El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que tomará acciones sobre la sentencia del Canódromo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asegurado que tomará acciones en relación a la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Canarias en la que declara la ilegalidad de las determinaciones del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, --que sirvieron de cobertura para construir las Torres del Canódromo-- una vez que los servicios jurídicos del Consistorio estudien las posibilidades existentes.
Así lo manifestó hoy el portavoz del Grupo de Gobierno, Sebastián Franquis, durante una rueda de prensa en la que indicó que el Ayuntamiento respeta la decisión tomara por el TSJC. “Hemos pedido que se analice en profundidad. Esto tiene un largo recorrido, en el que han habido decisiones políticas que han supuesto que estemos hoy analizando una situación que se han convertido en un problema para Las Palmas de Gran Canaria. No es un problema de un partido político o de un Gobierno de turno”, señaló.
“El Consistorio --continuó-- quiere actuar con absoluta responsabilidad en las decisiones futuras que tiene que adoptar, y que adoptará, sin ningún lugar a duda. Pero antes de cualquier medida, la prudencia requiere que tengamos todos los informes que hemos solicitado para actuar con absoluta responsabilidad”.
Franquis comentó que hace algunos años se tomaron decisiones en la ciudad a las que el PSC-PSOE siempre se opuso. “Y decíamos que eran políticas irregulares en todo el procedimiento. Los diferentes concejales socialistas que han estado en asuntos de urbanismo han estado insistiendo en que la posición del PSOE era contraria a esta operación urbanística, que fue asumida y aprobada exclusivamente con los votos del PP. La hemos manteniendo siempre esta posición”, dijo.
Por otro lado, señaló que cualquier tipo de acción que el Grupo de Gobierno lleve a cabo se hará “con absoluta responsabilidad” y en base a los informes que el Ayuntamiento tenga, aunque insistió en que se tomarán decisiones que se requieren en estos momentos, una medidas que se adoptarán durante las próximas semanas.
“ACTUACIONES REGLADAS”
“Las actuaciones que ha asumido el Gobierno del Partido Socialista han sido actuaciones regladas, sujetas a la legalidad, en el sentido de que hemos tomado una decisión de prorrogar la licencia porque son decisiones que en términos jurídicos están regladas y teníamos que llevarlas a cabo”, aseveró.
Por su parte, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha dictado una sentencia en la que declara la ilegalidad de las determinaciones del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, que sirven de cobertura a la licencia otorgada en 2006 para construir las dos torres del Canódromo, y que determina la ilegalidad de esta autorización al referirse a “un planeamiento anulado”.
La resolución desestima los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de la capital grancanaria y de la entidad mercantil Realia Bussines y confirma la sentencia dictada el 22 de septiembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo condena al Consistorio y a la empresa a abonar las costas de la apelación por partes iguales. De esta forma, el Alto Tribunal da la razón a la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta Avecalta, que denunció las presuntas irregularidades en la concesión de la licencia para las dos torres del Canódromo.
El Tribunal ratificó así la resolución que declaró la nulidad de la resolución del concejal de Planeamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 21 de marzo de 2006, cuando gobernó el PP que concedió licencia de obra mayor para la construcción de un conjunto edificado conformado por una base continua de varios niveles destinados a 121 plazas de aparcamiento y 133 trasteros y dos torres de catorce plantas destinadas a 120 viviendas en las calles Henry Durant y Obispo Romo.
