación.

Otro testimonio, esta vez desde dentro del propio organismo, apunta en la misma dirección que las denuncias acumuladas en esos años. Se trata de la carta que una visitadora social contratada por la propia institución escribe a la Junta Provincial de Barcelona en 1978 y que es parte del archivo personal que Consuelo García del Cid ha reunido tras años de investigación. En ella, la trabajadora asegura haber tenido “esperanzas” de que la democratización del país llegara también al Patronato, pero “se mantiene como una isla siguiendo sus métodos represivos, moralistas y clasistas”, reconoció. 123 centros estaban activos ese año, formando una especie de “burbuja franquista” en medio de la Transición y los primeros años de la democracia, como lo define Guillén.

“No se sabía lo que nos hacían”

Aunque el régimen revivió la institución en 1941, esta ya existía antes: era heredera del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas creado en 1902 y vinculado a la lucha contra la explotación sexual. La República la reorganizó y le dio el nombre que perduraría durante el franquismo, pero se disolvió a los pocos años. De fondo y en sus fines sobre el papel, siempre se mantuvo el supuesto objetivo de la abolición de la prostitución y este elemento estuvo también presente en la dictadura, que hablaba de la “regeneración moral de las mujeres prostituidas”, pero en la práctica sirvió de aparato de control social generalizado hacia la población femenina.

El hecho de que fuera un organismo tan longevo, que su represión se dirigiera específicamente a mujeres y que sus centros fueran dirigidos por congregaciones religiosas que existían antes de la dictadura –y muchas aún hoy– son algunos de los factores que Guillén conecta con su tardía desaparición. “Tenía muy poca visibilidad, pasó desapercibido porque esas estructuras vinculadas a la supuesta caridad religiosa ya existían antes de Franco. No se percibió como un exceso del franquismo y en parte eso tuvo que ver con lo perfectamente instaladas que estaban las congregaciones en la sociedad y con que se daba por hecho que lo que hacían era positivo”.

“Yo creo que no importábamos ni molestábamos. Nadie sabía lo que nos hacían ahí dentro”, explica Micaela Ortiz, que estuvo en el reformatorio de las Oblatas de Segovia hasta 1982. La mujer, que hoy tiene 58 años, entró con sus dos hermanas y lo primero que hicieron las monjas fue separarlas. Aún recuerda los “encierros en armarios pequeños” como castigo, las duchas de agua fría y el “restregar de ortigas en mis partes íntimas” para intentar que no se hiciera pis en la cama. “El día lo dedicábamos a rezar y a limpiar y a la hora de la merienda salíamos un poco al patio. Yo no entendía nada, no sabía dónde estaba ni lo que era aquello. Lo he entendido muchos años después”, reconoce.

Políticamente, hubo algún movimiento encaminado a su disolución tras 1975. El Gobierno de Adolfo Suárez nombró en enero de 1978 a Jaime Cortezo como vicepresidente primero del Patronato con el objetivo de “marcar un cambio de rumbo y, de hecho, llegó a presentar un anteproyecto de ley para modernizar la institución, pero no llegó a ver la luz definitiva. En 1980, el diputado socialista Antonio Sotillo registró en el Congreso varias preguntas al Gobierno sobre el futuro del Patronato, que ”no parece muy adecuado a las demandas de la sociedad“, decía. En 1982, el mismo año que el PSOE llegó a la Moncloa, el grupo socialista volvió a pedir explicaciones.

Tuvieron que pasar algunos años más para que cerrara, después de haber transferido las competencias en materia de “mujer” a las comunidades autónomas y se decidiera eliminar el presupuesto del Ministerio de Justicia para tal fin. Algunos de los centros desaparecieron y otros siguieron vigentes, con otra dirección pero en muchos casos dirigidos por las mismas congregaciones religiosas que entonces. “Varias, de hecho, siguen teniendo funciones vinculadas a lo femenino y tienen programas, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de trata”, explica Guillén.

Las órdenes religiosas organizaron un acto hace menos de un año en Madrid para pedir perdón a las víctimas, pero estas lo rechazaron por cómo se había llevado el proceso. El pasado 20 de marzo, medio centenar de mujeres recibieron el reconocimiento como víctimas del franquismo de parte del Gobierno, que les pidió disculpas. “El estado os falló”, reconoció el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El Govern de Marga Prohens (PP) mantiene sin difundir una quincena de trabajos sobre memoria democrática encargados durante la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en Balears. Se trata de investigaciones de gran alcance –con miles de páginas en conjunto– y de carácter multidisciplinar –a nivel histórico, psicológico, jurídico...– que fueron promovidas por el anterior Ejecutivo de izquierdas en el marco del IV Plan de Fosas, desarrollado al amparo de la ley autonómica de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo –más conocida como 'ley de fosas'–. De acuerdo al propio diseño del plan, estos trabajos debían revertir en la sociedad a través de exposiciones, materiales pedagógicos y presentaciones públicas.

Lejos de ese objetivo, los informes permanecen hoy fuera del alcance de la ciudadanía. Las investigaciones, que reconstruyen los episodios menos explorados del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, fueron concebidas como una de las piezas centrales de la política pública de memoria democrática en Balears. No solo fueron encargadas, sino también ejecutadas y remuneradas: en total, la Administración autonómica ha abonado 218.000 euros a los distintos autores de las mismas sin que su trabajo haya visto todavía la luz.

El conjunto de estudios traza un ambicioso y complejo mapa de la memoria histórica en Balears: desde la relación entre el archipiélago y el Valle de los Caídos, donde al menos un centenar de isleños fueron enterrados tras ser trasladados durante el franquismo, en muchos casos sin conocimiento de sus familias, hasta un análisis en profundidad de los bombardeos provenientes de Mallorca, pasando por estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo -la gran ofensiva que llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los sublevados-, los mecanismos de represión desplegados por el franquismo, la actualización del censo de personas asesinadas por la represión franquista o informes sobre las propias políticas de 'memoria' impulsadas durante la dictadura y cómo ésta construyó su propio relato sobre la guerra y la represión mediante la exaltación de los vencedores y el silenciamiento de las víctimas republicanas.

Asimismo, las investigaciones abordan dimensiones menos visibles de la represión, como el impacto del trauma psicológico derivado de la violencia y su transmisión generacional desde 1936, ampliando así el foco más allá de los hechos estrictamente bélicos para incorporar sus consecuencias sociales y emocionales a largo plazo.

Las investigaciones abordan desde el traslado de isleños al Valle de los Caídos a estudios más detallados sobre el desembarco del capitán Bayo

Desde el Ejecutivo autonómico atribuyen la ausencia de difusión al hecho de que aún se encuentra pendiente recibir la versión definitiva de uno de ellos, relativo al “censo de víctimas”, que ha tenido que ser “enmendado por discrepancias entre los miembros con la categoría de causas de muerte”. Fuentes implicadas en el desarrollo de los trabajos apuntan, sin embargo, que la mayoría de los estudios llevan entregados desde hace más de un año y que estos podrían haberse hecho públicos de forma independiente, dado que su publicación -al menos en formato digital- no depende necesariamente de la finalización de los trabajos que pudieran estar pendientes.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas consultadas por elDiario.es aseguran que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, “tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño”. Una vez completados, precisan, los estudios deberán pasar por un proceso de unificación formal antes de su difusión. “El Servicio de memoria democrática tendrá que maquetar todos los estudios uno por uno, ya que no tienen el mismo formato y se necesita unificar el diseño para poder publicarlos todos en las mismas condiciones”, apuntan, incidiendo en que su voluntad es publicarlos “todos a la vez”.

