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Nueva norma local

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Veremos si concluye felizmente ese debate, es decir, con una norma actualizada que satisfaga a todos y signifique un salto cualitativo en la gobernanza de los ayuntamientos. No es ir de escépticos o de pesimistas pero va a coincidir con la recta final del presente mandato -andarán los municipalistas muy ocupados con las candidaturas, con las prisas por completar algunas ejecuciones y con los balances de gestión; o sea, el clima menos apropiado para reflexionar y transar- y con la incertidumbre que entraña la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, un hecho que, en función de los resultados, puede ser determinante en lo que resta de legislatura.

La actual Ley data de 1985. Está obsoleta, pues. Con esa norma, se dio en su día un paso de gigante para superar incongruencias con la legislación predemocrática y para funcionar con más operatividad, con la agilidad que deseaban los munícipes de todo signo y que se veían notablemente condicionados por ciertas rigideces. Veinticinco años después, con la experiencia acumulada y con la reivindicación permanente de más competencias y más recursos para desarrollarlas, con lo local como gran espacio donde apreciar la capacidad de gestión así como la audacia y la eficacia de importantes políticas sectoriales, se impone una revisión a fondo, un cambio significativo que permita afrontar el porvenir en consonancia con las exigencias de nuevos escenarios resultantes de la depresión que nos afecta y de las que entrañe, pese a la previsible lentitud en implantarse, el nuevo modelo de productividad económica.

Zarrías anticipa que la nueva norma tiene por objetivo modernizar las estructuras. Y agilizar la toma de decisiones desde los órganos. Vale. Pero una ciudadanía muy decepcionada con la clase política en su conjunto y muy desconfiada de los programas y las soluciones que hasta el momento haya aportada desde las instituciones locales -se diría que una nube o una suerte de agotamiento invade el ámbito del municipalismo-, aguarda más, bastante más, en lo que representa mejorar las prestaciones y la atención directa, en lo que supone alcanzar mejores niveles de transparencia y control. A ver si de una vez por todas la administración electrónica hace olvidar los vericuetos burocráticos.

Es la ciudadanía que se ha cansado de diatribas y de enconos entre sus representantes, de posturas irreductibles, de debates estériles que bloquean o demoran proyectos y actuaciones y de métodos autocráticos para gestionar y supuestamente optimizar los intereses generales. Sin olvidar que es necesario profundizar en el principio de la cooperación interinstitucional para coordinar y equilibrar mejor el propio sistema competencial.

Y puestos a no olvidar, consignemos que es en el contexto municipal donde han quedado en evidencia dos problemas serios de la sociedad de nuestro tiempo: la corrupción y el transfuguismo. En Canarias, hay unos cuantos ejemplos ilustrativos. Tales problemas sólo tienen alternativa en el funcionamiento del Estado de derecho, es decir, en el acuerdo que los grupos políticos sean capaces de plasmar en una norma que tenga validez para las próximas dos o tres décadas, de modo que se convierta en uno de los ejes sobre los que gire la misma convivencia democrática.

Corrupción y transfuguismo se han convertido en una lacra que hay que erradicar, precisamente a través de los cambios legislativos indispensables. Quienes han sido mentores, quienes se han visto inmersos en esos casos, quienes han cedido a la tentación y quienes han fomentado esas prácticas no son conscientes del daño que han causado al sistema, a la credibilidad, al ejercicio de la política y a la consideración de la cosa pública. Una nueva Ley, sólidamente articulada, implacable con los infractores, tiene que ser la base de nuevos -más limpios y más nobles- comportamientos y de una nueva cultura.

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