La Justicia suspende la declaración como lugar de memoria de la sede de la Puerta del Sol que albergó torturas franquistas

La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelar la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol, que fue el epicentro de torturas durante el franquismo. En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado, la Sala de lo Contencioso-administrativo estima el recurso presentado por la Comunidad de Madrid que solicitó suspender el acuerdo con el argumento de que dañaba su imagen institucional. Se trata de una suspensión cautelar hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Según la Sección Primera, “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”. Así, los magistrados concluyen que “toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”, la suspensión cautelar es “pertinente”.

A lo anterior se suma, apunta el auto, que la declaración de Lugar de Memoria puede afectar a las actividades que se desarrollan en ese edificio. “Dichas actividades exceden de lo que el Acuerdo impugnado denomina 'oficinas administrativas' (sic) obviando la ubicación, precisamente en ese espacio, de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid”. La Sala añade que la confluencia en el mismo espacio físico de intereses intensos y contrapuestos aconseja la adopción de la medida cautelar, pues podría verse menoscabada la finalidad legítima del recurso.

La Audiencia recuerda que la declaración de Lugar de Memoria implica la colocación de placas, paneles o un “distintivo memorial interpretativo”, así como la “señalización” de dicho espacio en el que se pretende, además, integrar “este lugar de memoria en los circuitos internacionales”. A lo anterior se añade, señalan los jueces, que no se altera el uso actual del edificio, pero a la vez se afirma “que cualquier uso que se dé al bien habrá de ser compatible con las medidas propuestas de preservación de la memoria…”.

Por otro lado, a juicio de los magistrados, no se produce una perturbación grave de los intereses generales por el hecho de suspender los efectos del Acuerdo durante el tiempo que tarde la tramitación del procedimiento. “Nos encontramos con dos intereses públicos en conflicto, el que defiende la Administración General de Estado y el que defiende la Comunidad de Madrid, si bien tiene especial intensidad el interés que defiende la Comunidad Autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado”.

En este conflicto de intereses, la Sala señala que el interés público que pretende proteger el acuerdo impugnado no sufre perjuicio significativo por el hecho de demorar su efectividad. “Con ello queremos poner de relieve, en definitiva, que el transcurso del tiempo no perjudica la finalidad del acuerdo. Por el contrario, la efectividad de dicho acuerdo sí puede provocar un perjuicio difícilmente reversible a la Comunidad de Madrid”, concluye.

Por último, recuerda que este procedimiento está pendiente del conflicto positivo de competencias que se tramita en el Tribunal Constitucional, lo que también avala la suspensión que solicitó el Ejecutivo de Ayuso. “Baste resaltar a estos efectos que la decisión que pueda adoptarse por el Constitucional tiene especial incidencia en el presente procedimiento, lo que permite afirmar que la suspensión de los efectos del acuerdo recurrido es, sin género de duda procedente”.

Voto particular que defiende el rechazo de la medida cautelar

La decisión cuenta con el voto particular del magistrado Luis Helmut Moya Meyer, que no comparte el criterio de la mayoría en relación con la afectación negativa a la imagen institucional de la Comunidad de Madrid por la declaración del edificio como lugar de Memoria Democrática. Recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución no existía ni se podía siquiera imaginar que existiese.

“Al recordar hechos negativos de la historia de España no se persigue desmerecer otros valores que puedan estar presentes en el lugar, como los histórico-artísticos resaltados por los académicos, por los que el edificio pueda incluso ser más conocido por los estudiosos y público en general, ni hacer un juicio de desvalor de la acción de gobierno de las instituciones autonómicas”, dice en su escrito.

Para este magistrado, “la interrupción de las medidas para potenciar la memoria democrática” y el retraso en el despliegue de la acción de reparación transmite a las víctimas una “sensaciones de desazón e incredulidad” y proyecta una imagen negativa ante las instancias internacionales sobre la autenticidad del compromiso de España de proteger la memoria democrática y de su propósito de “superación de los episodios oscuros de su pasado”.

El boicot de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto en diferentes ocasiones a que la sede de su Gobierno fuese declarada lugar de memoria histórica. El PP de Madrid, además, presentó alegaciones al expediente que inició el ministerio y cuando comenzaron los trámites ya anunciaron que usarían “todos los resortes legales” a su alcance para evitar la declaración. “Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad.

La Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y ha sido testigo de múltiples acontecimientos que ha vivido nuestra ciudad y nuestra región y, además, ha tenido distintos usos“, dijo entonces el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

El Ejecutivo autonómico también rechazó instalar una placa en la fachada del edificio: “Las únicas placas que habrá en la Real Casa de Correos estarán dedicadas a quienes unan al pueblo de Madrid”, dijo entonces Ayuso en redes sociales. El pasado mes de octubre de 2025, el Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid recurrió la declaración. Cuando se anunció este recurso, García Martín aseguró que se trataba de vincular la sede de la Presidencia con “una pequeña parte de su historia” y lo tachó de “un intento sectario, una vez más, de manosear esta institución”.