El Govern asegura que los informes acabarán viendo la luz, aunque condicionan su publicación a que todos cumplan los requisitos técnicos establecidos, "tanto a nivel de contenido como a nivel de diseño"

Para su elaboración, los trabajos se integraron en un conjunto de varios lotes que incluían desde exhumaciones hasta estudios históricos relativos a varias fosas comunes, pasando por la elaboración del mapa de fosas de Menorca con el objetivo de sumarlo a los ya existentes de Mallorca, Eivissa y Formentera y completar así el mapa de fosas de Balears. La adjudicación recayó en la unión temporal de empresas formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la consultora Àtics. El objetivo era no solo avanzar en el conocimiento académico, sino también trasladar esos resultados al conjunto de la sociedad en línea con los principios de verdad, justicia y reparación.

“Había todo un lote, muy potente, dedicado a estudios de investigación”, explica el que fuera secretario autonómico de Memoria Democrática durante la pasada legislatura, Jesús Jurado, en alusión a los quince trabajos 'desaparecidos'. Lejos de tratarse de informes homogéneos, cada uno de ellos fue encomendado a especialistas concretos en función de su ámbito de conocimiento. En este sentido, el exsecretario autonómico subraya que uno de los objetivos era precisamente ampliar el foco más allá del enfoque tradicional centrado exclusivamente en las fosas. “Creo que es importante que la memoria democrática salga un poco del ámbito de los cementerios y que nos centrásemos en otros muchos aspectos”, incide en declaraciones a este periódico.

El trauma 'heredado' desde 1936

Entre las investigaciones figura la llevada a cabo por la psicóloga clínica Anna Miñarro, autora del estudio Evolución del trauma entre generaciones desde 1936, en el que analiza cómo la represión política, la tortura o las desapariciones que padecieron las víctimas del franquismo en Balears no solo marcaron a sus familiares más cercanos, sino que las secuelas de aquel horror alcanzaron a generaciones posteriores, manifestándose aún hoy, principalmente, en forma de depresión, demencia y trastornos psicoafectivos. Son las principales conclusiones de un informe inédito en las islas que desarrolló acompañando a las víctimas y sus familiares en los procesos de exhumación y que arroja luz acerca de los traumas que cargan a sus espaldas los descendientes de los asesinados, desaparecidos y represaliados, cuyas vidas quedaron marcadas por la brutalidad de los sublevados.

Otro de los trabajos incluidos profundiza en un aspecto hasta ahora poco documentado: el papel de la aviación en la guerra en Menorca y, en particular, los ataques sistemáticos lanzados desde Mallorca. El estudio, elaborado por los historiadores Carlos de Salort Giménez y Miquel López Gual, aporta nuevas evidencias a partir de fuentes militares inéditas que permiten reconstruir con precisión la dimensión real de la guerra aérea sobre la isla. La principal novedad del trabajo radica en el análisis de centenares de documentos originales -comunicados, telegramas e historiales de vuelo- conservados en archivos militares españoles a partir de los cuales los autores tejen un mapa mucho más detallado de las operaciones aéreas sobre Menorca, ampliando y corrigiendo las fuentes tradicionales basadas en testimonios o registros incompletos.

Uno de los estudios inéditos es sobre los ataques sistemáticos lanzados sobre Menorca; otro aborda las consecuencias psicológicas de la represión política, la tortura y las desapariciones

Bombardeos sistemáticos

En un estudio publicado el año pasado bajo el título La Guerra Civil en Menorca desde el cielo: nuevas aportaciones al papel de la aviación en la contienda ambos autores desmontan además la idea de que los alzados efectuaran ataques aislados y revelan, a partir de más de 270 comunicaciones directas entre unidades aéreas y el mando franquista, una estrategia más amplia de control del Mediterráneo por parte del bando sublevado, donde la aviación desempeñó un papel clave en el bloqueo, la presión sobre la población civil y la consolidación del dominio militar desde Mallorca mediante la vigilancia, intimidación y bombardeo sobre Menorca, especialmente a partir del aislamiento de ésta tras el fracaso del desembarco republicano. Desde entonces, la isla quedó sometida durante cerca de treinta meses a operaciones aéreas constantes dirigidas desde la base franquista mallorquina, con la participación clave de la aviación italiana.

El trabajo también aporta datos inéditos sobre la intensidad de la violencia aérea: solo entre 1936 y 1937 se contabilizan decenas de ataques y centenares de bombas lanzadas sobre la isla, con una evolución clara hacia operaciones más sistemáticas y tecnificadas. Esta escalada obligó a la población civil a adaptarse progresivamente al peligro, pasando de la curiosidad inicial ante los aviones a la construcción de refugios y la normalización del bombardeo como parte de la vida cotidiana.

También participó en los trabajos Manel Suárez Salvà, autor de numerosas investigaciones sobre la segunda república y el movimiento obrero de Mallorca -especialmente en el núcleo municipal de Calvià- así como sobre las cárceles franquistas que se implantaron en la isla, entre ellas la de Can Mir, una de las prisiones más oscuras y trágicas de la represión franquista en la isla. Tras el golpe fascista de 1936, este almacén situado en las Avenidas de Palma se transformó en un centro penitenciario que confinó, entre miseria y torturas, a más de 2.000 presos durante cinco años. Una de las prácticas habituales eran las 'sacas': los presos, mediante engaños, eran 'liberados' y, posteriormente, asesinados por los falangistas.

Mallorca como “laboratorio fascista”

Por otro lado, el doctor en Historia Manuel Aguilera -autor, entre otros, del libro El Oro de Mussolini. Cómo la República planeó vender parte de España al fascismo y uno de los principales investigadores en torno al papel de la Aviación Itmanosaliana en la guerra civil-, hizo entrega de un estudio que retoma esta línea de investigación, enfocándose en la ocupación italiana de Mallorca y el intento de convertirla “en un laboratorio fascista”, como señala el propio investigador en declaraciones a elDiario.es. La instalación del contingente italiano transformó la isla en un gran portaaviones dedicado a bombardear sin descanso el litoral republicano del Mediterráneo y bloquear las rutas marítimas de suministro de la URSS.

Tal como sostiene el historiador, los italianos comenzaron a adquirir centenares de hectáreas y propiedades para construir en la isla 'casas coloniales', trasladar una importante cantidad de trabajadores del país transalpino y crear allí mismo un “centro de italianidad”. Debido a que la legislación local impedía a los extranjeros adquirir terrenos costeros sin autorización militar, Mussolini utilizó testaferros mallorquines y empresas tapaderas, como Celulosa Hispánica S.A., empleada para comprar la emblemática finca de L'Albufera.

En el trabajo que Aguilera entregó al Govern también aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini. La efigie, envuelta en un halo de misterio desde entonces, yacería enterrada en esa misma zona, aguardando que alguien la saque algún día a la luz, lo que a juicio del historiador constituiría una de las principales pruebas materiales sobre la dimensión simbólica y propagandística que alcanzó la presencia italiana en Mallorca durante la contienda y del papel de la isla como espacio estratégico para el fascismo europeo.

