Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares, a juicio por reunirse con Batasuna
El juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Roberto Saiz ha notificado este martes la apertura del juicio oral contra el lehendakari, los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y los dirigentes de la ilegalizada Batasuna por las reuniones que mantuvieron durante el alto el fuego de ETA.
Según ha informado el TSJPV, el instructor de la causa penal considera que “existen indicios racionales” que justifican la celebración de la vista oral contra Juan José Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares, como presuntos autores de un delito de colaboración necesaria del delito de desobediencia cometido por los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufino Etxebarria y Olatz Dañobeitia.
El magistrado ordena se dé de nuevo traslado del procedimiento al Ministerio Fiscal, que anteriormente había recomendado que fuera sobreseído, para que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o lo que considere procedente, y también establece un periodo de diez días para que las defensas presenten sus escritos.
El significado de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
El juicio contra el lehendakari Ibarretxe ante el Tribunal Superior de Justicia vasco culminará unos años de relaciones tensas entre el Gobierno vasco y el Poder Judicial, que incluyen recusaciones a magistrados y expresiones despectivas como “el lehendakari de Oklahoma”.
La imputación contra el lehendakari por reunirse con Otegi en abril del año pasado agravó unas relaciones difíciles durante todo el mandato de Ibarretxe, con la oposición del Ejecutivo vasco a la ilegalización de Batasuna como fondo.
Ya en el 2001, el entonces presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, dijo que cuando Bush adopta decisiones para combatir el terrorismo “ningún lehendakari de Oklahoma dice que está invadiendo competencias”. El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, el más polémico con los jueces, le replicó que era “un árbitro comprado”.
Posteriormente, en el 2003, el Gobierno vasco recusó dos veces a Jiménez de Parga, una por entender que se había pronunciado a favor de la ilegalización de Batasuna antes de decidirla, y otra por una supuesta parcialidad sobre la Ley de Partidos.
También se querelló por prevaricación contra Baltasar Garzón, el juez que suspendió a Batasuna.
En aquellos años de gestación del llamado “Plan Ibarretxe” también hubo críticas desde la Justicia a la actuación del lehendakari: por ejemplo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, dijo que el plan del lehendakari era “anticonstitucional”.
Las protestas nacionalistas ante la Justicia tuvieron un episodio para la memoria gráfica: Xabier Arzalluz blandiendo un paraguas delante del Tribunal Superior vasco, cuando el entonces presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, acudió a declarar por no disolver el grupo de Batasuna en la Cámara de Vitoria.
Atutxa fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia vasco, presidido por Fernando Ruiz Piñeiro, el mismo tribunal que ahora juzgará al lehendakari.
La tensión se disparó tras aceptarse la querella contra Ibarretxe por reunirse con Otegi. El Ejecutivo vasco reprochó al Tribunal vasco que insista en la causa cuando el Supremo había dicho que otra reunión entre los socialistas y Batasuna era legal.
La vicelehendakari advirtió de que “encausar al lehendakari no saldrá gratis”, y desde entonces, los rifirrafes han sido continuos.
El Gobierno vasco anunció que iba a quitar a cinco magistrados y fiscales los pisos gratuitos de los que disfrutan, y criticó varias decisiones judiciales, “un despropósito” dijo, sobre el etarra Iñaki de Juana.
Este año comenzó parecido, con las críticas desde el nacionalismo arreciando contra Ruiz Piñeiro, al que el Consejo del Poder Judicial amparó en febrero pasado. Para complicar la cosa, la Justicia vasca sufrió una huelga de varios meses, que duró hasta inicios de este año.
Con el lehendakari declarando estos meses pasados dos veces ante el juez, los enfrentamientos no han cesado, hasta el punto de que la semana pasada el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, se negó a acudir al acto institucional de apertura del año judicial en Euskadi.
