El primer juicio contra Televisión Española por presunta manipulación informativa, a instancias de una demanda presentada por CC.OO. por el tratamiento informativo de la huelga general del 20-J, quedó hoy visto para sentencia en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. El director de los Servicios Informativos de TVE, Alfredo Urdaci, finalmente no compareció pese a haberlo solicitado expresamente los demandantes. El responsable de la Sección Sindical de CC.OO. en RTVE, Marcel Camacho, interpretó la ausencia de Urdaci como un intento de eludir sus responsabilidades en los hechos demandados como director de los Servicios Informativos. “No da la cara porque tiene algo que esconder o porque no ha encontrado las razones suficientes para defender su propia posición. Ha cumplido el papel de tener una televisión domesticada al servicio del Gobierno”, señaló. En su lugar compareció, como representante legal, la letrada asesora del ente público Agueda Bejarano, quien respondió a las preguntas del abogado de los demandantes, Enrique Lillo, basándose en su visionado de los vídeos de los Telediarios que constituyen la prueba de lo demandado, hasta que el juez de la sala, Pablo Burgos de Andrés, puso fin abruptamente a su intervención apuntando “esta señora no aclara nada”. A continuación, a instancias de la acusación, el juez solicitó la intervención de Alfredo Urdaci, al haber sido solicitada por los demandantes. “Que entre el Urbizu, el Urbazu, el señor Urdaci ése”, pidió, pero la comparencia ante la sala finalmente no se produjo ante la ausencia en la Audiencia Nacional del director de los Informativos de TVE. Precisamente la admisión de los vídeos aportados por los demandantes como prueba constituyó una de las anécdotas de la vista ya que el juez advirtió que no podía visionarlos porque tenía el vídeo “escacharrado”. Ante la imposibilidad de que las partes se pusieran de acuerdo sobre las soluciones y de que las grabaciones fueran pasadas a cederrón para que el magistrado los pudiera visionar en su ordenador, finalmente el juez los admitió para “intentar verlos” en el vídeo de la contigua Sala de lo Penal. “Injerencia del poder público” El abogado de CC.OO., Enrique Lillo, explicó que la demanda se basa en la “lesión de la tutela del derecho fundamental de libertad sindical y de huelga por la actuación del ente público RTVE y TVE”, al no informar verazmente, según un informe realizado por AIDEKA sobre los Telediarios de la segunda edición de los días 25 de mayo a 20 de junio de 2002, sobre la huelga del 20-J. A su juicio, el tratamiento informativo “tendencioso y desequilibrado” dado a la movilización por esos telediarios, los de mayor audiencia y presentados y dirigidos por el propio Urdaci, “supone una presión indirecta en los posibles participantes y una injerencia del poder público”, a tratarse TVE de una empresa pública. Lillo explicó que, según el estudio de AIDEKA en que CC.OO. basa su demanda, la “tendenciosidad e intoxicación informativa” no sólo se refiere a los tiempos de distribución de intervinientes (el PP ocupó el 59% del tiempo total de los telediarios dedicado a la huelga frente al 17,5% del PSOE y el 6,1% de CC.OO.) sino también al “silenciamiento”, en una información sobre una encuesta del CIS acerca de la huelga, de las respuestas que eran favorables a la misma. El letrado de la defensa de TVE, Ezequiel Ortega, negó las acusaciones y consideró una “manipulación sesgada” que CC.OO. basara su demanda únicamente en la segunda edición de los Telediarios y no tuviera en cuenta todos los informativos de la casa. “Negamos de modo absoluto que hubiera una información tendenciosa que impidiera que prosperara la huelga -dijo-. Hemos hecho una información absolutalente imparcial y veraz; otra cosa es que no le guste a CC.OO.”. A juicio de Ortega, “la historia no ha cambiado porque desde 1979 TVE ha pasado por todas las administraciones y siempre es la misma cantinela: el que no está en ese momento en el Gobierno siempre se queja de que ha sido menospreciado”. Estrategia electoral Además, acusó al sindicato de mantener una estrategia para que la vista del juicio se realizase en campaña electoral. “La huelga se celebró el 20-J y se presenta la demanda un año después, casi en campaña electoral, para influir políticamente”, apuntó. Los representantes de CC.OO. desmientieron posteriormente la posibilidad de estrategia ya que, según recordaron, la fecha de la vista la establece el juez. En su defensa, el letrado aportó los datos de todos los telediarios e informativos de TVE desde la convocatoria de la huelga, en abril de 2002 hasta su celebración, al considerar que para juzgar la información sobre la huelga debía verse la información en su totalidad. Además, puntualizó que TVE, “como todas las sentencias establecen desde UCD, en las informaciones se distingue entre los miembros del Gobierno y el partido en el Gobierno”. Según los datos aportados por TVE, en las informaciones referidas el Gobierno apareció hablando sobre la huelga 49 minutos y 49 segundos; el PP 7 minutos y 37 segundos; el PSOE 14 minutos y 59 segundos; IU 4 minutos y 17 segundos, UGT, 18 minutos y 10 segundos y CC.OO. 15 minutos y dos segundos. Aseguró que “todas las noticias dadas son veraces y en ningún momento se ha dado una noticia incorrecta” y criticó que los demandantes no aportaran “puntos de contraste de dónde está la información no veraz”, repecto a lo informado en otras televisiones o en diarios. “Han distorsionado y manipulado absolutamente los datos”, señaló. Además, aseguró que en la jornada de huelga “no hubo problemas en los Servicios Informativos de TVE con los trabajadores ni se planteó ningún problema en la edición de los telediarios”. En la vista intervinieron como peritos los autores del estudio de AIDEKA, que ratificaron el contenido, y el jefe de Coordinación de Relaciones Externas de los Servicios Informativos, Rafael Martínez Durbán, en representación de TVE, quien explicó que el minutado presentado como prueba por la defensa del ente está realizado por un comité de seguimiento, integrado por trabajadores de la casa, con rigor y sin que se hayan detectado nunca anomalías o errores. En sus conclusiones, Enrique Lillo recriminó a la defensa de TVE el haber presentado como prueba “sólo papeles, que no han sido ratificados en la sala por sus autores”. Por su parte, el abogado del ente defendió los “datos objetivos” presentados por la defensa y aseguró que CC.OO. no consiguió “probar nada” de lo que acusaba durante el juicio. Sin embargo, al término de la vista, Marcel Camacho expresó su satisfacción por el desarrollo del juicio. “Hemos armado impecablemente nuestra demanda, con estudio y peritos, pero que un magistrado quiera meterle el diente a éste es otra historia -reconoció-. Si se falla a nuestro favor empezaran a cambiar las cosas en TVE porque hay otras organizaciones que se han visto manejadas por el instrumento de crear opinión que es TVE”. Camacho señaló que CC.OO. se la limitado a “abrir un camino para defender el pluralismo en RTVE” y advirtió que “los partidos políticos deberían tomar nota de que la televisión pública debe salir del ámbito del gobierno de turno”.