En concreto, el monumento fue diseñado por el legionario Italiano Heros Giusti y construido en 1939 en un solar situado a unos 100 metros de lo que hoy es el poblado chabolista de Son Banya. Tres años antes, en ese mismo punto, había sido levantado el cuartel de la Aviazione Legionaria. Las instalaciones sirvieron además para albergar las baterías antiaéreas del aeródromo de Son Sant Joan, cuyas pistas adaptaron los italianos como base aérea próxima a la capital balear. Al abrigo de la carismatización y el culto a los líderes fascistas de la época, la efigie no tardó en hacerse realidad.

Una de las obras aborda los vestigios materiales de la presencia italiana que permanecen en territorio balear y explora las incógnitas que rodean al faraónico busto que fue mandado construir a finales de los años treinta en homenaje a Benito Mussolini

El cementerio de Palma cuenta, además, con un mausoleo que las autoridades italianas hicieron construir en 1942 para conservar “los restos mortales de los camaradas que dieron su vida en la lucha contra el marxismo”, por el derrocamiento de la Segunda República y por la implantación de un régimen fascista en España. Para garantizar su mantenimiento, el Gobierno italiano abona cada año 449,11 euros a la Empresa Funeraria Municipal (EFM), de acuerdo a la documentación consultada en su día por elDiario.es.

“La memoria debe darse a conocer”

El diseño original del IV Plan de Fosas contemplaba diferentes vías de difusión. Más allá de su posible publicación digital, se planteaba la difusión de ediciones en papel y la realización de exposiciones vinculadas a los resultados, todo ello a iniciativa del Govern, un escenario que Jurado percibe lejano. No en vano, cree que los estudios podrían haberse hecho públicos hace más de un año, pero hasta el momento no han sido difundidos ni incorporados a la web institucional de memoria democrática, donde, asevera, podrían haberse consultado al menos en formato digital.

Por su parte, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, subraya que los estudios se concibieron precisamente para sacar a la luz una parte de la historia que aún permanece en gran medida oculta. “Esto se hizo con la intención de recuperar esta parte de la memoria”, explica, en referencia a unos trabajos que califica de “muy novedosos” e “imprescindibles”. Oliver denuncia que ese proceso no haya tenido continuidad en forma de difusión pública: “No tenemos noticias de los estudios ni de las exposiciones que debían hacerse”. La responsable de la entidad memorialista insiste en que el objetivo de estos trabajos iba mucho más allá del ámbito académico: “La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos”.

Oliver rechaza de plano posibles argumentos para justificar la paralización. “No tienen excusa”, asevera, recordando que los estudios se enmarcan en una ley vigente, la de fosas, y que su aprobación se produjo dentro de los cauces establecidos. En su opinión, el bloqueo no solo afecta a la difusión del conocimiento, sino también al trabajo de los propios investigadores: “Es terrible que hayan hecho un trabajo y no puedan hacer nada con él”.

Los trabajos son muy novedoso e imprescindibles. No tenemos noticias de ellos ni de las exposiciones que debían hacerse. La memoria no puede estar solo en la academia, escondida, guardada en las casas o en silencio. Debe darse a conocer, ser de todos, porque hablamos de memoria y de derechos humanos

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

Mientras tanto, el Govern insiste en su intención de publicar todos los estudios una vez cumplan los criterios de contenido y diseño y señala, en lo referente a las exposiciones, que tiene previsto ceder un totem a la Universitat de les Illes Balears (UIB) de cara a la próxima celebración de una jornada sobre la ley de fosas. Desde la Conselleria de Presidencia subrayan que su pretensión pasa por cederlo “siempre que sea entregado en tiempo y forma, antes de dicha jornada, por la empresa adjudicataria”.

En materia de divulgación, recuerdan que el Govern ha llevado a cabo durante esta legislatura, a pesar de no formar parte de las muestras vinculadas al IV Plan de Fosas, todos los trámites administrativos correspondientes a la cesión de la exposición Sense Oblit a Can Óleo (expuesta desde el 29 de agosto al 2 de septiembre de 2025), al Ayuntamiento de Lloseta (cedida del 10 al 13 de octubre), al Centre Flassaders (del 23 al 30 de marzo de 2026) y al IES CTEIB (desde el pasado 31 de marzo hasta el 4 de mayo). La exposición también ha sido solicitada por el IES Josep Sureda i Blanes de cara a mayo.

En paralelo, explican que desde el Ejecutivo han encargado a Manuel Aguilera un estudio sobre los bombardeos sufridos en Balears durante la guerra civil del que, según señalan, existía un informe previo que “estaba incompleto porque no incluía la identificación de las personas víctimas de los bombardeos, que nunca han sido reconocidas”. Añaden que, con este nuevo estudio, “más exhaustivo y que determina el nombre real de las víctimas, se permitirá avanzar en su identificación”, permitiendo así conmemorarlas en un acto de homenaje previsto para este verano. Las mismas fuentes aseveran que en la página web de Memoria Democrática del Govern se puede encontrar “todo tipo de información sobre los temas relacionados con la guerra civil y la dictadura” con la recomendación de libros, cómics y documentales, entre otros, así como documentación sobre el censo de víctimas en Balears o el mapa de fosas de Mallorca, Eivissa y Formentera.

La memoria colectiva permite que los recuerdos y los acontecimientos nunca se olviden. Sin embargo, a menudo, esos recuerdos dejan de pronunciarse en voz alta. Por miedo, por represión, por el qué dirán, y acaban relegándose al olvido. A lo largo de casi 90 años, muchas historias de personas que fueron asesinadas durante la guerra civil se han ido perdiendo. Otras han permanecido en silencio.

Este es el caso de cinco víctimas de Los Cerralbos, un pequeño pueblo de Toledo. Una madrugada de noviembre de 1936 condujeron a estos cinco hombres hasta un paraje en medio del campo y allí los asesinaron: Pablo, Teodoro, Lucio y dos hermanos, Baldomero y Eulogio.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), a petición de los familiares de las tres primeras víctimas, inició un proyecto con el objetivo de conocer las circunstancias de la muerte de estos tres varones y recuperar sus restos. Realizaron dos incursiones en la zona, una en julio de 2021, donde encontraron varios casquillos de bala, y otra en mayo 2022. Sin embargo, no fueron del todo provechosas. Una nueva fase de excavación tuvo lugar durante dos días en febrero de 2026, pero tampoco ha sido fructífera. Marco González, coordinador del proyecto, asegura que “no encontrar esos cuerpos ha sido durísimo para la familia y para el equipo”.

Las víctimas

Pablo Arrogante Alía, nacido en Lucillos (Toledo) en 1907. En el momento de su detención vivía en la localidad toledana de Los Cerralbos. Según su familia, era Miembro de la Casa del Pueblo y afiliado sindical. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Arrogante fue detenido junto a otros seis hombres del pueblo, la noche anterior a su fusilamiento y llevado por la Guardia Civil a Talavera de la Reina. Del grupo de siete solo sobrevivieron dos. Pablo Arrogante tenía 21 años.

Teodoro Dionisio Fernández Fernández, nacido en Los Cerralbos (Toledo) en 1909, era jornalero. Casado y con tres hijos, su familia señala que pudo ser simpatizante de la II República.

Lucio Jiménez Fernández, nacido en 1909 en Los Cerralbos (Toledo). Trabajaba como jornalero y era soltero. Pertenecía a un sindicato y era afiliado a un partido político, aunque no ha trascendido a cuál.

También buscan los restos de Baldomero Díaz Zapata y su hermano Eulogio Díaz Zapata, de los cuales no se conocen más datos, dado que “eran solteros”.

