España “pasa” de controlar los contenidos en televisión
La polémica sobre los contenidos de la televisión es nuestro pan de cada día. La puso en el candelero el Presidente del Gobierno acusando a empresarios y profesionales y la han continuado asociaciones de espectadores, columnistas de prensa y radio, partidos políticos y líderes sociales de todo color y pelaje. Los últimos en intervenir, con contundencia, han sido el Presidente de la Academia de la Televisión, Ignacio Salas, que dedica el último número de la revista al tema con una sentencia clara: “Los responsables somos todos”, y la Unión de Actores, que este fin de semana ha emitido un comunicado asegurando que el espacio dedicado a la telebasura en televisión es el responsable de la baja producción de series de ficción en nuestro país. ¿Para cuando el Consejo del Audiovisual? En el fondo de la cuestión, la pregunta del millón de dólares. ¿Quién es el responsable de controlar los contenidos de la televisión, la contraprogramación, la saturación publicitaria, la adecuación de los programas al público infantil?. En la mayoría de los países europeos, un organismo independiente que se llama el “Consejo Audiovisual”, formado por notables que analizan la programación y emiten recomendaciones para mejorarla. Muchas veces el Consejo tiene también capacidad sancionadora y puede llegar, incluso, a retirar la licencia de emisión a una empresa propietaria de una cadena de televisión. Aunque dudamos que la panacea sea el mencionado Consejo, ¿por qué en España no lo tenemos?. Veamos la pequeña historia de un organismo, deseado por muchos, que no acaba nunca de nacer. España, el único país, junto con Luxemburgo, que no tiene Consejo La Comisión Especial de Contenidos Televisivos del Senado aprobó la creación de una autoridad independiente en 1995, pero la decisión está congelada por falta de acuerdo político. Los Ministros del Consejo de Europa recomendaron ya en diciembre del 2000 la puesta en marcha en todos los países de la Unión de un organismo de estas características. España, tres años después, ha hecho caso omiso de la recomendación y es el único país de la Europa comunitaria que se lo ha saltado a la torera. Solo Luxemburgo, país que ha tiene un modelo audiovisual muy distinto al resto de países de la Unión Europea, es excepción a la norma. España, sin embargo, lo tiene a trocitos. Cataluña y la Comunidad de Madrid cuentan con órganos de vigilancia de radio y televisión propios. El Partido Popular no tiene prisa La creación de un consejo audiovisual no está entre las prioridades del Partido Popular, a pesar que ya en 1998 la portavoz del PP en Telecomunicaciones, Ana Mato, defendió su creación en el Congreso. Mato propuso que se creara un órgano encargado de “proteger la libertad de expresión, la libre competencia y los derechos de los ciudadanos como usuarios de los medios de comunicación”. Sus miembros debían ser nombrados por el Gobierno, ya que –según la diputada popular- el método sería menos político y más independiente que si fueran elegidos “por cuotas políticas”. Este mecanismo de elección es radicalmente contrario al defendido por el Consejo de Europa, del que forman parte 45 Estados, en diciembre de 2000. Los ministros del Consejo recomendaban una elección “independiente y transparente” y dejaban claro que estos organismos debían protegerse de injerencias por parte de instancias públicas o privadas. La misión del Consejo: velar por los contenidos y evitar la contraprogramación El Consejo de Europa sugería que sus miembros debían ser elegidos de forma “democrática y transparente” y tener competencias para controlar los contenidos de la televisión, otorgar licencias de radiodifusión o participar en los planes de distribución de frecuencias. En materia de contenidos, especificaba que el Consejo Audiovisual no debía ejercer un control previo de la programación, pero sí vigilar que las emisiones se ajustaran a las directivas comunitarias. Este modelo se ajusta al promovido por el PSOE en su Reforma del Sector Audiovisual, presentada en octubre de 2002. Los socialistas propusieron un organismo independiente del Gobierno y con poder sancionador, capaz de garantizar el pluralismo y el cumplimiento de la ley. Este organismo debía evitar la contraprogramación y los excesos publicitarios de las cadenas de televisión. Cataluña, tres años de Consejo Audiovisual Cataluña creó su Consejo Audiovisual (CAC) hace tres años. De sus diez miembros, nueve son elegidos por el Parlamento autonómico a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios y por una mayoría de dos tercios. Tras escuchar su opinión, el Gobierno propone y elige al décimo. Tiene como misiones velar por el respeto de los derechos y libertades, garantizar el cumplimiento de las normas de programación y publicidad, la neutralidad y honestidad informativa. Madrid tiene un Consejo que depende de una Consejería El Consejo Audiovisual de Madrid, creado en 2001, en cambio, no se ajusta a las recomendaciones del Consejo de Europa. Para empezar, está adscrito a una consejería, lo cual penaliza su independencia. Tres de sus miembros son designados por la Asamblea de Madrid a propuesta de los grupos parlamentarios y otros cuatro son representantes de la Administración regional. Cuenta con un representante de la Oficina del Defensor del Menor y otro de las organizaciones de consumidores, elegido también por la Comunidad. Tiene como misión asesorar, elaborar informes para el Gobierno autonómico y velar por los contenidos audiovisuales, pero carece de competencias para otorgar licencias o imponer sanciones. Navarra también tiene Consejo propio El Consejo Audiovisual de Navarra, creado en julio de 2001, es un órgano independiente que vela por el cumplimiento de la normativa audiovisual en Navarra, controla los
contenidos del sector audiovisual, el cumplimiento de la legislación
vigente, el pluralismo de los medios, la objetividad y transparencia de la
información y el cumplimiento de la misión de servicio público de los
distintos medios audiovisuales y protege especialmente los derechos de las
minorías, la infancia y la juventud. Está compuesto por 7 miembros, 5
nombrados por el Parlamento y dos designados por el Gobierno de Navarra por
lo que cumple con las recomendaciones del Consejo de Europa en cuanto a
independencia. Andalucía podría contar con su propio consejo audiovisual Con independencia de que se ponga en marcha o no un consejo audiovisual de ámbito estatal, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha asegurado que se creará uno similar en esta comunidad autónoma. “Sigue siendo un compromiso pendiente”, reconoció Chaves. La creación por ley de este consejo audiovisual es una de las propuestas recogidas en el documento elaborado por el Consejo Asesor para el debate de la Segunda Modernización de Andalucía, entregado a Chaves el pasado miércoles por Manuel Pezzi, coordinador de este plan. Dicho documento dedica un apartado a los medios en el que se afirma que sería “especialmente relevante” una actuación en torno al funcionamiento de la radiotelevisión pública. El texto apuesta por “redefinir” un nuevo modelo que asegure una financiación adecuada, preste un servicio de calidad y se aparte de la “obsesión de la audiencia”, que, según el informe, obliga en ocasiones a ofrecer “programas basura”.
