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Escándalo político en Colombia

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El presidente Uribe alardeaba de su política de pacificación, eso sí, con respecto a la extrema derecha encabezada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Porque con respecto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo que hizo fue romper las negociaciones de paz. Al presidente lo acusan de amnistiar a los jefes de las AUC y permitirles el control de amplios espacios de la vida nacional. Hasta el extremo de que el defensor de los Derechos Humanos, Alirio Uribe, ha señalado el estupor de la opinión internacional ante “la paramilitarización del Estado colombiano”. Un informe presentado en septiembre de 2003 por la Comisión Internacional de Juristas acusaba a Bogotá de desmantelar el estado de derecho y lo expresaba así: “la CIJ deplora la adopción, en el marco del proceso de desmovilización de grupos paramilitares, de una legislación (Decreto 128 de 2003 y Ley de ‘Justicia y Paz’) que deja en la impunidad miles de graves crímenes cometidos por estos grupos y no garantiza el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”. La Comisión concluía diciendo que dada la legislación encargada de legalizar la impunidad y la magnitud de los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, “la Corte Penal Internacional (CPI) debería tomar cartas en el asunto”. El vicepresidente de la Liga Internacional de Derechos Humanos con sede en París no descarta la intervención de la CPI contra Uribe y/o funcionarios de su Gobierno. La organización Human Rights Watch denunció en febrero de 2006 el asesinato de dirigentes populares en zonas donde actuaron anteriormente las AUC de Salvatore Mancuso, con el fin de silenciar a las víctimas y testigos, y evitar que se conociera la verdad. Mancuso, por su parte, reconoció en su día haber ordenado el asesinato selectivo de 336 personas. Peor. La política de seguridad democrática de Uribe alcanza la categoría de tragicomedia. Sólo 2.200 paramilitares de los 30.000 desmovilizados se acogieron a la famosa ley de Justicia y Paz. Más del 98% cuentan con total impunidad. Los otros 2.200, acusados de crímenes horrendos, tampoco irán a la cárcel. Les basta con reconocer algunos cargos y pasar condenas entre cinco y ocho años en colonias agrícolas o en las tierras que poseen. Nuevos escándalos se suceden. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acaba de implementar investigaciones en contra de senadores, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos, ganaderos y un periodista. Esos personajes firmaron en 2001 acuerdos con las bandas de la extrema derecha que habían protagonizado una verdadera privatización de la guerra sucia. Uribe está contra las cuerdas. Como lo sabe, intenta levantar una cortina de humo arremetiendo contra los líderes de la oposición, tachándolos de terroristas vestidos de civiles. Este peón de Washington ni siquiera puede justificar ante los legisladores gringos los resultados de la enorme ayuda militar que recibe para combatir la guerrilla y el narcotráfico o algún avance notable de los derechos humanos. Según la Comisión Colombiana de Juristas, en los últimos cuatro años resultaron asesinadas o desaparecidas 11.292 personas por la violencia política, y el 75% de estas acciones corresponde al Estado. Después de su mediática desmovilización, las AUC fueron responsables de la muerte y desaparición de 976 personas cada año. Una organización que presume de tener a muchos congresistas bajo control y está acusada de sostener una red amistosa con jefes del ejército y poderosas mafias del narcotráfico.

Rafael Morales

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