Estos cinco hombres fueron ejecutados de forma extrajudicial aproximadamente el 5 de noviembre de 1936. A través de testimonios de la familia de Teodoro, la ARMH ha conocido parte de este suceso: “Sé por mi abuela, hija de Teodoro, que se fueron a por un cargamento de leña al monte, para calentar sus casas que eran muy pobres. Alguien del pueblo les delató diciendo a la familia rica del pueblo que les estaban robando”. También, esta persona apunta que “a él y a otros cuatro hombres los fusilaron a las afueras del pueblo. Había un sexto, Ángel el maestro, que lo soltaron por pertenecer a buena familia”.

Los inicios del proyecto para encontrar los cuerpos

Marco González, vicepresidente de la ARMH y coordinador del proyecto en Los Cerralbos, explica que el proyecto comienza a raíz de los testimonios de varios familiares de tres de las víctimas -de Pablo, Teodoro y Lucio-. Este paraje “está situado a un kilómetro del pueblo y es la fosa común que se conoce en el propio pueblo”. Sin embargo, a lo largo de las intervenciones han encontrado dificultades.

Además de los propios testimonios familiares, se guiaron a través del libro 'Azulejo: un niño en la gran tormenta', escrito por Francisco Fernández Santos, hijo de Ángel, el maestro que sobrevivió a la matanza. “En él se cuenta cómo matan a esos cinco hombres y los entierran en una finca del maestro de Los Cerralbos, que realmente no era de él, sino de su mujer”, explica Marco González.

Por otro lado, se sirvieron de diferentes investigaciones publicadas durante los primeros años del siglo XXI.

La ubicación del lugar en el que fueron asesinados sigue siendo un misterio. Desde la ARMH, a través de los testimonios recogidos y documentación revisada, creen que sus restos se encuentran en una finca dentro del paraje de 'Los Parrales', a una distancia de un kilómetro del municipio. Dentro de ese paraje, comparando los registros catastrales actuales con imágenes de los vuelos americanos -llevados a cabo en 1946 por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para cartografiar Europa-, han podido hacerse una mejor idea para acotar el terreno.

Tres incursiones sin resultados

Comenzaron buscando en la parcela que pertenece a la familia de Ángel, el maestro que los franquistas liberaron, en una zona que se denomina 'Las siete olivillas', y que se encuentra en el camino de Lucillos, justo en la margen de un arroyo.

Tras esto, en 2021, realizaron la primera incursión en el terreno. Marco González destaca que llevaron a cabo un rastreo de toda la zona “con detectores de metales” y fue entonces cuando encontraron “casquillos de bala Mauser con marcaje de la época”. Para desbrozar la tierra utilizaron dos máquinas simultáneamente para poder cubrir más terreno. Realizaron zanjas, “durante cinco o seis días”

En 2022 lograron un nuevo testimonio y, con él, nuevas pistas. Marco González detalla que les hablaron “de la finca de enfrente y siempre pegado a un reguero”. Tras conseguir los permisos del propietario para intervenir en una zona donde se había realizado una plantación de pistachos, sin que el propietario pusiera objeción alguna siguieron abriendo zanjas durante “dos o tres días más”, sin llegar a encontrar nada, “ni una pista”.

La familia Arrogante, explica, “siempre escuchó que en los años 60, con la concentración parcelaria, alinearon el reguero porque era como más bajo y no tan recto. Nos centramos en el reguero, pero nada, tampoco aparecieron”, pero se muestra convencido: “Está claro que tienen que estar en esa finca, por los testimonios que hemos recogido”.

Tras esta nueva incursión, González asegura que paralizaron la búsqueda, ya que “se perdían las referencias, pero dijimos que si algún día había un nuevo testimonio que nos pudiera afianzar, volveríamos”. Y así fue.

A finales de 2025 se pusieron en contacto de nuevo con ellos dos familiares de Teodoro Dionisio: su hija y la bisnieta del represaliado, Patricia, para interesarse sobre el caso de su familiar. Querían saber si la búsqueda tendría continuidad.

Los integrantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica volvió entonces a realizar un estudio de la zona y se dieron cuenta de que habían dejado “un buen trozo sin cubrir cerca de la zona que habíamos encontrado los casquillos, unos 300 o 400 metros cuadrados”.

En esta tercera búsqueda encontraron “varios casquillos nuevos con marcaje italiano de la época”. Marco González cree que “posiblemente en 2021 estuviesen también pero más profundos”. Es posible que tras haberse labrado la tierra terminasen por salir a la superficie. Trabajaron durante tres jornadas, pero “desgraciadamente no ha habido suerte”.

El problema, tal y como comenta el vicepresidente de esta asociación memorialista, es que la estructura de las parcelas “se desdibujó” como consecuencia de la concentración parcelaria de 1960. “Antes de la concentración la finca tenía cuatro parcelas, pero después se convirtió en una única que debe tener tres o cuatro hectáreas de superficie. Al perder toda referencia, hemos peinado todo el trozo pegado al camino y al reguero, pero ya no sé qué más nos queda”.

Igualmente, en otros documentos que han encontrado de la década de 1950 pudieron confirmar que “hubo traslados al Valle de los Caídos. El gobernador civil de Toledo hizo un listado de fosas comunes. Aparece una con el paraje, el camino y habla de Los Cerralbos y de una fosa con cinco personas, pero no da las coordenadas. Aparece como referencia el Camino de Lucillos, pero no la finca exacta”, expone González.

Otras hipótesis planteadas

Marco González señala que lo que se creía como ubicación popular de la fosa común a través de “la transmisión oral es errónea, al no tener un mapa concreto o unas coordenadas de la finca”, es complicado de determinar.

Ahora barajan la posibilidad de que los cuerpos “estén en unos límites de la finca, porque los asesinos dejaron los cuerpos ahí abandonados y no les dieron sepultura en el cementerio. Luego iban unos mozos del pueblo y los enterraban allí, en campo abierto”.

Otra hipótesis “guiada por la lógica”, apunta, “es que estén en los márgenes o los límites de la finca, pero si abrimos la posibilidad a que estén en otra finca, la de al lado que hay cuatro o cinco y rodean lo que estamos buscando, pues se vuelve infinito”.

La “impresionante” implicación de las familias

Marco González reconoce que esta búsqueda ha sido “tremendamente dura” y que les dio “bastantes problemas”. Primeramente en 2021, porque la incursión se realizó en verano, donde tuvieron que trabajar a más de 40 grados haciendo zanjas: “Las tuvimos que hacer después de que el dueño recogiese la siembra y él nunca puso ningún reparo”, comenta González. En 2022, a pesar de comenzar entre mayo y junio, también “hubo una ola de calor”.

Sin embargo, la intervención más reciente en 2026 la realizaron en febrero, pero “previamente tuvimos que posponerla por los episodios de lluvias e inundaciones”, e igualmente el campo estaba completamente sembrado de trigo “a más de un palmo de altura, pero el propietario nos dijo que sin ningún problema, que pisáramos lo que hiciera falta, que si había que buscar a esa gente había que hacerlo, y nos facilitó muchísimo el trabajo, pues la tierra estaba mucho más blanda”.

A pesar de las inclemencias meteorológicas, Marco González resalta que la mayor dificultad es la información, “la pérdida de referencias”. Asegura que la implicación de las familias es “impresionante”, ya que una de ellas “llevó por su cuenta un georradar y nos marcaron varias zonas donde se veía incidencias en el terreno”. Aunque ellos consideran que “no somos muy creyentes del georradar, la familia se lo ha currado muchísimo y en estos años no se ha quedado de brazos cruzados”.

