El Parlamento Europeo volverá a estudiar en abril la denuncia de los trabajadores de Telemadrid
El presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el conservador polaco Marcin Libicki, concluyó hoy que las denuncias planteadas hoy por el comité de empresa de Telemadrid contra lo que sus miembros calificaron de “manipulación” de la información que dirigen los gestores de la cadena pública a favor del Gobierno de la Comunidad de Madrid, volverá a discutirse en la reunión de coordinadores de la comisión -que reúne a representantes de todos los grupos-- en el mes de abril.
Así, en su reunión de abril los representantes de los grupos analizarán qué “medidas pueden tomarse” a este respecto, señalaron fuentes parlamentarias, que apuntaron que Libicki podía haber dado por clausurada esta queja y que, por el contrario, finalmente decidió que siga el análisis por parte de los coordinadores.
Ésta fue la conclusión de un debate en el que el presidente del comité de empresa, José Ángel Jiménez, aseguró que “en Telemadrid se manipula y se manipula a diario, esta dirección no tiene ningún reparo en tergiversar la realidad, ejercer la censura, omitir informaciones que considera incómodas o mezclar permanentemente opinión e información”. Lamentó, asimismo, que la dirección del ente no participase en el debate de este martes en el Parlamento Europeo.
Por su parte, la Comisión Europea se mostró “sensible” ante las reclamaciones a favor de libertades fundamentales como la de expresión pero afirmó que no tiene competencias para hacerlas valer y el PSOE reclamó una misión parlamentaria para evaluar sobre el terreno la situación de Telemadrid y la transferencia de este asunto desde la comisión de Peticiones a la de Libertades Civiles de la Eurocámara.
Por parte del PP intervino el antiguo periodista de la COPE Luis Herrero, que no se pronunció sobre la labor de los gestores de Telemadrid, pero sí recordó su similitud con la queja de 700.000 ciudadanos contra la presunta vulneración de la libertad de expresión de la cadena de radio en Cataluña.
La CE, sin competencias
El representante del Ejecutivo comunitario aseguró que esta institución “es muy sensible al hecho de que todas las televisiones públicas tienen que responder a los principios de independencia, transparencia y pluralismo” y añadió que “los poderes públicos y los dirigentes de las cadenas no pueden cuestionar estos principios”.
Sin embargo, aunque afirmó que “la Comisión ha tomado buena nota de la situación que ha descrito el comité de empresa de Telemadrid”, ésta “no dispone de ningún medio de investigar para confrontar los hechos que ustedes nos describen”. Así, la Comisión se inhibió es este aspecto porque “no dispone de base jurídica para ello, no es cometido de la Comisión” y apuntó que “no es a escala europea donde se resuelve un contencioso de tipo, es a escala nacional”, en este caso, ante los tribunales españoles.
“Nos afecta profundamente lo que usted nos cuenta, pero no podemos verificar esta cuestión en la práctica porque no es nuestro cometido”, insistió el representante de la Comisión después de escuchar las denuncias del representante sindical.
Poco antes, Jiménez había invocado el “amparo del Parlamento Europeo” después, dijo, de “agotar sin éxito todas las posibilidades de entendimiento con la actual dirección”. Apeló a la “sensibilidad democrática” de la Eurocámara “para evitar que en nombre de Telemadrid se vulnere la libertad de expresión y el derecho elemental de los madrileños de recibir una información veraz”.
Insistió en que tres años después del nombramiento de Manuel Soriano como director general del ente público -a quien, recordó, une “un vínculo personal y profesional” con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de quien fue jefe de prensa de Telemadrid está hoy “no al servicio de la ciudadanía, sino de un interés político muy concreto”.
“Esta televisión no goza del respaldo ni del crédito de los ciudadanos, sino que se ha posicionado tan claramente en el debate político que es visto como un medio de propaganda más que como un medio de información”, insistió. Aclaró que la demanda “no cuestiona planteamientos políticos”, sino la “extrema gravedad” de una situación que “vulnera abiertamente el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE referido a la libertad de expresión”.
“En su historia, Telemadrid ha dependido de gobiernos de izquierdas y derechas, nunca hubo una denuncia como ésta”, recordó y puntualizó que “denunciamos exclusivamente una actitud, una práctica concreta, un modelo de gestión”.
Por este motivo, después de escuchar a la Comisión, Jiménez preguntó que “si ustedes no pueden hacer nada, qué nos queda a nosotros” y de qué serviría un proceso ante los tribunales españoles “que dictaran una sentencia dentro de 3 ó 4 años”, cuando “los actuales gestores ya no estarán en Telemadrid y no tendrán que responder y la sentencia caerá en el olvido”
Cope
Sin embargo, el debate de la comisión parlamentaria se excedió de la situación de Telemadrid para convertirse en una discusión sobre la similitud de este caso con la denuncia a favor de la COPE, de cuyo bloqueo Herrero responsabilizó al PSOE, que, a su vez, respondió afirmando que no son casos comparables.
La discusión sobre este aspecto la inició Herrero cuando celebró que la comisión de Peticiones debatiera sobre la libertad de expresión después de que el PSOE “se negó a admitir a trámite” la queja a favor de la COPE en Cataluña. En declaraciones posteriores a la prensa señaló que la respuesta que dio la Comisión al caso Telemadrid es “literalmente la misma” que en su día dio a la COPE. “Se trata de que cuando se quiere instrumentalizar políticamente por unos, la vara (de medir) vale y cuando se quiere instrumentalizar por otros, no”, denunció.
