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Canarias prevé doblar en 2018 su inversión en obra pública hasta los 715 millones de euros

Los constructores califican de "impresionante" la cifra, que podría incrementarse en 200 millones de euros si finalmente hay presupuestos estatales para 2018

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Presentación del plan de inversión de Canarias a en obra pública para 2018, en un acto con las patronales de la construcción y el presidente Fernando Clavijo

Presentación del plan de inversión de Canarias a en obra pública para 2018, en un acto con las patronales de la construcción y el presidente Fernando Clavijo EFE/Ángel Medina G.

La comunidad canaria dispondrá el próximo año de un plan de inversión en obra pública dotado de 715 millones de euros, cantidad que casi duplica la de 2017 y que ha sido dada a conocer este jueves por el presidente Fernando Clavijo a las dos patronales de la construcción de las Islas.

Los presidentes de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, María Salud Gil, y de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, han calificado de "impresionante" la cifra, que podría incrementarse en 200 millones de euros si finalmente hay presupuestos estatales para   2018 .

Clavijo ha explicado que de los 715 millones de euros, 200 proceden del Fondo de Desarrollo de Canarias, y que la cifra global supone una "inyección" importante para el sector de la construcción que fue el más castigado por la crisis económica.

El departamento de Obras Públicas, dirigido por el vicepresidente Pablo Rodríguez, contará con una partida más elevada, 240 millones de euros; la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas dispondrá de 66 millones de euros; Sanidad, de 50 millones; Educación, de 43 millones; y Turismo, de 23.

Gil ha señalado que al sector le preocupa que esa inversión se ejecute en tiempo y forma y que se sepa cómo y con quién se lleva a cabo, por lo que los constructores han solicitado a Clavijo que se reedite el pacto que firmaron con el expresidente Manuel Hermoso en la década de los noventa, para evitar que las grandes empresas nacionales radicadas en Canarias acaparen la obra pública.

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