Si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura

Marco González apunta que la familia que más presente ha estado es la de Teodoro, y es la que “hizo que estuviéramos allí”. Se creó una vinculación muy estrecha: “Comíamos con ellos y todo, es una putada que no hayan salido bien las cosas y tener que decirle a la hija de Teodoro que no ha habido suerte y no hemos encontrado a su padre. Eso mina a las personas mayores, sobre todo porque nunca han tenido una respuesta del Estado”.

A la espera de nuevos testimonios y pistas para seguir buscando

El coordinador del proyecto expone que hablar con la hija de Teodoro y contarle que “no ha aparecido es durísimo, tanto para ella como para el equipo” y reivindica que “si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura”.

El proyecto de intervención en la búsqueda de la fosa de Los Cerralbos ha sido financiado en exclusiva con fondos propios de la ARMH. Forma parte de la política interna de la asociación. “Creemos que tiene que ser el propio Estado con sus medios, no subcontratando empresas para buscar a personas desaparecidas”, expone González.

Por el momento se encuentra paralizado pero no dejarán de intentarlo: “Si hay una pista solvente, si aparece un testimonio de una persona que nos dice 'está en la finca de al lado, ¿cómo no buscasteis ahí?', alguien que quizá tiene 95 años y no vienen al pueblo de hace muchos años... volveríamos”.

Sortear los vericuetos del ensayo para adaptar al cómic las investigaciones más avanzadas en torno a la memoria histórica es una empresa en la que cada vez se embarcan más historiadores y dibujantes. Tras el bum de la novela gráfica surgido hace ya años y mantenido en el tiempo, algunos sellos editoriales apuestan por esta amalgama de plumas y pinceles, de texto y de dibujo, para acercar al público general la historia más reciente de España con un acierto que ya se ha materializado en numerosas traducciones. Este binomio entre historiadores y artistas nos deja un nuevo trabajo: España partida en dos (Crítica y Planeta Cómic), escrita por Julián Casanova, guionizada por Miguel Casanova e ilustrada por Carlos Esquembre.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza (Unizar), además de uno de los investigadores más reconocidos a nivel internacional sobre la Guerra Civil española. El título que ahora presenta fue un encargo original orientado a la audiencia anglosajona que vio la luz en 2013. Más de una década después, los trazos de Esquembre han dibujado esta pequeña aproximación para entender la contienda que marcó el devenir español durante el siglo XX: “He visto muchos cómics en los que el guionista resumía el libro con viñetas, pero difíciles, con mucho texto. Por eso me gusta tanto la versión de Miguel, más parecida a un guion cinematográfico”, describe.

Se refiere al trabajo desempeñado por su hijo, clave para que el título tenga cabida en las aulas de bachillerato. “Los profesores me dicen que con recursos así los estudiantes se interesan más por el tema”, añade. El historiador se muestra “contento” de haber entrado en este fregado, tal y como lo denomina, sobre todo tras ver el resultado final. “Esquembre lo ha hecho genial y ha conseguido que el cómic sea una nueva dimensión de mi obra”, sostiene Casanova, quien se congratula de que por primera vez en su vida ha podido ver dibujada una de las historias que ha escrito.

El cómic se hace fuerte en la cultura audiovisual

El propio Esquembre señala haberse enfrentado a un nuevo reto a la hora de adaptar la investigación del catedrático de la Unizar. Lejos de otros títulos suyos en Planeta Cómic como Las tres heridas de Miguel Hernández (2022), Lorca, un poeta en Nueva York (2023) y Los hermanos Machado (2025), en los que prevalecía una ficción proyectada en contextos históricos altamente documentados, aquí el viñetista ha agudizado mucho más el ingenio para respetar el rigor de la obra de Casanova.

Por ejemplo, el capítulo dedicado a la importancia de la Iglesia y al anticlericalismo en la España de comienzos de siglo, se ha decantado por contarlo a través de una ceremonia religiosa mientras no rehúye mostrar la violencia que suscitó el poder levítico en aquellos años. Miguel Casanova, por su parte, ha creado una dupla sinigual con Esquembre a través de la utilización de símbolos y metáforas visuales, una constante en los trabajos del ilustrador.

“Vivimos en un momento donde la cultura audiovisual está muy impuesta, sobre todo entre los jóvenes, a través de la inmediatez, la imagen, el poder y la fuerza de lo visual, y el cómic posee una combinación de todo ello”, considera Esquembre. En cuanto al formato, opina que las novelas gráficas no tienen por qué ser la puerta de entrada a otras temáticas: “El cómic ya tiene interés de por sí y hay muchos trabajos con una carga intelectual elevadísima”.

Un susto para Preston

José Pablo García conoce bien esto de dibujar novelas relacionadas con la historia. Por sus manos han pasado los lápices que han dado forma y color a libros como La guerra civil española (2016), La muerte de Guernica (2017) y Franco (2024), todos ellos originales de libros de Paul Preston publicados en Debate, al igual que sucedió en 2019 con Soldados de Salamina, adaptación de la obra de Javier Cercas. “Preston estaba muy asustado porque era un hombre completamente ajeno al cómic y pensaba que su obra se podría ver trivializada o que sus colegas se podrían reír de él”, introduce.

Nada de eso sucedió. “Sacar el primer libro suyo como novela gráfica fue muy oportuno, sobre todo sabiendo las grandes carencias que existen en la educación a la hora de explicar a los jóvenes qué fue y lo que supuso la Guerra Civil”, se explaya el dibujante. En este caso, García también es autor del guion: “Ha sido una labor de síntesis bastante grande. Mi principal intención era aportar claridad y amenidad a toda la densidad informativa que hay en esos libros”, admite.

El encargo de dibujar varias obras escritas como ensayos y narrativa le llegó de forma inesperada. Sin embargo, se vio inmerso en el proyecto desde el primer momento. “Cuando se trata la Guerra Civil en el cómic, muchas veces se hace a partir de historias pequeñas, particulares, pero no desde la complejidad de los grandes temas. Fue una responsabilidad muy grande elegir bien qué dejar fuera para no recargar la obra y que fuera amena su lectura”, desarrolla antes de asegurar que ya trabaja en una nueva adaptación de un escrito de Preston.

Novela gráfica y memoria histórica hace años que no se entienden sin un nombre propio: Paco Roca. Autor de cómics como El invierno del dibujante (2010) y Los surcos del azar (2013), publicadas con la editorial Astiberri, su último gran trabajo ha sido El abismo del olvido (2023), escrito junto al periodista Rodrigo Terrasa y donde cuenta la historia de Leoncio Badía, conocido como el enterrador de Paterna. “Quería algo a medio camino entre el reportaje periodístico, la ficción narrativa y la dramatización de los hechos, por eso fue ideal contar con Rodrigo”, introduce.

El también Premio Nacional del Cómic de España en 2008 por Arrugas reconoce que “es toda una suerte” para los autores poderse salir de la industria habitual que siempre acompañó al cómic, con sus entregas seriadas, trazo determinado y personajes muy marcados: “Poder hacer novela gráfica es una libertad que apareció casi al mismo tiempo que se recuperó la memoria histórica con la ley de 2007. Por fin, el medio ahora permitía contar esas historias con mayor extensión”.