No obstante, se comprometió “públicamente a seguir apoyando esta petición”, aunque “el PSOE no reconociera lo que es un hecho palmario, que sólo defiende el derecho de expresión cuando responde a sus intereses políticos”.
Los reproches sobre el comportamiento del PSOE en relación a la COPE también vinieron de parte del presidente de la comisión de Peticiones, cuando al término del debate sobre Telemadrid recordó que el caso de la radio de la Conferencia Episcopal era “un tema muy parecido” y que “por razones políticas” algunos eurodiputados entonces “adoptaron una posición que se alejaba bastante de ser objetiva”.
De momento, la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento sigue estudiando si la decisión de Libicki de admitir a trámite esta petición, e impugnada por el PSOE, fue correcta. Este martes, el eurodiputado polaco se dirigió a los promotores de la queja de Telemadrid diciendo que “ahora a todos se les llena la boca con la libertad de expresión, pero no es sólo para los suyos”, lo que “es una hipocresía”. Advirtió de que “la libertad de expresión hay que pedirla para todos”.
Por su parte, el socialista madrileño Carlos Carnero, valoró como “extraordinariamente positivo” que la comisión de Peticiones “va a seguir estudiando la situación denunciada por Telemadrid” e incluso mostró su satisfacción por que la Comisión Europea se mostrara “especialmente sensible” hacia ella.
Añadió que “el PP en ningún momento ha defendido la gestión de la Telemadrid, sino que se ha limitado a defender un asunto muy cercano personal y profesionalmente, porque todos conocemos las relaciones del señor Herrero con la COPE”. A este respecto, apuntó la diferencia entre “un ente público y un medio de comunicación privado”.
Trabajadores de Telemadrid denuncian hoy a la cadena en el Parlamento Europeo
Trabajadores de Telemadrid denunciarán hoy ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo las prácticas de “tergiversación”, “censura”, “tendenciosidad” política y “omisión” de la información en la televisión pública madrileña, según aseguraron en un informe en el que tratan de “demostrar su utilización partidista, e incluso sectaria, que la actual dirección realiza en beneficio de intereses particulares o políticos”.
Representantes del comité de empresa de Telemadrid explicaron este lunes en rueda de prensa junto al eurodiputado socialista Carlos Carnero la tendencia informativa que, en su opinión, ha seguido el ente público desde que el nombramiento en octubre de 2003 de Manuel Soriano, su actual director general y antiguo jefe de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Los trabajadores de Telemadrid presentaron en marzo de 2006 una queja ante la Eurocámara contra una “práctica abusiva” en Telemadrid que socava la libertad de expresión y de los ciudadanos a recibir información veraz. La comisión de Peticiones la admitió a trámite en agosto del año pasado y mañana la estudiará junto a los peticionarios y representantes de la Comisión Europea.
En concreto, la queja evoca el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE --integrante del proyecto constitucional-- que reconoce que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión” que “comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencias de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”.
En su día, la Dirección de Telemadrid calificó de “falsas” estas acusaciones y aseguró en un comunicado que los datos “demuestran claramente la notable pluralidad” de los programas informativos de la cadena.
“Perversiones”
Este lunes el presidente del comité de empresa de Telemadrid, José Ángel Jiménez, uno de sus miembros, Mayte Previño, y la redactora Blanca Landázuri explicaron algunas de las “perversiones” que se han producido en torno a la información en la televisión madrileña a favor del PP, así como a las consecuencias financieras y desde el punto de vista de la audiencia a las que éstas han conducido.
Jiménez afirmó que entre los “atropellos de todo tipo” que se han sucedido desde el nombramiento en 2003 del actual equipo directivo figuran la dimisión de numerosos trabajadores, la relegación de otros a los que apenas se da trabajo y la “represalia” a los representantes sindicales.
Denunció también la cada vez más frecuente contratación de programas a productoras externas, próximas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, por precios muy elevados -“hasta15 veces superiores”-- o el “veto” a la información de carácter regional a favor de los ataques al Gobierno central. También el “desplazamiento de la pluralidad política” en la que “no hay representación de la izquierda” y “se la da la palabra, cobijo y aliento a la extrema derecha” o la asidua asistencia de personas cercanas al PP a las tertulias de la cadena de televisión.
Landázuri recordó que los redactores de Telemadrid llevan “dos años” sin firmar sus informaciones en señal de protesta y denunció que desde 2003 la jerarquía se ha más que duplicado hasta crear una “estructura organizativa poderosa, férrea y dócil al poder en la Comunidad de Madrid”, pasando de 17 cargos directivos a 35 en la actualidad. Treviño, por su parte, se refirió a un aspecto que, aunque no forma parte de la denuncia planteada ante el Parlamento Europeo, en su opinión también es consecuencia: el descenso de la audiencia de Telemadrid y la consecuente pérdida de ingresos que tienen que ser suplidos por mayores subvenciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre.
En este escenario, los trabajadores de Telemadrid explicaron que se dirigen al Parlamento Europeo porque lo consideran como “una puerta para que esto se conozca” y se conformaron con que “que este tema salga a la luz”, a pesar de que la Carta de Derechos Fundamentales que invocan aún no está vigente. Carnero, por su parte, señaló que la denuncia ante el comité de Peticiones permitirá que “otros eurodiputados puedan saber lo que está pasando con un medio público”.
No obstante, apuntaron que desde hace dos años estudian vías legales en España para denunciar esta situación. Aunque afirmaron que se trataría de un proceso largo, Landázuri aseguró que “no tenemos miedo a los tribunales españoles” e insistió en que es una opción que se está considerando.