El cómic crea la memoria visual que falta

Bajo su perspectiva, la novela gráfica aporta un resorte perdido en la historia de España: la memoria visual. Para Roca, este es “uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos con todo el revisionismo y el blanqueamiento continuo de la dictadura”. Y agrega: “Al no tener imágenes, y solo el testimonio y trabajo de los investigadores, no podemos ‘ver’ el horror que supuso la represión durante la posguerra”. No se equivoca. Por algo los aliados se esmeraron en documentar la situación de los campos de exterminio nazi a medida que los liberaban.

Convertir un sentimiento abstracto de dolor y pérdida en imagen es lo que hizo Roca cuando publicó El abismo del olvido, que ya ha llegado a países como Polonia, Brasil, Italia, Turquía, Estados Unidos, Francia y Alemania. “Recrear la memoria de todas las familias con las que hablamos supuso mostrar en dibujo el horror que habían vivido”, concede. Él es consciente de que trabaja con un tema extremadamente político y politizado, por lo que se esfuerza en ser honesto. “Siempre hay un respeto y tensión por lo que haces. Es muy importante este maridaje de los últimos tiempos entre autores e historiadores serios para poder contar los relatos con rigor”, enfatiza.

Terrasa, periodista de El Mundo y coguionista de El abismo del olvido, publicó la historia de Leoncio Badía en 2013. Entonces ya se había fraguado una intensa amistad con el dibujante. “Yo sabía que mi trabajo como periodista estaba al servicio de un cómic de Paco Roca, que no era una cosa de iguales, ni pretendía imponer mi relato”, comenta con humildad.

El periodista afirma sin titubear que la obra publicada junto a Roca, tras tres años de investigación, ha sido el mejor trabajo periodístico que ha realizado hasta la fecha. “Exige un nivel de rigor muy elevado. Tuvimos que cerciorarnos de cómo eran los uniformes de los soldados, cómo se cavaba una fosa, cómo era un consejo de guerra, y contrastar los bocetos con arqueólogos, historiadores y forenses”, ilustra.

Acostumbrado al reportaje largo, Terrasa se aleja del discurso apocalíptico que en ocasiones copa la profesión periodística. “He descubierto que hay muchos soportes y plataformas para hacer buen periodismo, y el cómic es uno de ellos”, finaliza.

Sobre el papel, durante el franquismo se pudieron celebrar cultos religiosos no católicos desde 1945 (con el Fuero de los Españoles), aunque se necesitaba el permiso del gobernador civil. Eso sí, el régimen solo autorizaba actos privados, en ocasiones fuertemente vigilados. La libertad religiosa fue abriéndose a partir del Concilio Vaticano II, cuando se empezaron a permitir actos públicos, también bajo autorización. Sin embargo, la situación en Medina del Campo (Valladolid) fue diferente. La pequeña comunidad evangélica que había tuvo que hacer frente a presiones policiales, eclesiásticas, a múltiples peticiones no respondidas y a fuertes sanciones económicas por reunirse para rezar. En algunos casos fue necesario el apoyo de iglesias de otras partes de España y vender el piso del pastor y su mujer de Valladolid capital para hacer frente a las multas y evitar así la cárcel.

“Las fuerzas del orden incluso entraron en la vivienda del pastor, Félix Pradales y su mujer, María Abrodos, para perseguir el culto con el pretexto de que no tenían una capilla para los actos religiosos, puesto que no durante muchos años no tuvieron recursos económicos para construir una capilla. Y por más que pedían permiso, y por más que intentaban habilitar locales, siempre internos, siempre estaban perseguidos, vigilados, y siempre entraba la policía de manera sorpresiva para llevarse detenidos al pastor protestante y a los demás”, explica el historiador Enrique Berzal, que ha publicado recientemente un artículo de investigación sobre este tema en la revista científica Pasado y Memoria.

David Prieto es el actual pastor de Medina del Campo y uno de los descendientes de la comunidad. El primer lugar de culto en Medina donde un grupo fue llevado a la cárcel era una vivienda que les alquiló su abuela. “Lo difícil fue al principio, en la década de los 40 y 50, porque los pastores que empezaron la obra eran atosigados por la Policía. Había un acoso constante”, explica Prieto. El autor del artículo Persecución franquista contra las minorías religiosas. El insólito caso de los protestantes de Medina del Campo (1948-1962) concreta que, especialmente al inicio del régimen, los protestantes eran vistos “como una amenaza al predominio social de la Iglesia Católica”, así que se los vigiló “estrechamente” e incluso “se contribuyó a perseguirlos”.

La “secta” de los protestantes

El pastor Félix Pradales enviaba “continuamente” solicitudes de permiso, pero nunca obtuvo respuesta por parte del gobernador civil. Berzal apunta que había “una obstinación total” por parte del Arzobispado católico a través de su vicario, Faustino Herranz, y del propio arzobispo, Antonio García García, que tenía “miedo al proselitismo” de los protestantes. En una carta de 1948 conservada en el Archivo de Curia de Valladolid se puede ver la pretensión del arzobispo: “Daño hacen, aunque no tengan gran extensión y urge no dejarles las manos libres, quiero decir la lengua y la pluma y los demás medios de propaganda. El Fuero de los Españoles hay que interpretarlo y aplicarlo con el criterio más restrictivo que sea posible”.

David Prieto recuerda cómo los feligreses tuvieron que esconderse en baños o en una fábrica cercana“. Tenían una contraseña para avisar de si había problemas... había un cántaro en un balcón y, según estuviera a la derecha o a la izquierda, había o no peligro”, cuenta el pastor. En 1948, una reunión dominical de 11 personas fue considerada por el régimen como “una reunión clandestina” y no religiosa, lo que supuso unas multas que iban de 50 a 5.000 pesetas hasta 12.950 pesetas para todos ellos. El matrimonio Pradales-Abrodos fue multado con 2.000 pesetas, pero su salario anual ferroviario podía ser de unas 7.200 pesetas. La comunidad medinense tuvo, por lo tanto, que recurrir a la solidaridad de otras parroquias evangélicas.

“La estrategia era asfixiarlos a base de deudas y multas para que no pudiesen continuar o incluso se fueran de Medina, porque hubo amenazas con echarles”, expone Berzal. Prieto recuerda el efecto que tuvieron las multas sobre la comunidad. “Los pastores tuvieron que vender su propia vivienda en Valladolid para poder pagar las multas porque la gente que estaba allí congregada porque no tenía recursos para pagarlo. Y la alternativa era estar detenidos, y si no iban a trabajar perdían los empleos...”, apostilla el pastor.

Enrique Berzal ha acudido para esta investigación a los archivos históricos provincial y eclesiásticos de Valladolid, pero también ha contado con otro espacio que hasta ahora no se había hecho público: el de la Iglesia Evangélica de Medina del Campo, que ha conservado numerosa documentación como las cartas de la represión y la solidaridad de otras capillas evangélicas que entregaron dinero para que la comunidad pudiera salir de la cárcel.

Agentes de la Policía de Acción Católica

La localización de la vivienda del pastor resultó importante en la represión, así como la propia situación en Medina del Campo, que vivió una fuerte dominación del régimen. Además, algunos miembros de la Policía de Medina eran de Acción Católica y el gobernador civil también estaba “muy unido” a la Iglesia Católica. “La comunidad evangélica estaba situada... mejor dicho, la vivienda de Félix Pradales y María Abrodos estaba muy cerca de la parroquia católica. Y la Iglesia Católica tenía miedo de que, sobre todo los más pequeños y los adolescentes se fueran a la iglesia protestante, llamados por los cánticos religiosos”, detalla este profesor titular de la Universidad de Valladolid.

También utilizaron la excusa de que en Medina del Campo, una parte importante de la población era muy humilde, inculta, que no tenía una formación superior, y que podían ser fácilmente convencidos por la Iglesia Protestante, pues hacen todo eso. “El franquismo pensaba que los protestantes eran sectas que podían traer la desviación y la herejía. También es cierto que los protestantes durante la Segunda República vivieron una etapa de tal libertad que ellos se identificaron en gran medida con el régimen republicano, que les dejaba tener sus puestos en las calles y vender las biblias, celebrar su propia Semana Santa o el día de los difuntos”, explica Berzal.

En Valladolid había dos iglesias protestantes desde finales del siglo XIX: la anglicana (Iglesia Española Reformada Episcopal) -que en Castilla y León tuvo como gran referente a Atilano Coco, fusilado en 1936- y la Evangélica, que tenía pequeñas comunidades protestantes en algunos puntos de la provincia (Cigales y Medina del Campo) y de la ciudad (calles Labradores y José María Lacort). En Valladolid capital, Cataluña, Málaga o Galicia se hacía este tipo de seguimiento a la comunidad protestante, pero no se produjo una persecución “tan terrible” como la de Medina del Campo. Sin embargo, ni la Iglesia Católica ni la Policía lograron expulsar al pastor evangélico y a su familia de Medina del Campo. “Hubo una solidaridad internacional -el caso apareció en periódicos protestantes de Estados Unidos- y la presión internacional, con muchas cartas enviadas a distintas escalas de la dictadura franquista, también a través de la Misión Cristiana Española. Creo que eso es lo que en cierto modo también le salvó a los de Medina del Campo”, señala Berzal.

El Fuero de los Españoles

El franquismo sufría entonces un aislamiento internacional que quería frenar, por lo que buscaba tener buenas relaciones con el exterior, que a veces se veían afectadas por el tratamiento a las comunidades protestantes. Por ese motivo aprobó los Fueros de los Españoles en 1945, con la mirada puesta en Estados Unidos. “Desde Misión Cristiana les decían que si no querían ver peligrar esa circunstancia internacional, lo mínimo era permitir el culto interno a los demás”, explica Berzal.

En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid con Estados Unidos, aunque la represión en Medina del Campo no varió mucho. “La situación no se va a resolver hasta finales de los años 50, principios de los años 60, cuando ya se les va a dar una especie de permiso. Pero casi hasta el primer quinquenio de 1960 no se les dio a los protestantes de Medina del Campo una libertad plena para poder realizar sus cultos interiores”, sostiene el historiador. Evidentemente, para entonces ya solo quedaban una decena de feligreses.

Mayor libertad a partir de los años 60

La Ley de Libertad Religiosa de 1967 permitió las manifestaciones externas, pero, de nuevo, siempre que el gobernador civil lo autorizase. “Estaban siempre sometidos. Así como la Iglesia Católica no tenía que pedir nada de esto, ellos siempre tenían que pedir un permiso al gobernador civil y siempre estaban vigilados. Y a veces seguían siendo detenidos porque no había llegado el permiso o porque consideraban que se hacía proselitismo”, expone Berzal.

Todavía en los 70 había personas que se movilizaron a título individual para reducir el tamaño de la comunidad evangélica. Prieto recuerda cómo, cuando era un adolescente, ofrecían trabajos en talleres o fábricas a compañeros suyos para que dejaran la iglesia e incluso a una tía suya, a la que ofrecieron un trabajo de telefonista en Madrid “a condición de que no estuviera aquí y dejara la iglesia”. “Cuando yo tenía unos 14 años, íbamos a las reuniones de escuela dominical unos 30 chicos. Pero cuando cumplieron 14 años desaparecieron todos menos yo. Eso era tónica general de aquellos tiempos”, resume.

Prieto también recuerda que, a pesar de que algunos alcaldes han acudido a saludar a la comunidad en algún acto público, en otras ocasiones se les ha denegado la cesión de espacios municipales para actos de culto. “Lo único que me pudieron ofrecer era el uso de los bajos de la Plaza de Toros para las conferencias. Y no me sirvió. O el auditorio previo pago de 3.000 euros, que no teníamos... nos dijeron que el polideportivo era de uso exclusivo para actividades deportivas, pero ahora se han permitido otros actos religiosos allí”, afea.

Lo primero que le dijeron a la familia es que había muerto de un accidente de tráfico. Pero cuando su padre acudió al hospital y le dieron la vuelta al cuerpo inerte de su hijo, descubrió el orificio de un disparo. La bala nunca apareció. El joven malagueño Manuel García Caparrós se convirtió el 4 de diciembre de 1977 en una de las víctimas de la violencia policial que durante aquellos años acabó con la vida de decenas de ciudadanos en huelgas y protestas, tanto en los últimos años de la dictadura como en el momento en que la muerte de Franco no había acabado con la represión a pesar del relato idílico de una Transición pacífica que todavía tiene ecos hoy.

“Son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda”, sostiene Dolores, una de las dos hermanas de Manuel. Ambas recibirán pronto la indemnización de 250.000 euros que les corresponde por ser familiares de quienes fallecieron “en defensa de las libertades y derechos democráticos” entre 1968 y 1978, tal y como reconoce el decreto recién convalidado por el Congreso que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha en su momento por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La familia Caparrós, que se quedó entonces sin indemnización, es una de las que ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incluir una extensión temporal todavía mayor, hasta 1983, como ha exigido ERC. La norma nace con vocación de solventar las lagunas de la ley anterior, que dejó fuera a quienes hubieran sido asesinados o heridos más allá de 1977, y amplía las cantidades a percibir. “Es un orgullo haber podido lograr este reconocimiento”, apunta Dolores sobre su hermano, al que el Gobierno denegó el pasado febrero la condición de víctima del terrorismo.

Manuel murió de un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, pero nadie fue nunca juzgado por ello y el caso se cerró en 1986. Desde entonces, sus hermanas han peleado por mantener viva su memoria y acceder a la Justicia y por eso para ellas la indemnización es importante, pero no suficiente: “Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo”. La mujer reconoce que, más allá de la ayuda, seguirá insistiendo en saber qué ocurrió realmente aquel día. “Mientras nosotras tengamos un soplo de vida, lucharemos por saber la verdad. Él acudió a la manifestación como uno más y fue el único que no volvió a casa”, apunta.

Aunque al decreto del Gobierno le queda aún por delante el trámite en el Congreso, ya son más de una decena las indemnizaciones que se han reconocido desde su entrada en vigor, según adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además de por fallecimiento, el nuevo texto estipula ayudas de 500.000 y 180.000 euros para quienes tienen gran incapacidad o incapacidad permanente absoluta derivadas de heridas sufridas en ese contexto. El decreto permite que quienes cobraron en su momento por la Ley de Memoria Histórica puedan solicitar ahora una compensación por la diferencia, aunque para calcularlo, la cantidad abonada anteriormente debe ser “actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero”, que es hoy superior que entonces.

Es lo que ha hecho Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en el hospital en diciembre de 1976 a causa de “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación” celebrada en Madrid contra la Ley para la Reforma Política, según destacó el ministro el otro día en el pleno. “Ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea”, señala Francisco Javier, que en 1999 intentó que el Estado otorgara a Ángel el estatus de víctima del terrorismo sin éxito.

Sí fue reconocido como víctima del franquismo en una declaración de reparación que admitía que la protesta a la que acudió había sido “reprimida violentamente por la policía”, pero para Francisco Javier era importante que se afirmara oficialmente la responsabilidad en su muerte. Es algo que no se ha llegado a reconocer en sede judicial: en su momento, el caso lo juzgó la Jurisdicción Militar porque había integrantes de la Policía Armada implicados, lo que conllevó que la familia no pudiera tener un abogado en el proceso. Se interrogó a tres policías, pero a los días el caso se cerró apuntando a que no se podía demostrar la autoría de los hechos.

Mismos hilos, distintos casos

Las distintas caras de la historia comparten los mismos hilos que se entrelazan en otras, como si todas formaran parte de un mismo relato: las víctimas de esta violencia eran muy jóvenes, murieron en el transcurso de movilizaciones políticas en los últimos años de la dictadura o la Transición y sus familias tuvieron que enfrentarse a versiones oficiales alejadas de la realidad y a una Justicia que no les dio ni les da todavía respuesta. También a un olvido y a un silencio que aún hoy permanece. En todos los casos, las familias quedaron rotas y arrastraron un dolor y una falta de reconocimiento que ha empezado ahora a romperse, pero que llega tarde para muchos.

Cuando a Ángel el Estado le reconoció como víctima del franquismo, sus padres ya tenían Alzheimer y no llegaron a enterarse. “Bendito Alzheimer”, dice paradójicamente Francisco Javier. Porque “les borró la memoria y les hizo olvidar lo que había pasado. No he visto a mi madre tan feliz nunca”. Mientras Ángel estaba aún en el hospital después de la manifestación tras la que perdió la vida, a su familia le dijeron que estaba grave porque se había golpeado con una farola. “Mis padres fueron a verle a La Paz y cuando volvieron, mi madre dijo: nos lo han matao. Y qué razón tenía”, recuerda su hermano. Aguantó cinco días más.

Como tantos otros, Francisco Javier ha intentado en los últimos años reabrir la vía judicial y que se reconozca que fue un homicidio “enmarcado en los crímenes de lesa humanidad” del franquismo y años posteriores, pero se ha topado con el archivo de la querella. Por eso, más allá del decreto que otorga ayudas económicas a las víctimas, pelea por “el reconocimiento como verdad judicial” de lo sucedido, aunque no se condene a nadie. Un muro es también con lo que se ha encontrado judicialmente la familia de Víctor Pérez Elexpe, el joven comunista asesinado por un guardia civil en Portugalete en enero de 1975 mientras repartía folletos en solidaridad con una huelga.

“Exigimos dejar de ser víctimas de segunda, queremos los mismos derechos y consideración que las oficialmente llamadas víctimas del terrorismo. Nosotros también lo somos, de un terrorismo no reconocido pero no por ello menos grave y menos condenable: el terrorismo de Estado”, apuntan María Rosario, María José y Fermín Pérez Elexpe, hermanos de Víctor, en una respuesta conjunta por escrito en la que, a pesar de todo, agradecen el apoyo de los amigos, los compañeros de partido, los abogados y los sacerdotes que “acompañaron” a sus padres en “los momentos de dolor”.

En su caso, también han sido reconocidos ya por el Gobierno para recibir la diferencia de indemnización entre lo que cobraron en 2010 –actualizado a fecha de hoy– y lo aprobado ahora, pero coinciden con el resto en que “lo más importante” son “las indemnizaciones morales y judiciales” que aún están pendientes. “El dinero lo hemos usado, en parte, en tribunales, psicólogos y tratar de aprender a llevar una vida rota”, señalan al tiempo que recuerdan como, su otro hermano Ignacio falleció en 1996 tras “buscar refugió en la droga al no llegar a comprender nunca por qué no se podía hacer justicia”. “Destrozaron a la familia”, apuntan.

Los tres reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes “que deslegitime el franquismo” y este tipo de crímenes: “Cada vez que nos niegan, vuelven a asesinar a nuestro hermano”, subrayan. Como en el resto de casos, hubo una primera versión que señaló “que había muerto en un enfrentamiento con el guardia civil Narciso San Juan del Rey, que era vecino y conocido del barrio –sostiene la familia–, pero hubo muchos testigos que acreditaron que Víctor no portaba ningún arma y no hubo ningún enfrentamiento, sino que le disparó por la espalda”. La vía judicial acabó con un sobreseimiento del caso.

La “responsabilidad” del Estado

La aprobación del decreto es celebrada por las familias y las asociaciones que las agrupan, sobre todo porque corrige la ausencia de indemnizaciones económicas en la Ley de Memoria Democrática, que nació en 2022 sin ellas. Sin embargo, la reflexión más compartida es la de que no es suficiente y apuntan a que estarán “vigilantes” ante su aplicación práctica. Además, reclaman que en el trámite como proyecto de ley se alargue el periodo de aplicación, tal y como ya ha acordado el PSOE con los partidos de izquierdas. Por su parte, PP y Vox votaron en contra de la reforma usando argumentos como que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede decir que no había libertad ni democracia”.

En la práctica, las cantidades que reconoce el decreto son algunas de las que se reconocen ya para las víctimas del terrorismo, pero estas reciben también una ayuda si tienen una incapacidad total o parcial, que son dos supuestos no reconocidos en esta norma. Algo que lleva a Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco obreros, a señalar “las carencias” de las que a su juicio “peca” la normativa. “Hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce”, afirma Txasko, que fue indemnizado en 2010 porque, debido a la brutal paliza que le propino la policía horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión.

Txasko reconoce que las indemnizaciones “son un derecho”, pero recalca que “lo principal” para las víctimas es “el reconocimiento integral”. “No se puede vender que nos equiparan a las víctimas del terrorismo porque no es verdad”, dice el miembro de la Asociación 3 de marzo, que pone el foco en la “paradoja” que supone ser reconocidos como víctimas por la defensa de la democracia y por sufrir “una violencia que nunca debió producirse”, como figura en la declaración de reparación personal que él mismo ha recibido, pero “no reconocer la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido”. “Pedimos que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo esto”, clama.

Esta y la reclamación del acceso a la justicia son también los ámbitos en los que está poniendo todos sus esfuerzos la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que sigue buscando respuestas medio siglo después de su muerte. Sus hermanas han pedido la reparación económica a la que tienen derecho a la luz del nuevo decreto, pero sobre todo exigen saber la verdad. El joven murió el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en una manifestación convocada en protesta precisamente por lo ocurrido en Vitoria dos días antes y, según la versión policial, falleció al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada.

Su cuñado, José Antonio Giménez Giménez, estaba con él aquel día y vio como Juan Gabriel entraba en un portal seguido por dos agentes. Lo que pasó dentro no se sabe, pero recela del atestado policial, que es “un auténtico disparate” que incluye el supuesto recorrido que hizo el joven antes de caer, como “si hubiera saltado de ventana en ventana, incluso a otros edificios distantes a unos tres o cuatro metros”. El sumario judicial concluyó que había sido una muerte por accidente, pero ahora la familia ha pedido la exhumación del cadáver y un nuevo análisis forense, además de que confían en que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática revise el caso y pueda arrojar algo de luz. “Las indemnizaciones son importantes, pero después de 50 años resulta un poco secundario”, concluye José Antonio.